Sin más reformas no hay más Fondos europeos

El 20 de diciembre, el Gobierno español envió una carta a Bruselas para pedir el 5º pago de los Fondos europeos adjudicados. Un día antes, el Gobierno Sánchez peleó a fondo en el Congreso para aprobar varias Leyes que exige la Comisión Europea para hacernos ese pago. Una de las medidas exigidas, la subida del impuesto al gasóleo (+11 céntimos/litro), no se ha podido pactar y se pospone  hasta marzo. Pero si no se implanta el 1 de abril, Bruselas nos quitará parte de los Fondos se esta 5ª entrega. Hasta ahora, el Gobierno ha aprobado 181 reformas y han llegado ya 48.000 millones de subvenciones europeas, a los que sumar los 8.000 millones pedidos ahora. Faltan 3 entregas más, en 2025 y 2026, por 24.000 millones (y otros 84.000 millones en créditos). Pero todo este dinero europeo no llegará si España no aprueba otras 500 reformas, algunas de ellas Leyes que han de pactarse en el Parlamento. Y con la oposición a la contra y el Gobierno débil (chantajeado por sus socios), no parece nada fácil asegurar los futuros Fondos europeos. Por favor, pacten y no perdamos dinero.

                          Enrique Ortega

Recordemos la pequeña historia de los Fondos europeos. En la madrugada del 21 de julio de 2020, en plena pandemia, los líderes europeos aprobaban por unanimidad el Plan de Recuperación, dotado con 750.000 millones de euros hasta 2026, para que Europa superara la nueva crisis y afrontara los retos energético y digital, con subvenciones y créditos europeos. Si en la crisis financiera de 2010-2014, Merkel y el resto de líderes europeos afrontaron los problemas con ajustes y recortes, sobre todo para los paises del sur, en esta ocasión se optó por el camino contrario: reanimar la economía con fondos europeos (y con emisión de deuda de los 27, algo “prohibido” antes) y aprovechar la nueva crisis provocada por la COVID-19 para modernizar la economía europea y ayudar a los paises a invertir en la reconversión energética y digital de sus economías.

España fue el primer país europeo en aprobar un Plan de Recuperación, el 27 de abril de 2021, para optar a las ayudas y créditos del Fondo “Next Generation EU”, unos 140.000 millones inicialmente adjudicados a España (70.000 en subvenciones a fondo perdido y 70.000 en créditos con bajo interés), con 4 objetivos básicos: la transición energética, la digitalización de la economía, las reformas económicas necesarias y la reducción de desigualdades regionales, sociales y de género. El Gobierno Sánchez envió el Plan a Bruselas el 30 de abril y un mes y medio después, el 16 de junio de 2021 lo aprobó la Comisión Europea (fue el primer Plan nacional aprobado), siendo ratificado por los ministros de Economía de la UE, el 13 de julio de 2021, “con la máxima calificación”.

A partir de ahí, el Plan de Recuperación empezó a andar y enseguida llegaron los primeros Fondos europeos: el 17 de agosto de 2021, el Tesoro español recibió la primera transferencia de la UE: 9.036 millones en concepto de “prefinanciación”. A partir de ahí, se establecían 8 desembolsos oficiales, 8 entregas de Fondos europeos hasta agosto de 2026, que se irían abonando a medida que España justificara a la Comisión Europea que se habían hecho las reformas e inversiones exigidas. Había que “sudar” para recibir cada entrega… 

El primer desembolso oficial condicionado (tras el anticipo de agosto) llegó el 27 de diciembre de 2021: 10.000 millones de euros, recibidos tras confirmar la Comisión que España había cumplido 52 hitos y reformas, entre ellas la Ley de Cambio Climático, la mejora de la conectividad, el Plan de Ciencia, la modernización de la Administración Pública y los Planes para la igualdad retributiva de hombres y mujeres. Además, España tuvo que aceptar y firmar antes, en noviembre de 2021, el Reglamento de concesión de los Fondos europeos aprobado por la Comisión, una exigente “hoja de ruta” para asegurar su buen funcionamiento.

España siguió con su calendario de reformas e inversiones y el 27 de junio de 2022, la Comisión Europea aprobó un  2º desembolso oficial a España: otros 12.000 millones de euros de subvención, recibidos tras cumplir 40 hitos, entre ellos la reforma laboral, la 1ª fase de la reforma de las pensiones, la estrategia de movilidad sostenible, la hoja de ruta de la eólica marina, la Carta de Derechos Digitales, la Ley Riders (repartidores), las medidas fiscales para el despliegue de la Red 5-G, la modernización de la Agencia Tributaria, el Plan de acción para la Atención Primaria y la Ley de la Cadena Alimentaria.

Ya en 2023, el 17 de febrero, la Comisión Europea autorizó el tercer desembolso condicionado para España: 6.000 millones de euros, que llegaron el 28 de marzo, tras confirmarse que España había cumplido otros 29 hitos y objetivos en 2022, entre ellos la Ley Concursal, la Ley de Formación Profesional, la reforma de la cotización de autónomos y la Ley de medidas contra el fraude fiscal. Esta vez, la luz verde al tercer pago costó más, porque España tuvo que convencer a la Comisión de los cambios en el sistema de control y auditoría implantados para cumplir con los estándares de vigilancia europeos, una herramienta llamada CoFFEE, perfilada por Economía y Hacienda.

Y en pleno verano, el 26 de julio de 2024, España recibió el 4º pago condicionado, de 9.883 millones de euros, tras confirmar Bruselas que había cumplido 61 hitos y objetivos más, en la transformación digital, la transición energética, pensiones, educación, tratamiento de aguas, digitalización de servicios públicos y cooperación internacional. Con este 4º pago condicionado (de los 8 previstos), España había recibido (en julio de 2024) un total de 48.000 millones de subvenciones europeas (a fondo perdido), el 60% del total adjudicado (al final, 79.954 millones de euros, en vez de los 70.000 inicialmente previstos, por ajustes en el PIB y nuevos Fondos). Con ello, España es el país europeo al que la Comisión ha entregado más Fondos europeos y también el país que ha cumplido más hitos (181).

Ahora, en plenas Navidades, España pide a Bruselas el pago de la 5ª entrega de Fondos europeos, otros 8.000 millones de euros, que llegarán en 2025. Y además, pide también la 1ª entrega del paquete de créditos (a bajo interés), 16.000 millones de euros, que nos corresponden como parte del paquete de 84.000 millones en créditos del Plan de Recuperación adjudicados a España por el Consejo Europeo, en octubre de 2023. La entrega de este primer paquete de créditos (el 20% del total) es también a cambio de nuevas reformas (30 hitos), a las que se comprometió España al solicitarlos en diciembre de 2022. De estos 84.000 millones en créditos, 24.000 los gestionará el Banco Europeo de Inversiones (el BEI, presidido por Nadia Calviño) y 40.000 el ICO (Instituto de Crédito Oficial), que los canalizará a empresas, particulares e instituciones para proyectos “verdes”, innovación, tecnología, vivienda y digitalización.

Esta 5ª solicitud de subvenciones (y la 1ª de créditos) a Europa se hizo sólo un día después de que el Gobierno Sánchez lograra aprobar en el Congreso, al 19 de diciembre, varios proyectos de Ley que exige Bruselas para hacernos el nuevo pago de Fondos Europeos. Por un lado, el Gobierno consiguió aprobar “in extremis” una Ley con medidas fiscales “descafeinada”, porque  el veto conjunto de Junts y PNV habían sacado el impuesto a las energéticas (por presiones de Repsol e Iberdrola). Y por otro, una negociación de última hora con Podemos permitió aprobar dos Leyes sobre la Eficiencia de la Justicia y el Derecho de Defensa, también exigidas por Bruselas.

Eso sí, el Gobierno no pudo aprobar en el Congreso la subida del impuesto al gasóleo (+11 céntimos por litro con el IVA, lo que encarecerá 6 euros el llenar un depósito), para equiparar su impuesto (0,3790 euros por litro) al de la gasolina (0,4726 euros por litro), por presión de Podemos, que justificó su veto en que la subida perjudica a los más vulnerables, aunque es una exigencia medioambiental de la UE (el gasóleo emite más CO2 y partículas que la gasolina) y clave para recaudar más (ingresaría 1.500 millones al año). Por eso,  el Gobierno quiere aprobar esta subida en el primer trimestre de 2025, para intentar convalidarla después y que entre en vigor el 1 de abril de 2025. De momento, Bruselas ha pactado con el Gobierno una prórroga, para aprobarla antes de finales de marzo. Pero si no logra los apoyos para convalidarla en el Congreso, España perderá parte de los 8.000 millones del 5º pago solicitado ahora.

Con la solicitud de esta 5ª entrega de ayudas, el Gobierno suma 84 hitos más a los 181 cumplidos antes (hasta julio, cuando recibimos el 4º pago). Pero quedan muchas reformas, hitos e inversiones que aprobar, concretamente el 50% de todos los hitos comprometidos por España al presentar el Plan de recuperación en 2021 y la adenda para solicitar los créditos adicionales de 2022. En total, faltan por cumplir otros 265 hitos. Este va a ser el gran problema de España (no sólo de su Gobierno) en 2025 y 2026: necesitamos aprobar nuevas reformas e inversiones (pactadas con la Comisión Europea) para seguir recibiendo subvenciones y créditos. Y el Gobierno Sánchez  está en una situación de peligrosa minoría, teniendo que pelear en el Congreso cada Ley que aprueba y cada convalidación de Decretos-Leyes. Así que cuando el PP hace “pinza” con Junts (o Podemos veta) para tumbar una Ley comprometida con Bruselas, no sólo es “una derrota política de Sánchez”, sino que ponen en peligro los Fondos europeos que tanta falta nos hacen.

En los dos últimos meses, un batallón de funcionarios del Estado, autonomías, Ayuntamientos y Universidades (800, según Economía) han trabajado en miles de reuniones para aportar más de 325.000 documentos a otro “batallón” de funcionarios de la UE, con los que están permanentemente en contacto (online) para presentar las reformas e hitos aprobados y justificar las inversiones adjudicadas. Puede que algún día aparezca un problema, pero pocos procesos se vigilan tanto y por tantas personas como la solicitud, recepción y adjudicación de los Fondos Europeos. Y en estas reuniones es donde España negocia retrasar una reforma unos meses (como la del gasóleo) o posponerla a 2025 o 2026 a cambio de anticipar otra. Técnicos que deben estar al tanto de las peleas políticas en el Congreso, porque de ellas dependen que el Plan de Recuperación avance.

De momento, España es un “alumno ejemplar” en Europa en el cumplimiento del Plan de Recuperación (y el país más “vigilado”, por ser el primero donde se prueban los controles europeos). Cuando recibamos el 5º pago ahora solicitado,  habrán llegado 56.000 millones de subvenciones europeas, el 70% del total. Y España afianzará así su liderazgo, siendo el país que más Fondos UE ha recibido y el que ha cumplido con más hitos y reformas. Y también es uno de los paises que más porcentaje de esos Fondos  UE ha adjudicado: 44.163 millones, un 92% del dinero recibido en las 4 primeras entregas (48.000 millones) y un 55,30% del dinero total asignado en subvenciones a España (79.854 millones), según el último balance hecho por el ministro de Economía el 12 de diciembre.

De esos 44.163 millones europeos ya adjudicados, un 40,1% han ido a microempresas y pymes, un 25,7% a grandes empresas, un 15,9% a uniones temporales de empresas (UTEs), un 14,4% a Fundaciones y otras instituciones y un 3,9% a hogares, según el Balance oficial. Y más de la mitad de las adjudicaciones han ido a las autonomías (26.595 millones), que tienen que gestionar su reparto. Las que han recibido hasta ahora más Fondos europeos son Andalucía (4.168 millones), Cataluña (3.974) y Madrid (2.948 millones).

El Plan de Recuperación y la llegada y adjudicación de los Fondos europeos avanza, pero queda más de la mitad por recorrer y sólo tenemos año y medio por delante: lo que no se haya adjudicado para agosto de 2026 (subvenciones y créditos) se perderá. Así que queda la mayor parte de la tarea.  En los tres primeros años del Plan (2022, 2023 y 2024) hemos recibido 48.000 millones en subvenciones (el 60%) y queda recibir, en 2025 y primera mitad de 2026 (año y medio) los casi 32.000 millones restantes. Pero el gran reto son los créditos: los 84.000 millones llegarán en 2025 y primera mitad de 2026, poco más de año y medio para que las empresas e instituciones los soliciten y se les adjudiquen.

El Gobierno es consciente de que ahora, el gran reto de los Fondos Europeos es “canalizar los créditos”, porque no son tan fáciles de “adjudicar” como las subvenciones (a fondo perdido), dado que hay que devolverlos (aunque a un interés bajísimos y con carencias). Por eso, ya en febrero de 2024 se aprobaron las 5 nuevas líneas de crédito del ICO (40.000 millones), que ahora se están tratando de “movilizar” entre las empresas: linea ICO verde (22.000 millones), linea ICO empresas y emprendedores (8.150 millones), linea ICO vivienda (4.000 millones para promover viviendas en alquiler), línea Spain Audiovisual Hub (1.712 millones) y linea Fondo Next-Tecno (4.000 millones en créditos para financiar tecnologías disruptivas que promuevan la innovación y digitalización).

Recapitulando: España ha adjudicado 44.163 millones de Fondos europeos en tres años y tiene ahora poco más de año y medio para adjudicar otros 114.500 millones (30.500 en subvenciones y 84.000 en créditos). Una tarea inmensa, que exige un enorme esfuerzo de gestión, no solo al Gobierno central sino sobre todo a autonomías, Ayuntamientos, Universidades, instituciones y empresas. Una tarea que debería ser la gran prioridad para todos, porque es un dinero con fecha de caducidad (agosto de 2026) y con el que nos jugamos modernizar la economía española y asegurar el crecimiento y el empleo futuros.

Pero hay otra tarea más difícil: que España apruebe en paralelo las reformas e inversiones comprometidas con Bruselas, porque sin ellas no llegarán los 114.500 millones que faltan. Y dados los enfrentamientos políticos, que ponen en peligro cada entrega de Fondos, haría falta un gran Pacto político: el compromiso de pactar todas las reformas que nos exige Bruselas para enviarnos nuevos Fondos. No se puede perder ni un euro por las guerras políticas y los “chantajes” entre partidos. Es un tema muy serio: no puede “jugar” con las cosas de comer… Pero, por desgracia, algunos lo seguirán haciendo, poniendo en peligro un dinero y unas reformas que benefician a todos los españoles. Por favor, sean sensatos.

Autonomías endeudadas: el otro ajuste que viene

En medio de la crisis y de la tormenta de la deuda, un problema de fondo preocupa a los economistas y a los mercados: el despilfarro de las autonomías, cuyas cuentas pueden ser una bomba de relojería en los próximos meses. Ya se lo comentaron incluso los grandes empresarios a Zapatero en la Moncloa. La ministra Salgado ha conseguido un avance, al sacar a sus colegas autonómicos el compromiso de que publicarán trimestralmente sus cuentas. Pero de momento, en la foto de 2010, hay dos autonomías que tienen que tomar “medidas de calado”, porque tienen un “riesgo significativo” de no cumplir con el déficit previsto este año: Murcia y Castilla la Mancha. Y otras cuatro, tendrán que “hacer algo” para cumplir, aunque su riesgo es moderado: Comunidad Valenciana, Canarias, Galicia y Castilla León.

De momento, las autonomías señaladas con el dedo no se dan por aludidas e insisten que van a cumplir o que están en la lista negra por divergencias contables con el Gobierno central. Para forzarlas a “hacer los deberes”, la ministra Salgado ha anunciado ya que no permitirá endeudarse más este año a Murcia y a Castilla la Mancha. Pero sí al resto, con lo que las autonomías volverán a echar mano de las emisiones de deuda para cuadrar sus cuentas. De entrada, ya han emitido 27.226 millones de deuda este año y acumulan una deuda de 120.000 millones de euros, contando las empresas públicas autonómicas. Las autonomías más endeudadas son Cataluña (29.503 millones), Comunidad Valenciana (16.280), Madrid (12.592), Andalucía (11.472) y Galicia (5.544), aunque en deuda por habitante el ranking lo encabezan Cataluña, Baleares Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla la Mancha y la Rioja.

Un total de 12 autonomías han emitido deuda en 2010, pagando para poder colocarla un tipo del 5,65 % (País Vasco) al 6,46% (Galicia). Con ello, compiten con el Estado central en captar fondos y encarecen la deuda española. Además, el País Vasco, Cataluña y ahora la Comunidad Valenciana emiten deuda para particulares (bonos patrióticos),compitiendo con bancos y Cajas (que se llevan un 3% en comisiones) y con la financiación de empresas y pymes, a las que encarecen el crédito (ya de por sí caro y escaso).

Cara a 2011, las autonomías tienen que seguir ajustando sus cuentas, recortando su déficit al 1,31 % del PIB para que España cumpla con Bruselas. Pero, de momento, 8 autonomías han aprobado unos Presupuestos que incumplen: Extremadura (2,30% déficit), Andalucía (1,55%), Navarra (1,53%), Cantabria (1,48%), Castilla y León (1,45%), La Rioja (1,43%), Canarias (1,40%) y Aragón (1,38%). Al Gobierno central sólo le queda la opción de presionarles y prohibirles que se endeuden. Pero eso no arregla el problema de fondo: tienen que intentar aumentar ingresos (impopular y difícil en plena crisis) o recortar gastos, que es la clave. Y no tanto en inversiones (harían caer a más empresas y perderse más empleos) como en gastos corrientes, entre ellos gastos de personal, muy abultados: en los últimos tres años, las autonomías han aumentado sus plantillas en 231.400 personas, mientras apenas crecían las del Estado (que debían haber caído) y las de los Ayuntamientos.

Bruselas, los mercados y la crisis va a obligar a un gran ajuste del llamado “Estado de las autonomías”, no tardando mucho. Haría falta un gran pacto político para poner orden en ingresos y gastos, para reducir la factura autonómica. Pero nadie quiere poner el cascabel al gato. Como en el caso de los Ayuntamientos, serán los hechos los que fuercen el ajuste, que vendrá por la sanidad y la educación, las dos grandes partidas del gasto autonómico. Murcia y Castilla-la Mancha ya han empezado a no pagar a farmacias y algunos medicamentos. La Comunidad de Madrid ha recortado un 4,8 % el gasto en educación para 2011.Y en Cataluña se ha hablado del copago en la atención sanitaria. De nuevo, por no tomarse decisiones económicas a tiempo, lo pagaremos todos en hospitales, medicinas, colegios y Universidades.