Cotizaciones autónomos: mucha demagogia

Este Blog no será aplaudido por los autónomos, pero el periodismo serio e independiente debe aportar un análisis realista. Y la realidad es que muchos autónomos en España cotizan poco (aunque les parezca mucho) y por eso reciben menos prestaciones y pensiones (el 40% menos) que los asalariados. Y sus cuotas solo pagan el 50% de lo que cuestan sus pensiones (los asalariados pagan un 88%). Sindicatos, patronal y autónomos pactaron en 2022 un Plan para subir esas cotizaciones hasta 2032, para mejorar sus prestaciones y las cuentas de la Seguridad Social. Pero al intentar subir las cotizaciones para 2026 (de 17 a 206 euros al mes, según ingresos), el Gobierno ha encontrado la oposición frontal de ATA (patronal CEOE), PP y Sumar (los populismos de ambos signos) y ha rectificado: las cuotas se congelan o suben sólo entre 2 y 14 euros para 2026. Así que de reforma nada: los autónomos seguirán cotizando poco, sin pensar que eso perjudica sus prestaciones, que cargan sobre asalariados y contribuyentes. Una demagogia injusta.

                           Enrique Ortega

Los autónomos en España son una parte importante de los empleados y llevan casi dos décadas superando los 3 millones de personas. En octubre de 2025, cotizaban como autónomos a la Seguridad Social 3.438.744 ocupados, el 15,74% de todos los cotizantes (21.839.592). Al comienzos de este siglo XXI (1 enero 2000), había en España 2.528.340 autónomos cotizando, el 17,34% de los ocupados, y en 2012 superaron los 3 millones (3.049.047 cotizantes, el 18,47% de todos los ocupados), porque la crisis transformó a muchos parados en autónomos. Y después, la cifra ha ido aumentando poco a poco, hasta los 3.264.711 en 2019 (el 16,93%) y 3.369.335 de media en 2024 (15,93%), aunque perdiendo peso en el total de ocupados porque han crecido más estos años los asalariados que los autónomos. Y la gran mayoría de autónomos (2.958.654 hoy) no tienen asalariados.

Esos 3.438.744 ocupados que cotizan como autónomos son un colectivo muy diverso, según las estadísticas de Trabajo, donde conviven “autónomos de verdad” (2.023.446 “personas físicas”) , con miembros de órganos de administración de sociedades (577.788), socios de sociedades (515.737), familiares colaboradores del autónomo (170.577), familiares del socio (69.702), personal de colegios profesionales (61.200) y religiosos (9.294). Y además, hay un número importante de “falsos autónomos”, trabajadores y profesionales que trabajan para una empresa (o varias), que prefieren contratar sus servicios como autónomos en vez de tenerles como asalariados y pagarles sus cotizaciones. Algo muy frecuente en el reparto de comida a domicilio, comunicación, ocio y entretenimiento, transportistas, profesionales varios (de periodistas a arquitectos o abogados) , informáticos y técnicos… De hecho, la organización UPTA estima que hay más de 350.000 “falsos autónomos” (el 10% del total). Y la Inspección de Trabajo ha detectado a 46.000 este año, sólo hasta septiembre.

Veamos el perfil de los autónomos en España, según los datos de Trabajo. Casi dos tercios son hombres (2.163.978, el 63%) y un tercio mujeres, la mayoría españoles (sólo un 14,4% de autónomos son extranjeros) y mayores de 46 años (el 55,6%), teniendo la tercera parte entre 46 y 55 años. La gran mayoría trabaja en el sector servicios (73,9%), seguidos de lejos por los autónomos de la construcción (12,4%), la agricultura (7,7%) y la industria (6,1%). Y por actividades, la mayoría de autónomos se concentran en el comercio y reparación de vehículos (20,96%), la construcción (12,35%), las actividades profesionales (10,13%), la hostelería (9,36%), la agricultura (6,8%) y el transporte (6,18%), teniendo también bastante presencia en la industria (5,87%), la sanidad (4,28%), las actividades administrativas (4,1%), la educación (3,20%) y la información (2,8%). Por autonomías, los autónomos se concentran en Andalucía (593.520), Cataluña (575.433), Madrid (439.737) y Comunidad Valenciana (388.081), aunque los que tienen más porcentaje de autónomos sobre su población son Galicia (127,6 autónomos por 1.000 habitantes), Baleares (125,5), Castilla y León (125,3) y Extremadura (120,4 por 1.000 habitantes), por el turismo y el campo.

Un problema tradicional de los autónomos es que la mayoría cotizan poco, lo mínimo, y eso ha provocado que tengan pocas prestaciones y pensiones. Aún hoy, después de que muchos hayan empezado a cotizar más, el 82% de los autónomos españoles cotizan por las bases mínimas o casi mínimas: 756.637 cotizantes por bases mínimas (el 22% por 670 euros al mes o menos) y otros 2.083.986 (60,6%) por bases entre 1 y 1,5 veces las mínimas, según los datos de Trabajo. Y un 12,6% cotizan una tarifa plana (80 euros al mes), que se aplica a los nuevos autónomos durante un año (prorrogable a otro si tienen bajos ingresos). Estas bajos rendimientos netos (ingresos menos gastos deducibles y cotizaciones)  por los que cotizan la mayoría de autónomos explican que tengan menos prestaciones que los asalariados.

Lo más llamativo son sus pensiones: 1.012 euros de jubilación media (octubre 2025), casi un 40% por debajo de la jubilación media de los asalariados (1.669 euros), según la Seguridad Social. Y lo mismo la pensión de viudedad (683 euros frente a 995) o de orfandad (435 frente a 541). También cobran menos si se cogen la baja por enfermedad (el 60% de su base reguladora, más baja, desde el 4º al 20º día y el 75% después) o accidente de trabajo (el 75% de su base). Y tienen más complicado cobrar el paro (por “cese de actividad”).

Para afrontar esta situación, el Pacto de Toledo (abril 1995) ya contemplaba reformar la cotización de los autónomos. Pero no se concretó hasta julio de 2022, cuando el Gobierno, los sindicatos, la patronal y las 3 organizaciones de autónomos (UATA, UPTA y UATAE) pactaron una reforma de cotizaciones y prestaciones. El objetivo era ir subiendo las cotizaciones año tras año, para conseguir que en 2032 los autónomos cotizaran por sus ingresos reales, lo que permitiría mejorar sus prestaciones y pensiones y que colaboraran mejor en la financiación de la SS. En ese mismo acuerdo se fijaron las nuevas cuotas (con subidas) de 2023, 2024 y 2025, con el compromiso de fijar las de 2026 antes de finales de este año.

En septiembre, el Gobierno (Ministerio de SS) hizo una propuesta de subida de cuotas para 2026, que iba desde 17 euros al mes en los tramos más bajos a 27 euros en los tramos de rendimientos netos intermedios (de 1501 a 1.700), 85 euros/mes a los autónomos con rendimientos de 3.191 a 3.620 euros y 206 euros más al mes a los autónomos con rendimientos netos (no ingresos, que son más) superiores a 6.000 euros (ver cuadro). La reacción de ATA (la asociación integrada en la patronal CEOE), el PP y Sumar fue coincidente: la subida propuesta era “un ataque a los autónomos”, objeto de apoyo político por los “populistas” de ambos signos y otra bandera más de polarización y ataque al Gobierno.

La consecuencia de toda esta presión ha sido que el Gobierno ha rectificado y ha congelado o subido mínimamente (del 1 al 2,5%, por debajo de la inflación) las cuotas de los autónomos para 2026 (ver cuadro), paralizando así la reforma pactada en 2022. La asociación ATA (cuyo presidente es vicepresidente de la CEOE) lo ha vendido como “una victoria” y pide “nuevas mejoras” (un contrasentido: piden más gasto sin subir cuotas): que se mejore la prestación por “cese de actividad”, el paro de los autónomos (hoy se piden tantas condiciones que sólo se concede a la mitad de los que lo solicitan) y que tengan derecho al paro de los mayores de 52 años (una pasarela hasta la jubilación, donde los asalariados cobran 480 euros mensuales). Y el PP ha propuesto que los autónomos que se hagan un Plan de pensiones paguen menos cuotas. A lo claro: que los autónomos con más ingresos paguen menos a la SS y más a bancos y aseguradoras…

Mientras, los sindicatos se quejan de que estas posturas “populistas” (ATA y el PP, pero también Podemos y Sumar) hayan frenado una reforma que sólo pretende mejorar a medio plazo cotizaciones y prestaciones, alegando que si las subidas no se hacen de una forma gradual, obligarán antes o después a un salto de cotizaciones más doloroso. Y se temen que el año 2026, con elecciones en el horizonte, nadie defienda más subidas, lo que deteriorará aún más las cuentas de la SS y la mejora de las prestaciones a los autónomos.

Porque al margen de la demagogia, las cuentas hablan claro. No es sólo que reciban menos pensiones (un 40% más bajas) y prestaciones (por enfermedad, accidente o cese de actividad). Es que, además, las cuotas actuales de los autónomos sólo cubren el 50% del gasto de sus pensiones, mientras en el caso de los asalariados, sus cuotas cubren el 88% de sus pensiones. Y además, en el caso de los autónomos, un tercio de sus pensiones, al ser tan bajas, han de ser complementadas (reciben un complemento de mínimos, 274 euros de media) que pagamos todos los contribuyentes en los Presupuestos (en el caso de los asalariados, sólo un 19% de las pensiones reciben complementos de mínimos, 258 euros de media). Además de pagar sólo la mitad de sus pensiones y recibir más complementos de mínimos, los autónomos reciben otras prestaciones que no financian tampoco con sus bajas cuotas.

Con todo ello, al final, los autónomos provocaban un déficit de -13.000 millones en sus cuentas de 2024, con lo que sólo cubrían el 48% de todas las prestaciones que recibían, frente al 79% que cubren las cuotas de los asalariados sobre el total de pensiones y prestaciones que reciben (su déficit es mayor en cantidad, -31.800 millones, pero porcentualmente mucho menor).

En definitiva, que la mayoría de autónomos cotizan poco y con ello no financian ni la mitad de lo que cuestan sus prestaciones, un problema más evidente en los autónomos que más ingresan. Un ejemplo, los autónomos con rendimientos superiores a 6.000 euros (que ganan mucho más, porque de los ingresos restan gastos deducibles y cuotas) cotizan a la Seguridad Social como un asalariado que gana 1.500 euros (aunque la mayoría de esta cotización la pague la empresa, como “un salario diferido”). Lo que deberían entender los autónomos es que deben cotizar más para recibir más, porque si no tendrán peores prestaciones y además les tenemos que financiar el resto de trabajadores y los contribuyentes.

Otra reflexión que nadie hace, por parecer  “políticamente incorrecta”: si un autónomo no puede pagar una cuota mensual de 200 a 300 euros (correspondiente ahora a rendimientos netos de hasta 1.700 euros), el problema puede estar en que su actividad no es “económicamente viable” y debería cerrar su actividad y tratar de buscar un empleo asalariado o montar otra actividad que permita pagar unas cuotas suficientes para tener prestaciones dignas y una jubilación similar a la de los asalariados. Lo que ha sucedido con las distintas crisis es que muchos parados y personas que no encuentran trabajo han optado (o les han obligado sus empresas) por hacerse autónomos (en Andalucía hay casi tantos autónomos como parados), pero en realidad no debían serlo porque su actividad no es viable. Y por eso, las cuotas, por bajas que sean, se les hacen imposibles.

En resumen, que las cuotas de los autónomos suben no por la voracidad del Gobierno, sino para tratar de ajustarlas a sus ingresos reales y para mejorar a medio plazo sus prestaciones y pensiones. Así que los autónomos deberían no escuchar a tanto demagogo (organizaciones, políticos, economistas y periodistas) y pensar que si quieren tener mejores prestaciones en el futuro tendrán que ir cotizando más cada año (poco más los que menos ingresen y más los autónomos que ingresan mucho y no lo reconocen). Lo contrario es cargar parte de sus prestaciones sobre asalariados y contribuyentes y contribuir a que las cuentas de la Seguridad Social no salgan y vengan recortes en el futuro. Hay que decirlo claro, aunque sea impopular. Lo demás es populismo y engañar a los autónomos.

¿Nucleares? No, gracias

Las tres grandes eléctricas han pedido la prórroga por casi 3 años de Almaraz, la nuclear que debe cerrar en 2027 y 2028. Sería la 2ª prórroga, porque las eléctricas consiguieron en 2019 una prórroga de 7,4 a 10 años en sus 7 centrales nucleares, a cambio de  cerrarlas entre 2027 y 2035. Ahora cambian, apuntándose a la “ola nuclear” que recorre el mundo y aprovechando los temores por el gran apagón (aunque reconocen que las nucleares no lo evitan). El Gobierno tiene hasta marzo para decidir, entre presiones de las eléctricas y el PP, con la oposición de Sumar. Los datos demuestran que las nucleares (20% de la electricidad) pueden ser sustituidas por las renovables (2 de las muchas plantas solares de Extremadura generan lo que Almaraz I), cuya luz cuesta la mitad y es más segura y más limpia (los residuos nucleares son costosos, porque duran milenios). Lo razonable sería no prorrogar Almaraz, para no frenar las inversiones en renovables, que aportarán el 81% de la electricidad en 2030. Y decidir sobre el resto cuando toque.

                 Almaraz debía cerrar en 2020, se prorrogó a 2027 y ahora quieren mantenerla hasta 2030 

Para entender mejor el debate actual sobre Almaraz, conviene hacer primero un poco de historia. En la madrugada del 22 de marzo de 2019, las tres grandes eléctricas españolas (Iberdrola, Endesa y Naturgy) y la portuguesa EDP alcanzaban un difícil pacto para cerrar las 7 centrales nucleares de su propiedad: Almaraz I (1 noviembre 2027), Almaraz II (1 octubre 2028), Ascó (1 octubre 2030), Cofrentes (1 noviembre 2030), Ascó II (1 septiembre 2032), Vandellós II (1 febrero 2035) y Trillo (1 mayo 2035). El acuerdo fue posible tras la negociación días antes con la Empresa Nacional de Residuos (ENRESA), a la que arrancaron dos cesiones antes de acordar el cierre. Una, ampliar la vida de esas centrales (que debían cerrarse a partir de 2020) entre 7,5 y 10 años más (ver calendario). Y la otra, conseguir que la tasa nuclear (para pagar la gestión de residuos) subiera como máximo un 20% y no el doble que habría subido con el cierre.

¿Por qué las eléctricas deciden cerrar voluntariamente sus 7 nucleares en 2019? Primero, por estas ventajas (importantes) que habían logrado. Segundo, porque la entrada creciente de las renovables en el mercado eléctrico (aportaron el 38,1% en 2018, frente al 20,4% las nucleares) estaba bajando el coste del mercado eléctrico y producir kilovatios nucleares era menos rentable. Y tercero, porque así “hacían hueco” a sus centrales térmicas de gas, una “burbuja energética” a punto de estallar: habían invertido más de 15.000 millones en decenas de centrales (67 hoy), dando un salto de potencia instalada de cero a 27.000 MWH en 7 años (de 2002 a 2009), pero aportando el 10% de la electricidad (estas “centrales de ciclo combinado” son “la reserva” del sistema, complementan el suministro cuando no hay sol, aire o agua suficiente).

Y así, las eléctricas estaban contentas con su cierre de las nucleares hasta 2022. La invasión de Ucrania y la subida disparada del precio del gas provocaron que muchos paises quisieran “recuperar” las olvidadas nucleares. La Cumbre del Clima de Dubai (diciembre 2023) hace un llamamiento para “acelerar la energía nuclear, junto a otras fuentes bajas en CO2”. Antes, en enero de 2022, la Comisión Europea propuso que la energía nuclear y el gas “tengan un papel clave en la transición energética”, con la oposición de varios paises. Y el 1 de abril de 2024, empresas, inversores, líderes mundiales y la plana mayor de la Comisión Europea se reúnen en Bruselas en “la primera Cumbre nuclear de la historia”.

En paralelo y después, paises y empresas empiezan a promover proyectos nucleares, desde EEUU (con Trump) a China, India, Rusia y paises en desarrollo, también en Europa, donde la energía nuclear se abandonó en los años 80, por la gran contestación popular  tras 3 grandes accidentes en las centrales de Three Island (1979, USA), Chernóbil (1986, Ucrania) y Fukushima (2011, Japón). De hecho, Alemania cerró en 2023 las tres últimas centrales nucleares, tras el cierre de 14 más a partir de 2011. Y lo mismo hizo Italia, que cerró en 1990 sus dos últimas centrales nucleares (tenía 4), tras un referéndum en 2019. Con todo ello, la energía nuclear tiene poco peso en el mundo (genera el 10% de la electricidad), en EEUU (18,2%), China (5%), India (3,1%) y Rusia (18,6%) y algo más en Europa (22%, por el 68% en Francia). Pero la tendencia es, tras la crisis energética por Ucrania, volver a invertir en nucleares, con propuestas de aperturas en Alemania e Italia (no concretadas) y en muchos paises de Europa y el mundo. Por eso, la Comisión Europea estimaba este verano que los proyectos nucleares en ejecución en el continente (para ampliar la vida útil de centrales o para abrir nuevas) requerirán 241.000 millones de inversión hasta 2050.

En medio de esta nueva “ola nuclear”, las eléctricas españolas llevan un año de “lobby”, relanzando en los medios y entre expertos “la recuperación de las nucleares” (que ellos acordaron cerrar). Y el 28 de abril se produce el histórico apagón en España: las eléctricas lo ven como la gran ocasión para reivindicar las centrales nucleares, como “garantía de abastecimiento” y un “seguro contra apagones”. Dos mentiras. Por un lado, Almaraz I produce 1.049 megavatios (MW), frente a los 7.300 megavatios que aportan ellas solas las plantas renovables inauguradas sólo en 2024 (son como 7 centrales de Almaraz). Y  por otro, las propias eléctricas han reconocido, por carta enviada al Ministerio de Transición Ecológica el 24 de octubre, que las centrales nucleares “no están preparadas para realizar un control dinámico de tensión”, una de las exigencias exigidas por Red Eléctrica (REE) para contribuir a la estabilidad del sistema y evitar apagones.

Aprovechando la “ola nuclear” y el apagón, las tres eléctricas propietarias de Almaraz (52,7% Iberdrola, 26% Endesa y 11,3% Naturgy) solicitaron el 30 de octubre, la ampliación de la vida útil de los dos grupos de Almaraz: 2 años y 8 meses más para Almaraz I (que cierre en junio de 2030) y 1 año y 8 meses más para Almaraz II (posponer su cierre a mayo de 2030). Y piden además que el Gobierno les quite la tasa de generación eléctrica (7%) y rebaje la tasa nuclear de las centrales (otra vez, como en 2019), una tasa por la que sólo pagaron 290 millones en 2024. Curiosamente, los dos impuestos los implantó Rajoy en 2024, concretamente su secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, hoy vicesecretario de Economía del PP, el partido que pide la prórroga de Almaraz con las eléctricas y bajarles ahora impuestos.

Los “argumentos” de las eléctricas para prorrogar Almaraz (y luego, supongo, el resto de nucleares), son básicamente que la electricidad que generan nos hace falta para evitar otro apagón y conseguir “un colchón de tiempo” hasta que se consoliden las renovables, además de que evitarán apagones (recordemos: ellas mismas han reconocido que no). La realidad de las cifras contradice sus razones. Por un lado, las 6 centrales nucleares producen 7.300 MW, el 19,4% de la electricidad generada este año (enero-septiembre), según REE, mientras las renovables generan ya el 56,7% de la electricidad. Y sólo en 2024, las renovables que se sumaron al sistema eléctrico aportaron 7.300 MW, según REE, lo que las 6 nucleares. Y todas las centrales fotovoltaicas aportan 32.350 MW de potencia (más de 4 veces lo que todas las nucleares), cuatro veces más que en 2019 (8.913 MW).

Otro argumento es que Almaraz es clave para Extremadura. Sí aporta muchos empleos (4.000), pero precisamente Extremadura es la región española con más cuota de energía solar instalada (el 59,8% de la potencia) y líder en renovables  (suponen el 84,6% del parque eléctrico). Y sólo en 2024, Extremadura puso en servicio 1.422 MW de potencia solar, más que Almaraz I (1049 MW). Los extremeños deben saber que tienen 24 centrales fotovoltaicas operativas (2.842 MW) y otras 14 en proyecto (aportarán 3.800 MW más). Y que la central fotovoltaica Francisco Pizarro (Cáceres) produce 590 MW (más de la mitad que Almaraz I) y “suministra energía limpia a 334.000 hogares”, según nota de Iberdrola, su dueña…

Frente a estas dudosas “ventajas", hay múltiples “desventajas”. La primera y fundamental, que no es una energía 100% segura (recordemos los 3 accidentes graves en el mundo) y un potencial accidente podría ser desastroso. El 2º problema grave es que generan unos residuos (125 Tm cada año) que se mantienen radiactivos durante miles de años y que son costosos (lo pagamos con el recibo de la luz) y peligrosos de almacenar: los de alta actividad se almacenan de forma temporal en las centrales y los de baja y media actividad en el centro de El Cabril (Córdoba). El tercer problema, la dependencia de otros paises para el suministro de uranio enriquecido (Rusia, Francia, Paises Bajos y Reino Unido más China) y barras de combustible (EEUU, Rusia, Japón, Francia, China Y Reino Unido, sólo el 3,2% se fabrica en España), así como la tecnología de las centrales.

Estos problemas son estructurales, de fondo. Pero ahora, la energía nuclear tiene dos problemas más en España. Uno, que el kilovatio nuclear es más caro (el doble) que el kilovatio renovable, que además se abarata a medida que se desarrolla. Así que prorrogar las nucleares lo pagaríamos en el recibo de la luz. Pero el problema fundamental es que no hace falta prorrogar las nucleares, porque la demanda eléctrica está estancada y porque la electricidad renovable crece de forma imparable y lo seguirá haciendo. Veámoslos.

La demanda de energía eléctrica creció sólo un +0,9% en 2024, tras caer desde 2018 (salvo en 2021, tras el fin del confinamiento). Y en contrapartida , hay un exceso de potencia instalada, que cubre con creces la demanda (el apagón de abril no fue por falta de potencia, sino por descoordinación entre las centrales y REE) . De hecho, en 2024, la potencia instalada creció +4,6% en 2024, cuatro veces más que la demanda, empujada por el salto de potencia renovable: de 55.247MW (2019) a 85.144 MW renovables en 2024, un salto protagonizado por la energía solar fotovoltaica (32.250 MW), la solar térmica (2.302) y la energía eólica (32.104 MW), más la hidráulica (17.097 MW), energías frente a las que la nuclear (7.177 MW) es poco importante. Y la previsión es que sea menos en el futuro, porque el Plan del Clima prevé que el 81% de la electricidad sea renovable para 2030 (año en que tendremos 4 nucleares abiertas, la última, Trillo, hasta mayo de 2035).

Evidentemente, el debate nuclear no se plantea hoy en términos de si es “necesaria” o no (en 2027 se va a inaugurar la central fotovoltaica Erasmo, en Ciudad Real, con más potencia, 1.200 MW, que Almaraz I ) y si tiene el mejor precio para nuestros bolsillos, sino “en términos ideológicos”: la energía nuclear se ha convertido en la bandera de la derecha negacionista del mundo y España: el PP presentó en el Congreso una proposición para suprimir la fecha de cierre de Almaraz, Ascó y Cofrentes, apoyada por Vox y UPN, que el jueves fue rechazada por el resto de partidos (y la abstención de Junts). Este voto en contra de ERC y Junts (a los que la patronal catalana “responsabiliza de un posible apagón en Cataluña en 2030”…) tiene explicación: Naturgy (Caixa y Fondos) y EDP, no tienen claro prorrogar otras nucleares, porque podría frenar las inversiones en renovables.

Ahora, la pelota para prorrogar o no Almaraz está en el tejado del Gobierno, que ha enviado la petición al CSN, como es preceptivo, y tiene que decidirlo antes de marzo de 2026, porque el cierre el 1 de noviembre de 2027 requiere múltiples operaciones previas. El presidente Sánchez dice que no está en contra de la prórroga solicitada, aunque pide que se cumplan antes 3 condiciones: que la prórroga sea segura, que no tenga un coste adicional para los consumidores y contribuyentes y que sea conveniente para garantizar la seguridad del suministro. Y el presidente sabe, como la mayoría de expertos, que las dos últimas condiciones no se van a cumplir, mientras Sumar le presiona a no ceder y las eléctricas hacen “lobby” con patronales, expertos, medios de comunicación y políticos (incluso el ahora "pronuclear" Felipe González, quien aprobó en 1984 la “moratoria nuclear”, la suspensión de la construcción de 5 nucleares, un verdadero “rescate” a las eléctricas que hemos pagado en nuestro recibo, desde 1996 a 2015, y que nos ha costado 5.717 millones extras…).

Lo razonable sería no prorrogar Almaraz I y II , porque no las necesitamos para asegurar la demanda prevista a medio plazo y porque siguen adelante los proyectos renovables, una energía que nos suministra luz más barata (España tiene la tercera  electricidad más barata de Europa, tras Finlandia y Suecia y empatados con Portugal, Europa, según Eurostat: ver cuadro de precios 2025), más segura y más limpia (sin residuos radioactivos). Y una energía que depende del sol y el aire (que nos sobran) y del agua. Y respecto a las demás nucleares, lo razonable es no hacer nada ahora y esperar a decidir en 2030 si se prorrogan Ascó, Cofrentes, Vandellós o Trillo, cuando ya tengamos la certeza del comportamiento de la demanda y del comportamiento de las renovables.

La primera consecuencia prorrogar Almaraz entre 2 y 3 años más es que ayudaríamos a las eléctricas propietarias a “hacer caja”, a seguir ingresando por sus kilovatios sin casi costes, porque las dos centrales (como la 5 restantes) están más que amortizadas (si cierran en 2027 y 2028 habrán tenido 46 y 44 años de vida), pagaríamos de más por unos kilovatios que no necesitamos a unas eléctricas que ganaron 11.249 millones en 2024…

Pero la consecuencia más grave es que la prórroga mandaría un mensaje a los inversores: podrían prorrogarse también las demás centrales nucleares (las eléctricas sólo esperan a pedirlo a un cambio de Gobierno, aunque Ascó y Vandellós ya lo han "sugerido" estos días) y eso quitaría atractivo a invertir en energías renovables, un sector que atrae hoy a Fondos e inversores de medio mundo. Y un sector que precisa cambios, para agilizar los proyectos (hay demasiados paralizados en varias autonomías) y una normativa clara, además de invertir más en almacenamiento y en seguridad de redes (participando más en el control de tensión del sistema), los dos grandes retos pendientes de las renovables en España. Mientras, el Gobierno ha anunciado esta semana un paquete de ayudas europeas de más de 800 millones para impulsar las renovables y la descarbonización de la industria.

En resumen, que las eléctricas vuelven  a pedir otra prórroga de las nucleares (la 2ª tras la de 2019), para seguir ordeñando la vaca de unas centrales que ya tienen más que amortizadas y que nos ofrecen una electricidad más cara, con residuos radiactivos y potencialmente peligrosa, que además no evita los apagones. Lo sensato sería seguir apostando por las renovables, que han mejorado la competitividad del país. Pero en este debate juegan la ideología y los intereses, oscuramente mezclados. Que no nos engañen.