El curso escolar acaba con protestas

Este viernes acaba el curso escolar en colegios e institutos, tras multiplicarse en los últimos meses las protestas de profesores en media España, desde Cataluña y la Comunidad Valenciana a Aragón y Madrid. Los docentes piden cosas para ellos (menos precariedad laboral, menos horas y más sueldos), pero sobre todo piden más medios y recursos para enseñar mejor: menos alumnos por clase, más clases y profesores de refuerzo para alumnos con problemas, menos horas lectivas y menos tareas burocráticas para mejorar su salud mental. Y reducir el desvío de fondos públicos a la enseñanza concertada, que concentra a casi  la mitad de los alumnos en el País Vasco y Madrid. Además, piden más financiación para la enseñanza pública, que gasta menos por alumno que en Europa y donde hay grandes diferencias de gasto por autonomías: 1.608 euros/alumno en País Vasco frente a 910 euros en Madrid. Son problemas que se traducen en una peor calidad de la enseñanza y que podrían llevar a una huelga de profesores en septiembre en toda España.

                  Protestas de profesores en media España y amenaza huelga en septiembre

En los últimos meses han estallado múltiples protestas de profesores en media España, tras años de problemas educativos enquistados y que ahora afloran. En Cataluña hubo una primera huelga de docentes el 11 de febrero, a la que han seguido 23 jornadas de protestas, que se cerraron el 14 de junio con una masiva manifestación de profesores, alumnos y familias, mientras la mayoría de docentes rechazaba un acuerdo firmado por varios sindicatos y la Generalitat para subir los sueldos 400 euros al mes en 4 años e incorporar 6.400 docentes, mejoras consideradas “insuficientes”. También han sido masivas las protestas de docentes en la Comunidad Valenciana, desde el 11 de mayo, con casi un mes de huelga y múltiples manifestaciones, con otro desacuerdo ante las mejoras que propone la Generalitat. También en Aragón se produjeron 2 huelgas de profesores (enero y mayo) más múltiples concentraciones y protestas, que se han producido también en Madrid, el epicentro de una huelga estatal de educadoras de educación infantil (0-3 años) que continúa desde abril.

¿Qué piden los profesores con estas huelgas y protestas? Básicamente, tienen dos grupos de reivindicaciones. Unas, relacionadas con ellos, con mejoras laborales y profesionales: contratos menos precarios, mejores sueldos y menos horas de trabajo efectivo, que en muchos casos les suponen problemas de ansiedad y mentales. Y otras, relacionadas con mejorar su trabajo en colegios e institutos: menos alumnos por clase (ratios), mejora de infraestructuras y aulas, más clases de refuerzo, más profesores de apoyo, menos burocracia y trabajo administrativo (exceso de informes y registros digitales). Y como telón de fondo, una mayor financiación para la enseñanza pública y dejar de desviar recursos públicos a la enseñanza concertada, que no deja de crecer a costa de la pública. Veámoslo.

Los profesores que trabajan en colegios e institutos eran 850.880 el curso 2024-25 (últimos datos de Educación), casi las tres cuartas partes en centros públicos (624.368 docentes), los que tienen más problemas laborales, aunque también empeora la situación de los casi 200.000 docentes que trabajan en la enseñanza concertada. El principal problema de los docentes públicos es su precariedad: el 31% tienen un contrato temporal y muchos ven como les despiden ahora en junio para volver a contratarlos en septiembre. Junto a esta inestabilidad laboral, que se une a muchos cambios de centros, están sus bajos salarios: el sueldo neto de un profesor de Primaria oscila entre 1.700 y 2.200 euros, según antigüedad. Y el sueldo neto en Secundaria oscila entre 2.000 y 2.700 euros. Y en la reciente huelga, las cuidadoras de educación infantil denuncian sueldos de 1.100 euros…

Al margen de sus problemas laborales, la principal queja de los profesores es el exceso de alumnos por clase, que les impide hacer bien su trabajo y les crea problemas de ansiedad y mentales. Actualmente, la ratio en Primaria es de 25 alumnos, en Secundaria de 30 y en Bachillerato y FP de más de 35 alumnos por clase, una ratio superior a las que tienen los docentes europeos y que además varía por autonomías. El 21 de abril de 2026, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de Ley para bajar las ratios, de 25 a 22 en Primaria y de 30 a 25 en Secundaria. Pero el proyecto estaba parado en el Congreso, porque Junts y el PNV presentaron una enmienda a la totalidad, aunque hoy 18 de junio se ha decidido que el proyecto siga debatiéndose, también con los votos favorables de PP y Vox. El objetivo de la medida es ir aplicando progresivamente las nuevas ratios, curso a curso, para alcanzar el objetivo en el curso 2031-32. Una medida que está en el aire y que tiene un coste de 28.180 millones en 10 años, para contratar más profesores y construir más aulas.

Otra queja de los profesores es que, con las ratios actuales, no pueden atender como necesitan a los alumnos retrasados o que tienen necesidades especiales, lo que obliga a “dejarles a su ritmo” y acabar perdiéndolos o a bajar el ritmo de toda la clase. Estos alumnos con más necesidades han crecido sobre todo en los colegios públicos, que son los que tienen más alumnos de familias vulnerables y más alumnos inmigrantes, dos tipos de alumnos que la enseñanza concertada “evita”. El problema es que estos alumnos (sobre todo los extranjeros) se concentran más en determinadas provincias de España y en los colegios públicos. Así, el mayor porcentaje de alumnos extranjeros (1.066.875 en toda España en colegios e institutos, el 12,2% del alumnado) se concentran en los centros públicos (17,3% en Primaria, frente al 11,7% en centros concertados y privados, 15,1% en la ESO) y sobre todo en 7 provincias: Alicante (29% de alumnos extranjeros de Primaria en la pública y 16,2% en los concertados), Lleida (27%), la Rioja (26,4%), Castellón (26,1%), Murcia (24,8% en los centros públicos y 8,3% en los privados), Girona (24,7%) y Teruel (24,6%).

Los docentes reiteran que estos alumnos “con más necesidades educativas” (unos porque proceden de familias desestructuradas o vulnerables, otros porque son inmigrantes y en muchos casos tienen la barrera del idioma) necesitan una atención especial, con “aulas de acogida” al principio y clases y profesores de refuerzo, que la mayoría de los centros no pueden ofrecer, lo que agrava “la impotencia” de los profesores. Y aún con pocos alumnos con necesidades especiales, el número de alumnos en cualquier clase es excesivo y dificulta seguir los programas y cumplir objetivos. Y además, obliga a los profesores a ampliar su jornada lectiva (ahora 23 horas lectivas en colegios y 18 horas en institutos), en la que dedican muchas horas a tareas burocráticas y no docentes.

Al final, todas las protestas de profesores inciden en el meollo del problema educativo: faltan medios, recursos y profesores porque hay poca financiación, menos que en la mayoría de los paises occidentales. En 2024, el gasto público en Educación fue de 71.348 millones de euros, el 4,48% del PIB, de los que 50.920 millones se destinaron a la enseñanza no universitaria (infantil, primaria, secundaria, Bachillerato y FP), el 3,19% del PIB español. Un porcentaje del gasto que es algo inferior al gasto en enseñanza universitaria en la OCDE (3,3% del PIB) y algo superior a la media UE-15 (gastan 3% PIB), aunque es inferior al gasto en Francia (3,7%), Reino Unido (4%) o EEUU (3,5% PIB ) y algo superior a Alemania (3,1% PIB). Al concretar este gasto no universitario por alumno, España gastó 10.924 dólares, frente a 11.905 dólares la UE-15, 12.438 dólares la OCDE, 14.503 dólares Alemania, 12.321 dólares Francia y 12.666 dólares por alumno en Italia, según los últimos datos de la OCDE.

Otro problema, junto al menor gasto, es que la gran mayoría del gasto educativo en colegios e institutos lo gestionan las autonomías (les correspondió el 84,3% del gasto en 2024) y hay una enorme disparidad de gasto educativo por regiones. Si la media de este gasto no universitario fue de 1.126 euros por alumno en 2024, hay 10 regiones que gastaron más, encabezadas por País Vasco (1.608 euros/alumno), Navarra (1.492), Extremadura y Murcia (1.264), según el ranking de los Directores de Servicios Sociales. Y otras 7 autonomías gastan mucho menos en educación: Madrid, el farolillo rojo (gasta 910 euros/alumno no universitario), Asturias (1.034), Cataluña (1.042), Galicia (1.055), Canarias (1.069), Castilla la Mancha (1.076) y Baleares (1.109 euros/alumno).

Además de la falta de financiación, otro problema del que se quejan los profesores es que muchas autonomías (básicamente las gestionadas por el PP) llevan años desviando recursos públicos (no sólo dinero, también solares) a la educación concertada, en perjuicio de la pública. Son los famosos “conciertos”, el dinero público que se transfiere cada año a los centros privados, básicamente los concertados, para que acojan alumnos que no tienen ya hueco en la escuela pública (donde apenas se ha invertido las últimas décadas). El gasto en conciertos ha pasado de 5.768 millones en 2014 a 8.342 millones en 2024, el 11,7% del gasto público total. Y eso provoca que los centros concertados ganen en alumnos, sobre todo en algunas autonomías que los apoyan más. Así, los 8.348.000 alumnos matriculados en infantil, primaria, ESO, Bachillerato y FP, el 66,9% acuden a centros públicos, pero un 24,4% acuden ya a centros concertados y un 8,8% a centros privados. Y hay autonomías con mucho más peso de la enseñanza concertada y privada, como el País Vasco (48,6%) o Madrid (46%), también Cataluña (35,3%) y Baleares (35,1%).

Mientras falta financiación para mejorar la enseñanza pública, las familias gastan más en la educación de sus hijos cada año, aunque sea oficialmente “gratuita” de los 6 a los 16 años (Primaria y ESO). El gasto familiar en educación se ha duplicado en los últimos 12 años, pasando de 13.217 millones en el cursos 2011-2012 a 27.806 millones en el curso 2023-24, según los últimos datos del INE. Y la cuarta parte de este gasto familiar, 6.115 millones anuales, se gasta en los hijos que estudian Primaria y Eso, los ciclos “gratuitos”. La estimación es que entre 5 y 9 años, las familias gastan 1.964 euros anuales por estudiante, que suben a 2.414 euros anuales entre 15 y 19 años. Un gasto que se va en actividades extraescolares, servicios complementarios (comedores, transporte y residencia), libros y uniformes y actos extraescolares fuera del centro. Eso sin contar el gasto creciente en academias y profesores particulares, que se ha disparado y alcanza otros 4.052 millones anuales.

Todos estos problemas estructurales de la educación (profesores con contratos precarios, bajos sueldos y “superados” por el trabajo, falta de medios y profesores para el refuerzo de alumnos, infraestructuras obsoletas con calor, frío y cortes de luz, falta de financiación y enorme disparidad de gasto por autonomías más un creciente gasto de las familias en la educación de sus hijos…) conducen a unos resultados educativos preocupantes, que les “duelen” especialmente a los profesores. Lo dejan claro los estudios PISA, que relegan a los alumnos españoles en matemáticas y comprensión lectora. Y varios datos incontestables. Uno, el alto porcentaje de repetidores: el 2,1% en primaria (1,2% en la UE-25) y el 7,8% en secundaria 1ª etapa (2,2% en la UE-25) y un 6,5% en la 2ª etapa. Otro, el abandono escolar temprano, el alto porcentaje de jóvenes que dejan sus estudios sin acabar el Bachillerato o la FP: 12,8% en 2025 frente al 9,4% en la UE-25. Y el tercero, el elevado porcentaje de jóvenes “ni-nis” (ni estudian ni trabajan): 11,5% en España y 11% en Europa.

Y hay otro problema de nuestra educación más preocupante: cada vez hay más distancia educativa entre los alumnos de bajo nivel social y los de clase media y alta. Así, los 120.000 adolescentes de 15 años que viven en hogares más acomodados llevan hasta 4 años de ventaja en matemáticas a los 120.000 adolescentes de esa edad que viven en familias desfavorecidas, según refleja el último informe PISA. Eso confirma lo que señalan muchos expertos: cada vez hay más distancia entre la formación de los alumnos de familias medias y altas, que les ayudan y exigen más, gastan lo que haga falta en clases particulares y tienen más recursos para orientar su futuro. Eso viene a decir que la educación deja de ser “el ascensor social” y que los hijos de las familias más vulnerables salen peor formados y tendrán un peor futuro, básicamente porque la escuela actual  no corrige las desigualdades. 

¿Qué se puede hacer? Parece evidente que hay que gastar más en educación, desde infantil a Bachillerato y FP, sobre todo en centros públicos. Pero no se trata sólo de gastar más sino de gastar “de otra manera”, concentrando el gasto en los centros y ciudades donde hay más problemas (barrios con más familias vulnerables y más inmigrantes), reforzando la enseñanza de quienes lo más lo necesitan, con clases de refuerzo, desdobles y profesores de apoyo. Y en paralelo, reforzar las plantillas docentes, estabilizando sus contratos y mejorando sus sueldos y su formación (con esa buena idea del MIR educativo, para los profesores que empiezan). Y reforzando los centros públicos, desde las infraestructuras a los equipos, con personal técnico y gestor que quite tareas no docentes a los profesores. Y con una mayor autonomía de los equipos docentes, a cambio de cumplir objetivos auditables.

Pero sobre todo, lo que piden a gritos nuestros colegios e institutos es que se abra un debate público sobre sus problemas y necesidades, que las autoridades educativas autonómicas colaboren con el Ministerio, los profesores y las asociaciones de padres para alcanzar un verdadero Pacto educativo, donde se acuerde una financiación suficiente y medidas para mejorar la calidad de nuestra enseñanza, hoy con grandes necesidades sin cubrir. Pero no parece que estemos en ese camino de acuerdo y negociación, como demuestran el rosario de huelgas, manifestaciones y huelgas de estos meses. Tenemos la educación, sobre todo la pública, a punto de estallar, con una amenaza de huelga en toda España en septiembre. Hay que tomárselo en serio, sentarse y acordar soluciones para mejorar y homogeneizar la calidad de la enseñanza en España, para conseguir que la educación de nuestros hijos y nietos no dependa de dónde vivan y de los ingresos de sus padres. Nos jugamos el futuro.

Curso 2025-26: menos alumnos y más diversos

Hace una semana que volvieron a clase 8,2 millones de niños y adolescentes, en 28.748 colegios e institutos, para iniciar un nuevo Curso escolar con algunas novedades y viejos problemas. Por segundo año consecutivo, habrá menos alumnos este Curso (-29.939), sobre todo en Infantil, Primaria y la ESO, por la caída de la natalidad. Y vuelven a aumentar los alumnos extranjeros (un tercio latinoamericanos), que ya suponen el 12,9% de los alumnos en Colegios e institutos, aunque concentrados en los Centros públicos y en el este de España. Mientras, sigue la escasez de financiación de la enseñanza pública, mayor en algunas autonomías, que impide reducir los alumnos por clase y contratar más profesores, mientras seguimos con una educación no universitaria de baja calidad, con un exceso de repetidores y abandonos. Y asistimos a un aumento de gastos educativos para las familias. Con todo, el mayor problema es la desigualdad educativa por regiones y centros, que exige medidas concentradas en apoyar a los centros y alumnos con más problemas.

                           Curso 2025-26: menos alumnos y más extranjeros

Este Curso escolar 2025-26 va a ser el segundo en este siglo en que bajará un poco el número de alumnos en colegios e institutos. Ya pasó el Curso pasado (2024-25), cuando hubo 13.245 alumnos menos en las enseñanzas no universitarias (desde infantil a Bachillerato y FP), concretamente 8.319.029 alumnos, según el Ministerio de Educación. Este nuevo Curso escolar se espera una bajada de alumnos mayor, sobre todo en los primeros cursos, por la caída de la natalidad sufrida en España desde 2009: -29.939 alumnos en enseñanzas no universitarias, un total de 8.289.090 alumnos, según el avance publicado por Educación. Eso sí, la mayor caída de alumnos se espera en los Centros públicos (donde estudian el 66,9% de los alumnos): el curso pasado, se perdieron 15.806 alumnos en los Centros públicos y se ganaron 2.561 en los concertados (donde estudian el 24,5% de los alumnos no universitarios) y privados (donde estudian el 8,6% del total de niños y adolescentes).

Yendo por cursos desde el inicio, la educación infantil de 0 a 2 años (que no es obligatoria) va a ser de las pocas donde crezcan los alumnos (se esperan 496.803 niños y niñas, +8.332 que el curso pasado),  debido a que el Gobierno y las autonomías aumentaron su financiación y las plazas públicas para que las familias envíen a los Centros a sus niños más pequeños, lo que hace que la tasa de escolarización a esta edad (0 a 2 años) ronde ya el 50%, una de las más altas de Europa. Siguiendo con el 2º ciclo de Educación Infantil (3-6 años), gratuito y no obligatorio, se espera otra bajada de alumnos este curso  (-18.959 alumnos), con un total de 1.059671 alumnos matriculados en este 2º Ciclo de infantil.

Los dos siguientes ciclos educativos (Primaria y ESO) son los que tienen más alumnos y donde también habrá menos este año, como el pasado, por la caída de la natalidad en las dos últimas décadas. En Primaria (6-12 años), se han matriculado este Curso  2.672.153 niños y niñas, 35.718 menos que el curso anterior (-1,3%, la mayor bajada de alumnos de toda la enseñanza). En Secundaria (12-16 años), la caída de alumnos este año será de -17.687 adolescentes (-0,8%), con 2.071.790 matriculados.

En los siguientes niveles educativos (Bachillerato y FP) se espera este curso un nuevo aumento de alumnos, como el curso pasado, debido a que estos jóvenes nacieron antes de la última caída de la natalidad. En Bachillerato (16-18 años), este curso se han matriculado 3.354 alumnos más (+0,5%), alcanzando los 707.788 alumnos. Y el gran salto se espera este curso en Formación Profesional (FP), “la enseñanza estrella” de los últimos años, debido a que las familias y sus hijos (sobre todo chicos más que chicas) han comprendido que es la mejor puerta al empleo. Este Curso estudiarán FP 1.218.347 alumnos, 28.971 más que el año anterior (+2,4%, el mayor aumento en el alumnado no universitario), porque han aumentado las plazas (más las privadas).

La pérdida de alumnos en la enseñanza no universitaria, por la caída de la natalidad, sería mayor si no fuera por los niños y jóvenes inmigrantes, que siguen creciendo en los Centros de enseñanza no universitaria. El curso pasado (2024-25) asistieron a colegios e Institutos un total de 1.125.860 alumnos extranjeros, el 12,9% del total de estudiantes no universitarios. Una cifra que no deja de crecer desde principios de siglo (205.000 estudiantes extranjeros en año 2000, el 3% del total) y sobre todo tras la pandemia (823.000 extranjeros, el 10% en 2021), según los datos de Educación. En muchos pueblos, este alumnado extranjero (el 38,8% de origen latinoamericano) ha permitido que no cierren colegios públicos y que se mantengan institutos, mejorando “la diversidad” de la enseñanza y la formación, aunque en otros lugares, este aluvión de alumnos extranjeros supone una carga adicional para Centros y profesores, complicando la enseñanza y deteriorando su calidad en algunos casos.

El problema del aumento de alumnos extranjeros es que están mal repartidos, tanto por regiones y ciudades como por Centros de enseñanza. Así, se concentran especialmente en el este de España, en zonas con gran peso de los servicios, el turismo y las tareas agrícolas (en las que trabajan sus padres): tienen un mayor porcentaje de alumnos extranjeros Baleares (19% del total), Comunidad Valenciana (18,5%), la Rioja (17,6%), Aragón (16,7%), Cataluña (16,5%), Murcia y Madrid (15,5%), mientras su porcentaje es bajo en Ceuta (3,6%), Extremadura (4,5%), Galicia (6,3%), Andalucía (7,5%), Melilla (8,2%(, Asturias (8,3%) y Castilla la Mancha (9%), según los datos de Educación.

Pero la mayor disparidad se da en la titularidad de los Centros donde estudian, dado que la mayoría lo hacen en Centros públicos, lo que parece consecuencia de una actitud discriminatoria ante los alumnos extranjeros de los centros concertados (que cobran cuotas, aunque dicen que no son obligatorias) y los privados. Los datos oficiales son muy concluyentes: en Primaria, los centros públicos tienen un 17,3% de alumnos extranjeros frente a un 11,7% los concertados y privados. Y en la ESO, el porcentaje de alumnos extranjeros es del 15,1% en los Centros públicos y el 11,4% en los privados. Y  por provincias, en Primaria hay 7 provincias donde el porcentaje de alumnos extranjeros en centros públicos es muy superior a la media (17,3%): Alicante (29% alumnos extranjeros en la pública y 16,2% en centros concertados), Lleida (27%), La Rioja (26,4%), Castellón (26,1%), Murcia (24,8% en centros públicos y 8,3% en privados), Girona (24,7%) y Teruel (24,6%).

Visto el panorama de alumnos esperado para este Curso 2025-2026 (menos alumnos pero más “diversos”, con más extranjeros), se esperan además algunas novedades educativas. Una de ellas, que será el 4º Curso en que se aplique la nueva Ley de Educación, la Lomloe (aprobada en 2020 y que se empezó a aplicar en el Curso 2022-2023), con lo que se graduarán de la ESO los primeros estudiantes educados con la nueva Ley, que pretende una educación menos “memorística” y más basada en potenciar habilidades, como defienden los expertos educativos y el Informe PISA, aunque los expertos creen que apenas se notará el cambio, porque hará falta más tiempo y el reciclaje de los profesores. 

Una novedad importante de este curso será que se evaluará el nuevo sistema educativo (la Lomloe), con la celebración de un examen (en la primavera de 2026) a una muestra de 35.000 alumnos de 6º de Primaria (elegidos en 1.000 Centros) para ver su "competencia" en Lengua, Matemáticas, Ciencia y Digital. Una especie de "Informe PISA español", que se repetirá en la primavera de 2027 con otra muestra de alumnos de 4º de la ESO. Otra novedad relevante es que empiece a aplicarse el Plan de refuerzo de matemáticas, anunciado en enero de 2024 y retrasado por la formación del profesorado y la escasez de recursos : este Curso se aplicará en 2.500 Centros de Primaria y Secundaria, desdoblando aulas y reforzando las clases con más profesores y una formación más personalizada. 

Además, en este Curso escolar se generaliza la prohibición del uso de móviles en infantil y Primaria en toda España, después de que ya lo estaban aplicando la mayoría de las autonomías, algunas incluso extendiendo la prohibición a la ESO, tras la propuesta aprobada en 2024 por el Ministerio y el Consejo Escolar del Estado. Una medida que busca mejorar la calidad de la enseñanza y reducir el acoso escolar, dado que el 76% de los niños españoles de 10 a 15 años tiene un móvil (y el 96% de los adolescentes de 15 años). Ahora, las autonomías estudian regular el uso de las tablets y portátiles en las aulas. 

Y en la Comunidad de Madrid se estrena este Curso una experiencia piloto interesante: se implanta en 300 colegios públicos una política de “patios y bibliotecas abiertas”: tras el final de la jornada lectiva, se permitirá a los alumnos proseguir en el centro (patio y biblioteca), vigilados por personal no docente que aportarán los 84 municipios donde se aplica (ojo: sólo se probará en un Centro educativo de Madrid capital, en Carabanchel).

Entre tanto, este nuevo Curso escolar arrastraremos los viejos problemas de la enseñanza no universitaria en España. El primero y fundamental, la falta de medios, derivada de una escasa financiación. El gasto en educación Primaria en España (10.181 dólares por estudiante) es un 15,4% inferior a la media europea (12.043 dólares) y en Secundarios es un 5.17% más bajo (12.541 dólares por estudiante frente a 13.225 dólares la UE-25 o 17.077 en Alemania), según el informe de la OCDE “Panorama de la Educación 2024”. Y además de gastar menos en educación no universitaria, hay enormes diferencias en el gasto educativo por autonomías (879 euros por habitante en Madrid, 1015 en Cataluña y 1.592 euros el País Vasco). Eso obliga a las familias a gastar cada año más en educación (cuotas, material, comidas, transporte, extraescolares). Tal es así, que España es el país europeo donde las familias financian un mayor porcentaje de la educación de sus hijos: el 11,6% en Primaria (frente al 4,4% en Europa) y el 9% en Secundaria (frente al 5,4% en la UE-25).

La escasez de recursos se traduce en los altos ratios de alumnos por clase (20,7 en Primaria), 24,5 en la ESO, 25,7 en Bachillerato y en torno a 20 en FP) y en la falta de profesores: los sindicatos señalan que faltan unos 100.000 para apoyar a los 800.000 docentes que enseñan hoy en Colegios e institutos. Pero estos profesores no universitarios tienen otro problema más grave: su inestabilidad laboral, que acaba repercutiendo en la calidad de la enseñanza: 1 de cada 5 profesores no universitarios es interino, una tasa del 21,06% que supera el límite del 8% de interinos obligado ahora por Ley. Esta precariedad ya provocó huelgas y protestas en la enseñanza no universitaria el curso pasado y se esperan nuevos conflictos este curso, máximo cuando las recientes oposiciones (en junio 2025) a profesor de Secundaria han sido un fiasco: 1 de cada 4 plazas (16.647 convocadas) ha quedado desierta. Esto plantea la necesidad de cambiar el sistema y acelera la necesidad de aprobar el esperado Estatuto del docente, donde los sindicatos siguen esperando una propuesta del Gobierno.

Además de la inestabilidad laboral, los profesores se quejan de otro problema que también afecta negativamente a la enseñanza: la excesiva burocratización de la docencia. Por un lado, los profesores tienen un exceso de tareas no docentes y los equipos directivos de Colegios e Institutos dedican hasta el 70% de su tiempo a gestiones administrativas, restando tiempo a la labor docente y a la planificación de una enseñanza de más calidad. Y se quejan de que les faltan medios, recursos y profesores para centrarse en reforzar a los alumnos que más lo necesitan, sobre todo en Centros públicos con más niños y adolescentes de familias con menos recursos, desestructuradas o de origen extranjero.

Al final, todo este panorama se traduce en que tenemos una enseñanza no universitaria “manifiestamente mejorable”, de una calidad muy desigual, según el tipo de Centros y alumnos. Pero a nivel global, los resultados no son buenos. Lo indican los estudios PISA, que relegan a España en matemáticas y comprensión lectora. Y varios datos incontestables. Uno, el alto porcentaje de repetidores: el 2,1% en primaria (1,2% en la UE-25) y el 7,8% en secundaria primera etapa (2,2% en la UE-25) y un 6,5% en la 2ª etapa. Dos, el abandono escolar temprano, el altísimo porcentaje de jóvenes que dejan sus estudios sin acabar Bachillerato o FP: 13% en España frente al 9,5% en la UE-25. Y tercero: el elevado porcentaje de jóvenes “ni-nis” (ni estudian ni trabajan): 17,8% en España y 12,9% en Europa.

¿Qué se puede hacer? Parece claro que hay que gastar más en educación, desde infantil a Bachillerato y FP. Pero no sólo se trata de gastar más, sino de gastar “de otra manera”, gastando más en los Centros y ciudades donde hay más problemas, o bien por la situación socioeconómica de los padres o bien por el porcentaje de alumnos extranjeros, que necesitan una mayor atención (empezando por el idioma). Se trata de concentrar el gasto, los medios y los profesores en los alumnos con más problemas (hay más de 1 millón que necesitan apoyo, un 75% más que hace seis años, según CCOO) y en los Centros con un alumnado más “problemático”, para que no se queden atrás y acaben abandonando la enseñanza.

Eso exige que si algún día se debate un nuevo modelo de financiación autonómica, se tenga en cuenta no sólo la población de cada autonomía y su edad (el número de alumnos), sino el perfil de estos alumnos y los Centros, con una mayor colaboración entre Centros públicos y concertados o privados, que muchas veces discriminan a los alumnos más problemáticos. Hay que potenciar las clases de refuerzo y apoyar al profesorado, reduciendo al mínimo su precariedad laboral, con mejores sueldos y más tiempo para la docencia real. Y, sobre todo, debería haber una mayor colaboración entre el Ministerio de Educación y las autonomías, para homogeneizar la calidad de la enseñanza en España y que la educación de nuestros hijos y nietos no dependa de dónde vivan y de los ingresos de sus padres. Nos jugamos el futuro.