Más subsidio para más parados

La primera medida económica de calado aprobada por el nuevo Gobierno Sánchez ha sido la reforma del desempleo, que hoy cobran sólo 2 de cada 3 parados registrados (1 millón de parados no cobran nada). El objetivo de esta reforma, exigida por Bruselas y que entrará en vigor el 1 de junio, es doble. Por un lado, que el subsidio de paro llegue a 425.000 desempleados más y que cobren algo más (entre 570  a 540 euros el primer año, frente a 480 hoy), porque la mitad de los parados son “pobres”. El otro objetivo es conseguir un mayor compromiso (y control) de los parados en la búsqueda de empleo, ayudándoles con asesoramiento personalizado. Es un avance, pero la clave es conseguir que las oficinas de empleo (hoy inútiles, salvo para papeleos) ayuden a los parados a encontrar trabajo, con tutorías y formación, sobre todo para los mayores de 50 años, que hoy no encuentran empleo y malviven con los subsidios. Políticas activas de empleo y no limosnas. 

 

                 Enrique Ortega

Empecemos por ver cuántas personas cobran hoy el desempleo. En octubre (último dato de Trabajo), cobraban alguna ayuda 1.736.502 parados, el 62,9% de los parados registrados en las oficinas de empleo (2.759.404 parados inscritos en octubre). Eso significa que 1 millón de parados registrados como tales (exactamente 1.022.902) no cobran ninguna ayuda, porque se les ha acabado el paro o porque no tienen derecho por no haber cotizado suficiente. Y si lo comparamos con las personas que se consideran paradas, según la EPA, 2.855.200 a finales de septiembre (hay 95.796 parados que no se han registrado en el SEPE), resulta que hay 1.118.698 personas que dicen estar en paro y no cobran ningún subsidio. 

Volviendo a esos 1.736.502 parados registrados que sí cobran ayuda, hay dos tipos de subsidios. Menos de la mitad de los parados, 772.852 desempleados (el 44,5% de todos los beneficiarios) cobran un subsidio contributivo, cuyo importe tiene que ver con el tiempo que ha trabajado y cotizado (se exigen 360 días de cotización en los últimos 6 años) y con su sueldo (reciben el 70% de la base reguladora los primeros 6 meses y el 50% después). Y se cobra entre 4 meses (si ha cotizado menos de 539 días) y un máximo de 2 años (para los que han cotizado 720 días). En octubre, el importe medio que cobraban esos 772.852 parados con prestación contributiva era de 974,20 euros mensuales.

Y luego están la otra mitad larga de parados, 963.650 desempleados (el 55,5% del total que cobran algo) que reciben el subsidio asistencial, una ayuda para los que ya no tienen derecho a la prestación contributiva, porque se les ha acabado o no cotizaron lo suficiente (710.622 en octubre) o son eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura (158.552 parados más) o han agotado todas las prestaciones (renta mínima de inserción: 94.476 parados la recibían en octubre). El importe de este subsidio, que ya no tiene que ver con el tiempo cotizado, es igual para todos y se fija cada año, en un 80% del IPREM (un indicador público de referencia para ayudas y subvenciones): en 2023 es de 480 euros, lo que cobran de subsidio asistencial esos 963.500 parados. Y este subsidio asistencial (no el contributivo) es el que contempla la reforma aprobada la semana pasada.

¿Quién cobra este subsidio asistencial de 480 euros?  La mayoría son parados de más de 52 años (433.691 parados, el 44,65% del total), que cobran esta prestación mensual hasta que alcanzan su edad legal de jubilación (66 años y 4 meses o 65 años si ha cotizado suficiente). Otro grupo importante, según los datos del SEPE,  son los parados que han agotado su prestación contributiva (136.785 parados, el 14,8% de los subsidios asistenciales). Y les siguen los parados que han cotizado menos de lo exigido para tener una prestación contributiva (120.766 parados, el 10,07% del total). Luego están los trabajadores eventuales del campo de Andalucía y Extremadura, que cobran la renta agraria (74.518) o el subsidio agrario (82.024 parados), que exige menos requisitos. Y quedan los 97.874 parados (10,07% de los subsidios asistenciales) que cobran la renta activa de inserción, una última oportunidad de cobrar algo para los que han perdido todos los subsidios.

Todos estos colectivos cobran esos 480 euros al mes durante 6 meses, aunque puede extenderse hasta 30 meses a los parados mayores de 45 años con cargas familiares (los mayores de 52 años, cobran el subsidio hasta que se jubilan). Según los datos del SEPE, el 55% de los parados que cobran estos subsidios asistenciales son mujeres, el 68% tienen más de 50 años y el 92% son españoles (sólo un 8% son extranjeros). Y por regiones, la mayoría de los que cobran el subsidio viven en Andalucía (496.691 subsidiados, el 8,20% de sus activos), seguidos de Cataluña (228.093 subsidiados, el 2,4% de sus activos), Comunidad Valenciana  (200.486 subsidiados, el 4,1% de sus activos), Madrid (173.512 subsidiados, el 1,9% de sus activos), Canarias (95.586 subsidiados, el 4,8% de sus activos), Galicia  (81.824 subsidiados) y Extremadura (71.686 subsidiados, el 10,4% de sus activos).

El primer problema que tiene este subsidio de desempleo es que 1 millón largo de parados registrados no cobra nada y que la mayoría de los que sí cobran, esos 963.650 parados que tienen un subsidio asistencial sólo reciben 480 euros mensuales. Eso les lleva a una situación de marginalidad: el 41,7% de los parados están (2022) en una situación de “pobreza” (ganan menos del 60% de la media del país), el doble que la media de españoles (20,4% son  oficialmente “pobres”), según la Red Europea de lucha contra la pobreza (EAPN). El segundo problema, es que muchos parados llevan años en el desempleo, un pozo del que no salen: el 39,67% de todos los parados (1.132.700) llevan más de 1 año sin trabajo, según la EPA. Y la mayoría de los parados con más de 50 años no encuentra trabajo nunca.

La reforma aprobada el pasado martes por el Gobierno y pactada antes con Bruselas (para recibir la 4ª entrega de Fondos europeos, 10.021 millones solicitados el miércoles pasado) busca abordar esos 2 problemas de fondo del desempleo en España: que cobren más subsidio más parados y tratar de sacarles del desempleo, con más exigencias para que sigan cobrando y con más ayudas para recolocarles. Trabajo (Yolanda Díaz) ha hecho más hincapié en mejorar las ayudas y la vicepresidenta económica (Nadia Calviño) se ha preocupado más por exigir una actitud más activa a los parados para buscar trabajo y ayudarles más a recolocarse. Al final, la reforma aprobada es un pacto entre ambas.

El primer objetivo de esta reforma de los subsidios de desempleo (la prestación contributiva no se toca) es ampliar el número de beneficiarios y aumentar lo que cobran. Para ello, se incluyen en este subsidio a 3 colectivos que ahora no cobraban nada, 425.000 nuevos beneficiarios: 150.000 parados menores de 45 años sin cargas familiares (recibirán 6 meses de subsidio, siempre que hayan cotizado 3 años, periodo que los sindicatos ven “excesivo”), 250.000 eventuales agrarios de toda España (ahora sólo tienen derecho los de Andalucía y Extremadura) y otros 25.000 que son trabajadores “transfronterizos” (marroquíes) en Ceuta y Melilla. Ellos, y los 963.650 parados que hoy cobran el subsidio asistencial recibirán una ayuda mayor: los 480 euros actuales subirán a 570 euros los primeros 6 meses, bajarán a 540 euros los 6 siguientes y volverán a 480 euros los 18 meses restantes (el máximo son 30 meses, según edad, circunstancias familiares y duración de la prestación). Sólo los mayores de 52 años seguirán cobrando hasta jubilarse los 480 euros actuales.

Con la reforma, el subsidio asistencial se simplifica y sólo habrá 2 motivos para cobrarlo. Uno, haber agotado la prestación contributiva o no haber cotizado suficiente para recibirla. Y el otro, ser mayor de 52 años y estar en paro. Para el resto, los que agoten esta prestación contributiva, se abre una “pasarela” para que accedan a cobrar el ingreso mínimo vital (IMV), ya fuera del desempleo. Otra novedad es que se acelera el cobro del subsidio: ya no habrá un mes de espera sin cobrarlo, se recibirá desde que se conceda.

El segundo objetivo de esta reforma es conseguir que los parados encuentren empleo, facilitar y promover que lo busquen y encuentren. La primera medida es permitir cobrar este subsidio y trabajar durante menos de 6 meses, algo ahora incompatible. Eso provoca que haya parados que rechacen hoy un trabajo de temporada (verano o Navidad) porque tienen que renunciar al subsidio y lo que ganan no les compensa perderlo. Esto debería facilitar que los parados acepten trabajos y que las empresas los “prueben”.  Sólo se ponen dos salvaguardas, para evitar fraudes: que no pueden hacerlo empresas con un ERE y que una empresa no puede contratar a un parado que haya trabajado con ella el año anterior.

Otra medida para incentivar a los parados a buscar y aceptar trabajo es que se les va a exigir ahora la firma de un “acuerdo de actividad”, a cambio de cobrar el subsidio: se trata de una serie de obligaciones que ha de cumplir el parado para mejorar su empleabilidad. No sólo tendrá que demostrar cada año sus ingresos (con la declaración del IRPF), sino que tendrá que actualizar su situación, hacer los cursos y la adaptación que se le exija y justificar los trabajos que rechace. Todo ello supondrá un mayor control del parado, ya no renovará sin más su demanda para cobrar, como ahora. Y si incumple, perderá el subsidio de desempleo.

La clave del éxito de esta reforma no está en el Real Decreto Ley aprobado la semana pasada, que entrará en vigor el 1 de junio de 2024 (para nuevas cuantías, beneficiarios y requisitos), el tiempo que necesitan las oficinas de empleo para adaptarse. Lo decisivo será la aplicación de la Ley de Empleo, aprobada en febrero de 2023, que pretende conseguir una tutoría personalizada de todos los parados: que las oficinas de empleo tengan un análisis laboral de cada parado y lo ayuden a colocarse, con políticas específicas para cada grupo o colectivo. Se busca que las oficinas de empleo dejen de ocuparse de la burocracia de los subsidios (ahora más simples) y se dediquen a asesorar a cada uno de los parados a salir del paro. Un dato de su ineficacia: en la última década, las oficinas de empleo (SEPE) sólo han intermediado en un 2% de los contratos conseguidos por los parados, según Trabajo. Ahora, el compromiso que se fija la Ley de Empleo es hacer un seguimiento personalizado de cada parado a lo largo de 2024.

En paralelo al Real Decreto de reforma del subsidio de desempleo, el Gobierno se ha comprometido a elaborar en 6 meses (para junio de 2024), con sindicatos y patronal,  una Estrategia para reducir el paro de larga duración, “dar una salida” a esos 1.132.700 parados que llevan más de 1 año sin trabajar, la mayoría mayores de 45 años (el 79% del total). Para conseguirlo, plantea elaborar en 2024 una herramienta que permita  a estos “parados difíciles” acceder a oportunidades de empleo, emprendimiento o formación.

La reforma a fondo del desempleo es clave para un país como España, que tiene el doble de paro que Europa (12% de la población activa frente al 6% la UE-27 y el 3,1% en Alemania, según Eurostat). La derecha y una buena parte de los empresarios siempre han pensado que muchos parados “no quieren trabajar” y prefieren “vivir del paro” (es falso: el 80% de los parados no agotan su prestación, según Yolanda Díaz). Por esa actitud "condenatoria", han defendido siempre  recortes en el seguro de desempleo. El más drástico es el que hizo Rajoy en 2013, recortando la protección, subiendo el subsidio hasta la jubilación de 52 a 55 años  y bajando la cotización pública por los parados (al 80%). Con ello, la cobertura de parados con alguna ayuda se desplomó, del 70,7% que cobraban algo en 2011 al 61,44% en diciembre de 2013, el 54,87% en 2015 y el 56% en mayo de 2018, antes de irse de la Moncloa. El primer Gobierno Sánchez aumentó la cobertura, que ahora está en el 67% (bruta). Y además, como en estos 5 años se han creado 1.738.000 empleos netos, ha aumentado la recaudación de cotizaciones para el desempleo. Y así, hoy tenemos más parados cobrando más (entre 2013 y 2017, el paro asistencial se estancó en 426 euros mensuales) pero, además, el sistema tiene un superávit de +5.700 millones, mientras con Rajoy tenía un déficit de -66.000 millones, según señaló Yolanda Díaz tras el Consejo de Ministros.

Pero seguimos teniendo un problema: España gasta mucho en subsidios a los parados (21.287 millones gastaremos este año 2023) y poco en ayudarles a encontrar trabajo (8.029 millones en 2023, aunque es el doble que en 2014). Por eso, muchos expertos creen que hay que apostar más por las “políticas activas de empleo”, por gastar más en formar y recolocar a los parados, para tener menos parados y gastar menos en subsidios. Y no sólo se trata de gastar más en incentivar la contratación de los parados, sino hacerlo de otra manera, porque hoy el 30% de los incentivos son para rebajar cotizaciones a los parados que se contratan y todo indica que es poco eficaz, que las empresas los contratarían igual y lo consideran una subvención encubierta, no un incentivo real a su contratación.

Por ello, hay que avanzar en “políticas activas” de empleo eficaces, por 3 caminos: orientar a los parados para ayudarles a buscar trabajo (sobre todo a los mayores y a los colectivos con más problemas para recolocarse), planes de formación para parados ligados a lo que demandan las empresas (que se quejan de que “no encuentran trabajadores”) y una mayor información de la demanda y oferta real de empleo, dinamizando la web de la SEPE (que solo tiene 71.753 empresas registradas, 685.304 demandantes y 51.265 ofertas de empleo). Eso exige destinar más recursos a las futuras oficinas de empleo (Agencia Pública de Empleo), sobre todo contratar personal especializado (como el de las ETTs), dado que tienen muy poco personal (8.000 empleados y necesitarían 3.500 más), demasiado mayor y poco formado para ayudar a recolocar a los parados. Y sobre todo, una mayor coordinación entre autonomías, porque la gestión del desempleo está en sus manos y cada una tiene una política distinta para gestionar los fondos estatales para políticas activas de empleo.

En resumen, que el Gobierno Sánchez ha dado un paso importante para intentar reformar el desempleo, para que los parados sean “menos pobres”, pero la clave sigue estando en conseguir que los 2.855.200 parados actuales encuentren un empleo. Y eso exige más recursos y más personal para reorientarles, formarles y ayudarles a colocarse. Es nuestra gran asignatura pendiente.

Parados de larga duración: sin salida

El paro volvió a bajar en noviembre y ya llevamos 7 meses (desde mayo) con menos de 3 millones de parados en España. Pero todavía tenemos más del doble de paro (12,5%) que la media europea (6%) y cuatro veces el de Alemania (3%). Lo peor es que el paro se ha hecho “crónico”: 4 de cada 10 parados (1.256.600) llevan más de un año sin encontrar trabajo y la mitad de ellos (600.000 parados) llevan más de 4 años sin poder trabajar. Su problema es que tienen poca formación y, sobre todo su edad: el 52,5% de los parados de larga duración tienen más de 45 años. Y las empresas no quieren contratarlos, con lo que sólo les queda estar en paro hasta la jubilación, cobrando un desempleo de 463 euros (si cumplen los requisitos). Un “agujero” que les lleva a la pobreza y la depresión. Urge aprobar un Plan de choque para ayudarlos a formarse y encontrar trabajo. Hay que darles una salida.

Enrique Ortega

El paro sigue bajando, aunque menos de lo que mejora el empleo, porque aumentan los españoles que se animan a buscar trabajo (sobre todo, mujeres y jóvenes). En noviembre, la cifra de parados registrados en las oficinas de empleo bajó a 2.881.380 desempleados, el dato más bajo en ese mes desde 2007 y 282.225 parados menos que antes de la pandemia (diciembre 2019), según Trabajo. Con ello, son ya 7 meses consecutivos (mayo el primero) en que el número de parados registrados baja de los 3 millones en España. Pero no hay que echar las campanas al vuelo, porque todavía tenemos una tasa de paro (12,5% de la población activa) que duplica la tasa europea (6% de paro en la UE-27) y que cuadruplica la tasa alemana (3% de paro), superando también con creces el paro de Italia (7,8%), Francia (7,1%) o Portugal (6,1%), según el último dato de Eurostat. Y de todos los parados en la Unión Europea (12.953.000), casi la cuarta parte son españoles.

Pero lo peor es que el paro en España se está haciendo “crónico”, estructural: baja desde 2013 (5 millones de parados registrados en marzo), pero sigue habiendo muchos parados que no encuentran empleo, que llevan más de un año en desempleo: son los llamados “parados de larga duración”, una cifra que no baja del millón de parados desde hace 14 años, desde 2009. Ese año, con el inicio de la crisis financiera, había 1.499.300 parados de larga duración (más de 1 año buscando trabajo), el 34,58% del total de parados (4.375.000). La cifra de estos parados “crónicos” aumentó en 2010, 2011 y 2012, alcanzando su récord a finales de 2013: 3.604.700 parados de larga duración, el 60,73% del total (5.935.600 parados EPA). Y a partir de ahí, el paro empezó a bajar y también los parados de larga duración, hasta quedar por debajo de los 2  millones en 2017 (1.899.600, el 50,43% de todos los parados) y un mínimo de 1.387.000 parados de larga duración (el 43,5% del total) a finales de 2019, antes de la pandemia. Luego, el paro ha seguido bajando, pero el paro de larga duración ha bajado menos y la cifra es muy alta: 1.256.600 parados en septiembre 2022 (EPA), un 42,16% de todos los parados, una pequeña bajada sobre 2019 (43,5%) pero un porcentaje mayor de paro estructural del que había en 2009 (34,58%).

El paro de larga duración significa que 4 de cada 10 parados lleva más de un año en el paro, sin encontrar trabajo. De hecho, de los 1.256.600 parados “crónicos”, 450.300 llevan sin trabajo entre 1 y 2 años y otros 851.300 llevan parados más de 2 años, según el INE. Y de ellos, unos 600.000 parados llevan sin trabajar más de 4 años, según denuncia UGT. Eso coloca a España como el país con más parados de larga duración en Europa (42,16%), sólo por detrás de Grecia y por delante de Italia y la eurozona (36%), duplicando la tasa de paro de larga duración de la OCDE (28,4%). Así que no solamente tenemos más paro que los demás paises, también tenemos más parados que están mucho tiempo sin encontrar trabajo.

Del total de parados de larga duración en España (1.256.600 en septiembre, el 42,16% del total), la mayoría son mujeres (702.500 paradas, el 44,4% de todas las mujeres desempleadas) y menos de la mitad son hombres (554.300 parados, el 38,5% de los hombres desempleados). El problema se da sobre todo entre los parados mayores de 60 años (el 65,45% de los parados con esa edad llevan más de 1 año sin trabajo) y entre los que tienen entre 50 y 59 años (el 54,9% llevan parados más de un año), bajando el porcentaje entre los parados de 25 a 49 años (el 38% llevan parados más de un año) y sobre todo entre los más jóvenes (de los parados menores de 25 años, sólo el 25,55% llevan parados más de un año). Y por autonomías, donde hay más parados de larga duración es en Canarias (el 50,5% de todos sus desempleados llevan en paro más de 1 año), Madrid (48,4% de paro de larga duración), Castilla la Mancha (42,7%), Comunidad Valenciana (42,6%), Andalucía (42,3%) y Galicia (42%), según los datos que aporta la última EPA (INE).

¿Qué lleva a un parado a estar mucho tiempo en el desempleo? Básicamente, hay dos causas. Una, su baja formación. Del total de parados (2.980.200 en septiembre, según la última EPA), el 47,5% (1.415.300 parados) sólo tienen una “baja formación” (la ESO o menos). Y entre los parados que llevan más de un año sin trabajar (paro de larga duración), los “poco formados” (ESO o menos) suben hasta el 76%  del total. La otra causa, más decisiva aún, es la edad: el 40% de todos los parados de larga duración tienen más de 50 años. Y si rebajamos la edad, resulta que más de la mitad de los parados de larga duración (659.800, el 52,5% del total) tienen más de 45 años, según la EPA (INE).

Es lo que se llama “edadismo”, la discriminación laboral a los mayores, que se resume en este dato: de los más de 10 millones de españoles con más de 55 años, sólo 4 millones trabajan (el resto están “inactivos”, la mayoría, o parados). El problema es que las empresas no quieren contratar a mayores, antes a mayores de 55 años y ahora ya a mayores de 45 años. Lo sabemos todos, pero lo confirmaba una Encuesta de la Fundación Adecco, ya en 2019: el 83% de los responsables de Recursos Humanos de las empresas admitían que “no habían contratado a nadie con más de 55 años en el último año”. Varios son los prejuicios habituales de las empresas para no contratar “mayores”: que son más caros, poco flexibles y que se han quedado obsoletos, sobre todo digitalmente, obviando que los “seniors” aportan a una empresa experiencia, seriedad y compromiso.

La realidad es que los mayores tienen más dificultad para salir de las listas del paro, como demuestran las estadísticas del desempleo. Si el paro ha bajado en -282.225 desempleados desde finales de 2019 (antes de la pandemia), el paro de los mayores de 45 años sólo se ha reducido en -24.897 desempleados, el 8,6% de la mejoría total, según los datos de Trabajo. Y lo peor: si en 2019, los parados con más de 45 años (1.636.424) eran el 51,73% del total, ahora, en noviembre de 2022 (1.611.527), son el 55,92% de todos los parados. El peso de los mayores ha aumentado en las listas del paro.

Estos parados de larga duración, la mitad mayores de 45 años, tienen más difícil colocarse cada mes que pasa: con menos de 1 año en paro, se colocan el 37%, estando entre 2 y 3 años ya sólo se recoloca el 11% y a partir de los 4 años en el paro (recordemos que hay 600.000 parados en esta situación), su posibilidad de trabajar baja al 5%. Esto explica la grave situación del parado de larga duración: acaba no teniendo salida, condenado al desempleo crónico  hasta que se jubile. Los parados que tienen menos de 52 años, cobran el subsidio de desempleo  hasta que se les acaba, lo que explica que el 40,4% de los parados no cobren ningún subsidio, según la última EPA de septiembre. Y los parados con más de 52 años pueden “engancharse” al subsidio hasta que se jubilen, pero no todos, sólo los que cumplen los requisitos exigidos: 6 años cotizando, estar inscrito en las oficinas del SEPE y no tener más de 750 euros mensuales de ingresos. Al final, para cobrar 463 euros mensuales (480 en 2023) hasta que se jubilen, un subsidio que reciben hoy la mayoría de los 650.782 parados de más de 55 años que cobran el desempleo, según el SEPE.

Con este mínimo subsidio asistencial  o con el subsidio contributivo (903 euros al mes en octubre), los parados de larga duración están condenados a la pobreza. De hecho, los parados ya son el colectivo con más pobreza en España: un 41,5% estaban en situación de pobreza y exclusión social en 2021, el doble que el conjunto de la población (20,4% son pobres), según el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN). La otra consecuencia del elevado paro de larga duración son los problemas de salud mental: hace años ya que los estudios médicos alertan de un aumento de la depresión entre los parados “crónicos”, advirtiendo que su situación genera “problemas de aislamiento, estrés económico, autocondena y sensación de inutilidad”, con graves consecuencias mentales y riesgo de suicidio.

¿Qué se puede hacer? La Comisión Europea y otros organismos internacionales llevan años pidiendo a España que gaste más y mejor en políticas activas de empleo, desde incentivos a la contratación a la mejora de la formación de los parados, en especial los parados de larga duración. Tal es así que Bruselas ha incluido las políticas activas de empleo como una de las reformas que exige a España para recibir los Fondos del Plan de Recuperación. El Gobierno Sánchez ha tomado nota, actuando por dos vías: aumentando los recursos públicos para las políticas activas de empleo (6.423 millones en 2022, frente a 5.700 en 2018) y aprobando, en junio de 2022, una Ley de Empleo, cuyas enmiendas se debaten ahora en el Congreso y que debe aprobarse este año para cumplir con la UE.

Esta Ley de Empleo pretende modernizar las políticas activas de empleo, con una reforma del sistema de incentivos a la contratación y a la formación, en colaboración con autonomías y ayuntamientos. Pero la Ley ha sido muy duramente criticada, primero por el Consejo Económico y Social (CES) y luego por los sindicatos y la patronal, que la consideran “insuficiente”, porque no asegura la financiación de los programas ni su control, no reformando a fondo las políticas de empleo ni las oficinas de empleo (faltas de personal y medios), que en 6 meses pasarán a ser la base de una nueva Agencia Española del Empleo. La crítica básica es que la Ley promete una atención personalizada a los parados (en un mes) y ayuda para insertarlos en el mercado laboral, pero sin concretar medios y financiación.

Los sindicatos reiteran la necesidad de que las oficinas de empleo sean útiles, dado que el 94% de los parados de larga duración “jamás han recibido una oferta de empleo del SEPE”, según UGT. Y la patronal quiere que estas oficinas colaboren más con las ETTs y agencias de colocación privadas, porque “es más barato gastarse en recolocar a los parados que pagarles 1 año de desempleo”. Y se quejan de que las ayudas públicas a los parados (desde el subsidio de paro a las rentas mínimas o el ingreso mínimo vital) “desincentiven la búsqueda de empleo” y piden que cobrarlas esté ligado a no poder rechazar más de 2 empleos.

Al final, entre las noticias de que mejora el empleo y baja el paro (que son verdad) se pierde el hecho de que muchos parados no notan esta mejoría y siguen sin trabajo años después de haberlo perdido. Una situación de “paro crónico” que afecta especialmente a los mayores de 45 años, que encuentran pocos trabajos y se ven obligados a estar en el paro hasta la jubilación, malviviendo y entrando en depresión. Urge aprobar un Plan de choque, con medidas concretas para incentivar la contratación de estos parados de larga duración y mejorar su formación para que resulte más fácil colocarles. Y todo ello, modernizando de una vez las oficinas de empleo, totalmente ineficaces y que sólo sirven para canalizar subsidios, más costosos que recolocar parados. Es hora de “dar una salida” a estos 1.256.600 parados crónicos, mayores sobre todo, que siguen ahí, marginados tras las tres últimas crisis.

¿Faltan trabajadores?

Algunos empresarios se quejan de que no encuentran trabajadores: peones de la construcción, camioneros, camareros y personal de hoteles o temporeros del campo. No pasa sólo en España, también en Reino Unido, resto de Europa y Estados Unidos. El presidente Biden dio la solución: “páguenles más”. Y se sumó Yolanda Díaz. Suena muy “progre”, pero los salarios son sólo parte de la solución: también hay que ofrecer contratos “decentes”. Pero sobre todo, faltan trabajadores en muchos puestos porque no hay suficiente personal formado: encofradores, electricistas, gruistas, cocineros, conductores de maquinaria, ingenieros agrónomos y, principalmente, especialistas en medio ambiente, informática, digitalización y nuevas tecnologías (faltan 100.000 empleos digitales). El problema de fondo es que tenemos una educación ineficaz, desde la escuela a la Universidad, con adultos poco formados (el 37% frente al 17% en Europa). Y que las empresas gastan poco y mal en formar a sus trabajadores. No basta con pagar más. El gran reto es educar y formar en los empleos con futuro.

Enrique Ortega

El empleo lleva creciendo 15 meses, desde junio de 2020, tras lo peor de la pandemia: se han creado 1.423.800 nuevos empleos en España, según la última EPA (septiembre 2021). Pero aún así, hay muchos empresarios que se quejan: podrían crear más empleos, pero no encuentran los trabajadores que buscan. Sobre todo en la construcción (la patronal CNC dice que faltan 700.000 trabajadores para cubrir las inversiones contempladas en el Plan de recuperación), en el transporte (la patronal Fenadismer habla de un déficit de 10.000 a 15.000 camioneros en España), en la hostelería y el turismo (desde camareros a limpiadoras y personal de habitaciones) y en el campo (temporeros). También en el resto de Europa se quejan de que faltan camioneros y otros trabajadores, igual que en EEUU, donde faltan estibadores en los puertos, camioneros y trabajadores no cualificados.

Este déficit de empleos se refleja en las estadísticas. En España, la cifra de “vacantes” (puestos que no encuentran quien lo ocupe) ha subido mucho tras la pandemia: eran 74.346 vacantes en junio de 2020 (107.531 un año antes) y 119.202 vacantes en junio 2021, la cifra más alta de empleos sin ocupar de la última década, según los últimos datos del INE. La cifra no es muy importante en la construcción (6.575), a pesar de lo que dice la patronal, tampoco en la industria (7.033), pero sí en los servicios (105.605 vacantes en junio 2021), por los puestos sin cubrir en el comercio (12.692), la sanidad (9.292), la hostelería (8.170) y el transporte (3.208 vacantes). La mitad de estas vacantes se da en empresas muy pequeñas, de menos de 4 trabajadores (56.407) y sólo un tercio en las grandes (36.980). Y las vacantes se concentran en Cataluña (27.917), Madrid (27.001), Andalucía (16.561), Comunidad Valenciana (12.788) y Castilla y León (5.663), siendo mínimas en el resto del país.

Con todo, España está a la cola de Europa en empleos vacantes, lo que parece lógico cuando tenemos el doble de paro que el resto del continente: tenemos un 0,8% de empleos por cubrir, la tercera cifra más baja de Europa (tras el 0,3% de Grecia y el 0,8% de Rumanía), frente al 2,2% de empleos vacantes en la UE-27, el 1,9% en Francia o Italia y el 2,9% de empleos vacantes en Alemania, según los últimos datos de Eurostat (junio 2021). En Reino Unido hay 1,10 millones de empleos vacantes, un 3,4% de los empleos. Y en EEUU tenían 9,3 millones de empleos vacantes en junio pasado, el 6,2% de los empleos.  

¿Qué está pasando para que aumenten los empleos sin cubrir?  Hay varias causas. La primera, que la pandemia ha frenado la inmigración en todos los paises, también en España: sólo 149.011 extranjeros se sumaron al Censo en 2020, menos de la mitad de los extranjeros censados en 2019 (+395.168). Y muchos de estos inmigrantes son los que trabajan en el campo (temporeros), la construcción, la hostelería y el turismo. Otro factor es que muchos de los que han sido despedidos durante la pandemia, en la construcción, la hostelería y el campo, no quieren volver a trabajar en esas empresas, porque saben que son empleos muy precarios. Y algunos ya salieron de la construcción en la crisis de 2008 para pasar ahora a la hostelería y salir con la pandemia, así que están “doblemente escaldados”: intentan trabajar “en otra cosa”. Y además, las empresas ahora, que no tienen claro el futuro y están también escaldadas de esta nueva crisis, ofrecen contratos muy precarios y salarios muy bajos. Sobre todo a trabajadores no cualificados de la construcción, el campo y los servicios.

Por eso, en junio, el presidente Joe Biden dio “la solución” a los empresarios norteamericanos que se quejaban de que no encontraban trabajadores: “Páguenlos más” (“Pay them more”). Y después le copiaron el ministro francés de Economía y la ministra Yolanda Díaz: “Páguenles más”.  Suena muy “progre” y realista (el salario hora en España es de 22,8 euros, un 20% inferior a los 28,5 euros de media en Europa y un 38% inferior a los 36,6 euros por hora que cobran en Alemania, según Eurostat), pero es sólo una parte del problema. Porque muchos de estos trabajos donde hay vacantes no sólo tienen sueldos mínimos sino también unas condiciones de trabajo muy precarias: contratos basura (por días y hasta por horas) y horarios infinitos (camioneros, hostelería o comercio), sin derechos.

Así que con contratos “decentes”, mejores condiciones de trabajo y mayores sueldos podríamos resolver una parte del problema, encontrar trabajadores para los empleos que no requieren cualificación. Pero la mayor parte de los empleos vacantes son empleos que sí requieren alguna cualificación. Algunos, una cualificación media, por ejemplo en construcción: faltan “caravisteros” (ponen ladrillos en fachadas) y “tabiqueros” (ladrillos en interiores), que ganan más de 50.000 euros al año, encofradores, ferrallistas, electricistas, fontaneros y operadores de grúa, empleos especializados. Y en transporte, operadores de algunos vehículos especiales y en logística. Y en hostelería, cocineros. Todo ello exige potenciar la figura del aprendiz y los cursos de Formación Profesional (FP).

Pero la mayoría de empleos vacantes y más en el futuro, son empleos que exigen una mayor especialización y formación, como los 100.000 empleos digitales que faltan en España, según la patronal DigitalES. Y lo mismo en sectores de futuro como la informática, la gestión de datos o las energías alternativas y el medio ambiente. Incluso en el campo, hay un déficit de ingenieros agrónomos (en Cataluña, por ejemplo, salen 20 licenciados al año frente a 150 que se demandan). Es aquí, en las profesiones más demandadas, donde 6 de cada 10 empresas tienen dificultades para encontrar trabajadores, según Manpower: analistas de datos, expertos en ciberseguridad e inteligencia artificial, digitalización y robótica, desarrolladores de software, consultores TIC, especialistas en redes, diseñadores de producto, analistas varios y todos los expertos en energías alternativas y medio ambiente. Y ya hoy, las empresas ofrecen más empleos a los que tienen FP que a los universitarios.

La solución a la falta de trabajadores no está sólo en ofrecer mejores sueldos y contratos. Hay que apostar por tener trabajadores mejor formados y cualificados en los empleos del futuro. Y aquí, España tiene “un grave hándicap de partida”, del que no hablan ni políticos ni empresarios: tenemos un país con poca formación. Un 37,1% de los adultos (25-64 años) españoles  tienen “baja formación” (ESO o menos), el doble que la media europea (17,1% de los adultos) y casi el triple que Alemania (sólo 13,9% adultos poco formados), según el Informe de la Educación OCDE 2021 Y sólo tenemos un 23,2% de la población adulta con formación media (Bachillerato o FP), la más demandada, frente al 46% de los adultos en Europa y el 55% en Alemania. Eso sí, tenemos más universitarios que la media europea (39,7% de nuestros adultos frente a al 37,6% en la UE y el 31,3% en Alemania), pero un tercio de nuestros universitarios están subempleados (poniendo copas o de cajera en un súper).

Y si nos fijamos sólo en la formación de los jóvenes (25 a 34 años), el problema persiste, aunque mejora ligeramente: tenemos un 28,3% de jóvenes con poca formación (ESO o menos) frente al 12,3% en Europa, debido sobre todo a la lacra del “abandono escolar temprano” (16% en España, el 2º país peor de la UE, tras Malta, frente al 9,9% en la UE-27). Y sólo un 24,3% con formación media (Bachillerato o FP) frente al 43,1% en Europa, según el mismo Informe de la OCDE. Y en este grupo, sólo un 36% estudian Formación Profesional (FP), mientras lo hacen el 43% de los jóvenes en Europa, el 45% en Alemania, el 55% en Italia o el 65% en Reino Unido. Eso sí, tenemos más jóvenes universitarios (47,4% del total frente al 44,5% en la UE-27), aunque dos tercios de ellos no encuentren “trabajo de lo suyo” y estén subempleados o parados (el 15% en España, 6% en la UE y 4% en Alemania).

Esta baja formación de adultos y jóvenes es una clara consecuencia de un sistema educativo ineficaz, que pierde a muchos jóvenes por el camino y que no forma para encontrar trabajo. Y además, España es el 5º país de Europa que menos gasta en educación, en las últimas décadas y más tras los recortes de 2010 a 2015.

Pero no sólo falla la educación, también falla el reciclaje de trabajadores y parados. España es el 2º país de Europa con más paro (14,6% frente al 6,7% en la UE-27, según Eurostat), pero lo más grave es que tenemos muchos parados de larga duración (1.638.000, el 48% llevan más de un año parados), muy difíciles de recolocar, y muchos parados con poca formación: el 47,05% de todos los parados en septiembre ( son 1.607.600) tenían baja formación (la ESO o incluso menos), un 25,14% formación media (Bachillerato o FP) y el 27,79% restante tenían formación universitaria, según la última EPA.

Así que tenemos un país con adultos poco formados y donde la mitad de los parados apenas tiene formación (y les ofrecen cursos escasos y poco atractivos). Así parece difícil que las empresas encuentren los trabajadores que necesitan. Pero esas empresas tienen también mucha culpa, no sólo el sistema educativo. Primero, porque gastan en la formación de sus empleados la mitad que en Europa y la tercera parte que en EEUU, según la consultora Élogos. Y además, la mayor parte del gasto en formación lo hacen las grandes empresas, mientras las pymes (el 99%) sólo hacen el 10%. Y segundo, porque las empresas españolas han reducido a la mitad su gasto en formación en la última década: gastaron un máximo de 110,95 euros por trabajador en 2011, bajaron a 99,88 euros en 2014 y volvieron a caer hasta los 55,57 euros por trabajador en 2020, según detalla la última Encuesta anual de coste laboral del INE. La caída es más llamativa si la vemos así: en 2011, el 0,35% del coste total de un trabajador (31.370 euros de media) era formación y ahora, en 2020, el coste de la formación ha caído al 0,18% del coste total  por trabajador (31.150 euros). El gasto de las empresas en formación era mínimo y ahora es insignificante.   

Podemos verlo de otra manera, el gasto en formación de empresas y trabajadores. Cada mes, se descuenta una parte de las nóminas para formación (el 0,7%, un 0,6% las empresas y un 0,1% los trabajadores). En 2019, último año con datos, fueron 2.101,9 millones para formación, a los que se sumaron otros 312,55 de aportaciones del Estado y Europa (FSE). Con este dinero se hicieron 90.694 cursos, en los que participaron 267.480 empresas (de los 3 millones que hay en España), según los datos de la Fundación para el Empleo (FUNDAE). Una parte son cursos que se dan en Centros homologados y la menor son cursos subvencionados que dan las propias empresas a sus trabajadores, básicamente las grandes. El problema no es solo que se gasta poco dinero en formación, sino que además se gasta mal: cada año quedan sin gastar un 20% de los fondos que aportan empresas y trabajadores, según denuncia UGT, con lo que hay un remanente sin utilizar de 2.500 millones. Y eso por el exceso de control y burocracia, que retrasa el pago ayudas de 1,5 a 2 años, provocando que muchas empresas no se animen a adelantar el gasto para hacer cursos.

Bueno, si ha llegado hasta aquí verá que la falta de trabajadores es una cuestión más compleja que “pagarles más”. Y que las empresas que se quejan tienen bastante culpa, por no apostar por la formación de sus trabajadores y por no acabar con un sistema de cursos ineficaz. Y que los Gobiernos y el país  tenemos mucha culpa también por no afrontar de una vez por todas la reforma de un sistema educativo que no ayuda a formarse en los empleos que se necesitan. En vez de hacer demagogia con la falta de trabajadores, urge tomar medidas eficaces: pactar una reforma educativa, fomentar y mejorar la imagen de la FP, cambiar el sistema de cursos ligados a la cuota de formación, modernizar las oficinas de empleo (para que ayuden a recolocar a los parados) y plantearse como prioridad la formación y el reciclaje permanente de los españoles, del colegio a la jubilación. Conseguir una plena sintonía entre empresas, educadores y formadores, para limitar las vacantes. Y, sobre todo, orientar a los jóvenes a estudiar las profesiones con futuro. Formarse más y mejor.

España falla en la formación de adultos

Casi el 40% de los adultos españoles está poco formado, más del doble que en Europa. España no se esfuerza por formarlos, ni cuando trabajan ni cuando están parados: sólo el 10,5% de los adultos se forma tras finalizar sus estudios, menos que en la mayoría de paises. La educación reglada de adultos ha caído a la mitad, los cursos de formación sólo los hacen el 3,5% de los parados y entre los trabajadores en activo, sólo 2.800.000 hacen algún curso. El problema no son los recortes, que han reducido cursos, sino que ni siquiera se gasta el dinero disponible (tenemos 2.000 millones de remanente), porque ni parados ni trabajadores se animan a formarse en cursos largos y poco atractivos. Y las empresas se quejan de hay mucha burocracia y tienen que adelantar el dinero. La formación de adultos no funciona y tanto sindicatos como patronal piden cambios. Urge mejorarla si queremos mano de obra preparada para la revolución tecnológica que está ahí. A formarse.

enrique ortega

España es un país con poca formación para trabajar. El último dato de la OCDE (2018) es muy revelador: un 39,9% de los adultos (25-64 años) tienen baja formación (la ESO o menos), frente al 18,7% de media en Europa (UE-23), el 10,9% en Finlandia, 13,3% en Alemania, 20,6% en Francia, 33,3% en Reino Unido o el 38,3% en Italia (sólo Portugal está peor, con el 50,2% de adultos poco formados). Y otro 22,9% de adultos españoles tiene una formación media (Bachillerato o FP), frente al 46,2% en Europa. Eso sí, tenemos más universitarios: un 37,3% de los adultos, frente al 35,6% en Europa (UE-23). 


No sólo tenemos menos adultos formados, según sus títulos. Es que, además, tienen menos “habilidades”, menos competencias prácticas, según el informe PIACC 2013, que nos sitúa “a la cola de Europa”. En comprensión lectora, tenemos a un 27,2% de los adultos en su nivel mínimo (Finlandia tiene sólo al 10%). En matemáticas, el 30,6% de adultos se sitúan en el nivel mínimo, el porcentaje más alto de toda Europa con Italia. Y lo mismo sucede en informática (el 42% de los adultos españoles son “casi analfabetos digitales”) y en idiomas: la mitad de los adultos españoles (49%) no conocen otro idioma extranjero, frente al 34% de media en Europa, el 10% en Escandinavia o el 15% en Holanda y Suiza.


En definitiva, hay demasiados españoles con poca formación académica y con pocas habilidades prácticas, lo que explica en buena medida que tengamos el doble de paro. Y que el 72% de las empresas españolas se quejen de que no encuentran el perfil de trabajador que necesitan. Pero el problema se va a agravar en el futuro, con la revolución tecnológica, donde sólo tendrán empleo los mejor formados: para 2020, el 50% de los empleos en Europa serán para los trabajadores con formación media (sólo el 22,9% de los adultos españoles), el 35% para los que tienen alta formación (37,3% españoles adultos) y sólo quedará un 15% del empleo para los peor formados (casi el 40% de los españoles), según un estudio de CEDECOP. Y centrados en España, de los nuevos empleos disponibles dentro de diez años, entre 8,8 y 10 millones, sólo el 2,3% serán para los que tienen baja formación, un 39,5% para los que tienen estudios medios y más de la mitad (58,4%) para los que tengan educación superior, según un estudio de la Fundación BBVA e Ivie.


La urgencia de formarse es evidente, pero el problema es que España parte de una baja formación y se ha hecho poco por mejorarla. Otra vez más, los datos son impactantes: sólo el 10,5% de los adultos españoles se forman a lo largo de su vida laboral, por debajo del 11,1% de media en Europa y sobre todo por debajo del 14,6% que se forma en Reino Unido, del 19% que se forma en Francia y Holanda o del 30% que casi alcanzan en Finlandia o Suecia, aunque España queda por encima de la formación continua en Alemania (8%, aunque es un país con alta formación de partida), de Italia (8,1%) y Portugal (10,1%), según Eurostat. La Comisión Europea cree que la formación continua es uno de los grandes retos del continente y planteó un objetivo dentro de la Estrategia Europa 2020: que llegue al 15% el año próximo.


Ese 10,5% de adultos que se forman a lo largo de su vida lo hacen en España por 3 caminos: los estudios “reglados” que promueve el Ministerio de Educación (formación de adultos) y la formación “no reglada” (fuera del sistema educativo), que promueve el Ministerio de Trabajo y las fuerzas sociales (sindicatos y patronal), a través del SEPE y de la Fundación para la formación en el empleo (FUNDAE), para los parados y para los que trabajan.


El primer camino, la formación de adultos en centros educativos, ha caído a la mitad en los últimos años: alcanzó un máximo en 2011-2012 (474.621 alumnos) y fue cayendo después, sobre todo en 2014 (328.348 alumnos), para llegar a 230.026 alumnos matriculados en enseñanzas para adultos en el curso 2018-19, casi la mitad para sacar la Secundaria (105.746), otros 14.952 para obtener la ESO y 19.254 para acceder a la Universidad. Este desplome en la educación reglada para adultos se debe sobre todo a los recortes, que redujeron profesores y centros: hay 418 centros menos que en 2011 (-16%), 2.323 centros  educativos que imparten enseñanza para adultos (el 98,9% públicos). Pero también hay un desinterés hacia esta educación, poco flexible (horarios) y poco incentivada socialmente.


El segundo camino, que se bifurca en dos, es la formación “no reglada”, los cursos que se imparten a parados y ocupados. Se financia con las cuotas de formación que cotizan cada mes empresas y trabajadores (el 0,7% : 2.101 millones en 2018), más una pequeña aportación el Presupuesto y de los Fondos europeos (312,55 millones en 2018). En total, fueron 2.414 millones de euros en 2018, que se reparten para formar a parados (1.148 millones) y trabajadores (1.148 millones), junto a la financiación de becas y otros gastos (118 millones). El problema ha sido que la formación fue una de las partidas que más sufrieron los recortes de Rajoy: la aportación del Estado a la formación no reglada pasó de 934 millones en 2011 a 134 millones en 2015.


Vayamos a la formación a los parados, que gestionan el SEPE (antiguo INEM) y las autonomías (responsables del 95% de esta formación). En 2018, sólo 117.538 parados finalizaron cursos de formación, en 1.622 centros públicos de empleo y 18.780 entidades privadas de formación, según el SEPE. Significa que sólo el 3,5% de los parados registrados hicieron cursos: fueron básicamente mujeres (52,91%), parados de edades medias (53,23% entre 25 y 45 años) y mayores (26,37%), pocos jóvenes (20,3% eran menores de 25 años), con formación media (36% con Bachillerato o FP) y alta (14 % universitarios) y sobre todo parados con baja formación (49%). Y dos tercios de los que hicieron cursos volvieron a trabajar.


Este bajo porcentaje de parados que hacen cursos (3,5%) es doblemente preocupante si sabemos que la mayoría de los parados españoles tienen baja formación: casi la mitad de los 3.214.100 parados que había en España en septiembre (EPA) tienen la ESO o menos (49,19%), una cuarta parte Bachillerato o FP (24,62%) y otra cuarta parte son universitarios (26,17% de los parados), según el INE. Y están aún peor formados los parados de larga duración, los que llevan más de 1 año sin trabajar (1.243.400 en septiembre): el 53,4 % tienen la ESO o menos, el 23,3% Bachiller o FP y el mismo porcentaje de universitarios.


Y vayamos al tercer camino para formarse, los cursos para trabajadores en activo, que se imparten a través de la Fundación para la Formación (FUNDAE, integrada por Trabajo, sindicatos y patronal) y del SEPE. Existen dos fórmulas: la formación bonificada (que imparten las empresas, ellas directamente o a través de empresas de formación, a cambio de recibir ayudas en forma de recorte de cotizaciones) y la formación subvencionada, cursos gratuitos que se convocan y que se ofrecen a través de entidades de formación acreditadas. Dos tercios del dinero van a la formación bonificada que programan las empresas y el tercio restante a los cursos que convoca la FUNDAE.


En total.  en 2018 hubo 360.052 empresas que utilizaron la formación bonificada, alguna más que en 2017 (+4.545) pero 118.000 menos que en 2013 (478.621 empresas hicieron formación), según la FUNDAE. Son sólo el 21,2% de las empresas que podrían hacerlo, una cifra muy baja y que se reparte de forma desigual: hacen poca formación las microempresas (el 16,6%) y las pymes (el 49,7%) y mucho más las medianas (81,2% la hacen) y las grandes (92%), probablemente las que tienen el personal mejor formado. Las que más hacen formación son las empresas de Madrid (se llevan 156 millones), Cataluña (110) y País Vasco (28,5 millones), sobre todo empresas de servicios, hostelería, comercio e industria.


En cuanto a los trabajadores, 2.800.000 ocupados hicieron cursos de formación en 2018, sólo el 21,3% de los trabajadores que podrían formarse. Y realizaron 1,6 cursos de media, con 14,8 horas de media por curso (en 2008 eran 27 horas de media), la mayoría presenciales (75,5%) aunque crecen los online (23,5% cursos). El perfil del trabajador que hace cursos bonificados o subvencionados es hombre (54,7%), de 36 a 45 años (23,19%) y de 46 a 55 años (17,80%), pocos jóvenes (17,5% menores 35 años), con un nivel de estudios alto (29% son universitarios) y medio (45% son trabajadores cualificados), muchos directivos y jefes (30%), la mayoría trabajan en grandes empresas (el 56%) y escogen cursos de comunicación y marketing (22,85%), administración y gestión (20,20%), informática y comunicaciones (12,19%), servicios socioculturales (10,90%), hostelería y turismo (5,92%), según la Memoria 2018 de FUNDAE.


Parece claro que la formación a los trabajadores no funciona cuando sólo la hacen 360.000 empresas (hay 3 millones registradas) y 2.800.000 trabajadores (hay 16.790.000 asalariados). En 2015, el Gobierno Rajoy impuso una reforma de la formación, para atajar la ineficacia y el fraude, quitando la semi exclusividad de los cursos a sindicatos y patronal. Pero las fuerzas sociales, que ya se quejaban entonces del sistema, hoy se quejan más. Primero, porque han caído el número de empresas que hacen formación. Segundo, porque la nueva normativa ha encarecido los cursos, expulsando a las microempresas de 5 a 10 trabajadores. Tercero, por la falta de transparencia en la adjudicación de los cursos, que se concentran en menos empresas, vinculadas a grandes consultoras: sólo 19 entidades se reparten el 30% de los fondos (con 3 millones cada una) mientras las 287 restantes se llevan una dotación media de sólo 67.000 euros. Cuarto, que hay un exceso de burocracia y las empresas tienen que adelantar el 40% de los cursos y tardan en recuperarlo. Y quinto, que los cursos son demasiado generalistas y poco ligados a lo que necesitan las empresas.


Pero la mayor crítica que hacen sindicatos y patronal al sistema de formación es que es ineficaz, porque no es capaz de gastar los recursos disponibles: Trabajo les ha reconocido que hay un remanente de 1.504 millones de euros no gastados entre 2015, 2016 y 2017. Y en 2018, sólo en la formación bonificada, no se utilizaron 125 millones, el 19,3% del Presupuesto disponible, según la Memoria de FUNDAE. Pero la patronal CEOE va más lejos: entre 1993 y 2016, de los 35.215 millones pagados para la formación por empresas y trabajadores (vía cuotas a la SS), sólo se gastaron 20.682 millones. El resto, 14.533 millones (el 41,3%) es un remanente que no fue a formación (no será porque no hace falta) y que los distintos Gobiernos han gastado en otras cosas o en reducir el déficit.


Ahora, sindicatos y patronal insisten en que la reforma del sistema de formación debe de ser una prioridad de cualquieracuerdo social y con el futuro Gobierno. Hace falta un Plan integral de formación, para trabajadores y parados, que consiga gastar lo presupuestado, en cursos que sean útiles para mejorar la cualificación y afrontar la revolución tecnológica. Y es clave mejorar la transparencia en la gestión y la eficacia, con auditorías. Además, algunos expertos apuestan por no hacer la formación sólo a través de las empresas sino crear la figura del “cheque formación”, para que no haya trabajadores excluidos. Y promover en los convenios la formación continua, con incentivos a los trabajadores que se formen. En paralelo, urge reformar los cursos para parados, aumentando su utilidad y vinculándolos al cobro de prestaciones. Y en la enseñanza reglada, incluir la educación de adultos como una prioridad de un necesario Pacto Educativo, con más profesores y centros implicados.


En definitiva, se trata de conseguir que los españoles adultos estén mejor formados y más preparados para los nuevos empleos que ya se necesitan hoy y para las habilidades que se van a exigir en el futuro. Un factor clave para lograr que trabaje más gente (debería haber 1,8 millones de personas más trabajando para equipararnos al empleo europeo) y que trabajen mejor, con más eficacia (España ocupa el puesto 23 en el ranking mundial de productividad). Eso exige aprobar un Plan de formación continua (no existe), recursos y apoyo, desde las empresas y los sindicatos al poder  político. Nos jugamos el futuro.