Mayores 55 años: más activos pero relegados

Las plantillas de las empresas españolas han envejecido y ahora 1 de cada 5 trabajadores tienen más de 55 años, 2 millones más que hace 10 años. Y este verano se ha superado el récord de mayores “activos”, que trabajan o buscan trabajo (5,1 millones). Muchas son mujeres que buscan recuperar el trabajo perdido y sumar ingresos en casa, aunque las mujeres mayores de 55 años están tan discriminadas o más que las jóvenes: tienen menos trabajo y peores empleos, ganan menos, tienen más paro y cobran menos y reciben menos pensiones que los trabajadores mayores. Pero todos, mujeres y hombres mayores, tienen el mismo problema: las empresas no los quieren, tratan de que se vayan o se jubilen y no los contratan si están parados. Aumenta el “edadismo” en la economía, que relega a muchos mayores a seguir parados hasta la jubilación. Urge un Plan para promover el reciclaje y la contratación de estos millones de personas "mayores", para aprovechar su talento y su experiencia.

                       Protesta trabajadores mayores 55 años                            Información Alicante

España tiene una población cada vez más envejecida, como toda Europa, por el aumento de la esperanza de vida y el menor número de nacimientos. El 1 de octubre residían en España 48.946.035 habitantes, según el INE, de los que más de un tercio (el 34,91%) tienen más de 55 años: 17.087.070. Son 3,3 millones de mayores más que hace 10 años, cuando en España vivían 46.507.760 personas, de las que 13.813.959 tenían más de 55 años. De este tercio largo de personas mayores, un 44% son personas en edad laboral, que tienen entre 55 y 64 años: 7.579.865 personas, 1,6 millones más que en  2014. De hecho, dos tercios del aumento de población total que ha tenido España en la última década se ha dado entre las personas que tienen de 55 a 65 años. Y una buena parte de este aumento se debe a los inmigrantes mayores (55 a 65 años), que son ahora 910.860 personas (1 de cada 8 mayores).

De estos 7,5 millones de personas que tienen entre 55 y 65 años, cada vez hay más “activos”, personas que buscan trabajo o trabajan, debido a que muchos “mayores” se han lanzado al mercado laboral tras las dos crisis (financiera y pandemia), sobre todo mujeres. De hecho, este verano se batió el récord histórico de “mayores activos”, superándose los 5 millones de personas con más de 55 años que trabajan o buscan trabajo : en septiembre eran ya 5.092.600 “mayores activos” (un 20,72% del total de activos), según la EPA, lo que supone un tremendo salto en su actividad, dado que hace 10 años (2014), sólo eran “activos” (trabajaban o buscaban trabajo) 3,1 millones de mayores (el 13,5% de todos los activos) y hace 20 años (en 2004), sólo eran activos 2 millones (el 10,2% del total).

Así que los trabajadores “mayores” (más de 55 años) están más activos que nunca en España y también trabajan más que nunca. En septiembre de 2024, tenían un trabajo 4.576.700 ocupados mayores de 55 años (4,21 millones entre 55 y 64 años, 304.700 con 65 a 69 años y 53.100 con más de 70 años), una cifra que supera en algo más de 2 millones a los “mayores” que trabajaban hace 10 años, en septiembre de 2014 (2.557.500). Eso supone que 1 de cada 5 trabajadores (20,97%)  tienen hoy más de 55 años, cuando hace 10 años, el empleo de los “mayores” suponía no llegaba a 1 de cada 7 trabajadores (14,6%). De estos 2 millones de mayores más que trabajan hoy, 1 millón más son hombres y otro millón mujeres. Y el 11% de los “mayores” con trabajo son extranjeros (500.000, la mayoría mujeres).

Una parte de estos “mayores activos”, esos 5 millones con más de 55 años, no han conseguido trabajar y están en paro. En septiembre de 2024, se consideraban “parados” (EPA) un total de  515.900 mayores de 55 años (la mayoría, 494.400 con una edad entre 55 y 64 años, 19.500 parados con 65 a 69 años y 2.000 parados con más de 70 años, que “siguen buscando empleo”). Son menos parados “mayores” que hace 10 años (593.100 en septiembre de 2014), pero la caída es pequeña frente a la del paro total (reducido a la mitad, de 5,42 millones a 2,75 millones), según el INE. Y además, el peso de los parados “mayores” en el total es hoy mayor: son el 18,73% de todos los parados, cuando en 2014 eran el 10,92%.

Hasta aquí, el panorama de la actividad, el empleo y el paro de los mayores de 55 años, un colectivo que ha dado un gran salto en el mercado  laboral, aunque las empresas “renieguen” de ellos en muchos casos y busquen sustituirlos por jóvenes (más “baratos”). Pero el dinamismo laboral de este colectivo de “mayores” esconde una “brecha interna”, una discriminación generalizada por la que las mujeres “mayores” salen perdiendo, según revela un reciente estudio de la Fundación Mapfre: son menos “activas”, tienen menos empleos, más precarios  y puestos menos importantes y peor pagados, más paro y menos subsidio y cobran menos pensiones que los hombres “mayores”.

Empezando por la actividad, de las 4,7 millones de mayores activos entre 55 y 64 años, menos de la mitad son mujeres (2,19 millones) y hay más hombres (2,52 millones), a pesar de que hay más mujeres que hombres en la población total y en esa franja de edad. Y en España, son “activas” sólo el 61,1% de las mujeres “mayores”, frente al 73,5% los hombres. Eso se debe a que muchas mujeres dejan de trabajar al ser madres o para cuidar a sus padres, lo que reduce su porcentaje de “actividad” (buscar trabajo o trabajar). 

En cuanto al empleo, la 2ª discriminación es que las mujeres “mayores” trabajan menos que los hombres “mayores”. En septiembre de 2023, de los 4.576.700 mayores de 55 años que trabajaban, más de la mitad eran hombres (2.489.900 ocupados, el 54,4%) y menos mujeres (2.086.800 ocupadas, el 45,6% del total). Es lo mismo que pasaba 10 años antes: 1.459.200 ocupados hombres y 1.098.400 mujeres. Comparados con Europa, las mujeres “mayores” tienen una tasa de empleo menor: 53% de las mujeres con esa edad trabajan en España, frente al 58% en la UE-27, el 71% en Alemania, el 57,2% en Francia y el 47,2% en Italia.

Además, las mujeres "mayores" sufren otras discriminaciones: tienen más contratos a tiempo parcial (unas, para atender a hijos y mayores y otras, porque no encuentran otro empleo), más contratos temporales y trabajan en sectores “feminizados” (educación, sanidad, comercio y hostelería), que suelen tener sueldos más bajos. Y aunque tienen más formación que los trabajadores hombres mayores (el 40% son universitarias, según la Fundación Mapfre), tienen peores puestos que los hombres (hay 2,5 veces más hombres “senior” que mujeres en puestos directivos)  y peores sueldos. La “brecha” salarial por género es mayor entre los trabajadores mayores de 55 años, según la Fundación Mapfre: un 14,4% menos que los hombres cobran las mujeres que tienen entre 55 y 64 años, una “brecha” mayor que entre 45 y 54 años (cobran 12,1% menos), entre 35 y 44 años (6,9%) o entre 25 y 34 años(1,3%).

Otra importante discriminación se da en el paro, por partida doble. Por un lado, las mujeres “mayores” sufren más paro: en septiembre de 2024, había 282.200 mujeres con más de 55 años en paro (el 54,7% del total), frente a 233.700 parados “mayores”.  Y lo más llamativo: la tasa de paro de las mujeres “mayores” en España, el 12,9% de la población activa (2023), no sólo supera a la de los hombres (9,5%) , sino que triplica al paro de las mujeres mayores en la UE-27 (4,5%) y Francia (55) y multiplica por 6 el paro de las alemanas (2%), según Eurostat.  Y por otro lado, las mujeres cobran menos desempleo, tanto porque cotizan por sueldos más bajos como porque han cotizado menos tiempo y a veces no tienen derecho al subsidio contributivo (988 euros mensuales), sólo al asistencial (480 euros). Los datos del SEPE de octubre revelan que 376.912 mujeres mayores de 55 años cobran un subsidio contributivo (y 311.017 parados “mayores”), 872 euros al mes ellas, frente a 1.100 ellos. Eso sí, los parados “mayores” que cobran el desempleo asistencial, a partir de los 52 años y hasta la jubilación, cobran lo mismo sean hombres o mujeres: 480 euros al mes.

Al final de la vida, las mujeres cobran menos pensión que los hombres, porque han cotizado por sueldos más bajos y durante menos años, porque han tenido “años en blanco”, que no han trabajado ni cotizado, por la maternidad o por el cuidado de mayores y dependientes. De ahí que la pensión media de los hombres, en octubre de 2024, sea de 1.514,18 euros, frente a 1.031,07 euros la de las mujeres. Y la pensión de jubilación, 1.659,19 euros de media los hombres frente a 1.145,46 las mujeres. Pero en el caso de jubilarse anticipadamente, también hay discriminación en el cobro: 1.732 euros las mujeres frente a 2.090 los hombres, para jubilaciones entre los 60 y 64 años, y 1,411 euros las mujeres frente a 1.725 euros los hombres en jubilaciones entre los 65 y 69 años, según la Seguridad Social.

Las mujeres “mayores” están discriminadas respecto a los hombres, en actividad, empleo, paro, ingresos, subsidios y pensiones. Pero todos los “mayores”, ellos y ellas, sufren cada día la presión de muchas empresas, que intentan “que se vayan” o se jubilen anticipadamente, o que no están dispuestas a contratar a mayores en paro. Un contrasentido:  que un colectivo muy dinámico y formado, los mayores de 55 años, sufra prejuicios y estereotipos en el mercado laboral, que en muchos casos los lleva a la inactividad, al desempleo de larga duración y a las jubilaciones anticipadas (perdiendo pensión), como señala este informe de Adecco.

Hay sectores enteros, como la banca, las telecomunicaciones o la energía, que han sufrido procesos de “rejuvenecimiento de las plantillas”, a cambio de un alto coste para las empresas y para la Seguridad Social. Y la presión sigue hoy en muchas empresas y sectores, con el objetivo de “renovar” plantillas y ahorrarse costes, al sustituir un empleado con antigüedad y sueldos medios por jóvenes mileuristas y contratos precarios. Es una visión “cortoplacista”, que puede suponer “ahorros” a corto plazo pero donde las empresas pierden lo más valioso: el capital humano. Parece claro que hay que dejar sitio a las nuevas generaciones, pero debería buscarse una “cohabitación” entre trabajadores mayores y jóvenes, promoviendo contratos de relevo, donde el empleado mayor trabaje menos horas y forme a los nuevos, sin perder mucho sueldo y bonificando la contratación de esos jóvenes.

Lo que parece claro es que asistimos a un problema de “edadismo” en el mercado laboral: las empresas apenas contratan a mayores de 45 años y es muy raro que contraten a mayores de 55 años. Los datos son muy evidentes: en octubre de 2024, de los 12.935.916 contratos hechos en España (se hacen muchos al año para un puesto), sólo el 8,92% se hicieron a parados mayores de 55 años, según el SEPE, cuyos datos revelan que los contratos se concentran en los 25-29 años (14,8% del total) y los 30-34 años (12,10%).

 Así que los 515.900 parados con más de 55 años tienen muy difícil encontrar un trabajo. Ellos lo saben: 7 de cada 10 parados mayores de 55 años “creen que no volverán a trabajar nunca”, según una Encuesta de la Fundación Adecco. Solo les queda malvivir con 480 euros de paro hasta que puedan jubilarse (63,65 o 67 años, según lo cotizado y lo que quieran perder si anticipan la retirada). Y eso si cumplen los requisitos para cobrar el paro de mayores de 52 años, que incluyen carecer de otros ingresos y haber cotizado 6 años. En cualquier caso, no sólo buscan trabajo: también recuperar la autoestima, porque se ven sin salida después de sus estudios y muchos años de trabajo.

La Fundación Mapfre propone que el Gobierno y las empresas promuevan trabajos parciales (“mini Jobs”) para recuperar a los parados “mayores”, incentivar que muchos se hagan autónomos (hay 1 millón de mayores de 55 años autónomos, 350.000 mujeres), junto a programas de reciclaje y formación (sobre todo en herramientas digitales), además de  bonificaciones fiscales y de cotizaciones a las empresas que contraten a mayores. Y que se publique e incentive el porcentaje de mayores que tienen las empresas. Otro elemento clave es la reforma y modernización de las oficinas de empleo (SEPE), para que ayuden a recolocarse a los parados y en especial e los mayores que llevan más tiempo sin trabajar.

En resumen, que tenemos un ejército de “mayores” que tienen ganas de trabajar y una formación y experiencia muy valiosas, que las empresas no deberían relegar, porque mejora su eficacia y productividad. No podemos despreciar el talento.

Pensiones: las cuentas empeoran

El pago de pensiones ha costado en febrero más de 9.500 millones, con el mayor aumento de esta factura desde 2008. Y no sólo porque haya más pensionistas y cobren pensiones más altas, sino por la subida del 1,6% en 2018 y 2019, el 3% de las mínimas y la “paguilla” de febrero. Con ello, el déficit de la Seguridad Social superará este año los  -18.500 millones de los últimos tres años. Mientras, la Comisión del Pacto de Toledo se cerró sin aprobar ninguna reforma, tras más de 2 años de debate. Y la SS necesitará un nuevo préstamo y “tirar” de la hucha (dejándola en 1.350 millones) para pagar las pensiones este año. El “agujero” empeora y nadie toma medidas ni dice cómo van a pagar las próximas subidas y cómo asegurarán el futuro de las pensiones. Habrá que recaudar más por cotizaciones, trasvasar impuestos y hacer ajustes, aunque no nos guste. Si no, mejorarán las pensiones actuales pero tendrán un problema grave nuestros hijos y nietos. SOS pensiones.

enrique ortega

El “agujero” de la Seguridad Social, el déficit entre ingresos y gastos, empeora. Hasta 2010, la SS tuvo superávit, porque se creaba empleo, se ingresaban más cotizaciones y había menos pensionistas. De hecho, en 2008, la Seguridad Social tuvo un superávit de +16.743 millones (1,5% del PIB). Pero llegó la crisis, se desplomó el empleo y las cotizaciones y en 2011 empezó el primer déficit, pequeño (-487 millones), que se multiplicó por 12 al año siguiente (-5.812 millones en 2012), se duplicó con creces en 2014 (-13.762) y siguió creciendo con la recuperación, hasta alcanzar un déficit de -18.537 millones en 2016, que incluso ha subido en 2017 (-18.756 millones) y 2018 (- 18.937 millones, el 1,6% del PIB).

En total, un déficit acumulado en la Seguridad Social de - 101.723 millones de euros entre 2011 y 2018, un “agujero” que se ha tapado emitiendo deuda pública (supera ya el billón de euros) y tirando de la “hucha de las pensiones”: en 2011 tenía 66.815 millones ahorrados de los años buenos y Rajoy la dejó con 8.000 millones, de los que Sánchez sacó 3.000 en 2018 y su sucesor tendrá que sacar otros 3.696 millones este año, para dejarla en 1.350 millones a finales de 2019. Además de la hucha, este año se ha aprobado otro crédito de 15.164 millones y una transferencia de 850 millones, para pagar la pensión extra de verano y Navidad.

Como se ve, el agujero de las pensiones en un tema serio y todo apunta a que este año 2019 va a empeorar, con la revalorización de las pensiones, y podría alcanzar los -22.000 millones de euros. De entrada, en febrero de 2019, la factura de las pensiones ha tenido un coste histórico: 9.563,1 millones (9.535 millones en enero), con un aumento del 7,16% sobre febrero de 2018, la mayor subida mensual en 10 años, desde diciembre de 2008 (entonces pagar las pensiones costaba un tercio menos: 6.332 millones).

La factura de las pensiones sube ahora más, desde el verano de 2018, no sólo porque aumentan los pensionistas (ya son 8.818.371) y las pensiones (hay 9.707.140), por el envejecimiento de la población, sino porque los nuevos pensionistas cobran pensiones más altas que los antiguos: la pensión nueva de jubilación era en enero de 1.446 euros, 448 euros más alta de las que cobraban los que han muerto y son bajas del sistema. Las subidas de los sueldos en los últimos años (aunque bajas) y la fuerte subida del salario mínimo (+34% entre 2017 y 2019) han hecho que los nuevos pensionistas tengan ahora derecho a pensiones más altas: la pensión media de todo el sistema es de 985,16 euros (+5,6% que hace un año) y ya supera los 1.000 euros en 12 provincias (aunque no llega a 800 euros en Orense, Lugo y Almería). La pensión media de jubilación es de 1.131 euros, un 5,04% más que hace un año. Y la pensión media de viudedad es de 708,26 euros (+8,6%).

Pero hay otra razón básica de que la factura de las pensiones haya subido un 7,16% en febrero: la revalorización de las pensiones. Después de muchos años subiendo sólo un 0,25%, en 2018 y en 2019, las pensiones han subido un 1,6%. Y las mínimas un 3%, mientras se subía del 56 al 60% la base reguladora de las pensiones de viudedad. Y en febrero, además, se ha cobrado una “paguilla” para compensar la mayor subida del IPC en 2018. Todo esto está muy bien, pero hay que pagarlo. Y se estima que esta revalorización habrá costado 3.000 millones extras en 2018 y costarán otros 4.000 millones en 2019, con una factura que crece año tras año y supondrá un coste extra de 37.550 millones hasta 2022, según estimó la Seguridad Social. Y hasta 85.000 millones extras si se mantiene la revalorización hasta 2050.

El problema es que todos los partidos acordaron que las pensiones suban con el IPC, pero nadie se preocupó de buscar dinero para pagarlo, más allá de recurrir a la deuda y a la “hucha” de las pensiones (que se ha agotado). Y también pactaron que no entrara en vigor en enero de 2019 otra medida de ajuste, el “factor de sostenibilidad” (pagar las nuevas pensiones en función de la esperanza de vida), retrasando su aplicación hasta 2023, de momento. Con ello, las nuevas pensiones de este año y los tres siguientes no se verán recortadas (como preveía la reforma de 2013 de Rajoy), pero la decisión va a suponer otro aumento extra de la factura de las pensiones, entre 3.000 y 5.000 millones más al año.

Así que tenemos un agujero de las pensiones (-18.937 millones en 2018) y las medidas aprobadas por todos los partidos en 2018 (revalorización con el IPC y retraso de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad) van a aumentar este déficit, como ha advertido recientemente la Comisión Europea, preocupada porque las pensiones impidan reducir la deuda y el déficit público en España. Y en contrapartida, los partidos, presentes en la Comisión del Pacto de Toledo, han sido incapaces de aprobar reformas para tapar este agujero creciente y asegurar la financiación de las pensiones a medio plazo. Y cuando quieran pactar algo, se habrá perdido otro año.

El problema ya no es que tengamos un agujero en las pensiones, lo más preocupante es que se va a multiplicar en los próximos años, por culpa del envejecimiento de la población, que va a disparar las pensiones, de las 9,7 millones actuales a 15 millones de pensiones en 2050. Y para poder pagarlas, habría que contar entonces con 30 millones de españoles trabajando, 10,5 millones más que hoy, algo casi imposible: la Comisión Europea estima que no habrá más de 20 millones de españoles trabajando para 2050, lo que daría 1,3 ocupados por cada pensión. Y así no salen las cuentas.

Así que sólo hay dos soluciones: o modernizamos la economía para poder emplear a 10,5 millones de personas más (sobre todo inmigrantes, porque la población española cae y habrá menos jóvenes) o atemperamos la factura de las pensiones, para poder pagar estos 15 millones de pensiones aunque sea menos a cada una. Lo lógico sería actuar en los dos frentes. El problema se agrava y se hará más acuciante a partir de 2027, cuando se jubilarán los españoles del “baby boom”, los nacidos entre 1960 y 1975.

Así que tenemos dos problemas con las pensiones. Por un lado, afrontar el agujero actual, que lleva ya cuatro años en -18.500 millones y creciendo. Y a medio plazo, el agujero futuro, tomar medidas para que las pensiones no se coman la mitad del gasto público en 2050 (hoy se llevan la cuarta parte). Los partidos, en la Comisión del Pacto de Toledo, han sido incapaces de dar soluciones, pero hay expertos que proponen medidas. Y entre ellos, la propuesta más razonable a corto plazo es la de la AIReF (la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal), que propone suprimir el déficit actual de la SS por dos caminos: uno, trasvasando 10.400 millones de cuotas del desempleo a la Seguridad Social (dejaría de pagar el desempleo no contributivo y bonificaciones de cotizaciones, que cargarían sobre el Presupuesto del Estado) y el otro, quitando a la SS 7.000 millones de gastos que pagarían los Presupuestos (el  coste de funcionamiento de la SS, gastos de fomento del empleo y bonificación de cotizaciones, subvenciones a regímenes especiales y el pago de las prestaciones por paternidad y maternidad). Básicamente, se trata de descargar a la Seguridad Social de 17.400 millones de gastos que se financiarían con impuestos vía Presupuestos.

Es un “parche”, cambiar el "agujero" de sitio (y quien paga: en vez de las cotizaciones, que no llegan, los impuestos), pero serviría para quitar a la Seguridad Social la losa del “déficit coyuntural” actual. Pero eso no nos resuelve el problema de fondo: que las pensiones y su coste crecen más que los ingresos por cotizaciones (sobre todo con empleos precarios y mal pagados). Por eso, hay que pensar en medidas a medio plazo, para evitar el anunciado “gran agujero” a partir de 2027, el déficit “estructural”. Y aquí, la AIReF plantea algo muy sensato: defender que no se revaloricen las pensiones “no es políticamente viable”, nadie lo va a defender con la presión de 9 millones de pensionistas (votantes) detrás. Pero sí hay que defender “atemperar” el ritmo de crecimiento de las pensiones, porque si seguimos la inercia actual, no serán viables para 2050. Y eso hay que decirlo.

Para “atemperar” el gasto en pensiones, la AIReF propone buscar otras vías de revalorización que no sean el IPC, muy volátil y costoso. Una alternativa sería revisarlas lo que crezca la economía (aumento del PIB) o los salarios (que se traduce en la subida de cotizaciones). Además, proponen 2 medidas que serían muy efectivas para atemperar el ritmo de gasto en pensiones. La primera y que tiene más efecto de ahorro, retrasar la edad efectiva de jubilación en 1 año, no sólo la legal (que estará en 67 años para 2027), para que la edad efectiva de jubilación sea de 65,5 años en 2048 frente a los 62,7 años actuales (aunque legalmente sea de 65 años y 8 meses). Y la otra, aumentar el periodo de cálculo de la pensión, de los 25 años previstos para 2027 a 35 años, con la idea de contemplar después el cómputo de toda la vida laboral.

Son dos medidas que recortarían el gasto en pensiones del 18% del PIB en 2050 (si no se hace nada, un gasto insostenible) a un 13,4% del PIB, que sí se podría pagar. Y claro, en paralelo habría que tomar otras medidas como subir en lo posible las cotizaciones sociales (son algo más bajas en España, según Eurostat: un 12,2% del PIB frente al 13,3% en la UE-28, sobre todo las cotizaciones de los trabajadores) y conseguir más ingresos fiscales (se puede: España recauda cada año 81.000 millones menos que la media europea) para financiar con impuestos las pensiones no contributivas, las de viudedad y orfandad y los complementos de mínimos a las más bajas (hoy, la cuarta parte de las pensiones).

Las soluciones no son sencillas pero hay que empezar a tomar medidas con una idea clara: hay que mejorar en lo posible las pensiones actuales pero sin poner en peligro las pensiones futuras, con un equilibrio generacional en los sacrificios. Y eso pasa por saber algunos datos y asumirlos. Como que los pensionistas actuales tienen una esperanza de vida de 21,1 años (a partir de los 65 años), 6,1 años más que en 1975. Y todavía aumentará hasta 22 o 23 años, lo que dispara el gasto en pensiones y obliga a pagar algo menos durante más años para que no estalle el sistema. Y además, hay que saber que las pensiones en España son de las más generosas de Europa y que no hemos cotizado suficiente por ellas.

Los datos son explícitos. En España, la pensión media supone el 78,7% del último salario, frente al 49,9% del último salario que supone la pensión media en la zona euro, el 45,4% en Francia o el 37,8% del último salario en Alemania. O sea que aunque se hable de “pensiones de miseria” (la cuarta parte, 2,4 millones sí son mínimas), las pensiones en España son más altas sobre el último salario que en casi toda Europa (eso sí, los salarios son más bajos y por eso la pensión es baja, pero ese es otro tema). Y la otra cuestión: con lo que cotizamos (si se ha cotizado 37 años), se pagan 13,2 años de pensión media, con lo que no se pagan todos los que se cobran de media (21,1 años): hay 8 años que se cobra pensión sin haber cotizado por ellos (y con una tasa de reposición del 78,7%, faltarían 5,1 años de cotizar, según este detallado estudio de Fedea que conviene conocer.

En definitiva, que las pensiones “no son de chicle” y se puede pagar lo que se puede pagar, lo que dan de sí las cotizaciones e impuestos. Y no queda más remedio (aunque no nos guste) que frenar el gasto, retrasando la edad de jubilación, aumentando los años de cómputo y compaginando lo que se cobra con lo que se vive, porque si no, no salen las cuentas y el problema lo tendrán los que se jubilen en 2050: nuestros hijos y nietos. Por eso, hay que hacer muy bien las cuentas, difundirlas sin demagogia y proponer  a los españoles medidas justas y equilibradas, que repartan el pastel disponible  entre los pensionistas actuales y los futuros. Una reforma pactada por la mayoría y que no se cambie por circunstancias políticas o electorales. No podemos seguir otro año más, como los dos anteriores, sin tomar medidas, sin frenar el déficit, sin asegurar el futuro de las pensiones. Cuanto más se tarde en atajar los problemas, más duras serán las soluciones. SOS pensiones.

El miedo alienta los Planes de pensiones

Vuelve la publicidad de los Planes de pensiones privados, como siempre en diciembre. Pero esta vez, bancos y aseguradoras casi no tienen que hacer campaña: se la hace el Gobierno. Por un lado, con la nueva reforma de las pensiones, que se aprueba este mes: va a recortar las pensiones iniciales de los que se jubilen a partir de 2019 (entre -5,8 y -23,2%), además de revisarlas poco o nada. Por otro, rebaja las comisiones de los Planes de pensiones para que sean más atractivos. Y la OCDE echa otra mano: acaba de decir que las pensiones futuras serán peores y que hay que hacerse un Plan privado. Así que el miedo está servido y empujará a hacerse más Planes, aunque este año tienen menos aportaciones por la crisis. El problema es que hay que dedicarles entre 300 y 500 euros al mes y muchas familias no saben de dónde sacarlos. Pero no va a quedar más remedio, aunque no nos guste.
 

enrique ortega

Los Planes de pensiones privados baten este año todos sus récords de dinero invertido. Hasta septiembre, había 8 millones de españoles con un Plan de pensiones (4,6 millones con Plan individual y el resto con Planes de empresa o de funcionarios, 700.000) y tenían un patrimonio de 89.632,2 millones de euros, una cifra histórica, gracias al tirón de la Bolsa, ya que las aportaciones han bajado este año (3.909 en los últimos 12 meses hasta septiembre, frente a  4.485 millones el año anterior), porque hay más parados y menos ingresos como para hacerse Planes. La otra factura de la crisis es que aumentan un 78% los que rescatan su Plan antes de jubilarse, porque están en paro prolongado (enfermedad grave o desahucio): en 2013 serán unas 180.000 personas (500 al día), que recuperarán 500 millones (2.780 euros por parado o enfermo), según datos de INVERCO.

Bancos y aseguradoras esperan relanzar sus flojas ventas de Planes de pensiones este mes, con unas campañas agresivas (regalos) y sobre todo, aprovechando el miedo que se ha inoculado a los españoles sobre sus pensiones futuras. Ha sido muy “oportuno” el reciente informe de la OCDE sobre pensiones, con tres ideas: las futuras pensiones serán más bajas que las actuales, los que tienen salarios medios lo sufrirán más y hay que hacerse Planes de pensiones privados. Clarito. Pero la mejor campaña la hace este mes el Gobierno Rajoy. Por un lado, aprobando la segunda reforma de pensiones, con dos medidas: recorte de la pensión inicial (entre el 5,8% y el 23,2%) a los que se jubilen a partir de 2019. Y por otro, revalorizando las pensiones poco (0,25%-0,50%) o nada desde enero. Con esto y la reforma  de Zapatero (en vigor desde enero 2013), las pensiones futuras se recortarán entre un 20 y un 40% sobre las actuales, más cuanto más tarde nos jubilemos. Por otro, el Gobierno rebajará este mes las comisiones que cobran los Planes, para hacerlos más atractivos, aunque la medida tiene truco: baja la comisión máxima de gestión del 2% al 1,4%, aunque pocas gestoras cobraban el máximo (la media es el 1,39%, según Seguros). La otra comisión, la de depósito, que sí se cobra íntegra, baja del 0,5 al 0,25%. Serán, pues, más baratos.

Con estas “ayudas” se busca que España se ponga al día en Planes de pensiones privados, porque  estamos rezagados frente a Europa: los tienen el 26% de las personas en edad de trabajar, frente al 40% en la UE. Y eso, por dos razones. Una, que en España hay pocos Planes de empresa: sólo los tienen el 18% de los trabajadores, mientras en otros países van del 25 al 50% (Gran Bretaña). Y la otra, más importante, porque los españoles siempre han confiado en su pensión pública y han ahorrado para comprar una casa (83% españoles son propietarios frente al 60% en la UE y el 44% en Alemania) o para invertir en depósitos (49% del ahorro hoy), Bolsa (20%), seguros (9%), Fondos (6,8%) y sólo un 5,2% en Planes.

El problema ahora es que coincide la crisis de las pensiones públicas con los menores ingresos de las familias, por el paro y la crisis. Y así, el 65% de los españoles cree necesario complementar la pensión pública, pero la mayoría no lo hace por falta de recursos, según una encuesta reciente. Y los que tienen un Plan de pensiones, invierten muy poco: el 54% aportan 1.000 euros o menos al año (mileuristas también en Planes) y otro 27% entre 1.000 y 5.000 euros al año. Y la mayoría invierte en Planes para pagar menos a Hacienda, por la desgravación, que beneficia sobre todo a los más ricos, como ha denunciado incluso la Comisión Europea en junio: a igual aportación, los sueldos altos desgravan mucho más. Y mientras en los sueldos de menos de 21.000 euros, sólo el 18% se desgravan por Planes, entre los contribuyentes que ganan más de 60.000 euros, se desgravan el 60%.

Con todo, parece claro que las pensiones públicas futuras se van a recortar: si hoy suponen el 81% del sueldo medio, puede temerse que se queden entre el 60 y el 70% dentro de 20 ó 30 años. Así que si no queremos vivir peor después de jubilarnos, parece realista buscar cómo conseguir ese 30 o 40% de pensión complementaria (si este Gobierno y la oposición han tirado la toalla de conseguir más recursos públicos y más cotizaciones para las pensiones públicas). Y tendremos que pensar en hacernos un Plan de pensiones.

¿Cuándo? Cuanto antes: lo mejor es a los 40 años (y mejor a los 35). El tiempo es clave, porque cuanto más tarde se hace más hay que pagar para conseguir algo que compense. ¿Cuánto hay que pagar? Para conseguir, por ejemplo, 250.000 euros al jubilarse (1.000€ extras al mes durante 20 años), habría que pagar 4.251 euros año (354 € mes) si se empieza con 35 años, 8.073 €  con 45 años y 13.000 € al año (1.083 € mes) si se contrata con 50 años.

¿Qué Planes? Depende de la edad. Lo ideal es empezar con Planes de renta variable, de más riesgo (invierten en Bolsa, donde es más difícil perder a 20 años vista), seguir con Planes de renta fija (invierten más seguro, en depósitos, Letras o deuda pública) o Planes mixtos (variable y fija) y acabar con Planes garantizados o Planes de previsión asegurados (PPA), que aseguran una pequeña rentabilidad (revisable o no) a un plazo (5, 10,20 años) que coincida con nuestra jubilación. Lo mejor es repartir la inversión entre distintos Planes y hacer un seguimiento: si no van bien, nos podemos cambiar a otro sin perder la desgravación y sin coste (incluso nos darán algo si cambiamos de entidad). Dos consejos. Uno, no se fijen en los regalos para elegir Plan, sino en lo que invierten (su rentabilidad es pasada y no asegura que se mantenga en el futuro). Y dos, no compre su Plan a un banco, caja o aseguradora que sólo venda los suyos: busque quien ofrezca Planes de muchas gestoras y elija.

El Gobierno Rajoy ha prometido a bancos y aseguradoras que 2014 va a ser el año de los Planes de pensiones, gracias a un paquete de medidas que quiere aprobar, al hilo de la reforma fiscal. Primera, mejorar su liquidez, ampliando las circunstancias para poder rescatarlos. Segunda, obligar a las empresas (pymes incluidas) a informar a sus trabajadores de la inversión en Planes. Tercera, mejorar el trato fiscal a los Planes, para que cuando uno se jubila o lo rescata no pague tanto a Hacienda: podría volver la reducción del 40% que Zapatero quitó en 2006. Y, sobre todo, podría decidirse en 2014 el envío de una carta de la Seguridad Social a los mayores de 50 años informándoles de la pensión que les va a quedar cuando se jubilen. Será la mejor campaña puerta a puerta para los Planes de pensiones.

El problema sigue siendo el mismo: que las familias no tienen dinero para hacerlos, que a 1 de cada 3 españoles no le queda un euro tras pagar los recibos obligatorios. Y así, resulta muy difícil guardar de 300 a 500 euros mensuales para un Plan de pensiones. Por eso, para la mayoría de las familias, no es una opción y la alternativa debería ser recaudar más impuestos a los que más ganan y más cotizaciones a los que trabajan para no recortar las pensiones públicas. Pero nuestros políticos no parecen estar por esa vía. Por eso, el que pueda, tiene que mentalizarse de ahorrar como sea cada año para complementar su pensión. Aunque no nos guste.

Los Planes de pensiones sufren el paro

Diciembre es el mes de los Planes de pensiones, con un bombardeo de ofertas para que contratemos un Plan privado de jubilación. Pero la crisis, el paro y la caída de ingresos provocan que muchos españoles no tengan dinero para hacerse un Plan y otros tengan que rescatar anticipadamente el que tienen, para sobrevivir: 100.000 parados sin ingresos habrán rescatado su Plan en 2012 y serán más en 2013. Con todo ello, caen los partícipes (medio millón menos con la crisis) y las aportaciones de los 8 millones de españoles que tienen un Plan de pensiones privado. El problema es que la pensión pública de jubilación (953 euros de media), se va a recortar en el futuro. Y habrá que ahorrar como sea para complementarla con una pensión privada. Sobre todo los que tienen ahora entre 30 y 45 años. No lo dejen.

enrique ortega

Tras cuatro años largos de crisis, los españoles no están para pagarse un Plan de pensiones: se han perdido 3,2 millones de empleos y los que trabajan ganan casi igual (convenios suben 1,24%) o menos (un tercio empresas han reducido o congelado salarios), con lo que una de cada cuatro familias no llega a fin de mes (INE). Todo ello está haciendo un roto a los Planes de pensiones, sobre todo en 2012: caen los partícipes (10.328.083 a finales de septiembre, medio millón menos que antes de la crisis), caen las aportaciones (-23%) y crecen los pagos, porque muchas personas en paro rescatan su Plan antes de jubilarse.

Este año, se estima que 100.000 parados han tirado de su Plan de pensiones privado para sobrevivir, cobrando unos 500 millones (5.000 € por parado). Son casi la tercera parte de los 300.000 parados que han rescatado sus Planes  desde 2007. Y la tendencia es que sean más en 2013 y 2014, porque hay un decalaje (se les exige llevar más de un año en paro y no cobrar ya el desempleo) y llegarán los parados de 2011 y 2012, que tenían mejores contratos y más Planes de pensiones que los primeros parados (construcción y jóvenes).

En España hay unos 8 millones de personas con un Plan privado de pensiones (algunos con más de un Plan, por eso salen 10,3 millones de partícipes). Es el doble que hace 10 años, pero estamos muy rezagados frente a Europa: lo tienen un 26% de las personas en edad de trabajar, frente al 40% en la UE. Somos el sexto país europeo en Planes privados, tras Gran Bretaña, Holanda, Suiza, Finlandia, Alemania y Dinamarca. Por dos razones. Una, que las familias dedican sólo el 3% de su renta a Planes, frente al 10% en Europa. Y la otra, el retraso en los Planes de empresa, que sólo tienen el 18% de los trabajadores, cuando en otros países van del 25% al 50% (Gran Bretaña). Y de los 2,15 millones que tienen un Plan de empresa, unos 700.000 son funcionarios (Plan pensiones AGE, gestionado por BBVA) , a los que el Gobierno Rajoy ha congelado las aportaciones del Estado en 2012 y 2013.

En 2013, la Seguridad Social nos mandará una carta para informarnos de la pensión que nos quedaría al jubilarnos, según los datos de cada uno. Será un buen revulsivo para contratar Planes privados. Pero no hace falta esperarla: hoy, la pensión de jubilación (contributiva) es de 953,70 euros al mes, un 63% de la pensión media europea. Pero un tercio de los jubilados cobra menos de 600 euros y dos tercios menos de 1.000. Cara al futuro, sólo cabe esperar recortes. A corto plazo, porque la Seguridad Social cerrará 2012 con 10.000 millones de déficit. A medio plazo, porque la reforma de las pensiones aprobada en 2011 supondrá un recorte del 20% para 2027. Y a largo plazo, porque no salen las cuentas: para 2050, los pensionistas se habrán duplicado (17 millones frente a 8,9 millones ahora) y haría falta duplicar el empleo actual (imposible) para que hubiera dos empleados por pensionista, como ahora (claramente insuficiente).

Si se recortan las pensiones públicas y encima viviremos más años (hasta 20, tras jubilarnos), habrá que pensar en contratar una pensión privada, que suponga un 30% de nuestros ingresos cuando seamos viejos. Los Planes de pensiones tienen una gran ventaja: desgravan mucho, hasta un 40%, permitiendo aportaciones de 10.000 euros anuales (12.500 para mayores 50 años), lo que compensa con creces su baja rentabilidad ( +4,32% este año, +1,83% a 10 años y +4,11% a 20 años) y no poder disponer del dinero hasta jubilarse (salvo incapacidad permanente, enfermedad grave o paro). Para 2013, el Gobierno ha prometido que también podrán rescatar su Plan de pensiones los que lo necesiten para evitar un desahucio.

Si finalmente piensa en hacer un Plan de pensiones privado, cuatro consejos. Primero, elija bien: busque una entidad que le ofrezca Planes de varias gestoras (no sólo los suyos) y compare Planes en un comparador independiente (como Morningstar). Segundo, valore todo y no sólo los regalos: en qué invierte, su rentabilidad (comparada con otros) y las comisiones, todas (cobran hasta el 2,4%, pero no pague más del 1,5%).Tercero, diversifique entre Planes, con más o menos riesgo, según la edad. Y cuarto, haga seguimiento: si uno o varios Planes no van bien en unos años, cambie de Plan o de banco (incluso cobrará un incentivo).

Lo importante es no dejarlo mucho, contratar el Plan a los 40 años (y mejor a los 35), porque cuanto más tarde se hace más se paga. Así, para conseguir 250.000 euros al jubilarse (unos 1.000 euros extras al mes durante 20 años), habría que pagar 4.251 euros al año (354 al mes) si se empieza con 35 años, 8.073 (672 € mes) si se tiene 45 años y 13.000 (1.083 al mes) si se contrata con 50 años. Lo ideal es empezar con Planes de más riesgo (invierten en renta variable, en Bolsa, donde es más difícil perder a 20 años vista), seguir con Planes de renta fija (invierten en depósitos, Letras o deuda pública) o mixtos (variable y fija) y acabar con Planes garantizados, los planes estrella ahora: se garantiza lo aportado y una pequeña rentabilidad (a 5 o 10 años, coincidiendo con la fecha de jubilarse).

En 2013 se va a revisar la normativa y fiscalidad de los Planes de pensiones y el Gobierno ha prometido mejorarles el trato. No queda más remedio si se recortan las pensiones públicas. Y habría que promover los Planes de empresa y de los funcionarios, cambiando moderación salarial por aportaciones. Pero, sobre todo, tenemos que cambiar de mentalidad: en lugar de ahorrar toda la vida para pagar la hipoteca, habrá que pensar en vivir más de alquiler y ahorrar para la jubilación. Es más sensato que hacerse viejo con casa propia y una pensión miserable. Sobre todo si vivimos hasta los 82/87 años.

La paradoja es que cuando más tendríamos que ahorrar para la vejez, porque nos recortarán las pensiones públicas (sí o sí), la mayoría de españoles no pueda hacerlo. Pero los que pueden, no deben retrasarlo más. Sobre todo, los que tienen entre 30 y 45 años. No lo dejen: luego sería tarde.