Más de 1,7 millones de jóvenes han iniciado otro curso universitario, en el que se
estrena la nueva Ley de Universidades
(LOSU), la 4ª de la democracia. Su
objetivo es reorganizar los Campus, estabilizar las plantillas de docentes (la
mitad, interinos), internacionalizar los estudios y mejorar la formación. Casi
todo ello cuesta dinero y la Ley
promete 3.100 millones más cada año,
pero no asegura quien los pagará.
Se pretende que los alumnos (que
ahora financian un 30%) paguen menos por
las matrículas, pero eso obliga
a una mayor financiación de las
autonomías (que aportan el 81% del gasto público universitario). Los rectores buscan acuerdos con los Gobiernos autonómicos, empeñados la
mayoría (PP y VOX) en bajar impuestos
(e ingresos), pero temen
que les falten recursos para reconvertir la Universidad. Mientras, las Facultades
siguen “fabricando” parados y precariedad:
el 36% de los universitarios que
trabajan lo hacen en empleos para los que les sobra
formación (abogados trabajando de teleoperadores). Estamos “tirando” recursos” y perdiendo el futuro.
Los grandes objetivos
de la LOSU son terminar con la precariedad laboral de los profesores
universitarios, ordenar la carrera docente, mejorar la gestión de los Campus,
auditar y controlar mejor sus cuentas, mejorar la calidad de la enseñanza,
internacionalizar su actividad y vincular más sus planes de estudios con las
empresas y el empleo. Y en paralelo, negociar
con las Universidades la rebaja de costes de las matrículas, prometiendo a
cambio una mayor financiación pública a las Universidades y una ampliación de
las becas.
Tres son los temas
clave de esta nueva Ley. El
primero, que se da mayor libertad y
autonomía a las Universidades para decidir cómo se organizan y gobiernan, facilitando la presencia de docentes
(cualquier profesor) y alumnos (25%) en Rectorados, Claustros y órganos de
decisión. El segundo y fundamental, la reducción de la precariedad del profesorado
universitario: sólo
la mitad (50,8%) tienen contrato fijo (catedráticos y profesores titulares
o contratados doctores) y la otra mitad son interinos (profesores ayudantes,
ayudantes doctores, profesores asociados y visitantes), con contratos muy
precarios, marginales y mal pagados (hasta con 300 y 600 euros al mes). La LOSE
se compromete con Europa a rebajar esta altísima precariedad docente al 8% del
profesorado, para lo que obliga a las Universidades a convertir
a 26.000 profesores asociados interinos en indefinidos, con una mayor
transparencia en los futuros concursos y menos “endogamia” (3 de cada 4
profesores imparten clase en la Universidad donde estudiaron). Además, crea
nuevas categorías, como los profesores
permanentes laborales (doctores con contrato fijo).
La tercera cuestión clave es conseguir una
mayor internacionalización de la Universidad española, fomentando las
alianzas europeas e internacionales y los títulos compartidos, para captar más
alumnos extranjeros y permitir la mayor movilidad de los españoles, así como
para atraer docentes e investigadores. Actualmente, hay
44 Universidades españoles incluidas
en las 50 Alianzas Universitarias europeas, pero sólo hay 2 Universidades españolas en el ranking de las 300 mejores del
mundo (las Universidades de Barcelona y de Granada, ambas en el puesto
201-300 del ranking de Shanghái).
Otras cuestiones que contempla la nueva LOSU son el fomento del alumnado adulto, el acceso
libre y gratuito a las investigaciones de las Universidades públicas, la
mayor presencia de la mujer en la docencia universitaria y, sobre todo, la
elaboración de Planes de estudio más vinculados a las actuales demandas de
empleo, favoreciendo la colaboración entre Universidades y empresas.
Pero la verdadera cuestión
clave de esta nueva Ley universitaria es su financiación. Todos estos cambios
que introduce la LOSU implican más gasto de las Universidades
(sobre todo en personal) y los
rectores se quejan de que “la Ley no
les asegura más recursos”. Eso sí, hay un compromiso, en la Ley y en el
Gobierno Sánchez”, de aumentar la financiación pública a la Universidad “hasta
el 1% del PIB en 2030” (hoy se aporta el 0,76%), lo que supone, según
los cálculos hechos por IVIE para el Ministerio, gastar 3.100 millones más cada año en las 50 Universidades públicas
españolas. Pero la Ley no dice cómo
conseguirlos ni quien va a pagarlos y los rectores dicen que “así no pueden
planificar el futuro de sus Universidades”. Y piden asegurar ya la financiación para poder aplicar la
LOSU.
El problema es ¿quién
paga las Universidades? Hoy por hoy, sólo
dos tercios de la financiación universitaria es pública (el 66%), una aportación inferior a la media en Europa (76%
de financiación pública), según
el último informe educativo de la OCDE (con datos de 2020) lo que obliga a
que los alumnos españoles (y sus
familias) financien un 30% del gasto
universitario, más del doble que en Europa (donde aportan sólo el 14%, con
muchos paises donde la enseñanza universitaria es gratuita, como Alemania,
Dinamarca, Suecia o Finlandia y un mínimo pago en Francia). El resto de la
financiación universitaria la aportan en España entidades privadas e internacionales (4% aquí, frente al 12% en la
UE-25).
La nueva Ley
establece que los
alumnos deben pagar menos en el futuro, porque defiende seguir bajando las tasas universitarias, más elevadas que
en la mayoría de Europa. Ya en
mayo de 2020 se llegó a un
Pacto entre el Gobierno Sánchez
y las autonomías para rebajar el altísimo
precio de las matrículas (tras el “tasazo”
del PP en 2012), que se han reducido
en los tres últimos cursos. Pero hay dos problemas. Uno, que todavía son muy elevadas en algunas
autonomías, sobre todo en Madrid y
Cataluña, con un coste
muy desigual según dónde se estudie: una carrera de Humanidades cuesta
más del doble en Barcelona que en Santiago, por ejemplo. Y el otro, que aunque
ha bajado la 1ª matrícula, han subido
mucho (el doble y hasta 5 veces) las
segundas y terceras matrículas (y los Máster) lo que afecta especialmente
a los que suspenden los primeros años de
las duras carreras técnicas.
Si la LOSE no quiere que los alumnos (y sus familias) paguen
más en el futuro, la nueva financiación
(esos 3.100 millones extras anuales)
la tendrá que aportar el sector público. Pero como las Universidades son una
competencia autonómica, tendrán que
pagar más las autonomías (“ellos
invitan y nosotros pagamos”, se quejaba de la LOSE García Page, desde
Castilla la Mancha). Y eso porque los
Gobiernos autonómicos asumen hoy el 81% de la financiación pública universitaria
(frente al 18% la Administración central y el 1% los Ayuntamientos), algo
similar a Alemania (77% financian los Länder regionales), pero muy distinto del
resto de Europa, donde el 88% de la financiación universitaria la
asume el Estado y sólo un 11% las regiones, según
la OCDE.
Por todo ello, el Gobierno Sánchez (que aprobó la LOSE)
planteó que ahora se abre un periodo para que
las Universidades
pacten acuerdos de financiación con los distintos Gobiernos autonómicos,
para que aseguren más recursos a medio
plazo. La Junta de Andalucía ya
ha firmado un acuerdo con sus Universidades para aportarlas el 1% de su PIB
regional para 2027 (ahora aportan el 0,87%). Y el Gobierno de Madrid promete una nueva Ley de Universidades
que clarifique su financiación. Así que ahora, los Rectores tendrán que negociar
con sus autonomías y ver cuanto
más pueden financiarles. Pero esto choca con 2 problemas: muchas autonomías
prometen bajar impuestos (e ingresos). Y ya existe una gran diferencia de
partida entre autonomías sobre la financiación universitaria, desigualdad que se puede agravar.
España ya gasta menos
(gasto público y privado) en financiar la Universidad (14.361 dólares por alumno) que la media de Europa (17.578 dólares) y que la OCDE (18.105 dólares), según
el informe 2023 de la OCDE (datos de 2020). Pero también el gasto público universitario es menor. Y sobre todo, está muy mal repartido: las
Universidades mejor financiadas por sus gobiernos autonómicos son La Rioja (8.972 euros por alumno), País Vasco (8.158), Navarra (8.026), Cantabria (7.756),
Asturias (7.246) y Galicia (7.070), según
un reciente estudio de la Fundación CYD. Y las autonomías con las Universidades peor financiadas son Madrid (4.959 euros públicos por alumno), Cataluña (5.204), Baleares
(5.474), Andalucía (5.779) y Murcia (5.802), desigualdad en la
financiación pública que explica por qué en estas Universidades los alumnos
pagan matrículas más caras.
Ahora queda ver si estas autonomías que menos financian la
Universidad pública (muchas apostando por las nuevas Universidades
privadas) se vuelcan en apoyar más sus Campus y reducir las tasas de
los alumnos. Algo que choca con su propuesta
de bajar
los impuestos autonómicos, una medida que defienden las 11 autonomías gobernadas
por el PP (5 con Vox). El efecto de esta rebaja será bajar los ingresos autonómicos: las
rebajas ya aprobadas en 2021 restaron 4.000 millones sólo a Madrid, según
un estudio del REAF. Y Madrid,
sólo por suprimir el impuesto sobre el
Patrimonio deja de ingresar 905 millones
anuales (que tanta falta les hacen a las Universidades madrileñas, asfixiadas
financieramente). Así que la rebaja de
impuestos va en contra de mejorar el gasto público en las Universidades (y
en sanidad, educación, vivienda…). Y además, cualquier excusa financiera para no gastar más se contradice con el hecho de
que las autonomías
llevan 5 años recibiendo más dinero del Presupuesto, gracias a la
mejora de ingresos. Sólo este 2023, las autonomías recibirán del Estado 134.335
millones en transferencias (+26.130, un 24% más que en 2022).
Mejorar la financiación de la Universidad es clave, para
acabar con la precariedad de sus docentes, mejorar su organización e internacionalizarlas.
Pero sobre todo, urge mejorar la formación
universitaria, “manifiestamente mejorable”.
Primero, reducir la alta tasa de
abandonos (un 22% el primer año, el 13,9% en Euskadi y el 22,8% en Baleares),
el alto porcentaje de suspensos y la
baja tasa de graduación a los 4 años
(52,8% de los alumnos), con enormes desigualdades: hay regiones donde se gradúan
más alumnos en 4 años, curiosamente en algunas de las mejor financiadas (61% en
Navarra, 60,8% en País Vasco, 60,7% en Cataluña) y otras con peor tasa de
graduación en plazo (44,4% Baleares, 45,8% Canarias, 48% Andalucía…), según
el último informe de CYD.
Pero lo más preocupante es que la formación universitaria no
asegura el futuro empleo de los estudiantes, sino que los lleva al paro y a la precariedad profesional. En España, el empleo entre los universitarios es
más bajo que en Europa (81,4% trabajan
frente al 86,4% en la UE), siendo
mayor el porcentaje que trabajan entre los licenciados en Salud y Servicios Sociales (88,6%), ingenierías
(63,8%), Ciencias (60,5%) y Educación (60%), pero baja la empleabilidad de los
que estudian Negocios, Administración y Derecho (39,7%), Ciencias Sociales
(42,6%), Artes y Humanidades (47,4%). Y la
tasa de paro de los universitarios
españoles (8%) casi duplica la de
los licenciados europeos (4,2%). Otro
dato muy preocupante, que ilustra la falta de “salidas laborales” de muchos
titulados: España lidera la “sobrecualificación” en la UE, con un 36,1% de los universitarios trabajando
en un empleo inferior a su formación (frente a sólo el 22,1% de los
licenciados europeos), según
otro estudio de la Fundación CYD. Un subempleo que lleva a que la
mitad de las carreras abocan a sus graduados a ganar menos de 1.500 euros en los 4 años siguientes a licenciarse,
según un estudio del BBVA e IVIE.
Un panorama muy preocupante, que exige cambiar radicalmente la formación universitaria, promoviendo más los
estudios de carreras técnicas (STEM)
y mejorando la coordinación entre la Universidad y las empresas, para conseguir
una formación más vinculada al empleo futuro. No sólo urge buscar más dinero (público y de entidades privadas) para la
Universidad, sino reconvertirla
a fondo, desde las plantillas de profesores a los planes de estudio, para
que sea más eficiente y asegure mejor el futuro laboral de los jóvenes. Pero
está claro que aumentar la financiación
es una exigencia de partida para asegurar las mejoras necesarias. Hay que saber
que financiar
la Universidad es una inversión, no un gasto, porque devuelve 5 euros por cada euro invertido
(según
los rectores) y porque, a pesar de su fracaso laboral, ser universitario es un antídoto
contra la crisis: tienen menos paro y ganan más que el resto de
jóvenes, aunque tarden casi una década en encontrar un trabajo decente.
En resumen, hay que apostar por la Universidad, con más gasto y mejor formación, como hacen los paises punteros del mundo, desde Estados Unidos o Singapur a Finlandia y Noruega. Hay que aprobar este reto en los próximos años, para asegurarnos el futuro. Y eso exige un gran acuerdo entre el Gobierno, autonomías, Universidades, alumnos y empresas, para que la Universidad deje de ser “una fábrica de parados y subempleados”. A ello.
