Empresas: el tamaño sí importa

España tiene un viejo problema de baja productividad: somos el país nº 18 en el ranking europeo de producción (PIB) por habitante y por eso tenemos menos nivel de vida. Y mucho tiene que ver el tamaño de nuestras empresas, donde la gran mayoría (93,58%) son muy pequeñas (menos de 10 trabajadores) y sólo tenemos un 1% de empresas medianas y grandes (un tercio menos que Alemania). El problema es que las empresas pequeñas son menos productivas, crean menos empleo, exportan menos y aportan menos crecimiento, como demuestra un estudio de su patronal, CEPYME. Por eso, proponen medidas para ayudar a las pymes a “dar el salto”, lo que permitiría crear 1.175.000 empleos más, subir salarios, crecer un 5,2% más y recaudar 20.000 millones extras en impuestos. Conseguir empresas más grandes, como pide la Comisión Europea, es uno de los objetivo del Plan de Recuperación y de una Ley (“Crea y Crece”) que el Gobierno quiere aprobar antes de fin de año. Aquí, el tamaño sí importa.

Enrique Ortega

Uno de los problemas más de fondo que tiene España, y del que apenas se habla, es nuestra baja productividad, que producimos mucho menos por habitante que la media europea y que los paises del norte, que por eso son mucho más ricos. El problema viene de lejos. En 1986, cuando España ingresó en la CEE, producíamos (PIB por habitante) el 76% de la media europea. La adhesión y los ajustes económicos mejoraron nuestra productividad, hasta conseguir superar la productividad media europea (también por la adhesión de paises del Este poco competitivos) en 2006, cuando alcanzamos un 105% de la productividad media de la UE-27. A partir de ahí, con la crisis de 2008, nuestra productividad cayó en picado, hasta ser un 90% de la europea en 2013. Y luego mejoró algo, hasta el 93% en 2017, para caer de nuevo al 91% en 2018 y 2019. Y con la pandemia, cayó de nuevo al 86% en 2020, según Eurostat.

Producimos menos por habitante por muchas razones, entre ellas por nuestro modelo económico (demasiados bares, hoteles y comercios pero pocas industrias), por la baja formación de los españoles (un 37,1% tienen “baja formación”, la ESO o menos, el doble que en  Europa), la escasa inversión en tecnología e innovación, el menor peso de la exportación y un problema del que se habla poco: tenemos demasiadas empresas pequeñas, menos competitivas y que crean menos empleo, más vulnerable y peor pagado.

El último Censo oficial, de octubre de 2021, indica que tenemos 2.929.722 empresas, de las que un 93,58% son muy pequeñas: 1.670.995 son empresas sin asalariados (38,60%) y 1.131.163 empresas (54,98%) que son “microempresas” (tienen de 1 a 9 trabajadores). Otras 157.103 empresas (5,36%) son también pequeñas. Así que sólo tenemos 25.499 empresas medianas (de 50 a 249 trabajadores), un 0,87%, y 5.012 empresas grandes (más de 250 empresas grandes), el 0,17% restante. En definitiva, que sólo un 1,04% de todas las empresas españolas tienen más de 50 trabajadores, cuando en Europa son el 1,12% (pero tienen más medianas y sólo un 92,86% de microempresas). Y en Alemania, las microempresas son sólo un 87,23% del total de empresas y tienen el triple de medianas y grandes empresas.

España, en realidad, tiene dos problemas con sus empresas, según un reciente informe que acaba de publicar CEPYME, la patronal de las pymes. El primero, que se mueren antes que en el resto de Europa. Aquí “nacen más empresas”, en contra de lo que se piensa: se crean 35,3 empresas por cada 10.000 habitantes, con lo que somos el tercer país más emprendedor de Europa (tras Reino Unido y Portugal), por delante de la media europea (27 empresas/10.000 habitantes) y duplicamos la creación de empresas de Alemania (17,8), Holanda o Irlanda. Pero nuestras nuevas empresas “mueren antes”: la mitad de las nuevas empresas españolas no sobreviven a los 3 años (el 50,6%), frente al 54,6% en la UE-28 y el 56,6% en Alemania. Y sólo un tercio (el 38,5%) de las empresas españolas sobreviven a los 5 años, frente al 42,4% que sobreviven la UE-28 y el 45,9% en Alemania.

Nacen más empresas en España pero sobreviven menos por su pequeño tamaño: las pequeñas son más vulnerables a las crisis que las medianas y grandes. Se vio en la anterior crisis de 2008: se cerraron un 33% de las empresas de 10 a 49 trabajadores y sólo un 23% de las empresas de más de 500 empleados, según el informe de CEPYME. Y lo mismo ha vuelto a pasar con la pandemia: se han mantenido las empresas de más de 500 empleados y han caído un 4% de las empresas de 10 a 49 trabajadores.

El 2º problema de las empresas españolas, de esos dos tercios que sobreviven, es que son demasiado pequeñas y eso les resulta una desventaja para operar, según detalla el informe de CEPYME. Primero, venden menos, porque hay demasiadas micropymes. Las empresas españolas son las terceras de Europa que menos venden: 1,1 millones de euros por empresa, frente a 1,4 millones de media en la UE-28, 1,5 millones las francesas, 2,2 millones las británicas y 3 millones por empresa las alemanas (solo venden menos las italianas, 1 millón por empresa, y las portuguesas, 600.000 euros). Y eso se debe, sobre todo, al mayor peso de las microempresas (menos 10 empleados), que son las menos productivas: venden 122.000 euros por empleado en España frente a 135.600 en la UE-28, 131.700 en Alemania, 132.200 en Italia, 175.100 en Francia y 202.800 en Reino Unido. Eso fuerza a la baja la productividad de todas las empresas españolas, la 3ª más baja de Europa: venden 222.200 euros por empleado, frente a 230.900 en la UE-28, 232.500 en Reino Unido, 250.700 en Italia, 251.800 en Alemania y 271.600 euros por empleado en Francia.

Al ser menos productivas, por su menor tamaño, las empresas españolas también crean menos empleo: la empresa media española ocupa a 4,7 personas cuando el promedio en Europa son 6 personas por empresa, 4,1 en Italia, 5,7 en Francia, 9,3 en Reino Unido y 12 en Alemania (el triple que en España). Y eso se explica también por el gran peso de las microempresas, que concentran mucho más empleo en España (el 36,3% del total) que en la media europea (27,7%) y Alemania (sólo un 19% del empleo está en microempresas). Además, la menor productividad conlleva también peores salarios, sobre todo en las microempresas y pymes: en España, el salario medio era de 1.340 euros mensuales en las pequeñas empresas, un 22% inferior al sueldo  en las grandes (2.005 euros, 665 más al mes). Un empleo en las pymes peor pagado y más vulnerable: en la crisis de 2008, la mitad de todo el empleo perdido fue en las empresas españolas de 10 a 249 empleados.

Sigamos con otras desventajas de las pymes. Exportan menos (sólo venden fuera el 2,2% de las micropymes, el 13,7% de las empresas de 10 a 19 y el 24,5% de las que tienen de 20 a 49 empleados, frente al 59,5% de las empresas grandes que exportan), lo que les quita “una válvula de escape” esencial en las crisis. Se financian peor: las pymes tienen más problemas para conseguir un crédito y pagan tipos más altos. Innovan menos y apenas gastan en tecnología y en la formación de sus trabajadores. Y como también pagan menos y ofrecen peores contratos, tienen más problema para captar “talento”.

Parece claro que las microempresas y pymes tienen muchos motivos para ganar tamaño, algo que debería ser también un objetivo para el país. Pero no resulta fácil. El informe de CEPYME repasa algunos obstáculos que tienen las pymes para crecer: fiscales, laborales, contables, financieros, de seguros y competencia. Contabilizan hasta 100 regulaciones vinculadas al tamaño empresarial que desalientan el crecer, desde la obligación de auditorías, la posibilidad de crear comités de empresa a la pérdida de ayudas fiscales. El problema es lo que pierden y a lo que se les obliga cuando saltan el umbral de tamaño. Es lo que se llama “el síndrome del empleado nº 50”. Mejor no contratarlo por lo que se exige y se pierde.

La patronal CEPYME se queja de que faltan incentivos para ganar tamaño, para conseguir que una microempresa o una pequeña empresa se conviertan en mediana y una mediana en grande. Y también de que en España hay demasiados y costosos trámites para crear una empresa, un proceso que habría que facilitar para sustituir a las empresas que cierran. Según su informe, crear una empresa en España exige más trámites (7 frente a 5 en la UE, 5 en Francia, 4 en Reino Unido o 3 en Irlanda, aunque en Alemania son 9 y en Italia también 7), más tiempo (12,5 días frente a 11,9 en la UE-28, 11 en Italia,  8 en Alemania, 4,5 en Reino Unido y 4 en Francia), más coste (el 3,9% del ingreso per cápita en España frente al 3,1% de media en Europa, el 6,5% en Alemania, el 0,7% en Francia o el 0% en Reino Unido) y más exigencia de capital (11,6% del ingreso per cápita en España frente al 8,1% en la UE, el 29,8% en Alemania, el 0,02% en Francia y el 0% en Reino Unido y varios paises). Y además de los trámites estatales, hay entre 7 y 12 trámites más en las autonomías.

Al final, la patronal CEPYME propone un objetivo: favorecer la fusión de empresas y que las pymes ganen tamaño, para conseguir que haya 40.171 microempresas menos, que 20.051 den el salto a tener de 10 a 19 empleados y otras 9.665 salten a tener de 20 a 49 trabajadores. Y conseguir que 8.800 empresas pequeñas salten a medianas (50 a 249 trabajadores) y que haya 1.655 grandes empresas más. De conseguirlo y tener así la misma estructura de empresas por tamaño que la media de Europa, el informe resalta lo que España conseguiría: 1.175.200 empleos más (+440.000 en empresas medianas y +413.000 en empresas grandes), mayores ventas (+246.000 millones), mejores salarios (las empresas, con mayor tamaño, podrían pagar  29.000 millones más), exportar un 5% más, crecer el PIB un +5,2% y que Hacienda recaudase 20.000 millones más en impuestos.

El premio es como para plantearse intentar conseguir empresas de más tamaño. La Comisión Europea lleva décadas pidiéndoselo a España, informe tras informe. Y por eso, el Gobierno, para asegurar los Fondos europeos, ha incluido un apartado del Plan de Recuperación (el punto 13: “Impulso a la PYME”) con medidas e inversiones para impulsar la creación y el crecimiento de empresas. Y el 27 de julio, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de creación y crecimiento de empresas, que ahora está en proceso de consulta pública, para enviarse al Congreso antes de fin de año, otra promesa a Bruselas. La Ley (“Crea y Crece”) va a permitir crear una empresa con 1 euro, elimina el capital mínimo (3.000 euros), facilita la entrada de inversores (crowdfunding y mecenazgo) y tratará de reducir las trabas al crecimiento y fusión de empresas.

Es fundamental conseguir que haya más empresas y de mayor tamaño, para que compitan mejor, vendan y exporten más, creen más empleo estable y ayuden a mejorar la productividad del país, con lo que mejoraría el nivel de vida de todos. Para eso hace falta modernizar la economía, digitalizarla y resolver los retos medioambientales, una normativa laboral con amplio apoyo y que mejore la calidad del empleo, apostar por  la educación y la formación, gastar más en tecnología y apoyar la reindustrialización. Pero también tener más empresas medianas y grandes. Porque el tamaño sí importa.

La 1ª fusión bancaria de esta crisis

Este domingo 13, los Consejos de Administración aprueban la absorción de Bankia por CaixaBank, que culminará en diciembre. Nace CaixaBankia, el primer banco en España y el 10º de la zona euro, que lleva en sus tripas 18 Cajas y 3 bancos, fusionados desde 2009. La fusión ha sido promovida por el BCE y el Banco de España, con el visto bueno del Gobierno, que la ven necesaria para recortar costes y afrontar mejor la recesión del coronavirus, los bajos tipos y la competencia digital. Eso sí, traerá despidos, cierre de sucursales y menos competencia. Y no se recuperarán los 24.000 millones públicos aportados. Ahora se esperan más fusiones, para evitar otra crisis bancaria, tanto en España (BBVA, Sabadell, Unicaja, Liberbank…) como en Europa. Lo importante no es lograr bancos más grandes y más resistentes sino crear una nueva banca, más eficiente, más transparente y más justa, que mejore su deteriorada imagen frente a clientes y empresas. Necesitamos una nueva banca.

enrique ortega

A la 6ª ha sido la vencida. El presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé, lleva 31 años intentando fusionarse con Caja Madrid. Lo intentó primero en abril de 1989, después en 2009, dos veces en 2012 (la primera, en enero, rechazada por Rato, entonces presidente de Caja Madrid) y la quinta en 2017, poco antes de irse el ministro de Guindos al BCE. Ahora, por fin, la fusión de la gran Caja catalana y la madrileña saldrá adelante, por la urgencia de la crisis abierta con el coronavirus y el apoyo explícito del BCE, el Banco de España y el propio Gobierno, que no quieren otra crisis bancaria como la de 2010-2015.

Hace un par de años que se esperaban nuevas fusiones bancarias, pero la pandemia las ha precipitado, por el desplome del crédito, que es la puntilla a una banca que sufre desde hace años unos tipos de interés cero y márgenes negativos, acrecentados por la competencia de los gigantes digitales y sus medios de pago y bancos online. Los resultados son muy explícitos: en el primer semestre de 2020, CaixaBank había reducido sus beneficios un 67% y Bankia un 64%. Se les había agotado la gasolina para afrontar esta grave recesión. La fusión, contemplada desde 1989, podría ser la solución, al aportar una reducción de costes y muchas “sinergias” (ventajas). Sólo quedaba buscar el momento ideal. Y tener apoyos políticos en España y Europa.

El momento de la fusión lo iba a fijar la Bolsa. CaixaBank, tres veces más grande que Bankia (en activos y beneficios) iba a ser el comprador, el que mandara en la fusión. Y buscaba pagar lo menos posible por Bankia. En mayo de 2013, una acción de CaixaBank valía lo que 1,21 de Bankia. La fusión era demasiado cara. Luego Bankia mejora y hasta 2017 su acción vale más que la de CaixaBank. A partir de ahí, sube CaixaBank y el 21 de mayo de 2020, en plena recesión, la acción de CaixaBank vale lo que 2,12 acciones de Bankia (ver gráfico cotizaciones). Ya es un buen momento para comprarla barata. Y esa proporción de canje se ha mantenido hasta mediados de julio. Era el momento del ataque. Faltaban los apoyos políticos y financieros.

Y llegaron, con mucha fuerza. Primero, del Banco Central Europeo (BCE), con múltiples declaraciones a favor de las fusiones, como antídoto contra una nueva crisis bancaria. Y con hechos: el 1 de julio, el Consejo de Supervisión del BCE rebajaba las exigencias de capital a los bancos que se fusionaran, una medida clave. Y por si no estuviera claro, el 20  de julio, el vicepresidente del BCE decía en Madrid sobre las fusiones: “Es ineludible. Si eran necesarias en el pasado, ahora son inevitables (…) En las próximas semanas y meses se deben ver movimientos a nivel nacional y en la zona euro”. Y el 1 se septiembre, dos días antes de saltar la noticia de la fusión, el BCE, el Banco de España y la patronal bancaria coincidían en Santander en decir que “no queda otra que las fusiones”. Más claro, agua.

Con estos apoyos políticos y la Bolsa a favor, CaixaBank prepara la operación en agosto, negociando con el FROB, que tiene el 62% de Bankia (en representación del Estado, que es el mayor accionista, al haberle aportado  24.069 millones de dinero público en 2012). Otra ventaja de CaixaBank en esta fusión es que ningún otro banco va a pujar por Bankia: sólo la fusión con CaixaBank permite que el Estado no sea el primer accionista de la entidad resultante (tendrá el 15% de CaixaBankia y la Fundación CaixaBank el 30%, el paquete de control). Si Bankia se fusionara con el Santander, el Estado sería el primer accionista del banco resultante (con el 5,8% del capital). Con el BBVA, el Estado sería también el primer accionista (con más del 10%), lo mismo que si Bankia se fusionara con Bankinter (tendría el 30%), Sabadell (tendría incluso el 40%), con Unicaja (50%) o Liberbank (más del 50%). Así que el único novio posible para Bankia era CaixaBank. Para los demás, comprar Bankia equivalía a nacionalizarse.

Visto el panorama, las negociaciones de la fusión han sido rápidas y culminarán este domingo 13 de agosto, al aprobar la operación los dos Consejos de Administración, paso previo para un proceso que podría culminar en diciembre, tras autorizar la fusión las autoridades europeas y españolas. Los temas polémicos en cualquier fusión están claros: quién manda (CaixaBank, que absorbe a Bankia y pone al consejero delegado, aunque se mantenga como presidente el actual presidente de Bankia), el nombre (CaixaBankia, casi igual) y la sede (Valencia, la actual sede de CaixaBank). Y además, facilita el proceso que las dos entidades tengan “una cultura de Cajas”, muy centradas en el negocio a particulares, pymes y empresas, con muchas hipotecas (28% del total).

Se crea así el primer banco por activos en España (con 627.211 millones de euros), aunque será el tercer banco español por tamaño global, dado que los otros dos grandes españoles tienen mucho más negocio extranjero y por eso tienen más tamaño global ( más de 1 billón de activos totales el Santander y 753.000 millones el BBVA). En conjunto, tendrá unas 6.200 oficinas en España, 43.500 empleados y 21 millones de clientes, concentrados en Cataluña, Madrid, Levante, Baleares y Andalucía. Un gigante bancario que lleva en sus tripas 18 Cajas absorbidas desde 2009 (Caixa Girona, Caja Navarra, Caja Burgos, Caja Canarias, Caja Sol y Caja Guadalajara absorbidas por CaixaBank y Bancaja, Caixa Layetana, Insular de Canarias, Caja Ávila, Caja Segovia, Caja Rioja, Caja Murcia, Sa Nostra, Caja Granada y Caja Penedés, absorbidas por Caja Madrid) y 3 bancos (Bankpyme, Banco de Valencia y Barclays España, absorbidas por CaixaBank).

La fusión gusta al BCE, al Banco de España, a la mayoría del Gobierno y a muchos expertos porque piensan que es una vacuna para evitar otra crisis bancaria, dado que la actual recesión podría volver a deteriorar las cuentas de Bankia (y de otros bancos). La primera ventaja de cualquier fusión es que recorta gastos (por recorte de oficinas y plantillas) y consigue “sinergias”, ventajas derivadas de tener un mayor tamaño. Además, serán muy importantes los beneficios diferidos que se logran: al comprar un banco por menos de su valor en libros (Bankia, a 0,28 veces su valor), la diferencia entre lo que CaixaBank paga y su valor en libros se computa como un beneficio contable (fondo de comercio negativo) y este beneficio extra servirá para pagar los costes de la fusión. Además, una fusión tiene beneficios fiscales, con lo que el banco resultante se ahorrará muchos impuestos durante años.

Otra ventaja, que ha pesado mucho al dar luz verde el FROB y el Gobierno, es que ahora habrá más posibilidades de recuperar parte de las ayudas públicas a Bankia, porque la entidad resultante tendrá más beneficios (el Estado cobrará más dividendos) y valdrá más la participación pública cuando se venda. El Gobierno debería haber vendido su 62% en Bankia antes de finales de 2017, por exigencia de Bruselas, pero ha habido tres prórrogas (2 con de Guindos y una con Calviño) y ahora la salida de Bankia está fijada para antes de diciembre de 2021 (aunque podría retrasarse por 4ª vez). En cualquier caso, parece que la venta del paquete público en Bankia (62% antes y 15% ahora en la nueva entidad) puede ingresar más si está fusionada con CaixaBank que sola. Pero ojo: por muy bien que vayan las cosas, no se va a recuperar todo el dinero público invertido en Bankia (24.069 millones, de los que ya se han recuperado 3.182 millones estos años). Y eso porque, a fecha de hoy, el valor en Bolsa de esa participación pública en Bankia no llega a los 2.000 millones…

Pero parece claro que se podrá recuperar más si Bankia se fusiona con CaixaBank que si afronta solo esta nueva crisis. Eso sí, la fusión tiene varias desventajas y problemas. El primero, los recortes de plantilla, la pérdida de unos 8.000 empleos, el 18%. Y aunque sean jubilaciones anticipadas, son personas que dejan de trabajar y una parte del coste acabará cargando en la Seguridad Social. Un problema que se suma a los recortes de otros bancos, que tienen previsto cerrar 4.000 oficinas entre este año y el próximo (con ello, la banca habrá pasado de 38.986 empleos en 2009 a 19.900 en 2021, la mitad). El otro problema es el cierre de sucursales, unas 1.500, el 25% del total, sobre todo en Madrid y Cataluña, lo que perjudicará a muchos clientes (sobre todo en zonas rurales, ya sin oficinas).

Y queda un tercer problema, la menor competencia bancaria, al reducirse el número de entidades, que ha pasado de 42 Cajas y 20 bancos en 2007 a 10 bancos ahora tras esta fusión (ver listado entidades). La consecuencia es que los grandes tienen cada vez más cuota de mercado y hay quien teme que se configure un oligopolio. De hecho, los 5 grandes bancos han pasado de controlar el 42% del mercado en 2008 al 61,8% en 2016 y el 68,5% en 2018, siendo el 4º país europeo donde más ha crecido la concentración bancaria, tras Chipre, Letonia y Lituania. Pero todavía tenemos un nivel medio (“moderado”) de concentración bancaria, según el BCE: ocupamos el puesto 13º en la UE, con un índice Herfindall de concentración de 1.328 puntos, por debajo de los niveles altos de Estonia (2.698), Finlandia (2.570), Chipre (2.375), Grecia (2.304), Lituania (2.278) y Holanda (2178) y muy por encima de la concentración bancaria de Alemania (índice 275), Reino Unido (353) o Italia (579).

La consecuencia de esta mayor concentración bancaria es más poder de las entidades para imponer condiciones a sus clientes, particulares y empresas, desde la concesión de créditos e hipotecas a las comisiones que fijan por tarjetas y servicios financieros. Claro que en los últimos años han entrado en el mercado financiero nuevos operadores, desde bancos online a empresas de tecnología (Google, Apple, PayPal, Amazon…) o telecos (Orange ha creado un banco y Movistar presta dinero), que compiten abiertamente con los bancos tradicionales. Y eso, para las autoridades y muchos expertos, asegura a los clientes que la competencia se va a acrecentar, aunque se reduzca el número de bancos. Eso sí, con la fusión de Bankia desaparece la posibilidad de convertirla en un banco público (como quería Podemos), que sirva como contrapunto a la gestión de los bancos privados.

Ahora, con CaixaBankia, “se ha abierto la veda de las fusiones”. El BCE, el Banco de España y los Gobiernos van a promoverlas, como antídoto contra futuras crisis bancarias por culpa de la recesión provocada por la pandemia. La idea es que maduren fusiones dentro de los paises (en Italia, Monte dei Paschi de Siena, rescatado con dinero público, está buscando una fusión como Bankia) y luego se llegue a fusiones transfronterizas, entre bancos de distintos paises de la zona euro. En España, los ojos están puestos en Banco Sabadell, un mediano rentable y bien gestionado, y el BBVA, el único de los grandes que no ha entrado en fusiones recientes (Santander está todavía digiriendo al Popular). Y luego, podría culminar la fusión de Unicaja (Caja Duero, Caja España, Caja Jaén y Unicaja) y Liberbank (CajAstur, Caja Castilla la Mancha, Caja Cantabria y Caja Extremadura), que fracasó en mayo de 2019, por las exigencias de capital del BCE (ahora rebajadas). Y faltaría encajar en el puzle de las fusiones a Abanca (las antiguas Cajas gallegas, compradas por el grupo venezolano Banesco), Kutxabank (BBK, Kutxa, CajaSur y Vital), Ibercaja (Caja Inmaculada, Caja Badajoz, Caja Círculo Burgos e Ibercaja) y Bankinter (que quiere seguir solo).

La clave de las fusiones no es tanto sus cuentas sino aclarar quién manda: resolver “la lucha de egos”, encontrar el encaje entre directivos para que uno mande antes de retirarse (como presidente “florero”) y otro mande de verdad. Y lo mismo la negociación del nombre y la sede, los otros dos temas polémicos, más que el encaje de las cuentas. Eso sí, cualquier fusión necesita que haya un banco con músculo que absorba a otro más débil: sumar dos bancos débiles solo agrava los problemas de ambos.

Pero el tamaño no lo es todo. Los problemas de la banca, en España y en Europa, son de antes de la pandemia: bajos tipos de interés (incluso negativos), baja demanda de crédito, reducción de márgenes y dura competencia de nuevas entidades (gigantes de Internet y telecos). Todo ello se ha agravado con el desplome de la actividad por el coronavirus, pero los problemas estaban ahí y no se resuelven sólo con fusiones. La banca tiene que reconvertir su negocio, digitalizándolo y aumentando el peso de la banca online, recortando costes y mejorando sus servicios a los clientes. Y sobre todo, tiene que ser más transparente y mejorar su relación con particulares y empresas, que multiplican sus reclamaciones (14.621 presentadas ante el Banco de España en 2019 y un 22% desoídas) y sus recursos en los tribunales (que la banca pierde uno tras otro). Y todo ello ha deteriorado su imagen: “La banca se ha ganado su mala reputación que tiene. No podemos echarle la culpa a nadie, no ha venido una norma y nos ha puesto mala reputación, sino que el sector se lo ha ganado”, decía a finales de 2019 el consejero-delegado de CaixaBank, Gonzalo Cortázar, que será ahora el primer ejecutivo de la nueva CaixaBankia.

En definitiva, vuelve el baile de las fusiones, pero la reconversión de la banca no pasa sólo por entidades más grandes sino por bancos más eficientes, más transparentes y más justos, que no ganen escondiendo costes y comisiones al cliente sino ofreciendo un mejor servicio en competencia con los gigantes de Internet. Necesitamos una nueva banca.

En marcha el costoso rescate de la banca

Seis meses después de pedir el rescate a Bruselas, esta semana han llegado 39.500 millones del préstamo europeo para salvar a cuatro entidades y crear el "banco malo". Y en enero llegarán otros 1.500 millones para cuatro Cajas más. Un dinero que España ha de devolver y que se suma a las ayudas públicas inyectadas desde 2009. En total, rescatar a  un tercio del sistema financiero (un banco y 25 Cajas) nos costará 108.361 millones de euros en ayudas públicas (más 95.637 millones en avales), el doble de los recortes hechos por Zapatero y Rajoy. Una factura de la que será difícil recuperar más del 20% y que revoluciona el mapa financiero, con la práctica desaparición de las Cajas (quedarán 7) en beneficio de los bancos, que se harán con el 70% del mercado. Y todo para que siga sin haber  crédito, al menos hasta 2015. Mal negocio.



enrique ortega

Está en marcha la quinta reforma financiera en treinta meses (dos de Zapatero, en junio 2010 y enero 2011 y tres de Rajoy, en febrero, mayo y agosto de 2012), impuesta por Bruselas a cambio del rescate solicitado en junio. Y esta vez parece que va en serio. Quien paga, manda y la Comisión, a cambio de sus 41.000 millones, ha impuesto un drástico ajuste a Bankia    (Caja Madrid, Bancaja, Insular Canarias, Laietana, Ávila, Segovia y Rioja) y a otras siete Cajas (resultado de la fusión de 18 Cajas) que recibirán ayudas europeas: NovaGalicia Banco (Caixa Galicia +Caixa Nova) , Catalunya Banc (Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa) , BMN Mare Nostrum (Caja Murcia, Caixa Penedés, Caja Granada y Sa Nostra), Liberbank (Cajastur +CCM, Caja Extremadura y Caja Cantabria), Ceiss (Caja Duero y Caja España) y Caja 3 (Caja Ahorros Inmaculada, Caja Círculo y Caja Badajoz). También recibe ayudas europeas el Banco de Valencia, que se ha salvado de la liquidación porque el Gobierno lo vendió el día antes a la Caixa, por un euro y con 6.000 millones de ayudas públicas.

El ajuste impuesto por Bruselas a un 30% de nuestro sistema financiero será drástico. Las entidades recortarán un 60% su tamaño, transfiriendo activos tóxicos (inmuebles y solares) al “banco malo” (hasta 90.000 millones), vendiendo sus participaciones en empresas y negocios, cerrando oficinas, dejando de dar préstamos a promotores, abandonando las operaciones financieras al por mayor (pagarés,deuda pública y tesorería) y dejando de operar fuera de su ámbito regional. O sea, se centrarán en su autonomía (salvo Bankia, que será estatal) y en dar préstamos sólo a pymes y particulares. Y eso sin endeudarse: cada euro que presten deberá ser un euro que capten con depósitos. Con ello, más que Cajas van a ser cajitas… maniatadas. Y en seis meses, el Banco de España debe vender NovaGalicia Banco (NGB) y Catalunya Banc (CB). Además, Bruselas impondrá la nacionalización de dos Cajas más: BMN (Caja Murcia y tres más) y Ceiss (CajaDuero-Caja España), que iba a ser absorbida por Unicaja .

Con las ayudas españolas ya recibidas, la reconversión de los cuatro bancos nacionalizados costará 67.000 millones de ayudas públicas: 36.000 para Bankia, 10.000 para NGB, 14.000 para CB y 7.000 para Banco de Valencia. Un dinero que se suma a los 35.071 millones de ayudas públicas inyectadas a otras cinco Cajas ya vendidas: 24.477 millones a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (vendida a Banco Sabadell), 5.500 millones a Unnim (Caja Sabadell, Terrasa y Manlleu, vendida a BBVA), 3.775 a Caja Castilla la Mancha (comprada por Cajastur), 977 a Banca Cívica (Caja Navarra, Burgos y Canarias, vendida a la Caixa) y 392 millones a Cajasur (comprada por BBK). Se destinarán otros 3.790 millones (1.500 de Bruselas) en ayudas públicas a cuatro grupos de Cajas más: BMN (Caja Murcia y tres más), Ceiss (Caja-España-Caja Duero), Liberbank (Cajastur y tres más) y Caja 3 (CAI y dos más). Y hay que sumar otros 2.500 millones, de entrada, para poner en marcha el “banco malo”, la inmobiliaria mala que acogerá a los “muertos inmobiliarios” de bancos y Cajas con ayudas.

En total, 108.361 millones en ayudas públicas, que serán más porque falta incluir el coste de las dos nuevas Cajas a nacionalizar (BMN y Ceiss), las ayudas fiscales prometidas a las fusiones y al banco malo , así como las pérdidas que puedan aflorar en los bancos vendidos (el Estado se compromete a asumir una parte de los fallidos futuros). O sea que la factura podría llegar a 120.000 millones (más 95.637 millones en avales del Estado). ¿Cuánto se puede recuperar? Poco: quizás algo de Bankia (espera tener beneficios a partir de 2015) y de las Cajas que no se vendan, pero no más de un 20% de lo aportado. O sea, que la reforma financiera nos costará finalmente 100.000 millones irrecuperables.

Pero no será su único coste. Unos 15.000 empleados de Cajas (5.000 en Bankia) y bancos perderán su trabajo (tras los 30.172 despedidos desde 2009) y al resto les bajarán el sueldo (hasta el 40%). Se cerrarán unas 2.300 oficinas (1.100 en Bankia), tras las 5.700 cerradas hasta ahora. Y muchos  pequeños ahorradores verán perder su dinero: un tercio de los 700.000 españoles que compraron preferentes a Cajas y bancos (106.000 en Bankia, 43.000 en NCG y unos 30.000 en CB)  perderán entre un 30% y un 70% de su inversión. Y lo mismo, el medio millón de accionistas de los bancos nacionalizados (400.000 en Bankia). Además, todos los clientes de estas Cajas con ayudas acabarán pagando más comisiones (Bankia ha anunciado que las subirá un 50%). Y miles de personas dejarán de beneficiarse de la Obra Social de las Cajas (1.125 millones en 2011). Además, España tendrá 41.000 millones más de deuda pública para salvar a la banca, lo que eleva nuestro déficit y perjudica nuestras posibilidades de financiación en los mercados.

Un alto coste que no se va a traducir de momento en más crédito, como reconocen los propios bancos. Primero, porque un tercio del sistema (las Cajas con ayudas), tras el drástico recorte impuesto, van a funcionar al ralentí, con menos liquidez y más restricciones para prestar, sobre todo a particulares (Bankia sólo prestará un 15% a familias hasta 2015). Con ello, el recorte del crédito sólo en las 3 cajas nacionalizadas podría ser del 30%. Y el resto de bancos y Cajas, estarán bastante ocupados en digerir compras, vender activos y reforzar capital  como para  dar más créditos. De hecho, el crédito se ha encarecido y ha caído un 5,7% en 2012, el mayor descenso en 50 años. El problema  de fondo es que no hay apenas demanda solvente: hay recesión y ni empresas ni familias piensan en endeudarse más.

A final, España ha hecho una costosa reforma financiera sin frutos hasta 2015 (o más), salvo para los bancos, los únicos que salen ganando: se harán con un 70% del mercado (tenían el 48%), comprando por un euro Cajas con ayudas públicas. Y habrá una verdadera revolución en el mapa bancario: de 10 bancos y 45 Cajas antes de la crisis pasaremos a 8 bancos (2 grandes- Santander y BBVA- que controlarán un 30% del mercado y 2 medianos, Sabadell y Popular ) y 7 Cajas (2 grandes, La Caixa, ahora la primera entidad financiera, y Bankia, más 5 Cajas regionales). Y todos trabajarán con sus clientes “como bancos”: todos sabemos lo que eso significa.

Había que sanear la banca, está claro, pero se ha hecho tan tarde y con tantos errores que va a salir carísimo, a costa de recortes extras en inversiones, educación, sanidad y gastos sociales. Y se hará sin que nadie acabe en la cárcel, después de que muchos gestores se hayan llevado más de 100 millones en finiquitos. Así que no quieran que encima aplaudamos.

El Gobierno salva a las autopistas

Entre los recortes del Presupuesto 2012, el Gobierno Rajoy ha aprobado de tapadillo, como Zapatero los dos años anteriores, ayudas a las autopistas de peaje, para evitar que algunas quiebren por falta de tráfico y el Estado tenga que cargar con ellas. El PP ha ido más allá y ha prolongado estas ayudas hasta 2021, lo que supondrá darles otros 2.000 millones en créditos blandos. Y les ha quitando, con una fe de erratas, la obligación de que a cambio se fusionen. Ahora, el Gobierno estudia  ampliar las concesiones a las autopistas y subir tarifas, para que se saneen. Y las que no lo consigan, nacionalizarlas, como ya se hizo en 1984. Al final, las autopistas siguen con los privilegios que arrastran desde el franquismo y que nos han costado ya 8.800 millones de euros.

En España hay 38 autopistas de peaje, pero sólo 10 tienen problemas graves: las radiales madrileñas R-2, R-3, R-4 y R-5, la M-12 a Barajas, las autopistas Madrid-Toledo, Ocaña-La Roda, Cartagena-Vera, la circunvalación de Alicante y el peaje Alto de las Pedrizas-Málaga. Son autopistas de segunda generación, hechas en los años del boom económico (1999-2003), con la presión política del PP en la Comunidad de Madrid (“queremos autopistas como los catalanes”) y pensando en un tráfico irreal que se ha desplomado con la crisis: pasan un 40% de los coches previstos (y hasta el 10%), dado que hay autovías libres en paralelo. Y además, se les multiplicó por siete el coste de las expropiaciones, debido a la ley del Suelo aprobada por el Gobierno Aznar en 1.998.

Pero el negocio de las autopistas era construirlas, no los ingresos por peajes: Yo gano con hacerla y si luego no tienen tráfico, no es mi problema, sino del Estado. Porque las concesiones incluían la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA): si las empresas no pagaban su deuda, debía hacerlo el Estado. Por eso, el gobierno Zapatero salió en su ayuda (con apoyo del PP) en los Presupuestos de 2010 y 2011, con 800 millones de créditos blandos, a menos del 4%  de interés (Euribor+1,75%), a devolver al final de la concesión (65 años). Y con subida de tarifas: hasta el 3,43 % en 2011 y 3,2% en 2012.

Este año, los 29 bancos y Cajas que prestaron a estas autopistas han vuelto a presionar: no refinanciarán la deuda (4.000 millones) si no se les garantiza el cobro, lo que ha colocado a varias (R-2, R-4, Cartagena-Vera) al borde de la quiebra. Y hay otros 1.000 millones de expropiaciones pendientes de pagar. Fomento ha salido al quite y en los Presupuestos 2012 ha aprobado dos ayudas. Una, 289 millones de créditos participativos, para pagar expropiaciones. Y la otra, ampliar hasta 2021 la cuenta de compensación, 80 millones de créditos anuales para compensar la caída de tráfico. En total, unos 2.000 millones más de ayudas públicas en la próxima década para sanear las autopistas.

A cambio, el Gobierno quería que las autopistas se fusionaran (como los bancos), las buenas con las malas. Por ejemplo, Abertis, líder europeo del sector, tiene las tres autopistas más rentables de España (Acesa, Aumar e Iberpistas) absorbería las tres radiales donde es accionista (R-2, R3 y R-5).Pero la propuesta ha creado reticencias en el sector y Fomento ha quitado el requisito de las fusiones de la disposición adicional 15 de la Ley de Presupuestos, con una fe de erratas al proyecto enviado al Congreso…

Solventada la amenaza de la quiebra con estas ayudas, el Gobierno ha creado una Comisión para asegurar antes del verano el futuro de las autopistas con problemas. La primera medida será inyectarlas más recursos vía ampliación del plazo de las concesiones. Así, Abertis (uno de cuyos directores generales, Gonzalo Ferré, es ahora Secretario General de Infraestructuras en el Ministerio de Fomento) podría recibir, a cambio de sanear sus radiales, una ampliación por 20 años de sus concesiones en las autopistas valencianas y catalanas (vencen en 2019 y 2021). Y lo mismo otras empresas que carguen con autopistas en apuros. Y se les garantizarán subidas de tarifas por encima del IPC y los créditos ya comprometidos para pagar expropiaciones y compensar caídas de tráfico. No se descarta incluso cobrar peajes en las autovías hoy gratuitas, lo que podría desviar más tráfico a las autopistas. 

Y si estas medidas no bastan, Fomento ya ha dicho que nacionalizará las autopistas insalvables (probablemente cuatro: Madrid-Toledo, M-12 al aeropuerto, Murcia-Almería y el peaje de las Pedrizas). No es algo nuevo: en marzo de 1984, el Gobierno de Felipe González creó ENA para nacionalizar 3 autopistas en apuros (Audasa, Audenasa y Aucalsa). Y en mayo de 2003, cuando ya ganaban dinero, el Gobierno Aznar las privatizó: las compró Sacyr, por 1.586 millones (el Estado había aportado a ENA 1.700 millones).

Las autopistas, un sector español líder en el mundo, han gozado de privilegios desde el franquismo: la Ley de autopistas de peaje de 1972 les permitía endeudarse en divisas con aval del estado y seguro de cambio, un privilegio que duró hasta 1988 y que nos ha costado a los españoles unos 8.000 millones de euros. Y ahora, con la amenaza de la quiebra con cargo al Estado, van a recibir créditos privilegiados por otros 2.800 millones al menos, más el regalo de las nuevas concesiones y las subidas de tarifas. Ayudas públicas para un poderoso lobby (asiduos a la Moncloa) con gran poder mediático, controlado por 7 constructoras (Abertis, Acciona, ACS, Ferrovial, FCC, OHL y Sacyr) que ganaron 3.482 millones en 2011.

Al final, el dinero público (recortado para casi todo) salvará a las autopistas de los errores de diseño, por razones políticas y del negocio constructor. Y el Estado volverá a nacionalizar autopistas, para venderlas (con pérdidas) cuando sean rentables. La cuestión es por qué este trato de favor (al margen de las exigencias legales) con las autopistas y no con la industria del automóvil, las inmobiliarias o los miles de tiendas que también venden menos por la crisis. Esto no es economía de mercado. Es el Estado al servicio de los poderosos. En plenos recortes.

El espejismo de la reforma financiera

El Gobierno Rajoy sigue buscando cómo dar confianza a los mercados y ahora le toca el turno a bancos y cajas: va a forzarles a un nuevo saneamiento, el tercero en dos años, para que vendan pisos embargados y tapen los agujeros del ladrillo. Y así dice que bajará la vivienda y habrá más crédito. Suena bien, pero es un espejismo. Si se obliga a bancos y cajas a hacer más provisiones, darán menos crédito. Si no hay crédito, ahora que los bancos tienen dinero barato del BCE, es porque prefieren comprar deuda pública que prestar a empresas y particulares, muchos poco solventes. Con esta vuelta de tuerca, habrá nuevas fusiones (y más despidos) y la mayoría de cajas acabarán en manos de bancos. Pero no habrá más crédito mientras la economía esté en recesión.

enrique ortega

Hace dos años, el Gobierno Zapatero presumía en el G-20 de que España tenía la banca más saneada del mundo. Pero la crisis del euro sembró dudas sobre España y sus bancos y cajas, temiéndose que la crisis del ladrillo era una bomba de relojería en sus balances. Eso obligó al Gobierno a aprobar en junio de 2010 una Ley de cajas para obligarlas a sanear sus cuentas, con fusiones: se pasó de 45 Cajas a 17 grupos. Pero  los mercados seguían atacando y en enero de 2011, la ministra Salgado da otra vuelta de tuerca y obliga a 13 entidades (4 bancos y 9 grupos de cajas) a buscar 15.152 millones para sanearse. Este segundo ajuste terminó el 30 de septiembre, con la nacionalización de tres cajas (NovaCaixa Galicia, Catalunya Caixa y Unnim), tras la intervención en julio de la CAM.

Ahora, el Gobierno Rajoy ha aprobado un tercer ajuste: bancos y cajas tendrán que destinar otros 50.000 millones a hacer más provisiones sobre sus créditos en suelo y vivienda (175.000 millones son “problemáticos”). Antes de finales de 2012, salvo que se fusionen con otra entidad (antes del 30 de mayo), en cuyo caso tienen dos años para sanearse y podrán recibir ayudas públicas (créditos del FROB). Eso sí, el Gobierno ha rebajado los sueldos de  los directivos de las 9 cajas intervenidas o con ayudas públicas (a la mitad  o a la cuarta parte, como a Rato), algo que nunca controló bien el Banco de España.  

Con el nuevo ajuste, el Gobierno ha abierto el baile de nuevas fusiones, buscando  que los buenos salven a los que están peor. De momento, los que se acaban de fusionar (Popular con Pastor, Sabadell con la CAM, BBK con la Kutxa y Unicaja con CajaDuero/España) tendrán más fácil el ajuste. Bankia, la caja con más ladrillo, intentará ganar un año más quedándose con una de las entidades intervenidas (Unnim, NovaCaixa Galicia,  Catalunya Caixa y Banco de Valencia ), por las que también pujarán los grandes (Santander, BBVA o la Caixa), los únicos que tienen músculo para sanearse solos. Y el resto, tratarán de buscar pareja para conseguir tiempo y ayudas. Al final, de los 55 bancos y cajas de hace año y medio podemos pasar a 13 entidades: 6 bancos (Santander +Banesto, BBVA, Popular, Sabadell y quizás Bankinter y Banca March) y 7 cajas (Caixa, Bankia, Unicaja, Ibercaja, Kutxabank y dos grupos más en torno a BMN (Caja Murcia) y Banca Cívica.

En el camino, habrán desaparecido 70 entidades en cuatro años, concentrándose el dinero en unos pocos bancos y cajas, las que más pierden en esta reconversión. Un proceso que ha costado 105.000 millones de saneamientos, 45.000 en ayudas públicas (créditos y capital, que habrá que ver si se recuperan).Y se han perdido 20.000 empleos, aunque con costosas pre-jubilaciones que en parte hemos pagado todos. Ahora se habla de  un recorte de 40.000 empleos más en bancos y cajas. Y otros 9.000 millones más en créditos públicos.

Una costosa reconversión que va a servir, según el Gobierno, para que baje el precio de la vivienda y haya más crédito. Los bancos ya intentan vender los pisos embargados (tienen 86.000 en sus Webs y el doble en la recámara), con rebajas del 20 al 30%, y ahora los bajarán más, para provisionar menos. El problema es encontrar alguien que quiera comprar (al 95,7% de los españoles no se les pasa por la cabeza, según la última encuesta del CIS) y sea solvente, que tenga un 30% ahorrado (20% para la entrada y 10% para gastos)  y un trabajo y un sueldo que le permitan conseguir una hipoteca, cada vez más cara y difícil.

¿Y el crédito? En principio, si bancos y cajas tienen que hacer provisiones (inmovilizar dinero para cubrir créditos dudosos), podrán dar menos créditos. Y si este año tienen la cabeza en fusiones, no podrán dedicarse a prestar. Teóricamente, si están más sanos, conseguirán financiarse en el mercado y tener más liquidez para prestar. Pero si Santander o BBVA tienen cerrados los mercados es porque son españoles, porque los mercados tienen dudas sobre España. Y por eso, el BCE ha salido en su ayuda, y en la del resto de bancos europeos, inyectando liquidez al 1 %: casi medio billón de euros en diciembre y un billón para finales de febrero. Los bancos ya no tienen problemas de liquidez. Lo que les falta son empresas y particulares solventes que les pidan créditos. Por eso prefieren comprar deuda pública, más segura y rentable. Y así seguirán, temiendo prestar a empresas y particulares, porque está subiendo sin parar la morosidad. Y los que son solventes, no están para endeudarse, porque sus negocios están parados (además, les prestan con cuentagotas).

En definitiva, llevamos año y medio de reconversión financiera, con altos costes, y no fluye el crédito. Y tampoco habrá más crédito ahora, porque el país está parado, no se vende ni se invierte y los que necesitan dinero son cada vez menos solventes. Si se quiere sanear a la banca y que haya crédito, hay que reanimar la economía, luchar contra la recesión. Todo lo demás son ajustes de cara a los mercados. Espejismos.