Curso 2019-2020: más enseñanza concertada

Esta semana, más de 8 millones de niños y jóvenes comienzan un nuevo curso escolar, con pocas novedades. Tendrán más profesores, tras 3 convocatorias de plazas, y algunos recursos más, volviendo al gasto de 2008. Lo nuevo es que los Gobiernos del PP y Ciudadanos en Madrid y Andalucía van a concertar con centros privados plazas de Bachillerato, subvencionando una enseñanza que ahora sólo es gratis en los centros públicos. Y prometen también concertar con centros privados la enseñanza de 0 a 3 años, mientras el PSOE y Podemos quieren que sea gratuita en los centros públicos. Son dos estrategias políticas para “ampliar el negocio” de los centros concertados, que ya controlan el 26% de los alumnos y reciben un 12,5% del dinero público en educación, sin recortes en los años de crisis. Es el gran debate de esta Legislatura: más o menos educación pública, con más recursos (50.000 alumnos estudian en barracones) y profesores. Un tema clave del Pacto educativo que no llega.

enrique ortega

Este nuevo curso escolar  2019-2020 volverán a aumentar los alumnos de las enseñanzas no universitarias, unos 20.000 más, hasta llegar a los 8.200.000 niños y jóvenes que estudian en colegios e institutos, 757.000 más que hace diez años (curso 2008-2009), según los datos de Educación. Volverán a bajar (-20.000) los niños escolarizados en educación infantil (unos 1.718.000), por la caída de la natalidad sufrida a partir de 2009, que afecta a los niños de 3 a 6 años. Sufrirá también una ligera bajada (-11.000) la cifra de estudiantes de Primaria (sobre 2.918.000), subirán los alumnos de la ESO (+35.000), los más numerosos (rondarán los 2 millones), volverán a bajar (-3.600) los que estudian Bachillerato (668.000) y será otro año récord en Formación Profesional, con 845.000 alumnos, casi el doble de los que estudiaban FP hace una década (462.492 alumnos en 2007-2008). Del total de alumnos, 51,7% son chicos y 48,3% chicas, ganando los varones en todos los estudios, salvo en Bachillerato, donde el 52,8% son mujeres, por el mayor abandono escolar de los chicos.

Dos de cada tres alumnos no universitarios estudiarán este curso 2019-2020 en colegios e institutos públicos (el 67,3% de los alumnos), aunque año tras año gana peso la enseñanza concertada (25,9% alumnos) y privada (6,9%), sobre todo en educación infantil (63% alumnos en la pública) y la ESO (65,6% alumnos), subiendo la publica en Bachillerato (74,5% alumnos) y en FP (72,6% alumnos estudian en centros públicos). Y sobre todo en las autonomías más ricas: País Vasco (49,2% alumnos van a centros concertados o privados), Madrid (45,5%), Navarra (35,7%), Baleares (35,4%) y Cataluña (34,4% de alumnos en enseñanza no pública), según los datos de Educación. Mientras, el peso de la enseñanza concertada y privada es mucho menor en las autonomías pobres: Melilla (sólo 16,7% alumnos), Castilla la Mancha (19,9%), Extremadura (19,7%), Ceuta (21,3%), Canarias (24%) y Andalucía (25,7%). En los últimos años, la enseñanza pública ha perdido 10.000 alumnos y la concertada ha ganado 50.000, gracias a las ayudas de algunas autonomías, según un informe de CCOO.

La principal novedad de este curso 2019-2020 es que los alumnos de enseñanzas no universitarias van a encontrarse con casi 30.000 profesores más, tras las oposiciones celebradas en junio, las terceras y las más numerosas desde que se reanudaron en 2017. Con ellas se busca cubrir las jubilaciones y reducir la temporalidad del profesorado, que afecta a 1 de cada 3 docentes. La previsión es ampliar las plantillas de profesores en los centros públicos (ahora superan los 500.000) en 139.000 entre 2017 y 2022, pero CCOO estima que harían falta convocar 46.259 plazas más, para reducir la precariedad y cubrir necesidades futuras. Además, muchos expertos hacen hincapié en formar mejor a los profesores, porque sólo un 35% reciben la formación inicial adecuada en España frente al 62% en el resto de Occidente, según el informeTalis 2018, de la OCDE. Algunos expertos piden un MIR para profesores (como los médicos) y Cataluña ha establecido un filtro de pruebas complementarias en la selectividad para los que quieren acceder a Magisterio y Educación.

Algunos alumnos más, pocos nuevos centros (50.000 alumnos de la escuela pública estudiarán este curso en barracones, sobre todo en Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares y Canarias), algo más de presupuesto y más profesores para un curso escolar 2019-2020 con pocas novedades para alumnos y familias. Otro curso más sigue en vigor la LOMCE, la Ley de Educación aprobada en solitario por el PP en 2013, aunque la mayoría de grupos del nuevo Parlamento están por derogarla. Eso sí, las autonomías pueden cambiar un aspecto fundamental de esta Ley, el número de alumnos por aula, que el ministro Wert aumentó un 20% (de 27 a 30 en Primaria y de 30 a 36 en la ESO). Ya el curso pasado bajaron otra vez los alumnos por aula en Andalucía y Extremadura y este curso las reducirán el resto de autonomías. También se reducirán las horas de clase de los docentes, aumentadas en 2012 (a 25 horas semanales en infantil y primaria y a 20 horas mínimas en ESO, Bachillerato y FP). Y también se han “flexibilizado” las reválidas a que obliga la LOMCE al final de Primaria y en 4º de la ESO, así como la Selectividad.

Pero los demás cambios pendientes, desde reducir el  peso de la asignatura de Religión a los itinerarios y los planes para repetidores, no se harán tampoco este curso 2019-2020, porque el bloqueo político ha impedido discutir el proyecto de nueva Ley de Educación aprobado por el Gobierno Sánchez el 15 de febrero de 2019. El Gobierno ha ofrecido a Podemos, entre sus 370 medidas de Gobierno, aprobar una Ley Básica de Educación “que derogue la LOMCE, blinde la educación pública e incorpore los acuerdos alcanzados por la comunidad educativa”, pero no entraría en vigor hasta el curso 2020-2021, como pronto.

La gran novedad educativa de este curso 2019-2020 es el impulso a la enseñanza concertada en Madrid y Andalucía, tras la llegada al Gobierno de PP, Ciudadanos y Vox. La iniciativa la ha tomado Madrid, que ya este curso va a poner en marcha un proyecto para que 1.500 alumnos de bachiller puedan estudiarlo gratis en centros concertados, con becas de 3.000 euros para familias con menos recursos. Y el objetivo del Gobierno conservador madrileño es que en 4 años, todos los centros concertados de la región puedan ofertar el Bachillerato concertado, como hacen con Primaria y la ESO. En Andalucía, con muchos más alumnos, lo están estudiando, pero su objetivo a medio plazo es también concertar el Bachillerato, que ahora solo es gratuito en los centros públicos. Y no son los únicos. Ya hay 5 autonomías donde el curso pasado se subvencionó el Bachillerato a 70.000 estudiantes en centros privados : País Vasco, Cataluña, Navarra, Baleares y Murcia. Las restantes, gobernadas por la izquierda, no están por la labor de subvencionar el Bachillerato en centros concertados (sí defienden becas a los alumnos con menos recursos).Y en el caso de la Comunidad Valenciana, ha recurrido a los Tribunales, los conciertos de Bachillerato aprobados por Camps.

Algunos expertos, los sindicatos y la izquierda critican esta política del PP y Ciudadanos (apoyada por Vox), señalando que es una vía de “ampliar el negocio” de la enseñanza privada, que ve como año tras año se les van alumnos en Bachillerato a la pública porque sus familias no pueden pagar estos estudios (entre 300 y 400 euros al mes). Por eso, buscan que esta enseñanza se concierte, para ganar alumnos (hoy sólo tienen el 25,5% de alumnos, frente al 32,7% de alumnos en toda la enseñanza no universitaria).

Pero la novedad no para ahí. Madrid y Andalucía quieren ampliar los convenios con los colegios privados a la educación de 0 a 3 años, que hoy no es obligatoria ni gratuita. En España, sólo poco más de un tercio (38%) de los menores de 3años están escolarizados (más en el País Vasco, un 52,4%, y menos en Canarias, el 16,8%), un porcentaje superior a la media de paises desarrollados (33% en la OCDE) y a la escolarización infantil en Europa, incluidos Finlandia, Alemania, Francia o Reino Unido. Sin embargo, aunque estamos mejor, dos tercios de los niños menores de 3 años no reciben educación, lo que es perjudicial para su formación y éxito educativo futuro, porque es una edad clave, según todos los estudios.

Por eso, los expertos defienden que España se lance a escolarizar a los menores de 3 años. Pero hay 2 estrategias. PP y Ciudadanos (con Vox) defienden “la libertad de elección” y que esta primera etapa educativa se concierte con los centros privados, ampliando así “su negocio” como con el Bachillerato. Y la izquierda, tanto el PSOE como Podemos, defienden que sea una enseñanza gratuita y pública. Ya en el Presupuesto fallido para 2019, ambos partidos pactaron destinar 330 millones para avanzar en la escolarización pública gratuita entre los 0 y 3 años. Y entre las 370 medidas de Gobierno que propone Sánchez, la 94 es “la universalización de la educación de 0 a 3 años en una red de recursos integrada pública y gratuita”.

A falta de una nueva Ley de Educación, la batalla por ampliar la educación concertada al Bachillerato y a la educación de 0 a 3 años se ha lanzado con fuerza. Y llueve sobre mojado, porque la enseñanza concertada ha ido creciendo en la última década gracias a los mayores recursos recibidos del Gobierno Rajoy y de muchos gobiernos autonómicos, mientras se recortaban los recursos a la educación pública. Los datos son explícitos: si el gasto total en enseñanza ha crecido un 4,68% entre 2007 y 2017 (con fuertes recortes entre 2011 y 2015), la enseñanza pública ha recibido sólo un 1,4% más (con recortes entre 2013 y 2015) y la concertada recibió un 24,4% más, sin recortes entre 2011 (+7,1%) y 2015 (+19,1%), según datos oficiales de Educación (SEIE). Con ello, la enseñanza concertada ha pasado de recibir el 10,5% del gasto público en educación (2007) al 12,5% (2017).

Pero esa es la media en España. Lo llamativo es que hay autonomías donde la educación concertada se lleva mucho más dinero público. Es el caso del País Vasco (23,9% del gasto público en educación va a la concertada), Navarra (19,5%) o Madrid (19,7%), mientras tiene poco peso en las autonomías más pobres: Canarias (8% del gasto educativo va a la concertada), Extremadura (8,3%) y Castilla la Mancha (9,2%).

Muchos expertos creen que se ha pervertido, por razones ideológicas,  el papel “subsidiario y complementario” de la enseñanza concertada, que se empezó a apoyar en 1990 (Felipe González), cuando la LOGSE amplió la educación obligatoria de 14 a 16 años y no había suficientes plazas en los centros públicos. Pero hoy, con menos nacimientos y jóvenes, no faltan plazas (salvo en algunas zonas y edades) y ya no parece tan necesario que la concertada crezca tanto. Y menos que lo haga a costa de la pública. Además, otros expertos señalan que este tirón de la concertada agrava la dualidad y la desigualdad de la enseñanza: los colegios privados “seleccionan” a sus alumnos y desplazan a los niños inmigrantes y con problemas a los colegios públicos, lo que deteriora su calidad ante la falta de medios. Los datos oficiales son explícitos: de 750.000 niños extranjeros en infantil y primaria, el 80% estudian en centros públicos (y en Extremadura, Andalucía y Castilla la Mancha llegan al 90%). Así que aceptan fondos públicos pero desechan alumnos problemáticos.

Este aumento en el peso de la educación concertada, junto a los recortes en la educación pública, ha llevado a que las familias tengan que pagar más por la educación: por un lado pagan cuotas “voluntarias” en los concertados y por otro pagan más cada año por actividades extraescolares y servicios complementarios. El dato es revelador: en 2017, las familias se gastaron 12.356 millones en educación y el Estado unos 50.000, con lo que las familias aportan 1 euro para cada 4 que aporta el Estado (en 2007 aportaban 72 céntimos). Y luego hay un galimatías de ayudas autonómicas, desde becas a ayudas por libros y desgravaciones fiscales, lo que aumenta la desigualdad. Y más entre los que van a centros públicos, que acogen a un 33% de estudiantes de clases humildes mientras los concertados sólo acogen al 7%, según un estudio de la Fundación BBVA e Ivie. Y así, la mitad de los alumnos de familias pobres se concentran en los centros con más estudiantes pobres, según el último Informe sobre Equidad en la educación de la OCDE. La educación acentúa la desigualdad.

Es un problema serio de nuestro sistema educativo que se suma a otros de los que se habla poco al inicio de cada curso escolar. Por un lado, el fracaso del sistema educativo, reflejado en dos datos: 1 de cada 3 estudiantes de 15 años han repetido curso y el 17,9% de los jóvenes de 18 a 24 años han dejado sus estudios tras la ESO, sin acabar Bachillerato o FP (somos líderes de abandono escolar en Europa, donde lo dejan el 10,6% de jóvenes y menos en 21 de los 28 paises UE). Y por otro, la tremenda desigualdad regional en la educación entre las 17 autonomías, con peores resultados en Baleares, Ceuta, Melilla, Andalucía, Castilla la Mancha y Murcia y mejores en País Vasco, Castilla y León, Cantabria, Navarra, la Rioja y Asturias. Y además, una formación demasiado memorística y poco práctica, con retraso en matemáticas y comprensión lectora, según revelan los informes PISA.

Factores todos que explican, junto a un menor gasto educativo, por qué los jóvenes españoles están peor formados que el resto de europeos: entre 25 y 34 años, el 33,8% de los jóvenes españoles tienen la ESO o menos (frente al 16,2% menos formados en Europa), un 23,6% ha terminado la Secundaria (frente a casi el doble en Europa: el 44,8% de los jóvenes) y el 42,6% son universitarios (más que el 39% en Europa), según los últimos datos de Educación. Un balance, con más jóvenes poco o medio formados, que explica por qué tenemos más del doble de paro que Europa (13,9% frente al 6,3% en la UE-28) y aún más paro juvenil (33,8% frente a 14,3% en la UE-28 y 5,6% en Alemania), según Eurostat.

Son datos como para reflexionar y tomar medidas. Básicamente pactar una nueva Ley de Educación, que asegure más gasto educativo (subir del 4,2% del PIB actual al 5% que gasta Europa supondría gastar 11.200 millones extras anuales), acuerde las reformas que propone la comunidad educativa, establezca medidas eficaces contra el fracaso escolar, aumente el profesorado y su formación y corrija las tremendas desigualdades educativas entre regiones, formando mejor a los alumnos en los conocimientos que va a exigir la economía del siglo XXI. Muchos retos en los que nos jugamos el futuro.

Curso escolar 2018-19: cambios retardados

Esta semana, casi 8,2 millones de niños y jóvenes empiezan un nuevo curso escolar, con pocas novedades. Tendrán 21.700 profesores más, aunque un 30% serán interinos, el doble que en 2011. Y no se han superado los recortes: hay menos gasto en educación que en 2009, con grandes diferencias entre autonomías. Y siguen faltando plazas en guarderías públicas, lo que dificulta que las mujeres trabajen. Lo nuevo será que el Gobierno Sánchez aprobará este viernes14 de septiembre un proyecto de Ley educativa que derogue los recortes ligados a la LOMCE (aprobada en solitario por el PP en 2013), como los alumnos por clase, el horario docentes o la religión. Pero los cambios de esta nueva Ley educativa (la 8ª de la democracia), no entrarán en vigor hasta el próximo curso 2019-2020. Y eso si se aprueba, porque si no consigue mayoría o convocan elecciones, no habrá cambios educativos hasta 2020. Un drama para un país líder en abandono escolar, baja formación de adultos y desempleo. Urge un pacto educativo, sin perder dos años más.

enrique ortega

Otro curso más, aumentarán poco los alumnos de enseñanzas no universitarias, unos 20.000 más, hasta rondar los 8.178.000 niños y jóvenes en colegios e institutos este curso 2018-2019, unos 723.000 más que hace 10 años. Volverán a bajar los niños en educación infantil  (unos 1.768.000), sobre todo por la caída de la natalidad en 2009, que afecta a los niños de 3 a 6 años. Se mantendrá la cifra de los que estudian en primaria, los más numerosos (2.945.000), aumentarán sobre todo los alumnos de la ESO (1.945.000) y seguirán bajando los alumnos de Bachillerato (675.000), que, otro año más, serán superados por los alumnos que estudian Formación Profesional (FP), unos 845.000 alumnos.

Dos de cada tres alumnos no universitarios estudiarán este curso en colegios e institutos públicos (el 67,26% de los centros educativos), aunque año tras año sigue ganando peso la enseñanza concertada y la privada (sobre todo en enseñanza infantil y en la ESO), especialmente en algunas comunidades: País Vasco (el 49,2% de los centros de enseñanza son concertados o privados), Madrid (45,9%), Navarra (35,6%), Cataluña (34,7%) y Baleares (33,1%), mientras hay autonomías con bajo peso de la enseñanza privada o concertada, como Canarias (24,4%), Andalucía (26,2%), Galicia (27,7%), Asturias(28,5%) y Cantabria (29,3%), según los datos 2017-18 del Ministerio de Educación. En los últimos años, la enseñanza pública ha perdido 10.000 alumnos y la concertada/privada han ganado unos 50.000, según un informe de CCOO, gracias a las ayudas y subvenciones de algunas autonomías.

La mayor novedad de este curso 2018-19 es que los alumnos van a encontrar 21.700 nuevos profesores, que aprobaron oposiciones en junio y julio, aunque casi 2.000 quedaron fuera, un 8,94% de los presentados, mientras en algunas autonomías el porcentaje de no admitidos fue tremendo: 29,6% en Ceuta, 26,8% en Euskadi, 24,7% en Melilla o 20,4% en Madrid (449 de 2.200 plazas). Con estos nuevos docentes, habrá en España unos 720.000 profesores en colegios e institutos, de ellos 535.000 en centros públicos, unos 40.000 más que en 2009. Pero este dato es engañoso, porque las plantillas de profesores han crecido estos años con contratados (de 77.718 en 2011 a 150.210 en 2017), mientras se recortaban drásticamente los profesores con plaza fija: de 425.668 a 365.683, casi 60.000 menos. En definitiva, que los chavales tienen más profesores pero un 29,12% son interinos, según el último informe de CCOO. Y un 40% dan clase media jornada, mientras 32.000 son despedidos cada mes de junio para contratarles en septiembre. Mucha precariedad.

Pocos más alumnos, pocos nuevos centros y más profesores para un curso escolar 2018-19 con pocas novedades para alumnos y familias. El Gobierno Sánchez ha prometido aprobar en el próximo Consejo de Ministros, el 14 de septiembre, un proyecto de Ley  que revierta los principales recortes aprobados por el Gobierno Rajoy en abril de 2012 (Real decreto 14/2012) y los cambios educativos aprobados luego en la LOMCE (la Ley de educación aprobada en solitario por el PP en 2013). Pero los cambios no entrarán en vigor (si logra mayoría simple para aprobarlos) hasta el próximo curso 2019-2020, según ha reconocido la ministra de Educación.

Los dos principales cambios son para revertir los recortes aprobados por el Gobierno Rajoy en 2012, con el real decreto14/2012. Por un lado, se reducirán otra vez los alumnos por aula, que el ministro Wert aumentó un 20% en 2012 (de 27 a 30 en Primaria y de 30 a 36 en la ESO), siendo las autonomías las que fijarán los alumnos por aula, recorte que ya han puesto en marcha este curso Andalucía y Extremadura y que podrían hacer otras más este curso. Por otro, se reducirán las horas de clase de los docentes, tras haberse aumentado en 2012 (25 horas semanales en infantil y primaria  y 20 horas mínimas en ESO, Bachillerato y FP). El tercer cambio, que habrá que sustituir a los profesores que se cojan la baja al día siguiente y no a los 10 días como ahora, será el único cambio que podría implantarse en el momento de aprobarse la nueva Ley (a principios de 2019), sin tener que esperar al próximo curso.

Otro cambio en la LOMCE que estudia aprobar el Gobierno Sánchez es que la religión no sea una asignatura evaluable y no cuente para la nota media, mientras se aprueba una nueva asignatura obligatoria: “Valores cívicos y éticos”. Además, se confirma que no habrá reválidas (en 4º ESO y final de Bachillerato), aunque se mantiene la prueba de acceso a la Universidad. Además, la ministra de Educación ha prometido derogar los itinerarios segregadores a los 13 años (elegir Bachillerato o FP), recuperar las ayudas a alumnos con problemas y mejorar la formación de profesores, recuperando la participación de la comunidad educativa en los Consejos escolares y modificando los criterios de selección de directores de centros públicos, dos temas claves de organización docente que cambió la LOMCE del ministro Wert.

Otro cambio que se anuncia para el siguiente curso (2019-2020) es el sistema de becas, dado que la reforma impuesta por el ministro Wert en 2013 (más becas con menos importe y nuevos requisitos) ha provocado protestas de alumnos y familias. Mientras, este curso 2018-2019, el Gobierno Sánchez aprobó en julio 10 millones de euros más para becas (unos 1.400 millones en total), lo que supone un aumento de 100 euros anuales por becario. A esas ayudas hay que sumar las becas de las autonomías, una oferta muy dispar, donde algunas subvencionan la compra de uniformes mientras en otras faltan recursos para comedores, libros y transporte.

Mientras docentes, alumnos y familias esperan que se apruebe o no otra Ley educativa (sería la 8ª de la democracia), el gran problema de fondo de la educación en España sigue siendo la falta de recursos públicos, sobre todo de las autonomías, que financian el 85% de la educación pública en España. Este año 2018, el gasto público en educación rondará los 48.000 millones de euros, todavía menos dinero que en 2009, antes del ajuste (53.374 millones en educación), a pesar del esfuerzo de algunas autonomías por subir su presupuesto educativo estos tres últimos años. Con ello, España ha bajado drásticamente su esfuerzo educativo, pasando de gastar el 4,99% del PIB en 2009 al 4,32% en 2014 y el 4,1% en 2018, según Educación. Un gasto educativo que queda muy por debajo de la media europea (4,7% del PIB en la UE-28), de países punteros como Dinamarca (6,9%), Suecia (6,6%), Finlandia (6,1%) y Francia (5,4%) e incluso de Reino Unido (4,7% del PIB) o Alemania (4,2%).

Los recortes han supuesto menos dinero para la educación pública (menos profesores con plaza y más precariedad laboral, pocos centros nuevos y recorte del gasto en educación compensatoria y para alumnos con problemas educativos), pero han aumentado las dotaciones públicas a la escuela concertada, vía subvenciones y cheque escolar para educación infantil y FP, según un informe de CCOO. Y todas las autonomías, mientras recortaban sus presupuestos, han aumentado el porcentaje del gasto que dan a la enseñanza concertada: 5.915 millones anuales, un 14,1% del gasto público en educación, un porcentaje que aumenta en el País Vasco (un 24,4% del gasto público en educación va a los centros privados y concertados), Navarra (21,1%, Madrid (19,6%), Baleares (19,3%) y Cataluña (17%), mientras es un porcentaje bajo en Extremadura (8%), Canarias (8,1%), Castilla la Mancha (9,1%) y Andalucía(10%), según Educación.

Pero quizás el mayor problema es que los recortes en educación han mantenido las diferencias de gasto entre autonomías, configurando una España con 17 sistemas educativos, desigualmente financiados. Así, el País Vasco gasta en educación no universitaria 8.973 euros por alumno, casi el doble que Madrid (4.593 euros), una diferencia que ya se daba en 2009 (9.530 euros frente a 4.842). Las otras 9 autonomías que, junto a Euskadi, gastan más que la media española (5.436 euros/alumno) son  Navarra (6.951 euros), Asturias (6.679), Cantabria (6.595), Galicia (6.460), Castilla y León (6.399), Extremadura (6.255), Baleares (5.917), La Rioja (5.863) y Aragón (5.631), según las estadísticas de Educación (con datos 2015). Y gastan menos que la media, además de Madrid, Andalucía (4.735 euros/alumno), Castilla la Mancha (4.885), Murcia (5.074), Canarias (5.102), Cataluña (5.197) y la Comunidad Valenciana (5.246). Y un dato preocupante: sólo 3 de las 17 autonomías gastan más hoy en educación que en 2009: Madrid, Aragón y Extremadura.

El recorte del gasto público en educación se ha traducido en un aumento del gasto educativo de las familias: ha subido de 9.013 millones en 2009 a 12.290 millones en 2016, un 36% más, según los datos de Educación. Esto se debe a un aumento de los costes de matrícula, libros, comedor, transporte y diversas actividades escolares y extraescolares, junto al recorte de becas y ayudas. Y mucha de la factura se debe al elevado coste de las guarderías, de la educación de 0 a 3 años, donde faltan plazas públicas subvencionadas y han subido mucho las guarderías privadas. El resultado es que más de 200.000 familias no pueden llevar a sus hijos a una escuela infantil, según los datos de la Asociación AMEI.

En definitiva, tenemos una educación con recursos recortados, pocos profesores y una oferta muy dispar, por autonomías y tipos de centros. No basta con cambiar la LOMCE, si se consigue. Habría que alcanzar de una vez un pacto educativo basado en recursos y reformas. Un pacto que garantizara un gasto público educativo del 5% del PIB, lo que supondría gastar en educación 10.000 millones más, en un plazo por ejemplo de 5 años (2.000 millones más al año). Eso exige subir la recaudación (no bajar impuestos como defienden PP y Ciudadanos) y modificar el sistema de financiación autonómica, creando un Fondo de compensación para que todas las autonomías gasten lo mismo y no haya “educación de primera y de segunda”.

Pero no sólo hace falta más dinero para la educación. Hacen falta más profesores, unos 150.000 más en cinco años según los sindicatos, para reducir la precariedad (bajar los interinos del 29 al 8%), cubrir los despedidos y los jubilados. Y, sobre todo, gastarse más en formar mejor a los profesores, volviendo a la idea de “un MIR para docentes”. Y conseguir que tengan empleos estables y bien pagados, porque su trabajo es básico para el futuro. Y hace falta pactar una reforma educativa estable, para varias décadas, atendiendo a las propuestas de la comunidad educativa (docentes, centros, alumnos y familias). Una reforma que ayude a los alumnos con problemas y se centre en una educación de calidad, ligada al empleo y a la revolución tecnológica que nos amenaza.

Todo el mundo dice que “la educación es la clave del futuro”, pero los políticos son incapaces de alcanzar un pacto educativo, que España necesita más que el resto de Europa, al menos por tres razones de peso. Una, porque somos líderes europeos en abandono escolar, tras Malta: el 18,3% de los jóvenes abandonan sus estudios, frente al 10,6% en Europa, según Eurostat. Dos, que el nivel de competencias de nuestros jóvenes, en matemáticas o comprensión lectora, son bajos, según el informe PISA. Y tres, que los españoles tienen un bajo nivel educativo: el 41,7% de los adultos tiene un nivel educativo bajo (sólo la ESO o ni siquiera) frente al 20,3% en Europa, un 22% tiene formación media (Bachillerato y FP básica) frente al 46,4% en Europa y un 35,7% alta (universitarios o FP Superior) frente al 33,4% en Europa, según el informe Education at a Glance 2017 de la OCDE. Tres datos que explican bien por qué España tiene el doble de paro, general (15,1% frente a 6,8%) y juvenil (33,4 frente a 16,6%), que Europa.

Recapitulando. Otro curso escolar atados a la polémica LOMCE y otro curso escolar sin pacto educativo, sin los recursos y profesores suficientes para que nuestros hijos y nietos reciban una educación de calidad. Con los políticos en sus peleas, mientras las familias tratan de pagar la educación de sus hijos y que aprueben y los centros educativos tratan de hacer equilibrios para tapar agujeros y cubrir deficiencias, con profesores precarios y mal pagados. No podemos permitirnos seguir así, jugarnos el futuro con una educación deficiente. Sobre todo la pública, cada vez más devaluada. Otro curso más, urge mejorar la educación. Una demanda de todos, que no puede demorarse uno o dos años.

Empieza el curso escolar de la tartera

Esta semana vuelven a clase 8 millones de niños y jóvenes de colegios e institutos, dos terceras partes públicos, que se enfrentan al curso más complicado de las últimas décadas: más alumnos, menos profesores, menos presupuesto, subidas de precios y menos becas y ayudas para sus familias. Es el tercer curso con recortes en educación, pero este año son más duros por el fuerte ajuste en las autonomías, que han despedido a unos 50.000 profesores y han suprimido servicios y escuelas rurales. Un suicido en un país que gasta menos en educación que la media europea, a pesar de tener el doble de fracaso escolar y de paro. Hay que hacer un gran pacto escolar, entre centros, profesores y familias para hacer frente a esta emergencia docente y evitar en lo posible que lo paguen nuestros hijos.

enrique ortega

La vuelta al cole será este año un varapalo para la mayoría de las familias, ya que a la crisis se suma la subida del IVA, que encarece la factura escolar más de un 3%. Volver a estudiar sale a unos 640 euros por niño, según la OCU: matrícula y cuota mensual (entre 83 y 315 euros en los colegios concertados y privados baratos), extraescolares (de 25 a 50 €), comedor (99 € de media), transporte escolar (88 € mes), uniforme (216 euros), libros (215 € en primaria) y material escolar (124 €). Una factura que se ha encarecido en torno al 5%, ya que a la subida del gasóleo (transporte y pronto calefacción) y del IVA (3%, salvo en el material escolar, que ha subido del 4 al 21 %) hay que sumar subidas de matrículas, comedor y servicios.

Un curso más caro y donde las familias tendrán menos ayudas públicas. En libros, Educación ha reducido sus ayudas en 76 millones (-76%) y también las autonomías (Madrid un 28%), rebajando además la ayuda máxima por alumno. De hecho, si hace dos años había 11 autonomías que tenían programas de libros gratuitos para algunos niños, este curso sólo los mantienen Andalucía (6 a 16 años) y Canarias, además de Navarra y el País Vasco. Y eso cuando los libros de texto suben este curso una media del 2,39%, según CEAPA, quien estima que una de cada tres familias tendrá problemas para comprarlos.

También se han reducido las ayudas al transporte escolar, reduciendo rutas. Y becas de comedor : si el año pasado hubo recortes en Valencia, Cataluña, Baleares y Murcia, este año se les han sumado Madrid (-38%) y Galicia (-40%), con una gran dispersión de los precios que cobran, que van de 2,50 euros en Canarias a 6,20 de Cataluña, pasando por 4,80 de Madrid. La reducción de ayudas de comedor ha llevado a plantear que los niños vayan al colegio con la tartera, pero ya hay varias autonomías (Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid) que han planteado cobrarles aun así la vigilancia (3€), aunque la decisión la tomarán los centros.

También hay recortes en las becas de estudio: Educación redujo 166 millones las becas para este curso, por primera vez en una década. Y todo ello cuando la crisis se agrava para la mayoría de las familias, con casi 6 millones de españoles en paro (la mitad no cobra nada), 8 millones de asalariados mileuristas (dos de cada tres) y la mayoría con empleos precarios y sueldos congelados o bajando.

Al llegar al colegio o instituto, los niños y sus familias van a notar más este año el efecto de los recortes en educación: menos profesores, peor pagados y con menos medios. El real Decreto de abril, supone dos importantes cambios en la enseñanza pública y concertada: más alumnos por aula (de 27 a 30 en primaria, de 33 a 36 en secundaria y hasta 43 en bachillerato) y más horas lectivas para los profesores (25 en primaria y 20 en secundaria). Dos medidas que buscan ahorrar en plantillas, que suponen el 80% del gasto educativo de las autonomías (que es un 24,3% de su gasto total). De hecho, este curso habrá unos 50.000 profesores menos (interinos y contratados despedidos), según los sindicatos, a pesar de que habrá unos 120.000 alumnos más, el aumento de los dos cursos anteriores.

Menos profesores y peor pagados. No sólo tienen por segundo año el sueldo congelado (con rebajas en Cataluña y Castilla la Mancha), sino que les han bajado muchos complementos, con lo que en la realidad ganan menos y siguen perdiendo poder adquisitivo (-13% desde 2010). Y además, por primera vez este curso, se toca el sueldo de los colegios concertados: el Gobierno ha fijado en julio nuevos módulos, con un recorte lineal del 4,5% en salarios y complementos y una rebaja del 1,5% en gastos de personal administrativo y mantenimiento. Con ello, el profesorado de la concertada va a perder unos 950 euros en educación infantil o primaria y más de 1.100 euros en la ESO, complicando además las cuentas de estos colegios.

También se recorta más este curso en gastos de mantenimiento e inversiones: se gastará menos en limpieza y calefacción, en material escolar o en informática (sólo la mitad de los niños de 10 a 15 años acceden a Internet en la escuela). Se han cerrado escuelas rurales y están parados los nuevos colegios, aunque haya unos 50.000 niños estudiando en barracones. Y con menos recursos y menos profesores, la enseñanza perderá forzosamente calidad: menos tutorías, menos educación compensatoria (refuerzo para extranjeros), menos cursos especiales de secundaria (para chicos que “quieren y no pueden”), menos desdobles (matemáticas, lengua, inglés y laboratorio). Menos atención a los alumnos con problemas: el que vaya bien, bien y el que no, rezagado o a la privada (si se lo puede pagar).

Entramos en el tercer curso con recortes en educación, los más graves hasta ahora: 560 millones en el Estado y 3.000 en las autonomías, que se suman a otros 2.500 millones recortados en 2010 y 2011. Con ello, España gasta aún menos que la media europea, bajando del 5% del PIB en 2009 al 4,5% en 2012. Un suicidio para un país que tiene el doble de fracaso escolar que Europa, estudiantes con muy bajo nivel de comprensión lectora y destreza en ciencias y matemáticas (informe PISA) y, sobre todo, el doble de paro global y juvenil, con la mitad de los parados españoles sin haber acabado secundaria.

El curso, las subidas y los recortes están ahí y poco se puede hacer a corto plazo, salvo las protestas que se anuncian. Pero se impone un pacto escolar por abajo, entre colegios, profesores y padres para tratar de paliar esta grave situación, con esfuerzo, imaginación y solidaridad. No podemos perder la batalla de la educación, donde nos jugamos no sólo el futuro de nuestros hijos sino la salida de la crisis. A ello.