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lunes, 22 de abril de 2019

Elecciones 28-A: urgen más ingresos y pactos


Este domingo 28 son las elecciones y muchos centran la campaña en Cataluña y en quien tiene la bandera más grande, en lugar de afrontar lo que preocupa a la mayoría: paro, desigualdad, pensiones, sanidad, educación, vivienda, cambio climático… El dilema parece ser: “la Patria o las cosas de comer”. No. El gran reto es cómo salir de verdad de la crisis, cómo repartir el crecimiento para que lo noten todos los españoles y cómo afrontamos un futuro incierto. Y para eso, España debe hacer reformas pendientes desde la transición, desde las pensiones a la luz o los alquileres. Reformas que exigen dinero y acuerdos. Pero nadie quiere pactar y tenemos dos Españas muy enfrentadas. Y las tres derechas defienden bajar impuestos, cuando España recauda mucho menos que Europa. Así, sólo conseguirán deteriorar más el Estado de Bienestar, no modernizar España. Urge conseguir más ingresos de los que pagan poco (multinacionales, empresas y ricos) y pactar las reformas más acuciantes o tendremos un país bloqueado unos años más. Eso nos jugamos. Voten.


España lleva más de 3 años medio paralizada, tras unas elecciones en diciembre de 2015 que acabaron con el histórico bipartidismo y abrieron unos años de fuertes enfrentamientos políticos y pocas medidas eficaces. Y ahora,  tras dos años de un último Gobierno Rajoy medio paralizado y 10 meses de “parches” del Gobierno Sánchez, los problemas de los españoles siguen ahí, agravados y sin resolver: paro, pobreza, desigualdad, pensiones, dependencia, sanidad, educación, vivienda, tecnología, cambio climático. Y con una peor coyuntura exterior, una Europa estancada y una guerra comercial peligrosa, que no va a ayudarnos nada. Así que el próximo Gobierno tendrá que consolidar la recuperación y que llegue de verdad a la mayoría de los españoles, porque el 70% dice que no la nota. Y hacer reformas para resolver graves problemas que afrontamos desde la transición, como conseguir un paro “europeo”, asegurar el futuro de las pensiones, recuperar el deteriorado Estado del Bienestar (sanidad, educación, dependencia y servicios sociales), conseguir una vivienda para la mayoría o un empleo digno para los jóvenes.

Esto es lo que se juega en estas elecciones y no la independencia de Cataluña o la Patria. “Es la economía, estúpido”. Los grandes problemas que nos preocupan a todos y para los que no hay “soluciones mágicas”, “atajos”, como parecen ofrecer algunos. Voy a repasar aquí estos 12 grandes problemas, sobre los que llevo escribiendo 8 años en este blog.

El primer gran problema de España es el paro, como revelan los españoles en todos los Barómetros del CIS. Estamos mejor, pero todavía hay 3.304.300 españoles en paro, según la EPA de diciembre, una tasa de paro del 14,45% que duplica con creces la europea (6,6%) y cuadruplica la alemana (3,3%). Y un  tercio de los jóvenes (menores 25 años) está en paro, el 32,7%, más del doble que en Europa (14,9%) y cinco veces el de Alemania (6%). Pero además de tener mucho paro, se ha enquistado (el 47% de los parados llevan más de un año sin trabajo) y casi la mitad de los parados EPA (el 44,17%) no cobran el desempleo (y hay 7 autonomías, entre ellas Madrid, donde más de la mitad de parados no cobran). El gran reto de la próxima Legislatura es ayudar a estos parados a sobrevivir (que haya más cobrando el paro) y a conseguir empleo, con formación y asesoramiento, lo que pasa por tener más recursos para políticas de empleo y una reforma radical de las oficinas de empleo (SEPE).

El 2º gran reto es reformar el mercado laboral, porque España crea el empleo más precario de Europa: en 2018, un 89,75% de los contratos fueron temporales (la cuarta parte por una semana o menos) y un 35,8% a tiempo parcial, lo que indica que sólo 6,5 de cada 100 empleos que se crean son “de calidad”. Y con ello, tenemos un mercado laboral donde 1 de cada 4 trabajadores son temporales (26,86%) y 1 de cada 7 trabajan a tiempo parcial (las dos terceras partes porque no encuentran otra cosa). En consecuencia, los salarios no se recuperan y un trabajador cobra de media (bruto) 1.668,75 euros, según el INE, sólo 40 euros más que en 2014, a pesar de la cacareada “recuperación”. Y así, los trabajadores españoles tienen unos salarios de los más bajos de Europa: 15,94 euros por hora, un 27,6% menos que la UE-28 (20,35 euros/hora), un 51,3% menos que Francia (24,12 euros) y un 68,8% menos que en Alemania (26,91 euros/hora), según Eurostat (2018). Y un tercio menos de salario mínimo (1.050 euros en 12 pagas frente a 1.498 euros en Francia o Alemania).

El tercer gran reto es reducir la pobreza y la desigualdad que ha acrecentado la crisis, debido al desigual reparto de la recuperación (en 2018, el 1% más rico se llevó el 12% de la riqueza creada y el 50% más pobre sólo consiguió el 9%). Con ello, España es el país europeo donde más ha crecido la desigualdad entre 2008 y 2017 y el 4º país más desigual, tras Bulgaria, Ucrania y Letonia: el 10% más rico concentra más de la mitad de la riqueza total (55,3%), más que el 90% restante (que se lleva el 44,67%), según Intermón Oxfam. Y el 1% más rico acapara más riqueza (24,42%) que el 50% más pobre (7,20%). Eso lleva a que España tenga más pobreza que antes de la crisis: el 26,6% de la población (12.338.187 españoles) están en riesgo de pobreza, según el indicador europeo AROPE, sobre todo parados, emigrantes y mujeres solas con niños (más del 50% son pobres). Y 1 de cada 3 niños (menores de 16 años) está en situación de pobreza (el 31%), 1.400.000 niños pobres según Save the Children. Y lo peor es que, ante tanta pobreza y desigualdad, España gasta poco y mal en ayudas sociales, según alerta un estudio de la Comisión Europea.

El 4º gran reto para el futuro es la igualdad de la mujer y la demografía, dos problemas muy relacionados. La discriminación de la mujer no es sólo la brecha salarial (ganan un 22,35% menos que los hombres) sino que hay otras peores: trabajan menos (sólo el 58,3% frente al 69,67% los hombres), en peores puestos y con contratos más precarios, peor pagadas (1 millón de mujeres ganan un tercio menos que los hombres en sus trabajos), tienen más paro (16,2% frente al 12,87% los hombres), cobran menos desempleo (-15%), muchas no consiguen jubilarse (hay 1,5 millones menos que hombres) y su pensión es un 35,69% más baja. Toda esta discriminación de la mujer, y el desigual reparto de tareas con el hombre en el hogar, han provocado un desplome de la natalidad, al tener España la menor tasa de fecundidad de Europa: 1,31 niños por mujer (2,90 en 1970) frente a 1,59 en Europa, 1,57 en Alemania o 1,90 en Francia. Lo que se traduce en una caída y un envejecimiento de la población, un “suicidio demográfico” que es un verdadero cáncer para España.

El quinto gran problema, que lleva años sin soluciones, son las pensiones. A corto plazo, el problema es que la Seguridad Social tiene un “agujero” estructural (-18.500 millones de déficit anual en 2016, 2017 y 2018), debido a que los pensiones crecen mucho, con pensiones cada vez más altas que se revalorizan anualmente y las cotizaciones crecen menos porque los nuevos empleos son precarios y con bajos salarios. Pero el gran problema es a medio plazo, porque a partir de 2027 se jubila la generación del “baby boom” (nacidos entre 1960 y 1975), con lo que en 2050 habrá 15 millones de pensiones, frente a 9,6 millones ahora. Y sólo habrá 1 millón más de españoles trabajando, con lo que no salen las cuentas. Así que hay que buscar más ingresos (con cotizaciones e impuestos) y frenar el ritmo de gasto, para poder pagar las pensiones actuales y las futuras. Una reforma que nadie afronta y que obligará a aumentar la edad de jubilación y computar lo cotizado toda la vida laboral, junto a una revalorización no con el IPC sino con el aumento del PIB o las cotizaciones.

El 6º gran problema, uno de los grandes, es el deterioro de la sanidad pública, una de las mejores del mundo. Los recortes de Rajoy (1 de cada 7 euros y 41.000 enfermeras y médicos) han llevado a un “atasco” en muchos servicios, que se traducen en las abultadas listas de espera (584.018 españoles esperan una operación y 43 de cada 1.000 esperan 57 días de media para ir al especialista) y en una congestión de los centros de salud y las urgencias, muy desigual por autonomías (Cataluña, Valencia y Canarias tienen una sanidad “mala” y Baleares, Galicia, Andalucía, Cantabria y Murcia “deficiente”, según la FADSP). Urge conseguir más recursos para la sanidad (7º del PIB, unos 12.000 millones más al año), regularizar plantillas (1/3 son empleos temporales) y ampliar el número de médicos y especialistas (+ 4.000,según Sanidad), con un Plan para homogeneizar el servicio en toda España.

El séptimo gran problema son los ancianos y jóvenes dependientes, cuya atención ha sufrido también serios recortes (- 4.600 millones entre 2012 y 2017) y el resultado es que, junto a 1.064.795 dependientes atendidos (marzo 2019), hay todavía 253.346 dependientes en lista de espera, con derecho reconocido pero sin recibir ningún servicio o ayuda, porque la autonomía no tiene recursos. Y lo grave es que la mayoría son ancianos y muy mayores, con lo que 80 de estos dependientes mueren cada día sin recibir la ayuda, según los Directores de servicios sociales, que proponen aumentar la financiación del Estado central (+2.700 millones cada año) para atender a los dependientes, que además, por el envejecimiento del país, se van a duplicar para 2050, según el CSIC.

Otro gran reto, el 8º de esta lista, es la educación. España tiene un grave problema de fracaso escolar: 1 de cada 3 niños de 15 años ha repetido curso y el 18,3% de los jóvenes de 20 a 24 años dejan sus estudios sin terminar Bachillerato o FP, con lo que somos líderes europeos en “abandono escolar temprano”. Y con un paro juvenil récord (32,7%), tenemos 543.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan, los “ni-nis”. Y muchos universitarios subempleados, trabajando en un bar o de cajera de supermercado, mientras las empresas dicen que no encuentran los trabajadores que necesitan. Hay que reformar la educación de arriba abajo, desde Primaria a la Universidad, para conseguir recuperar los que se han ido y formar en los empleos que se van a demandar en el futuro. Y eso necesita pactar una nueva Ley de Educación y conseguir más recursos, acordar un gasto del 5% del PIB (11.200 millones extras sobre el 4,1% actual) y permitir una mayor autonomía a los centros y más coordinación entre autonomías.

Otro reto clave es la vivienda, porque la subida de los pisos (+21,5% entre 2014 y 2018, según el INE) y, sobre todo, de los alquileres (+46%, según la Sociedad de Tasación) hace imposible que muchas familias y jóvenes (el 80% de los menos de 30 años viven con sus padres, frente al 66% en Europa) consigan una vivienda. De hecho, 1.500.000 españoles no pueden pagar un piso o aun alquiler de mercado, según un estudio de la Fundación Alternativas. La solución pasa, sobre todo, por ofrecerles alquileres asequibles, pero no forzando a controles de precios (los propietarios no alquilarían), sino poniendo más pisos en el mercado de alquiler, lo que forzaría a bajar precios. Una vía es incentivar fiscalmente a los propietarios de los 3,5 millones de viviendas vacías a que las alquilen, comprando además pisos del banco malo y de la banca para crear un parque de vivienda pública en alquiler. Y en paralelo, facilitar a los ayuntamientos y autonomías a que promuevan viviendas públicas (VPO), aportando suelo público y financiación, porque es una vergüenza que en 2018 sólo se terminaran 5.136 VPO, según Fomento, cuando entre 1957 y 1989 se terminaban en España más de 100.000 VPO cada año.

El 10º gran reto del futuro es la energía y el medio ambiente, para todo el mundo pero más para España, porque somos un país totalmente dependiente de la energía exterior y uno de los únicos 5 paises europeos (con Chipre, Irlanda, Austria y Portugal) que aumentó las emisiones de CO2 entre 1990 y 2017 (+15,5%) mientras el resto de Europa las reducía. Así que ahora nos costará más cumplir el objetivo europeo de recortarlas un 30% para 2030, lo que obliga a cerrar las 15 centrales de carbón actuales (entre junio de 2020 y  2030), a recortar las centrales de fuel y gas, a cerrar las centrales nucleares (entre 2027 y 2033) y a apoyar las energías renovables, que deben producir el 100% de la electricidad para 2040, según los planes enviados a Bruselas. En paralelo, en el recibo de la luz, urge que el próximo Gobierno haga una auditoría de costes, para rebajar los extracostes y peajes que pagamos de más (unos 4.500 millones anuales), extracostes que explican por qué los consumidores españoles pagamos la 2ª luz más cara de Europa (y las empresas, la 4ª más cara).

No podemos olvidar el 11º gran reto, apostar por la Ciencia, la tecnología y la innovación, algo que todos los políticos prometen pero que ha sufrido un duro recorte (-21.728 millones desde 2009), traducido en abandono de proyectos y emigración de investigadores. España es uno de los países europeos que menos gasta en Ciencia (1,20% del PIB en 2017, lejos del 2,07% de la UE-28, del 3% de Alemania o del 3,30% de Suecia) y estamos en el puesto 17º del ranking europeo de innovación, según la Comisión Europea. Y además de que gastamos poco, lo gastamos mal, porque el 60% del presupuesto es vía créditos que no se piden (hay Universidades y centros que tienen prohibido endeudarse), con lo que en 2018 sólo se gastó el 46,8% del Presupuesto en Ciencia (3.278 de 7.003 millones). Y en paralelo, las empresas gastan poco en innovación (sobre todo las pymes) y están muy retrasadas en la digitalización de su negocio, donde nos jugamos el futuro.

Y como último reto, el 12º, el más difícil y del que menos se habla: conseguir un país más productivo, más competitivo, una economía más moderna, apoyada más en la industria y los sectores de futuro que en los servicios, no un país que crece con tiendas y bares. Hoy por hoy, la productividad española se ha estancado y es un 10,5% inferior a la de 1995, mientras la de Europa ha crecido un 4,5%, según un estudio de la Fundación BBVA e Ivie. Eso explica que seamos la 5ª economía más grande de Europa (tras Alemania, Reino Unido, Francia e Italia) y sin embargo seamos el 14º país europeo más rico, en renta o PIB por habitante, por detrás de los 4 grandes, Luxemburgo, Irlanda, Dinamarca, Holanda, Austria, Suecia, Bélgica, Finlandia y Malta, según Eurostat. Somos menos ricos porque somos menos productivos y eso se debe, según los expertos, a que invertimos menos en tecnología e innovación, al desplome de las inversiones públicas (por los recortes), a que tenemos pocas grandes empresas (y demasiadas pymes), a la elevada precariedad laboral (con contratos por días es difícil rendir mucho) y a la deficiente organización del trabajo (con un exceso de autoritarismo y poco trabajo en equipo), además de demasiada burocracia y descoordinación regional.

Hasta aquí los grandes problemas, de los que se ha hablado poco en esta campaña, muchos enquistados sin solución desde hace décadas. Problemas que exigen reformas de fondo, que necesitan dos ingredientes: recursos y acuerdos. Y aquí tenemos un enorme lastre político, porque hay dos bloques antagónicos, una derecha tripartita y una izquierda múltiple, que son incapaces de aunar fuerzas para recaudar más y pactar soluciones.

Porque el primer gran reto de España, por delante del resto, es recaudar más. No es una cuestión ideológica, sino de cifras: España recaudó en 2017 el 37,9% del PIB, frente al 44,9% que recaudó Europa (UE-28), el 45,8% que recaudaron los paises euro y la mayor recaudación de Francia (53,9% del PIB), Italia (46,6%), Alemania (45,2%) o incluso Reino Unido (39,1% del PIB), según los últimos datos de Eurostat. Esto significa, a lo claro, que si España recaudara como el resto de Europa, ingresaríamos 81.456 millones de euros más cada año. Con ello, podríamos tapar parte del déficit público (el mayor de Europa) y destinar recursos a atender los grandes retos, desde las políticas de empleo y las pensiones a la sanidad o la educación, promover viviendas públicas para alquiler, gastar en tecnología o modernizar la economía.

Así que si queremos afrontar los 12 retos, hay que conseguir más ingresos, reduciendo el fraude fiscal, homogeneizando los tipos de IVA y, sobre todo, haciendo que paguen más los que pagan hoy menos (multinacionales, grandes empresas, bancos y los más ricos), no la mayoría de los españoles, que ya pagamos suficiente, como explico con detalle en este blog reciente. Pero las tres derechas van por el camino contrario, prometen quitar o reducir impuestos (Casado cuantifica sus bajadas en -16.000 millones y Vox quiere que los que ganan más de 60.000 euros paguen de IRPF el 22% en vez del 45% actual…). Si ganan y los bajan, sólo hay dos opciones: o consiguen ingresos por otros lados (tasas e impuestos indirectos, que se ven menos pero son más regresivos) o podrán gastar menos en todo lo que nos hace falta. Es lo que hay , porque los cuentos de la lechera (“bajo impuestos, crezco más y recaudo más”) son mentira, como ya vieron los norteamericanos con Reagan y Bush padre, responsables de gigantescos déficits (ver comentario). En el fondo, la ideología que defienden (neoliberalismo) es "menos Estado" y más iniciativa privada,  frente a los que defienden que el Estado "debe" compensar lo negativo del capitalismo, asegurando un crecimiento "inclusivo" para todos (socialdemocracia).

Si no hay mayorías claras tras las elecciones y tampoco pactos post-electorales para aumentar la recaudación y afrontar los grandes retos, la consecuencia es evidente: no se podrán resolver los grandes problemas de España, que seguirán enquistados y agravándose si el viento internacional nos sopla de frente. Hay problemas que son tan graves (paro, pensiones, jóvenes, sanidad, educación medio ambiente…) que lo verdaderamente “patriótico” sería sentarse y no levantarse hasta lograr un acuerdo para arreglarlos. Es lo que han hecho los políticos de Alemania durante décadas. Pero no parece que esto vaya a pasar aquí, donde cada vez hay más crispación y menos acuerdos, donde cada partido quiere imponer su visión al resto. Pero aquí estamos los ciudadanos y deberíamos forzarles a entenderse, por nuestro bien. Y si no, al menos, votemos para que haya una mayoría clara que pueda aprobar algunas medidas urgentes que la mayoría necesitamos.

lunes, 29 de enero de 2018

Los alquileres se disparan (y los desahucios)


Alquilar una vivienda, sobre todo en las grandes ciudades, es difícil y muy caro: los alquileres han subido una media del 18,4% en 2017, la mayor subida en once años. Y un alquiler medio en Madrid o Barcelona cuesta ya de 900 a 1.500 euros al mes. Un dinero que no puede pagar mucha gente, sobre todo los jóvenes, que en un 80% siguen viviendo con sus padres. Y por eso, se han disparado también los desahucios por impago de alquiler: se hacen 147 al día, la cuarta parte en Cataluña. Ahora, una moción en el Congreso pretende limitar los alquileres, como se hace en Berlín o Paris o como pretende hacer Cataluña. Pero la mejor solución sería crear un parque de viviendas públicas para alquilar, con autonomías y Ayuntamientos, como tienen otros países, hasta 500.000 en cinco años. Y aumentar las ayudas públicas al alquiler, recortadas por Rajoy. Con más oferta pública de alquileres baratos, bajarían los precios del alquiler privado. Seguro.


enrique ortega

España es un país de extremos y también en el alquiler. Si en 1970 vivían en alquiler más de un tercio de los españoles (el 36,6%), con la democracia y los años del ladrillo, a los españoles nos dio por ser propietarios, por comprar y no alquilar. Y en 2001 sólo vivían de alquiler el 11,3% de españoles, según el Censo. Pero luego, a partir de la crisis y el paro, muchos no podían pagar una hipoteca y volvieron a alquilar, hasta alcanzar hoy un 22.2% de españoles en alquiler, según el último dato de Eurostat (2016). Así que el alquiler ha vuelto y crece año tras año, aunque todavía somos el país de Europa con más propietarios, sólo por detrás de varios países de Europa del Este: hay un 77,8% de viviendas en propiedad, frente al 69,2% de media en Europa (UE-28), el 75,2% de Portugal, el 74% de Italia, el 64,9% de Francia, el 63,4% de Gran Bretaña o el 51,7% de casas en propiedad en Alemania, según Eurostat.

Tenemos todavía más viviendas en propiedad que Europa, pero el alquiler ha dado un gran salto en esta década. Baste decir que Madrid, con 375.000 familias en alquiler, es la tercera ciudad europea con más alquileres, tras Londres y Varsovia, y que Barcelona (con 200.000 alquileres) es la sexta. Y que los alquileres llevan tres años subiendo (2014 a 2017), más de un 30%, con lo que las grandes capitales tienen ya precios “europeos”. La fuerte demanda ha provocado una subida media de los alquileres del +18,4% en 2017, según el portal Idealista, subida que pisos.com rebaja al +13,8% y Fotocasa al +8,9%. Pero todos coinciden en que la subida de alquileres de 2017 es la mayor de los últimos 11 años. Y que aunque la subida se ha frenado algo en Madrid (+7,9% y Barcelona (+4%), hay 20 provincias donde el alquiler subió más del 10%, destacando Canarias (+27,8%), Girona (+20,5%), Tarragona (+17,6%), Palma (+16,2%), Málaga (+15,4%) y Sevilla (+15,4%).

Los alquileres están más caros en toda España, donde el precio medio es de 9,7 euros por metro cuadrado, según Idealista: 873 euros de alquiler por una casa de 90 m2. Pero hay 10 ciudades donde alquilar es mucho más caro, sobre todo Barcelona (17,5 euros/m2), Madrid (15,5 €/m2), San Sebastián (14,1 €/m2), Palma de Mallorca (12,2 €/m2), Bilbao (11,4  €/m2), las Palmas (10,6), Málaga (10), Álava (9,7), Girona (9,5) y Sevilla (9,2), según este mapa de precios de Idealista. Y eso son medias, porque en el centro y zonas turísticas de algunas capitales, el precio de los alquileres (si se encuentran) es aún mayor. Con ello, alquilar en una gran ciudad un piso de 60 metros cuadrados cuesta ahora entre 800 y 1.050 euros al mes. Y si tiene 90 metros, entre 1.080 y 1.575 euros al mes. Una barbaridad.

Los alquileres se han disparado no sólo por el aumento de la demanda, al mejorar el empleo y los ingresos de algunos españoles, sino también porque en 2016 y 2017 se han renovado contratos hechos durante la crisis (entre 2012 y 2014), con alquileres bajos, y ahora los propietarios han aprovechado para subirlos. Pero la razón principal de la subida de alquileres es que la vivienda se ha convertido en una inversión para muchos, particulares y empresas, que buscan rentabilizar su compra con un alquiler alto, ahora que pueden porque hay zonas donde faltan viviendas. Una buena parte de los propietarios son ahorradores que han dejado la Bolsa o los depósitos bancarios y han comprado uno o varios pisos para alquilarlos. De hecho, en 2017, la rentabilidad bruta de una vivienda para alquilar ha sido del 7,3%, similar a la de la Bolsa (7,4% de beneficio anual) y el triple que la rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años. Y antes, entre 2014 y 2016, la rentabilidad del alquiler ya había superado a la Bolsa. Así que muchos alquilan como inversión, sobre todo bancos, inmobiliarias, fondos y sociedades de inversión inmobiliaria (las SOCIMIs), que se han convertido ya en “los grandes caseros de España”, con más de 100.000 viviendas en alquiler como negocio boyante.

Y luego, el empujón final al alquiler se lo ha dado el turismo, con el auge de las plataformas que alquilan pisos turísticos por noches en las grandes ciudades, como Airbnb, HomeAway, Windu, House Trip, Only Apartments, Room4Exchange, BeMate o Niumba. Esto ha forzado la subida de todos los alquileres  en ciudades como Barcelona, San Sebastián, Palma de Mallorca, Madrid o Málaga, además de expulsar a vecinos e inquilinos a la periferia. No es casual que entre las 10 ciudades con los alquileres más caros, 8 sean ciudades turísticas.

Al final, entre la fuerte demanda, la revisión de alquileres, el negocio de particulares y empresas más el tirón de los apartamentos turísticos han disparado los alquileres, sobre todo en las zonas donde hay menos viviendas disponibles. Y también porque ahora hay más demanda, debido a que hay 2 millones de españoles más trabajando que en 2014. Y muchos de ellos, con sueldos bajos y empleos precarios, sólo pueden pensar en alquilar, no en comprar. El inquilino medio español es un hombre, treintañero, soltero (aunque mayoritariamente comparte piso, para poder pagarlo), con contrato indefinido, que trabaja en los servicios y gana unos 1.100 euros al mes, según el perfil de Alquiler seguro.

Aunque crecen los inquilinos, como también se ha encarecido el alquiler, crecen también los que no pueden pagarlo. Y por eso, todavía hay un 80% de jóvenes menores de 30 años que viven con sus padres, según el Instituto de la Juventud, frente a un 70% en Europa. Pero lo más preocupantes es que se han disparado los desahucios por alquiler, que son el 60% del total de desahucios (tercer trimestre 2017) y superan desde 2012 a los desahucios por impago de hipotecas: fueron 26.467 desahucios por impago de alquiler entre enero y septiembre de 2017, un 3% más que el año anterior, según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial. Son una media de 147 desahucios por alquiler cada día laborable. El problema se concentra sobre todo en Cataluña (el 23% del total), Andalucía (el 14%), Madrid (13,5%) y Comunidad Valenciana (11,5%). Y el problema se va a agravar todavía en 2018, porque este año llegarán los desahucios de los que no pudieron pagar el alquiler en 2017, porque hay un retraso medio de 347 días entre que un inquilino deja de pagar y un juez ordena el desalojo, según un estudio de Pluslegal Abogados.

Este año 2018 se espera que sigan subiendo los alquileres, otro 10%, por la fuerte demanda, que aumentará una vez que suban los tipos y las hipotecas, encareciendo la compra de pisos. Y el alquiler seguirá siendo una buena inversión, aunque los expertos creen que se producirá un trasvase de alquileres turísticos a alquileres “normales”, porque Hacienda y los Ayuntamientos están controlando más los alquileres turísticos y, dados los crecientes gastos de gestión que tienen sus propietarios, cada vez les rentan menos. De hecho, un propietario sólo ingresa más neto (descontando impuestos y gastos) por su piso si lo alquila a turistas cuando lo alquila más de 21 noches al mes (que son muchas), según Alquiler Seguro.

Aunque la demanda suba, cuanto más caros sean los alquileres habrá menos españoles que puedan pagarlos. Por un lado, los 3 millones de personas en pobreza extrema (Caritas) y los 3,6 millones de españoles en paro (EPA), dado que la mitad no cobran subsidio. Y luego, muchos de los que tienen trabajo, tampoco pueden pagar alquileres de 800 a 1.200 euros, porque el sueldo bruto medio en España es de 1.809 euros (1.450 euros netos), según el INE. Y menos los jóvenes, cuyo sueldo neto medio es de 690 euros. Así que la subida de alquileres agrava el problema de la vivienda para millones de españoles.

Podemos ha sido el grupo político que más se ha ocupado de este problema, apoyando el nacimiento de sindicatos de inquilinos (ya existen en Barcelona, Madrid y Gran Canaria) y  presentando una proposición no de Ley para “regular los alquileres abusivos”, proposición que el Congreso aprobó mayoritariamente (166 votos a favor, 155 en contra y 7 abstenciones) el 19 de septiembre de 2017. Luego, en enero de 2018, ha presentado una proposición de Ley similar, a la que el PSOE y los nacionalistas han prometido su apoyo. Pretende fijar por Ley un precio máximo a los alquileres, como ya se hace en Berlín y París, y ampliar la duración mínima del alquiler (de 3 a 5 años y 10 para sociedades) y obligar a bancos y Fondos de inversión a ceder sus pisos vacíos para ponerlos en alquiler, además de destinar más recursos públicos y créditos del ICO a crear un parque público de viviendas en alquiler.

La fijación de precios máximos para alquileres ya se hace en Berlín y París, aunque estos precios son indicativos, no obligatorios. En ambas capitales, se ha establecido un índice de alquileres, según zonas, tamaño y tipo de piso, que sirven como referencia a los jueces en caso de que un inquilino reclame. En París, el propietario no debe superar en un 20% ese índice de precios, porque entonces el inquilino puede reclamar. Y en Alemania, en 2015 se aprobó una Ley federal que prohíbe subir la renta un 10% por encima de los índices de alquileres que tienen vigentes más de 200 ciudades alemanas. Con esta filosofía, la Generalitat de Cataluña aprobó en junio de 2017 su Índice de referencia de precios de alquiler, que se aplica en 27 municipios catalanes y que cualquiera puede consultar online. El índice de alquiler no es de aplicación obligatoria, pero los propietarios que lo apliquen tendrán ventajas fiscales y ayudas. Mientras, el Ayuntamiento de Barcelona prepara su propio índice de alquileres, que tendrá en marcha antes del verano.

La idea puede ayudar a frenar las subidas más abusivas, pero el índice de alquileres sólo será algo orientativo, no se puede imponer a los propietarios, salvo que queramos cargarnos el mercado de alquileres. Por eso, hay que pensar, además, en otras medidas más eficaces. Por un lado, aumentar y mejorar las ayudas al alquiler para los que no pueden pagarlo. Y por otro, crear un gran parque de viviendas públicas para alquilar (como existen en toda Europa), a precios asequibles, que forzará a la baja, a medio plazo, a los alquileres privados.

El Gobierno Rajoy está retrasando la aprobación del nuevo Plan de vivienda 2018-2021, que debe contemplar ayudas al alquiler de viviendas. Mientras, en la prórroga del Plan actual (2013-2016), se contempla una ayuda del 40% del precio del alquiler, para 200.000 familias. Una ayuda muy poco útil, ya que sólo se contempla para alquileres de menos de 600 euros (en las grandes ciudades no hay) y se concede sólo a los más pobres de entre los pobres, a las familias que ingresan menos de 1.129 euros al mes (matrimonio y dos hijos). Son ayudas que se han revelado insuficientes y que dejan fuera a mucha gente, además de que se están pagando con mucho retraso (en enero de 2018, los primeros meses de 2017). Haría falta duplicar los beneficiarios (al menos 400.000 familias) y ayudar a alquileres más altos (Fomento dice que está pensando, para el nuevo Plan, en alquileres de 900 euros).

Pero siempre habrá familias y jóvenes que se queden fuera, porque ni con el 40% de ayuda pueden alquilar o porque no encuentran alquileres de menos de 900 euros. Para ellos hay que crear un parque de viviendas públicas en alquiler, promovidas por el Estado, las autonomías, los Ayuntamientos, Fundaciones, ONG y promotores que quieran entrar en este mercado (por las ayudas y créditos que reciben). Hoy por hoy, las ayudas del Plan de Vivienda 2013-2016 no han funcionado y apenas hay viviendas públicas para alquilar: no llegan al 2% del parque en España, frente a una media del 15% en Europa (y más del 20% en Francia, Reino Unido o Alemania). Baste decir que la ciudad de Berlín tiene un parque de 300.000 viviendas públicas para alquilar mientras Barcelona tiene 10.000 y Madrid 5.800.

El objetivo debería ser alcanzar un parque público de 500.000 viviendas para alquilar en 5 años (100.000 al año) y ofrecer dos tipos de alquileres públicos: un alquiler social de 150 a 250 euros al mes para los más pobres y otro alquiler subvencionado de 250 a 450 euros para las personas con bajos ingresos que no pueden pagar un alquiler de mercado. Este parque público de 500.000 viviendas para alquilar se puede conseguir incorporando las 15.000 viviendas protegidas (VPO) vacías, añadiendo las 76.000 viviendas del banco malo (SAREB), promoviendo 20.000 viviendas anuales desde autonomías y Ayuntamientos (costarían 1.000 millones extras al año) y comprando a precio razonable parte de las viviendas sin vender que tienen particulares y bancos (en España hay 485.502 viviendas en stock).

Aumentar las ayudas a los compradores y crear un gran parque público de viviendas en alquiler no sólo son medidas necesarias y eficaces, sino de justicia, porque España gasta mucho menos en vivienda (un 0,23% del PIB) que el resto de Europa (0,6% del PIB la UE-28 y el 1,6% Reino Unido). Así que debemos gastar más y se puede siempre que España recaude como el resto de Europa, reduciendo el fraude fiscal y haciendo que paguen más las grandes empresas, multinacionales y los más ricos, lo que permitiría recaudar 72.000 millones más al año. Y una parte de esos mayores ingresos deberían ir, además de al empleo, las pensiones, la educación, la sanidad o el gasto social, a la vivienda, una de las grandes preocupaciones de los españoles. Porque sin ayudas y sin viviendas públicas, muchos españoles y la mayoría de los jóvenes no podrán tener una vivienda, ni en propiedad ni en alquiler. Y menos con las fuertes subidas de los últimos años. Ahí están, esperando soluciones.