Revalorización de pensiones: ¿cómo se paga?

Tras casi 2 años de debates, todos los partidos han acordado revalorizar las pensiones con el IPC. Pero han olvidado un pequeño detalle: cómo pagarlo. Y cuesta 37.550 millones sólo en 5 años. Por eso, la ministra de Economía se opone al acuerdo y propone acordar “la viabilidad futura de las pensiones”, no sólo su revalorización. Hay que conciliar la subida de las pensiones actuales (apoyada por protestas en la calle) con asegurar las pensiones futuras de los que hoy trabajan (y no se manifiestan). Y no hay dinero para todo: se mantiene el déficit de la SS y crecerá más desde 2027. Sólo queda actuar en tres frentes: frenar el gasto (ampliando periodo cotización y jubilando a los 70), aumentar cotizaciones (ahora sólo pagan 12 años de pensión) y pagar parte con impuestos, recaudando más de grandes empresas, bancos y fortunas (no 12.000 millones menos, como promete Casado). No pactar subidas “para la calle” sino una reforma global que asegure las pensiones de padres (hoy) e hijos (mañana). 

enrique ortega

Hasta 2010, los pensionistas estaban relativamente tranquilos: sus pensiones eran bajas pero se revalorizaban cada año con la inflación, por una Ley de la Seguridad Social de 31 de julio de 1985 (renovada por otra de 15 de julio de 1997). Pero el 12 de mayo de 2010, Zapatero aprueba un Plan de ajuste, para evitar el rescate europeo, y congela la subida de las pensiones para 2011, por primera vez en 25 años. En 2012 y 2013, Rajoy las sube el 1%, la tercera parte que la inflación, pero en 2013 aprueba una reforma de las pensiones que fija una subida mínima del 0,25% para los 5 años siguientes (2014 a 2018). En esto, los pensionistas se lanzan a las calles (la inflación les ha comido un 5,8% de las pensiones entre 2011 y 2017) y el PNV presiona a Rajoy para que incluya una subida de las pensiones del 1,6% (no el 0,25% anterior) en los Presupuestos de 2018 y 2019 (Por cierto, la subida del 1,6% se aprobó, pero Rajoy se fue sin consignar esta subida en los Presupuestos 2018 y ahora la Seguridad Social estudia cómo seguir pagándola sin partida presupuestaria...). 

Pero las manifestaciones de pensionistas siguen. Y los partidos, reunidos en el Pacto de Toledo desde noviembre de 2016 sin lograr avances, buscan “un acuerdo que ofrecerles”: acuerdan por unanimidad (salvo ERC) que las pensiones se revaloricen con el IPC, como antes de 2010. Eso sí, no dicen cómo se va a pagar. Y es que esta revalorización costará 37.550 millones sólo entre este año (2.500 millones a los que sumar 690 porque el IPC subirá el 1,9% y no el 1,6%), 2019 (2.800 millones), 2020 (7.600), 2021 (10.500) y 2022 (13.460 millones más), según los cálculos de la Seguridad Social.

A los 6 días de anunciarse este acuerdo político, la ministra de Economía, Nadia Calviño, se opone desde Luxemburgo a que las pensiones se revaloricen con el IPC y señala que hay que analizar la sostenibilidad de las pensiones teniendo en cuenta “una serie de variables”, no sólo el IPC, como la demografía, el empleo, los salarios, la cuantía de las pensiones y la marcha de la economía. Y su colega, la ministra de Trabajo, la contradijo un día después, defendiendo revalorizar las pensiones con el IPC. Entre tanto, el FMI ha advertido que "vincular la revalorización sólo al IPC puede hacer peligrar el sistema de pensiones". Vamos, que no se puede empezar la casa por el tejado: antes de pactar la revalorización de las pensiones hay que pactar los otros 21 puntos del Pacto de Toledo, desde cuantos años se toman de cotización, la edad de jubilación, la pensión mínima, cómo quedan las futuras pensiones y sobre todo, cómo se pagan. Y sobre estos temas de fondo, los partidos llevan casi 2 años debatiendo (desde noviembre 2016) sin acercar posturas ni pactar soluciones.

Y mientras, la Seguridad Social sigue con su déficit estructural (-18.500 millones en 2016, -18.900 en 2017 y hasta -19.500 millones esperados para 2018), porque las cuentas no salen: los gastos siguen creciendo (9.235 millones de euros en septiembre, otro récord), porque aumentan las pensiones (9,64 millones ya) y la pensión media (957,36 euros), aunque la reforma (recortes) de 2011 (Zapatero aumentó de15 a 22 años el computo para la pensión, de 35 a 37 años para conseguir el 100% de pensión y aumento de 65 a 67 años edad jubilación) lleva ya tres años recortando un 3% anual (-42 euros al mes) las nuevas pensiones. Pero los ingresos crecen menos (no llegan a 8.000 millones al mes), porque el empleo que se crea (menos ahora) es precario y con salarios bajos, por lo que cotiza poco.

El mayor problema es que este “agujero” estructural de las pensiones (iniciado en 2012) va a agravarse (ver este estudio Consejo General de Economistas), sobre todo a partir de 2027, cuando se jubilen los muchos españoles nacidos en el “baby boom” (1960-1975).Y a partir de ahí, la demografía (muchos viejos y pocos jóvenes) y la economía (pocos empleos, por tener menos  jóvenes activos y la robotización) van a agravar la situación de las pensiones. Basten dos datos. Uno, las pensiones pasarán de las 9,64 millones actuales a 15 millones en 2050. Y si hoy hay 2  ocupados (19,34 millones) por cada pensión, en 2050 necesitaríamos 30 millones de ocupados para mantener ese nivel de 2/1. Y la Comisión Europea estima que no habrá más de 20 millones de españoles trabajando para 2050 (1,3 ocupados por pensión). Así no pueden salir las cuentas de las pensiones.

Todo esto es lo que no afrontan los políticos ni les cuentan a los pensionistas que se manifiestan.  Una situación preocupante, más por el futuro que por el presente, que exige tomar medidas cuanto antes en tres direcciones: frenar el ritmo de gasto, aumentar los ingresos por cotizaciones y pagar una mayor parte de las pensiones con impuestos.

Primer frente: frenar el ritmo de gasto en pensiones, no recortarlas a secas. La reforma de Zapatero en 2011 ya avanzó por esta vía, con tres medidas: aumentar el periodo de cómputo para las pensiones de 15 a 25 años en 2022 (ahora son 21), aumentar el número de años exigidos para cobrar el 100% de pensión (de 35 a 37 años para 2027) y aumentar la edad de jubilación de 65 a 67 años para 2027 (ahora son 65,1). Ahora habría que debatir si nos quedamos ahí, damos marcha atrás o vamos más lejos. Los expertos dicen que la medida más eficaz sería aumentar la edad de jubilación a 70 años, porque ahorraría hasta un 25% (tres años más cotizando y sin pagarles pensión). También ahorraría mucho tomar de cómputo toda la vida laboral, como hacen ya muchos paises europeos. 

Ambas medidas rebajarían las nuevas pensiones futuras, algo que ya va a pasar con las reformas de 2011 (ZP) y Rajoy (2013), hasta un -35% para 2040, Los que lo defienden recuerdan que las pensiones españolas son “las más generosas de Europa”, no en importe (son más bajas) sino en porcentaje sobre el último sueldo: en 2016, las nuevas pensiones suponían el 78,7% del último salario, mientras la media europea era el 46,3%, en Italia el 64,6%, en Francia el 45,4%, y en Alemania el 37,8%, según el informe Ageing Report de la Comisión Europea. Algunos defienden pensiones menores sobre el último sueldo (al principio, el 70-65%), a cambio de asegurarlas. Y con la esperanza de que los sueldos españoles (precarios y muy bajos) suban a nivel europeo y el porcentaje de la pensión, aunque menor, se traduzca en una pensión más digna.

Pero si no se quieren más recortes y se quieren asegurar las pensiones futuras, hay que cotizar más y complementarlo con impuestos. Y también para revalorizar las pensiones actuales hacen falta más ingresos. Entre otras cosas, porque los pensionistas españoles cotizan menos de la pensión que reciben, aunque digan en las manifestaciones que “nos roban”. La estimación es que un pensionista se paga cotizando sólo 12 años de la pensión que cobra (hasta los 77 años) y el resto de años que cobra (3,5 o 10 más, hasta los 87 años) son a cargo del sistema y su déficit. Eso significa que habría que cotizar más, para cobrar una pensión mejor y durante más años que vamos a vivir. Porque no se pagan con el aire.

Y se puede hacer, porque en España se pagan menos cotizaciones sociales que en Europa: los ingresos netos suponen el 12,2% del PIB (2016) frente al 13,3% en la UE-28 y el 15,3% en la eurozona, mucho menos que el peso de las cotizaciones sociales en Alemania (16,7%), Francia (18,8%), Italia (13,2%) o Portugal (11,7%) y sólo por debajo de Reino Unido (7,7% del PIB), según Eurostat. Eso significa que si en España se cotizara como la eurozona, la Seguridad Social podría ingresar 35.000 millones más cada año. Pensemos en una subida paulatina, para no dañar mucho al empleo: ingresar 20.000 millones más por cotizaciones en un horizonte a 4 años. Y luego más. La otra opción es que como las pensiones futuras van a ser mucho más bajas, los trabajadores tendrán que pagarse una pensión privada. Parece mejor que paguen ese algo más a la SS, como sus empresas.

En paralelo, la Seguridad Social podría ingresar ya hoy más por cotizaciones con tres medidas. Una, suprimir  las bonificaciones de cuotas a empresas y autónomos, las “tarifas planas”, que son poco útiles para crear empleo según la mayoría de expertos y con las que se pierden 3.700 millones en cotizaciones al año. La segunda, pagar el subsidio a más parados (el 51% no cobran nada), con lo que la SS ingresaría cotizaciones por ellos que ahora pierde: otros 3.000 millones al año. Y la tercera, quitar el tope de cotización a los sueldos más altos (por encima de 3.751 euros de sueldo no se cotiza). “Destopar” los sueldos altos y hacer que se cotice por todo lo que se gana supondría a la SS ingresar 4.470 millones más al año, 3.728 millones que pagarían las empresas y 742 millones estos trabajadores privilegiados. Y no sería para tanto: alguien que gane 75.000 euros al año cotizaría 111 euros más al mes… En total, con estas tres medidas, la SS recaudaría 11.170 millones más al año. Y si dejara de pagar el coste del Ministerio de Trabajo (un anacronismo que pagan las pensiones y no los Presupuestos como otros Ministerios) serían 4.000 millones más. En total, 15.170 millones más, para tapar el 80% del déficit de la Seguridad Social.

Más ingresos  a corto y más cotizaciones no bastan seguramente para asegurar el futuro de las pensiones. Por eso, muchos expertos apuestan por actuar en un tercer frente: trasvasar impuestos a pagar pensiones. Ya se hace hoy, aunque mucha gente no lo sabe: un 25% de todas las pensiones (nada menos que 2,38 millones)  tienen “complementos de mínimos”, porque el pensionista no ha cotizado lo suficiente para asegurarle una pensión mínima contributiva (656 euros). Para ello, los Presupuestos 2018 han trasvasado 7.329 millones a la Seguridad Social. Y así cada año. Ahora, para evitar recortes futuros y cubrir unas pensiones futuras más altas de lo que serían si se financiaran sólo con cotizaciones, haría falta trasvasar a la SS entre 15.000 y 45.000 millones extras al año, en el horizonte 2040. Y a la vez nos harán falta impuestos para pagar  sanidad, educación, Dependencia, tecnología, inversiones públicas y modernizar la economía.

¿Se pueden recaudar más impuestos? Sí, porque España recauda menos que la mayoría de Europa. Concretamente, en 2017, se recaudó un 37,9% del PIB en España mientras la media UE-27 recaudó un 44,9% del PIB, según Eurostat. A lo claro, esto significa que si recaudáramos como el resto de Europa, Hacienda debería ingresar 81.456 millones más al año, lo que daría para no tener déficit, pagar parte de las pensiones (25.000 millones) y gastar en lo que hace falta, desde educación y sanidad a industria, tecnología y digitalización. Pero, por desgracia, esto no se lo oímos a casi nadie, ni al Gobierno ni a la “oposición”: es un mensaje “complejo” y poco populista. No da “titulares”.

Así que una parte de las pensiones se pueden pagar con impuestos pero para eso hay que hacer una reforma fiscal, para ingresar más. ¿Cómo? Haciendo que paguen más impuestos no la mayoría (el 82% de la recaudación la aportan las familias) sino los que pagan poco, en especial las grandes empresas (pagan un tipo efectivo del 6,14%, cuando el tipo nominal del impuesto de sociedades es del 25%), bancos (tienen 60.000 millones de deducciones fiscales) multinacionales (no pagan casi impuestos en España), los sueldos altos (en el IRPF, España recauda 23.436 millones menos al año que la media UE, según los técnicos de GESTHA), la energía (carburantes y medio ambiente), inversores (23% por intereses y dividendos) y grandes fortunas (utilizan sociedades pantalla, paraísos fiscales y SICAV para no pagar).

Así que buena parte del debate de pensiones (cómo pagarlas) se traslada al debate de los impuestos (cómo se ingresa más). Y aquí chocamos con que los dos grandes partidos conservadores, PP y Ciudadanos, proponen bajar los impuestos, no subirlos (como PSOE y Podemos), con lo que impiden buscar esta salida al debate de las pensiones. De hecho, Pablo Casado ha prometido en el Foro ABC (un lugar muy oportuno) que si el PP llega al Gobierno bajará los impuestos y suprimirá Patrimonio y Sucesiones, una “revolución fiscal” con la que el Estado ingresaría 12.000 millones menos. Así que ya lo saben, si gobierna el PP o Ciudadanos, los impuestos no podrán ayudar a mejorar su pensión.

Así las cosas, el debate sobre el futuro de las pensiones supone buscar un equilibrio entre mejorar las pensiones actuales (con subidas anuales decentes y mejoras extras para ese millón largo de pensionistas que cobran menos de 600 euros al mes) y asegurar las pensiones futuras, garantizando que tengan un nivel digno que se pueda financiar con cotizaciones sobre todo y un complemento de impuestos. No se debería oír sólo lo que quieren los 8.762.772 pensionistas actuales (por mucho que protesten y voten) sino que también hay que asegurar las pensiones futuras de sus hijos y nietos, 19,3 millones de españoles que trabajan, cotizan y temen por su pensión futura (sin manifestarse). Un difícil equilibrio donde hay que compensar sacrificios: no hay dinero para todo.

Mientras los políticos van “a lo fácil”, desatascando primero la revalorización de los pensionistas que protestan, no avanzan en las grandes decisiones para el futuro: qué sistema de pensiones queremos y cómo se financia. Y si hay elecciones pronto, como parece, la solución al grave problema de las pensiones se retrasará otro año más. Entre tanto, los españoles de a pie están muy preocupados por sus futuras pensiones y siguen optando por lo seguro: jubilarse lo antes que pueden. Así, de enero a agosto se ha batido el récord histórico  de nuevas jubilaciones (219.837, 20.196 más que en ese periodo de 2015), debido al envejecimiento de la población, a que muchos mayores no consiguen trabajar y, sobre todo, al miedo de que si retrasan el retiro mañana será peor. Y se jubilan en cuanto pueden, el 42% sin cumplir los 65 años (la media se está jubilando a los 64,2 años, aunque la edad legal sea ahora 65,1 años), perdiendo una parte de la pensión con tal de jubilarse.

Estamos ante un problema muy serio, donde sobra la demagogia y falta un análisis serio, con datos contrastados y proyecciones de futuro realistas. Y los jubilados de hoy tienen que pensar que cualquier reforma debe centrarse no sólo en ellos sino en sus hijos y nietos. Seamos serios y justos al buscar soluciones. Y urge no perder más tiempo.

Pensiones: la "ocurrencia" populista de Sánchez

Las pensiones cerraron 2017 con un agujero de 18.000 millones, similar al de 2016. Y se espera otro déficit de 17.000 millones este año. Mientras, el secretario general del PSOE ha tenido una ocurrencia “milagrosa”: poner dos impuestos a la banca para recaudar 1.860 millones. No sólo es “el chocolate del loro”. El problema de las pensiones es estructural (ingresos no cubren unos gastos crecientes) y para resolverlo hay que aumentar los ingresos por cotizaciones e impuestos, entre 50.000 y 80.000 millones en unos años, y eso no se consigue con propuestas simplistas y cargando contra la banca. Sánchez debería saber que España recauda 72.000 millones menos que el resto de Europa, porque hay más fraude y porque grandes empresas, multinacionales y los más ricos pagan poco. Y que trabajadores y empresas cotizan también menos. Hay que recaudar más por muchas vías, no hacer demagogia populista. Y menos tras un año largo sin hacer propuestas, ni el PSOE ni los demás, en el Pacto de Toledo. Por favor, sean serios.

enrique ortega

Veamos, antes que nada, cuál es “el problema de las pensiones” en España. Básicamente, que los ingresos por cotizaciones crecen menos de lo que crece el gasto en pensiones. En 2017, las cotizaciones crecieron un 5% y recaudaron 109.000 millones. Y el gasto en pensiones, aunque se ha moderado tras las “reformas” (recortes) de Zapatero (2011) y Rajoy (2013), ya que creció un 3% en 2017, ascendió a 127.000 millones, con lo que ahí tenemos el “agujero”: -18.000 millones de déficit en 2017, similar al de 2016 (-18.500 millones). Y para este año 2018, los expertos creen que se mantendrá en -17.000 millones de euros, lo que ya ha obligado al Gobierno Rajoy a aprobar un crédito de 15.000 millones del Tesoro a la Seguridad Social, para asegurar el pago de las pensiones este año, porque en “la hucha” de las pensiones ya sólo quedan 8.000 millones (había 66.815 en 2011).

El problema de este “agujero” de la Seguridad Social es que no es coyuntural, sino estructural. Porque los ingresos por cotizaciones no crecen lo que hace falta, a pesar de que se han recuperado 2 millones de cotizantes de los 3 millones perdidos con la crisis. Pero los nuevos trabajadores son precarios, muchos tienen contratos temporales (25,7%) y a tiempo parcial (un tercio), y por tanto sus sueldos son bajos (el sueldo medio bruto en España son 1.177 euros mensuales, según el INE) y cotizan poco. Y mientras, la Seguridad Social recauda poco (aunque haya medio millón más de cotizantes cada año), la factura de las pensiones crece mes a mes, porque hay más españoles que se jubilan (seremos el 2º país más envejecido del mundo, tras Japón) y además, los nuevos jubilados han cotizado más (antes de la crisis) y su pensión es más alta (1.308 euros las nuevas en octubre 2017). Y así, cada mes nos gastamos 9.000 millones en pagar pensiones y sólo se ingresan 7.500.

Además, lo preocupante es que el problema se va a agravar con los años. Porque aunque pueda mejorar algo más el empleo y llegarse a 20 millones de españoles trabajando, los jubilados crecerán mucho más: en 2050, un tercio de los españoles tendrán más de 65 años y el número de pensiones pasará de los 9,5 millones actuales a 15 millones. Y además, los pensionistas vivirán más años: 90 frente a los 83 años de hoy. Mientras este envejecimiento aumentará la factura de las pensiones, bajará la población española y habrá menos gente trabajando y cotizando: 900.000 activos menos en 2025. Así que si ahora no salen las cuentas, en las próximas décadas aún menos.

Y eso sin contar que el sistema no permite revalorizar apenas las pensiones actuales ni subir las mínimas, que cobran demasiados pensionistas (1.067101 pensionistas cobran menos de 600 euros al mes). Porque con la reforma impuesta por Rajoy en 2013, las pensiones actuales se revalorizarán un 0.25% anual (2 euros al mes) hasta 2040, según el Banco de España, con lo que los pensionistas actuales perderán un 35% de poder adquisitivo. 0 sea, que una pensión de 700 euros (son casi la mitad hoy) se quedaría en 455 euros reales en 2040. Si se quiere evitar y revalorizarlas más, el déficit de la Seguridad Social subiría más. Así que hacen falta recursos para tapar el déficit actual y para poder subir algo más las pensiones en los próximos años. Dos grandes objetivos que obligan a ingresar para las pensiones entre 50.000 y 80.000 millones más en un horizonte a 20 años. Como poco.

Y frente a este gran reto de ingresos, el secretario general del PSOE se ha descolgado con una propuesta “milagrosa” para salvar las pensiones: aprobar dos nuevos impuestos que pagaría la banca, uno un recargo del 8% en su impuesto de sociedades (conseguiría 1.000 millones al año) y otro un impuesto del 0,1% sobre las transacciones financieras (que recaudaría otros 860 millones). En total, 1.860 millones para que la banca “salvada por todos los españoles, contribuya a salvar las pensiones”. Es como para llorar que al primer partido de la oposición sólo se le ocurra esto para afrontar el grave problema de las pensiones. Primero, porque es “el chocolate del loro”. Segundo, porque la propuesta acabaría siendo pagada por los clientes de los bancos, a los que la banca trasladaría el coste de estos nuevos impuestos vía más comisiones, créditos más caros y menos remuneración al ahorro. Y tercero, porque cualquier impuesto a la banca debe ser a nivel europeo, para que el dinero no se desplace a donde paga menos. Por eso hay una propuesta europea de implantar una tasa a las transacciones financieras (Tasa Tobin), que apoya España (el Gobierno Rajoy) y 9 países más, una propuesta más dura que la del PSOE (el recargo sería el 3%) y que supondría 4.500 millones extras de recaudación para España.

Pero la mayor crítica que puede hacerse a la propuesta de Sánchez, además de inútil y al margen de Europa, es que es “simplista” y “populista”, al estilo Podemos (que la aplaude ahora, porque ya la incluyó en su programa electoral de 2016). Porque no se puede vincular el grave problema de las pensiones a la banca (aunque haya hecho muchas cosas mal) y porque la solución al problema de las pensiones es complejo y exige tomar muchas medidas a medio plazo, no “soluciones mágicas” aprovechando la mala imagen de la banca. Y de paso, recordemos que el Gobierno Rajoy tampoco da soluciones, porque su reiterada fórmula es “esperar” a que crezca más el empleo y con ello se corrijan los ingresos. Pero es también una “falsa salida”, porque ahora hay 1.241.500 españoles más trabajando que cuando Rajoy llegó a la Moncloa y sin embargo, el déficit de la Seguridad Social se ha multiplicado por 36 durante su Gobierno (era de -487 millones en 2011).

Aquí estamos, con un agujero estructural en las cuentas de las pensiones y con 8,7 millones de pensionistas que pierden poder adquisitivo y temen por el futuro de sus pensiones, mientras la oposición tiene “ocurrencias” y el Gobierno Rajoy no hace nada, salvo aprobar un crédito para tapar el agujero. ¿Qué se puede hacer? No hay soluciones mágicas sino un abanico de medidas a tomar, a corto y medio plazo.

Por un lado, “quitar lastre” a las cuentas de la Seguridad Social para que consiga algunos ahorros, como ya han propuesto expertos y sindicatos. Por un lado, quitar las bonificaciones de cuotas a empresas y autónomos, las llamadas “tarifas planas” (3.700 millones de pérdida de cotizaciones), que no son útiles para crear empleo, o costearlas a cargo de los Presupuestos, no de la SS. Por otra, quitar del Presupuesto de las pensiones el coste del Ministerio de Empleo (4.000 millones), un anacronismo que debería pagar el Presupuesto del Estado, como los demás Ministerios.  En tercer lugar, pagar el subsidio a más parados (el 53% no cobran nada), con lo que la SS ingresaría cotizaciones por ellos que ahora pierde (otros 3.000 millones). Y por último, subir la cotización de los sueldos más altos (hoy tienen un tope de 3.751 euros: lo que se gane de más no cotiza), haciendo que los  sueldos altos coticen por todo lo que ganan, con lo que se podrían ingresar 7.500 millones más. Entre estas 4 medidas, posibles a corto plazo, son 18.200 millones más para las pensiones.

Aún harían falta entre 32.000 y 62.000 millones más para estabilizar las cuentas a medio plazo y subir algo más las pensiones actuales. Y si no se quieren aprobar más recortes, sólo puede conseguirse con más ingresos, por dos vías: cotizaciones e impuestos.

La primera vía, subir las cotizaciones a empresas y trabajadores es viable porque en España se pagan menos cotizaciones sociales que en Europa: los ingresos netos suponen el 12,3% del PIB, frente al 13,2% en Europa y el 15,3% en la eurozona, muy por debajo del peso de las cotizaciones sociales en Alemania (16,5% del PIB), Francia (18,9%), Italia (13,3%) o Portugal (11,6%) y sólo por debajo de Reino Unido (7,8%), según Eurostat. Eso significa que si en España se cotizara como en la eurozona, la Seguridad Social podría ingresar 34.000 millones más cada año. Pensemos en una subida paulatina y menor, para no penalizar en exceso el empleo, por ejemplo 20.000 millones más de cotizaciones en 4 años. Posible. Sobre todo cuando se fomenta fiscalmente que esos mismos trabajadores se paguen una pensión privada con los Planes. Mejor que se lo paguen a la Seguridad Social.

Y entonces queda recaudar entre 12.000 y 42.000 millones extras por la otra vía, los impuestos. Y se puede hacer, porque, como debería saber Sánchez, España recauda mucho menos ingresos fiscales que el resto de Europa. Concretamente, en 2018, está previsto recaudar un 38% del PIB en España mientras la media UE-27 recaudará el 44,6% del PIB, según la Comisión Europea. Traducido, esto significa que si recaudáramos como el resto de Europa, Hacienda debería ingresar 72.000 millones más al año, lo que daría para no tener déficit, pagar parte de las pensiones (25.000 millones) y gastar en lo que hace falta, desde educación y sanidad a industria, tecnología y digitalización. Pero, por desgracia, esto no se lo oímos a Sánchez: es un mensaje “complejo” y poco populista. No da “titulares”.

Así que, buena parte del futuro de las pensiones pasa por hacer una reforma fiscal que reduzca el fraude y mejore la recaudación. ¿Cómo? La Comisión Europea y la OCDE se lo han dicho al Gobierno Rajoy en varias ocasiones, sin éxito. Primero, deberían subir el IVA al 21% a productos y servicios que ahora pagan el 10% (como hoteles, bares y restaurantes) y reducir el fraude en el IVA, dos medidas con las que se recaudarían 16.000 millones más. Otra es subir el impuesto al gasóleo y la gasolina (más bajos que en Europa), que reportarían otros 2.000 millones. Y subir los impuestos medioambientales, como ha pedido la OCDE, otros 2.000 millones más. En total, 18.000 millones más, que la mitad podría ir a las pensiones.

Y todavía queda el grueso de mejora de la recaudación, que paguen más impuestos tres colectivos que pagan hoy poco “legalmente”: grandes empresas (bancos incluidos), multinacionales y los más ricos. Las grandes empresas pagan el 7,3% de su resultado contable, según Hacienda (2015), cuando las pymes pagan el 12,2% y los ciudadanos de a pié el 14,9% de sus ingresos con el IRPF. El impuesto de sociedades tiene tantas deducciones y exenciones que el Corte Inglés lleva 5 años sin pagar un euro y Hacienda devolvió al Banco Santander 1.236 millones por el impuesto de sociedades en 2013 y 2014. Tienen que pagar lo que deben, como todos,  no “ir a por ellos” porque les hemos rescatado. Y lo mismo las multinacionales, que utilizan trucos y paraísos fiscales para evadir “legalmente impuestos (como Inditex) y que tributan a un tipo efectivo del 6%, según los técnicos de Hacienda (Gestha). Y lo mismo las grandes fortunas, con las SICAV (tributan al 1%). Si se modifica la legislación y se dota a Hacienda de más inspectores contra el fraude (hay 1.928 contribuyentes por inspector frente a 860 en Francia o 729 en Alemania), podríamos recaudar unos 30.000 millones más a medio plazo y destinar la mitad a las pensiones.

No son “las cuentas de la lechera”, sino una propuesta que resume las propuestas de muchos expertos para asegurar el futuro de las pensiones. Se puede conseguir, pero no con medidas “simplistas” y demagógicas (PSOE y Podemos) ni “sentándose a esperar” que mejoren las cotizaciones (PP) y mucho menos bajando los impuestos (Ciudadanos). Hay que sentarse, echar cuentas y arañar ahorros e ingresos de aquí y de allá, con realismo y pensando a 20 años vista al menos. Y en paralelo, hay que aprobar ayudas a la familia, para que aumente la natalidad y los cotizantes futuros. Y poner en marcha una “cruzada” contra el empleo precario, incentivando el empleo fijo a tiempo completo y sancionando duramente con la inspección de trabajo el falso empleo temporal y por horas, que hunde las cotizaciones.

Pero, sobre todo, hay que moverse. La Comisión del Pacto de Toledo lleva más de un año de reuniones en el Congreso, sin aportar soluciones, ni por la izquierda ni por la derecha. Y mientras, cada mes hay que pagar más pensiones y se mantiene el agujero de la Seguridad Social, en medio de la inquietud de los españoles. Hagan algo sensato, por favor. Por los pensionistas actuales pero, sobre todo, por los pensionistas futuros.

Las pensiones perderán poder adquisitivo

En enero, 8,5 millones de pensionistas han cobrado entre 2 y 5 euros más, por la subida del 0,25% aprobada por el Gobierno, la misma que en 2014 y 2015. Pero este año, esa mínima subida se la comerá la inflación, que crecerá un 0,7%. Y los pensionistas perderán poder adquisitivo, algo que no pasaba desde 2012, aunque en esta crisis, las pensiones han subido menos que la inflación. Pero el mayor problema de las pensiones  es que no salen las cuentas: en 2015, la Seguridad Social habrá tenido 12.000 millones de déficit, el mayor de su historia. Y no porque se dispare el gasto (pensionistas y gasto crecen menos que los últimos 10 años, por los recortes de ZP y Rajoy) sino porque crecen poco los ingresos, aunque hay 530.000 empleos más: es un empleo precario, que cotiza poco. Urge reformar las pensiones, no para recortarlas otra vez sino para conseguir más ingresos, vía impuestos y cotizaciones. Porque España gasta menos en pensiones que el resto de Europa.
 

enrique ortega

Las pensiones también han cambiado con la crisis. Hasta el año 2010, las pensiones en España subían cada año lo que se esperaba que subiera la inflación. Y luego, si los precios habían subido más, se les compensaba en febrero con la diferencia. Pero en 2011 se abandonó este sistema, presionados por Bruselas, que obligó al Gobierno Zapatero a congelar las pensiones, sin subirlas nada (por primera vez en la democracia). Y luego, en 2012 y 2013, Rajoy las subió un 1%. Y en diciembre de 2013, el Gobierno del PP aprueba una Ley para establecer el mecanismo que determina la subida futura de las pensiones (factor de sostenibilidad), teniendo en cuenta la marcha de la economía y de las cuentas de la Seguridad Social. Así se fijó una subida del 0,25% para 2014, que se ha repetido en 2015 y 2016, y que parece será la misma al menos hasta 2020.

Con estas mínimas subidas, el poder adquisitivo de los pensionistas ha dependido de lo que hiciera la inflación. En 2011 y 2012, con una inflación alta (+2,9%), perdieron bastante, y a partir de 2013, con el desplome de los precios (por la atonía de la economía y la caída del petróleo), recuperaron poder adquisitivo. Pero no todo: entre 2008 y 2015, las pensiones subieron una media del 9,2% y los precios aumentaron un 10,1%, así que los pensionistas perdieron un 0,9% de poder adquisitivo. Y sólo en la pasada Legislatura (2012-2015), con Rajoy, los pensionistas ganaron un 0,3%, porque los precios subieron menos (2,2%) de lo que subieron las pensiones (2,50%). Pero si tenemos en cuenta el copago de los medicamentos, implantado el 1 de julio de 2012, resulta que esa mínima ganancia de poder adquisitivo de los pensionistas se ha perdido al tener que pagar parte de sus medicinas.

Ahora, en 2016, todo apunta a que los pensionistas volverán a perder poder adquisitivo, por primera vez desde 2012: las pensiones subirán un 0,25% (entre 2 y 5 euros al mes) y la inflación podría subir un 0,7% de media anual, según el consenso de analistas (o más, si sube el petróleo). Y lo mismo se espera para 2017: subida de pensiones del 0,25% y subida de precios por encima del 1%. Y lo peor es que las pensiones seguirán perdiendo poder adquisitivo en los próximos años: si no se hace nada, las pensiones bajarán un 30% en términos reales (descontando la inflación) para 2050, según un estudio universitario. 

Con todo, el mayor problema de las pensiones en España no es que pierdan poder adquisitivo sino que “no salen las cuentas”: el gasto crece más que los ingresos y 2015 se habrá cerrado con un déficit de la Seguridad Social en torno a 12.000 millones de euros, el mayor de su historia. Y sería ya el quinto año consecutivo con “números rojos”, un déficit que se inició levemente en 2011 (-1.000 millones), que se agravó drásticamente en 2012 (-10.131 millones) y que se ha mantenido al alza en 2013 (-11.861), 2014 (-11.202) y volvió a crecer en 2015 (entre -11.000 y --15.000 millones, según vaticinan los expertos). Un déficit en las pensiones insostenible a medio plazo.

Podría pensarse que la Seguridad Social tiene un abultado déficit porque el gasto en pensiones se ha disparado. Pero no es así. El gasto en pensiones crece, pero poco: ha subido un 2,7% en enero de 2016 (sobre enero 2015), la menor subida de la serie histórica. Y eso porque aumenta mucho menos el número de pensionistas (+0,94% en 2015, el menor aumento de los últimos 10 años), con una caída en las altas de jubilación (-2,9% en 2015, por segundo año consecutivo). Y también porque las nuevas pensiones suben menos que antes. Un menor ritmo del gasto que es fruto de las dos reformas de pensiones (recortes)  aprobadas por Zapatero en 2011 (aumento edad de jubilación y mayores exigencias de cotización) y por Rajoy en 2013 (menor subida pensiones y penalización jubilaciones anticipadas).

Así que si la Seguridad Social sigue aumentando su déficit no es porque se disparan los gastos sino porque apenas crecen los ingresos: un 1,3% en 2015. Y eso a pesar de que se está creando empleo, con 530.000 nuevos cotizantes en 2015. Pero los nuevos trabajadores cotizan poco, porque tienen empleos muy precarios (temporales y por horas) y salarios muy bajos (un 34% de todos los trabajadores ganan menos de 645 euros al mes, según datos de Hacienda). Así que hay más españoles cotizando, pero la SS sufre un estancamiento de ingresos porque los nuevos cotizantes aportan menos: los empleos temporales (92% de los contratos hechos en 2015) cotizan por un sueldo que es dos tercios el sueldo (63,4%) de un contrato fijo, según el INE. Y los contratos a tiempo parcial (35,58% de los contratos firmados en 2015) cotizan por un sueldo que es la tercera parte (38%) del sueldo de un empleo a tiempo completo. Así que la precariedad, fomentada por la reforma laboral de 2012, es “un mal negocio” para la Seguridad Social y para el futuro de las pensiones.

La otra razón de que la Seguridad Social ingrese poco es que el Gobierno Rajoy ha disparado las bonificaciones (descuentos) en las cotizaciones sociales de las empresas, como medida de “fomento del empleo” (muy discutible y poco efectiva, según la mayoría de expertos). Han proliferado desde 2012 las “tarifas planas” (50 y 100 euros mensuales de cotización), que en 2015 supusieron un coste para la Seguridad Social de 1.614 millones, que subirán hasta los 2.100 millones en 2016 (2.100 millones menos de ingresos). En total, se estima que durante los 4 años de la legislatura de Rajoy, estas ayudas a las empresas le han supuesto a la Seguridad Social dejar de ingresar 3.439 millones de euros.

Para 2016, las cuentas de la SS no van a mejorar, aunque los gastos vuelvan a crecer moderadamente, por efecto de los recortes de 2011 y 2013 (este año, la edad de jubilación para tener derecho al 100% de la pensión sube otro mes, hasta 65 años y 4 meses, y como periodo de cotización se computará un año más, 19 años, para llegar a los últimos 25 años cotizados en 2022). El problema volverá a estar en los ingresos: el Presupuesto 2016, que aprobó Rajoy a última hora, prevé un crecimiento de las cotizaciones del 6,7%, cuando el año pasado crecieron un 1,3% y este año se va a crear además menos empleo (unos 450.000 nuevos cotizantes). Por eso, será casi imposible cumplir la previsión del Gobierno Rajoy, de bajar el déficit a -3.000 millones de euros en 2016. Y se espera que haya déficit en las pensiones hasta 2018.

La Seguridad Social y las pensiones tienen un déficit estructural, que el Gobierno Rajoy ha tratado de paliar estos años con dos “parches”. Uno, recurriendo a las Mutuas laborales, cogiendo parte de sus excedentes para financiarse (5.350 millones hasta diciembre de 2014). Y el otro “parche”, echar mano de “la hucha” de las pensiones, un Fondo de reserva creado en el año 2.000 por el Gobierno ZP para guardar los excedentes y que llegó a acumular un máximo de 66.815 millones en 2011. A partir de ahí, empezaron los déficits y el Gobierno Rajoy se vio obligado a “tirar de la hucha” para pagar las extras de los pensionistas, desde la Navidad de 2012 a la última Navidad de 2015. En total, han retirado ya 34.330 millones de euros, más de la mitad del ahorro que había. Y seguirán haciéndolo en 2016, con lo que se prevé que la hucha de las pensiones se quede sin fondos a principios de 2018.

La situación de las pensiones es pues preocupante, sobre todo por la falta de ingresos. ¿Qué se puede hacer? El Tribunal de Cuentas dio en julio de 2015 una receta, que propuso se debatiera con urgencia en el Pacto de Toledo (la comisión, integrada por políticos, sindicatos y patronal, que es responsable del futuro de las pensiones: financiar parte de las prestaciones de la Seguridad Social con cargo a los Presupuestos, no con cotizaciones. En agosto, el Gobierno Rajoy concretaba esta propuesta, señalando que iba a proponer  a los demás partidos que fuera el Presupuesto y no la Seguridad Social quien pagase las pensiones de viudedad (2,3 millones) y orfandad (335.000 pensiones), un gasto de 23.000 millones para 2016, el 19,6% del gasto total en pensiones. Pero luego, con la vorágine electoral y postelectoral, no ha habido ninguna reunión y el tema está pendiente. Será una cuestión clave para el próximo Gobierno.


Quitarle a la Seguridad Social una quinta parte de la factura de las pensiones sería sin duda un gran alivio, aunque dejaría a viudas y huérfanos al albur de los Presupuestos y de futuros recortes para bajar el déficit (Bruselas pide 13.000 millones más). Pero no basta. Habría que contemplar otra medida: subir los ingresos por cotizaciones sociales. Es cierto que subir cotizaciones es malo para el empleo y más en un país que tiene el doble de paro que Europa. Pero también es cierto que las cotizaciones a la SS son más bajas en España que en la mayoría de Europa: las cotizaciones por contingencias comunes son el 28,3% del salario, algo menos que la media en Europa (28,7%) y mucho menos que las cotizaciones en Alemania (33,3%), Francia (37,9%) o Italia (31,5%). Y eso no tanto porque las empresas coticen menos (cotizan en España el 23,6%, cerca del 27,7 % de Francia o el 24,3% de Italia) como porque los trabajadores españoles cotizan bastante menos (4,7% del salario) que los alemanes (17,1%), franceses (10,2%) o italianos (7.2%).

Si España subiera un 2% las cotizaciones sociales (1% a las empresas y 1% a los trabajadores), todavía seguiríamos cotizando menos (30,7%) que los grandes países europeos y la SS ingresaría 8.000 millones más en cotizaciones. Claro que sería pedir un esfuerzo extra a las empresas, pero también es verdad que llevan un par de años con beneficios (las grandes, un +22% más en 2015). Y en el caso de los trabajadores, si bien es verdad que sus sueldos han caído, el dilema es claro: o cotizan más o tendrán que pagarse una pensión privada para complementar la pública, porque sus cuentas no salen. ¿Qué prefieren: cotizar algo más para asegurar el futuro de las pensiones o pagar a un banco o a una aseguradora (con comisiones elevadas) un Plan de pensiones privado? De hecho, el miedo al futuro ha disparado la contratación de pensiones privadas: las aportaciones (de 10 millones de españoles) han aumentado 10.000 millones de euros en los dos últimos años.

Las pensiones sufren en España un grave problema de fondo que se ha agravado con la crisis: los ingresos no cubren los gastos, que irán aumentando la próxima década por el envejecimiento de la población. Y eso, a pesar de que la mayoría de las pensiones son bajas. La pensión media está en 896,57 euros al mes (1.038 euros la jubilación), pero casi dos tercios de las pensiones (61,5%) cobran menos de 800 euros y más de la cuarta parte (27,8%) menos de 600 euros al mes (en el caso de las jubilaciones, el 52,6% cobran menos de 800 euros y el 19,2% menos de 600 euros). Y peor están las viudas, con una pensión media de 630 euros al mes, o los huérfanos (370 euros mensuales de pensión media).


De hecho, la penuria económica de muchos mayores se refleja en este dato: España es el país europeo donde los mayores de 50 años ayudan menos con dinero a sus hijos: sólo les dan dinero el 10% de padres, frente al 25% en Francia o el 30% en Alemania, según un reciente estudio de Funcas.

La solución no es recortar más estas pensiones, que apenas dan para vivir. Hay que pensar en conseguir más ingresos, vía impuestos y cotizaciones, para hacer frente a un gasto que además va a seguir creciendo. Y sobre todo porque España, aunque gasta mucho en pensiones (120.000 millones), todavía gasta proporcionalmente menos que la mayoría de Europa: un 12% del PIB, frente al 13,8 % de la zona euro (y un 16,6% en Italia, un 15,2% en Francia y un 12,3% en Alemania). Así que habrá que gastar más en pensiones, sobre todo porque van a crecer mucho, más a partir de 2030, cuando se jubilen los españoles del “baby boom”, los nacidos entre 1962 y 1975. O eso, o recortar más las pensiones futuras y además no subirlas apenas a los actuales jubilados.

Urge poner orden en las cuentas de las pensiones y pactar un sistema estable a medio plazo, con más ingresos. Si no se toman medidas, luego será peor y habrá quien haga “negocio con el miedo”, disparando las pensiones privadas. Hay que hacer las cuentas al revés: queremos unas pensiones decentes y busquemos cómo financiarlas. Con nuestra vejez no se juega.