El primer Censo de residencias, publicado en abril por el IMSERSO con datos de 2022, refleja que existen en España 6.831 Centros de atención residencial: 5.188 residencias de ancianos, 1.455 residencias para discapacitados y 188 Centros mixtos (para ambos colectivos). La mayor parte de las residencias de ancianos están en Cataluña 81023), seguida de lejos por Castilla y León (654), Madrid (469), Andalucía (427), Castilla la Mancha (411), Galicia (345), País Vasco y Comunidad Valenciana (321 residencias cada una). El informe señala que hay 381.514 plazas en las residencias para mayores, aunque sólo 288.765 estaban ocupadas a finales de 2022: hay 92.749 plazas vacías, que el IMSERSO no explica, aunque se deben a la desigualdad entre oferta y demanda en algunas regiones.
jueves, 16 de mayo de 2024
Pocas residencias de ancianos
El IMSERSO ha publicado el primer Censo de las
residencias de ancianos en España: 5.188 Centros, con 381.514 plazas,
aunque 100.000 plazas están vacías, por el desigual reparto de
oferta y demanda. España, el 4º país más envejecidos de Europa, tiene
menos residencias de ancianos (4,11 plazas por cada 100 mayores) que la
media europea (4,5) y la recomendación de la OMS (5 plazas), que sólo
cumplen 5 autonomías, con un gran déficit de residencias en Murcia,
Comunidad Valenciana, Galicia, Canarias, Andalucía, Cataluña y Madrid. El
problema es que las autonomías apenas gastan en residencias, aunque el
Estado les transfiere 4.000 millones más para Dependencia. Y que el 75% de
las residencias son privadas y buscan la rentabilidad, impulsadas por
Fondos de inversión extranjeros, constructoras y aseguradoras. Faltan ahora
100.000 plazas de residencias y 400.000 para 2050. Urge cambiar
el modelo de residencia, más pequeña y con más servicios y personal,
mientras se refuerza la atención de los mayores en su casa, para
que no tengan que irse. Enrique Ortega
El primer Censo de residencias, publicado en abril por el IMSERSO con datos de 2022, refleja que existen en España 6.831 Centros de atención residencial: 5.188 residencias de ancianos, 1.455 residencias para discapacitados y 188 Centros mixtos (para ambos colectivos). La mayor parte de las residencias de ancianos están en Cataluña 81023), seguida de lejos por Castilla y León (654), Madrid (469), Andalucía (427), Castilla la Mancha (411), Galicia (345), País Vasco y Comunidad Valenciana (321 residencias cada una). El informe señala que hay 381.514 plazas en las residencias para mayores, aunque sólo 288.765 estaban ocupadas a finales de 2022: hay 92.749 plazas vacías, que el IMSERSO no explica, aunque se deben a la desigualdad entre oferta y demanda en algunas regiones.
Más de 3 de cada 4 residencias de ancianos son de
titularidad privada (77,3% del total) y sólo un 22,7% son de
titularidad pública, aunque incluso una parte de estas residencias públicas
las gestionan empresas privadas: sólo
el 14,2% de todas las residencias de ancianos en España son de titularidad y
gestión pública, siendo el 85,8% restante de gestión privada. En
cuanto al reparto de las plazas, el 75% de los mayores están en residencias
de titularidad privada. La mayoría de las residencias de mayores son
pequeñas o medianas y sólo el 36,1% de los Centros tienen más de 75 plazas
(de ellos, sólo el 3,4% de las residencias tienen más de 200 plazas), aunque estas
residencias más grandes, en su mayoría privadas, concentran a dos
tercios de los mayores residentes (al 66,3%).
La mayoría de las habitaciones en las 5.188
residencias de mayores censadas son dobles (el 56%) o triples (el 1%), siendo
sólo el 43% de las habitaciones de uso individual (en las residencias públicas,
suben al 48% y en las privadas bajan al 39%), según
el IMSERSO. Es llamativo que sólo el 39% gestionen la accesibilidad
y que sólo el 75% de las residencias permitan “sectorializar el edificio” por
razones de seguridad o sanitarias (una cuestión clave en la pandemia). Un 79%
de las residencias están dentro de los cascos urbanos, el 90,7% disponen de
terraza o jardín exterior y sólo el 71% de las residencias disponen de
acceso a Internet (un porcentaje que baja al 56,3% en las residencias
públicas).
De los 288.765 mayores en residencias a finales de
2022, sólo el 13,6% están en Centros de titularidad y gestión pública, según
el IMSERSO, estando el resto en residencias privadas (75,7%) o públicas con
gestión privada (10,7%). Casi 3 de cada 4 mayores en residencias tienen más
de 80 años (el 74,3%), otro 21,4% tienen entre 65 y 69 años y el
4,2% restante son residentes con menos de 65 años. Dos de cada tres mayores en
residencias son mujeres (68,2%), porque viven más años que los hombres
(el 31,8%). La mayoría de residentes tienen una dependencia moderada o severa
(43,2% tienen grado 1 y 2) y algo más de un tercio (36,7%) son grandes
dependientes (grado 3), siendo el resto de residentes dependientes pendientes
de valorar o sin grado.
En las residencias de ancianos censadas
por el IMSERSO trabajan 206.496 empleados (el 86,1 % son mujeres),
el 95,4% de ellos en plantilla de los Centros y el resto (9.522 personas) subcontratados.
Las residencias de titularidad y gestión pública tienen más del doble de
subcontratados que las privadas (8,9% de las plantillas frente al 3,5%). Y
en conjunto, las residencias disponen de 0,62 personas por residente
(0,36 de atención directa, 0,11 de personal de 2º nivel y 0,15% de atención
indirecta), pero hay más atención de personal en las residencias públicas (0,96
personas por residente) que en las privadas (0,55 personas por residente), que
en definitiva tienen “ánimo de lucro”.
España, el
4º país más envejecido de Europa, tiene menos residencias de ancianos
que la media europea. Este Censo aporta una ratio de 4,11 plazas por
cada 100 mayores de 65 años, frente a 4,5% de media en Europa y a
tasas mayores en el centro y norte de Europa: 7,5 plazas por 100 mayores en
Paises Bajos, 7,1 en Suecia, 6,8 en Bélgica, 5,7 en Finlandia, 5,4 en Alemania
y 5,1 en Francia, según
este estudio de PwC. Y estamos lejos del 5% de plazas que recomienda la
Organización Mundial de la Salud (OMS), ratio que sólo cumplen 5 autonomías:
Castilla y León (7,8 plazas por cada 100 mayores de 65 años), Castilla la
Mancha (6,91%), Aragón (6,67%), Extremadura (6,65%) y Asturias (5,62%). Las autonomías
con más déficit de residencias son Murcia (2,27 plazas por cada 100 mayores), Comunidad Valenciana (2,77%), Galicia (2,83%) y Canarias (2,84%).
El problema no es sólo que falten residencias de mayores en
media España, sino que cada vez hay más mayores y las plazas disponibles
apenas crecen. Así, entre 2010 y 2020, aumentaron en 1,2 millones los
españoles mayores de 65 años y las plazas en residencias sólo crecieron en
20.226 plazas, según
el IMSERSO. Y hoy, con 9,4 millones de españoles superando los 65 años (1
de cada 5), sólo hay 381.514 plazas en residencias.
Lo que urge es aumentar las plazas en residencias
para los dependientes que ya las necesitan: de los 190.000 dependientes “en
lista de espera” para recibir una prestación pública, 30.000 mayores esperan
una plaza en una residencia de ancianos, según
los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que han denunciado
reiteradamente que muchos de estos mayores se mueren sin recibir la ayuda
(45.360
dependientes murieron en 2022 esperando una ayuda que tenían reconocida).
Actualmente, una plaza subvencionada en una residencia es una de las
ayudas más difíciles de conseguir para los dependientes: de los
1.410.084 dependientes beneficiarios de una ayuda a la dependencia en
abril, sólo 181.496 (el 12,87%) estaban en una residencia. Y
eso, porque es la ayuda más cara de financiar, por lo que las autonomías
concentran sus ayudas en servicios más baratos, como la teleasistencia, la
ayuda a domicilio, los centros de día o el pago a los cuidados familiares.
Con ello, el problema de las familias con mayores
dependientes es que no encuentran una residencia subvencionada (el
75% son privadas) que sufren una larga lista de espera y cuyo precio es
muy dispar, según la autonomía donde se viva: el precio público de una
residencia está en 18.645 euros anuales, pero varía entre los 11.409 euros
en La Rioja y los 22.392 euros en Extremadura. Y además, el precio varía
según el mayor sea no dependiente (17.526 euros), dependiente (19.897 euros) o
necesite atención psicogeriátrica (24.299 euros),
según datos del IMSERSO. Así que muchos, que no quieren esperar o que
tienen mayores ingresos, optan por una plaza no concertada, en una
residencia privada. Y eso supone de media pagar 2.000 euros al mes (más
en algunos lugares y Centros).
Por todo esto, la falta de plazas y la dificultad de recibir
ayudas públicas, las
residencias de ancianos se han convertido en un negocio para las
empresas privadas que sostienen el 75% de la oferta de residencias en España y
que facturan
ya más de 5.000 millones anuales.
Un negocio en auge, que ha atraído a muchos Fondos de inversión
extranjeros (bastantes radicados en paraísos fiscales), a constructoras y
aseguradoras, que están multiplicado sus inversiones en el sector (junto
a inmobiliarias, la otra pata del negocio), concentrando
la oferta en menos grupos, con compras e inauguraciones.
El top
10 de las residencias privadas está encabezado por la multinacional
francesa DomusVi (propiedad del fondo británico ICG y capital francés) con
200 centros y 25.000 plazas. Le siguen el Grupo Clece, filial de la
constructora ACS (Florentino Pérez), “los Albertos” y el Fondo BlackRock, con
145 residencias y 17.000 plazas. En tercer lugar, el grupo Orpea (cuyo
mayor accionista es el fondo de pensiones Canadá Pension Plan, junto a
inversores franceses y belgas), con 53 Centros y 8.800
plazas. En 4º lugar, el grupo Vitalia Home (vinculado al Fondo
británico CVC y otros 2 fondos más, todos con sede en Jersey), con 54 Centros y
8.000 camas. En 5º lugar, el grupo español Ballesol (75,3% propiedad de
la aseguradora Santa Lucía), con 50 Centros y 7.334 plazas, seguido de Mensajeros
de la Paz, con 104 residencias y 6.364 plazas, y Sanitas Mayores
(propiedad del grupo británico que controla Sanitas), con 47 Centros y 6.344
plazas. En 8º lugar, el grupo francés Amavir (propiedad de la familia Mulliez,
la 5ª fortuna de Francia, dueños de Alcampo, Decathlon y LM), con 42 Centros y
6.223 plazas, seguido por Colisée España (otra multinacional francesa, aunque
la mayoría corresponde al Fondo IK VIII Fund, con sede en Jersey), con 51
Centros y casi 6.000 plazas. Y en el 10º puesto del ranking, la Fundación
San Rosendo, dependiente del obispado de Orense, con 47 Centros y 3.342
plazas para mayores.
Viendo las multinacionales
y Fondos internacionales que controlan el negocio de las residencias de
ancianos puede entenderse su apuesta por España, dado que seremos
el país más envejecido del mundo en 2050 : el 30,4% de la población
española tendrá más de 65 años, 16 millones de mayores (ahora son 9,4
millones). Eso les abre unas enormes perspectivas de negocio, con
una demanda segura, a la que buscan ofrecer una oferta con más servicios,
aunque más caros (y con los menores costes posibles).
El déficit de residencias para mayores es ya importante, porque
si tuviéramos el 5% de oferta para los mayores que recomienda la OMS, España
debería tener casi 100.000 plazas más que ahora (+93.486 plazas), según
los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Donde hacen falta más
plazas hoy es en Andalucía (se necesitan 28.457 plazas más), Comunidad
Valenciana (+21.900), Galicia (+14.902), Cataluña (+9.045), Madrid
(+8.283), Canarias (+7.574), Murcia (+6.542) y País Vasco
(+6.074 plazas). Y según
el último Censo, las autonomías que tienen menos residencias para la
población mayor de 80 años ( hay 18,11 centros por cada 10.000 mayores)
son Ceuta y Melilla (8,23 centros por cada 10.000 mayores de 80 años), Murcia
(,893), Andalucía (10,16) Baleares (10,34), Comunidad Valenciana (11,13) y
Madrid (12,67 Centros).
Como cada vez habrá más mayores, este déficit de 100.000
residencias irá a más en las próximas décadas: en 2050, España
debería contar con 400.000 plazas más de residencias de ancianos, hasta
785.000, más del doble que hoy (381.514), según
este informe de la consultora PwC. El problema es quien las construye
y financia, porque la gestión de la Dependencia (y de las
residencias) es de las autonomías, no del Gobierno central. Y aunque
financian el 60,4% del gasto público en Dependencia (el 39,6% restante lo
aporta el Estado), cada vez “racanean” más. De hecho, el
Gobierno Sánchez ha aumentado su aportación a la Dependencia en +4.000
millones en los últimos tres años (2021-2023) y muchas autonomías
han aprovechado estos mayores recursos estatales para reducir ellas
su gasto (ver
Blog). Así que mucho me temo que las autonomías no promuevan las
nuevas residencias que hacen falta y lo dejen en mano de las empresas privadas,
que abrirán nuevos Centros sólo en los lugares que vean negocio.
Otro problema de las residencias de mayores es que hay
una gran disparidad en la oferta, no sólo en precios, sino también en los servicios
que ofrecen a los mayores, desde el tipo de habitación al personal y los cuidados.
Por ello, el Gobierno Sánchez trató hace dos años de coordinar la oferta y
crear un marco más homogéneo para las residencias en toda España. Así, el
28 de junio de 2022 aprobó con las autonomías un nuevo modelo de cuidados,
que prohíbe la construcción de macro residencias para mayores,
fijando un tamaño máximo para las futuras (no más de 75 plazas en zonas
rurales, 90 en zonas medias y 120 plazas en ciudades) y unos requisitos
mínimos de personal para mejorar la atención a los mayores: en 2029 se
exigirá un trabajador de atención directa (desde auxiliares a fisios o
terapeutas ocupacionales) por cada 2 residentes, frente a los 0,72 trabajadores
que hay ahora.
La idea de mejorar la oferta futura y la calidad de las
residencias es buena, pero hay que financiarla, porque encarecerá las
instalaciones y la atención. Y por eso, sólo 10 autonomías votaron a favor de
este Plan y 9
autonomías votaron en contra , una de ellas la “socialista” Castilla
la Mancha (“ellos invitan y yo pago”, se quejó muy gráficamente su presidente, García
Page). Así que con la pelea política actual y la mayoría de autonomías controladas
por PP ( y Vox), no parece posible que este acuerdo avance y la
mayoría de las autonomías se embarquen en mejorar su oferta de residencias en
los próximo años.
El progresivo envejecimiento de España obliga
a abrir nuevas plazas en residencias, mientras en paralelo se debería reducir una parte de la demanda
mejorando la atención a domicilio de los mayores (para que no
tengan que salir de casa). Urge poner más dinero en todo el proceso de atención
a los mayores, en la Dependencia, la 4ª pata del Estado del Bienestar,
que está claramente infra financiada. Basta ver los datos: el
gasto público en Dependencia es de 8.312 millones anuales (y otros
2.134 millones que aportan las familias por copagos), frente a los 55.175
millones del gasto público en educación, los 92.000 millones que
cuesta la Sanidad y los 190.687 millones que gastamos en pensiones.
Hay margen para gastar más en Dependencia y en residencias asequibles y decentes.
Y en atención domiciliaria, para que no tengan que irse. Es lo menos que les
debemos a nuestros mayores.
El primer Censo de residencias, publicado en abril por el IMSERSO con datos de 2022, refleja que existen en España 6.831 Centros de atención residencial: 5.188 residencias de ancianos, 1.455 residencias para discapacitados y 188 Centros mixtos (para ambos colectivos). La mayor parte de las residencias de ancianos están en Cataluña 81023), seguida de lejos por Castilla y León (654), Madrid (469), Andalucía (427), Castilla la Mancha (411), Galicia (345), País Vasco y Comunidad Valenciana (321 residencias cada una). El informe señala que hay 381.514 plazas en las residencias para mayores, aunque sólo 288.765 estaban ocupadas a finales de 2022: hay 92.749 plazas vacías, que el IMSERSO no explica, aunque se deben a la desigualdad entre oferta y demanda en algunas regiones.
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lunes, 13 de mayo de 2024
Faltan viviendas: apenas se construye
Los alquileres siguen subiendo mes a mes (+6,7%
hasta abril) y son un 70% más caros que hace una década, comiéndose
el 40% del sueldo de los inquilinos. Y la compra de un piso se ha
encarecido otro +7% anual, con los tipos de interés por las nubes. El problema
de la vivienda se agrava, mientras la Ley de Vivienda cumple un
año y resulta no sólo inútil sino contraproducente: muchos
propietarios afrontan los topes al alquiler desviando sus casas a alquileres turísticos
y de temporada o vendiéndolas. En consecuencia, cada vez hay menos oferta,
lo que encarece el alquiler. Y se construyen sólo 100.000 casas nuevas,
la 8ª parte que en 2016. El problema de fondo es que faltan viviendas,
para alquilar y comprar, unas 150.000 al año. Y eso dispara los
precios. Por eso urge un Pacto entre administraciones,
promotores y bancos para movilizar suelo y dinero y construir
más viviendas. Y en paralelo, incentivar a los propietarios
(no asustarlos) para que alquilen con seguridad. Enrique Ortega
El problema de la vivienda en España se agrava mes a mes. Los alquileres llevan ya 10 años consecutivos subiendo y en 2024 se han encarecido otro +6,7% entre enero y abril, según los datos del portal Idealista, que refleja un precio del alquiler que alcanza otro récord histórico: 13 euros por metro cuadrado, lo que supone un alquiler medio de 1.170 euros mensuales para un piso de 90 m2. Pero hay 7 grandes ciudades (donde viven 7,3 millones de españoles, la sexta parte de la población) donde el alquiler medio es más caro: Barcelona (21,1 euros/m2), Madrid (19,2 euros), San Sebastián (17,2), Palma (15,8), Málaga (14,2), Bilbao y Valencia (13,9 euros/m2). Y con estas subidas, los alquileres se han encarecido ya un +76,2% en los últimos 10 años (desde 2014), el triple que la inflación general (+22,8%) y casi cuatro veces lo que han subido los salarios (+20,66%). Por eso, ahora, un inquilino debe destinar un tercio de sus ingresos mensuales (el 33% de media en España, pero el 44% en Barcelona y el 37% en Madrid) a pagar su alquiler (si lo encuentra). Un agobio.
Pero no sólo suben los alquileres. También comprar
un piso es más caro cada mes, porque suben los precios de las
viviendas en venta y el coste de las hipotecas: los pisos subieron un +4,7%
en 2023, la mayor subida en 6 años, tras haberse encarecido un +44,5% en
los últimos 10 años (más del doble que la inflación y los salarios). Y en
2024, el precio medio de la vivienda usada (la que más se vende) es de 2.079
euros por metro cuadrado (187.000 euros por una casa de 90 m2), lo que supone
una subida del +7% en el último año, según
Idealista, aunque el precio se dispara mucho más en las grandes ciudades:
desde 4.355 euros/m2 en Madrid (392.000 euros por 90 m2) a 4.317
euros/m2 en Barcelona, 2.759 euros/m2 en Málaga, 2.400 euros/m2
en Valencia, 2.247 euros/m2 en Las Palmas y el despropósito de
5.465 euros/m2 en San Sebastián. Unos precios imposibles para la mayoría:
suponen tener ahorrado un 30% del valor y pagar una hipoteca mínima de 650
euros mensuales.
¿Qué está pasando, porqué se disparan los alquileres y el
precio de los pisos? La respuesta corta es porque no hay viviendas
para alquilar y comprar, porque hay mucha demanda, sobre todo de
alquiler: 27
inquilinos se interesan por cada piso que se alquila en 2024 (en 2023
eran 17 por alquiler). Y en el caso de las ventas, la demanda para comprar
sigue fuerte, a pesar de los altos tipos de interés, porque muchos
compradores son inversores o ahorradores que las compran para
especular (6
de cada 10 viviendas se compran al contado, sin hipoteca), en
muchos casos extranjeros que buscan casa en España (el
15% de las compras totales). Y frente a esta creciente demanda de
alquileres y pisos para comprar, sigue cayendo la oferta, tanto de
alquileres como de pisos en venta.
Esta nueva Ley de vivienda ha agravado el problema del
alquiler en España, ya que redujo la oferta de alquileres un 30%,
sólo entre mayo y octubre de 2023 (ahora será más), según
la Federación de Asociaciones Inmobiliarias. Según una encuesta hecha a 637
agencias inmobiliarias, el 45,59% de los propietarios han aprovechado
para subir los nuevos alquileres (para cubrirse de las bajas revalorizaciones e
impagos) y han endurecido los requisitos que exigen a sus potenciales
inquilinos (obligándoles además a “casting muy severos para “filtrarles por ingresos,
empleo y contrato, edad, nacionalidad o color de piel y tipo de familia). Otro 15,44%
de propietarios responden que se han pasado al alquiler
de temporada (ya supone el 11% de todos los alquileres), un 6,2%
se han pasado al alquiler
turístico (hay 340.000 viviendas turísticas (entre un 10 y un 20% de
los alquileres totales, según zonas) y otro 13,07% de propietarios han
decidido vender el piso que hasta ahora alquilaban.
En consecuencia, hay muchas menos viviendas que se
alquilan. Y en paralelo, se construyen cada año menos viviendas
nuevas, lo que aumenta el déficit de viviendas para alquilar o comprar,
disparando los precios. Así, en
2023, los visados de obra nueva fueron 107.934, un
-0,91% menos que en 2022 (108.923 visados de obra nueva), una cifra similar a
las viviendas iniciadas en 2019 (106.266) y que queda muy lejos de las
viviendas nuevas que se iniciaban en España en los años del boom inmobiliario (865.561
viviendas iniciadas en 2006, ocho veces más que ahora) e incluso después (264.795
en 2008). Los visados
de vivienda libre fueron 98.040 en 2023 y apenas se hizo vivienda
protegida (VPO),
sólo 11.982 en 2023 (frente a las 90.531 VPO iniciadas en 2008), según los
datos oficiales. Y choca que se hayan hecho 3.491 VPO en Cataluña, 1.906 en
Andalucía (3 VPO en Málaga…), 1.854 en Madrid, 1.784 en País Vasco, 511 en la
Comunidad Valenciana o cero VPO en Canarias…
En resumen, no sólo se alquilan menos viviendas sino
que además se construyen pocas viviendas nuevas, por falta de suelo y financiación
y porque a los promotores no les compensa hacer viviendas libres ni protegidas
(ni a las autonomías y Ayuntamientos promoverlas) , por sus bajos precios
(módulos). El resultado es que tenemos
un enorme déficit de viviendas disponibles y esa es la razón básica
de los altos precios de alquileres y viviendas. En España, cada año se crean
275.000 hogares y llegan además unos 60.000 inmigrantes, lo que supone una
demanda de 335.000 viviendas (alquiler o propiedad), según el Banco de
España. Y frente a esta demanda, se construyen menos de 100.000 nuevas
viviendas al año y caen los pisos destinados al alquiler, con lo que
tenemos un déficit de 600.000 viviendas, sólo entre 2012 y 2025, según
el Banco de España.
Otros
cálculos estiman que España necesita 1.500.000 nuevas viviendas en 10
años (150.000 al año), de ellas 1.300.000 para alquilar. Este es el gran
objetivo que tenemos pendiente, no poner topes artificiales a los
alquileres (que retraen más la oferta). Para ello hay que resolver los 4
problemas que tiene hoy la construcción, según
el Consejo de Arquitectos: la falta de suelo (y sus elevados precios),
la falta de financiación (los
bancos se han retirado de financiar a los promotores, tras la
burbuja inmobiliaria y más tras las fusiones), el alto precio del
dinero (los tipos más altos desde 2008) y la enorme burocracia y complicaciones
jurídicas que rodean a los planes urbanísticos. Los promotores-constructores hacen hincapié en los dos que más les
preocupan: la falta de suelo disponible para construir y lo complicado que
resulta conseguir una licencia de obra (hasta 18 meses). Y añaden dos más:
aumento de los costes de construcción y falta de mano de obra formada.
Así que la clave del problema de la vivienda está en aumentar
la oferta, construyendo más viviendas y facilitando que los propietarios
las alquilen, lo que exigiría ponérselo fácil, no imponerles topes
que les disuaden a alquilar. Una vía, seguida por el gobierno vasco (Programa
Bizigune), es impulsar la creación de agencias públicas autonómicas que
les gestionen y aseguren el cobro del alquiler. Otra, incentivar
los alquileres asequibles con deducciones fiscales a los propietarios que
los hagan. Y fomentar la salida al mercado de los 4 millones de
viviendas vacías, aunque eso requiere ayudas para rehabilitar muchas de
ellas, que no están para alquilar. Pero ojo: este enorme parque de viviendas vacías
no es la panacea para resolver el problema del alquiler, porque sólo
400.000 (1 de cada 10) están en
ciudades con más de 250.000 habitantes, donde se concentran los
problemas.
La otra vía, construir más viviendas es clave,
conseguir iniciar al menos 150.000 viviendas al año (50.000 más que
ahora). Para conseguirlo, es urgente lograr un Acuerdo entre administraciones,
promotores/constructores y bancos (privados y el ICO), para conseguir
sacar al mercado todo el suelo posible y financiar promociones de nuevas
viviendas, la mayoría para alquileres a precio tasado. Ese era el objetivo de
la reunión
que mantuvo el presidente Sánchez, el pasado 11 de abril, con los
promotores y patronales inmobiliarias, sindicatos y bancos, aunque no se
concretaron objetivos y faltaban autonomías y ayuntamientos (cuya colaboración
es básica, aunque difícil dada la actual crispación política).
En paralelo, el Gobierno ha tomado algunas medidas
normativas para ayudar a relanzar la construcción de viviendas. Por un
lado, ha aprobado (26 de marzo 2024) y enviado al Congreso una reforma
parcial de la Ley del Suelo, para dar más seguridad jurídica a los
Planes urbanísticos de los Ayuntamientos, para que se puedan poner en marcha
cuando tengan deficiencias subsanables (y no se paralicen, como ahora, en los Tribunales),
además de facilitar que los municipios realicen un registro de solares vacíos
donde obliguen a los propietarios a edificar. En paralelo, ha
aprobado una Orden para facilitar a autonomías y Ayuntamientos la
concesión de “licencias
rápidas”.
Y además de facilitar la construcción de nuevas viviendas,
el Gobierno promueve ampliar la oferta de vivienda por otras dos vías.
Una, con el Plan para construir viviendas públicas con dinero de los Fondos
europeos (1.000 millones): se iban a construir 20.000 viviendas, pero ya se
han firmado
convenios con las autonomías para construir 25.000 VPO, para alquileres
asequibles. La otra, movilizar las 50.000 viviendas que tiene la SAREB,
el “banco malo” público que se creó con los pisos y suelo acumulados tras la
crisis bancaria. La
SAREB ha ofrecido 21.000 de estas viviendas para que
las compren las autonomías, pero ha sido un fiasco: sólo
habían comprado 350 viviendas a finales de 2023. También la SAREB ha
ofrecido 4.770 suelos a Ayuntamientos en condiciones ventajosas. Y hay otras
14.000 viviendas de la SAREB habitadas cuya situación se está tratando de
regularizar, mientras la SAREB ofrece el suelo para otras 15.000 viviendas a
construir con promoción público-privada.
Además, el Gobierno
ha creado un Grupo de Trabajo para aprobar una futura regulación
de los pisos turísticos, para facilitar su regulación y control a
autonomías y Ayuntamientos. Y lo mismo para
los alquileres de temporada, una vía de escape para alquilar sin control
que se debe regular. Pero la clave sigue siendo “atraer” a los
propietarios para que alquilen (en lugar de asustarlos con los topes al
alquiler) y conseguir que entre la promoción pública, la SAREB y
la promoción privada, se construyan más viviendas en España. Que
aumente más la oferta, de alquileres y pisos en venta, lo que acabará
haciendo bajar alquileres y precios. No hay otro camino, por mucho que los controles
de precios (“populismo” contraproducente) suenen bien a algunos. El
problema
de la vivienda sí tiene enmienda: construir más.
El problema de la vivienda en España se agrava mes a mes. Los alquileres llevan ya 10 años consecutivos subiendo y en 2024 se han encarecido otro +6,7% entre enero y abril, según los datos del portal Idealista, que refleja un precio del alquiler que alcanza otro récord histórico: 13 euros por metro cuadrado, lo que supone un alquiler medio de 1.170 euros mensuales para un piso de 90 m2. Pero hay 7 grandes ciudades (donde viven 7,3 millones de españoles, la sexta parte de la población) donde el alquiler medio es más caro: Barcelona (21,1 euros/m2), Madrid (19,2 euros), San Sebastián (17,2), Palma (15,8), Málaga (14,2), Bilbao y Valencia (13,9 euros/m2). Y con estas subidas, los alquileres se han encarecido ya un +76,2% en los últimos 10 años (desde 2014), el triple que la inflación general (+22,8%) y casi cuatro veces lo que han subido los salarios (+20,66%). Por eso, ahora, un inquilino debe destinar un tercio de sus ingresos mensuales (el 33% de media en España, pero el 44% en Barcelona y el 37% en Madrid) a pagar su alquiler (si lo encuentra). Un agobio.
Veamos qué sucede con la oferta de alquileres. Los
expertos alertan que la oferta de pisos en alquiler se ha retraído en los tres
últimos años, debido primero a los topes impuestos a la revisión de
alquileres (2%
desde marzo de 2020 a diciembre de 2023 y el 3% para 2024) para
combatir la inflación y ayudar a los inquilinos más vulnerables. Eso provocó
que muchos propietarios se pensaran alquilar y muchos forzaron subidas bajo
cuerda o alquileres irregulares. Luego vino la
Ley de Vivienda, aprobada por el Gobierno Sánchez en febrero de 2022
y que entró en vigor hace casi un año, el 26 de mayo de 2023. El primer
efecto de esta Ley, que pretendía mejorar los alquileres, ha sido
el contrario: ha
retraído a muchos propietarios a alquilar, porque fija unos topes al
alquiler en las zonas tensionadas, por presión de Sumar y Podemos. Este “populismo
intervencionista” ha frenado drásticamente la oferta de pisos en alquiler,
porque la Ley congela los alquileres actuales en las zonas
tensionadas (lo tienen que solicitar las autonomías y por ahora sólo lo ha
hecho Cataluña) y fija un tope a los alquileres futuros, según un precio
máximo fijado para esas zonas tensionadas.
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jueves, 9 de mayo de 2024
Bajada histórica de la luz
Cuando le llegue el próximo recibo de la luz,
comprobará que es el más bajo de los últimos años, porque el precio
mayorista cayó en abril a 13,67 euros/MWh, el mínimo de la historia reciente,
por el tirón de las renovables, gracias al clima (aire, lluvia y sol). Así,
un tercio de consumidores (con tarifa regulada), pagarán
menos de 50 euros, la menor factura en muchos años, aunque los que están
en el “mercado libre” pagarán la tarifa que tienen (hasta que la revisen).
Con el crecimiento de las renovables (que generan el 64,6% de
toda la electricidad), España tiene una tarifa eléctrica de las más bajas de
Europa y pagamos un tercio de la factura que en marzo 2022, tras la
invasión de Ucrania, a pesar de la subida del IVA y otros impuestos.
El riesgo es que una luz demasiado barata frene las inversiones
en renovables. Ahora, se espera que la luz suba en verano y se
estabilice después por debajo de los últimos años. Enrique Ortega
El 1 de abril de 2024 pasará a la historia de la electricidad en España. Por primera vez, el precio de la electricidad en el mercado mayorista (donde acuden los que producen y venden electricidad) fue negativo (-0,01 euros/MWh) entre las 14 y las 17 horas, debido a la gran oferta de energía renovable (aire y lluvia) por las tormentas, que es la más barata. Este fenómeno significa que el precio del mercado se desplomó por la mayor aportación de las energías renovables (más baratas) y los operadores prefirieron tener que pagar algo por colocar su energía antes que quedar fuera del mercado. Esto es algo que ya había pasado muchas veces en otros paises europeos, pero nunca en España. Y los precios negativos se repitieron varios días más después, con lo que un 38% de las horas de todo abril registraron un precio cero o negativo en el mercado mayorista español.
La consecuencia de esta gran oferta de energías renovables (y
la baja demanda) ha sido el desplome del precio de la electricidad
en el mercado mayorista español, que cerró
abril con un precio medio de 13,67 euros/MWh, el mínimo en la
historia reciente. Un precio que ya había caído mucho en febrero (a 40 euros/MWh
desde los 74,21 euros que costaba en enero) y más en marzo (a 20,31 euros/MWh),
gracias al viento (febrero), la lluvia (marzo) y el sol (abril). Con ello, el
precio mayorista de la electricidad en España cierra el primer cuatrimestre
(enero-abril) con una media de 37,02 euros/KWh, menos de la mitad del
precio mayorista de la luz en todo 2023 (87,43 euros), casi 6 veces más
barato que el precio mayorista en 2022 (209,69
euros/MWh), tras la invasión de Ucrania, y un tercio del precio mayorista
de la luz en 2021 (111,39 euros). Y también queda por debajo del precio medio
en los 5 años anteriores (46,15 euros/MWh en 2016-2020).
En toda Europa ha bajado también el precio mayorista
de la luz este año, por el auge de las renovables y la menor demanda, pero la
bajada ha sido mucho mayor en España, que tiene el precio mayorista de
la luz más bajo (enero-abril), junto a Portugal: 37,02 euros/MWH, frente
a 71,37 euros/MWh de media en los principales paises, según el grupo ASE. Y
en mayo, España (y Portugal) siguen con los precios mayoristas más
bajos de Europa: 21,24 euros/MWh el 8 de
mayo, frente a 22 euros en Francia, 90 en Dinamarca, 91,82 euros en
Alemania, 92 euros en Paises Bajos, 94 en Polonia o 100 euros/MWh en Italia.
¿Por qué se ha desplomado este año el precio de la
electricidad? La razón principal es el auge de las renovables,
energías con menores costes de producción, gracias a la climatología (viento,
lluvia y sol). En abril, el factor fundamental ha sido el
tirón de la generación hidráulica (creció un 168% respecto a abril 2023),
por las fuertes lluvias de marzo y abril, que llevaron a los embalses al
87% de capacidad. Y obligaron a las eléctricas a “desembalsar” muchos embalses
del norte de España, con lo que se vieron obligados a ofertar energía hidráulica
a precios negativos (lo contrario que han hecho otros años, en que han
aprovechado sus reservas hidráulicas para “especular”, para ofrecer esa energía
cuando el mercado mayorista alcanzaba precios altos: les
han llegado a multar por hacerlo).
Para hacerse una idea de en qué medida la luz en el mercado
mayorista se ha desplomado por el auge de las renovables (energías más
baratas que el gas, carbón o la nuclear), basta ver cómo han ido ganando
peso en la generación de electricidad: si en 2019 aportaban el 37,5% de
la electricidad producida, en 2023 ya supusieron el 50,4% y en marzo de 2024
batieron su récord, generando el 65,2% de toda la electricidad. En abril,
el peso se las renovables se mantuvo en el
64,6% de la energía generada: 22,2% aportó la energía eólica (viento),
18,8% la solar fotovoltaica, 2,2% la solar térmica, 19,7% la hidráulica y el
resto otras renovables, que desplazan ya a la energía nuclear (16,8% de
la generación) y la térmica (10,3% gas y carbón), según
REE.
Otro factor clave en la bajada de precios en el mercado
mayorista es la baja demanda, tanto de las empresas (han mejorado
su eficiencia energética) y de los hogares (más ahorro y mejor uso de la
energía, diversificando por horas), fruto de los altos precios sufridos en 2021
y 2022 y también de las temperaturas más suaves de este invierno, que
han reducido la demanda de electricidad. En los últimos 5 años, la demanda
de electricidad ha
bajado un -7,6% y aunque este año 2024 crece la demanda eléctrica, sólo
ha subido un +0,7% hasta abril, según
REE. Otro factor que frena el consumo es el aumento del autoconsumo:
en España hay más de 298.000 viviendas y 54.000 instalaciones solares fotovoltaicas
en empresas, En total,
según la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables).
Entre todas, generan desde sus tejados el equivalente al 1,8% de la demanda
eléctrica nacional.
Ojo, esta drástica bajada del precio de la
electricidad en el mercado mayorista no se traslada toda a nuestros
recibos de la luz. Primero, porque depende
del tipo de contrato que tengamos. Los más beneficiados son
ese tercio de consumidores (8,5 millones) que tienen una tarifa de la luz
regulada (tarifa PVPC: precio voluntario para el pequeño consumidor),
porque una parte de su recibo (un tercio) está vinculado al precio diario de la
luz en el mercado mayorista: si baja, el precio que les cobran baja. Los dos
tercios restantes de consumidores (unos 17 millones) tienen contratada
la luz “en el mercado libre”: contrataron una tarifa que se revisa cada año.
Así que hasta ahora, no
se han beneficiado del desplome en el mercado mayorista: no notarán
la rebaja en los recibos y tendrán que esperar a la revisión del contrato para “pelear”
que les bajen tarifas. En los años “malos” (2021 y 2022), cuando el precio
mayorista estuvo por las nubes, muchas eléctricas se dedicaron a ofrecer “tarifas
planas”, para atraer a clientes al “mercado libre”. Pero ahora, están
pagando de más.
Hay otro factor que explica que el desplome en el precio
mayorista de la luz sea menor a la hora de pagar el recibo, tanto los hogares
como las empresas: hay una parte del recibo ( dos tercios) que no paga
lo que cuesta producir la luz en origen sino que paga otros costes regulados
(la ayuda a las renovables, el parón nuclear, las ayudas a las islas), el
coste del transporte y la distribución de la electricidad y los impuestos.
Y todo esto no ha bajado. Al contrario, los
3 impuestos a la luz han subido en los últimos meses. El IVA a
la electricidad, que había bajado al 10% en 2021 y al 5% en 2022, subió al 10%
el 1 de enero de 2024 y ha vuelto a subir al 21% de antes el 1 de marzo. El impuesto
especial a la electricidad, que bajó del 5,11% al 0,5% en 2021, ha subido
en 2024, al 2,5% en el primer trimestre, al 2,8% en el 2º trimestre y subirá al
5,11% el 1 de julio. Y el impuesto a la generación eléctrica, el
7%, que el Gobierno suprimió en 2021, ha vuelto en 2024, al 3,25% en el primer
trimestre, al 5,25% en el 2º y al 7% de antes a partir del 1 de julio.
Así que el precio de generar la electricidad se ha
desplomado, pero suben los impuestos a la luz. El efecto, para los dos
tercios de consumidores (unos 17 millones) que han contratado la luz en
el “mercado libre” es que su recibo les ha subido en 2024, sobre
todo desde marzo, al subir el IVA al 21%. Pero al tercio restante de
consumidores, los 8,5 millones que tienen una tarifa regulada de la luz
(PVPC), su recibo les está bajando, a pesar de la subida de
impuestos, porque ha bajado más el precio de la luz en origen. Así, un hogar
con tarifa PVPC que tenga contratados 3,5kW de potencia y haya consumido 206 kilovatios
en abril, pagará 35,43 euros, según
el simulador de la CNMC, menos de los 43,33 euros que pagó en diciembre con
ese consumo y de los 72,50 euros que pagó en abril de 2022. Según
la OCU, que hace un seguimiento de la tarifa regulada mensual, un hogar con
un consumo medio (que suben a 292 kilovatios y 4,6 kW de potencia) pagará por
el recibo de abril 48,85
euros, frente a los 57,10 euros que pagó en diciembre de
2023, los 79,35 euros de diciembre de 2022 y al récord de 143 euros
que pagó en el recibo de abril de 2022, tras la invasión de Ucrania. Es la
primera vez, en años de seguimiento, que el recibo baja de los 50
euros mensuales.
Ahora, la climatología parece que se ha calmado (menos
lluvia y viento), con lo que el precio mayorista de la electricidad está
subiendo en mayo: el 1 de mayo estaba en 12,53 euros/MWh y ha subió a 33,54 euros hoy 9 de mayo, según el operador del
mercado (OMIE). Y los precios
del mercado de futuros apuntan a que subirá el precio de la generación de
electricidad en mayo (a 29 euros de media) y junio (a 43 euros/MWh,
el triple que en abril), para subir más en julio y agosto (hasta los 64
euros/MWh, el triple que ahora, pero todavía muy por debajo del precio medio de
2023, que fue de 87,43 euros). Y luego, en otoño e invierno, dependerá
de la climatología, pero dado el avance imparable de las renovables, los
expertos creen que el precio mayorista de la electricidad será en 2024
inferior al de los tres años anteriores.
Eso va a darnos un cierto respiro en la factura de la
luz, a los hogares y
a las empresas, aunque subirá algo el resto del año sobre lo que hemos
pagado hasta abril. Hay dos cuestiones importantes. Una, que ha
cambiado la tarifa regulada
desde el 1 de enero, para intentar que haya menos
oscilaciones: ahora, sólo el 75% del coste de la electricidad (un tercio del
recibo final) se calcula con el precio del mercado mayorista diario (hasta ahora
suponía el 100%) y el 25% se computa con el precio de las compras a plazo,
a las que se obliga a las comercializadoras (en 2025, esas compras a plazo tendrán
que suponer el 40% der la electricidad ofertada y en 2026 el 55%). Así que el
consumidor debe notar menos las oscilaciones de precio del mercado diario (que este año le benefician tanto) y si el mercado mayorista
sube, le repercutirá menos que hasta ahora.
El otro cambio importante es que si el precio mayorista
de la luz sube de 45 euros (lo que podría pasar en julio y agosto),
automáticamente baja el IVA, del 21% actual al 10%, según
el mecanismo aprobado por el Gobierno para defender al consumidor de
posibles subidas. Así que este verano podríamos tener una
electricidad más cara, pero no notarlo tanto en el recibo al bajar entonces el
IVA. Y sobre todo, tener un recibo “moderado” en otoño e invierno,
si ayuda la climatología, no se dispara el precio del petróleo y el gas (hoy
energías marginales en la producción de electricidad) y siguen creciendo las
energías renovables.
Aquí tenemos un elemento de incertidumbre: si el precio
mayorista de la electricidad se desploma (como ha pasado entre febrero y
abril) a las empresas eléctricas les compensa menos invertir en renovables. Es un
temor que ya ha señalado el sector renovables, sobre todo las empresas que
están invirtiendo en energía solar fotovoltaica, que es la energía
alternativa que más crece (por encima de la eólica, hidráulica y biomasa). De
hecho, en marzo y abril aseguran que los precios conseguidos en el
mercado mayorista han
sido inferiores a los costes: 10 euros/MWh de media en la energía
fotovoltaica frente a 30/40 euros de coste y 14 euros la energía eólica frente
a 40/50 euros de coste. Y alertan que si los precios de la electricidad bajan
demasiado en los próximos años, será difícil cubrir inversiones y costes, lo
que podría frenar los proyectos en marcha.
El Gobierno reconoce este riesgo y está
dispuesto a ayudar a las renovables, con unas futuras subastas más atractivas,
y mejorando
la red de distribución y potenciando los sistemas de almacenamiento (baterías
para almacenar energías renovables, algo que hoy no se hace). Resulta clave también
una mayor flexibilidad del sistema de producción y distribución
(REE), porque hoy
se da el contrasentido de mantener disponibles plantas nucleares o de gas
para hacer frente a los picos de producción cuando falta aire o sol (por no
poder almacenar estas energías), lo que encarece el coste de generación
eléctrica. Al final, el objetivo del Gobierno, en
el último Plan (PNIEC) enviado a Bruselas es que las energías renovables
generen el 81% de toda la electricidad en 2030 (entre enero y abril han
generado el 59,5%), lo que nos aseguraría una electricidad más limpia y
barata. Así que la clave del recibo futuro seguirá siendo las energías
renovables y el clima, aún más que en 2024.
El 1 de abril de 2024 pasará a la historia de la electricidad en España. Por primera vez, el precio de la electricidad en el mercado mayorista (donde acuden los que producen y venden electricidad) fue negativo (-0,01 euros/MWh) entre las 14 y las 17 horas, debido a la gran oferta de energía renovable (aire y lluvia) por las tormentas, que es la más barata. Este fenómeno significa que el precio del mercado se desplomó por la mayor aportación de las energías renovables (más baratas) y los operadores prefirieron tener que pagar algo por colocar su energía antes que quedar fuera del mercado. Esto es algo que ya había pasado muchas veces en otros paises europeos, pero nunca en España. Y los precios negativos se repitieron varios días más después, con lo que un 38% de las horas de todo abril registraron un precio cero o negativo en el mercado mayorista español.
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lunes, 6 de mayo de 2024
Las mascotas, un negocio imparable
La mitad de los hogares españoles tienen una mascota,
la mayoría perros y gatos. Son ya 30 millones de animales de compañía, cinco
veces más de los niños que hay en España. Una tendencia que ha crecido tras
la pandemia y un negocio que mueve en España 5.770 millones de euros,
entre comida para mascotas, clínicas veterinarias, medicamentos, accesorios y
hasta peluquerías caninas o cementerios. Un gasto que supera los 600 euros
anuales por familia con mascota y que aumentará cuando entre en vigor el
Reglamento de la Ley de Bienestar Animal, que exige contratar un
seguro para mascotas. Los Fondos de inversión
internacionales se han lanzado a este negocio, comprando clínicas veterinarias y empresas de comida. En paralelo, el auge de las
mascotas está creando un problema a los Ayuntamientos, que deben
controlar (sin medios) animales abandonados y la limpieza de parques y calles: algunos
ya multan a los dueños de perros que no recogen sus deposiciones.
Mascotas sí, pero controladas.
Más de la mitad de los hogares del mundo (el
56%) tienen una mascota en casa, por encima de los 1.000 millones de animales
de compañía, más presentes en América y Asia, aunque también en Europa,
donde se estima que hay 360
millones de mascotas, en un 46% de los hogares europeos, sobre todo gatos
(127 millones), perros (104 millones), aves ornamentales (53 millones), pequeños
mamíferos (29 millones), peces en acuarios (22 millones) y reptiles y animales
de terrarios (11 millones), según la estadística de 2022. Una moda que mueve ya
un negocio que supera los 200.000 millones de dólares en el mundo, sobre todo en
EE. UU. y Asia. En Europa, las mascotas facturaron
más de 40.000 millones de euros en 2022, según la patronal del sector,
la mayor parte en comida para animales (29.100 millones), donde compiten hasta
150 empresas, y el resto en servicios y accesorios.
El segundo componente del negocio es la alimentación de
las mascotas, que facturó otros 1.956 millones de euros en 2023, con un
fuerte crecimiento sobre 2022 (+14,3%), debido al aumento de precios, según
los datos de AMVAC. La mayor parte de esta comida se vende en grandes
superficies y supermercados (1.092 millones de facturación), con un auge de
“marcas blancas” y zonas propias en las estanterías, vendiéndose otros 863
millones en los canales especializadas (la mayoría, 748 millones ser
facturan en tiendas para animales, “Pet shops”, y otros 114,5 millones se
venden en las propias clínicas veterinarias).
En torno a esta parte del negocio, la comida para mascotas,
se han desarrollado en España cientos de fábricas, aunque la mayoría del negocio
se concentra en 5 empresas, según los
datos del sector: Affinity Petcasa (grupo Gallina Blanca), que
facturó 502 millones en 2022, la belga United Petfood Spain (173,73
millones), Elmubas Petfood, del fondo inversor Portobello (121,16
millones) , Visan Industrias Zootécnicas (102,50 millones) y Nestlé
Purina (41,66 millones). En muchos casos, las empresas que fabrican comida para
mascotas (el 80% es comida “seca”) elaboran marcas blancas para grandes
supermercados e híper.
La tercera pata del negocio de las mascotas son los medicamentos,
un sector que facturó 425 millones de medicinas para mascotas en 2023,
medicamentos que se suelen vender en las clínicas veterinarias y, a veces, en
farmacias. Otra parte del negocio en auge son los accesorios para mascotas, que
suelen venderse en tiendas especializadas, desde trasportines, jaulas,
collares, correas, bozales, huesos artificiales y ropa. Y crecen las ventas de
artículos de limpieza e higiene para animales, en paralelo al aumento de
las peluquerías caninas (hay 2.78e, según la AMVAC) y Centros
de autolavado canino (158). Y el gasto en mascotas no acaba ahí: proliferan
los hoteles para perros y mascotas (hay más de 1.000 hoteles “Pet Friendly, donde se
puede ir con un animal de compañía, pagando el correspondiente suplemento) y se
multiplican las residencias para dejar las mascotas en vacaciones o por
trabajo. Además, proliferan recientemente los
cementerios para mascotas: sólo en Madrid se incineran 35.000 animales
al año (cuesta unos 300 euros) y ya hay
5 cementerios para perros en España, que ofrecen nichos (119 euros más una
cuota anual de 65 euros o fosas para mascotas (149 euros).
El “motor” de todo este creciente negocio de las mascotas
son esa mitad de hogares españoles (el 49% del total) que tienen algún animal
en casa. La cifra de mascotas ha crecido mucho tras la pandemia y es
espectacular: son 30 millones en España, frente a 24 millones que había
en 2019, según el último
estudio de AEDAPC. Resulta así que hay 5 veces más de mascotas que niños
en España (6,5 millones de menores de 14 años). La mayoría del censo
son perros (9,3 millones: somos el 4º país con más perros de compañía,
tras Rusia, Reino Unido y Alemania) ), gatos (5,8 millones: somos el 8º país
europeo), peces (7,8 millones: el 4º país europeo), pájaros y aves exóticas (5
millones: el 3º país en Europa, tras Italia y Turquía), pequeños mamíferos (1,5 millones: el 6º país europeo) y reptiles
de terrario (1,46 millones: el 2º país, tras Francia).
El 71,4% de los hogares con una mascota tienen perro, el
23,7% gato y un 8% tienen ambos animales. Lo más llamativo es que las
familias con mascotas las consideran “miembros de la familia” (un 80%
de los propietarios), los incluyen en las fotos familiares (el 74%) y hasta un
7% los llama “hijos”, según
un estudio de AEDAPC. Quizás por eso, el gasto en mascotas de estas
familias es un gasto considerado “necesario”, desde comprarle
comida a llevarle al veterinario, como se hace con los hijos. Eso hace que el
gasto medio de las familias con mascota ronda los 600 euros anuales (50
euros mensuales), un gasto que ha crecido bastante en los últimos años. Así, en
2022, los alimentos para mascotas subieron un +19,1% (frente al +2,6% en
2021) y un +5,1% en 2023, según
el INE. Y los servicios veterinarios están subiendo un +3,3% este año (y un
3% los anteriores).
El sector cree que el negocio de las mascotas seguirá
creciendo en los próximos
años, alcanzando los 10.000 millones de euros de
facturación para 2030. Por un lado, se espera un fuerte crecimiento del
negocio de la comida para mascotas, dado que están creciendo los
alimentos con más proteínas y complementos, más caros pero que los dueños
compran para mejorar la salud de sus mascotas. Y esta mejor alimentación, más
los cuidados veterinarios está aumentando la edad de las mascotas (y con
ello, el negocio): en el caso de los perros, por ejemplo, si su edad media de
vida era 11 años, ahora ha aumentado en 6 meses. Eso aumenta la competencia
entre marcas y la proliferación de multinacionales en España. No sólo en el
negocio de la comida sino, sobre todo, en las clínicas
veterinarias.
Los estudios
apuestan porque estas clínicas den un salto en su facturación en
España, de los 2.613 millones facturados en 2023 a más de 3.800 millones en
2030 (+45%). Y eso pasará también por una concentración de clínicas,
donde las multinacionales extranjeras coparán el mercado veterinario en 2030
(de 377 a 1.266 clínicas). De hecho, ya se está produciendo un proceso de concentración
de los grandes grupos veterinarios, empujados por los Fondos
de inversión internacionales que son sus dueños. El Fondo Oaktree, propietario
de la cadena veterinaria líder en España, Unavets (más de 100 clínicas
en España y Portugal), la ha puesto en venta y pujan por ella cinco fondos
europeos de capital riesgo, que podrían comprarla para fusionarla con la
italiana Animalia, que vende el grupo Rothschild. El fondo Miura fue el
dueño de Tiendanimal, que vendió a la familia peruana Muelder, dueña también de
Kiwoko. Y Columna Capital adquirió Mivet. Mientras el Fondo EQT
compró la clínica veterinaria Greengross o la cadena de tiendas Zooplus.
Las tendencias
que apunta el mercado de las mascotas son un mayor gasto en comida (más
especializada), aunque seguirá el auge de las “marcas blancas” y un avance
hacia la “especialización” en los servicios y a la “fidelización
del cliente”, con suscripciones y descuentos. Y aprovechar la especial
relación entre familias y mascotas para multiplicar la oferta de servicios y
experiencias, fomentando un mayor gasto.
Una gran vía de negocio futuro serán los seguros para
mascotas, seguros que ahora serán obligatorios, tras la aprobación de la nueva Ley de
Bienestar Animal, que entró en vigor el 29 de septiembre de 2023. Esa nueva
Ley implicará, por ejemplo que todos los perros deben tener contratado
un seguro obligatorio, que hasta ahora sólo tenían una parte de los perros
de compañía (se estima que, actualmente, hay 88 millones de euros en primas).
Esta obligación de asegurar a los animales se está retrasando,
porque no
se ha aprobado todavía el
Reglamento que desarrolla la Ley y que hace obligatorio el seguro.
Pero antes o después se aprobará y casi 10 millones de perros tendrán que
asegurarse, lo que supondrá un gasto adicional (unos 40 euros anuales de
póliza) para sus dueños y 400
millones de negocio para las aseguradoras. Además, el Reglamento obligará
a los dueños de mascotas a hacer un curso de formación, que podría ser
online, lo que abre otra vía de negocio en el sector.
Pero con tanto “boom” de mascotas y la nueva Ley de
Bienestar Animal, quienes
tienen un problema son los Ayuntamientos españoles, que ahora se ven
obligados a controlar los animales abandonados, incluidos los gatos sin dueño.
En muchos casos, los pequeños pueblos no tienen medios ni personal para
ocuparse de los animales abandonados (288.457 perros y gatos se
abandonaron en 2022, según
la Fundación Affinity) y recogerlos.
De hecho, en España existen 1.590 protectoras de animales, pero sólo
el 15% son municipales. Ahora, todos los Ayuntamientos tendrán que
afrontar este problema, además de la vigilancia (gestionada por las
autonomías) sobre las mascotas que tenemos, porque la nueva Ley prohíbe
ahora tener ciertas mascotas, como conejos y hámsteres, reptiles exóticos,
tortugas o loros (ver
listado de animales que ya no podremos tener
como mascotas).
Además de una mayor vigilancia sobre animales abandonados y
mascotas, los Ayuntamientos se ven superados por los problemas de limpieza que
causan algunas mascotas, como los perros. Además de establecer normas sobre
su tenencia y paseo, han de vigilar que los dueños recogen sus deposiciones,
que ensucian calles y parques. Ya hay
79 localidades españolas que obligan a los dueños de perros a ir al
veterinario para registrar el ADN del animal y poder detectar después
si es el responsable de una deposición no recogida. Y cada vez son más los
Ayuntamientos que aplican
multas por no recogerlas. Pero con casi 10 millones de perros, estamos
ante un serio problema de convivencia, ya no sólo por la suciedad sino
porque la mayoría de los sueños pasean a sus perros sueltos y sin apenas
control. Mascotas sí, pero controladas y sin que molesten al resto de
ciudadanos. Aunque sean un gran negocio para muchos.
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jueves, 2 de mayo de 2024
1º Mayo: salarios pierden frente a beneficios
El 1º de Mayo es la oportunidad para cogerse un “macropuente”
y no una fecha reivindicativa. Pero podemos aprovecharla para analizar la
situación de los trabajadores, tras la pandemia y la superinflación. La
conclusión parece clara: quienes se han beneficiado de la última
crisis han sido las empresas, que han recuperado ventas,
márgenes y beneficios, mientras los trabajadores perdieron poder adquisitivo
y sus salarios crecieron la mitad que los márgenes empresariales,
según un estudio de CCOO. Y lo más importante: en el reparto del pastel de
la riqueza creada los últimos 15 años, los trabajadores han perdido peso,
ganándolo las empresas. Por eso, es hora de reequilibrar la
balanza y aprovechar estos mejores resultados empresariales para subir
ahora más los salarios en España, que siguen estando entre los más bajos
de Europa. Sin embargo, suben este año menos del 3%, menos
que la inflación. Es hora de un mejor reparto del pastel, no sólo
por justicia sino para lograr un crecimiento más equilibrado y sano. Enrique Ortega
Durante la última crisis, tras la pandemia y durante la inflación disparada de 2022 y 2023, las empresas han conseguido aumentar sus ventas, márgenes y beneficios, según un reciente estudio elaborado por CCOO a partir de los datos incluidos en el nuevo Observatorio de Márgenes Empresariales, creado por el Ministerio de Economía, la Agencia Tributaria y el Banco de España, con datos de cerca de 1 millón de empresas. El valor añadido (VAB) generado por los distintos sectores de la economía (valor de las ventas menos el de las compras) creció un +46,2% entre 2018 y 2023, un aumento inédito antes en nuestra economía: entre 2009 y 2015, el valor de lo producido se estancó (+0,14%), creció un 20% entre 2015 y 2018, con la recuperación, pero el valor añadido se duplicó con creces (+46,2%) en los últimos cinco años, a pesar de la pandemia, la guerra en Ucrania y la superinflación.
¿Qué ha pasado, por qué el valor de lo que
ha producido las empresas ha crecido tanto, a pesar de la crisis? . Por un doble
efecto. Dos tercios de la mayor producción (del aumento del VAB) se debe a
la inflación, a que las empresas han trasladado a los precios finales sus
aumentos de costes. Pero otro tercio se debe también a que las empresas han
vendido más, a un aumento de la facturación entre 2018 y 2023, a pesar de la crisis.
Y eso ha pasado en todos los sectores, no sólo en la energía. De hecho, si
excluimos las empresas energéticas, el conjunto de empresas
españolas ha aumentado la producción generada (VAB: valor de las
ventas-valor compras) en un +35%, más que nunca en este siglo.
Si la facturación y las ventas han sido récord, también lo
han sido los resultados de las empresas españolas en el último quinquenio, a
pesar de las crisis. Así, los márgenes empresariales, el resultado bruto
de explotación (ingresos por ventas menos gastos por compras y costes de
personal) también han tenido un crecimiento récord, según el
Observatorio de Márgenes Empresariales: de 189.540 millones brutos
ganados en 2021 se pasó a 310.527 millones ganados en 2023, un
aumento del +63,8%, todo un récord histórico. Y aunque una parte de
estos extraordinarios resultados se deben a las empresas energéticas, si las
descontamos, los márgenes empresariales del resto de los sectores han aumentado
un +40,83% entre 2021 y 2023 (y
+25,7% sólo en 2023)…
Está claro que la inflación juega un papel clave en estos
buenos resultados empresariales, ya que se vende a precios más altos y eso sube
la facturación y los resultados. Pero si deflactamos los datos, si deducimos
el efecto de la inflación en este aumento del margen empresarial,
todavía subió un +35,8% entre 2018 y 2023. Y eso porque las empresas
consiguieron trasladar el aumento de costes a los precios y trasladárselo
a los consumidores y a la economía, provocando una inflación adicional,
como reflejan con claridad los datos
del Observatorio de Márgenes Empresariales (y como había
alertado el BCE).
Este positivo balance de las empresas, al conseguir
un aumento histórico de sus márgenes a pesar de la crisis, se ha concentrado
sobre todo en el 20% de las empresas analizadas, las más grandes, que
concentran el 91% del valor añadido (VAB) y el 98% de los márgenes empresariales,
consiguiendo una mayor rentabilidad por sus ventas, según los
datos del Observatorio de Márgenes Empresariales. Las actividades que
han salido mejor paradas de la última crisis, que más han conseguido mejorar
sus ventas y márgenes entre 2018 y 2023 son las actividades inmobiliarias
(su beneficio operativo sobre ventas fue del 32% en 2023), la energía
(24%), la hostelería (19%), la
agricultura (+12%) y el comercio (+11% de beneficio operativo sobre
ventas). La mejora de resultados se concentró en 2022 en la energía y en 2023
en los demás sectores.
Recopilando, las empresas españolas han aumentado
sus márgenes brutos (beneficio operativo tras restar compras y costes a la
facturación) un +63,8% entre 2018 y 2023, a pesar de las crisis, el
doble de lo que subieron los salarios (+29,8% en esos 5 años), según
destaca el informe de CCOO, a partir de los datos aportados por el
Observatorio de Márgenes Empresariales. Y eso porque los trabajadores no han
tenido fuerza para conseguir mayores aumentos de salarios en estos años, cuando
han perdido poder adquisitivo: entre 2018 y 2023, los salarios
crecieron un 4,75% por debajo de la inflación media.
Ya no se trata sólo de que las empresas mejoren su beneficio
operativo y los trabajadores no consigan con sus salarios compensar la
inflación. Es que, además, en el reparto de la producción que se crea año tras
año, las empresas han aumentado el trozo de pastel que se quedan y los
trabajadores llevan años reduciéndolo. Vayamos por partes.
Primero, veamos qué ha sucedido en los últimos 5 años.
El valor de la producción generada (Valor Añadido Bruto, VAB: valor
ventas menos valor compras) ha aumentado de 394.807 millones a 574.416 millones
(ese +46,2%) entre 2018 y 2023. Pues bien, dos tercios (el 67%) de ese aumento del pastel se ha ido
a aumentar los márgenes empresariales y sólo un tercio (el 33%) a mejorar los
salarios. Y como eso se viene repitiendo desde antes, el resultado es que las
empresas (beneficios empresariales) se llevan
ya más de la mitad de la producción generada (VAB): su cuota subió en
2023 al 54% del VAB total, frente al 48% que se llevaron en 2018 y al 45% en
2009. Y en contrapartida, los salarios se han llevado en 2023 un 46% del pastel
generado (VAB), frente al 52% en 2018 y al 55% en 2009.
A lo claro: que España ha mejorado lo que produce, pero
este crecimiento se lo han llevado más los beneficios empresariales que los
salarios de los trabajadores, que año tras año se llevan un trozo menor del
pastel, aunque crezca. Este es el trasfondo
de quien ha salido ganando y perdiendo de la penúltima crisis, la
de la pandemia y la alta inflación (como también sucedió, y con peores
resultados, tras la crisis financiera).
Tras este análisis, el
informe de CCOO señala que la excelente situación contable de las
empresas, con unos márgenes y beneficios históricos, es “un buen punto de partida
para subir los salarios sin riesgo a generar presiones inflacionistas”. Su idea
es que las empresas viven un gran momento de ventas y márgenes, un
fuerte dinamismo, que además está mejorando por otros factores que
ayudan: la electricidad y la energía sigue con precios bajos (lo
que rebaja costes), muchas materias primas se han abaratado y el BCE
va a reducir los tipos de interés a partir de junio, lo que debería
reanimar la actividad y la inversión. Por todo ello, insiste CCOO, las empresas tienen margen para asumir subidas de salarios.
Pero la realidad no apoya sus deseos. De hecho, los
sueldos están subiendo este año 2024 menos que en 2023, a pesar de estos
excelentes resultados empresariales: hasta marzo, los 8,4 millones de
trabajadores con convenio han pactado una subida media del +2,91%, inferior a
la subida de 2023 (+3,60%) y 2022 (+3,02%), según
Trabajo. Y una subida salarial inferior también a la inflación anual (+3,3%
en abril, según el INE). Así que, de momento, los trabajadores con convenio pierden
poder adquisitivo en 2024, tras perder un -8,66% entre 2021 y 2023.
Y si los sueldos suben este año en torno al 3% y la inflación
oscila entre el 2,7 y el 3% (como esperan el FMI y el Banco de España),
poco van a ganar de poder adquisitivo los trabajadores. Sobre todo, los 6
millones que no han firmado convenio. Y de los que han firmado, si la
inflación se dispara (por el petróleo, las guerras o nueva crisis),
sólo un tercio tienen firmada cláusula de revisión salarial.
A la vista del hecho, probado
por el Observatorio de Márgenes Empresariales, de que las empresas
han mejorado sus ventas, márgenes y beneficios, es hora de plantearse que
los salarios deben mejorar en España, porque las empresas tienen más “colchón”
para subirlos, a costa de una parte de sus márgenes, no a costa de
disparar otra vez la inflación. Hasta ahora, la estrategia de España
ha sido ser la China de Europa, competir fuera (exportaciones) y
dentro (ofertas “low cost”) gracias a tener unos sueldos de los más bajos
del continente. Los datos son claros: el sueldo por hora de los
españoles es 18,2 euros, frente a 24 euros de media en la UE-27,
31,6 euros en Alemania, 28,7 en Francia o 21,5 euros en Italia, siendo sólo
menores en Portugal (13,7) o Grecia (12,8 euros), según
Eurostat. Y ese dato mide sólo los sueldos en empresas de 10 y más
trabajadores, con lo que el sueldo medio real por hora, contando las microempresas, debe ser menor.
Además de ser sueldos muy bajos en el contexto europeo, los trabajadores
españoles llevan años con menores subidas de sueldos que el resto
de trabajadores europeos. Así, entre 2018 y 2023, el pago por hora trabajada ha
crecido un +27% en España y casi el doble en la media europea (+49%),
un +45% en Alemania, un +37% en Francia, un 35% en Italia o un 38% en Portugal,
según
Eurostat. Eso significa que si los sueldos suben menos y la inflación lo
mismo o más (en los últimos meses), los trabajadores españoles están
entre los europeos que más pierden poder adquisitivo, un -0,4 % desde el año 2.000, según
la OCDE.
Y además, esos son datos medios, porque la pérdida de poder
adquisitivo ha sido mayor
entre los trabajadores que menos ganan, que en España son demasiados. Así,
aunque el sueldo medio bruto en España sea de 2.128 euros mensuales (1.800
euros netos), según el INE,
un 30% de los asalariados ganan menos de 1.440 euros brutos (1.224
netos) y otro 40% gana entre 1.440 y 2.373 euros brutos (entre 1.224 y 2.000 euros netos). Así que un
70% de trabajadores tienen sueldos más bajos que la media, sobre todo mujeres
y jóvenes (que ganan de media 1.005,21 euros al mes en 12 pagas, según
el Observatorio de la Juventud).
Tener los salarios mucho más bajos que el resto de
Europa puede ayudar a las empresas a competir (deberían competir por
producto y calidad, no sólo por costes), pero tiene dos graves
consecuencias. Una, que afecta muy negativamente a muchas familias,
que no pueden llegar a fin de mes. De hecho, casi la mitad de las
familias (46,4%) tienen problemas: un 8,9% llegan a fin de mes “con mucha
dificultad”, otro 12,7% llegan “con dificultad” y un 24,8% más llegan a fin de
mes “con cierta dificultad”, según la Encuesta de
Condiciones de Vida 2023. Y otra
Encuesta de la OCU eleva al 63% las familias “con dificultades para llegar
a fin de mes”. Esto es un riesgo para la economía, porque si los trabajadores y
sus familias no pueden consumir, se retrae uno de los motores del crecimiento y
el empleo.
Así que este 1º de Mayo tiene todo el sentido relanzar
el debate de los salarios, defender que las empresas que pueden (sobre todo
las más grandes y rentables) deben subir más los salarios de sus
trabajadores, para sostener el consumo y la actividad, siempre que en
contrapartida se trate de mejorar la productividad. Una
productividad que mejoraría si suben los salarios, porque 4 de cada 10
trabajadores se consideran mal pagados, según una Encuesta
del Instituto 40dB para El País publicada en enero pasado.
Cara a lo que queda de 2024, el dilema es
claro: o los salarios se moderan (como proponen las subidas ofrecidas
por la patronal) o las empresas moderan sus márgenes y beneficios, para
poder subir algo más los salarios (el 4% y más) sin que repunte la inflación. Es
lo que llaman un
“Pacto
de rentas”, algo de lo que no quieren hablar la patronal y la
derecha. Por eso, otro año más, intentan “moderar” los salarios para no
“moderar” los beneficios. Una opción que no sólo es injusta socialmente,
sino también perjudicial para la
economía: necesitamos que
el consumo familiar siga tirando de la
economía, para que no se frenen el crecimiento y el empleo. Y eso será difícil si los sueldos crecen el 3% o
menos, como muchos proponen. Así que las
empresas deberían pagar salarios más altos (aunque ganen menos) para vender más y que la economía crezca en
2024. Si no, la economía se desinflará y todos perderemos. Un debate para este 1º de mayo.
Durante la última crisis, tras la pandemia y durante la inflación disparada de 2022 y 2023, las empresas han conseguido aumentar sus ventas, márgenes y beneficios, según un reciente estudio elaborado por CCOO a partir de los datos incluidos en el nuevo Observatorio de Márgenes Empresariales, creado por el Ministerio de Economía, la Agencia Tributaria y el Banco de España, con datos de cerca de 1 millón de empresas. El valor añadido (VAB) generado por los distintos sectores de la economía (valor de las ventas menos el de las compras) creció un +46,2% entre 2018 y 2023, un aumento inédito antes en nuestra economía: entre 2009 y 2015, el valor de lo producido se estancó (+0,14%), creció un 20% entre 2015 y 2018, con la recuperación, pero el valor añadido se duplicó con creces (+46,2%) en los últimos cinco años, a pesar de la pandemia, la guerra en Ucrania y la superinflación.
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1º mayo,
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