Plan de choque contra los costes de la guerra

Ha tardado demasiado, pero el Gobierno ha aprobado ayudas para compensar a familias y empresas de la subida extra de la energía por la invasión de Ucrania, con la inflación en el 9,8%. Y como Europa no aprobó ayudas para los 27 (como con la COVID), España tendrá que pagar sola su coste: 6.000 millones de euros. Destacan la bajada de 20 céntimos a los carburantes, mantener la rebaja de impuestos a la luz y ayudas directas al campo, la pesca, el transporte y algunas industrias. No hay más bajadas de impuestos, como exige el PP, porque los expertos (OCDE, Banco de España) creen que “alimentarían” la inflación, además de ser socialmente injustas (beneficiarían más a los que más tienen). Ahora, la clave es poner tope al precio del gas, para que el precio mayorista de la luz baje a 100 euros/MWh (hoy está a 240). No será hasta mayo, si Bruselas lo autoriza. Mientras, los precios seguirán subiendo hasta que acabe la guerra.

Enrique Ortega

El Gobierno esperó a la Cumbre europea del 24 y 25 de marzo para perfilar el Plan de ayudas contra los efectos de la guerra de Ucrania, porque esperaba que los dirigentes europeos aprobaran ayudas globales para los 27, como pasó con la COVID. Pero Holanda, Alemania y los paises ricos del norte ni se lo plantearon, porque tendrían que pagar la mayor parte de un nuevo Fondo de ayudas. Y decidieron que cada país haría frente a sus costes, con más ayudas los más ricos (Alemania ha presentado un primer paquete de 15.000 millones de ayudas). Eso sí, como excepción, aceptaron a regañadientes que España y Portugal (dos “islas energéticas”, que sólo importan el 2,8% de la luz) pongan un tope al precio del gas para intentar rebajar el precio mayorista de la electricidad.

Con este balance del Consejo Europeo, Sánchez volvió sabiendo que España estaba “sola”, sin ayudas externas frente a los costes económicos de la guerra. Y sabiendo también que el Presupuesto “no es de chicle” y que lleva más de 2 años con un gasto público elevado (y un déficit) para pagar los costes de la COVID y las ayudas aprobadas en 2020, 2021 y 2022, a familias y empresas. Así que echó cuentas y Hacienda le dejó claro que el tope de ayudas públicas “asumible” estaba en 6.000 millones de euros. A partir de ahí, se trataba de ver cómo repartirlo, porque los expertos y la OCDE recomendaban no ayudar de forma indiscriminada sino “concentrar” las ayudas en las familias y empresas más vulnerables: es más eficaz y no “alimenta” tanto la inflación como bajadas generalizadas de impuestos.

El problema eran los carburantes: no se podían bajar en función de la renta de cada español. Era descartable que hubiera que ir a echar gasolina con la declaración de la renta en la mano, lo que hubiera colapsado las gasolineras. Así que no quedaba más remedio que “hacer una bajada para todos”: 20 céntimos por litro, buscando además que de esa rebaja, las petroleras/gasolineras financiaran 5 céntimos, con lo que el coste de la rebaja (los 15 céntimos que paga el Estado) será de 1.423 millones de euros. La rebaja de esos 20 céntimos en todos los carburantes comienza el viernes 1 de abril y las gasolineras nos darán un ticket con el precio y el descuento, que ellos adelantan y luego les devuelve Hacienda cada mes (en un tercio de gasolineras, las que facturan menos de 750 millones anuales, los 20 céntimos de rebaja corren totalmente a cargo del Estado). Ojo: estos días, algunas gasolineras han subido 10 céntimos el carburante, para no pagar luego parte del descuento.

La otra ayuda “generalizada”, para los 29 millones de españoles que tienen un contrato de luz y para el 72,5% de las empresas y negocios, es mantener la rebaja de impuestos a la electricidad que ya aprobó el Gobierno en junio de 2021, para intentar frenar la subida del recibo: se mantiene la rebaja del IVA (del 21 al 10%), la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad (al 0,5% , el mínimo que permite Bruselas) y se suprime el impuesto sobre la generación de electricidad (un 7%, que pagan las eléctricas pero que nos repercuten después), tres rebajas de impuestos que se mantienen hasta finales de junio y que cuestan otros 1.573 millones de euros. Además, se mantiene que los consumidores de gas natural no podrán tener una subida mayor del 5% en el próximo trimestre. Y se limita un 2% la revalorización de los alquileres hasta finales de junio.

El resto de las ayudas ya son “selectivas”, dirigidas a los colectivos y empresas más vulnerables. Empezando por el “bono social eléctrico”, que permite descuentos en el recibo de la luz del 60 al 70%: se mantiene para los que ya lo tenían y se amplía a otros 600.000 familias más, al incluir a los beneficiarios del ingreso mínimo vital (IMV) y subir el umbral de ingresos para tener derecho (ahora, ganar menos de 16.000 euros anuales los solteros y menos de 20.265 euros las familias con dos hijos). Con esta ampliación (que cuesta otros 228 millones de euros), los beneficiarios del bono social eléctrico serán 1,9 millones de hogares.

Otra ayuda selectiva es la que aumenta un 15% lo que reciben las 360.000 familias que cobran el ingreso mínimo vital (IMV). Ahora les suben 73,74 euros al mes a los que perciben la ayuda mínima (que queda en 565,28 euros) y 162,24 euros a los que reciben la ayuda máxima (1.243,86 euros).

Un segundo bloque de ayudas va dirigido a los sectores y empresas que más están sufriendo el aumento de costes por la invasión de Ucrania. Las mayores ayudas son para el sector transportes, con un coste para el Estado de 1.050 millones de euros. Además de la rebaja general del carburante de 20 céntimos por litro (ahorrarán unos 700 euros al mes por camión), se añaden ayudas directas (450 millones), que serán distintas según el vehículo (1.250 euros por camión, 900 por autobús, 500 por furgonetas o ambulancias y 300 por taxi o VTC), más ayudas para abandonar la profesión, devolución mensual del gasóleo profesional y la promesa de aprobar antes de finales de julio una Ley para que no trabajen por debajo de costes.

Otras ayudas importantes (cuestan 488,6 millones) van dirigidas a industrias que consumen mucha electricidad y mucho gas (1.600 empresas), como las del cemento, siderurgia, aluminio, papel, cartón, vidrio y cerámica. De distintas maneras, se les rebaja la factura de la luz y se les compensa el coste de las emisiones de CO2. Otras ayudas directas se conceden al sector agrario (192 millones para agricultores y ganaderos y 169 para el sector lácteo) y pesquero (68 millones), eximiendo además a los agricultores de la obligación de dejar en “barbecho” (sin cultivar) un 5% de sus tierras: ahora se podrán destinar 2,76 millones de hectáreas más a plantar cereales y leguminosas, para que esta mayor producción compense sus mayores costes y el alza de algunos alimentos. Además, se exime a los agricultores del canon del agua y a los pescadores de las tasas portuarias.

Además de estas ayudas directas (a fondo perdido) a las empresas y sectores más vulnerables, el Plan de choque incluye 1.000 millones de euros de créditos ICO, como los que se concedieron por el COVID, a muy bajo interés y con un año (o dos) de carencia (se pagan solo intereses, no el principal). Podrán solicitarlos las empresas afectadas por el aumento de costes derivado de la guerra de Ucrania y aquí el coste para el Estado es bajo, porque sólo tendrá que asumir los avales de los que no paguen (muy pocos). Además, como llueve sobre mojado, el Plan amplía los plazos de devolución de los que ya tenían créditos ICO y ahora tengan más complicado pagar intereses o devolverlos.

A cambio de estas ayudas directas o créditos, el Plan “prohíbe” que las empresas beneficiarias despidan personal, al menos hasta finales de junio, dándoles la posibilidad de aprobar un ERTE (como durante el COVID) si necesitan reducir horarios o personal. Pero no pueden despedir si han recibido dinero público para salir adelante, como ha justificado la ministra de Trabajo, una medida que critica el presidente de la patronal CEOE.

El último bloque del Plan de choque incluye medidas para intentar abaratar el recibo de la luz, medidas que tardarán en surtir efecto. La primera y más efectiva, será el cambio en el sistema de retribución a las renovables: hasta ahora, se les liquidaba las ayudas cada 3 años y ahora se hará anualmente. Y como han recibido más ayudas de las pactadas, el Estado podrá recuperar 1.800 millones que va a destinar a bajar un 55% los costes fijos del recibo de la luz. Resultado: sólo por eso, el recibo bajará 6 euros al mes. Otra medida importante es que el Gobierno vuelve a poner un impuesto a las eléctricas para que paguen lo que cobran de más por el precio disparado del gas, los llamados “beneficios caídos del cielo”. Esta medida ya se aprobó en octubre pasado, pero tuvo que rehacerla 2 veces y al final quedó en el aire, por falta de cobertura legal. Ahora, tras haber avalado esta medida el último Consejo Europeo, el Gobierno volverá a aplicarla, aunque no en el mercado mayorista, sino en los contratos a plazo bilaterales e intragrupo: cuando una eléctrica firme un nuevo contrato (a partir del Plan) con un gran cliente, no podrá repercutirle más de 67 euros por MWh de gas que utilice. Si repercute un mayor precio, Hacienda se cobrará la diferencia vía impuestos.

Queda pendiente el gran problema: poner un tope similar al precio del gas que se utiliza para fijar el precio de la luz en el mercado mayorista, para los consumidores de a pie. El Consejo Europeo aprobó la excepción para España y Portugal (no quiere hacerlo a nivel europeo porque tendría que “compensar” a las eléctricas y no quieren pagar más), pero ahora hay que concretarlo. Esta semana, España y Portugal enviarán a Bruselas su propuesta conjunta, que pasa por poner un tope al precio del gas, que sólo aporta el 15% de la electricidad producida pero pone el precio a toda la luz (también a la que se produce con energía hidroeléctrica, nuclear, carbón o renovables, mucho más baratas), con lo que pagamos toda la luz al precio del gas. El Gobierno no quiere desvelar el precio tope al gas que pide (“el más bajo posible”) y que tendrá que negociar con la Comisión Europea, pero podría ser inferior a 50 euros (el precio medio en 2021, tras ser 20 euros la media en 2020), sobre 35 euros/MWh. Eso permitiría bajar sensiblemente el precio de la luz en el mercado mayorista, hasta los 120 euros/MWH, la mitad del precio que tiene para hoy jueves (239,37 euros/MWh).

Pero esta rebaja en el precio mayorista de la luz (que supone el 50% del recibo, el resto son costes regulados e impuestos) tardará en notarse en el recibo, ya que la Comisión Europea retrasará 3 o 4 semanas su decisión final, que luego tendrá que plasmar el Gobierno español en un decreto. Y ahí tendrá que decidir cómo se compensa a las empresas por el tope al gas, aunque el Gobierno ha dicho que se financiará “con cargo al sistema”, no con más ayudas públicas o con nuestro recibo. Habrá que verlo. Pero en cualquier caso, no estará listo hasta mayo y lo notaríamos en el recibo que llegue a primeros de junio. Primero, los 11 millones de consumidores que tienen la tarifa regulada (tarifa PVPC). Y más tarde, cuando les toque renovar su contrato, los 18 millones de clientes con “precio libre”, que han aumentado en el último año por la campaña de las eléctricas para trasvasar clientes al mercado “libre” (+1,2 millones en 2021).

Bueno, hasta aquí el detalle del Plan de choque contra la inflación extra provocada por la invasión de Ucrania. Ahora, el Gobierno tiene que convalidar el decreto en el Congreso, en un mes, para lo que busca el mayor apoyo posible. El nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijoo se “estrena” con esta decisión (y con la entrada de VOX en el gobierno de Castilla y León) y se debate en un dilema: apoyar o abstenerse, justificando su futura decisión en que el Gobierno debe “bajar impuestos”, que es lo que Sánchez prometió en la Cumbre de presidentes autonómicos de la Palma. Hay que decir, primero, que ha bajado los impuestos a la luz y la rebaja de carburantes es como bajar impuestos. Pero sobre todo, que tanto la OCDE como el Banco de España han reiterado que es mejor apostar por ayudas dirigidas a las familias y sectores vulnerables que bajar impuestos generalizadamente. Primero, porque esa rebaja es socialmente injusta: beneficia más a los que más tienen. Y segundo, porque una bajada masiva de impuestos aumentaría aún más la inflación.

Pero hay otra razón, que apenas se esgrime: España no se puede permitir el lujo de bajar impuestos. El rechazo no es por razones ideológicas, sino prácticas: España recauda mucho menos que el resto de Europa (88.000 millones menos cada año que la media UE, según Eurostat) y sin embargo tiene que paliar una crisis mayor, primero por la COVID (el PIB cayó un -10,8%, frente al -5,9% en la UE-27) y ahora por la invasión de Ucrania, con mucho menos “músculo fiscal”, porque el déficit público ha crecido al -6,9% (frente al -3,7% de la UE-27). Por eso es mucho más arriesgado bajar los impuestos en España: no nos llega como para pagar lo que necesitamos y recortar el déficit. Como para tener menos ingresos. Esta es la realidad de las cifras, que ni PP ni Ciudadanos quieren ver con su ideología. Lo que habría que hacer, cuando se pueda (no ahora) es subir impuestos (ojo, a los que pagan poco), para recaudar como el resto de europeos y salvar el Estado del Bienestar.

De momento, lo que estamos haciendo es gastando impuestos y endeudándonos, para salir del doble bache de la COVID y la guerra de Ucrania, con ayudas moderadas (las que podemos) y concentradas en las familias y empresas que más lo necesitan. Ahora, la clave está en lo que dure la guerra: si no hay un alto el fuego y se enquista, los precios seguirán subiendo imparables y estas medidas del Plan de choque serán insuficientes. Y habrá que pensar en más ayudas, porque además de la inflación nos caerá encima un pinchazo en el crecimiento y el empleo, se pondrá en peligro la recuperación, en Europa y en España. Y eso limitará aún más la recaudación y disparará las necesidades. Por eso, y por lo que está sufriendo el pueblo de Ucrania, necesitamos que se acabe la guerra. Cuanto antes.  

 

Un mes de guerra conmociona a España

Hoy es el día 33 de la invasión de Ucrania y las consecuencias son devastadoras. Sobre todo para Ucrania: miles de muertos, 4 millones de refugiados, ciudades destruidas y asediadas. También para Europa, donde las subidas de la luz, carburantes, alimentos y materias primas destrozan las economías de familias y empresas. En España, la protesta de los camioneros ha provocado desabastecimientos y agravado la crisis del campo, la pesca y múltiples empresas, causando una  tremenda conmoción social. Ante esta nueva crisis, la Cumbre Europea no ha reaccionado como ante el COVID: en vez de limitar la subida de la luz, bajar impuestos a los carburantes y aprobar un Fondo con nuevas ayudas, se opta porque cada país “se busque la vida”. No quieren intervenir en los “sacrosantos mercados”. Ahora, nuestro Gobierno tendrá que decidir mañana cuánto “musculo fiscal” tiene para ayudar (menos que Alemania o Francia) a familias, sectores y empresas, todos pendientes de “papá Estado”. Pero los recursos son limitados, mientras muchos quieren bajar impuestos.

Enrique Ortega

La peor secuela de la invasión de Putin se la ha llevado claramente Ucrania, que tiene medio país devastado, miles de muertos, 4 millones de exiliados forzosos, 16 millones de desplazados internos y muchas ciudades asediadas y medio destruidas. Frente a este drama humano, el resto de Europa sufrimos la guerra de otra manera, en nuestros bolsillos. Tras un mes de conflicto, la principal consecuencia para los europeos es que se ha disparado aún más el coste de la energía, que ya era muy cara antes. Veamos algunos datos. El petróleo ha subido un +22,7% adicional desde el día antes de la invasión (de 97,89 dólares por barril el 23-F a 120.11 dólares el viernes 25 de marzo). Y con este alza, mayor en la primera semana del conflicto, los carburantes (que ya estaban en máximos antes) han seguido subiendo: un +14% la gasolina (1,81 euros de media) y un +21,5% el gasóleo (que roza los 1,80 euros de media), que ya cuesta más que las gasolinas en media Europa. Lo que más ha subido con la guerra de Ucrania es el gas, un +31,6% adicional (de 88,89 euros/KWh el 23F a 117 el 25 de marzo), lo que sigue encareciendo la luz: ha subido un +34,7% adicional en este mes de guerra, de 195,86 euros/KWh a 263,85 euros el viernes 25.

Los consumidores hemos visto con preocupación esta fuerte subida de la luz y los carburantes, a las que se han sumado las subidas de los alimentos y muchos artículos y productos industriales, porque junto a la energía han subido en el último mes muchas materias primas: cereales (+90% trigo, +42 % maíz), aceites, fertilizantes (+78%) y metales (+65% el níquel, +38% el paladio y +19% el aluminio), sin olvidar la subida de los fletes y transportes, que encarecen todo el comercio. Y las empresas que han podido, han repercutido estos mayores costes en subidas de precios a los consumidores, lo que subirá el IPC de marzo a cerca del 10% (la inflación ya estaba en un histórico 7,4% antes de la guerra).

El Gobierno español, como el resto de gobiernos europeos, se planteaba qué hacer para paliar los efectos de estas subidas en familias y empresas. Tenía, básicamente, dos opciones: bajar impuestos a la energía y dar ayudas generalizadas o concentrar las ayudas a las familias y sectores más vulnerables, para rebajar su factura y buscar una mayor equidad social. Porque bajar por igual los precios de la energía es socialmente injusto, ya que el precio de los carburantes y la luz no afectan por igual a alguien que gane 6.000 euros que a quien gane 600 euros. Por eso, muchos expertos y el último informe de la OCDE defienden que es mejor concentrar las ayudas en las familias y empresas más necesitadas.

Y además, hay otro debate por medio: el Gobierno español ya ha bajado los impuestos a la luz (en septiembre primero y una prorroga ahora hasta junio) y la factura sigue subiendo, porque está ligada al precio del gas, que sólo produce un 15% de la electricidad pero que marca el precio final de la electricidad en el mercado mayorista, aunque las demás fuentes de energía (hidráulica, nuclear, renovables), cuesten la quinta parte. Recuerden: es como si pagáramos la carne picada hecha con pollo, cerdo, vaca, ternera y chuletón al precio de chuletón… Por eso, la única opción de “abaratar la luz” no es bajar más los impuestos sino cambiar el sistema de fijación de precios, que es un sistema europeo. Y en cuanto a los carburantes, casi la mitad el precio son impuestos (43,4% en las gasolinas y 38,38% en los gasóleos), pero España es uno de los paises donde estos impuestos son más bajos (en la UE-27, las gasolinas pagan el 47,4% de impuestos), así que España tiene menos margen para bajarlos. Y no puede hacerlo tampoco sin autorización de la Comisión Europea.

 Así que el esquema del gobierno Sánchez era “esperar” a tomar medidas contra las subidas de la luz y los carburantes hasta ver qué conseguía en la Cumbre Europea de este 24 y 25 de marzo. Porque si conseguía que la UE modificara el sistema del mercado eléctrico, las ayudas serían menos costosas. Y en el caso de los carburantes, podría tener “luz verde” para subvencionar el precio, a todos o a algunos colectivos. Pero sobre todo, el Gobierno confiaba en que la Cumbre aprobara otro Fondo Europeo, como el Fondo de Recuperación frente al COVID, para ayudar a los paises a financiar las ayudas necesarias. O al menos, que se permitiera a los paises con más déficit, como España, que estas ayudas forzadas por la guerra de Ucrania, no contabilicen como gasto a la hora de computar el déficit.

En esas estábamos, retrasando las ayudas hasta después de la Cumbre Europea, cuando una Plataforma de camioneros ha puesto el país patas arriba, exigiendo ayudas ya. El parón de estos camioneros, iniciado el 14 de marzo, ha agravado la situación y ha provocado una conmoción nacional: se han interrumpido las líneas de suministro, los productos no han llegado al campo ni a las industrias y obras, que no han podido producir y fabricar, provocando un cierto desabastecimiento y un colapso de muchas empresas, obras y explotaciones agrícolas y ganaderas, agravando la subida de precios. Y el grave error del Gobierno, al minusvalorar la protesta, ha agravado la situación, forzándole a conceder con retraso unas mayores ayudas al transporte de las pensadas (1.050 millones: 20 céntimos por litro y 450 millones de ayudas directas por camión, furgoneta o taxi). El que protesta gana. Y encima, la Plataforma seguirá con los paros, porque ve las ayudas “insuficientes”.

Mientras, el resto de españoles que no hemos salido a la calle para protestar por la inflación, estamos a la espera de las medidas que apruebe el Gobierno este martes, tras el Consejo Europeo. Pero sepamos una cosa: España está bastante sola frente a la inflación, la de antes y las subidas desatadas por la guerra. Porque esta vez, Europa no ha respondido unida, como hizo frente al COVID. Y cada país aprobará sus ayudas, según su poder económico. De hecho, antes de cerrarse la Cumbre, Alemania ya anunció el viernes que concedería ayudas por 15.000 millones de euros. Y Francia menos, pero bastante. En el caso de España, cuyo déficit público ya se ha resentido mucho con el COVID, las ayudas serán las que se puedan dar (menores). Porque “papá Estado” no es como el chicle…

¿Qué ha pasado en la Cumbre Europea? Que Holanda, Alemania y los paises ricos del norte se han negado a la propuesta de España y el sur de Europa (más Francia) de poner un tope europeo al precio de la luz en el mercado mayorista (volver a los 180 euros/MWh, frente a los 263 del viernes), desligando su precio del gas, a cambio de compensar a las eléctricas. Una posición que defienden por dos razones: su ideología y su bolsillo (¿cuál pesa más?). Por ideología, porque son “liberales” (incluso los socialdemócratas alemanes) y defienden “no intervenir en el mercado” (acusan al presidente Sánchez de “intervencionista” y “Quijote”), no penalizar a los inversores y temen problemas de suministro si se hace. La otra razón, el bolsillo, es porque saben que si se pone un tope al precio del gas (para abaratar la luz), habrá que compensar a las compañías y temen que si la decisión es europea, haya que crear otro Fondo para pagar esa compensación. Y ellos, los ricos de la UE, pagarán más.

Así que han buscado otra salida: (ver las Conclusiones de la Cumbre UE): conceder una “excepción” a España y Portugal, para que pongan ellos un tope al precio del gas (y paguen ellos la compensación), justificando la decisión en que la Península Ibérica es “una isla eléctrica” (las interconexiones sólo suponen el 2,8% de la luz que se consume, mientras en centro Europa, la luz se exporta e importa con la agilidad que cruzan las mercancías). Y en paralelo, en lugar de crear otro Fondo Europeo contra esta nueva crisis (como el Fondo de Recuperación por la COVID), financiado en parte por eurobonos, se permite un mayor gasto (y endeudamiento) de los paises que lo necesiten para ayudar a sus consumidores y empresas. Y así, los paises más ricos del centro y norte de Europa se ahorran también pagar más de un nuevo Fondo. Eso sí, los que tengan más músculo y superávit fiscal (Alemania), podrán dar más ayudas contra la inflación.

Otra vez dos Europas frente a la nueva crisis desatada por la guerra de Ucrania. Eso sí, todos los paises van a sufrir un parón en sus economías, frenando la recuperación. Lo acaba de dejar bien claro este informe de la OCDE sobre las consecuencias del conflicto de Ucrania: la economía mundial crecerá un 1% menos (el 3,5% en vez del 4,5%) y la inflación aumentará un +2,47% (hasta el 6,7%), aumentando los déficits públicos y creciendo menos el empleo. Estados Unidos sufrirá menos esta crisis  (-0,8% de crecimiento y +1,36% de inflación) y las peores previsiones son para Europa: -1,4% crecerá la eurozona (el 2,9% en vez del 4,3% previsto antes) y +2,03% de subida extra de la inflación (hasta el 5,3%). La OCDE no hace previsiones para España, pero FUNCAS y otros expertos estiman que creceremos un 1% menos este año (+4,6%) y tendremos una inflación media del 5,8% (frente al 3,5% que auguraban antes de la guerra), lo que provocará una gran tensión en los salarios. Y lo que más les preocupa es que estos efectos negativos se agravarán si la guerra sigue, porque el conflicto y los altos precios ya están reduciendo el consumo de las familias y la actividad de las empresas, lo que se acabará traduciendo en menos crecimiento y menos empleo.

De momento, la guerra en Ucrania ha frenado la recuperación en Europa, con menos crecimiento y más gastos: la factura para la UE-27 superará los 175.000 millones de euros, según el asesor de Macron, sumando el coste de las ayudas a empresas y familias para aliviar el sobrecoste de la energía (50.000 millones), las medidas para aliviar la independencia energética (75.000 millones), el coste de la acogida a los refugiados ucranianos (30.000 millones) y los costes del mayor gasto en Defensa (los 20.000 millones restantes). Y la factura de la guerra y del “pinchazo” a la recuperación no se queda ahí: costará a Europa entre 1,5 y 2 billones de euros en los próximos 5 años, según Mario Draghi. El doble que el Plan Next Generation contra el COVID. Ahora, el gobierno europeo “esconde el ala”, pero tendrá que afrontar esta factura. Sobre todo si el conflicto ucraniano y la crisis se alargan.

Entre tanto, España vuelve a estar casi solo, como en la crisis de 2008, enfrentado a sus necesidades y con la limitación de sus cuentas públicas, con el hecho de que somos el país europeo que menos recauda (88.000 euros menos que la media UE-27). Así que ahora, tras el Consejo Europeo, el Gobierno tendrá que decidir cuánto gasta y como reparte las ayudas. En definitiva, quién paga esta crisis. Eso es lo que quiere reflejar en el Plan contra la guerra que va a aprobar este martes 29 de marzo. Repartir ayudas escasas no entre quien monte más bronca sino entre las familias y empresas que más lo necesiten. Un dilema difícil. Y más porque luego tendrá que pactarlo con los demás partidos, para sacar adelante las ayudas en el Congreso. Eso exige acuerdos y mucho realismo. Nos jugamos la supervivencia de muchas familias y empresas vulnerables, también la recuperación y el empleo. Acierten.

Ciencia: por fin una Ley con recursos "blindados"

La guerra de Ucrania, la inflación y las protestas sociales nos paralizan, pero hay que hablar también sobre otros temas importantes que siguen ahí. Como la Ciencia, que nos ha salvado con las vacunas en la pandemia, y que ha estado abandonada en España en la última década. En 2022, el Presupuesto en Ciencia se ha casi duplicado, pero todavía gastamos menos que en 2009. Por eso es muy importante la aprobación, en febrero, de la nueva Ley de la Ciencia, que se compromete a gastar un 3% del PIB en Ciencia para 2030, el doble que ahora, “blindando” los recursos al margen de quien gobierne. Y también son importantes los Fondos europeos, porque 1 de cada 6 euros van a la Ciencia. Ahora falta que la Ley se pacte en el Congreso y que se resuelvan los temas laborales de los investigadores, facilitando su vuelta a España y simplificando la burocracia. Apostar por la Ciencia es el mejor pasaporte para el futuro.

Enrique Ortega

La Ciencia es una de las grandes “asignaturas pendientes” de España en este siglo XXI, una de las claves para modernizar el país y ser más competitivos. En 2009, estábamos recortando distancias con el resto de Europa, pero la crisis y los drásticos recortes se cebaron en la Ciencia: el gasto se redujo en -21.728 millones entre 2010 y 2016, se han perdido investigadores (-5.000 entre 2009 y 2019) y hay menos empresas que investigan hoy que hace una década. El año 2021 fue el primero en que volvió a aumentar el presupuesto en Ciencia y todavía más en 2022, con 7.879 millones de gasto público en I+D+i, un 12% más que en 2020, pero todavía una cuarta parte menos del gasto público en Ciencia que España hizo en 2019 (10.360 millones). Así que llevamos ya 13 años de retraso…

Dentro del Presupuesto en Ciencia para 2022 (7.879 millones), algo menos de la mitad son subvenciones directas (3.411,85 millones), donde se ha hecho el mayor esfuerzo, ya que duplican las subvenciones en Ciencia que se dieron en 2017 (1.721 millones) y casi triplican las concedidas el peor año para la Ciencia (1.396 millones en subvenciones en 2013), siendo la cifra más alta de ayudas públicas a la investigación de la historia (el anterior máximo fueron los 2.575 millones de 2009). El problema es que del Presupuesto total para Ciencia (7.879 millones en 2022), más de la mitad siguen siendo créditos (4.467,70 millones), préstamos que se conceden para I+D+i, que son una manera de “inflar” el Presupuesto total, porque la mayoría de estos créditos (el 75%) no se piden ni gastan.

Así que tenemos mucho más dinero para la Ciencia en 2022, pero más de la mitad de ese dinero son créditos que las instituciones y Universidades no suelen pedir porque sus cuentas no les permiten endeudarse. Al final, el resultado es que gran parte del dinero público disponible para la Ciencia (que es menor al de 2009) no se gasta. Es lo que ha pasado en la última década: en 2009, se gastó el 81,6% de todo lo presupuestado, pero luego bajó drásticamente al 57,6% en 2011, al 38,22% en 2016, al 29, 7% en 2017 (se gastaron menos de 1 de cada 3 euros disponibles), el 51,3% en 2019 y el 52,1% en 2020, el último año del que ha publicado datos Hacienda, según este informe de COTEC.

En definitiva, que hay poco dinero público para la Ciencia y encima sólo se gasta la mitad. La causa es doble. Por un lado, no se gastan todas las subvenciones disponibles (la mitad del Presupuesto) porque los expedientes para conseguirlas son muy complejos, con excesivos trámites que retrasan su ejecución. Por otro, la razón básica es que desde 2012, con Rajoy, la mayor parte del Presupuesto total para Ciencia son créditos que hay que devolver (no subvenciones a fondo perdido) y ni las instituciones ni las Universidades están en situación de devolverlos, con lo que las tres cuartas partes de estos créditos no se piden. En resumen, se “inflan” los Presupuestos para parecer que gastamos en Ciencia, pero no.

Con todo, lo importante es que el Presupuesto en Ciencia (subvenciones y créditos) ha vuelto a subir en 2021 y 2022, tras estar congelado entre 2018 y 2020, por la forzada prórroga de los Presupuestos. Y que además, ahora contamos con una parte de los Fondos Europeos para impulsar a la Ciencia: de los casi 70.000 millones que aportará la UE al Plan de Recuperación, el 16,5% (11.550 millones) serán subvenciones directas (a fondo perdido) para impulsar la investigación, desarrollo, innovación y digitalización, la 2ª partida con más recursos europeos tras la educación y formación (17,6% de los recursos UE). Este dinero ya se incorporó a la Ciencia en el Presupuesto 2021 (España anticipó 1.100 millones europeos) y se notará más en 2022, con 5.418 millones de Fondos Europeos para Ciencia (casi todo, salvo 12 millones, subvenciones a fondo perdido), que se repartirán entre 28 programas ligados a 5 Ministerios (Ciencia, Asuntos Económicos, Universidades, Transportes e Industria y Comercio).

Así que este año 2022, la Ciencia contará en España con 13.298 millones para la Ciencia, entre subvenciones y créditos nacionales y fondos europeos. Una cifra nunca vista desde 2009 y que impone un doble reto: gastarla y gastarla bien. Para ayudar, el Gobierno ha aprobado por fin, el 18 de febrero, la esperada nueva Ley de la Ciencia, que reforma la Ley de 2011. Una Ley que tiene básicamente 2 patas: reducir la burocracia y facilitar el gasto en Ciencia y solventar los múltiples problemas laborales de los investigadores. Y lo más importante: incluye un compromiso, destinar el 3% del PIB español a la Ciencia para 2030, frente al 1,41% que se gastó en 2020. Duplicar el gasto total en Ciencia en esta década.

Este “compromiso” de gasto con la Ciencia, gobierne quien gobierne, es una vieja petición de los investigadores españoles, que han visto como cuando hay recortes se empieza por la Ciencia, alejándonos cada vez más del gasto en Europa, según los datos de Eurostat. El mejor año, 2009, el gasto total en Ciencia de España fue del 1,36% del PIB, frente al 1,97% del PIB en la UE-27 (una “brecha” del 0,61%). Y a partir de 2012, con los recortes, el porcentaje de gasto baja, más en España que en Europa (1,19% en España frente al  2,12% en la UE-27: la brecha crece al 0,93%). Y con la recuperación, el gasto en Ciencia sube más en el resto de Europa que en España, manteniendo la “brecha: 1,41% de gasto total en Ciencia en 2020 (último dato oficial) frente al 2,32% en la UE-27, una brecha del 0,91%.

La inversión total en Ciencia en España (1,41% del PIB) no sólo es mucho menor que la media europea (2,32%), sino que es la menor de los grandes paises del continente: 3,14% del PIB gasta Alemania, 2,35% Francia, 1,53% Italia, 3,53% Suecia, 3,48% Bélgica, 3,2% Austria, 2,94% Finlandia o 2,29% Paises Bajos. Pero incluso gastamos menos en Ciencia (comparativamente) que paises económicamente menos desarrollados de Europa, como Eslovenía (2,15%), República Checa (1,99%), Estonia (1,79%), Hungría (1,61%), Portugal (1,62%) y hasta Grecia (gasta 1,49% de su PIB en Ciencia), según Eurostat.

En 2020, el último año con datos publicados, el gasto total  (público y privado) de España en Ciencia fue de 15.768 millones de euros (el 1,41% del PIB), poco más que los 14.581 millones gastados en 2009 (descontando la inflación, el gasto en Ciencia ha caído un -6,3%), según el INE.. Más de la mitad del gasto en Ciencia lo hacen en España las empresas privadas (8.813 millones en 2020), cuyo gasto ha aumentado algo en la última década (gastaban 7.567 millones en 2019). Pero se ha estancado el gasto público (6.954 millones en 2020 frente a 6.985 en 2009), porque lo ha hecho el gasto en Ciencia que hacen el sector público (2.753 millones) y las Universidades (4.202 millones de gasto en investigación en 2020).

Otro problema añadido a que gastemos poco en Ciencia es que lo gastamos de forma muy desigual. Primero, por autonomías. Las tres cuartas partes de todo el gasto (15.768 millones en 2020) se reparte entre sólo 5 autonomías: Madrid (27% del total), Cataluña (23%), Andalucía (10,3%), País Vasco (9,3%) y Comunidad Valenciana (7,8%). Y si tenemos en cuanta la población, la disparidad es enorme: el País Vasco gasta en Ciencia 674 euros por habitante (el doble que la media española: 328,6 euros por persona), Madrid gasta  607,2 y Cataluña 469 euros, mientras Canarias gasta 98 euros por habitante, Extremadura 131 y Andalucía 181 euros por habitante, según COTEC. Y todavía, en 2020, hay 9 autonomías que no han recuperado el gasto en Ciencia de 2009 ni otras 7 regiones el empleo de sus investigadores: La Rioja, Cantabria, Extremadura, Asturias, Canarias, Aragón, Andalucía, Navarra y Castilla la Mancha. La mayoría, en el pelotón de las más pobres.

Además, el gasto en Ciencia es muy desigual por sectores: hay 13 sectores de los 33 existentes que ya han recuperado la inversión en Ciencia de 2008, en especial el automóvil (gasta +102,7%), transporte (+62,6%), energía y agua (+28,8%) y farmacia (+19,6%). Mientras los 22 sectores restantes todavía gastan menos en investigación que en 2008, sobre todo construcción (-62,6%), minería (-58,4%) textil y calzado (-49,3%) y muebles (-47,2%), según COTEC. Y también hay mucha desigualdad de gasto según el tamaño de las empresas: han subido un 1% las grandes empresas que investigan pero hay 2.415 empresas menos que investigan hoy que en 2008 (sobre todo han caído pymes).

Para ayudar a remontar este retraso en la última década, la nueva Ley de la Ciencia busca asegurar un gasto (el 3% del PIB) y facilitar la investigación, para gastar mejor. Ahora, uno de los graves problemas de los investigadores es la burocracia, el exceso de papeleo y tiempo para justificar los programas y sus gastos (es muy difícil comprar una silla o un ordenador y hay que justificar facturas de hasta 10 años atrás, incluso un taxi). La nueva Ley de Ciencia simplifica los trámites y la comprobación de los gastos será “por muestreo”, a cargo de la Agencia Estatal de Investigación. Además, se va a conceder una subvención directa a todos los proyectos que ya hayan sido evaluados positivamente por algún responsable del sistema público (autonomías o Universidades). Se trata de agilizar los proyectos.

La otra pata de la nueva Ley de Ciencia es resolver los múltiples problemas laborales que tienen hoy los investigadores y sus responsables. Hasta ahora, la mayoría de los contratos para investigadores eran por obra y servicio, por un máximo de 4 años, con lo que pasado este tiempo se rompían los proyectos y los investigadores tenían que buscar un nuevo grupo en el que trabajar. Además, una parte del sueldo de los investigadores dependía de la evaluación de sus méritos anteriores (los “quinquenios”), lo que penalizaba a los investigadores que trabajaban fuera de España y regresaban, ya que su trabajo exterior no se tenía en cuenta a la hora de pagarles. Ahora, con la reforma laboral, se crea una nueva modalidad de contrato indefinido vinculado a actividades científico-técnicas, a los que se reconocerá los trabajos de investigación realizados en España y en el extranjero.

Además, se aprueba un nuevo contrato para investigadores postdoctorales, de hasta 6 años (ahora eran hasta 5), con una evaluación intermedia y otra final que les permitirá obtener un nuevo certificado R3 que facilitará su acceso posterior a una plaza fija, porque se les reserva un 25% de plazas en los organismos públicos de investigación y en las Universidades. Además, si no encuentran plaza y se les acaba el contrato, la nueva Ley les asegura una indemnización, lo mismo que a los contratados pre-doctorales, que tampoco la tienen  (el Ministerio va a destinar 12 millones a ayudar a instituciones y Universidades a pagar estas nuevas indemnizaciones).

Además de reducir la precariedad y mejorar el sueldo de los investigadores, la Ley abre la vía a la sustitución de jubilados: desde 2012, cuando el Gobierno Rajoy situó en cero la tasa de reposición de investigadores (se jubilaban y no podía cubrirse su plaza), se han perdido 5.000 puestos públicos. Ahora, la tasa de reposición se pasa al 120% (por cada 100 jubilados, 120 puestos), con lo que se estima que se van a incorporar 12.000 investigadores a puestos públicos relacionados con la Ciencia. Y la Ley pretende que una parte sean investigadores españoles que están en el extranjero, a los que se facilita su vuelta. Y también se busca atraer cerebros extranjeros, desarrollando la figura de “investigador distinguido”.

La nueva Ley de Ciencia está ahora en el Congreso, para el debate de enmiendas y el Gobierno quiere que se apruebe para el verano, con los mayores apoyos políticos posibles, para que dé estabilidad a la Ciencia, al margen de quien gobierne. Los investigadores la han recibido bien, aunque piden que el compromiso de gastar el 3% del PIB se refuerce más, porque la Ley lo condiciona “a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio”. Y piden, a través de la COSCE (84 sociedades científicas y 46.000 investigadores) que se avance en otras cuestiones: creación de una Oficina de Ciencia en Presidencia del Gobierno y una vicepresidencia, reforzar la Agencia Estatal de Investigación, acelerar de verdad los procesos burocráticos de investigación, un Plan para el retorno de investigadores y corregir a fondo toda la precariedad laboral y salarial de los investigadores.

La nueva Ley de la Ciencia y los mayores fondos, nacionales y europeos, pueden ayudar a recuperar la década perdida para la Ciencia, si se alcanza un pacto político que blinde su futuro y se apoya a los investigadores, facilitando sus contratos y programas. Es hora de promover de verdad la Ciencia, donde nos jugamos la salud, la mayor eficiencia de la economía y el empleo de las próximas décadas. Apostar por la Ciencia es ganar el futuro.

Cáncer y desigualdad: la pobreza mata más

Una de cada cinco personas desarrolla un cáncer a lo largo de su vida. Creemos que es una “lotería”: te toca o no te toca. Pero no. Hay regiones y provincias donde hay más mortalidad que otras, en todos los tumores, según un estudio recién publicado sobre España y Portugal. Y en cada ciudad, hay barrios con más mortalidad por cáncer, concentrada en las familias con menos ingresos, que tienen peores hábitos de vida y más riesgo, según otro estudio de 2021. Y tenemos más muertos por cáncer que la Europa rica del centro y norte. Pero además, la Asociación contra el Cáncer (AECC) acaba de alertar que también hay desigualdad en la prevención (hay autonomías con pocos “cribados” de cáncer) y en el tratamiento: provincias sin radioterapia ni atención psicológica y pocos cuidados paliativos, mientras varias autonomías no financian algunos nuevos medicamentos contra el cáncer. Así que tienen más “boletos” para enfermar y morir de cáncer los más desfavorecidos y según donde vivan. Tremendo.

Enrique Ortega

El cáncer es la primera causa de muerte en el mundo, según la OMS: casi 10 millones de muertes en 2020 (1 de cada 6), como resultado de 19,29 millones de enfermos de cáncer. Sólo en Europa se diagnostican 3 millones de casos al año, que provocan 1,1 millones de muertes. Y en España, en 2021 hubo 285.530 diagnósticos de cáncer (1.100 niños)  y 109.589 muertes (65.694 de hombres y 43.897 de mujeres), según la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), la mayoría por cáncer de pulmón (20.000 muertes), colorrectal (15.000), páncreas y mama (7.500 muertos cada uno) y próstata (6.000 muertos). Con ello, el cáncer es la 2ª causa de muerte en España (22,8% de la mortalidad total), sólo por detrás de las enfermedades cardiovasculares (24,3%), según los datos del INE (2020).

Lo preocupante es que los expertos auguran que el cáncer seguirá creciendo y superará los 30 millones de casos en el mundo para 2040, provocando entonces 16,3 millones de muertes, según Agency for Research on Cáncer. Y para España, estiman que alcanzará a 340.000 personas en el año 2040, con 160.271 muertes, según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Una verdadera “pandemia asesina”, que es una tremenda amenaza para todos: 1 de cada 5 personas desarrollan un cáncer a lo largo de su vida en el mundo. Y 1 de cada 8 hombres y 1 de cada 11 mujeres mueren por esta enfermedad, según el informe 2020 de la Agency Cancer Society (ACS). Y en el caso de España, la amenaza es muy preocupante: desde su nacimiento a los 85 años, los hombres tenemos un 48,6% de probabilidades de desarrollar un cáncer y las mujeres un 32,2% de probabilidades, según la SEOM. A lo claro: tenemos la mitad o un tercio de los boletos para contraer cáncer.

Sin embargo, en “la lotería del cáncer”, las probabilidades de desarrollar un tumor y morir son muy desiguales, según donde uno viva y la clase social, tal como demuestran todos los estudios médicos. Empezando por el país: los paises de la Europa del sur y del Este, más pobres y con menos gasto sanitario, tienen una incidencia del cáncer más elevada y menores tasas de supervivencia que la Europa del centro y norte (hasta un 20% menos en cáncer de mama), según reveló el doctor Rafael López en las interesantísimas jornadas “Cancer now” (ver vídeo completo). Y mucho tiene que ver el menor gasto sanitario  de la Europa del sur  y, sobre todo, el menor gasto público en cáncer: España gasta el 4,9% de todo el gasto sanitario en combatir el cáncer (5,1% Portugal), frente al 7,1% que gasta Francia, el 6,8% de Alemania y el 6,7% de Italia. Y también es decisivo la mayor prevención, los tratamientos y nuevos fármacos que hace la Europa del centro y norte frente a los paises del sur.

A partir de ahí, también hay una tremenda desigualdad en el cáncer dentro de España, con grandes diferencias de tumores y muertes por autonomías y provincias. Pueden verlo en estos mapas sobre el alcance geográfico de los distintos cánceres que acaba de publicarse en enero, analizando 1 millón de muertes por cáncer en España y Portugal entre 2003 y 2012. La primera conclusión es que hay un claro “efecto frontera”, que hay cánceres con un mayor peso en España que en Portugal (pulmón, páncreas, laringe y vejiga), mientras está peor Portugal en el cáncer de próstata y hay una incidencia similar en el cáncer de mama y los demás. Pero lo más llamativo son las diferencias dentro de España, donde se marca en rojo las regiones y provincias con más casos de cada cáncer y más mortalidad. Veamos algunos.

En el cáncer de pulmón, el que más mata (30.000 españoles al año), las zonas más afectadas son Extremadura, zona occidental de Andalucía y Castilla la Mancha (regiones con más “tabaquismo”), con 62 muertes por cada 100.000 habitantes en Badajoz frente a la mitad en Segovia. En el cáncer de mama, la mayor mortalidad se da en el sur de Portugal, Huelva y Cádiz, dos provincias con 19 muertes por cáncer de mama, el doble que en Guadalajara. En el cáncer colorrectal, el más frecuente en España y el 2º que más mata, hay también una clara desigualdad regional, con un mayor riesgo en Castilla y León, Asturias, Extremadura, occidente de Andalucía y Comunidad Valenciana, ligadas al tabaquismo, consumo de alcohol, obesidad y poco ejercicio, según los autores. En el cáncer de páncreas, poco frecuente pero muy agresivo (7.500 muertos al año), hay una gran “mancha roja” (más casos y muertes) en el suroeste de la Península, el norte y Galicia. En el cáncer de próstata, el más diagnosticado entre los hombres y el 5º que más mata, la mayor incidencia y muertes se dan en Asturias, Aragón y la Comunidad Valenciana, más Galicia. Y se ve una tasa de mortalidad de 18 por 100.000 en Lugo, que es casi el doble que en Burgos. Y la misma desigualdad se aprecia en los mapas en el resto de cánceres.

Pero el cáncer no sólo es desigual por regiones, también “va por barrios” dentro de una misma ciudad, según demostró otro estudio publicado en 2021 por la Fundación Fisabio y el Instituto de Salud Carlos III, tras analizar el comportamiento del cáncer en 26 ciudades. La conclusión es que el mayor riesgo de morir por cáncer se concentra en los barrios más pobres de las distintas ciudades, debido a que el desempleo, los bajos salarios, las viviendas deficientes y la marginación social están asociados a los factores de riesgo que provocan los cánceres: mayor consumo de tabaco y alcohol, mala alimentación, obesidad y menos deporte. Y el estudio añade una frase esclarecedora: la mayoría de las personas suelen enfermar y morir de cáncer antes que sus jefes.

Veamos algunos ejemplos en varias ciudades. En Sevilla, el riesgo de morir de cáncer de pulmón en el barrio marginal de las Tres mil viviendas es un 112% superior al de Sevilla capital. En Madrid, los realojados de Vallecas que viven en El Ruedo de la M-30 tienen un 40% más de cáncer de pulmón y en San Blas, otro barrio popular, un 56% más que en el centro. En Barcelona, en el barrio del Raval, los hombres tienen un 42% de cáncer de pulmón. En el barrio de El Cabanyal hay un 58% más de cáncer de pulmón que la media de Valencia. Y en la zona del Casco Viejo de Bilbao, la esperanza de vida es 10 años menor en los hombres (y 5 en las mujeres) que en Getxo, uno de los municipios más ricos de España. Las mayores diferencias en  los cánceres se dan en los hombres y se da la circunstancia que en las mujeres, el cáncer de mama se da más en los barrios ricos, en el paseo de la Habana, en Madrid (+258% probabilidades) o en El Eixample (+78 % de riesgo que la media de Barcelona).

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) acaba de publicar un informe que profundiza y trata de explicar estas desigualdades en contraer el cáncer. Y deja bien claro desde el principio que se deben sobre todo a factores económicos y sociales: “las personas socialmente vulnerables tienen mayor probabilidad de desarrollar cáncer, de ser diagnosticados en etapas más tardías, de tener más dificultades para hacer frente a los tratamientos (…) y de llegar a la fase final de la enfermedad sin la oportunidad de tener acceso a cuidados paliativos integrales y de calidad”. Textual. Y el informe señala las desigualdades en el cáncer, desde que se contrae la enfermedad a los tratamientos y la muerte.

La primera desigualdad se produce al contraer el cáncer, ya que las personas más vulnerables (y hay 11 millones en España, según Cáritas) son más proclives a sufrir los principales factores de riesgo: el tabaquismo, que se asocia a 15 tipos de cáncer y provoca el 30% de los tumores (más frecuente entre los trabajadores menos cualificados, parados y personas con empleos precarios y bajos sueldos), el consumo de alcohol, asociado a un 7% de los cánceres, la obesidad y el sobrepeso (numerosos estudios revelan la relación entre bajo nivel socioeconómico y obesidad) y el sedentarismo, la escasa actividad física (que también se da más en las clases bajas, según el estudio). Otro factor clave de riesgo, según la AECC, es el desempleo (“está demostrado que los parados tienen más riesgo de cáncer”, señalan, porque acumulan más factores de riesgo (tabaquismo, alcohol, obesidad, bajo consumo de frutas y verduras y poco ejercicio). Y, curiosamente, la soledad, un factor que deteriora la salud: de hecho, el 17% de los diagnosticados de cáncer en España son personas o parejas mayores que viven solas, según la AECC.

Pero no sólo hay desigualdad al contraer el cáncer. También en la detección, porque hay mucha desigualdad entre autonomías al hacer pruebas de diagnóstico precoz: prueba de sangre en heces para detectar el cáncer colorrectal, mamografías y detección del cáncer de cérvix (de cuello de útero). Los cribados de heces sólo se han practicado a un tercio de los mayores a vigilar (50 a 69 años) y hay enormes diferencias por autonomías: del 65 que se han hecho cribados en el País Vasco o el 69% en La Rioja al 30% en Madrid o Canarias y el 17% en Extremadura (donde el 87% de los mayores no se ha hecho nunca una prueba de heces, frente a sólo el 24% en Euskadi). Y lo mismo pasa en las mamografías, hechas por  el 78% de las mujeres en Murcia, 74% en Murcia y 71,5% en el País Vasco, frente al 63% en Andalucía, 59% en Cataluña o 55% en Castilla y León (Madrid sin datos), según las últimas estadísticas ( 2017), muy deficientes. Y con la pandemia, ha habido un parón en la detección.

La desigualdad sigue en los tratamientos contra el cáncer. Primero, no hay unidades de radioterapia en Soria, Segovia, Ávila, Palencia, Huesca, Teruel, Ceuta y Melilla, donde los enfermos de cáncer tienen que desplazarse a otras provincias para tratarse (diariamente durante 7 u 8 semanas), con pérdidas de tiempo y costes. Y en 18 provincias hay sólo 1 unidad de radioterapia, lo que retrasa tratamientos. En general, faltan centros y eso provoca que el 30% de los pacientes que deberían recibir radioterapia no la reciban, según denuncia la Sociedad de Oncología Radioterápica (SEOR). Alertan que España debería tener entre 7 y 8 aceleradores por 100.000 habitantes y tenemos 5,2 (públicos y privados).

Igual de grave es la desigualdad en los tratamientos farmacológicos. En primer lugar, los nuevos fármacos contra el cáncer llegan a los enfermos más tarde que en el resto de Europa: tardan 415 días desde que los autoriza la Agencia del Medicamento europea (EMA), frente a 121 días en Alemania, 266 días en Reino Unido, 399 días en Italia y 556 días en Francia. Y este retraso provoca que haya menos medicamentos nuevos contra el cáncer financiados en España: el 39% de los autorizados en Europa no se financian en España, frente a sólo un 2% en Alemania, un 20% en Francia, un 12% en Reino Unido, un 20% en Italia o un 29% en Portugal, según la Jornada “Cáncer now”. El motivo es su alto coste: Sanidad retrasa la financiación, peleándose por el precio con las farmacéuticas. Y lo peor: no se financian los mismos fármacos innovadores anti cáncer en todas las autonomías, porque luego tienen que pasar el filtro de las Comisiones farmacéuticas territoriales.

Este preocupante retraso se produce también en los tratamientos innovadores contra el cáncer, los llamados CAR-T (programan genéticamente las células del sistema inmunitario para que ataquen a las células cancerígenas), que son tratamientos de 3ª línea (para pacientes donde fracasan la radioterapia o los trasplantes de médula). Llevan 3 años en España, con resultados muy positivos para la mitad de los enfermos tratados, pero el problema es que son tratamientos muy caros (más de 300.000 euros por paciente) y los hospitales los administran con cuentagotas (a 500 enfermos de cáncer en 3 años, menos de la mitad de los 1.200 previstos inicialmente). Y los nuevos tratamientos que aparecen se retrasan mucho: los dos disponibles tardaron 4 y 10 meses en autorizarse y el que Sanidad negocia ahora con Gilead espera desde hace más de 1 año, para rebajar su coste (350.000 euros). Pero los enfermos graves de cáncer luchan contra el tiempo.

Y si fallan los tratamientos, el enfermo se ve abocado a los cuidados paliativos para morir con el menor dolor posible. Y aquí también hay una gran desigualdad y escasez de medios. Los recursos óptimos deberían ser 2 profesionales (uno en el hospital y otro a domicilio) por cada 100.000 habitantes, pero España tiene 0,6 (Europa 0,8), con grandes diferencias por regiones: 1,32 en Murcia y 1,15 en el País Vasco, con menos de 0,5 profesionales en la mayoría. Y eso impide una atención de calidad, tanto en los hospitales (pocas camas de paliativos) como en casa, lo que provoca que la mayoría de los pacientes de cáncer mueran en el hospital y no atendidos a distancia en su domicilio, como querrían.

Y en todo este proceso, de la detección del cáncer a la muerte (del 38% de los pacientes) hay otros 2 aspectos importantes donde también hay mucha desigualdad: la atención psicológica a pacientes y familias y el impacto económico del cáncer. La AECC estima que el 30% de los pacientes de cáncer (y sus familias) necesitan atención psicológica especializada, que la mayoría no reciben. Y cuando se da es insuficiente: el 48% de los hospitales públicos no dispone de personal propio que realice esta atención psicológica a los enfermos y 7 de cada 10 hospitales no dan ninguna asistencia psicológica a los familiares. El otro problema es que el cáncer, además de ser un drama humano, tiene un alto coste económico para pacientes y familias: muchos tienen que dejar de trabajar o cambiar su trabajo y exige a veces que otro familiar deje su trabajo para cuidarlo o contrate a un cuidador (menos ingresos y más gastos).La AECC estima que el coste adicional de un cáncer supera los 10.000 euros. Y recuerda que un 10% de las personas diagnosticadas son “vulnerables” (parados, autónomos o con bajos sueldos), con lo que la enfermedad es una doble losa.

Hasta aquí el espeluznante panorama del cáncer, no sólo porque sea un drama sino porque además afecta de manera muy desigual, más a los más desfavorecidos. Por eso, la AECC plantea un abanico urgente de medidas: fomentar la vida saludable (no tabaco, alcohol ni obesidad y más ejercicio), con campañas públicas, medidas y leyes, mejorar la detección precoz en toda España (buscando el 100% de cobertura en los cribados), ampliar los tratamientos y acelerar la introducción de nuevos fármacos, mejorar la atención psicológica a pacientes y familias y reforzar los cuidados paliativos, aprobando ayudas económicas y sociales para los enfermos de cáncer y sus familias. Son graves problemas, de los que no se habla apenas, pero donde nos jugamos la salud y la vida. Tomen nota.