Pensiones: suben, pero su gasto preocupa

Los 9 millones de pensionistas han cobrado la nueva pensión de enero, un +8,5% superior (+107 euros mensuales la media). Con ello, las pensiones suben un +25% desde 2018 (+300 euros mensuales), ganando poder adquisitivo (+15,5% creció la inflación). Pero preocupa que la factura de las pensiones se dispara: en 2023 costarán 190.000 millones (+9,4%), el 13,7% del PIB, lo que iban a costar en 2030. Muchos expertos piden frenar el gasto en pensiones, porque si no, en 2050 seremos el país UE con más gasto, tras Grecia e Italia. El Gobierno aprobó una primera reforma, en 2021, para bajar gastos y subir ingresos. Y ahora prepara la 2ª reforma, que no gusta a sindicatos y patronal, para subir cotizaciones a los sueldos altos y ampliar el cómputo a 30 años. Todavía podría ser insuficiente, al dispararse las pensiones de 10 a 15 millones en 2050 y haber menos ocupados para pagarlas. Urge apuntalar el futuro de las pensiones, atemperando gastos y aumentando ingresos. Por nuestros hijos y nietos.

Enrique Ortega

Este año, los 9.067.433 pensionistas no han recibido en enero una “paguilla” para compensarles por la subida extra de la inflación el año anterior, como se hizo de 2018 a 2021. Como ya les pasó en enero de 2022, van a cobrar todo el año una subida de la pensión que tiene en cuenta la subida de la inflación media anual el año anterior (hasta noviembre). En enero de 2022, la subida fue del +2,5%. Y ahora, como la inflación se disparó el año pasado, en enero de 2023, la subida de las pensiones contributivas es del +8,5%, una subida media de 107 euros mensuales, que dejará la pensión media de jubilación en 1.367 euros y la pensión media de viudedad (que sube 66 euros al mes) en 788,6 euros. Y así subirán las pensiones en el futuro: lo que suba la inflación media el año anterior y no lo que decida el Gobierno de turno, al aprobarse en diciembre de 2021 la Ley 21/2021 de revalorización automática de pensiones, con los votos en contra del PP, Vox y Ciudadanos.

Con la subida aprobada para este año, las pensiones han subido el +25% entre 2018 y 2023, lo que ha permitido a los pensionistas ganar poder adquisitivo, porque la inflación aumentó un +15,5% estos años. La pensión media de jubilación ha subido un +27% (casi 300 euros al mes, de 1.074,83 a 1.367 euros). Y la pensión media de viudedad ha subido un +21% (´+137 euros mensuales, de 651,20 a 788,3 euros). Sin embargo, estas pensiones medias “esconden” que una gran parte de las pensiones son todavía muy bajas: de las 10.009.149 pensiones pagadas en enero, el 60% cobran menos del salario mínimo, menos de 1.000 euros mensuales. De todas las pensiones de jubilación (6,3 millones), casi la mitad (47,58%) cobran todavía menos de 1.000 euros mensuales. Y de las pensiones de viudedad (4,38 millones), el 81,32% cobran menos de 1.000 euros y casi la cuarta parte de las viudas (el 22%) cobra menos de 500 euros al mes.

A pesar de estas desigualdades, la factura de las pensiones es cada año más abultada, porque crecen mucho los pensionistas y se jubilan cada vez con sueldos más altos, que dan derecho a pensiones más altas. Además, la revalorización automática con la inflación dispara el gasto: la subida para 2023 (+8,5%) supone un gasto adicional en pensiones de 13.600 millones este año (sólo en pensiones contributivas). De hecho, el Presupuesto en 2023 contempla un gasto en pensiones histórico: 190.000 millones, un +9,4% sobre 2022. Y un 31% más de gasto que en 2018 (144.834), el último Presupuesto de Rajoy.

Como se ve, el gasto en pensiones crece mucho más que la economía y que la mayoría de otros gastos, lo que preocupa a muchos expertos. De hecho, el gasto en pensiones para 2023 (190.000 millones), supone el 13,7% del PIB español, que es precisamente el porcentaje que el Gobierno Sánchez preveía gastar para 2030, al aprobar el primer paquete de reformas. Así que llegamos a ese nivel de gasto 7 años antes. En 2019, el último año con datos europeos, España ocupaba el 6º lugar en gasto en pensiones (12,7% del PIB), en línea con la media europea (12,7% PIB) y por detrás de Grecia (16,1%), Italia (15,9%), Francia (14,7%), Austria (14,1%), Portugal (13,7%) y Finlandia (13,3%). Y teníamos más porcentaje de gasto  en pensiones que Bélgica y Dinamarca (12,6 del PIB), Paises Bajos (12%), Alemania (11,9%), Suecia (10,7%) y todos los paises del Este de Europa.

El problema ahora es que, los expertos y la Seguridad Social creen que si no se toman medidas, el gasto en pensiones supondría el 16,6% del PIB en 2050, lo que nos situaría como el tercer país europeo con más gasto, sólo por detrás de Grecia e Italia, según el Banco de España, que analiza los 5 factores que determinan el gasto en pensiones: el envejecimiento de la población, el porcentaje de mayores beneficiarios del sistema, la pensión que se recibe, la tasa de empleo para pagar las pensiones y el peso de los salarios.

El informe del Banco de España detalla que el primer factor, la demografía, va a ser el que más juegue en contra de España, ya que seremos el país europeo donde más crezcan los mayores de 64 años entre 2019 y 2050 (de ser el 29,5% de la población entre 16 y 64 años a ser el 59,5%). Eso supone que nuestro envejecimiento será mayor que el de Francia (en 2037) y el de Alemania (en 2039) y reduciríamos nuestra ventaja demográfica sobre Portugal e Italia. Sólo por este factor, el envejecimiento, España pasará de ser el 7º país con más gasto en pensiones al 3º (tras Grecia e Italia). Otro factor que jugará a la contra, aumentando el gasto en pensiones, es que aumentará la cobertura, porque en España hay hoy menos mayores que cobran pensión que en Francia, Alemania, Italia o Portugal, porque las mujeres tienen un menor porcentaje de pensiones de jubilación. Si el trabajo de la mujer aumenta, lo normal es que en 2050 haya más trabajadoras con derecho a jubilarse, aumentando el gasto.

El tercer factor de gasto, el porcentaje de pensión sobre el salario medio, también va a jugar a la contra, porque en España, la jubilación sobre el último salario es la tercera más alta en la UE (sólo por detrás de Grecia e Italia), un 34% más alta que en Alemania y un 31,6% más alta que Francia, con lo que las futuras pensiones serán también más altas a medida que suban los salarios. Y quedan dos factores que pueden jugar a favor de que no suba tanto el gasto en pensiones: los salarios (más bajos que en la mayoría de Europa y con menos peso en el PIB) y la mejora del empleo: España tiene una tasa de empleo bajísima (67% población 16-64 años trabaja, frente al 73,1% en la UE-27 y el 80% en Alemania). Si la economía se modernizara y trabajara más gente, podrían ayudar a pagar mejor las pensiones futuras.

El Gobierno Sánchez dice no estar preocupado porque el gasto se pueda disparar en 2050, porque cree que el PIB es mayor del que se publica (lo que rebajaría el porcentaje de gasto) y porque el empleo y las cotizaciones está creciendo con fuerza, mientras la Seguridad Social  recibe 20.000 millones extras de los Presupuestos. Y el ministro Escrivá cree que es posible recortar el gasto, del 16,6% sobre el PIB “temido” para 2050 al 13,1%, gracias a las 2 reformas de las pensiones. Con la 1ª reforma, aprobada en octubre de 2020 por el Pacto de Toledo, se transfieren impuestos a la SS para que asuma “gastos impropios”, se acerca la edad real de jubilación (64,8 años hoy)  a la edad legal (66 años y 4 meses, que serán 67 años en 2027), penalizando la jubilación anticipada y facilitando jubilarse más tarde y se crea una “hucha de las pensiones”, con una cotización extra del 0,6% a partir de 2023.

Además, el Gobierno ultima este trimestre una 2ª reforma de las pensiones, que busca más ingresos y recortes de gastos, con 2 medidas. Una, ampliar el periodo de cómputo para calcular la pensión: se subiría de los 25 años actuales (en 1985 se pasó de 2 a 8 años, en 1997 se subió a 15 y en 2011 se subió a 25 años) a 30 años, pero con la salvedad de que el trabajador puede desechar los 2 peores. La otra medida propuesta es que coticen más los sueldos altos: hoy el techo está en 49.672 euros, a partir de ahí los sueldos altos no cotizan (hay 35.000 millones que ganan los trabajadores con más salarios que no cotizan). Aunque esta medida supondría aumentar en paralelo la pensión máxima (3.059 euros), tendría un efecto ahorro .Y otra medida contemplada en paralelo, que los autónomos coticen por sus ingresos reales, también ayudará a bajar el gasto.

Habrá que ver si esta 2ª reforma de las pensiones sale adelante, dado el rechazo de los sindicatos (a la subida del cómputo) y de la patronal (a que coticen más los salarios altos). El  Gobierno se comprometió con la Comisión Europea a aprobar esta 2ª reforma antes de finales de 2022 y, aunque ha conseguido unos meses más, debería presentarla antes de finales de marzo, porque es una reforma clave para que Bruselas conceda o no a España, en abril, una nueva entrega de los Fondos Europeos (otros 19.000 millones). El riesgo es que a la Comisión Europea, las medidas le resulten insuficientes, como les parecen a muchos expertos, y fuercen al Gobierno español a tomar medidas más drásticas.

Nadie defiende el recorte por el recorte, máxime cuando el 60% de los pensionistas reciben menos de 1.000 euros al mes. Pero algo habrá que hacer si no queremos problemas en el futuro, sobre todo a partir de 2027, cuando se empezarán a jubilar los españoles del “baby boom” (nacidos entre 1960 y 1975). La cuestión de fondo es que las pensiones tienen un problema estructural, a medio plazo: el gasto va a crecer exponencialmente y resultará difícil financiarlo, dado que tenemos un grave problema demográfico (muchos viejos y pocos niños) que se agrava por la baja creación de empleo futura (por la renovación tecnológica y digital). Basten 2 datos muy explícitos sobre el reto que nos espera: habrá que pagar a 15,6 millones de pensionistas en 2050 (frente a 9 millones hoy), que además vivirán 4 años más de media (cobrando pensión 20,2 años), y tendremos que hacerlo con 1,65 activos por cada jubilado, cuando ahora hay 3 personas en edad de trabajar por cada mayor de 65 años. Es una “bomba” de relojería que hay que “desmontar ya, sin retrasos ni parches.

Lo primero es convencer a los españoles que las pensiones futuras están aseguradas. Y lo están porque somos una economía desarrollada, que crear riqueza y empleo y se puede permitir destinar el 16% o el 20% de su riqueza en pagar pensiones. Se puede y se debe. Pero con planificación y control, asegurando que las cuentas “cuadren” a medio plazo y no haya “sustos” que obliguen a adoptar recortes drásticos. Eso obliga a los Gobiernos, a las fuerzas sociales y a todos a planificar una senda realista de gastos (qué pensiones dignas se pueden pagar en el futuro) y estudiar con qué ingresos reales se puede contar y qué otros se podrían buscar. Con transparencia y sin demagogia ni politiqueo.

Lo primero y fundamental es planificar los ingresos que pueden tener las pensiones hasta 2050, según el empleo previsto y unas cotizaciones razonables y justas (que coticen más los que más ganan, mejorando su pensión pero menos). Y ver qué parte de los impuestos se pueden trasvasar a pagar las pensiones, lo que pasa por recaudar más (se puede, si pagan más los que pagan poco: España ingresó en 2022 un 44,1% del PIB, 28.168 millones menos que si recaudara como la media europea, 38.000 menos que Alemania y 107.000 menos que si recaudara como Francia). Aumentar los ingresos, con cotizaciones e impuestos, es más eficaz que los trabajadores se tengan que pagar un plan de pensiones privado.

Y luego habrá que actuar por el lado de los gastos, si hace falta, aunque no nos guste: no se trata de recortar las pensiones futuras, sino que crezcan menos (si hace falta), “atemperar” su crecimiento futuro para garantizarlas con seguridad. Y aquí hay varias vías, que antes o después se pondrán sobre la mesa: ampliar los años de cotización (ahora se habla de 30, pero podría llegarse a toda la vida laboral), aumentar los años cotizados exigibles para cobrar el 100% de la pensión (hoy 36 años y 38,5 años en 2027, mientras en Francia exigen 43 años y en Alemania 45 años). Y evaluar el posible reparto de lo que se cobra entre los años que se cobra (más al principio, menos después), dado el aumento de la esperanza de vida.

Al final, se trata de ver qué pensiones se pueden pagar, en base a los pensionistas que se esperan y el empleo que puede pagarlo. De momento, y a pesar de las muchas pensiones bajas, España es uno de los paises “más generoso” con las pensiones, según las estadísticas. Por un lado, los jubilados cobran de pensión (2021) un 80% del último salario, un porcentaje muy superior a la media de la OCDE (62%), a Alemania (57,9%), Francia (71,3%), Italia (78,4%) y la media europea. Por otro lado, los jubilados españoles reciben de media un 74% más de lo que cotizan, según el Banco de España: cobran 21 años de pensión cuando con lo que han cotizado sólo les daría para cobrar 10 años.

Además de plantear con claridad las perspectivas de las pensiones, hay que tomar otras medidas económicas y demográficas que ayudarían. Por un lado, reconvertir el modelo económico español, con la ayuda de los Fondos europeos, para crear una economía más competitiva, que cree más empleo: si tuviéramos la tasa de ocupación europea (73,1% en vez de 67,7%), habría 1.656.000 españoles más trabajando (y cotizando para pagar las pensiones).Y si tuviéramos la ocupación de Alemania, habría 3.650.000 empleados más. Y por otro, promover la natalidad, para conseguir en unas décadas que haya más niños y futuros jóvenes trabajando. Mientras ambos cambios se consiguen, la inmigración puede ayudarnos, con su empleo y sus cotizaciones: los extranjeros residentes pasarán de 7.471.460 en 2020 a 12.801.714 en 2050 (+5,8 millones), según la última estimación del INE.

Como se ve, el problema de las pensiones es muy complejo y tampoco aquí hay soluciones simplistas, salvo la demagogia y el populismo. Hay que actuar en múltiples frentes y a medio plazo, con una hoja de ruta de ingresos y gastos hasta 2050. Y planteando con realismo y transparencia las posibles medidas, que deberían pactarse y explicarse bien. Si no nos anticipamos, si nos conformamos con parches y retoques, el problema saltará después y obligará a ajustes más duros e injustos. Se puede y se debe salvar el sistema de pensiones públicas, pero eso exige actuar ya, planificar su futuro. El problema no son nuestras pensiones, sino las de nuestros hijos y nietos. Asegurémoslas.

Empresas: el tamaño sí importa

España tiene un viejo problema de baja productividad: somos el país nº 18 en el ranking europeo de producción (PIB) por habitante y por eso tenemos menos nivel de vida. Y mucho tiene que ver el tamaño de nuestras empresas, donde la gran mayoría (93,58%) son muy pequeñas (menos de 10 trabajadores) y sólo tenemos un 1% de empresas medianas y grandes (un tercio menos que Alemania). El problema es que las empresas pequeñas son menos productivas, crean menos empleo, exportan menos y aportan menos crecimiento, como demuestra un estudio de su patronal, CEPYME. Por eso, proponen medidas para ayudar a las pymes a “dar el salto”, lo que permitiría crear 1.175.000 empleos más, subir salarios, crecer un 5,2% más y recaudar 20.000 millones extras en impuestos. Conseguir empresas más grandes, como pide la Comisión Europea, es uno de los objetivo del Plan de Recuperación y de una Ley (“Crea y Crece”) que el Gobierno quiere aprobar antes de fin de año. Aquí, el tamaño sí importa.

Enrique Ortega

Uno de los problemas más de fondo que tiene España, y del que apenas se habla, es nuestra baja productividad, que producimos mucho menos por habitante que la media europea y que los paises del norte, que por eso son mucho más ricos. El problema viene de lejos. En 1986, cuando España ingresó en la CEE, producíamos (PIB por habitante) el 76% de la media europea. La adhesión y los ajustes económicos mejoraron nuestra productividad, hasta conseguir superar la productividad media europea (también por la adhesión de paises del Este poco competitivos) en 2006, cuando alcanzamos un 105% de la productividad media de la UE-27. A partir de ahí, con la crisis de 2008, nuestra productividad cayó en picado, hasta ser un 90% de la europea en 2013. Y luego mejoró algo, hasta el 93% en 2017, para caer de nuevo al 91% en 2018 y 2019. Y con la pandemia, cayó de nuevo al 86% en 2020, según Eurostat.

Producimos menos por habitante por muchas razones, entre ellas por nuestro modelo económico (demasiados bares, hoteles y comercios pero pocas industrias), por la baja formación de los españoles (un 37,1% tienen “baja formación”, la ESO o menos, el doble que en  Europa), la escasa inversión en tecnología e innovación, el menor peso de la exportación y un problema del que se habla poco: tenemos demasiadas empresas pequeñas, menos competitivas y que crean menos empleo, más vulnerable y peor pagado.

El último Censo oficial, de octubre de 2021, indica que tenemos 2.929.722 empresas, de las que un 93,58% son muy pequeñas: 1.670.995 son empresas sin asalariados (38,60%) y 1.131.163 empresas (54,98%) que son “microempresas” (tienen de 1 a 9 trabajadores). Otras 157.103 empresas (5,36%) son también pequeñas. Así que sólo tenemos 25.499 empresas medianas (de 50 a 249 trabajadores), un 0,87%, y 5.012 empresas grandes (más de 250 empresas grandes), el 0,17% restante. En definitiva, que sólo un 1,04% de todas las empresas españolas tienen más de 50 trabajadores, cuando en Europa son el 1,12% (pero tienen más medianas y sólo un 92,86% de microempresas). Y en Alemania, las microempresas son sólo un 87,23% del total de empresas y tienen el triple de medianas y grandes empresas.

España, en realidad, tiene dos problemas con sus empresas, según un reciente informe que acaba de publicar CEPYME, la patronal de las pymes. El primero, que se mueren antes que en el resto de Europa. Aquí “nacen más empresas”, en contra de lo que se piensa: se crean 35,3 empresas por cada 10.000 habitantes, con lo que somos el tercer país más emprendedor de Europa (tras Reino Unido y Portugal), por delante de la media europea (27 empresas/10.000 habitantes) y duplicamos la creación de empresas de Alemania (17,8), Holanda o Irlanda. Pero nuestras nuevas empresas “mueren antes”: la mitad de las nuevas empresas españolas no sobreviven a los 3 años (el 50,6%), frente al 54,6% en la UE-28 y el 56,6% en Alemania. Y sólo un tercio (el 38,5%) de las empresas españolas sobreviven a los 5 años, frente al 42,4% que sobreviven la UE-28 y el 45,9% en Alemania.

Nacen más empresas en España pero sobreviven menos por su pequeño tamaño: las pequeñas son más vulnerables a las crisis que las medianas y grandes. Se vio en la anterior crisis de 2008: se cerraron un 33% de las empresas de 10 a 49 trabajadores y sólo un 23% de las empresas de más de 500 empleados, según el informe de CEPYME. Y lo mismo ha vuelto a pasar con la pandemia: se han mantenido las empresas de más de 500 empleados y han caído un 4% de las empresas de 10 a 49 trabajadores.

El 2º problema de las empresas españolas, de esos dos tercios que sobreviven, es que son demasiado pequeñas y eso les resulta una desventaja para operar, según detalla el informe de CEPYME. Primero, venden menos, porque hay demasiadas micropymes. Las empresas españolas son las terceras de Europa que menos venden: 1,1 millones de euros por empresa, frente a 1,4 millones de media en la UE-28, 1,5 millones las francesas, 2,2 millones las británicas y 3 millones por empresa las alemanas (solo venden menos las italianas, 1 millón por empresa, y las portuguesas, 600.000 euros). Y eso se debe, sobre todo, al mayor peso de las microempresas (menos 10 empleados), que son las menos productivas: venden 122.000 euros por empleado en España frente a 135.600 en la UE-28, 131.700 en Alemania, 132.200 en Italia, 175.100 en Francia y 202.800 en Reino Unido. Eso fuerza a la baja la productividad de todas las empresas españolas, la 3ª más baja de Europa: venden 222.200 euros por empleado, frente a 230.900 en la UE-28, 232.500 en Reino Unido, 250.700 en Italia, 251.800 en Alemania y 271.600 euros por empleado en Francia.

Al ser menos productivas, por su menor tamaño, las empresas españolas también crean menos empleo: la empresa media española ocupa a 4,7 personas cuando el promedio en Europa son 6 personas por empresa, 4,1 en Italia, 5,7 en Francia, 9,3 en Reino Unido y 12 en Alemania (el triple que en España). Y eso se explica también por el gran peso de las microempresas, que concentran mucho más empleo en España (el 36,3% del total) que en la media europea (27,7%) y Alemania (sólo un 19% del empleo está en microempresas). Además, la menor productividad conlleva también peores salarios, sobre todo en las microempresas y pymes: en España, el salario medio era de 1.340 euros mensuales en las pequeñas empresas, un 22% inferior al sueldo  en las grandes (2.005 euros, 665 más al mes). Un empleo en las pymes peor pagado y más vulnerable: en la crisis de 2008, la mitad de todo el empleo perdido fue en las empresas españolas de 10 a 249 empleados.

Sigamos con otras desventajas de las pymes. Exportan menos (sólo venden fuera el 2,2% de las micropymes, el 13,7% de las empresas de 10 a 19 y el 24,5% de las que tienen de 20 a 49 empleados, frente al 59,5% de las empresas grandes que exportan), lo que les quita “una válvula de escape” esencial en las crisis. Se financian peor: las pymes tienen más problemas para conseguir un crédito y pagan tipos más altos. Innovan menos y apenas gastan en tecnología y en la formación de sus trabajadores. Y como también pagan menos y ofrecen peores contratos, tienen más problema para captar “talento”.

Parece claro que las microempresas y pymes tienen muchos motivos para ganar tamaño, algo que debería ser también un objetivo para el país. Pero no resulta fácil. El informe de CEPYME repasa algunos obstáculos que tienen las pymes para crecer: fiscales, laborales, contables, financieros, de seguros y competencia. Contabilizan hasta 100 regulaciones vinculadas al tamaño empresarial que desalientan el crecer, desde la obligación de auditorías, la posibilidad de crear comités de empresa a la pérdida de ayudas fiscales. El problema es lo que pierden y a lo que se les obliga cuando saltan el umbral de tamaño. Es lo que se llama “el síndrome del empleado nº 50”. Mejor no contratarlo por lo que se exige y se pierde.

La patronal CEPYME se queja de que faltan incentivos para ganar tamaño, para conseguir que una microempresa o una pequeña empresa se conviertan en mediana y una mediana en grande. Y también de que en España hay demasiados y costosos trámites para crear una empresa, un proceso que habría que facilitar para sustituir a las empresas que cierran. Según su informe, crear una empresa en España exige más trámites (7 frente a 5 en la UE, 5 en Francia, 4 en Reino Unido o 3 en Irlanda, aunque en Alemania son 9 y en Italia también 7), más tiempo (12,5 días frente a 11,9 en la UE-28, 11 en Italia,  8 en Alemania, 4,5 en Reino Unido y 4 en Francia), más coste (el 3,9% del ingreso per cápita en España frente al 3,1% de media en Europa, el 6,5% en Alemania, el 0,7% en Francia o el 0% en Reino Unido) y más exigencia de capital (11,6% del ingreso per cápita en España frente al 8,1% en la UE, el 29,8% en Alemania, el 0,02% en Francia y el 0% en Reino Unido y varios paises). Y además de los trámites estatales, hay entre 7 y 12 trámites más en las autonomías.

Al final, la patronal CEPYME propone un objetivo: favorecer la fusión de empresas y que las pymes ganen tamaño, para conseguir que haya 40.171 microempresas menos, que 20.051 den el salto a tener de 10 a 19 empleados y otras 9.665 salten a tener de 20 a 49 trabajadores. Y conseguir que 8.800 empresas pequeñas salten a medianas (50 a 249 trabajadores) y que haya 1.655 grandes empresas más. De conseguirlo y tener así la misma estructura de empresas por tamaño que la media de Europa, el informe resalta lo que España conseguiría: 1.175.200 empleos más (+440.000 en empresas medianas y +413.000 en empresas grandes), mayores ventas (+246.000 millones), mejores salarios (las empresas, con mayor tamaño, podrían pagar  29.000 millones más), exportar un 5% más, crecer el PIB un +5,2% y que Hacienda recaudase 20.000 millones más en impuestos.

El premio es como para plantearse intentar conseguir empresas de más tamaño. La Comisión Europea lleva décadas pidiéndoselo a España, informe tras informe. Y por eso, el Gobierno, para asegurar los Fondos europeos, ha incluido un apartado del Plan de Recuperación (el punto 13: “Impulso a la PYME”) con medidas e inversiones para impulsar la creación y el crecimiento de empresas. Y el 27 de julio, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de creación y crecimiento de empresas, que ahora está en proceso de consulta pública, para enviarse al Congreso antes de fin de año, otra promesa a Bruselas. La Ley (“Crea y Crece”) va a permitir crear una empresa con 1 euro, elimina el capital mínimo (3.000 euros), facilita la entrada de inversores (crowdfunding y mecenazgo) y tratará de reducir las trabas al crecimiento y fusión de empresas.

Es fundamental conseguir que haya más empresas y de mayor tamaño, para que compitan mejor, vendan y exporten más, creen más empleo estable y ayuden a mejorar la productividad del país, con lo que mejoraría el nivel de vida de todos. Para eso hace falta modernizar la economía, digitalizarla y resolver los retos medioambientales, una normativa laboral con amplio apoyo y que mejore la calidad del empleo, apostar por  la educación y la formación, gastar más en tecnología y apoyar la reindustrialización. Pero también tener más empresas medianas y grandes. Porque el tamaño sí importa.

La España vaciada, a 3 velocidades

Todos hemos oído hablar de “la España vaciada”, pero quizás no sepamos su tremendo alcance: afecta a casi la mitad del país, 23 provincias que han perdido población en los últimos 70 años (-1 millón),  mientras las 27 restantes la ganaban (+20 millones de habitantes). Una España vacía muy envejecida, que creció menos y perdió también más empleo y riqueza.  Y lo peor es que esta España vaciada tiene un negro futuro, según un estudio de Funcas: 11 de estas provincias decrecen (7 de las 9 provincias de Castilla y León, Lugo, Orense, Cuenca y Teruel) y otras 6 se estancan (Extremadura, Albacete, Ciudad Real, Córdoba y Jaén), remontando sólo las 6 restantes (Valladolid, Burgos, Guadalajara, la Rioja, Zaragoza y Huesca). En consecuencia, no sólo hay que multiplicar las ayudas a la España vaciada, sino que hay que concentrarlas en esas 17 provincias que están peor. Urge un Pacto de Estado para recomponer el mapa de España, aprovechando los Fondos europeos. Reequilibrar el país para 2050.

Enrique Ortega

España es un país poco poblado, con menos densidad de población que la mayoría de Europa: 92,9 habitantes por kilómetro cuadrado (2019), lejos de los grandes paises, como Reino Unido (279 habitantes/km2), Alemania (240). Italia (206) o Francia (119) y lejos también de la densidad de población de paises pequeños, como Paises Bajos (507), Bélgica (381), Dinamarca (136), Polonia (124) o Portugal (112), según Eurostat. De hecho, sólo tenemos más densidad de población que Noruega (15 habitantes/km2), Finlandia (18), Suecia (24) y Grecia (81). Y además, esta escasa población viene de lejos: en el año 1700 ya teníamos la mitad de población (20 habitantes/km2) que Reino Unido, Alemania, Italia o Francia y la tercera parte que los Paises Bajos o Bélgica. Y esa distancia siguió aumentando hasta principios del siglo XX (año 1900), donde España tenía 30 habitantes por kilómetro cuadrado frente a 190 el Reino Unido, 180 Alemania o 80 Francia, según los estudios del demógrafo Jordi Nadal. Y aunque en el último siglo la población se ha duplicado, la brecha con Europa sigue.

Otra anomalía de España frente al resto de Europa es la gran desigualdad en el reparto de la población, al coexistir zonas muy pobladas con otras despobladas: somos el país UE con menor proporción de áreas habitadas y el 2º con mayor densidad de población en esas áreas. El dato es impactante: el 90% de la población española se concentra en el 30% del territorio, con lo que el 70% de España tiene sólo el 10% de la población total (“la España vacía”), según datos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Y otro dato del desigual reparto de la población en España: el 48% de los 8.000 municipios españoles tienen menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando la Unión Europea considera que menos de 12,5 habitantes/km2 es una “muy baja” densidad de población. Los demógrafos creen que la historia está detrás de esta despoblación desigual, desde la Reconquista y la posterior colonización, a las cargas fiscales y humanas impuestas durante la época de los Austrias y el coste humano de la colonización americana.

Al final, nos encontramos hoy con una España poco poblada y con un reparto muy desigual de la población, que ha dado un gran salto en el último siglo largo, multiplicándose por 2,5: hemos pasado de 18.618.086 españoles en 1.900 a 40.847.371 habitantes en 2001 y a 47.329.981 el 1 de enero de 2020, según el INE. El problema ha estado en que casi la mitad de España (el interior del país) ha sufrido una pérdida de población, sobre todo a partir de 1.950 (por las migraciones interiores) y la otra mitad (Madrid, todas las provincias de costa, salvo Lugo, y las islas) han recibido población, concentrándola en las ciudades.

Un reciente estudio de FUNCAS (Fundación Cajas de Ahorro) establece el alcance de  la España vacía, las provincias que cumplen 2 criterios: haber perdido población entre 1950 y 2019 y tener ahora una densidad de población inferior a la media española (92,9 habitantes por km2). Salen 23 provincias que integran la España vaciada: las 9 provincias de Castilla y León, las 2 de Extremadura, las 3 de Aragón, 4 de Castilla la Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara), 2 de Galicia (Lugo y Orense), la Rioja y 2 provincias de Andalucía (Córdoba y Jaén). En conjunto, han perdido más de 1 millón de habitantes desde 1950 (de 9.588.194 habitantes a 8.511.743), mientras las 27 provincias restantes han ganado más de 20 millones de habitantes (de 18.529.6679 a 38.514.465). Esta España vacía ha pasado de tener el 34,1% de la población española en 1950 a aportar el 18,1%  del censo en 2019, casi la mitad, según el estudio de Funcas. Y supone el 46% del territorio.

Dentro de esta España vacía o vaciada, el mayor vacío demográfico lo han sufrido 6 provincias que han perdido la mitad de población o más: Soria (ha perdido dos tercios de su población desde 1950), Teruel, Zamora, Palencia, Ávila y Cuenca, provincias que son “el núcleo duro” de la España vacía y que están entre las zonas más despobladas de Europa, con densidades de población “muy bajas”, inferiores a 12,5 habitantes/km2: Soria (4,9), Teruel (6,8), Cuenca (8,7), Palencia (10,4), Zamora (10,7) y Ávila (12,8), según el estudio de FUNCAS. Un 2º grupo son 5 provincias que han perdido el 40% de su población desde 1950 y que tienen una densidad de población “baja”, entre 11,7 y 17,8 habitantes por km2: Burgos, Segovia, Cáceres, Salamanca y León. Un tercer grupo en esta España vacía son 5 provincias que han perdido un 40% de población pero tienen mayor densidad de población (de 24,3 al 28,2 habitantes/km2), como Lugo y Orense, o que han perdido menos población (entre -25 y -35%) y tienen una densidad mayor (+35 habitantes/km2), como Badajoz, Córdoba y Jaén. Y hay un 4º grupo, de 7 provincias que han recuperado la población de 1950 pero que tienen una baja densidad de población: Huesca, Zaragoza, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara, la Rioja y Valladolid, con un menor problema demográfico que el resto.

El problema de esta España vaciada no es solo que hayan perdido población y tengan una baja densidad de habitantes, sino que son provincias envejecidas, porque los que se han sido han sido los jóvenes. Por eso, la España vaciada está a la cabeza del envejecimiento en España (el 7º país más envejecido de Europa, con un 19,3% de población mayor de 65 años): Zamora (33% población tiene +65 años), Orense (32%), Lugo (31%), Soria y Ávila (29%), León (27%) o Palencia (26%). Y en contrapartida, todas tienen un bajísimo porcentaje de jóvenes (menores de 20 años), la mayoría entre el 12 y el 14% (con la excepción del 23% de Guadalajara), por debajo del 19,5% de media en España, según el INE.

La despoblación y la pérdida de peso económico de la agricultura han hundido la economía de la España vaciada, que ha crecido menos que el conjunto de España, según el estudio de FUNCAS: si el crecimiento del país fue del +3,7% anual entre 1950 y 2017, el peor grupo de la España vaciada (Soria, Ávila, Cuenca, Zamora, Palencia, Segovia y Orense) creció un 1% menos (ojo: -1% cada año, durante 67 años es una tremenda “brecha”). Y un segundo grupo (Salamanca, León, Lugo, Badajoz, Cuenca, Teruel y Ciudad Real) crecieron un 0,5% menos cada año, mientras las restantes (Valladolid, Burgos, Zaragoza, Cáceres, Albacete, Guadalajara, La Rioja, Córdoba y Jaén) han crecido en línea con el conjunto de España. Pero en conjunto, las 23 provincias de la España vaciada han pasado de aportar el 26,7% del crecimiento (VAB) en 1950 a sólo el 16,1% en 2017.

Este menor crecimiento ha supuesto que la España vaciada haya perdido más empleo en el siglo XX: -571.000 empleos entre 1950 y 2000 (-2,01 millones en la agricultura y +1,44 millones en el resto), mientras las 27 provincias restantes creaban +5,84 millones de empleos. Y en este siglo, entre 2000 y 2017, las 23 provincias vaciadas han creado sólo +227.000 empleos, frente a +2,45 millones creados por las 27 provincias restantes. Globalmente, entre 1950 y 2017, la España vaciada ha perdido -344.000 empleos, mientras el resto del país ganaba +10,7 millones de empleos, según el estudio de FUNCAS. La mayor pérdida de empleo (+40%) la han sufrido Zamora, Orense, Soria, Teruel y Cuenca, seguidas (pérdida entre +30 y +40%) de Ávila, Lugo y Cáceres, y a más distancia (+20/+30% de pérdida de empleo) León, Palencia y Jaén. Mientras, en estos 67 años, se mantuvo (o cayó poco) en Albacete, Burgos y Huesca y se creó empleo neto en Valladolid, Zaragoza o la Rioja.

Al final, con la pérdida de población, el menor crecimiento y la pérdida de empleo, el nivel de vida de la España vaciada ha ido por detrás del resto de España, aunque las ayudas europeas y del Estado, la política regional, las inversiones y los impuestos han compensado algo su retraso, con una mayor “convergencia” con el resto de España entre 1950 y 1980, un estancamiento entre 1980 y 2008 y un empeoramiento de la brecha con la anterior crisis. Con ello, si en 1950, toda la España vacía (salvo Zaragoza y la Rioja) tenía una renta (VAB per cápita) inferior a la media, en 2017 había 8 provincias vaciadas que tenían una renta superior o igual a la media (Huesca, Zaragoza, Burgos,  La Rioja, Teruel, Soria, Palencia y Valladolid), según el informe de FUNCAS. Eso sí, las 15 provincias”vaciadas” restantes están por debajo de la renta media y 11 están entre las 20 provincias con menor riqueza de España.

Ahora, ¿qué futuro tiene esta España vaciada? Quizás lo más innovador del informe de FUNCAS es que analiza su diferente potencial, teniendo en cuenta 10 variables demográficas y económicas. Y así, hacen 3 grupos. Uno con la España vacía que decrece, 11 provincias que tienen un serio problema demográfico que dificulta su desarrollo económico (a pesar de tener una base industrial aceptable y un paro bajo): 7 de las 9 provincias de Castilla y León (todas salvo Valladolid y Burgos), Lugo y Orense, Cuenca y Teruel. Otro, la España vacía estancada, 6 provincias donde el problema no es tanto demográfico (han perdido menos población) como económico (provincias agrarias con bajo peso de la industria y mucho paro): Cáceres, Badajoz, Albacete, Ciudad Real, Córdoba y Jaén. Y las 6 provincias restantes conforman la España vacía que remonta, porque tienen una mejor situación económica que demográfica: Valladolid, Burgos, Guadalajara, La Rioja, Zaragoza y Huesca.

Tras este estudio, la primera medida debería ser concentrar los esfuerzos y las ayudas en mejorar la situación de las 11 provincias de la España vacía que decrece, así como en las 6 provincias de la España vacía estancada, sin olvidar a las 6 restantes, para que sigan remontando. Pero de momento, hay más Planes y palabras que hechos. Ya en enero de 2017, la primera Conferencia de Presidentes autonómicos con Rajoy decidió tomar medidas. Y en marzo de 2019, el Gobierno Sánchez aprobó una primera Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, con 7 objetivos y 80 medidas, que volvieron a refundirse en un Plan de choque contra la despoblación, presentado en la Rioja en febrero de 2020, 30 medidas sin mucha concreción. Hasta que vino la pandemia y los Fondos europeos, con lo que la despoblación pasó a ser el punto 1 del Plan de recuperación presentado en octubre de 2020.

Pero la primera medida concreta no se toma hasta el 1 de diciembre de 2020, cuando el Consejo de Ministros aprueba el Plan para la conectividad y el impulso del 5G, una inversión de 4.320 millones en 5 años, que pretende ampliar a todo el país, en 2023, la cobertura de banda ancha de alta velocidad (que hoy llega al 75% del territorio). Una medida largamente pedida por la España vaciada, a la vez que se prorrogan a 2021 las ayudas de Red.es para instalar conexión a Internet vía satélite en los pueblos con menos de 5.000 habitantes. Y todo este dinero para mejorar la conectividad de la España vaciada se incluye en los Presupuestos 2021, a la espera de los Planes futuros para gastar en proyectos para la España vaciada parte de los 140.000 millones de los Fondos esperados de la UE.

Pero las soluciones a la España vaciada no son sólo llevarles Internet e inversiones en nuevas energías. Urge una revisión de las inversiones en infraestructuras, desde el tren a las carreteras, para que no sigan aislados. Y planificar una cartera de servicios públicos esenciales en zonas rurales, desde las urgencias y la atención sanitaria, a las escuelas, la formación profesional  y la enseñanza universitaria (también a distancia, con la UNED), el cuidado de los mayores y los servicios sociales. Y es muy importante impulsar una política de vivienda, con ayudas a la rehabilitación, para atraer población. Aunque, al final, lo que la atrae es que se instalen nuevos proyectos económicos (privados y públicos), lo que exige una política de incentivos fiscales y de suelo, reduciendo la burocracia. Y sobre todo, la España vaciada ha de estar presente en todo lo que haga Europa, el Gobierno y las autonomías, lo que exigiría definir el mapa de zonas prioritarias y crear una Agencia de Desarrollo Territorial.

Tenemos una España vaciada, fruto de 70 años de cambios demográficos y económicos, que no se puede cambiar en una Legislatura ni sólo con los Fondos europeos: hacen falta décadas de cambios y ayudas, de una diferente política económica y empresarial, que tenga en cuenta la integración de los territorios. Pero necesitamos un punto de partida y ese puede ser la reconstrucción del país tras la pandemia, los Planes y reformas que se preparan con Fondos europeos. Y aquí, la clave es unir esfuerzos en la misma dirección, lo que exige un Pacto de Estado contra la despoblación, para remodelar el mapa de España en las próximas décadas. Reequilibrar el país con la vista puesta en 2050. Otro gran reto.

Reconstrucción: España depende de sí misma

Los contagios se han duplicado la última semana y Sanidad  habla de “una 2ª oleada” de la pandemia cuando no ha empezado agosto, el mes más peligroso. Y cada autonomía va “a su aire”, evitando confinamientos duros por su coste económico y político, mientras la atención primaria sanitaria no tiene medios ni rastreadores. La temporada turística y la incipiente recuperación peligran por los rebrotes, pero urge avanzar en la reconstrucción, tras la euforia (injustificada) por los Fondos europeos: no llegarán hasta dentro de un año y ahora sólo contamos con 14.000 millones (el 10%), que poco nos ayudarán. España depende de sí misma y de pactar unos Presupuestos 2021 que prioricen gastos y recauden más, subiendo algunos impuestos. Y urgen reformas en la contratación (25% de empleos son temporales) y las pensiones, no porque lo exija Europa sino para sobrevivir. Hay que modernizar la economía, invertir en sectores con futuro y dejar de ser un país de servicios. Ser menos vulnerables en la próxima crisis.

enrique ortega

El coronavirus cumple esta semana los 7 meses de vida oficial (31 de julio) y sigue con más fuerza cada día, marcando nuevos récords de contagios en el mundo: 282.700 nuevos contagiados el jueves 23 de julio, tras 280.600 contagiados el miércoles 22. Son 25 veces los contagios que había el 14 de marzo (11.100 diarios). Hoy se contabilizan ya 16.262.481 contagiados en 188 paises, según los datos de la Universidad Jhons Hopkins.

El epicentro de la pandemia sigue en América, tanto en Estados Unidos (4.234.020 contagiados) como en Latinoamérica (que ha superado también los 4 millones de contagiados), destacando Brasil (2.419.091 contagiados), México (390.516), Perú (375.961), Chile (345.790), Colombia (248.976), Argentina (162.526), Ecuador (80.694) y Bolivia (69.429). Y crece cada día en Asia y Oriente Medio, sobre todo en India (1.435.616 contagiados), Irán (291.172), Pakistán (274.289), Arabia Saudí (266.941), Turquía (226.100), Bangladesh (223.453), Iraq (110.032), Qatar (109.305) e Indonesia (98.778 contagiados). Y sigue propagándose por África (850.000 contagios), especialmente en Sudáfrica (445.433 contagiados) y Egipto (92.062). En Europa hay nuevos rebrotes y rondan los 3 millones de contagios (2.973.382), especialmente en Rusia (811.073 contagiados), Reino Unido (301.020), España (272.421), Italia (246.118), Francia (217.801) y Alemania (206.667).

Las muertes por coronavirus se han disparado en el mundo, multiplicándose por 120 desde el 14 de marzo (5.407 muertes) a hoy, cuando se contabilizan ya 648.937 muertes, casi la cuarta parte en Estados Unidos (146.935 muertes, ahora 1.078 diarias), seguido de Brasil (87.004 muertes, 1.367 diarias), Reino Unido (45.837), México (43.680). Italia (35.107), India (32.771 muertes, 1.129 diarias). Francia (30.195), España (28.432 muertes, frente a 136 fallecidos hasta el 14 de marzo), Perú (17.843), Irán (15.700), Rusia (13.249), Bélgica (9.821) y Alemania (9.124 fallecidos), según la Universidad Jhons Hopkins.

En España, se han vuelto a disparar los contagios la última semana: se han detectado +12.166 nuevos contagiados, el doble que la semana anterior (+6.346) y 4 veces los contagios de la primera semana de julio (+3.363), según los datos de Sanidad. El salto de contagios se ha dado día a día, de +685 nuevos el lunes a +730 el miércoles, +971 el jueves y +922 el viernes, último dato oficial de Sanidad (que no reporta los datos del fin de semana hasta la tarde del lunes). Hemos vuelto al nivel de contagios de principios de mayo, en pleno estado de alarma, con especial incidencia en Aragón (237 contagiados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, más que los 171 de Brasil), Cataluña (111 contagiados/100.000), Navarra (110/100.000) y País Vasco (50/100.000), todas por encima de la media española de contagios (38/100.000), la 2ª más alta de Europa, tras Rusia (51), lo que ha llevado a Francia a recomendar “vivamente” no viajar a Cataluña y al Reino Unido a imponer una cuarentena a los viajeros que lleguen de España .

Los nuevos contagios se han más que duplicado por la aparición de casi 300 rebrotes en 30 provincias, especialmente en Cataluña (+4.846 contagiados  la última semana), Aragón (+2.113 contagiados),  País Vasco (+813 casos), Madrid (+789), Andalucía (+597), Navarra (+518 casos) y Comunidad Valencia (+472 nuevos casos). Y aunque la mayoría afectan a gente joven y de mediana edad (la mayoría asintomáticos y que se curan en casa), también han aumentado los contagiados hospitalizados (de 237 semanales el lunes a 327 el viernes, sobre todo en Aragón, Madrid y Cataluña), aunque se estabilizan los ingresos semanales en UCIs (15 el lunes, 11 el miércoles y 14 el viernes). Y también se estabilizan las muertes: 12 más en la última semana, con un total de 28.432 fallecidos oficiales por COVID 19.

Sanidad ha reconocido que podemos estar ante “una 2ª oleada de la pandemia”, ya que en muchos focos hay “transmisión comunitaria”, no controlada, provocada por reuniones de familiares y amigos, ocio nocturno ligado a los jóvenes y algunos casos de temporeros. El problema es que cada autonomía ha reaccionado “a su aire” ante los rebrotes, con medidas (suavizadas) de recorte de actividades y confinamientos muy “light”, que apenas funcionan porque los ciudadanos no los toman en serio. En muchos casos, las autonomías y Ayuntamientos se sienten “presionados” por la hostelería y el turismo (otra vez el viejo dilema de “la bolsa o la vida”) y por tomar medidas “impopulares”. Y también hay una “carrera de imagen”: Galicia implantará esta semana un “control” a los visitantes de otras autonomías (tendrán que informar en los hoteles de donde proceden) mientras Madrid se resiste (con Canarias) a implantar la mascarilla obligatoria para no asustar a los visitantes.

El problema de fondo es que tenemos un virus único que no distingue de pueblos ni autonomías y 17 políticas distintas para combatirlo (¿se imaginan si hubiéramos hecho esto de marzo a junio?). Y que ahora, la primera línea de esta guerra no está en los hospitales y las UCIs sino en los centros de salud, en la atención primaria, que es el eslabón más débil de nuestro sistema sanitario, falto de medios y personal tras años de recortes, que no se han compensado en estos meses a pesar de lo que se diga. Unos centros de salud que están ya saturados (por los rebrotes y las vacaciones del personal, a los que se ha obligado a tomarlas en previsión de una oleada de contagios en otoño). Y que podrían estar peor en agosto, si los españoles y turistas aumentan en zonas de costa y hay más rebrotes.

Los Centros de salud (colapsados) son claves para las dos tareas que hay que realizar frente a los rebrotes: detectar los contagios, aislarlos y multiplicar las pruebas PCR a sus contactos. En España se han multiplicado los test PCR (4.347.022 hechos a 23 de julio, 1,1 millones más que hace un mes), pero son todavía pocos y estamos a la cola de Europa en test PCR por caso detectado: 38 en España frente a 169 de media en Europa, 218 en Italia, 203 en Alemania, 174 en Holanda o 91 en Francia, según la Universidad de Oxford. Y eso, porque no sólo hay que tener test y reactivos, sino personal para hacer las pruebas y laboratorios para analizarlas. En cuanto a los rastreadores, harían falta el doble o el triple, según los expertos,  sobre todo en 12 autonomías que tienen menos de 1 rastreador por 5.000 habitantes: sólo se salvan Andalucía (5 rastreadores por cada 5.000 habitantes), Castilla la Mancha y Comunidad Valenciana (1 rastreados por cada 5.000 habitantes). Los mayores déficits de rastreadores se dan en Cataluña (había 220), Madrid (142) y Aragón (105 rastreadores).

La pandemia se ha descontrolado en sólo un mes de “nueva normalidad” y ahora, en agosto, podrían dispararse los rebrotes, al multiplicarse la movilidad de los españoles que cogen vacaciones más la llegada de nuevos turistas extranjeros (la patronal Exceltur espera 4,1 millones en agosto), lo que hace temer nuevos rebrotes en zonas turísticas, hasta ahora poco afectadas por los nuevos contagios y sin medios en los Centros de salud locales. De confirmarse esta  “2ª oleada de la pandemia”, supondría no sólo un peligro sanitario sino que interrumpiría la actividad económica y turística. De hecho, la cuarentena británica y el aviso francés (más los "avisos" de Alemania, Bélgica y Noruega sobre España) son "la puntilla" para un verano desastroso para el turismo. Y además, un rebrote generalizado y nuevas medidas de confinamiento agravarían la recesión y dificultarían más la recuperación. Por eso hay que evitarlo como sea, con medidas públicas más drásticas y más conciencia ciudadana (sobre todo los jóvenes).

Mientras media España se coge las vacaciones más raras de su vida, el Gobierno trabaja para tener listo a finales de septiembre el Presupuesto 2021, que debe ser el motor de la reconstrucción económica y social del país. Y por mucha euforia y “propaganda” con el éxito de la última Cumbre Europea (ojo: se ha aprobado un Fondo de 750.000 millones en 4 años, frente a los 1,5 billones que pedían inicialmente España e Italia y los 2 billones que propuso el Parlamento europeo), España tendrá que salir del agujero básicamente por sus propios medios. Y eso, porque el dinero europeo (ojo, de los 140.000 millones para España, 66.900 son créditos que habrá que devolver a partir de 2027) no llegará a España hasta dentro de un año, según ha confirmado el Comisario europeo Gentiloni. Y sólo podremos disponer ahora del 10%, o sea de 14.000 millones  (7.200 en ayudas a fondo perdido), cuando la factura extra que tiene España por el coronavirus superará los 100.000 millones.

La primera decisión que tiene que tomar el Gobierno español es qué déficit le propone a Bruselas para 2021. Este año 2020, el déficit estimado por la Comisión Europea para España era en mayo del -10,1% del PIB, lo que traducido supone un “agujero” en las cuentas públicas de -112.000 millones (frente a -32.879 en 2019). Pero hoy, la Autoridad Fiscal independiente (AIReF) sube este déficit fiscal, entre el -11,9% (-132.041 millones) y -14,4% si hay rebrotes (-159.780 millones). Pongamos un punto medio, un agujero fiscal de -145.000 millones de euros, que habrá que “tapar” con deuda (+110.000 millones sobre la prevista inicialmente). Ahora, el debate es ¿Qué déficit estimamos para 2021? Podemos ofrecer a Bruselas bajarlo algo, al 10% del PIB (-117.616 millones), muy difícil, porque obligaría a ajustes que pondrían en peligro la recuperación necesaria de la economía en 2021, o intentar mantenerlo en el 12% con que podría acabar el año, lo que sería un déficit de -140.000 millones para 2021. Tremendo, pero bajarlo más con una economía débil podría llevar a asfixiar la ansiada recuperación.

Así que lo primero será que Nadia Calviño negocie con Bruselas ese déficit  “permitido” para 2021, entre el 12 y el 10% del PIB (menos saben los europeos que es imposible). Y una vez negociado, hay que hacer dos cuentas: cuánto es lo mínimo que necesitamos gastar y de dónde lo sacamos, cómo podemos ingresarlo. Y aquí está lo difícil de los Presupuestos. Primero, en priorizar el gasto. Porque en 2019, sin coronavirus, el gasto presupuestario fue de 492,812 millones, el 41,9% del PIB, un gasto muy inferior al del resto de Europa (46,7% del PIB). Ahora, con las ayudas que hacen falta a empresas, parados y familias, más las inversiones necesarias para la reconstrucción, habría que gastar al menos 100.000 millones más, en torno a 600.000 millones. Pero si gastamos eso, habría que recaudar 460.000 millones para que el déficit no sea más de -140.000 millones (“si nos dejan” el 12%).

Y aquí está el 2º gran problema, tras el gasto: cómo ingresamos esos 460.000 millones, que es justo lo ingresado en 2019, un año sin recesión. Una recaudación difícil de repetir, con las empresas, los sueldos y el consumo muy “tocados”. Y con un PIB menor en 2021 (1.176.163 millones) que en 2019 (1.245.331), el esfuerzo para recaudar los mismos 460.000 millones  tendrá que ser mayor. Así que sólo hay dos opciones: o se mejora la recaudación, subiendo algunos impuestos, o se gasta menos, en ayudas o inversiones para la reconstrucción. Y sabiendo que el dinero de Europa llegará, pero tarde (entre 2021 y 2023) y sólo la mitad será de ayudas, pero muy dirigidas a inversiones en medio ambiente, digitalización y formación, no para muchas otras cosas que necesitamos.

Así que, les guste o no al PP y a Ciudadanos, no queda otra opción que subir algunos impuestos para pagar la reconstrucción, como han propuesto la Comisión Europea, el Banco de España y muchos expertos. Bruselas lleva años diciéndonos que recaudamos menos en todo (88.000 millones menos cada año que la media UE-27, según los últimos datos de Eurostat), sobre todo en IRPF, IVA e impuestos verdes. El Banco de España ha propuesto subir el IVA, sociedades y los impuestos medioambientales. FEDEA ha propuesto un recargo temporal en el IRPF (recargo COVID), como el que impuso Rajoy en 2012. Y la AIReF recuerda que se pierden 60.000 millones anuales de recaudación por beneficios fiscales, con lo que se podrían ingresar 35.000 millones más subiendo los tipos reducidos del IVA y suprimiendo exenciones no justificadas en el IRPF y sociedades.

Algo habrá que hacer para cuadrar las cuentas. Lo ideal sería pactar esos Presupuestos 2021, para que los gastos e ingresos sean respaldados por la mayoría, la mejor baza para que los apruebe Bruselas. No será fácil, pero sin un pacto de Presupuestos no hay reconstrucción (ni Gobierno). Y en paralelo, habría que pactar las reformas necesarias para modernizar la economía, al margen de esos 5 Pactos de Estado propuestos por la Comisión de Reconstrucción: pacto por la Sanidad, la Industria, la igualdad de género, la Ciencia y la Cultura. Sobre todo dos, no porque nos lo pida Europa, sino porque son las 2 reformas más urgentes: la reforma de la contratación (es insostenible que un 25% de los contratos sean temporales, lo que nos hace muy vulnerables) y la reforma de las pensiones (porque si no, las cuentas públicas no se pueden ajustar a medio plazo).

Además, habrá que modernizar la economía española, hacerla más eficiente, con empresas más grandes y más peso de la industria, la tecnología y la digitalización, para aumentar la baja productividad del país. Eso pasa por cambiar el modelo productivo, dejar de ser un país de bares, hoteles y tiendas que nos ha hecho tan vulnerables en esta pandemia, como en la crisis de 2008. Conseguir un cambio radical en nuestra economía, para que cree más empleo estable y dejemos de tener el doble de paro que Europa y menos renta. Esto no se hace de un día para otro, harán falta una o dos décadas. Podría ser lo único positivo que saquemos de esta pandemia: una catarsis de la economía para ser menos vulnerables en la próxima crisis. Para conseguirlo, necesitamos dinero, tiempo y remar todos en la misma dirección. A ello. Pero sin olvidar al “bicho”. ¡Cuidado¡