Presupuestos 2023: "vacuna" frente a la crisis

El pasado jueves llegaron al Congreso los Presupuestos 2023, que podrían prorrogarse para 2024. Estas cuentas públicas tienen un objetivo: evitar que España caiga en recesión, como se teme en Alemania y parte de Europa, por la inflación y la guerra en Ucrania. ¿Cómo? Tirando de la inversión pública (con Fondos europeos) y aumentando el gasto social a 25 millones de españoles (jubilados, funcionarios, parados, trabajadores, dependientes, beneficiarios del ingreso mínimo, bono social eléctrico y de transportes, jóvenes…), para sostener así su consumo, el crecimiento (la mitad) y el empleo, gracias al aumento de la recaudación, por la inflación y algunas subidas "selectivas" de impuestos. Es una nueva “vacuna” (social) frente a la crisis, muy diferente a la que aplicó Rajoy en 2012 (subida histórica de impuestos y drásticos recortes). Veremos si la mayor inversión y gasto social hacen de "locomotora" e impiden la recesión. Porque si la receta no funciona y la economía decrece,  sólo quedará subir impuestos y volver a los recortes. Crucemos los dedos.

Enrique Ortega

Los Presupuestos de un país son la política que elige un Gobierno para afrontar los problemas y diseñar cómo quiere que evolucione la economía.  Ahora, la gran prioridad de estos Presupuestos 2023 recién presentados es sortear la “recesión” (caída del PIB dos trimestres seguidos), seguir creciendo el año que viene, aunque menos: el gran objetivo de las cuentas públicas es crecer un +2,1% en 2023, la mitad que este año (+4,4%), pero más que la media europea (la UE-27 espera crecer +1,5%) y más que los otros grandes países europeos, más que Alemania (+1,3% estima la Comisión Europea, pero la OCDE prevé que caerán un -0,7%), Francia (+1,4%) e Italia (+0,9%). Y con este menor crecimiento del +2,1% (ojo: similar al +2% de 2019), se busca sortear la grave crisis de la inflación (la segunda en tres años, tras la pandemia) y subir incluso algo el empleo (+122.000 ocupados), llegando a rozar los 21 millones de españoles trabajando a finales de 2023, según el cuadro que acompaña a estos Presupuestos.

¿Cómo puede España evitar la recesión que amenaza a Europa? La estrategia es utilizar los Presupuestos 2023 como “un arma contracíclica”: cuando la economía está débil, cuando la inversión de las empresas y el consumo de los españoles se enfría, el sector público trata de hacer de “locomotora de la economía”, contrarrestar el pesimismo económico del momento con más inversión y más gasto público, que buscan “tirar de la actividad”, crecer aunque sea poco. Para ello, los Presupuestos 2023 utilizan dos instrumentos: aumentar más la inversión pública y el gasto social, para que estos mayores recursos públicos en la economía reanimen la actividad e impidan caer en recesión. Para aportar estos mayores recursos públicos (+6%), este mayor gasto (la “vacuna” contra la crisis), los Presupuestos 2023 contemplan tener más ingresos (+7,7%), recaudados gracias a la inflación, la mejora (pequeña) del crecimiento y el empleo y la subida de algunos impuestos. Veámoslo.

Empecemos por el aumento del gasto público, para sostener la economía. Los Presupuestos 2023 no “disparan” el gasto (como la derecha indica engañosamente), sino que son “moderadamente expansivos”, porque Bruselas no nos dejaría hacerlo, dada nuestra baja recaudación y elevado déficit público. Hay un “techo al gasto”, para cumplir las exigencias europeas, y el conjunto del gasto público (485.986 millones) crece un 7,6% en 2023, lo que supone (descontando un 4,1% de inflación prevista) un crecimiento real del gasto público del 3,5% en 2023. Y dentro de este futuro gasto, hay dos prioridades: el gasto en inversiones públicas y en gasto social, los dos “motores” que mantendrán el crecimiento.

Los Presupuestos 2023 destinan 43.084 millones a inversiones públicas, unas que harán el Estado y otras que transferirán para que las hagan otras instituciones. Lo más llamativo es que las inversiones directas que hará el Estado superarán los 10.000 millones por primera vez en nuestra historia, alcanzando los 11.867 millones de euros, un +33,1% más que en 2022 (y si descontamos la aportación de los Fondos UE, crece incluso un +28%). Estas inversiones públicas harán de locomotora de proyectos, arrastrando mayores inversiones privadas, que ayudarán al crecimiento y a la modernización de la economía.

El otro gasto que hará de “locomotora” de la economía será el gasto social, que crecerá un 10,5% el año próximo: 266.719 millones de euros, 6 de cada 10 euros del gasto presupuestado. La mayor partida de gasto es para pensiones, a las que se destinarán 190.687 millones de euros en 2023 (+11,4% que este año). El mayor aumento de este gasto es por la revalorización de las pensiones con el IPC anual esperado (diciembre 2021-noviembre 2022), un +8,5% de subida para 2023, que tendrá un coste extra para la SS de unos 20.000 millones de euros, a los que sumar las nuevas pensiones y la aportación que va a hacerse en 2023 a la “hucha de las pensiones”, por primera vez en 13 años: 2.957 millones.

Otro colectivo que se beneficia del mayor gasto social son los dependientes, que recibirán 620 millones más, hasta destinarse 3.522 millones a la Dependencia (+152% que hace tres años). También habrá 12.741 millones (+13,2%) para los jóvenes, con la prórroga del bono de alquiler de 250 euros (+200 millones) y las ayudas al alquiler accesible. Y aumenta el gasto público en educación y becas (5.354 millones, +6,6%), sanidad (7.049 millones, +6,7%), cultura (+13,5%), ingreso mínimo vital (sube un 8.5%), bono social térmico (+102 millones), bono transportes (el de cercanías gratuito se amplía a todo 2023) y ayudas familiares (los 100 euros por niño de 0 a 3 años los cobrarán todas las madres, trabajen o no). Sólo baja el gasto en desempleo (-5,3%), pero porque se espera reducir el paro, ya que los parados van a cobrar más en 2023: subirá la prestación asistencial (+3,6%) y la prestación contributiva, del 60% (al que lo recortó Rajoy en 2012)  al 70% de la base reguladora a los 6 meses de cobrar el desempleo (300.000 parados cobrarán 100 euros más al mes).

El objetivo de estas subidas del gasto social a mayores, dependientes, parados, familias con niños y jóvenes es compensarles el efecto de la inflación disparada y que su consumo no caiga en picado y anticipe la recesión. Otro colectivo importante que tendrá una subida importante son los funcionarios: su sueldo subirá un 2,5% en 2023, más un 1% adicional que va a depender de la inflación y del crecimiento del PIB. Y muy importante: antes de que acabe este año, recibirán una paga del 1,5% para compensarles (en parte) la pérdida de poder adquisitivo. En conjunto, el gasto de personal de los 2,7 millones de empleados públicos será de 20.502 millones en 2023, un 6,6% más que este año.

Fuera de este gasto social y del personal laboral, la tercera partida importante de gasto es el pago de los intereses de la deuda pública, que se llevará 31.300 millones en 2023 (+3,7%). Y esta factura para financiar el déficit público no es mayor porque el Tesoro ha anticipado la colocación de deuda este año, antes de la subida de tipos. Fuera de estos gastos, destaca el aumento del gasto en Defensa (12.317 millones presupuestados, +25,8%), para poder cumplir en los próximos años (para 2029) el compromiso con la OTAN de gastar un 2% del PIB en Defensa, en Ciencia (8.673 millones, +23%), en Seguridad Ciudadana (10.719 millones (+5,6%), en Justicia (2.291 millones, +0,3%) y en Política exterior y Cooperación (2.426 millones, +7,6), un desglose que detalla el Libro amarillo de los Presupuestos 2023.

Y todo este gasto público, ¿cómo se paga? Pues con impuestos y con déficit público. En los últimos años, por exigencias de Bruselas, las cuentas se hacen al revés: cuanto déficit público puedo presentar  y, en función de eso, cuanto puedo gastar y cuanto tengo que recaudar. Porque el Gobierno Sánchez y su vicepresidenta Calviño saben bien que han de presentar unas cuentas públicas “asumibles” por la Comisión Europea y “los mercados” (los inversores, para que no les pase como a la británica Truss), aunque ahora (primero por la pandemia y ahora por la inflación y la guerra) no esté en vigor el Pacto  de Estabilidad (prohibido tener más del 3% de déficit y más del 60% de deuda para poder estar en la zona euro). Por eso, el Gobierno ha reiterado que estos Presupuestos 2023 tienen “responsabilidad fiscal”: aumentan el gasto, pero reducen el déficit público (del -5% del PIB en 2022 al -3,9% en 2023 y el -3,3% en 2024) y la deuda pública (del 115,2% del PIB en 2022 al 112,4% en 2023 y en 110,9% para 2024).

¿Cómo se puede gastar más y a la vez bajar el déficit público y la deuda? Pues recaudando más. En principio, los Presupuestos contemplan ingresar 262.781 millones de euros por impuestos, un 7,7% más (+18.710 millones), gracias a tres factores: la inflación (que eleva la recaudación porque todo vale más y tributa más, al no “deflactarse” la tarifa, descontarse la inflación de ingresos y precios), el crecimiento (ligero) de la economía y el empleo y los cambios fiscales que ha aprobado el Gobierno y que entrarán en vigor en 2023 y 2024. En los Presupuestos 2023 se contemplan “medidas fiscales Robín Hood”: se reducen los impuestos a 4,5 millones de trabajadores (no se toca su tipo en el IRPF, pero se extiende la deducción por el trabajo a todos los que ganen menos de 21.000 euros anuales, el sueldo mediano en España), a casi 1 millón de autónomos (a los que se rebaja los módulos y se aumenta los gastos deducibles sin justificar) y a 407.000 pymes (se les rebaja los tipos del 25 al 23%) y , en contrapartida, se les suben a 3.600 grandes empresas (que ahora sólo podrán compensar la mitad de las deudas de sus filiales) y a 17.814 inversores,  contribuyentes que ingresan más de 200.000 euros anuales por intereses o dividendos. En paralelo, el Gobierno aprobará en las próximas semanas una Ley ad hoc con dos nuevos impuestos, que entrarán en vigor el 1 de enero y durante 2023 y 2024: un impuesto a las energéticas (eléctricas, petroleras, gasistas) y a la banca.

Con los cambios fiscales incluidos en los Presupuestos 2023, Hacienda ingresará 3.144 euros más entre 2023 y 2024: por las bajadas a trabajadores, autónomos y pymes perderá 2.559 millones y por la subida a grandes empresas e inversores ganará 5.649 millones. Y con los dos nuevos impuestos a energéticas y bancos, ingresará 7.000 millones extras en los próximos dos años. Además, se anuncia un Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas, que afectará a 22.935 contribuyentes con más de 3 millones de patrimonio, para compensar la pérdida de ingresos por la supresión del impuesto de patrimonio en Andalucía, Madrid y otras autonomías del PP. Así, la estrategia es doble: ayudar a reanimar la economía reduciendo impuestos a los que más sufren esta crisis, pero seguir aumentando la recaudación neta, para afrontar el aumento del gasto y a la reducción del déficit. Más “gasolina” a la economía, pero financiándola con las grandes empresas y los más ricos.

Hasta aquí, la filosofía de los Presupuestos 2023, que podrían ser también los Presupuestos prorrogados para 2024 (si las elecciones son en diciembre 2023): una “vacuna” social, que pretende evitar la recesión gastando e invirtiendo más, a costa de recaudar más. Esta estrategia, seguida por el Gobierno Sánchez en los tres Presupuestos que ha hecho, coincide ahora con la estrategia en Europa, donde la Comisión, el BCE y la mayoría de los gobiernos defienden importantes ayudas públicas contra la inflación (y antes, contra la pandemia)  financiadas con subidas de impuestos a las grandes empresas y los más ricos. Una estrategia, una “vacuna” contra la crisis, que nada tiene que ver con la que defendía Europa en la pasada década y que aplicó Rajoy en los Presupuestos 2012 a 2015: subida histórica de impuestos y drásticos recortes de gastos. Ya sabemos por experiencia las consecuencias de esa medicina contra la crisis…Ahora hay que ver el fruto de esta otra vía, que ya hemos visto en la crisis COVID: corta recesión en 2020, empresas salvadas y más empleos.

Esta estrategia de gastos e ingresos de los Presupuestos 2023, en línea con Bruselas, va a tropezar con muchas incertidumbres. La primera y fundamental, la evolución de la guerra en Ucrania, los precios de la energía y la inflación. Si el conflicto se prolonga muchos meses y Europa no consigue frenar los precios del gas y la luz (siguen divididos sobre si poner topes y extender “la excepción ibérica”), las familias frenarán el consumo (a pesar del gasto social y los menores impuestos) y las empresas invertirán menos, rebajándose el crecimiento. Y más si Alemania y parte de Europa “pinchan” y entran en recesión. Harían falta más ayudas y eso obligaría a recaudar más o a seleccionar ayudas y gastos.

La otra incertidumbre son los tipos de interés. Si la inflación tarda en bajar, el BCE seguirá subiendo los tipos (a finales de octubre los pondrá ya en el 2%) y eso hará mucho daño a las familias (el Euribor está ya en el 2,42%, lo que encarece una hipoteca media más de 2.000 euros al año…) y a las empresas, aumentando la morosidad y frenando más la actividad, lo que ayuda también a acabar en recesión. Y eso siempre que la subida de tipos y la crisis en Europa no provoque otra “crisis de la deuda” como la de 2010-2012, lo que nos encarecería la financiación del déficit, restando recursos públicos.

Y un tercer tema clave es cómo gastemos los Fondos europeos, unos 25.000 millones anuales incluidos en los Presupuestos de 2021,2022 y 2023. Es un dinero básico, del que depende buena parte de la inversión prevista, pero que en su mayoría no se ha gastado y muchos de los proyectos están sobre el papel, no en ejecución. Todo apunta a que 2023 va a ser el año clave para ejecutar estos Fondos europeos. Y que de hacerlo bien o mal depende en buena medida que España crezca algo o nada el próximo año… Y ejecutar bien este dinero clave para modernizar el país depende en buena medida de una estrecha colaboración entre el Gobierno central, las autonomías y los empresarios, una relación que hoy resulta bastante polémica (y más en un año electoral).

Al final, que la “vacuna” social de estos Presupuestos 2023 “funcione” y nos salve de la recesión depende de que lo noten los 25 millones de españoles beneficiados (por el mayor gasto social y los menores impuestos), reduzcan su incertidumbre y consuman. No es fácil, porque el pesimismo del momento es evidente (“España está mal, aunque los españoles dicen que están bien”, según el último Barómetro del CIS) y existe una tremenda polarización política, que impide hacer necesarios Pactos frente a la crisis. Si los Presupuestos no ayudan a recomponer la confianza o el conflicto en Ucrania  y la inflación se agravan, no será posible crecer el 2,1% previsto en 2023 (el Banco de España prevé que creceremos mucho menos, el 1,4%, y la OCDE, un 1,5%). De ser así, de crecer menos o caer en recesión, las cuentas de los  Presupuesto 2023 no saldrían. Y sólo quedaría subir impuestos o recortar gastos otra vez, recetas que agravarían la situación. Crucemos los dedos para que la “vacuna” funcione.

Mayores 55 años: más empleo y más paro

A finales de 2021, España tenía ya más trabajadores afiliados a la Seguridad Social que antes de la pandemia. Hay un dato sorprendente: tres cuartas partes de los nuevos afiliados son mayores de 55 años, cuyo empleo ha aumentado en sanidad, educación, cuidados, limpieza, comercio y hostelería. Pero a la vez, los mayores de 50 años han sido los más activos en buscar trabajo durante la pandemia  y son los únicos donde ha crecido el paro, que baja en el resto de edades: hay 1.300.000 mayores sin empleo, casi el 42% del total de parados, la mitad sin trabajo desde hace más de un año. Y sin perspectivas de encontrarlo, porque el 83% de las empresas no contratan a mayores. Así que sólo les queda esperar en el paro a jubilarse, con recortes si se jubilan antes de tiempo. Ahora que crece el empleo, haría falta un Plan de choque para fomentar la formación y contratación de los mayores de 50 años. Una generación relegada.

Enrique Ortega

El año 2021 se despidió con más afiliados a la Seguridad Social que antes de la pandemia: 19.842.427 afiliados medios en diciembre, más que en febrero de 2020 (19.479.814 afiliados) y que a finales de 2019 (19.429.494 en diciembre), según los datos oficiales. Lo sorprendente es que la gran mayoría de los nuevos afiliados durante la pandemia fueron mayores de 55 años: los afiliados de esta edad aumentaron en +348.858 personas (entre diciembre de 2019 y noviembre de 2021, el último dato por edades), tres cuartas partes de todos los nuevos afiliados durante la pandemia (+465.182 entre diciembre 2019 y noviembre 2021).Entre 16 y 30 años, los afiliados crecieron sólo en 40.023 personas y entre 45 y 54 años aumentaron en 291.747 afiliados, pero bajaron -215.476 afiliados entre 30 y 44 años, los verdaderos “paganos” de la pandemia en cuanto a pérdida de empleos.

¿Cómo es que creció más la afiliación, el empleo, entre los mayores de 55 años? No hay una explicación oficial, pero podría deberse a que han aumentado las contrataciones de mayores en algunos empleos públicos, como la sanidad, la educación y los cuidados, además de la recuperación de la ocupación en el comercio y la hostelería. Y también que pueden haberse “regularizado” contratos de mayores en la limpieza y las empleadas del hogar (mujeres). Otra explicación puede estar en que han aumentado mucho los autónomos mayores de 55 años, que ya vienen creciendo más que los más jóvenes desde 2008. El hecho cierto es que hay 3 de cada 4 nuevos afiliados son mayores de 55 años.

Los datos de la EPA, la Encuesta del INE que refleja quien trabaja, confirman también estos datos de la SS. La última EPA publicada, del tercer trimestre de 2021, ya indicaba lo mismo: el empleo en España había recuperado con creces las cifras de antes de la pandemia: había 20.031.000 personas trabajando (189.000 más que los afiliados en diciembre, porque incluye a los que trabajan en la economía sumergida, sin estar dados de alta en la SS), frente a 19.966.900 empleados a finales de 2019. Y al dar los datos por edades, se vuelve a confirmar el mismo hecho que con la afiliación: donde más ha crecido el empleo durante la pandemia ha sido entre los mayores de 55 años. Concretamente, había 272.800 mayores más trabajando (septiembre 2021 sobre diciembre 2019), cuando el empleo total sólo mejoró en +64.100 personas. Y eso fue porque bajó el empleo entre los 25 y los 44 años (-437.700), “los “paganos” de la pandemia, y sólo creció entre 16 y 24 años (+104.500) y entre los 45 y los 54 años (+124.100), pero menos que entre los más mayores. Y otro dato: el empleo creció más entre los hombres mayores (+148.700) que entre las mujeres (+124.100).

Junto a esta buena noticia para los más mayores (se han llevado la mayoría del empleo recuperado durante la pandemia), hay otro dato muy malo: son los únicos que han visto aumentar su desempleo con la pandemia. Para el conjunto de trabajadores, el paro registrado (personas apuntadas al desempleo)  era menor a finales de 2021 que en diciembre de 2019: 3.105.905 parados ahora frente a 3.163.605 hace dos años (-57.700 parados). Y el paro bajó en todas las franjas de edad entre 16 y 49 años (más entre 25 y 39 años) pero subió entre los mayores de 50 años: +64.438 parados que antes de la pandemia (la mayoría, +48.811 parados entre los mayores de 59 años), según los últimos datos de Trabajo. Y con ello, casi la mitad de todos los parados (el 41,83%) son mayores de 50 años, un porcentaje mayor que antes de la pandemia (eran el 39,03% del paro total en 2019).

Así que el paro no ha mejorado sino que ha empeorado entre los mayores. Y eso ha pasado no sólo en esta crisis por la pandemia sino también en la anterior crisis financiera de 2008. Y por ello, la tasa de paro de los mayores de 55 años se ha más que duplicado y el número de parados mayores se ha cuadruplicado: ha pasado del 5,82% de paro en 2007 (143.700 parados) al 13,91% en septiembre de 2021 (629.700 parados mayores de 55 años), según la EPA. En paralelo, la tasa de paro global, que era más alta que entre los mayores en 2007 (8,57% de paro) no ha llegado a duplicarse y se asemeja ahora a la de los mayores (14,57%). Y el paro total ha crecido mucho menos (de 1.942,000 a 3.146.700 parados).

Otro problema de los mayores es que están más tiempo en paro que los más jóvenes. Así, en el conjunto de España, algo menos de la mitad de los parados (el 47,95%) llevan más de 1 año sin trabajar, son parados “de larga duración”. Pero entre los parados mayores de 55 años (629.700 en septiembre, según la EPA), dos tercios (el 67,3%) son parados que llevan más de un año sin trabajar (423.800). Y una cuarta parte de ellos, 102.200 mayores de 55 años,  llevan en el paro más de 4 años, según un estudio de Asempleo. Son “irrecuperables”.

¿Cómo se explica que el empleo haya crecido más entre los mayores y sin embargo haya más parados? La razón es que durante la pandemia han aumentado los mayores “activos”, que trabajan o buscan trabajo: más mayores de 50 años que se han lanzado a buscar trabajo para ayudar a sus familias, con menos ingresos y empleo. Los datos son concluyentes: entre diciembre de 2019 y septiembre de 2021, hubo 288.900 españoles “activos” más, que se habían lanzado a buscar trabajo en plena pandemia. Y ese dato se debe a que hubo 392.000 activos más entre los mayores de 55 años (206.300 mujeres y 185.700 hombres), mientras bajaban los activos entre 25 y 44 años (-402.100) y subían algo entre 16 y 24 años (+165.900) y de 45 a 54 años (+133.200), según la EPA del tercer trimestre de 2021.

Así que ya vemos lo que ha pasado: más mayores buscando empleo, más empleo pero insuficiente para cubrir las demandas y por ello más mayores en paro. En líneas generales, los mayores españoles están peor, laboralmente hablando, que los mayores europeos. Empiezan bien, porque su tasa de actividad (62,5% de 55 a 64 años trabaja o busca trabajo) es similar a la europea (63% en la UE, aunque sube al 74% en Alemania). Pero luego empeoran, porque sólo trabajan el 55,5% de los mayores (55 a 64 años) frente al 60,2% en la UE-27 y el 71,5% en Alemania. Y empeoran aún más con las cifras de paro: la tasa de paro de los mayores (de 55 a 74 años) en España (12,1%) casi triplica la europea (4,8% de los mayores en paro) y cuadruplica la de Alemania (2,9%), según Eurostat.

El problema de fondo de los mayores de 55 años (y el de los mayores de 50 años) es que están relegados en el mercado laboral, lo que los expertos llaman “edadismo”: discriminación por edad a la hora de contratar. Lo sabemos todos, pero lo confirmaba una Encuesta de la Fundación Adecco de 2019, antes de la pandemia: el 83% de los responsables de Recursos Humanos de las empresas admitían que “no habían contratado a nadie con más de 55 años en el último año”. Y el 75% de estos responsables laborales lo justificaban en que los conocimientos de estos mayores “estarían obsoletos”.

Así que a los mayores de 50 años sin trabajo sólo les quedan dos caminos: quedarse en el paro o jubilarse si tienen 63 años y han cotizado lo suficiente. Respecto al paro, ahora lo tienen algo mejor, porque desde marzo de 2019, el Gobierno cambió la normativa de Rajoy y permite a los mayores cobrar un subsidio hasta la jubilación desde los 52 años (antes tenían que esperar a los 55). Pero aún así, tienen que cumplir algunos requisitos, como haber cotizado al desempleo al menos 6 años, que sus ingresos no superen el 75% del salario mínimo (723 euros mensuales) y estar oficialmente inscritos en el desempleo. Y con ello, la Seguridad Social cotiza por él hasta la jubilación (el 125% del mínimo, antes de 2019 cotizaban sólo por el 100%). Y el mayor cobra un desempleo, que ahora son 463 euros al mes, hasta que cumpla los años y requisitos para jubilarse.

La otra opción del mayor de 50 años que ve imposible encontrar trabajo es jubilarse. Pero tendrá que esperar al menos hasta los 63 años, siempre que haya cotizado al menos un mínimo de 37 años y 6 meses (exigencia para 2022), que esté dado de alta en la SS y que haya cotizado un mínimo de 2 años en los últimos 15 años. Además, se le recorta un porcentaje de pensión según lo que anticipe la jubilación y lo que haya cotizado. Hasta ahora, esos coeficientes reductores para los que hayan cotizado menos de 38 años y 6 meses iban del 3,26 al 21 % por trimestre anticipado (máximo) y del 2,81% al 13% (mínimo). Ahora, con la reforma de las pensiones que entró en vigor el 1 de enero de 2022, se penaliza más la jubilación anticipada (ver cuadro según lo cotizado y la anticipación).

Así que ahora, el mayor de 50 años sin trabajo y sin perspectiva tiene aún más difícil jubilarse antes, mientras el paro que recibe (si lo consigue) le mantiene en la pobreza. Un panorama muy negro para buena parte de la generación nacida entre 1955 y 1970. Y más cuando no se piensa en ellos para los nuevos empleos, como reconocen las empresas. Habría que mejorar su actual situación y ya se ha lanzado una propuesta, de dos Fundaciones: aprobar una Ley de Igualdad Generacional, similar a la Ley para la Igualdad de Género aprobada en 2007, que prohibiera la discriminación por edad (tanto en la contratación como en el sueldo y despido). Y además, plantean modificar algunas disposiciones vigentes del Estatuto de los Trabajadores, que discriminan a los mayores (no pueden acceder al contrato de aprendizaje, lo que dificulta su reciclaje, y se permite a las empresas extinguir sus contratos con el pretexto de “cumplir medidas de mejora del empleo de la empresa”.

Cambiar la normativa y aprobar una Ley contra la discriminación de los mayores puede estar bien, pero su mejoría (como la de las mujeres) no depende sólo de normas sino de que las empresas y la sociedad asimilen que los mayores son unos trabajadores imprescindibles, que aportan experiencia y eficacia a las empresas y la economía. Y eso pasa por un cambio de mentalidad y medidas concretas que apoyen su contratación y conservación en las plantillas. Dado que tenemos 1.299.390 parados mayores de 50 años y que un tercio llevan más de 1 año sin trabajar, urge poner en marcha un Plan de choque por el empleo de los mayores, con incentivos a su contratación (cotizaciones e impuestos) y proyectos de formación y reciclaje profesional que impliquen a las empresas y autonomías.

La recuperación de la economía y los proyectos financiados con Fondos europeos deberían dar prioridad a integrar a los mayores de 50 años en todos los proyectos, no dejarlos atrás como hasta ahora. Contratar a mayores no “tapona” el empleo de los jóvenes, porque hay tareas para todos y la productividad de las empresas mejoraría potenciando la colaboración de trabajadores jóvenes y mayores. Es una asignatura pendiente para el Gobierno, sindicatos y patronal. No podemos relegar a los trabajadores mayores, la generación que impulsó el crecimiento económico de la democracia. Apóyenlos.

A rehabilitar tocan

Mientras se espera que el Gobierno apruebe en unas semanas la polémica Ley de Vivienda, ya aprobó a primeros de octubre dos decretos que abren el camino a rehabilitar 510.000 viviendas en los próximos 3 años, con Fondos europeos. Va a ser la 2ª mayor partida de gasto del Plan de recuperación, tras la reconversión al coche eléctrico. El programa de rehabilitación energética (aislamientos, ventanas, fachadas...) invertirá 6.820 millones hasta 2023 y los primeros 1.631 millones ya se han liberado y transferido a las autonomías, que gestionarán el 80%. Ahora tienen que crear Oficinas municipales de rehabilitación, donde las comunidades de vecinos y los particulares (incluso inquilinos) pueden pedir las ayudas para rehabilitar su edificio o vivienda, subvencionando entre 3.000 y 18.000 euros por vivienda, además de deducciones fiscales en el IRPF (del 20 al 60%) y créditos con aval del ICO. Una oportunidad única para remozar nuestro viejo parque de viviendas  y crear 188.000 empleos. Lea las condiciones y ayudas disponibles, individualmente o con su comunidad de vecinos. A rehabilitar tocan.

Enrique Ortega

La rehabilitación energética de viviendas y edificios es una de las prioridades de la Comisión Europea para las próximas tres décadas, porque los edificios europeos son responsables del 40% del consumo energético y del 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso, su gran objetivo, dentro de la estrategia UE contra el Cambio Climático es que los edificios y viviendas de toda Europa “estén libres de emisiones (0 emisiones netas) en 2050”. Para lograrlo, han incluido la rehabilitación energética de los edificios como una de las prioridades del Plan de recuperación europeo, el programa Next Generation UE, que invertirá 750.000 millones entre 2021 y 2024, de los que 140.000 millones serán para España (70.000 millones como subvenciones a Fondo perdido).

A partir de aquí, España ha establecido la rehabilitación energética de edificios y viviendas como la 2ª prioridad del Plan de Recuperación español, enviado a Bruselas en octubre y autorizado por la Comisión Europea el pasado 13 de julio. En concreto, se destinarán 6.820 millones de euros entre 2021 y 2023 al “Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana”, la 2ª mayor partida de gasto del Plan de Recuperación, tras la dedicada “a la movilidad sostenible” (13.203 millones de inversión). Su objetivo es muy ambicioso: rehabilitar energéticamente 510.000 viviendas en los próximos 3 años y 1,2 millones hasta 2030. Y con esta demanda potencial, poner en marcha “una verdadera industria” de rehabilitación de viviendas, apoyada por un esfuerzo inversor privado, con otro objetivo aún más ambicioso: rehabilitar una media de 300.000 viviendas anuales a partir del año 2030, lo que permitiría rehabilitar 7,2 millones de edificios y viviendas para el año objetivo 2050.

Para España, este objetivo rehabilitador suena “desmesurado”, si se tiene en cuenta que en 2019 se rehabilitaron sólo 31.110 viviendas, el 0,12% del parque residencial, con lo que somos el país europeo que menos viviendas rehabilita: Francia rehabilita anualmente el 2,01% de sus viviendas, Alemania el 1,49%, Italia el 0,77% y la media de la UE-27 está en una rehabilitación del 1,5% de sus edificios. Sin embargo, tenemos un parque de viviendas bastante deteriorado, que pide una rehabilitación urgente, tanto para mejorar su habitabilidad (1 millón de viviendas están en estado deficiente, malo o ruinoso) como para reducir su alto consumo energético (las viviendas particulares consumen en España el 11,7% de toda la energía, según el IDAE). De hecho, tenemos un parque de 25,7 millones de viviendas, de las que 19 millones son viviendas principales. Y más de la mitad (9,7 millones) se construyeron antes de 1980, cuando se aprobaron las primeras normas energéticas de edificación, por lo que esas 9,7 millones son las viviendas candidatas a rehabilitarse.

El programa de rehabilitación energética 2021-2023 aprobado por el Gobierno (y ratificado por la Comisión Europea) contempla 4 grandes Planes donde se invertirán esos 6.820 millones de Fondos europeos previstos. El primero y fundamental (3.420 millones) se refiere a la rehabilitación de viviendas y edificios particulares y tiene tres frentes de actuación: subvenciones directas para la rehabilitación de edificios enteros y viviendas individuales (1.994 millones) y de barrios enteros (976 millones), además de deducciones fiscales en el IRPF a los particulares que rehabiliten. El 2º Plan del programa de rehabilitación (1.000 millones) busca la regeneración de viviendas en pueblos de menos de 5.000 habitantes (hay 6.815 localidades donde el 30% de las viviendas fueron construidas antes de 1960 y el 10% están en estado deficiente o ruinoso), para frenar la huída de población de la España vaciada. El tercer Plan contempla la rehabilitación de edificios públicos  de la Administración central, autonómica y municipal, desde centros educativos y sanitarios a deportivos, culturales o asistenciales, con 1.080 millones de inversión. Y el cuarto Plan  incluido en el programa (1.000 millones de inversión restante) contempla construir 20.000 viviendas de promoción pública para alquiler, energéticamente eficientes, entre 2022 y 2023.

El Plan de Recuperación de España donde se incluyen estos 4 programas de rehabilitación fue aprobado por la Comisión Europea el pasado 13 de julio. Y ese mismo día, el Consejo de Ministros liberó la primera partida de dinero público para rehabilitación: 1.631 millones (de los 2.036 millones previstos gastar en 2021): 1.151 millones para la rehabilitación de viviendas y barrios y otros 480 millones para rehabilitar edificios públicos. Y como había prisa, unos días después, el 21 de julio, Gobierno y autonomías pactaban el reparto de este primer gasto en rehabilitación por autonomías, que son las que gestionarán el Plan y abrirán con los Ayuntamientos la ventanilla de solicitudes de ayudas. El reparto (ver cuadro) se ha hecho teniendo en cuenta el número de hogares de cada autonomía, con lo que 4 regiones van a recibir más de 100 millones de ayudas para rehabilitar: Andalucía (199,9 para particulares y 85,6 para edificios públicos), Cataluña (186+78,7), Madrid (161,2+68,5) y Comunidad Valenciana (124,6+51,15). Para futuras entregas, hasta 2023, el Gobierno está pensando en primar la buena gestión de las ayudas, con lo que podrían recibir más dinero las autonomías que mejor gestionen los programas de rehabilitación.

Con este primer dinero ya repartido para la rehabilitación energética, las autonomías trabajan ahora en poner en marcha en sus territorios toda la operativa para que particulares y comunidades de propietarios soliciten las ayudas para rehabilitar viviendas y edificios. El programa incluye la creación de Oficinas específicas, “ventanillas únicas” en autonomías y Ayuntamientos para facilitar los trámites a los vecinos interesados. Además, el Gobierno está promoviendo la creación de empresas para facilitar la rehabilitación “llave en mano” (que elaboren el proyecto técnico, busquen las ayudas y la financiación y se encarguen de ejecutarlo), algo que parece interesar ya a empresas constructoras, energéticas y bancos. Además, el ejecutivo ha pedido a la banca que colabore ofreciendo “créditos para rehabilitación”.

Mientras las autonomías saben ya el primer dinero con el que van a contar y preparan su intendencia, el Gobierno acaba de aprobar el marco normativo de las ayudas a la rehabilitación, un Real decreto (853/2021) y un Real decreto Ley (19/2021) aprobados el pasado 5 de octubre. El primero establece los tres tipos de subvenciones directas (a fondo perdido) que se van a conceder para rehabilitar energéticamente viviendas (aislamientos, ventanas, fachadas...). Y no sólo a los propietarios de su vivienda habitual, también a los que viven en alquiler: el Gobierno contempla que los inquilinos puedan recibir ayudas para la rehabilitación de la vivienda donde viven si acuerdan con su casero costear a su cargo la obra de rehabilitación a cambio del pago de la renta. Lean con atención el abanico de ayudas.

Las mayores subvenciones se dan para rehabilitar energéticamente barrios enteros. Se fija una exigencia mínima de que la rehabilitación ahorre un 30% de energía y a partir de ahí la subvención varía según el ahorro, con un máximo de 21.400 euros por vivienda para la rehabilitación que ahorre el 80% de energía (y hasta el 100% del gasto hecho si el propietario es una familia vulnerable). El 2º mayor nivel de ayudas se da para rehabilitar energéticamente edificios enteros y viviendas unifamiliares. Aquí también se exige un ahorro energético mínimo del 30% y la ayuda varía según el alcance de la rehabilitación, con un máximo de 18.800 euros por vivienda para la rehabilitación que ahorre un 80%. Y el tercer nivel de ayudas es para rehabilitar viviendas aisladas, que solicite un particular para su domicilio “habitual y permanente”: se le subvenciona el 40% de la rehabilitación (que ha de cumplir una exigencias de ahorro energético o sustitución de elementos constructivos) con un límite de 3.000 euros por vivienda (el gasto mínimo ha de ser 1.000 euros por vivienda).

Además de estas subvenciones (ayudas a fondo perdido), se han aprobado nuevas deducciones en el IRPF a los particulares que hagan obras de rehabilitación para la mejora energética de su vivienda o edificio. Se establecen 3 deducciones fiscales. Una del 20% del importe de la rehabilitación (con un tope de 5.000 euros por vivienda) a los que reduzcan el consumo de calefacción un 7%. Otra del 40% (con un tope de gasto de 7.500 euros por vivienda) para los que reduzcan un 30% su consumo o alcancen la calificación energética A o B para su vivienda habitual. Y una deducción máxima del 60% (con un gasto máximo de 15.000 euros por vivienda) para los particulares que vivan en edificios residenciales donde se reduzca un 30% su consumo energético, alcancen la calificación energética A o B y hayan hecho actuaciones de mejora que afecten al conjunto del edificio.

Además, el Gobierno ha aprobado una línea de avales del ICO por importe de 1.000 millones de euros para que las comunidades de propietarios puedan financiar con créditos la rehabilitación de edificios enteros. Y para facilitarlo, el Real Decreto Ley incluye una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, con objeto de que una comunidad de propietarios pueda aprobar por mayoría simple la solicitud de un crédito para rehabilitar el edificio (una decisión que hasta ahora exigía la unanimidad). Así que ahora, el crédito para rehabilitar el edificio lo podrá pedir la comunidad  (no cada propietario), con el aval del ICO, y su pago se incluirá dentro de los gastos generales del inmueble.

La mayor cuantía de las subvenciones y de las deducciones fiscales hace que lo más interesante para rehabilitar una vivienda es que esté incluida en un Plan para rehabilitar el barrio completo y si no, que la comunidad de vecinos contemple rehabilitar todo el edificio, un camino más rentable que rehabilitar uno sólo su casa (salvo que viva en una vivienda unifamiliar). Además, las comunidades de propietarios tienen ahora dos ayudas más. Una, de hasta 3.500 euros de subvención, para elaborar un Libro del edificio (una especie de auditoría energética) donde se refleja su situación actual y sus carencias. Y la otra ayuda, hasta 30.000 euros, para pagar un Proyecto de rehabilitación que elabore una empresa especializada y que será la base para solicitar las ayudas públicas y hacer las obras de rehabilitación energética.

En líneas generales, el programa de rehabilitación “suena” bastante bien y debería llevar a muchas comunidades de vecinos a estudiarlo y decidirse a rehabilitar energéticamente su edificio, aprovechando los Fondos europeos, que se van a traducir en subvenciones (hasta 18.000 euros por vivienda si se rehabilita un edificio) y deducciones fiscales en el IRPF (hasta el 60% del gasto de un propietario si se ha rehabilitado su edificio), más créditos para pagar las obras avalados por el ICO ( por lo que los bancos deberían concederlos). Los problemas pueden encontrarse, como siempre, en el papeleo y la burocracia (autonomías y Ayuntamientos) y en que el exceso de demanda colapse la rehabilitación, porque hacen falta empresas y trabajadores suficientes para atender esta ola de rehabilitación. Además, hace falta agilidad en la puesta en marcha del programa, porque la entrega de Fondos europeos en 2022, 2023 y 2024 está ligada a que se gasten los fondos entregados. Y que se gasten bien: si hay “picaresca” y corruptelas, Bruselas nos exigirá el dinero mal gastado.

Estamos ante “una oportunidad histórica” para remozar parte de nuestro parque de edificios y viviendas, consiguiendo unas casas más confortables y energéticamente eficientes con muchas ayudas públicas y poco gasto de las familias. Un Plan de rehabilitación energética que “mata 3 pájaros de un tiro”: consigue mejores viviendas, reduce el consumo español de energía (-40% de energías fósiles) y nuestras emisiones de CO2 (-650.000 Tm. anuales) y crea empleo adicional (188.000 nuevos empleos) y más crecimiento (aporta +13.500 millones al PIB español en tres años). Por todo ello es clave que el Plan de rehabilitación salga bien, lo que exige colaboración institucional (que no haya peleas “políticas” entre el Gobierno, las autonomías y Ayuntamientos: rehabilitar debe ser una prioridad de todos) y un decidido apoyo de empresas y autónomos de la construcción, bancos, administradores de fincas y comunidades de propietarios, así como un esfuerzo informativo para que el Plan y sus ayudas sean conocidos por todos los propietarios. A rehabilitar tocan.