El gasto público nos ha salvado

Todo el mundo ha visto que hay 2 formas de afrontar una crisis. Una, la que se aplicó en 2008: hacer recortes, provocando recesión y pérdida de empleos, sobre todo en el sur de Europa. Y la otra, gastar más, reanimar la economía y crear empleo, como han hecho Europa y España ante la COVID, la crisis energética y la hiperinflación. Los datos lo corroboran: más de la mitad del crecimiento de España entre 2019 y 2024 ha sido por el gasto público, el principal motor de nuestra economía, muy por delante del consumo, las exportaciones y la inversión. Es bueno saberlo ahora que los “populistas neoliberales” atacan al Estado en EEUU (Trump) y en media Europa, planteando recortes en Italia, Francia y Alemania (rompiendo el Gobierno). En España, ya hay expertos que hablan de gasto público “desbocado”. Ojo a estos “anti-Estado”, porque la DANA nos recuerda que, cuando vienen mal dadas, sólo el del gasto público y nuestros impuestos nos salvan. Como en la última crisis.

                            Enrique Ortega 

En los últimos 15 años, España y el mundo hemos asistido a 2 grandes crisis, que los políticos y economistas han afrontado de dos maneras diferentes. Ante la crisis financiera y de deuda (2008-2013), los principales Gobiernos y en especial Europa, se acogieron a la receta de recortar el gasto público en todo y abandonar la inversión del Estado, mientras en paralelo ayudaban a los bancos y entidades causantes de la crisis. Estos recortes “drásticos”, auspiciados en Europa por la alemana Merkel y los paises ricos del centro y norte, recayeron sobre todo en la Europa del sur, provocando una profunda recesión, que se cobró millones de empleos (en España se perdieron -3.572.700 empleos entre 2007 y 2013). Y la recuperación posterior (entre 2014 y 2019) fue lenta y débil.

En 2020 estalló la crisis desatada por el COVID y tanto Merkel como los demás dirigentes europeos optaron por otra vía de salida, en la antípodas de los viejos recortes: aprobar un Plan de recuperación para Europa, autorizando un fuerte gasto e inversión (806.900 millones) en el continente, mantenido después por la guerra de Ucrania, la crisis de la energía (gas y electricidad) y la hiperinflación. Y Europa recuperó en un año el crecimiento y el empleo (en la anterior crisis habíamos sufrido 5 años de recesión), sobre todo España, donde se han creado +1.856.100 nuevos empleos en esta crisis, entre 2019 y 2024 (septiembre).

Dos recetas económicas frente a la crisis, una dolorosa e inútil y otra positiva y eficaz (y “antigua”: ya la puso en marcha el presidente Roosevelt, con el New Deal, entre 1933 y 1938, para sacar a EEUU y al mundo de la gran Recesión de 1929-31). Y para los que duden de sus “bondades”, veamos el efecto que ha tenido esta vieja política “keynesiana”, de reanimar la economía a base de gasto público, en España, entre 2020 y 2024. El motor de nuestro fuerte crecimiento (mayor que en la UE-27) ha sido el consumo público: ha aportado más de la mitad del crecimiento real de la economía española (el 59%) entre diciembre de 2019 y septiembre de 2024, según este estudio del profesor Manuel Hidalgo, a partir de los datos del INE. Las exportaciones han sido el 2º motor del crecimiento (aportaron el 19% del total), el consumo privado el 3º (13% del crecimiento) y el resto lo ha aportado la inversión (7%).

En toda Europa, el consumo público (gasto administraciones públicas)  ha sido el principal motor del crecimiento estos años posteriores a la pandemia. Pero en España, su papel ha sido más decisivo. Este análisis de Funcas revela que, entre 2020 y 2023, la economía española creció algo más que la europea (porque en 2020 cayó más con la COVID), un +3,6% frente al +3,5%. Pero en España, casi el 70 de lo que crecimos esos 4 años fue por el consumo público (69,44%), mientras en la eurozona sólo aportó algo menos de la mitad del crecimiento (48,57%). Eso significa que, aunque España gastó en esta crisis menos en ayudas públicas que Alemania o Francia, este “tirón” del Estado en España  fue comparativamente más importante en el crecimiento final y el empleo. Mientras, en Europa ayudó más al crecimiento el empujón del consumo privado (25,7% del crecimiento en la zona euro y sólo el 8,3% en España) y las exportaciones (25,7% frente al 13,88% en España), siendo casi nula la ayuda de la inversión, que aportó poco (el 2,8%) al crecimiento, en Europa y en España.

¿Qué tipo de gasto público es el que nos ha hecho crecer estos años? Básicamente, el consumo público hecho en sanidad (medidas anti-COVID , vacunas y refuerzo de personal), gasto educativo, ayudas para compensar la subida de la energía y otras transferencias, según el análisis del profesor Hidalgo. Y detalla que casi dos tercios de este gasto público (entre 2019 y 2023) lo han hecho las autonomías, especialmente las más grandes (el gasto público de Cataluña, Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana ha aportado más de un tercio de todo el crecimiento generado en los últimos 4 años), seguidas de los Ayuntamientos (aportaron el 21%) y el que menos el Estado central  (su gasto directo, al transferir la mayoría, ha aportado sólo el 16,5% del PIB total).

En lo que llevamos de 2024, se mantiene la tendencia del alto crecimiento y los motores que “tiran” del PIB. Así, en el tercer trimestre, la economía española creció +0,8%, lo que indica que crecemos a un ritmo del +3,4% anual, según el INE (más que el +2,7% de todo 2023). Y de nuevo, en el tercer trimestre, el gasto público (consumo público) es lo que más crece (+2,2% sobre el trimestre anterior y +4,7% anual), lo que más “tira” de la economía, por encima del consumo privado de las familias (+1,4% trimestral y +3,3% anual) y las exportaciones (+0,9% trimestral y +5,1% anual), mientras cae la inversión (-0,9% trimestral). Y todo apunta a que en el 4º trimestre, con las ayudas públicas por la DANA en Valencia, Castilla la Mancha y Andalucía, el gasto público volverá a crecer y será el principal motor del crecimiento también en 2024, un año en que podemos crecer el +3% (frente al 0,8% la zona euro).

Ante estos datos, algunos expertos y políticos (“ortodoxos” y “neoliberales”) ya han disparado las alarmas y hablan de un gasto público “desbocado”. Lo que no dicen es que gracias a esta política “contracíclica”, a afrontar con más gasto la crisis del COVID, la energía y la hiperinflación, la economía española (y europea) sólo cayó un año y lleva creciendo casi 4 años (mucho España y poco Europa, según Eurostat), creando 1,85 millones de empleos en nuestro país  y ayudando a las familias a sobrellevar esta última crisis.

Ahora, estos mismos economistas y políticos defienden que el Gobierno tiene que “gastar menos”, porque el gasto actual es “inasumible” e “insano” (para su ideología de “cuanto menos gasto público mejor”). Por un lado, hay que decir que el Gobierno Sánchez ha enviado un Plan fiscal a Bruselas en el que contempla un menor gasto público en 2025, porque se ha comprometido con la Comisión Europea a seguir rebajando el déficit público el año que viene (del -3,6% del PIB en 2023 y el -3% con que espera cerrar 2024 a un déficit del -2,5% en 2025). Y como se espera un menor crecimiento el año próximo (+2,4%), también habrá menos recaudación fiscal, lo que obligará a gastar menos, salvo catástrofes.

Este menor gasto público en 2025 hará que las administraciones públicas ya no “empujen” tanto el crecimiento, con lo que deberían “tirar más” de la economía los otros motores. El principal motor del crecimiento es el consumo de las familias, pero se ha retraído en los últimos años, tras el rejonazo de la inflación disparada, porque la gente ha empezado a pensar en “ahorrar más y gastar menos” por si vuelve a haber otra crisis. De hecho, el ahorro de las familias españolas está en una tasa anormalmente elevada (21,2% de su renta, más del triple que entre 2015 y 2019), algo que también pasa en el resto de Europa. El otro motor clave del crecimiento, las exportaciones, han ayudado mucho estos años, pero no lo harán tanto en 2025, porque Europa (nuestro primer cliente) apenas crece y por el riesgo de un mayor proteccionismo comercial en el mundo con Trump. Y el 4º motor del crecimiento, la inversión, apenas crece: aumenta la inversión pública y los Fondos europeos pero sigue “gripada” la inversión privada, todavía un 10% por debajo que antes de la pandemia.

Así que mientras los economistas ortodoxos y “neoliberales” se rasgan las vestiduras por el exceso de gasto público, en España y en Europa, no queda claro que el consumo, las exportaciones y la inversión vayan a “tomar el relevo” y mantener un alto crecimiento, necesario en Europa e imprescindible en España (para recortar el paro y la brecha de riqueza con Europa). Además, estos expertos esconden un dato clave: España tiene un gasto público muy inferior al del resto de Europa, por lo que necesitamos gastar más que ellos (en casi todo) para aproximarnos a su Estado del Bienestar. Así, en 2023, el gasto público en España fue el 46,4% del PIB, frente al 49,4% de media en la UE-27, el 57,3% en Francia o el 48,6% en Alemania, según la Comisión Europea. Y esto lleva pasando décadas, con el franquismo y luego con la democracia: entre 2015 y 2019, España gastó el 42,4% del PIB frente al 47,2% de la UE-27, el 56,8% en Francia o el 47,5% en Alemania. Esto significa, a lo claro, que, en 2023, si España hubiese gastado como la media europea, el gasto público debería haber sido 45.000 millones más. Y si gastáramos como los franceses, +163.000 millones más al año. Serían  +33.000 millones de gasto público si gastáramos como los alemanes. 

Y tenemos menos gasto público que la mayoría de Europa porque también ingresamos menos que la mayoría de paises: en 2023, España recaudó el 42,8% del PIB, frente al 45,9% del PIB la UE-27, el 46,1% de Alemania y el 51,9% de Francia. A lo claro: recaudamos 46.500 millones menos al año que la media de paises europeos, 49.500 millones menos que si fuéramos alemanes y 136.000 millones menos que si fuéramos franceses. Por eso, estamos condenados a gastar menos que la mayoría de europeos mientras no recaudemos más. La Comisión Europea ha exigido a España que apruebe una reforma fiscal este año (dentro de las reformas vinculadas a la entrega de Fondos europeos), porque no tiene sentido que pidamos dinero europeo y recaudemos menos. Los expertos fiscales elaboraron en 2022 un Informe donde proponían cambios en el impuesto de sociedades (grandes empresas y multinacionales), el IVA , el IRPF, los impuestos al capital y los impuestos verdes. Pero el Gobierno es incapaz de pactar una mínima reforma fiscal con sus socios de Gobierno y tanto PP como Vox no se salen de la cantinela de que “hay que bajar impuestos”.

En medio de este panorama, de un crecimiento asentado en el gasto público y que ahora está “en el aire” por la exigencia de rebajar el déficit y la deuda, el mundo ha entrado en una nueva etapa política, donde crecen los “populistas anti-Estado”, que defienden reducir el gasto público y recortar la Administración. Estas teorías políticas y económicas (que surgieron en los años 80 del siglo pasado, con Thatcher y Reagan) parecían desaparecidas tras la última crisis, cuando la COVID, la energía y la hiperinflación llevó a todos los Gobiernos a gastar más. Pero se anuncia un “cambio de signo político”: avanzan los que quieren recortar el Estado y el gasto público, con bajada de impuestos.

Trump ha basado su victoria en las elecciones USA en recortar al máximo el Estado y la Administración Federal, proponiendo al multimillonario Elon Musk (Twitter-X) al frente de un Departamento de Eficiencia Gubernamental que podría recortar funcionarios y gasto público (2 billones de dólares), lo que reduciría el PIB y afectaría a los norteamericanos más vulnerables, mientras baja los impuestos y quita regulación a los más ricos. Y en paralelo, en Europa, el avance de la derecha y la ultraderecha en las últimas elecciones (16 de los 26 comisarios, más la presidenta Von der Leyen) está dando más voz a los que defienden un menor gasto público europeo. Precisamente ahora, cuando el informe Draghi ha señalado que para conseguir una mayor competitividad frente a USA y China, la UE tendría que aprobar un nuevo Plan Marshall y gastar 800.000 millones de euros al año…

La derecha europea no está por la labor de repetir un Plan de recuperación como hizo tras el COVID (140.000 millones en ayudas y créditos hasta 800.000 millones de gasto entre 2021 y 2026). Y la mayor prueba es que los liberales alemanes han roto el Gobierno de coalición con socialdemócratas y verdes (habrá elecciones el 23 de febrero), porque querían hacer recortes (y bajar impuestos) en el Presupuesto para 2025. En Francia, el nuevo gobierno (más conservador, bajo la presidencia de Macron) plantea unos recortes de 40.000 millones de euros para 2025. Y en Italia, el Gobierno Meloni ha recortado un 5% el gasto de todos los Ministerios (salvo Sanidad) para 2025. Así que “pintan bastos” para el gasto público.

En definitiva, que en un momento donde la DANA en Valencia ha dejado claro la enorme importancia del Estado y el gasto público (se han aprobado ayudas por 14.373 millones de euros), surge una ola de recortes por el mundo, desde EEUU a Europa, que pone en cuestión el Estado, el gasto y los servicios públicos, con un avance de los ideólogos del “populismo neoliberal”, que pretenden reducir al máximo el papel del Estado y los servicios públicos, agravando las desigualdades. Se trata, otra vez, como en los años 80 y 90 del siglo pasado, de una “ola económica conservadora”, que pone en cuestión lo público y defiende recortes generalizados. Un “neoliberalismo insano”, que no sólo es “socialmente injusto” sino también “económicamente peligroso”. Porque estos recortes frenarían el crecimiento y el empleo. Ya lo vimos con la crisis financiera. Y ahora sabemos que, en esta última crisis, el gasto público y el Estado nos han salvado. No lo olvidemos.

Autonomías frenan gasto social (antes PP+VOX)

Es un doble escándalo, que ha pasado desapercibido. Por un lado, las autonomías gastaron menos en 2022 que en 2009 en sanidad, educación y servicios sociales, porque la inflación se comió los aumentos del gasto social. Y además, el porcentaje de Presupuesto que destinan al gasto social ha bajado estos 13 años (del 67,4 al 58,8%). Por otro, 9 autonomías han aprovechado que el Gobierno destinaba más dinero a la Dependencia para “hacer caja” y aportar ellos 203,4 millones menos en 2022, una “treta” que ya utilizaron 11 autonomías en 2021 (“ahorrándose” otros 188,7 millones). Ojo, este “desinterés” por reforzar el Estado del Bienestar (que gestionan y financian mayoritariamente las autonomías), viene de los anteriores Ejecutivos regionales, gobernados mayoritariamente por “la izquierda”. Ahora, con 11 autonomías en manos del PP (6 con Vox), el gasto social está aún más en el alero. Sobre todo porque las autonomías gestionadas por la derecha están bajando impuestos y recortando ingresos. Así que gastarán aún menos en lo fundamental. Vigilen.

                Enrique Ortega

Las autonomías son la clave en el Estado del Bienestar, para que funcionen la sanidad, la educación y los servicios sociales que tanto necesitamos. Por un lado, son los que gestionan estas competencias básicas. Y por otro, son los que las financian mayoritariamente, con los recursos que les transfiere el Presupuesto del Estado y sus propios ingresos. Así, las autonomías financian en España el 92% del gasto sanitario, el 85% del gasto educativo y el 74% de las ayudas a los dependientes. Pero resulta que las autonomías destinan cada vez menos recursos a los gastos sociales, tanto en importe total como en porcentaje de su gasto total, gastando más en otras cosas que no son el Estado del Bienestar (como la burocracia y el pago de la deuda), según un informe realizado por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, con datos comparativos entre 2009 y 2022.

Este balance del gasto social autonómico es “escandaloso”. Por un lado, revela que las autonomías gastan menos ahora en sanidad, educación y servicios sociales que en 2009 en términos reales, descontando la inflación: destinaron 139.100 millones de euros en 2022, frente a 116.900 en 2009, un +19,02%, inferior a la inflación acumulada estos años (+28,9%). A lo claro: en realidad están gastando un -9,88% menos, según sus Presupuestos. En Sanidad, las autonomías gastan ahora 8.602 millones más que en 2009 (+13,40%), en Educación 7.897 millones más que hace 13 años (+19,37%) y en servicios sociales 5.025 millones más (+48,13%, un aumento mayor por la entrada en vigor de la Ley de Dependencia en 2007). Lo llamativo es que, en estos años, hay otras partidas, como el gasto en personal o gastos corrientes que crecen más y, sobre todo, se dispara el gasto autonómico en pagar los intereses de su deuda: este gasto financiero (que beneficia a los inversores y bancos que compran esa deuda autonómica) ha crecido en 34.645 millones entre 2009 y 2022, un +503,06% (su coste se ha quintuplicado).

Pero no es sólo que el gasto social real que hacen las autonomías haya bajado (al “comérselo” la inflación), sino que además, las autonomías destinan ahora menos porcentaje de sus Presupuestos a financiar el gasto social: si en 2009, dos tercios del Presupuesto autonómico (el 66,89%) se destinaba a sanidad, educación y servicios sociales, en 2019 ya sólo era el 61,8% y en 2022 (a pesar del COVID) bajó a poco más de la mitad (el 58,78% del gasto total de las autonomías), según este informe de los Directores de Servicios Sociales. Incluso este 2023, el porcentaje ha bajado al 58,64% del gasto total. A lo claro: que si hubieran mantenido la proporción de gasto social de 2009 en 2022, las autonomías tendrían que haber gastado 20.344 millones más en sanidad, educación y servicios sociales, prestaciones todas cortas de recursos. Y así se entienden mejor las listas de espera, el fracaso escolar o las listas de espera de la Dependencia.

Hasta aquí la primera idea: todas las autonomías gastaron menos, comparativamente, en el Estado del Bienestar en 2022 que en 2009, tras una dura fase de “recortes” en el gasto (de 2012 a 2014) y un escaso aumento de recursos hasta 2019, que crecieron más en 2020 y 2021, por la COVID, pero que luego han vuelto a bajar. Porque el informe refleja otro dato escandaloso: el gasto sanitario por habitante, que apenas había recuperado en 2019 (1.442 euros por persona) el nivel de antes de los recortes (1.479 euros en 2012), subió en 2020 (a 1.657 euros) y 2021 (1.678 euros), pero bajó en 2022 (a 1.578 euros), a pesar de las importantes transferencias del Estado a las autonomías. Y este año 2023, todavía el gasto sanitario por habitante será menor (1.645,39 euros) al de 2020, a pesar de todos los problemas que arrastra sin resolver la sanidad pública.

Pero hay otro problema adicional al recorte del gasto social de las autonomías: su reparto desigual por regiones, que evidencia que unas han recortado el peso del Estado del Bienestar más que otras. Así, mientras el conjunto de autonomías aumentaron su gasto social en un +19,02% (que se comió la inflación), hay 6 autonomías donde el gasto social creció (entre 2009 y 2022) menos que la media: Cataluña (+4,68%), Castilla la Mancha (+9,39%), Aragón (+10,59%), Madrid (+14,70%), Galicia (+16,8%) y Castilla y León (+17,28%). Y otras donde creció más que la inflación: Baleares (+48%), Valencia (40,46%) o Navarra (+34.48%), según el informe de los Directores de Servicios Sociales.

Gracias a este mayor y menor aumento del gasto social en los últimos 13 años, llegamos al mapa actual (2022), donde hay una tremenda desigualdad en el gasto social por habitante según donde uno vida. La media española es de 2.939,8 euros de gasto por persona en sanidad, educación y servicios sociales (+404 euros que en 2009), pero es mucho mayor en Navarra (3.901 euros por habitante), País Vasco (3.708), Extremadura (3.629), Asturias (3.473), Cantabria (3.391), la Rioja (3.257), Castilla y León (3.185), Comunidad Valenciana (3.150), Galicia (3.065) y Aragón (3.007). Y están a la cola del gasto social por habitante 5 autonomías: Madrid (2.399 euros), Cataluña (2.781), Andalucía (2.992), Canarias (2.804), Murcia (2.823) y Baleares (2.924). Ojo, el dato es de 2022, cuando gobernaban estas 5 autonomías “menos sociales” el PSOE (2), el PP (2) y los nacionalistas (1)…

Veamos el desglose de este gasto social autonómico. El gasto en Sanidad se llevó en 2022 más de la mitad del Presupuesto social (52,3%, frente al 54,9% que suponía en 2009) y casi un tercio del gasto autonómico total (30,8%, frente al 36,74% en 2009). El aumento del gasto sanitario en estos 13 años (+8.602 millones) fue del +13,40% (“comido” con creces por la inflación), pero cayó el gasto sanitario en Cataluña (-12,22%), que gasta ahora -266,9 euros menos en sanidad por catalán que en 2009. Y apenas ha crecido en Aragón (+3,16%) y Madrid (+5,74%), mientras crecía el doble de la media o más en Baleares (+51%), Navarra (+30,44%), Cantabria (+28,53) y Andalucía (+25,55%).

Y así llegamos al dato clave, la desigualdad en el gasto sanitario autonómico en 2022, con un gasto medio en España de 1.538,66 euros por habitante (+146 euros que en 2009). Hay 5 autonomías a la cola del gasto sanitario (2022): Madrid (la que menos gasta: 1.248,97 euros por persona), Cataluña (1.362,50), Murcia (1.435,62), Andalucía (1.435) y Comunidad Valenciana (1.521,86). Y en cabeza del gasto sanitario se sitúan Asturias (1.997 euros por habitante, un 38% más que Madrid), País Vasco (1.989), Extremadura (1.904), Navarra (1.891) y Castilla y León (1.817 euros), según el informe de los Directores de Servicios Sociales.

El 2º mayor gasto social de las autonomías es la Educación, que supuso en 2022 el 35% del gasto social autonómico (similar porcentaje al 34,9% de 2009) y el 20,57% de todo el gasto autonómico (era el 23,34% en 2009). Este gasto educativo autonómico ha crecido en 13 años en +7,897 millones, un +19,3%. Pero ese aumento fue mucho mayor en la Comunidad Valenciana (+38%), Navarra (+36,65%), La Rioja (+35,25%) o Baleares (+33,75%)  y mínimo en Castilla y León (+5,94%), Castilla la Mancha (+6,88%), Galicia (+9,91%) y Asturias.

Y así llegamos a otra desigualdad, en el gasto autonómico en educación por habitante, que alcanzó en España una media de 1.028 euros en 2022 (+144 euros que en 2009). Hay 7 autonomías que gastan en educación menos que la media: Madrid (otra vez el farolillo rojo, con 826,98 euros de gasto educativo por habitante), Asturias (934,12), Canarias (942,05), Castilla y León (969,38), Baleares (981,68), Aragón (989,66) y Galicia (998,50). Y en cabeza del gasto educativo se sitúan el País Vasco (1.426 euros por habitante, un 48% más que Madrid), Navarra (1.342), Comunidad Valenciana (1.124.40), Extremadura (1.169), Cantabria (1.160), la Rioja (1.087) y Murcia (1.007), según los Directores de Servicios Sociales.

Y queda el tercer gasto social, los servicios sociales, donde destaca el gasto en Dependencia, gestionado y financiado mayoritariamente (74%) por las autonomías. En 2022 supuso el 12,7% del gasto social autonómico (10,2% en 2009) y sólo el 7,44% de todo el gasto autonómico (era el 6,80% en 2009). Esta partida ha crecido en 5.721 millones desde 2009, un +48,13%, por la puesta en marcha de la Ley de Dependencia en 2007. El gasto medio por habitante (en servicios sociales) es de 372,23 euros (2022) y hay 8 autonomías que gastan mucho menos. A la cola están Baleares (237,62), Canarias (276,71) y País Vasco (292 euros), pero los Directores de Servicios Sociales advierten que es un dato engañoso, porque tanto en las islas como en Euskadi, una parte de los servicios sociales los cubren los consejos insulares, cabildos y Diputaciones, cuyo gasto no se incluye aquí. Así que en realidad, lideran el furgón de cola del gasto en servicios sociales Murcia (309,49 euros por habitante), Andalucía (318,33), Madrid (323,36), Aragón (336,19) y Galicia (364,06). Y están en cabeza Navarra (666,90 euros por habitante, el doble que Madrid), Extremadura (555), Asturias (506,63) y la Rioja (498,61).

Un inciso sobre el principal gasto en servicios sociales, la Dependencia, el otro escándalo al que me refería al principio de este Blog. Desde su inicio (2007), la Dependencia  ha sufrido una falta de financiación, agravada por los recortes de Rajoy en 2013. Para subsanarlo, en enero de 2021, el Gobierno Sánchez y las autonomías pactaron un Plan de choque, con el compromiso de que el Presupuesto estatal aportaría un 44% más a la Dependencia (+3.600 millones) entre 2021 y 2023. Y eso hizo, Pero el primer año, hubo 11 autonomías que aprovecharon esta mayor aportación estatal (+608 millones) para “hacer caja” y aportar ellos menos (-188,7 millones). Y en 2022 volvió a repetirse el “truco”: el Estado aportó otros 669 millones más y 9 autonomías aportaron - 203,4 millones menos: Cataluña (-57,3 millones), Andalucía (-51,6), Comunidad Valenciana (-40,6), Madrid (-15), Extremadura (-11), Asturias (-10,8), Cantabria (-8,7), Castilla y León (-7,4) y Murcia (-1), según acaban de denunciar los Directores de Servicios Sociales. Algo especialmente grave si tenemos en cuenta que hay 350.000 dependientes “en lista de espera” y que muchos son ancianos y mueren antes de llegarles las ayudas (45.360 dependientes murieron esperando  sólo en 2022)…

Visto el panorama, está claro que el Estado del Bienestar no se consolida y quienes han de financiarlo y gestionarlo (las autonomías), gastan menos cada año, en dinero real y en porcentaje. Y eso, a pesar de que España gasta menos que la mayoría de Europa en sanidad, educación y gastos sociales. En Sanidad, España gastó  94.694 millones en 2021 (el 7,8% del PIB), 2.001 euros por habitante, frente a 4.785 euros Alemania (11% del PIB), 4.019 euros en Reino Unido (10,36% del PIB), 3.852 euros Francia (10,4% del PIB) y 2.141 euros Italia (7,1%) del PIB), según Sanidad. En Educación, gastamos 11.123 dólares por estudiante, frente a 12.275 la UE-25 y los 12.647 dólares de la OCDE, según el Panorama de la Educación 2023 (OCDE). Y en Servicios sociales, España gasta el 4,7% del PIB, frente al 6,5% de media que gasta la UE-27, según Fedea. Así que España gasta menos y encima las autonomías, los gestores del gasto social, le dan cada año menos peso en sus Presupuestos.

Lo más preocupante de este panorama es que refleja la situación en 2022 y el deterioro desde 2009, un periodo en el que “la izquierda” ha gobernado la mayoría de las autonomías, salvo Madrid, Murcia, Galicia, Castilla y León, Cataluña y Euskadi.  Ahora, tras las elecciones de mayo, el PP gobierna 11 autonomías (6 con el apoyo de VOX), lo que hace temer que le den aún menos prioridad al gasto social, a la recomposición de la sanidad, la educación y los servicios sociales, dado que defienden el trasvase de recursos públicos a la sanidad privada y a la educación concertada (y privada), considerando que son las familias las que deben cubrir el gasto en Dependencia y no priorizan los servicios sociales.

Además, hay otro motivo de preocupación: la bajada generalizada de impuestos que las autonomías del PP (y VOX) han prometido para 2023, tras las rebajas que ya hicieron algunas en 2022. Eso supondrá menos ingresos públicos y, en consecuencia, se teme que vuelva a caer el gasto social. De hecho, el Gobierno central ha enviado a Bruselas unas previsiones presupuestarias donde reflejan que las autonomías van a tener menos recaudación por la bajada de impuestos aprobadas o anunciadas: -801,9 millones en 2023 y -2051 millones en 2024. Unos menores ingreso que podrán compensar con una mayor transferencia de recursos desde el Presupuesto del Estado, que lleva años recaudando más (por el aumento del empleo y la actividad) y transfiriendo más fondos a las autonomías. Así, las autonomías recibirán en 2023 26.130 millones más del Estado que en 2022 (+24%). Y así viene pasando en los últimos años: han recibido 178.750 millones adicionales en los 5 años completos de Gobierno Sánchez (2019-2023) sobre los recibidos en los cinco años anteriores completos del Gobierno Rajoy (2013-2017). Pero como se ve, no los han dedicado a gastos sociales. Y el temor es que ahora, con más  autonomías gestionadas por la derecha, el Estado del Bienestar se debilite aún más. Esto es lo que deberíamos vigilar: que gasten en lo que importa.

Dependencia: 11 autonomías "hacen caja"

En 2021 se aprobó un Plan de Choque donde el Estado central aportó un 44% más de fondos a la Dependencia, para reducir la lista de espera y mejorar servicios. Pero 11 autonomías aprovecharon estos recursos extras para gastar ellas menos, para “hacer caja” y gastar en otras cosas en vez de atender a mayores y dependientes: Cataluña “ahorró” 55,1 millones y Canarias otros 43,6 millones, cuando tienen más de un 26% de dependientes “en lista de espera”. Un escándalo. Al final, hay casi 200.000 dependientes en espera para recibir una ayuda que tienen legalmente reconocida. Y se mueren 127 mayores dependientes cada día esperando esta ayuda o la resolución de su expediente. Además, hay autonomías con más espera (Cataluña, la Rioja, Canarias) y 10 suspenden en su atención a la Dependencia, básicamente porque gastan menos. Urge forzar a las autonomías a gastar más y no querer ahorrar con nuestros dependientes. Sobre todo, porque cada día somos más viejos y se van a duplicar los dependientes.

Enrique Ortega

La Dependencia es uno de los 4 pilares del Estado del Bienestar, junto a la sanidad, la educación y las pensiones. Pero desde hace 15 años, cuando la Ley de la Dependencia inició su camino (2007), ha sido “la pariente pobre” del sistema de protección social, con falta de financiación primero y luego, a partir de 2012, con los recortes que aprobó el Gobierno Rajoy y que secundaron todas las autonomías. En total, entre 2012 y 2020, el gasto en Dependencia se recortó en España en 6.321 millones, según el cálculo de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. En enero de 2021, Gobierno y autonomías pactaron un Plan de Choque para relanzar de una vez la Dependencia, con un compromiso de dedicar 3.600 millones más de los Presupuestos del Estado entre 2021 y 2023.

El primer año del Plan de choque, en 2021, el Estado central (los Presupuestos) aportó a la Dependencia 1.992 millones de euros, un 44% más (+608 millones) que en 2020. Pero al hacer el balance del año, los Directores y Gerentes de Servicios Sociales denuncian dos hechos. El primero, que las autonomías no han hecho apenas su esfuerzo (cofinancian con el Estado central la Dependencia): sólo aportaron 7.566 millones, un 0,57% más que en 2020. Y lo más escandaloso: 11 autonomías aprovecharon que el Estado central gastaba más para gastar ellos menos, para “hacer caja” y desviar dinero de la Dependencia a otros fines. Los casos más llamativos fueron Cataluña (gastó 55,1 millones menos en Dependencia en 2021), Canarias (-43,6 millones) y Castilla y León (-41 millones), aunque también gastaron menos Galicia (-19,6 millones), Aragón (-8), País Vasco (-6,8), Extremadura (-4,1), La Rioja y Murcia (-3,8 millones), Navarra (-2,4) y Castilla la Mancha (-0,5 millones).

En los casos de Cataluña y Canarias, el destacado “ahorro” hecho en 2021 es más escandaloso porque son las dos autonomías con más listas de espera: en Cataluña esperan una ayuda (ojo: que tienen legalmente reconocida) el 29,62% de los dependientes (12.611 murieron en 2021 “esperando”) y en Canarias “esperan” la ayuda reconocida el 26,25% de los dependientes (3.202 fallecieron en 2021 sin recibirla), según los datos de los Directores de Servicios Sociales. Y otra autonomía “ahorradora”, La Rioja, es la 2ª con más porcentaje de listas de espera: el 28,30% de sus dependientes en abril, según el IMSERSO.

El otro dato preocupante del balance de 2021 es que por culpa de la baja inversión de las autonomías (reitero: 11 gastaron menos que en 2020), se han perdido 75,77 millones de los aportados por el Presupuesto estatal: no se han gastado y Asuntos Sociales tiene que devolver ese dinero a Hacienda. Y eso porque el Estado central aporta una cantidad por dependiente, pero si la autonomía no la completa con otra (porque gasta menos), esa ayuda presupuestaria se pierde y el Dependiente no la recibe. Increíble pero cierto.

El problema no es sólo que la mayoría de las autonomías no hayan hecho el esfuerzo extra que sí hicieron los Presupuestos 2021 por el Plan de choque. Es que, por ello, no se han cumplido varios de los objetivos del Plan. El primero, reducir las listas de espera en 60.000 dependientes en 2021: sólo se ha reducido en 38.807, quedando todavía 193.436 dependientes a la espera de que les llegara su ayuda reconocida a finales de 2021. El 2º objetivo, extender la teleasistencia a todos los dependientes con un grado reconocido que vivan en su casa, tampoco se pudo cumplir en 2021: se aumentó el servicio de teleasistencia a 37.825 dependientes más, pero todavía quedan sin ese servicio 760.000 dependientes reconocidos. El tercer objetivo incumplido es la mejora de las prestaciones: ha mejorado el servicio de ayuda a domicilio (de 33,45 horas semanales ha pasado a 39,6 horas), pero la prestación más importante, la que reciben las familias por cuidar a un dependiente, se ha reducido en 2,51 euros al mes (de 239 a 236,49 euros).

Así que el Plan de choque, que iba a acabar con casi una década de recortes a la Dependencia, no ha funcionado como se esperaba en 2021. El esfuerzo de los Presupuestos del Estado ha sido importante, pero todavía hay una “dejación” del Estado central, que sigue cargando sobre las autonomías la mayor parte de la financiación de la Dependencia, cuando la Ley de 2006 estableció que la financiación pública de la Dependencia debía ser paritaria: 50% lo pagaría el Presupuesto del Estado y 50% las autonomías. En 2009, el Estado central pagaba el 46% y las autonomías el 54%. Pero a partir de 2010 y sobre todo con los recortes de Rajoy en 2012, el peso del Estado central en el gasto público en Dependencia bajó al 23,5% en 2013 y a un mínimo del 19,4% en 2019, financiando el 80,6% restante las autonomías. Y a pesar del salto por el Plan de choque, en 2021, el Estado central sólo financió el 27,3% del gasto público en Dependencia y las autonomías el 72,7% restante.

Las autonomías, que gestionan la Dependencia, se han encontrado estos 15 años con un enorme salto en el número de dependientes (de 758.361 beneficiarios en 2015 a 1.238.399 en abril  de 2022) y una menor aportación del Estado central. Y han tratado de “capear el temporal”, atendiendo a más dependientes con sus pocos recursos. Para afrontar el reto, las autonomías han aplicado 3 “trucos”: dilatar en lo posible los expedientes que reconocen la dependencia de una persona (la mayoría, mayores), retrasar lo más posible la ayuda una vez reconocida legalmente (las “listas de espera: 194.842 personas, el 13,59% de todos los dependientes reconocidos) y tratar de conceder ayudas “low cost”, intentar prestar ayudas más baratas para poder cubrir a más dependientes sin disparar el gasto. Veámoslos.

El primer “truco” es dilatar los expedientes que reconocen los tres grados de dependencia con derecho a ayudas (I, II y III, la más grave). En 2021, el tiempo medio de espera para reconocer una prestación era de 421 días, según los Directores de Servicios Sociales, cuando el periodo máximo legal se fijó en 180 días. Pero hay autonomías que retrasan la resolución mucho más, para embalsar la demanda y retrasar el gasto: destacan Canarias (943 días, 2 años y medio), Andalucía (680 días), Cataluña (580), Murcia (573), Extremadura (551), Galicia y Comunidad Valenciana (411 días), mientras en Castilla y León tardan sólo 117 días, en el País Vasco 139 y en Cantabria 141. Otra vía que han utilizado algunas autonomías es “revisar” los grados de dependencia, como otra manera de “rebajar grados” y ahorrar…

El 2º truco para ahorrar es retrasar la concesión de la ayuda a los que ya se les ha reconocido una dependencia. Son las tristemente famosas “listas de espera” de la Dependencia: personas que esperan una ayuda económica, una teleasistencia, un centro de día o la ayuda para una residencia. En 2015, había 384.326 dependientes en listas de espera, un tercio del total (32,56%), al incorporarse ese año los Dependientes “moderados” (Grado I). Estuvieron por encima de los 300.000 en 2016 y 2017, bajando a 250.037 en 2018 (el 19,7% de los dependientes) y a un mínimo de 193.436 en diciembre de 2021, una lista de espera que ha empeorado este año (194.842 dependientes, el 13,59%, en abril de 2022).

El problema de la lista de espera ya no es sólo que se priva de recibir una ayuda pública a alguien que la tiene reconocida por Ley (imagínese que los pensionistas tuvieran “lista de espera”), sino que la mayoría de los dependientes son muy mayores (el 53% de los solicitantes y beneficiarios tienen 80 años o más) y muchos dependientes se mueren antes de que les reconozcan la ayuda o les llegue la prestación. El dato de los Directores de Servicios Sociales es impresionante: en 2021 murieron 46.300 dependientes esperando que resuelvan su expediente (18.356) o que les presten la ayuda que tienen reconocida (otros 27.944 dependientes). En total, cada día mueren 127 dependientes “esperando”… Tremendo.

El tercer truco para ahorrar es intentar atender a más dependientes con el mismo dinero (o menos, como las 11 autonomías que “ahorraron” en 2021). Para eso, en la última década, han desarrollado servicios de bajo coste (“low cost”) que engañan las estadísticas: hay más dependientes “atendidos” con servicios de baja calidad. Es el caso de la teleasistencia (el servicio más barato), que reciben el 18,69% de los beneficiarios), la ayuda a domicilio (18,57% de las prestaciones) o los Centros de día (5,81% de los beneficiarios). Hay muy pocos dependientes que reciben atención en una residencia (el 10,71%) y la mayoría reciben una ayuda económica para que les cuide su familia (el 30,77% de los beneficiarios) o un cheque para que ellos contraten un servicio (11,2% de los beneficiarios).

La mayoría de los dependientes (480.000) reciben una ayuda a sus familias para que los cuiden, una ayuda mínima de 236,49 euros de media (138,36 Grado 1, 240,59 Grado II y 333,73 Grado III), ayudas que varían mucho según las autonomías (el Estado asegura un mínimo y luego cada autonomía lo complementa). El 74,2% de los cuidadores familiares son mujeres y sólo 67.225 están dadas de alta en la Seguridad Social. Sobre el cheque para contratar un cuidador o una residencia, el importe es muy bajo y las familias pagan la diferencia, un alto copago. Así, un dependiente grave (Grado III) que quiera ir a una residencia, el sistema de Dependencia le paga 531 euros al mes, lo que supone para su familia un tercio del coste real que van a tener por llevarle a una residencia (si encuentra plaza).

Precisamente, las familias con mayores o personas dependientes han visto aumentar el coste de atenderles en los últimos años. Si en 2009 sólo financiaban el 14,7% del coste total de la Dependencia, con los recortes vieron aumentar los “copagos” y en 2015 ya financiaban el 20,5% del sistema (otro 17,49% el Estado central y 62,5% las autonomías), según los Directores de Servicios Sociales. Y ahora, en 2021, las familias ya pagan el 21,3% de los gastos totales de la Dependencia, casi como el Estado central (21,5%) mientras baja la financiación de las autonomías (57,2% del total).

Vistos los datos, está claro que la gestión de la Dependencia en estos 15 años es muy deficiente y problemática. Y además, es muy desigual entre las autonomías. Se ve claro en el retraso en los expedientes (2 años y medio en Canarias y 117 días en Castilla y León) y en las listas de espera: es muy alta en Cataluña (29,62% dependientes en espera), la Rioja (20,30%) y Canarias (26,25%) pero casi inexistente en Castilla y León (0,15%), Galicia (4,99%), Navarra (5,77%) o Ceuta (5,85%). Y eso tiene mucho que ver con la gestión, pero sobre todo con el gasto en dependencia, donde hay tremendas diferencias: el País Vasco gasta 12.932 euros por beneficiario (seguida de 11.814 en Extremadura, 10.541 en Navarra y 9.599 en Asturias), el doble que las que menos gastan, Castilla y León (6.599 euros por beneficiario, Andalucía (6.653), Galicia (6.758) y Canarias (6.893 euros).

Al final, los directores de Servicios Sociales tienen un Observatorio de la Dependencia que valora cada año la gestión y los gastos de las autonomías. En el de 2021, sólo 9 autonomías aprueban, 4 de ellas con notable: Castilla y León (8,4), Castilla la Mancha (8,1), Andalucía (7,5) y Madrid (7,4). Y suspenden en la gestión de la dependencia otras 10 regiones: Canarias (1,6 puntos sobre 10), Cataluña (2,8), los dos “farolillos rojos”,  Navarra, Murcia, Cantabria, Ceuta y Melilla (3,4 puntos), Galicia (4,4), Asturias y Extremadura (4,7).

Este año 2022, el Presupuesto del Estado gastará otros 1.200 millones “extras” para financiar la Dependencia, siguiendo el Plan de Choque aprobado (que contempla otros 1.800 millones extras en 2023). Ahora falta ver si las autonomías siguen aprovechando estos mayores fondos para gastar ellas menos, como han hecho ya 11 en 2021. Parece claro que hay que hacer cambios, para conseguir suprimir la lista de espera en las 11 autonomías que la tienen muy baja y suprimirla totalmente en 2023, como prevé el Plan de choque. No va a ser fácil si no hay un Pacto entre el Gobierno y las autonomías para reducir las enormes diferencias entre autonomías, buscando más recursos extras para recortar drásticamente las listas de espera en Cataluña, Aragón, Canarias, Extremadura, País Vasco y Murcia. Y recabar más recursos autonómicos para mejorar los servicios de la dependencia, ayudando más a las familias, para que no carguen con buena parte del coste.

Gobierno y autonomías deberían volver a sentarse y pactar otro Plan de Choque, para resolver los problemas de fondo que tiene el sistema de la Dependencia y que revelan los distintos informes de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Porque si la Dependencia es hoy un problema, lo será más en el futuro, por el envejecimiento de la población: si hoy son 1.433.000 los dependientes con derecho a una prestación, en 2050 serán el doble (3 millones), según un informe del CSIC. Y eso obliga a buscar más recursos, porque la Dependencia no puede seguir “infra financiada”. De hecho, España destina hoy el 0,8% del PIB a la Dependencia, mucho menos que la mayoría de Europa (4% del PIB en Paises Bajos, 3,2% en Suecia, 2,5% en Dinamarca, 2,2% en Bélgica o 1,7% en Francia). El objetivo, según algunos expertos, debería ser gastar el 2% del PIB. Eso supondría gastar en Dependencia 24.500 millones al año, frente a los 9.558 millones de 2021.

En resumen, la Dependencia debe dejar de ser “la pariente pobre” del Estado del Bienestar y ser una prioridad de la política social, como la sanidad, la educación y las pensiones. Y no sólo por un sentido de justicia ante nuestros mayores y dependientes, también por razones económicas: la inversión en cuidados es muy rentable, porque se recupera una parte importante en cotizaciones e impuestos (el 41,7%) y crea mucho empleo (hay 283.694 personas trabajando en la Dependencia), lo que convierte la economía de los cuidados en un sector de futuro. Debe ser una prioridad. Se lo debemos a nuestros padres y abuelos.

Coronavirus: la recesión que viene

El coronavirus no es sólo una pandemia que enferma y mata, también pone en peligro la débil recuperación de la economía mundial y a una Europa que apenas crece. El daño a las economías ya es patente, al impedir la fabricación de muchos productos que venían de China o Corea, y por la incertidumbre, que desploma el consumo y los viajes, provocando el pánico en las Bolsas. El mundo y España decrecerán este año y se podrían perder muchos empleos, sobre todo en el turismo y la hostelería, la automoción, el comercio y el ocio. La duda es cuánto caerá la economía esta año y la intensidad de la recesión, que la Comisión Europea augura ya para Europa, con una caída del -1% o más. Va a depender de la dureza de las medidas que haya que tomar y de la duración de la epidemia (el pico será en abril y luego llegará hasta junio). Dos prioridades son claves: reforzar la sanidad (debilitada por los recortes) e impedir despidos definitivos (sólo temporales), ayudando a las empresas con créditos y flexibilidad. Tenemos que salir vivos y con trabajo de esta pesadilla.

enrique ortega

Antes de hablar de los daños económicos, veamos un balance de la pandemia a que nos enfrentamos. La epidemia se inició en la provincia china de Wuhan, entre el 12 y 19 de diciembre, pero los primeros casos no se reportaron a la OMS hasta el 31 de diciembre. El 9 de enero, China informó del primer muerto por coronavirus. El primer caso en Europa se dio el 25 de enero en Francia, llegando a España el 31 de enero (La Gomera). Y el 11 de marzo, la OMS declara la pandemia, que hoy afecta a 168.000 personas en 144 paises, con 6.500 muertos. España es hoy el 5º país más afectado del mundo (7.989 afectados y 294 muertos), tras China (81.079 casos y 3.228 muertos), Italia (24.747 casos y 1.809 muertos), Irán (13.938 casos y 724 muertos) y Corea del Sur (8.236 casos y 75 muertos). Los expertos indican que si no hacemos nada, el coronavirus contagiará al 60% de la población, aunque el 80% no lo notará o tendrá síntomas leves, el 15% necesitara tratamiento y el 5% restante sufrirá una situación crítica (y el 1-2% morirá). Así que es una pandemia muy seria.


El primer objetivo es ralentizar estos contagios, conseguir que el virus se propague lo más lentamente posible y a lo largo de varios meses, que no se concentre en uno o dos meses, porque eso colapsaría la sanidad, ya que no habría unidades de cuidados intensivos ni medios para atender a ese 5% más grave (sobre todo ancianos y enfermos crónicos). Por eso, las medidas de aislamiento tomadas drásticamente en China y en Italia o España (tarde) pretenden no sólo reducir los contagios sino “espaciar el ritmo”, “repartirlos” más para poder atenderlos. Es lo que explican estas curvas publicadas en la revista científica Lancet, la guía para las autoridades sanitarias de todo el mundo. 


Este es el primer frente de lucha contra el coronavirus, el sanitario, la prioridad indudable, máxime cuando la pasada crisis económica y los recortes han debilitado la sanidad pública en muchos paises, entre ellos España. Baste un dato: Madrid tiene hoy 500.000 habitantes más que en 2008 y  3.300 sanitarios menos. Y lo mismo en la mayoría de autonomías, que necesitan con urgencia personal, instalaciones, camas, respiradores y material. De momento, el Gobierno va a transferir 2.800 millones a las autonomías para reforzar su sanidad y 1.000 millones del Fondo de contingencia para compras y suministros. Es un principio, pero habrá que gastar más y convocar plazas de médicos y sanitarios con urgencia.


El otro gran frente de actuación es la economía, para evitar que el coronavirus nos meta en otra crisis como la de 2008 o peor. Porque la pandemia daña la economía por dos vías. Una, provocando una “crisis de oferta”: vivimos en una economía globalizada y China es “la gran fábrica del mundo”(produce un 30% de las manufacturas mundiales), junto con Corea. Eso afecta a todos los paises que necesitan sus piezas y componentes para fabricar coches, tecnología, informática, medicamentos, maquinaria, material eléctrico, plásticos, productos químicos y ropa, además de frenar las ventas del mundo a China. Nissan ya cerró el viernes su planta de Barcelona y hoy cierran temporalmente las fábricas de Renault en Palencia y Valladolid, la de Seat en Martorell y la de Ford en Almusafes, todas por falta de suministros y por seguridad. La otra vía por la que el coronavirus ataca la economía es el miedo, la incertidumbre, que reduce las ventas y los viajes (la crisis de “demanda”), máxime si se ordenan aislamientos o se prohíben vuelos. Y esto afecta ya a casi todas las empresas, que reducen ventas y producción, junto al comercio, y, sobre todo, los hoteles, bares, restaurantes y líneas aéreas (que ya han anunciado múltiples EREs). 


En este ambiente de temor, el dinero y los inversores han entrado en pánico, huyendo de los paises en desarrollo (Latinoamérica, África y Asia), que han perdido más de 30.000 millones de dólares en el último mes y medio, fugados a USA y Europa para invertir en bonos del Estado, lo que puede provocar una crisis en el Tercer Mundo. Y entre tanto, los inversores se han lanzado a vender sus acciones, provocando un desplome en las Bolsas mucho mayor que en 2008: el IBEX 35 han caído un -34,25% desde el máximo del 19 de febrero, lo que supone que los inversores han perdido más de 150.000 millones de euros. Eso frena en seco cualquier inversión, mientras la banca restringe más sus créditos.


Todo esto afecta a todo el mundo, pero España es uno de los paises que puede salir peor parado económicamente por el coronavirus por cuatro razones. La primera, porque somos la 2ª potencia mundial en turismo y vamos a perder muchos de los 83,7 millones de extranjeros que vinieron el año pasado, lo que afectará especialmente a Canarias, Baleares, todo el litoral mediterráneo y Madrid. La segunda, porque España es el 8º productor mundial de coches (13 factorías y 2,82 millones de coches fabricados en 2019), una industria clave para el consumo interno, la exportación (2,3 millones) y el empleo (2 millones), donde ya se han anunciado EREs temporales (Ford, Opel y Nissan).La tercera, porque España es un país muy dependiente de China: hay 160 empresas españolas instaladas allí y es nuestro tercer proveedor mundial (importamos de allí por valor de 29.154 millones, el 9,1% del total), sólo por detrás de Alemania y Francia. Y la cuarta razón, y la más preocupante, porque somos el país europeo con más empleo precario: el 26,10% de los asalariados tienen un contrato temporal y pueden ser “las primeras víctimas laborales” del coronavirus. Y además tenemos una mayor proporción de pymes (98%), más sensibles a la caída de ventas.


De momento, las instituciones económicas internacionales “no se mojan” al valorar los daños económicos del coronavirus. La OCDE dijo el 2 de marzo que podría “reducir a la mitad el crecimiento de la economía mundial en 2020” (del 2,4 anterior al 1,5%). Pero advertía que si la epidemia se propagaba, “Europa y Japón podrían entrar en recesión”. Y el FMI añadió, el 4 de marzo, que los daños “podrían ser más graves que los de la crisis financiera de 2008”, en despidos y caída de la oferta y la demanda, anunciando que va a movilizar un paquete de 45.000 millones de euros para ayudar a los paises pobres y emergentes. En el caso de Europa, el problema es que la economía ya estaba “parada” antes del coronavirus: creció sólo un +0,1% (la UE-28 y la zona euro) en el 4º trimestre de 2019, según Eurostat. Y Alemania y Reino Unido no crecieron nada (+0%), mientras España crecía un 0,5%, Austria, Dinamarca y Suiza sólo un 0,2% y 4 importantes paises decrecían: Francia (-0,1%), Italia (-0,3% sin el coronavirus), Finlandia (-0,7%) y Grecia (-0,7%).


A pesar de este estancamiento europeo a finales de 2019, que ahora el coronavirus transformará en caídas del crecimiento, las autoridades europeas han reaccionado tarde y mal ante la pandemia: se han limitado a un Consejo europeo por videoconferencia (dos horas y media, el 11 de marzo) donde aprobaron un Fondo de ayuda de 25.000 millones, de los que 7.500 saldrán de remanentes del Presupuesto y el resto no se sabe. El viernes, tras el desplome de las Bolsas, subieron el paquete de ayudas a 37.000 millones. Una miseria para una pandemia. Eso sí, cada país aprueba planes por su cuenta: 12.400 millones Alemania (otra miseria), 25.000 millones Italia, 34.000 millones Reino Unido. Y el Banco Central Europeo (BCE), que fue “el bombero” que nos salvó de la crisis de 2008, también ha sido parco esta vez, aprobando la compra extra de 120.000 millones de deuda pública y privada (sólo 10.000 más al mes) y prometiendo más crédito para las empresas, que nunca llega. Así no extrañe que las Bolsas se desplomaran el jueves al ver como el BCE y la UE afrontan la crisis del coronavirus. Y mientras, la Reserva Federal USA anuncia una inyección de liquidez de 1,5 billones de dólares, que se suman a los 50.000 millones  de dólares de un Plan de emergencia presentado por Trump.


En este diletante contexto europeo, España está muy sola para luchar contra la crisis que provoca el coronavirus. El Gobierno ya ha aprobado un primer paquete de medidas económicas, además de la inyección de 3.800 millones para la sanidad. Básicamente, trata de aligerar de costes a las empresas y que tengan liquidez y créditos para no entrar en crisis, ayudando en paralelo a los trabajadores afectados. Primero, se concede una moratoria de 6 meses a las empresas afectadas para que retrasen el pago de impuestos (IVA, IRPF, sociedades…), hasta 30.000 euros por empresa , unos 14.000 millones de euros en total, una importante liquidez para hacer frente a la caída de ingresos. Segundo, una línea de crédito de 400 millones con mínimo interés, del ICO, para las empresas y autónomos del turismo, el transporte y la hostelería. Tercero, para preservar el empleo, se amplían las bonificaciones a la Seguridad Social en los contratos fijos discontinuos para que cubran los contratos de febrero a junio en turismo, comercio y hostelería. Cuarto, se permite que los trabajadores afectados por el aislamiento preventivo se consideren “baja por enfermedad”, lo que les permite cobrar desde el día siguiente el 75% del sueldo con cargo a la SS, no a su empresa. Y además, se conceden 25 millones para atender la pobreza infantil, las familias que ahora no acuden a los comedores escolares (cerrados).


Es un primer paquete de medidas de urgencia, al que seguirá otro que se está negociando con empresas y sindicatos. Básicamente, se trata de facilitar los expedientes de regulación de empleo temporales, para que las empresas puedan aligerar plantillas y gastos por unos meses y los trabajadores cobrar el sueldo sin consumir paro. Además, se estudian medidas específicas para el turismo (flexibilización de los slots o reservas de tiempo de las compañías aéreas y ayudas y créditos a hoteles), junto a ayudas a las familias que han tenido que reducir horarios (e ingresos) o gastar en cuidar a sus hijos por el cierre de colegios. ”No vamos a escatimar recursos. Haremos lo que haga falta”, dijo el jueves el presidente Sánchez.


¿Será suficiente? ¿Entraremos en otra crisis? Va a depender no sólo de las medidas de ayuda que se tomen, sino de dos factores más. Uno, la intensidad de las medidas que se impongan para atajar la pandemia. Si se aíslan las ciudades y se cierra todo, salvo supermercados, farmacias y gasolineras (como en Italia), con el “estado de alarma” (necesario), los daños económicos serán mucho más cuantiosos. Y el otro factor clave será la duración de la pandemia. Según la curva que manejan los expertos, el "pico" del contagio podría alcanzarse hacia el 15 de abril y el final de los contagios a finales de junio. De ser así, demos por perdida la Semana Santa (clave) y buena parte de las reservas turísticas del verano, mientras serán muchas las empresas que no podrán aguantar tantos meses de caída de ventas. Estaríamos hablando de dos trimestres de caída de la actividad ("recesión") y un año 2020 donde no creceríamos nada o incluso decreceríamos y se perdería empleo, algo que no sucede desde 2014. La Comisión Europea acaba de reconocer que Europa entrará en recesión en 2020 y que la caída puede ser del -1% o incluso más, según las medidas que se tomen para reducir los daños. Hoy se reúne el Eurogrupo (ministros economía UE) para ver si hacen algo más a nivel europeo. De eso va a depender también que entremos en otra crisis como la de 2008 o peor.


Lo importante es salvar vidas y salvar empleos. Deben ser los dos objetivos de todos. Y por eso, las empresas y los sindicatos deben pactar con el Gobierno medidas para salvar empresas y empleos, evitar que alguien utilice el coronavirus para “limpiar plantillas”. En eso hay que ser inflexible, con ayuda de la Inspección de trabajo. Y en paralelo, todos los partidos deberían pactar un aumento del gasto y admitir que no se va a poder cumplir con el déficit que exige Bruselas. Hay que gastar lo que haga falta para salvar vidas y empleos, diga lo que diga la UE. “Europa sabe que no puede volver a cometer los errores del pasado (austeridad) que tanto perjudicaron a nuestras economías (...). Nosotros vamos a movilizar todo lo que tengamos a nuestro alcance. Haremos lo que haga falta”, dijo el jueves Pedro Sánchez. Y hay que apoyarle ante Bruselas. Para ello, haría falta pactar y aprobar cuando antes un Presupuesto extraordinario para 2020, “el Presupuesto del coronavirus”. Urge.


Mientras tanto, debemos luchar juntos contra el coronavirus, quedándonos en casa. Y podremos ver cada día si tenemos éxito. Empezaremos a ganar esta guerra cuando el ritmo de contagios baje, el gran objetivo que se busca: que baje la cifra de nuevos contagios. El 5 de marzo aumentaron en +37 (+18%), el día 6 en +104 (+39%), el lunes 9  en +410 (+69%), el jueves 12 en +810 (+27%), el viernes 13 en +1.259 (+43%), el sábado 14 en +1.519 (+36%) y ayer domingo 20 en +2.000 nuevos (+35%). Van a seguir subiendo, pero algún día empezarán a bajar y veremos sentido a todo este sacrificio. Busque cada día el dato oficial, que publica esta web de Sanidad hacia las 14 horas. Y calcule el porcentaje de aumento de contagios (nuevos contagios/contagios de ayer). Este porcentaje ha de ser nuestra guía, nuestra obsesión. Tardará, pero bajará.


Para acabar, unas reflexiones que vienen a cuento. La primera, que el coronavirus nos  demuestra que somos muy vulnerables, que nuestra vida y nuestro trabajo se pueden “poner patas arriba” en unos días, sin que podamos controlarlo apenas, así que quizás sería bueno que revisáramos nuestras prioridades vitales. La segunda, que el Estado, tan denostado por muchos “liberales de pacotilla”, nos hace mucha falta y es la única garantía que de verdad tenemos para mantener la actividad y hasta la vida. Tercera, que la salud es lo primero y nunca más deberíamos permitir recortes sanitarios. Y cuarto, que emergencias como esta se pueden repetir y no estamos preparados, ni con medios, ni con investigadores ni con recursos, lo que obligaría a crear un Fondo de contingencia para emergencias, reservas estratégicas y protocolos claros, para no volver a improvisar en futuras crisis.


Y dicho todo esto, tranquilos: vamos a salir de esta pesadilla, aunque estaremos mal unos meses. Insisto: lo importante es salir vivos y con trabajo.