Para entender mejor el debate actual sobre Almaraz, conviene hacer primero un poco de historia. En la madrugada del 22 de marzo de 2019, las tres grandes eléctricas españolas (Iberdrola, Endesa y Naturgy) y la portuguesa EDP alcanzaban un difícil pacto para cerrar las 7 centrales nucleares de su propiedad: Almaraz I (1 noviembre 2027), Almaraz II (1 octubre 2028), Ascó (1 octubre 2030), Cofrentes (1 noviembre 2030), Ascó II (1 septiembre 2032), Vandellós II (1 febrero 2035) y Trillo (1 mayo 2035). El acuerdo fue posible tras la negociación días antes con la Empresa Nacional de Residuos (ENRESA), a la que arrancaron dos cesiones antes de acordar el cierre. Una, ampliar la vida de esas centrales (que debían cerrarse a partir de 2020) entre 7,5 y 10 años más (ver calendario). Y la otra, conseguir que la tasa nuclear (para pagar la gestión de residuos) subiera como máximo un 20% y no el doble que habría subido con el cierre.
Pero la consecuencia más grave es que la
prórroga mandaría un mensaje a los inversores: podrían prorrogarse también
las demás centrales nucleares (las eléctricas sólo esperan a pedirlo a un
cambio de Gobierno, aunque Ascó y Vandellós ya lo han "sugerido" estos días) y eso quitaría atractivo a invertir en energías
renovables, un sector que atrae hoy a Fondos e inversores de medio
mundo. Y un
sector que precisa cambios, para agilizar los proyectos
(hay demasiados paralizados en varias autonomías) y una normativa clara,
además de invertir
más en almacenamiento y en seguridad de redes (participando más en el
control de tensión del sistema), los dos grandes retos pendientes de las renovables
en España. Mientras, el Gobierno
ha anunciado esta semana un paquete de ayudas europeas de más de 800
millones para impulsar las renovables y la descarbonización de la
industria.