Dependencia: 400.000 ancianos esperan ayuda

Mientras los políticos se preparan para la campaña electoral, hay 400.158 ancianos y discapacitados que esperan una ayuda que tienen legalmente reconocida  y no reciben por falta de recursos de las autonomías. El problema se agrava porque el 54% de estos dependientes “en lista de espera” tienen más de 80 años y muchos se mueren antes de que les llegue. Es la parte más dramática del negativo balance de 9 años de Ley de Dependencia, con 802.269 beneficiarios y que financian las autonomías (62%) y las familias (20% de copago) pero no la Administración Central, que ha recortado drásticamente sus aportaciones con Rajoy (-2.865 millones). Ahora, urge un Plan de choque para que las ayudas lleguen a todos los dependientes reconocidos y buscar una financiación estable del sistema, para que la Dependencia no sea un derecho legal sin recursos. Pero esto depende mucho de quien gane las elecciones: Rajoy ya dijo en 2011 que “el sistema no es viable”. Y por eso languidece.
 

enrique ortega

Las ayudas públicas a los ancianos y personas dependientes llevan vigentes más de 9 años, pero no acaban de despegar. Se pusieron en marcha el 1 de enero de 2007, con una Ley de Dependencia que instauraba “la cuarta pata” del Estado de Bienestar (junto a la sanidad, la educación y las pensiones) pero que no contaba con un Presupuesto estable. Avanzó con firmeza al principio, incluso con la primera parte de la crisis, y en la Legislatura de Zapatero se triplicaron los beneficiarios: de 228.613 dependientes atendidos en 2008 a 752.005 en 2011. Pero al llegar al poder Rajoy, que no creía en el sistema (“no es viable”, declaró en El País un mes antes de las elecciones de 2011), empezaron los recortes, ya a los nueve días de tomar posesión: dejó fuera a los dependientes moderados (hasta julio de 2015), recortó drásticamente la aportación del Estado a la Dependencia (-2.865 millones entre 2012 y 2015) y aprobó un decreto con cambios profundos para facilitar a las autonomías, (la mayoría, gobernadas por el PP) un drástico recorte del gasto en Dependencia: dejó de pagar la Seguridad Social a los 423.000 cuidadores familiares de los dependientes, les bajó un 15% su paga (55 euros sobre 400), redujo servicios (ayuda a domicilio), simplificó baremos (de 6 a 3,rebajando las ayudas) y subió el copago a las familias.

Al contar con menos recursos de la Administración Central (mientras aumentaban las solicitudes de ayuda de los dependientes), las autonomías, que gestionan las ayudas, tuvieron que “buscarse la vida” para cuadrar las cuentas, presionadas también por sus propios recortes. Y se dedicaron a reducir aún más el gasto en Dependencia por vías “propias”, según denunció el Observatorio de la Dependencia. La primera, retrasando los expedientes, tanto el reconocimiento del derecho como la concesión de ayuda, aumentando “las listas de espera”. La segunda, endureciendo los requisitos en febrero de 2012, con lo que han reducido el número de “grandes dependientes” (Grado III) reconocidos (había 82.016 menos en diciembre de 2015 que en diciembre 2011), los más caros de atender, y han subido el número de dependientes “severos” (Grado II) y, sobre todo “moderados” (Grado I), los más baratos de atender. Y la tercera vía de “ahorro” ha sido revisar “de oficio” valoraciones ya hechas: se llama al dependiente y se le baja el grado (y la ayuda), lo que ha multiplicado las denuncias de las familias en los Tribunales. Las suelen ganar, pero 2 años después y muchos mueren antes.

Después de tanto recorte, el balance de la Dependencia en esta Legislatura sólo podía ser negativo. A 31 de marzo de 2016, había 1.202.427 dependientes con derecho a ayuda, 148.470 dependientes reconocidos más que al llegar Rajoy a la Moncloa. Pero sólo 802.269 de ellos recibían alguna ayuda (60.556 más que a finales de 2011), con lo que hay 400.158 dependientes “en lista de espera”, con derecho reconocido pero sin recibir ninguna ayuda o servicio, 87.914 dependientes más “en el limbo” que al llegar Rajoy al Gobierno. El problema es muy serio porque un 54% de estos dependientes tienen más de 80 años (dos de cada tres son mujeres) y pueden morir antes de que les llegue realmente la ayuda a la que tienen derecho. De hecho, unos 125.000 ancianos que estaban en lista de espera para recibir las ayudas han muerto desde 2012, según estima el Observatorio de la Dependencia.

Hay otros dos problemas más ligados a esta enorme “lista de espera”, de 1 de cada 3 beneficiarios reconocidos (33,27%). Uno, que muchos de estos dependientes “en el limbo” son dependientes “severos” a los que urge más la ayuda o servicio, que al no llegar obliga a un enorme esfuerzo de sus familias: así, un 10% de los dependientes en lista de espera (40.000) son dependientes graves, ancianos que precisan de atención y ayuda las 24 horas, y otro 18% (72.000 más) son dependientes “severos”, que exigen atención varias veces al día. Y el otro, que la “lista de espera” de la Dependencia es muy desigual entre autonomías. Así, hay 5 autonomías con muchos dependientes en espera: Canarias (53,76% de los dependientes reconocidos esperan, más de los que reciben ayuda), Aragón (44,26% esperan), Castilla la Mancha (41,44%), Cataluña (41,31%) y Andalucía (“sólo” esperan el  36,83%, pero son 104.321 dependientes). Y hay otras 5 con una baja “lista de espera”: Castilla y León (6,8% dependientes reconocidos), Ceuta y Melilla (7,8%), Asturias (18,8%) y Madrid (20,9%). Con la misma Ley y los mismos recortes del Gobierno central.

Eso tiene mucho que ver con el gasto propio en Dependencia que hace cada autonomía y cómo gestionan las ayudas y servicios. Las que más gastan son Cantabria (768 euros por habitante potencialmente dependiente), País Vasco (737 euros), Rioja (646€), Castilla la Mancha (645€) y Madrid (619€) y las que menos son la Comunidad Valenciana (283 euros), Ceuta y Melilla (287) y Canarias (288€). Y las que mejor gestionan su gasto, porque tienen a más dependientes beneficiarios en relación a su población, son Castilla y León (3,06 dependientes atendidos de cada 100 habitantes), Cantabria (2,42), País Vasco y Rioja (2,26), Andalucía (2,13%) y Extremadura (2,05). Y los que peor gestionan, con menos dependientes atendidos sobre su población total, son Canarias (0,67 sobre 100), Comunidad Valenciana (0,89), Aragón (1,36), Ceuta y Melilla (1,43) y Navarra (1,45 sobre 100).

A la hora de ver quién paga la Dependencia, el cambio ha sido drástico durante la Legislatura de Rajoy. El gasto total en Dependencia, que pasó de 3.874 millones en 2009 a 6.157 millones en  2011, se estancó en estos niveles entre 2012 (6.566 millones) y 2014 (6.358 millones), para gastarse 6.589 millones en 2015: 432 millones más de gasto (+7%) para 148.470 dependientes reconocidos más (+14%). Pero lo peor es que el Gobierno central, que aportaba el 24% del gasto en 2011 (y el 39% en 2009), ha “abandonado” la Dependencia, ya que en 2015 sólo financiaba el 18,1% del total. Y han tenido que cargar con la mayoría del coste las autonomías (financiaron el 62% en 2015, frente al 46% en 2009 y el 59,6% en 2011) y las familias de los dependientes, con el copago (del 16,4% en 2011 al 19,9% del gasto total en 2015). Con ello, Rajoy incumple la Ley de Dependencia, que establecía que las autonomías financiarían la Dependencia como la Administración Central (50/50 y ahora es 77,4/22,6).

Al final, los profesionales de la Dependencia, la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, han valorado esta Legislatura concediendo a Rajoy el “Premio Corazón de piedra” por sus recortes a la Dependencia. Y han hecho una valoración anual más, en febrero de 2016, sobre la gestión de la dependencia de las autonomías (puntúan 14 indicadores), con un balance muy negativo: sólo aprueban a 6 autonomías y suspenden a las 11 autonomías restantes, más Ceuta y Melilla. A la cabeza del ranking están Castilla y León (8,75 puntos sobre 10), Andalucía (7,50), País Vasco (6,79), La Rioja (6,07), Castilla la Mancha y Madrid (5,71 puntos). Y a la cola de los demás, todos suspensos, se encuentran la Comunidad Valenciana (con un 0), Canarias (0,71), Aragón (0,11), Baleares (2,14), Navarra (2,50) y Murcia (2,86 puntos), “malas regiones” para ser un anciano o discapacitado.

No se trata sólo de que haya muchos dependientes reconocidos en “lista de espera”, que el Gobierno haya “medio abandonado” la financiación de la Dependencia  o que la mayoría de autonomías suspendan en su gestión. Es que además, hay muchas diferencias en las ayudas y servicios que prestan unas y otras a los dependientes. Algunas optan por ofrecer servicios “low cost”, como la teleasistencia (14,6% de las ayudas totales): sale barato y cubre a muchos. Otras optan más por dar ayudas a las familias (35,5% de las ayudas totales), para que sean ellas las que cuiden a sus dependientes (95% de las cuidadoras de padres e hijos dependientes son  mujeres: hay una enorme desigualdad de género). Felizmente está aumentando la ayuda a domicilio (15,26% de las ayudas) y las residencias (14,9%). Y hay autonomías que han optado por el cheque-servicio, que es una manera barata de quitarse problemas y “privatizar ”la Dependencia: dan dinero y que la familia contrate lo que quiera (y pueda: “eligen” poco). Este tipo de ayuda es ya la dominante en Castilla y León (23,10%), Extremadura (38,63%) y Canarias (14,32%) y la segunda en Aragón (20,4%).

El panorama de la Dependencia, según los expertos y las familias de los dependientes, es desolador. “O se invierte de manera decidida o se admite que el Estado no es capaz de garantizar los derechos contenidos en la Ley de dependencia”, señalan desde el Observatorio de la Dependencia. Y añaden que al ritmo actual de las ayudas “se necesitarían 16 años para acabar con la lista de espera”. Algo inadmisible. Pero conseguir que esos 400.158 dependientes reciban sus ayudas tiene un coste, estimado en 2.753 millones de euros extras anuales. Es mucho dinero, pero es de justicia que alguien que tiene reconocido un derecho por Ley reciba la ayuda o el servicio. Urge que el futuro Gobierno apruebe un Plan de choque para dejar esa lista de espera en cero en un año. Y que no crezca. No se puede olvidar que sí ha habido dinero para pagar la extra de 2012 de los funcionarios (1.000 millones en total), las ayudas a Cajas y bancos (más de 100.000 millones) y la bajada de impuestos, sobre todo a las empresas, que sólo este año 2016 nos costará otros 2.641 millones…  

Pero no basta con suprimir la “lista de espera”. La Ley de dependencia tiene “un pecado original de nacimiento”: se concibió sin pensar mucho en cómo financiarla. Y eso exige buscar un sistema de financiación estable y suficiente a medio plazo, en base a más ingresos fiscales (se puede y se debe recaudar más), posibles recargos del IVA o cotizaciones sociales adicionales, tres medidas propuestas en su día por la Comisión de Expertos que informó sobre la Ley de dependencia en el Congreso. El objetivo sería recabar entre 8.000 y 10.000 millones anuales para financiar de forma estable la dependencia. Un coste mucho menor al de los otros tres pilares del Estado del Bienestar, las pensiones (120.000 millones), la Sanidad (88.000 millones) o la Educación (50.000 millones). Además, la inversión en Dependencia crea mucho empleo (35 empleos directos por millón) y muchos “retornos”, dinero que se recupera (el 38% de la inversión) vía impuestos, cotizaciones y menos subsidios de paro.

En resumen, la Dependencia está en una encrucijada y sólo queda invertir y avanzar o poner en cuestión el sistema. Y más cuando sigue creciendo la esperanza de vida (ya está en 82,87 años, la segunda mayor del mundo tras Japón) y eso supone un creciente envejecimiento de la población española: cada vez habrá más ancianos que necesiten cuidados. De hecho, la estimación del CSIC es que se duplique con creces el número de dependientes, pasando de los 3 millones actuales (ancianos y discapacitados) a 7 millones en 2015. O sea, que si ahora faltan recursos y hay lista de espera, las necesidades irán en aumento. Así que la Dependencia debería ser una de las grandes preocupaciones de la próxima Legislatura, junto al empleo, las pensiones, la educación, la sanidad o la pobreza y la desigualdad. Y uno de los temas que más deberíamos mirar a la hora de votar. Por asegurar una ayuda digna a millones de dependientes y sus familias. Y por puro egoísmo: pronto, los ancianos que necesiten ayuda podemos ser nosotros.

SOS Dependencia

Por primera vez en los siete años largos de la Ley de Dependencia, en abril había menos ancianos y discapacitados que recibían ayudas (4.400 menos) que cuando llegó Rajoy. Y con la pequeña subida de mayo, son casi los mismos. Además, hay otros 182.060 dependientes a la espera, con ayuda reconocida pero que no la reciben porque las autonomías no tienen dinero. Una lista de espera que ha bajado porque 70.000 ancianos se han muerto esperando: normal, porque el 54% de los dependientes tienen más de 80 años. El sistema está estancado y las familias de los dependientes sufren retrasos, recortes y subidas del copago de los servicios. Y asfixia a las autonomías, que ya financian un 60% porque el Estado ha recortado su aportación a la mitad. La Dependencia está colapsada y sólo hay una salida: que el Estado aporte más. Bastarían 1.300 millones extras al año, una minucia comparada con el rescate bancario. Es una obligación moral con nuestros mayores. Se lo debemos.
 

enrique ortega

La Ley de Dependencia echó a andar el 1 de enero de 2007, para ayudar a los 3 millones de ancianos y discapacitados que no pueden valerse por sí mismos. Siete años después, el sistema está estancado y languidece. En abril, el número de beneficiarios que recibían  ayudas (dinero o servicios) había bajado a 734.187 dependientes, 4.400 menos que en diciembre 2011, cuando llegó Rajoy. Y aunque en mayo ha subido un poco, hasta 738.777, son prácticamente los mismos que hace dos años y medio. Además, hay otros 182.060 dependientes que tienen la ayuda reconocida, pero no la reciben (legalmente, pueden tenerles esperando hasta 2,5 años). El Gobierno se vanagloria de haber bajado esta lista de espera, desde los 305.941 dependientes (diciembre 2011), pero no es para “sacar pecho”: 30.000 se han caído de la lista porque eran dependientes moderados (Rajoy les quitó la ayuda) y otros 70.000 simplemente porque se han muerto esperando. Algo que seguirá pasando, porque el 54% de los dependientes tienen más de 80 años. Al final, un dato visualiza el estancamiento de la Dependencia: el sistema concede ahora 191 ayudas cada mes, frente a 6.724 que concedía en 2011. A este ritmo, acabar con la lista de espera costaría 80 años…

Al PP y a Rajoy nunca les gustó la Ley de Dependencia de Zapatero. “La Dependencia no es viable”, declaró Rajoy un mes antes de ganar las generales de 2011. Y a los nueve días de tomar posesión, el Gobierno empieza a torpedear la Dependencia: dejó fuera de las ayudas (hasta julio de 2015) a los dependientes moderados (412.000). En marzo 2012 recortó 283 millones a la Dependencia y en julio 2012 aprobó un decreto con cambios profundos, para facilitar a las autonomías un drástico recorte en el gasto: dejó de pagar la cotización a la seguridad Social a los 423.000 cuidadores familiares de los dependientes y les bajó un 15% su paga mensual (55 euros sobre 400), redujo servicios (ayuda a domicilio, simplificó los baremos (de 6 a 3, bajando las ayudas) y subió el copago a las familias (en 2013 y más en 2014).

El total de medidas supone un recorte a la Dependencia, entre 2012 y 2014, de 2.278 millones, un tercio del presupuesto de 2011. Pero lo peor es que el Gobierno Rajoy ha estrangulado a la Dependencia reduciendo a la mitad la financiación del Estado central: si en 2011, la aportación estatal (1.803 millones) suponía el 40% del coste total de la Dependencia (5.634 millones), en 2013 aportaba ya sólo el 20% (1.317 de 6.363 millones). Eso ha obligado a un esfuerzo extra de las autonomías (que han pasado de financiar del 50% al 60% del gasto total en Dependencia) y de las familias de los dependientes, que pagan ya un 19% del servicio (10% en 2011).

En definitiva, la retirada del Estado central de la Dependencia (su aportación ha caído un 23% desde 2011, según el Tribunal de Cuentas) ha tensionado a las autonomías, que no pueden hacer frente al coste. Y buscan “ahorrar” por varias vías, según el Observatorio de la Dependencia. La primera, retrasando los expedientes: entre que un dependiente solicita la ayuda y se le reconoce pasan 246 días de media (540 en Valencia) y 11 autonomías incumplen el plazo máximo legal de 6 meses para reconocer el derecho a una prestación. La razón del retraso es ganar tiempo, porque no tienen liquidez, según han reconocido Andalucía, Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Canarias y Murcia al Tribunal de Cuentas. La otra vía de “ahorro”, cuando ya han reconocido el derecho a la ayuda, es retrasar su concesión lo más posible (Rajoy subió el plazo máximo legal de 2 a 2,5 años), engordando las listas de espera. Entre uno y otro retraso pueden pasar entre tres años y medio y cinco antes de pagar, lo que ha llevado a muchas familias a reclamar ante los Tribunales. Mientras, muchos dependientes se mueren. Más ahorro...

Otra vía de “ahorro” es ser más rígido al valorar a los dependientes. En febrero 2012 se cambiaron los baremos y se endurecieron los requisitos para reconocer la gran dependencia (grado III), con lo que su número ha caído en picado: hay 66.399 menos que en 2011. En unos casos, porque estos grandes dependientes son los que más se mueren por el camino, pero en otros porque se les ha pasado al grado II (dependencia severa), “más barato”: el Estado paga 82,84 euros/mes por estos dependientes frente a 177,86 a los de grado III. Y lo mismo pasando de grado II a grado I (ahora, sin ayudas). La tercera vía de “ahorro” es revisar de oficio las valoraciones ya hechas: se llama al dependiente y se le baja de grado, algo que ha multiplicado denuncias de familias en los tribunales (muchas las ganan, pero dos años después).

Una cuarta vía de “ahorro” que usan las autonomías es ofrecer dinero y no servicios a los dependientes, porque es más barato darle 450 euros a un cuidador familiar (el 50% de los dependientes reciben prestaciones económicas) que pagar la mayor parte de una residencia (13,8% dependientes), ayuda a domicilio (12,8% dependientes), teleasistencia (12,7%) o  centro de día (7,44%). O privatizar servicios. El objetivo es “atender al mayor número posible de dependientes (que salgan más en las estadísticas) con el menor dinero posible”. La quinta vía de gastar menos es aumentar el copago a las familias, ahora entre el 40% y el 90% del coste, según los ingresos del dependiente, los servicios y la autonomía. En Valencia, la peor, el copago ha subido entre 100 y 1.000 euros mensuales en 2014.

Al final, las autonomías se buscan la vida para reducir su déficit y aplicar con restricciones la Ley de Dependencia. Lo más grave son las enormes diferencias entre regiones. Así, las posibilidades de tener una ayuda son cinco veces mayores en Cantabria (se beneficia el 2,5% de su población) que en Canarias (sólo 0,5%). También en Canarias, más de la mitad de dependientes con derecho a  ayuda (52,74%) están en lista de espera, mientras en Castilla y León sólo el 1,6%. En Murcia, Cataluña o Baleares, las tres cuartas partes de los dependientes reciben ayudas económicas y no servicios, mientras en Galicia son un tercio. Y como resumen, Canarias gasta 39 euros por habitante en la Dependencia (Baleares 56, Valencia 62 o Murcia 84), mientras Cantabria gasta 174 (153 la Rioja, 149 País Vasco o 140 Castilla y León).

O sea, que si la Dependencia funciona mal, en gran parte de España peor. El Observatorio de la Dependencia (directores y gerentes de servicios sociales) sólo da buena nota a Castilla y León (9,6 puntos) y País Vasco (8,3), junto a La Rioja y Cantabria (6,3) y Andalucía (5,8) aprobando raspado a Cataluña, Castilla la Mancha y Extremadura (5,4), Navarra, Murcia o Galicia (5 puntos). Y suspende a 7 autonomías: Madrid (4,2), Asturias y Aragón (3,8), Baleares (2,9), Ceuta y Melilla (1,3) y sobre todo, Canarias (0,8 puntos) y Comunidad Valenciana (0,4), los farolillos rojos desde 2009. Malos sitios para envejecer.

En definitiva, la Dependencia no da más de sí y las tensiones aumentarán en 2015, cuando haya que dar ayudas a los dependientes moderados (420.000 ahora). Sólo queda una salida: que el Estado central cumpla la ley de Dependencia, aportando lo mismo que las autonomías (40% cada uno y el 20% restante el copago). Eso supondría, como propone el Observatorio de la Dependencia, que el Estado central duplicara su aportación, de 1317 millones (2013) a 2.634 millones anuales. Un dinero extra (1.317 millones, lo que el Gobierno acaba de devolver a Bruselas del rescate bancario sin pedírselo) que en parte recuperaría con más cotizaciones e impuestos (478 millones) y que crearía 30.000 empleos directos en la Dependencia.

Eso para tapar los agujeros actuales y acabar con los recortes. Pero para el futuro, hay que plantearse una financiación estable de la Dependencia, en base a impuestos (quizás una parte de la futura tasa Tobin a la banca), recargo del IVA o una cotización adicional, medidas propuestas en su día por la Comisión de expertos. Bastaría con unos 8.000 millones anuales entre Estado central y autonomías. Una cantidad mínima si se la compara con el coste de los otros pilares del estado del Bienestar: 121.500 millones las pensiones, 88.000 la Sanidad, 50.000 la Educación o 30.000 millones el desempleo. Y serviría también para liberar camas en los hospitales públicos, ocupadas por ancianos que pueden pasar a residencias y centros geriátricos (hay 50.000 plazas vacías).

Los dependientes y sus familias llevan meses lanzando un SOS: la situación es insostenible. Y cada año será peor, porque seremos el país con más viejos de Europa en 2050 y tendremos 7 millones de dependientes, según el CSIC. No podemos mirar para otro lado y dejar que los dependientes y sus familias busquen cómo sobrevivir. Hay que ayudarles. Tienen derecho por Ley y es un deber para con nuestros mayores. Una obligación moral.

Dependencia: menos ancianos y discapacitados con ayudas

Si la crisis y los recortes del Gobierno Rajoy han deteriorado muy seriamente la educación, la sanidad y las pensiones, a la Dependencia, el cuarto pilar del Estado del Bienestar, la han herido de muerte: se ha recortado un tercio su financiación, se ha frenado la entrada de dependientes, se han reducido las ayudas y se ha disparado el copago y la privatización de servicios. Y lo peor: cada día hay 106 ancianos y discapacitados menos que reciben ayudas públicas, porque muchos mueren antes de que les lleguen. La Dependencia está en retroceso en 13 autonomías y los nuevos recortes previstos para 2014 y 2015 pueden acabar de dinamitarla. No se puede dejar a las familias, cada vez con menos recursos, que atiendan solas a sus ancianos y discapacitados. Son los eslabones más débiles de nuestra sociedad y ayudarles debería ser prioritario. Además, no cuesta mucho. Se puede y se debe.  


                                                                                         Enrique Ortega                           

Desde julio de 2012, son doce los meses en que ha caído el número de ancianos y discapacitados que cobran ayudas por dependientes, algo que no había pasado nunca desde que entró en vigor la Ley de Dependencia, en enero de 2007. A finales de septiembre, eran 736.240 los dependientes que recibían alguna ayuda pública, 28.720 menos que a principios de año. Hay 106 dependientes menos con ayudas cada día. Ello se debe a tres causas: las autonomías están retrasando la concesión de ayudas para reducir gastos (pueden tardar hasta dos años y medio sin tener que pagar retrasos), se endurecen los criterios (incluso revisando niveles ya concedidos) y, sobre todo, porque muchos dependientes se mueren antes de que les lleguen: el 53% de los solicitantes tienen más de 80 años. Sólo en la Comunidad Valenciana han muerto 30.000 ancianos antes de que les llegaran las ayudas. Actualmente, hay 198.041 dependientes con derecho reconocido a una ayuda y que están a la espera de recibirla, muchos más de dos años ya.

Una forma dramática de ahorrar. La más habitual son los recortes puros y duros a los presupuestos de la Dependencia: entre 2012 y 2014, los recortes previstos suman 2.278 millones, un tercio del gasto de 2011, según los datos del Gobierno. Para 2014, el Presupuesto del Estado en Dependencia se reduce realmente un 0,1% (si descontamos el pago de deudas pendientes), aunque es mucho más porque se ha vuelto a eliminar la partida del nivel acordado (283 millones) que el Gobierno eliminó en 2012.Y habrá nuevos recortes de las autonomías, como en 2015, ya que el Gobierno les obliga a recortar otros 4.000 millones de gastos totales en los próximos dos años. Además, las autonomías buscan ahorrar en Dependencia retrasando pagos: muchas deben meses de ayudas a las familias y a las residencias, ONG, empresas y entidades sociales, asfixiadas por estas deudas. Y les han bajado “por decreto” los precios de los servicios que prestan (a costa de su deterioro).

Menos beneficiarios, menos presupuesto y deudas crecientes, un panorama de la Dependencia que se traduce al final en menos ayudas y más pagos para los dependientes y sus familias, que llevan casi dos años sufriendo los recortes. Recortes que empezaron en diciembre de 2011, a la semana de llegar Rajoy al Gobierno, cuando tomó la primera medida: dejar fuera de las ayudas, hasta julio de 2015 (al menos) a los dependientes moderados (412.000 solicitudes). En marzo recortó 283 millones a la Dependencia y en julio 2012 aprobó un decreto con profundos cambios para facilitar a las autonomías un drástico recorte del gasto en Dependencia: dejar de pagar la cotización a la Seguridad Social a los 423.000 cuidadores no profesionales de los dependientes, bajarles un 15% (y más : -70% Valencia) la paga mensual (55 euros sobre los 400 que cobraban), reducir los servicios (ayuda a domicilio), simplificar los baremos (de 6 a 3, bajando las ayudas), poder retrasar dos años más las ayudas (hasta 2,5 años) y subir el copago a las familias.

Desde junio de este año, todas las autonomías han subido drásticamente el copago de los servicios de Dependencia (sobre todo la teleasistencia), con lo que los dependientes y sus familias han pasado de pagar el 9,9% del coste del servicio (2009) al 19% (2013) y ahora entre el 40 y el 90% del coste, según los ingresos del dependiente y los servicios. Con ello, el dependiente paga mucho más y el Estado central mucho menos: si en 2009, los Presupuestos financiaban el 39,1% de la Dependencia, en 2013 sólo aportan la mitad, el 21,1%. Y cargan con dos tercios de la factura las autonomías (59,9% en 2013 frente a 39,15% en 2009).

Las autonomías, asfixiadas por la crisis y los recortes, buscan como ahorrar en Dependencia, para sostener otros servicios, sobre todo Sanidad y Educación (también con duros recortes). Y siguen distintos caminos: subir el copago, retrasar al máximo los expedientes, rebajar baremos y algunas, privatizar el servicio: promueven el cheque-servicio, un dinero que dan al dependiente (entre 426 y 715 euros al mes) para que él o su familia elijan la empresa con la que contratan el servicio (residencia, ayuda a domicilio, teleasistencia).Con ello, la autonomía se quita el problema de tener que ofrecer servicios (públicos o concertados) e invertir en centros, residencias y plantillas.

Esta modalidad de servicio (“prestación económica vinculada al servicio”) está en la Ley de Dependencia pero era marginal. En el último año, el cheque-servicio se ha disparado en cuatro autonomías del PP (Extremadura, Castilla y León, Aragón y Galicia), donde es ya la segunda prestación, tras la ayuda para cuidados familiares. Este cheque-servicio, denunciado por Andalucía y Asturias, tiene dos problemas. Uno, que no son los dependientes los que eligen residencia, sino las residencias quienes eligen a los dependientes (los de más recursos). Y otro, que si la Dependencia se convierte en un negocio, ¿quién atenderá a los dependientes de las zonas rurales, donde hay menos demanda y ancianos y discapacitados con menos recursos? Podría llegarse a una Dependencia dual: privada para los más ricos  y pública y marginal para los más pobres.

Al final, entre los recortes, la pérdida de ayudas, la caída de beneficiarios, el copago y la privatización, la Dependencia está herida de muerte: ha retrocedido en 13 autonomías y sólo ha mejorado en tres (País Vasco, Cantabria y Castilla y León), según el riguroso seguimiento de directores y gerentes de servicios sociales, que dan buena nota a dos autonomías (9,6 a Castilla y León y 8,3 al País Vasco), aprobado escaso a seis (6,3 La Rioja, 5,8 Andalucía y Cantabria,5,4 Cataluña y 5 Castilla la Mancha y Galicia), suspendiendo a las 10 restantes (con un 0,4 la Comunidad Valenciana, 1,3 Ceuta y Melilla y 1,7 puntos Canarias). O sea, que según donde vivan, así les van las ayudas a los dependientes y sus familias.

Las ayudas a la Dependencia no son caridad sino un derecho reconocido legalmente, aunque más reciente que otros y sin la financiación suficiente. Pero también es más barato: podría prestarse bien con unos 8.000 millones al año (en 2013 serán 6.255 millones), frente a los 121.500 millones de las pensiones, los 60.000 millones de la Sanidad, los 46.000 de la Educación o los 29.500 del desempleo. Y además, el coste en Dependencia tiene un amplio retorno (se recupera el 45% de la inversión, con impuestos y cotizaciones) y crea mucho empleo (invertir 10.000 millones crearía 1 millón de empleos, según la CEOE).

Pero no es sólo que invertir en Dependencia sea barato y rentable: es que estamos moralmente obligados con nuestros mayores y discapacitados, los eslabones más débiles de la sociedad. Ahora son 3 millones, pero para 2050, con una población envejecida, serán ya 7 millones de dependientes, según el CSIC. Hay que asegurar su cuidado y financiarlo de forma estable, buscando recursos suficientes a medio plazo, con impuestos, cotizaciones y copago, en paralelo con la reforma de las pensiones. Porque un derecho sin recursos es papel mojado. Se lo debemos a nuestros mayores. Antes de que se mueran.

Dependencia: entre los recortes y la privatización

Rajoy ha dinamitado la Dependencia, el cuarto pilar del Estado de Bienestar, que ha ayudado ya a 1.400.000 ancianos y discapacitados: ha reducido a la mitad la aportación pública y ha permitido a las autonomías que hagan recortes drásticos en los servicios. Además, las autonomías (más las gobernadas por el PP) han optado por dos medidas privatizadoras. Una, subir el copago a los dependientes, del 16% actual al 40% y hasta el 90%. La otra, favorecer el cheque-servicio: dan un dinero (de 426 a 715 euros) para que las familias busquen una residencia o servicio privado. Una opción que crece imparable en Extremadura, Aragón, Castilla León y Galicia. Y alientan el miedo de que la Administración no puede pagar la Dependencia, para que las familias contraten seguros privados. Algo falso: se puede y se debe atender a ancianos y discapacitados. Pero hay que financiarlo bien.

enrique ortega

La Ley de Dependencia, en vigor desde enero de 2007, fue la niña bonita de Zapatero, que la aprobó en pleno boom y no se preocupó de financiarla bien. Pero nunca le gustó a Rajoy ni al PP, quizás porque su ideología no comulgaba con que el Estado se ocupara de ayudar a los 3 millones de ancianos y discapacitados dependientes (“para eso están su familia o la beneficencia, como siempre”). Por eso, el primer parón de la Ley se dio en mayo de 2011, cuando el PP copó la mayoría de autonomías. Y al llegar al Gobierno, Rajoy dinamitó la Ley en sólo ocho meses: en diciembre mismo dejó fuera (hasta julio de 2005) a los dependientes moderados (412.020 solicitudes), en marzo recortó 283 millones para la Dependencia (Presupuestos 2012) y el 13 de julio aprobó un decreto con más recortes que desmantelaba 14 artículos básicos de la Ley de Dependencia.

El cambio fundamental de Rajoy ha sido estrangular financieramente la Dependencia, recortando unos 1.000 millones del Estado entre 2012 y 2013. Con ello, la aportación del Estado se reduce a la mitad: del 39,2% en 2009 pasó a financiar el 21,4% en 2012, a costa de las autonomías (del 50.8% al 62,6%) y los dependientes (pagan del 10 al 16%). A cambio de darles menos recursos, el Gobierno permite a las autonomías que ellos recorten servicios y derechos, pero no tanto y de forma desigual. Así, en 2012, les quita 370 millones y les permite recortes por 305. Y además, recorta más a las autonomías que lo están haciendo mejor (Castilla y León, la Rioja, Madrid y Asturias) y menos a las que gestionan peor (Canarias, Baleares y Murcia), según el Observatorio de la Dependencia.

Con esta menor aportación del Estado central, aumenta más la desigualdad de atención entre unas autonomías y otras, ya importante. Las que lo hacían mal, suspendidas por el Observatorio de la Dependencia, acaban teniendo menos recursos y lo harán peor: Comunidad Valenciana (nota: 0,8 sobre 10), Canarias (2,1), Baleares (2,5) y Murcia (3,3). Y las que lo hacían bien (Castilla y León, con 9,2 de nota, Andalucía, 7,5 y País Vasco, 7,1), sufrirán más el recorte de fondos y tendrán que hacerlo peor. Y entre todas, recortarán otros 666 millones entre 2012 y 2013 (en total, -1.666 millones de gasto público en Dependencia).  

Desde agosto, las familias de los dependientes ya sufren los recortes de unos y otros. Por un lado, a los 423.000 cuidadores no profesionales de ancianos y discapacitados (la mayoría mujeres) ya no les paga el Estado la Seguridad Social (160 euros) y 150.000 se han dado de baja. Además, las autonomías les han recortado un 15% o más (Valencia un 70%) la paga que les daban por atender a dependientes (unos 400 euros, ahora 55 € menos al mes). Otros recortes afectan a la atención a los dependientes: se empeoran y reducen los servicios (sobre todo la ayuda a domicilio), no se permite más de un servicio por dependiente, se simplifican los baremos (de 6 a 3, lo que reduce las ayudas) y se endurecen los criterios (revisando incluso niveles), se permite retrasar hasta 2 años las ayudas sin generar atrasos y se sube el copago por todos los servicios.

Esta medida, subir el copago del 16% actual a una franja del 40 al 90% del coste de los servicios es la principal vía de privatización de la Dependencia. Las autonomías están decidiendo los porcentajes (tienen hasta junio), pero va a suponer un gran coste para la mayoría de las familias con dependientes, los que tengan rentas superiores a 532 euros al mes (contando la pensión y un 5% del valor de su vivienda). Un par de ejemplos. Un jubilado con 618 euros de pensión y una vivienda tasada en 90.000 euros pasará de pagar 462 euros por una residencia a 892. Y un jubilado con 900 euros que tenga 60 horas de ayuda a domicilio pasará de pagar 39 euros al mes a 244. Si no puede, lo pagará su familia cuando muera: si el copago es mayor que la pensión, el dependiente genera una deuda con la Administración que heredará su familia con cargo a la vivienda del dependiente.

Unas autonomías van a ser más duras con el copago y otras están pensando en otra vía de privatización: el cheque-servicio, un dinero que se da al dependiente (entre 426 y 715 euros al mes) para que él o su familia elijan con quien contratan el servicio (residencia, ayuda a domicilio, teleasistencia). Con ello, la autonomía se quita el problema de tener que ofrecer servicios (públicos o concertados) e invertir en centros y plantillas. Esta modalidad, llamada “prestación económica vinculada al servicio”, está en la Ley, pero era marginal. En los últimos meses, su importancia se ha disparado en cuatro autonomías del PP: Extremadura, Castilla y León, Aragón y Galicia (en las tres primeras, era ya en febrero la segunda prestación).

Este cheque-servicio, denunciado ya por Andalucía y Asturias, tiene dos problemas: uno: que no son las familias las que eligen residencia, sino las residencias quien eligen dependiente (el que pueda pagar más servicios). Y dos, que si la dependencia se convierte en un negocio, ¿quién atenderá a los dependientes de las zonas rurales, donde hay menos demanda y ancianos o discapacitados con menos recursos?. Acabaríamos con una Dependencia dual: privada para ricos (de ciudad) y pública para pobres (y de campo).  

Lo que está claro es que la Dependencia, tal como está financiada, está tocada de muerte y condenada a los recortes y a las listas de espera. A finales de febrero, casi un millón de dependientes (983.154) tenía reconocida una prestación, pero sólo 755.374 recibían ayuda (sólo un 13,18% para una residencia, un 13,07% para ayuda a domicilio, el 6,96% para centros de día, un 13,37% para teleasistencia y la mayoría, el 54,4% reciben una ayuda económica, más barata que una residencia o un servicio). Los demás, 227.780 dependientes están a la espera de recibir ayuda, aunque la tienen reconocida. La mitad tienen más de 80 años y muchos se mueren antes de que les llegue.

Con este panorama, muchos alientan el temor de que la Dependencia (como las pensiones) no se pueda pagar. Y con ello, las aseguradoras están lanzando seguros privados de dependencia, caros y poco útiles para dependientes (sólo valen para los sanos). La solución no es privatizar la dependencia, sino financiarla bien. Se puede: costó 6.750 millones en 2012, muy lejos del coste de las pensiones (121.556 millones) o la sanidad (88.828 millones). Y se debe: tenemos una deuda con nuestros mayores y discapacitados, además de ser uno de los sectores con más potencial de crecimiento y empleo.

Para financiarla bien, primero hay que apuntalarla, con un crédito extraordinario que recupere los 2.000 millones perdidos desde 2011 (el Gobierno acaba de aprobar uno de 2.200 millones para tapar el agujero eléctrico). Luego, buscar ingresos estables y suficientes, vía impuestos o recargo en las cotizaciones, para hacer frente a un gasto que se va a disparar: en 2050 habrá 15 millones de ancianos, el doble que ahora, y un 46% necesitarán atención, según el CSIC, con lo que habrá 7 millones de dependientes. Y algo tendremos que pagar con nuestros ahorros, por lo que debe mejorar el trato a los planes de pensiones privados.

Algo hay que hacer y ya, para hacer frente a un grave problema que no se resuelve ni con recortes ni con privatizaciones. Tras toda una vida, no podemos dejar tirados a nuestros mayores: ayudarles es una prioridad de todos. No miremos para otro lado.