El Gobierno ha
llegado a un pacto con tres
autonomías que controla (Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia)
para prorrogar hasta 2027 el trasvase
Tajo-Segura, una de nuestras enconadas “guerras
del agua”. Y antes del verano quiere conseguir otro pacto sobre el Ebro, muy difícil. Dos treguas (hasta la próxima sequía), presionados por Bruselas, que ha llevado a España a los Tribunales comunitarios por no tener Planes para los 25 ríos españoles y
porque un 17% de ciudades no depuran sus aguas
residuales. Todo ello revela una
desastrosa gestión del agua, en un país con sequías crecientes, agravadas por el cambio climático, y donde la mitad de las aguas están deterioradas
o contaminadas. Hay que recortar el consumo (el ministro Cañete dice que da ejemplo "duchándose con agua fría"), reutilizar y depurar más, subir tarifas y hacer una gestión sostenible
del agua, con solidaridad entre los que más tienen y los que menos. Porque sin agua no hay futuro.
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| enrique ortega |
Con lluvias (como este invierno) o con sequía
(como en 2011 y 2012), España tiene un serio problema de agua. Primero, porque
vivimos en un clima mediterráneo
donde grandes zonas reciben menos de 200 milímetros
de agua dulce al año, cuando la demanda es entre tres y diez veces mayor. Y la lluvia recibida se ha reducido un 5%
en los últimos 20 años. Segundo, porque somos
más vulnerables al cambio
climático: una subida de 2º C en las temperaturas aumenta la
evaporación del agua y el consumo agrícola, causando que los ríos hayan perdido un 30% del caudal en los
últimos treinta años. Y tercero, porque más de la mitad de las aguas españolas están en mal estado, según
la Fundación
Nueva Cultura del Agua y WWF: se han
perdido el 60% de los humedales, hay 510.000 pozos ilegales y 88 acuíferos
sobreexplotados, 10.000 vertidos industriales a los ríos y sólo depuramos el
83% de las aguas residuales.
Poca agua y de mala
calidad, con unos ríos maltratados por el riego, las
industrias, el consumo y la contaminación. Por eso, la Comisión
Europea lleva pidiendo a España, desde 2009, que gestione mejor los ríos, aprobando
Planes de cuenca. Pero como si nada: el Gobierno Zapatero, agobiado
por las guerras entre autonomías, no
lo hizo y en junio de 2011, Bruselas denunció
a España ante el Tribunal de
Luxemburgo, añadiendo que si 14 estados europeos se habían puesto de
acuerdo sobre el Danubio, aquí debía
ser más fácil. Cuando el ministro Cañete llegó al Ministerio, sólo encontró un Plan de cuenca
(distrito fluvial de Cataluña) de los 25
que debían haberse aprobado. Y se
puso a la tarea, empezando por los ríos menos conflictivos. En octubre de
2012, el Tribunal europeo condena a España (habrá multas) y en noviembre, el
comisario europeo de Medio Ambiente visita Madrid y da otro toque: hay que aprobar los Planes de todos los ríos
ya.
En enero de 2013,
el ministro Cañete convoca en Toledo a los tres barones implicados en el trasvase Tajo-Segura (Cospedal, Fabra y
Valcárcel) y cierra
en marzo un pacto que intenta contentar
a todos: aumenta el agua de
reserva para Castilla la Mancha (en embalses de Entrepeñas y Buendía), mantiene
el caudal del Tajo en Aranjuez Toledo y Talavera y a cambio, Murcia y Alicante (2,5 millones de
personas y 70.000 regantes) se aseguran
el trasvase de agua (menos) si hace falta, hasta 2027, pudiendo incluso comprar
derechos de agua a los castellano-manchegos. Una componenda que funcionará
mientras no haya sequía.
Ahora, tras haber aprobado en marzo el Plan
del Duero, el Gobierno quiere conseguir,
antes del verano, otro pacto político para
el Ebro, entre Aragón y Cataluña y Levante,
que no parece fácil. Por un lado, el PP gobierna en Aragón con el PAR,
que es “anti trasvase”. Y por otro, también hay pelea entre Aragón
y Cataluña por el uso interno de
las aguas del Ebro.
El Gobierno quiere tener
aprobados los 25 Planes de cuenca para fin de año, como ha prometido a Bruselas. Y luego, pactar con las
autonomías un Plan Nacional del Agua,
la base de un nuevo Plan
Hidrológico Nacional (el último lo aprobó Aznar en 2001). Ahora lo
tendrá más fácil, porque el PP controla
11 de las 17 autonomías y porque no
hay sequía. Pero hacer una política
de agua coherente y sostenible no será fácil, porque
España tiene un grave problema de estrés
hídrico (falta agua) que se
va a agravar: el caudal de los ríos mediterráneos se reducirá un 30% de aquí a 2050.
Habrá que repartir la escasez.
Lo más urgente es reducir
el consumo, más quien más agua gasta:
el 77,87% lo consume la agricultura
(INE 2010) y el resto es para abastecimiento urbano (71% lo gastan
los hogares, un 20% las industrias, turismo y comercio y el resto los
municipios). Pero hay un 17,5% del agua que
se
pierde (un tercio del consumo hogares), por fugas, roturas y averías (en Holanda es sólo el 5%), porque las redes de abastecimiento son viejas y no
se invierte.
Además, hay que aumentar
la reutilización y depuración de aguas (aunque depurar dos veces el mismo
litro de agua cueste hasta 40 veces su precio inicial). Y aquí, España viene incumpliendo desde 2000 la normativa
europea que obliga a depurar las aguas residuales. Bruselas nos ha
apercibido varias veces, nos ha llevado al Tribunal de
Luxemburgo, nos ha abierto expedientes
y aún hoy quedan un 17% de aguas residuales sin depurar, en 23 ciudades de más de 15.000 habitantes (entre ellas, Gijón, Santiago,
Vigo
o Nerja,
con depuradoras en construcción que no funcionarán hasta 2015), otras 39 de más
de 10.000 y 912 pueblos de más de 2.000 (300 en Andalucía).
La patronal estima que habría que invertir 1.000 millones al año para depurar bien (y sólo hay
recortes).
Otra fuente de agua son las
desaladoras,
que el Gobierno ZP lanzó en 2004,
tras anular el trasvase del Ebro y para paliar la grave sequía en Levante. Hay
17 en explotación y 15 en construcción, se han invertido 1.664 millones (la
mayoría, de la UE) y Bruselas
nos ha dado otro préstamo de 450 millones para acabarlas. El problema es que no
se usan (funcionan al 16,45% de capacidad y aportan un 3,3% del agua
que consumimos), porque ahora hay menos demanda (ha pinchado la burbuja
inmobiliaria en Levante) y porque su
precio es caro: entre 6 y 10 veces el del resto del agua, por culpa de la fuerte
subida de la luz (70% costes). Pero las desaladoras
son un seguro in extremis, que ya el verano
pasado evitaron un grave problema de suministro en Murcia y Alicante al
averiarse el trasvase Tajo Segura.
La clave es ahorrar
agua, reducir
el consumo (el ministro Cañete da ejemplo y dice que "se ducha con agua fría"), con planes y ayudas para la agricultura, el turismo y la
industria (muy hipotecados
por el agua, porque consumen de
pozos y aguas subterráneas muy agotados), junto a una subida
de tarifas del agua, para
disuadir el consumo y financiar inversiones. De hecho, el precio del agua a los hogares
en España es la mitad que en Europa: 2,76 € por m3 frente a 5,55 € en Reino
Unido, 5,92 € en Francia o 6,96 € en Alemania, según Global
Water Intelligence. Y una familia española paga 80 euros por habitante al año en agua frente a 400 euros en móviles, por ejemplo.
El agua es un
bien escaso en todo el mundo, más que
el petróleo, y la demanda superará en 40 veces la oferta para 2030, según
el Foro
Económico Mundial. Y España es aún
más vulnerable, por ser un país mediterráneo y por la desastrosa gestión del agua
en las últimas décadas. Hay que alcanzar un Pacto
del Agua (no componendas
políticas) para reducir el consumo,
subir tarifas, recuperar acuíferos, reutilizar y depurar, sanear las cuencas y
hacer una gestión sostenible y solidaria del agua. Porque sin agua no tenemos futuro.
