Incertidumbre: aranceles, tipos, Europa, política...

No es habitual que a finales de julio haya tanta incertidumbre en la economía mundial, europea y española. Casi en vacaciones, no sabemos qué va a pasar con los aranceles de Trump a Europa, que van a afectar a múltiples empresas y a los precios, recortando el crecimiento. Y tampoco sabemos si el BCE bajará o no este jueves los tipos, por temor a la inflación y ante la fortaleza del euro, que dificulta las exportaciones europeas. Mientras, Europa afronta su próximo Presupuesto 2028-34, recortando algunos gastos (-80.000 millones para el campo) mientras quintuplica la partida de Defensa y Seguridad y con dos retos pendientes: las políticas climáticas (que se suavizan) y de emigración (que se “derechizan”). Y en medio de este panorama, España tiene un problema de bloqueo político e institucional que impide aprobar unos nuevos presupuestos y avanzar en las necesarias reformas (un bloqueo que ya nos ha restado Fondos europeos). Demasiadas incertidumbres que podrían frenar la buena racha de la economía española  y del empleo.

La mayor incertidumbre de la economía internacional son los aranceles de Trump, cuyo alcance real se debería despejar esta semana. Los anunció a bombo y platillo el pasado 3 de abril, con un  arancel general del 10% que subía al 20% para Europa y hasta el 34% a China y el 46% a Vietnam, más el 25% a sus vecinos México y Canadá. Pero a partir de ahí, Trump se ha dedicado a amenazar a los paises para que negociaran contrapartidas a cambio de rebajas en los aranceles, con lo que es un galimatías saber cómo quedan para cada país. Sí sabemos que sólo ha llegado a acuerdos con dos paises, Reino Unido (10%) y Vietnam (20%), alcanzando el 12 de mayo una tregua de 90 días con China. Y lo más importante, amenazando a Europa con un arancel del 30% (mayor del 20% inicial), que entraría en vigor el 1 de agosto si antes no se alcanza un acuerdo.

Eso sí, estos son aranceles “complementarios” sobre los que ya ha impuesto Trump a todos los paises: un 25% a las importaciones de aluminio y acero (desde el 12 de marzo), otro 25% a los automóviles, piezas y recambios y un arancel general del 3 al 10% para todo el mundo. Y además, ha anunciado un arancel global del 40% al cobre y otro de hasta el 200% para los productos farmacéuticos, ambos desde el 1 de agosto.

En el caso de Europa, siguen las reuniones con la Administración Trump para evitar ese arancel general del 30% desde el 1 de agosto, sin demasiadas esperanzas de conseguir rebajarlo sustancialmente. Así como China ha sido firme frente al chantaje de Trump (aprobado unos “contra aranceles” que han llevado a la actual tregua), la postura europea ha sido menos firme, buscando antes el acuerdo que las contramedidas, aunque Bruselas dice que tiene preparada una lista de artículos y partidas comerciales USA a las que aplicaría aranceles si no se llega a un acuerdo esta semana: industria aeronáutica, automóviles, productos alimenticios y bebidas (bourbon, soja, vino), productos químicos, maquinaria y equipos electrónicos y médicos. Esta 2ª lista de represalias europeas (72.000 millones) se sumaría a una primera lista (20.000 millones), que se aprobó el 9 de abril, en respuesta a los aranceles del 25% al aluminio y al acero, pero que no ha entrado en vigor, para “no entorpecer la negociación” para rebajar el arancel general con que amenaza Trump (30%).

Mientras Europa negocia contra reloj, como Japón, Corea y sobre todo China, lo evidente es que Trump va a imponer al resto del mundo unos aranceles que van a dañar seriamente a la economía mundial. De hecho, los aranceles ya en vigor suponen elevarlos del 2,5% que estaban en enero de este año a un 16,6% actualmente, según la Universidad de Yale. Una subida espectacular ya que en su anterior mandato, Trump sólo subió los aranceles USA del 1,5 al 2,5%. Y si se cumplen las amenazas de aranceles planteadas para el 1 de agosto, el arancel promedio de EEUU al resto del mundo subiría al 20,6%, el más alto desde 1910. Eso supondría un estancamiento del comercio mundial, un freno a las cadenas internacionales de producción, un aumento generalizado de la inflación y un estancamiento de la economía mundial, con una fuerte inflación y una crisis también en EEUU.

Hasta ahora, las amenazas y los continuos vaivenes en los aranceles impuestos por Trump no han dañado a la economía, porque los inversores esperan hechos (y no amenazas) y porque muchos paises han adelantado importaciones y exportaciones. De hecho, las Bolsas todavía no son pesimistas: el Nasdaq USA ha subido casi un 7% este año, el Euro Stoxx otro +12% y el Ibex español sube un 22% este año, a pasar de las amenazas arancelarias de Trump. Pero si sigue adelante y se agravan a partir del 1 de agosto, las consecuencias negativas llegarán: primero sobre el comercio, luego sobre la producción (encareciendo costes) y los precios (más inflación) y finalmente sobre el consumo y  la inversión, frenando el crecimiento. Y también en EEUU, donde la economía ha caído ya un 0,2% en el primer trimestre, con una inflación del +2,7% en junio (2% en la eurozona).

En Europa, si Trump impone un arancel global del 20% (lo más posible), el mayor daño lo sufrirán los paises que más comercian con EEUU, en especial  Alemania, Francia e Italia. España podría “salvarse de la quema” de la guerra arancelaria, según Bruselas,  por el escaso peso del comercio con EEUU (sólo supone el 4,7% de todas nuestras exportaciones, frente al 10,4% que suponen las exportaciones alemanas a USA), por el tirón del turismo y el consumo y por el empujón inversor de los Fondos Europeos. Pero está claro que los aranceles nos acabarán afectando, sobre todo en las regiones que más comercian con EEUU (Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana) y en los sectores que más exportan allí: automóvil y piezas, multinacionales energéticas, empresas de bienes de equipo y semimanufacturas, empresas textiles y de manufacturas de consumo, farmacéuticas y empresas químicas y sectores de alimentación, en especial aceites, vino y frutas.

La Comisión Europea estima que están “en riesgo” 4.500 millones de los 18.179 millones exportados por España a EEUU en 2024. Un riesgo menor al del conjunto de Europa, donde  la Comisión cree que están en riesgo una cuarta parte de las exportaciones europeas a EEUU, nada menos que 133.000 millones en riesgo (la UE exportó por valor de 531.600 millones de euros). De momento, las exportaciones europeas a EEUU han seguido creciendo en abril (+3,8%) y mayo (+4,4%), según Eurostat, con lo que Europa ha mejorado su superávit comercial con USA tanto en abril (+17.700 millones, +16,6% sobre abril de 2024) como en mayo (+18.400 millones de superávit de la UE con EEUU, +29,5% sobre mayo 2024), debido a que muchas empresas han querido anticipar ventas (y compras) antes de materializarse los aranceles finales.

En el caso de España, el viernes salió el dato de las exportaciones en mayo, que crecieron un +0,8% a todo el mundo (mientras caían las de Alemania e Italia), aunque caían nuestras exportaciones a Estados Unidos (-14,4%), lo que ya pasó también en abril (-13,8%). Con estas dos bajadas de nuestras ventas en abril y mayo, las exportaciones a USA en los 5 primeros meses de este año(enero-mayo) han caído un -4,8%, mientras las importaciones han crecido un +8% (por anticipo de compras). Con ello, el déficit comercial de España con EEUU se ha agravado: -5.890 millones hasta mayo, frente a -4.553 millones al inicio de 2024. Con aranceles más altos desde agosto, lo normal es que las exportaciones caigan más, lo que obligará a nuestras empresas a buscar nuevos mercados, como ya han hecho en abril y mayo.

Además del problema de los aranceles, los europeos tenemos otro problema: la debilidad del dólar (por la política errática de Trump y su elevada deuda), que ha reforzado al euro en lo que va de año: si empezó el año cotizando a 1,035 dólares, el viernes costaba ya 1,1624 dólares, lo que supone una revalorización del euro del +12,30%. Esto significa que todos los productos europeos cuestan ahora un 12,30% más caros para los países de fuera del euro, lo que dificulta la competitividad de los productos y servicios europeos (también encarece los viajes a Europa, retrayendo el turismo a España). Así que además de aranceles en USA, en Europa tenemos un problema adicional: la revalorización del euro.

Esto afecta también a los tipos de interés, porque una manera de “bajarle los humos” al euro sería seguir bajando los tipos de interés en Europa, aunque el tipo oficial (2%) ya es mucho más bajo que el de EEUU (4,50%). Pero el BCE, que se reúne este jueves, tiene difícil aprobar una nueva bajada, porque teme que los aranceles futuros suban la inflación en Europa, que de momento está controlada (en el 2%). Esta incertidumbre sobre el futuro de los tipos ha frenado ya la caída del Euribor, que está a mediados de julio en el 2,076%, prácticamente igual que en junio (2,081%), lo que frena también la rebaja que podrían conseguir en el futuro los hipotecados. Así que está todo relacionado: más aranceles, más difícil bajar los tipos y menos bajarán las hipotecas para las familias.

Pero hay más incertidumbres económicas en el horizonte. La principal, cómo se configura el futuro de Europa, una economía que lleva varios años estancada y que pierde competitividad frente a Estados Unidos y China. La nueva Comisión Europea, más derechizada tras las últimas elecciones, parece haber perdido el empuje que demostró frente a la pandemia y la crisis inflacionista y no acaba de unirse para afrontar sus mayores retos: el impulso económico y tecnológico, la digitalización y la descarbonización, la lucha contra la crisis climática y la creación de una Defensa Europea que cubra el vacío dejado por Trump y la OTAN. Hace unos meses (septiembre 2024), Mario Draghi, el expresidente del BCE, trazó una “hoja de ruta” para que la Unión Europea modernizara su economía y la hiciese más competitiva, con un ambicioso Plan que preveía invertir 800.000 millones en 4 años. Pero ha pasado el tiempo y no hay ningún Plan, sólo divergencias a la hora de afrontar la emergencia climática, la llegada de inmigrantes, la renovación tecnológica y la Defensa Europea.

El último eslabón de la incertidumbre sobre el futuro de la UE ha sido la reciente presentación de los Presupuestos europeos para 2028-2034. Tienen dos problemas. Uno de fondo: el gasto es ridículo. Se propone un Presupuesto de 1,8 billones de euros para 7 años (257.000 millones anuales), que supone el 1,6% del PIB de la UE. Sólo el Presupuesto de España es el doble al año del propuesto para los 27. Y el Presupuesto de EEUU es 10,13 billones de euros anuales, el 37,6% del PIB USA (30 veces más). Estos datos revelan el problema de fondo: son los paises europeos los que ingresan y gastan y la Comisión Europea apenas tiene instrumentos para ingresar y gastar, es un Gobierno europeo “sin medios”.

El segundo problema de los futuros Presupuestos europeos, que se van a debatir los próximos dos años, es que ha cambiado la filosofía: los programas de los Fondos estructurales y el gasto agrícola se van a descentralizar, con programas a través de los paises: serán más planes nacionales que luego ratificará el Gobierno europeo (“menos Europa" en vez de más). Además, las nuevas prioridades como Defensa y Seguridad van a quintuplicar el gasto (131.000 millones), a costa de reducir otros programas (el campo tendrá 300,000 millones, 80.000 menos que ahora. Y el Fondo de Competitividad, la partida clave, tendrá sólo 451.000 millones (incluyendo Defensa), la mitad de lo que proponía Draghi. Pocos recursos para modernizar la economía europea y dar un salto tecnológico e industrial que permita competir mejor.

Y mientras, en España tenemos otra incertidumbre de fondo: la política. La economía va bien, lleva 4 años creciendo más que el resto de Europa y creando el 40% del empleo del continente. Pero la polarización política y el enfrentamiento institucional podrían afectar a la economía, si la coyuntura internacional se agrava y el Gobierno no tiene mayoría para tomar medidas y seguir con las reformas necesarias. Una paralización política que ya nos cuesta dinero: el 7 de julio, Bruselas recortó en 1.100 millones de euros el 5º pago de los Fondos europeos a España (ingresó 24.137 millones) por no haber compensado a los funcionarios interinos (626 millones) y por no aprobar un impuesto al diesel exigido por Bruselas: votaron en contra, en diciembre, PNV y Junts, a los que se sumaron Podemos, PP y Vox. Ahora, hay otras reformas pendientes sin las que España no recibirá los restantes Fondos UE.

En resumen, que hay demasiadas incertidumbres internacionales (aranceles, tipos, guerras) a las que sumar el incierto futuro de una Europa estancada y el parón político en España, con un Gobierno en preocupante minoría que tiene muy difícil legislar y gobernar. Son retos preocupantes con los que nos vamos de vacaciones y que seguirán ahí, quizás agravados, a la vuelta en otoño. Un panorama preocupante, fuera y dentro de España, porque podría afectar a las familias (menos consumo) y a las empresas (menos inversión), paralizando reformas y proyectos y poniendo en riesgo el llamativo despegue económico de España tras la pandemia. Por eso, urge más que nunca el diálogo y el consenso. Pero parecen imposibles.

Ola de calor y Bruselas rebaja política climática

La primera ola de calor de este verano ha dejado un mapa de muertes y problemas en toda Europa, especialmente en España. Y junio ha sido el mes más cálido de la historia. No es casualidad: la ONU reitera que la culpa es del Cambio Climático, que el Planeta se está volviendo “más caliente y más peligroso”. Pero el miércoles, con Bruselas a 37 grados, la Comisión Europea “suavizó” su política climática, aprobando “un truco contable”: permite a paises y empresas emitir más CO2 del previsto si a cambio pagan a otros paises (pobres) que reduzcan sus emisiones. “Externalizan” la gestión de las emisiones como algunos proponen hacer con los inmigrantes… Y eso pasa cuando los autócratas de medio mundo, de Trump a Milei, niegan el cambio climático y el PP y Vox hacen políticas negacionistas en Murcia, Valencia, Extremadura o Aragón, además de en sus Ayuntamientos. No nos quejemos del calor extremo: exijamos a los políticos que aceleren las medidas contra la emergencia climática. Ya.  

                    Vendrán más olas de calor, antes y más graves y duraderas

Por si alguien tenía dudas del “Cambio Climático”, nos ha caído encima la primera ola de calor del verano, que por primera vez empezó en junio: el domingo 29 fue el día más caluroso en España desde que hay registros (1950) y más de 100 localidades superaron la semana pasada los 40 grados (46 grados en El Granado, Huelva). Y este junio ha sido el más cálido de la historia: 23,6 grados de media, 0,8 grados más que en junio 2017 (anterior récord).  La ola de calor no se ha sufrido sólo en España, sino que ha recorrido toda Europa, desde Reino Unido a Turquía, con muertos incluso en Francia e Italia. En España, el sistema MOMO (Instituto Carlos III) estima que ha habido 390 muertos en junio por la ola de calor, más 53 en los dos primeros días de julio, la mayoría mayores de 75 años (338 en junio).

Ya son varios años en que se producen olas de calor, sobre todo en España y la Europa del sur, con un tremendo saldo de muertes, incendios forestales y daños a la agricultura y la ganadería, las infraestructuras, el turismo  y las empresas, así como a los ecosistemas terrestres y marinos. En Europa se produjeron 47.690 muertos por olas de calor en 2023, según un estudio de Nature Medicine. Y en España, los datos del sistema MOMO señalan que hubo 3.521 muertos por olas de calor en 2024. Pero sólo en la primera mitad de 2025 (hasta junio), se estima que ha habido ya 2.168 muertos por altas temperaturas.

El calor extremo ya no es una novedad en el mundo y menos en la Europa del sur, donde llevamos varios años sufriendo olas de calor, especialmente desde 2022. “El Planeta se está volviendo más caliente y más peligroso: ningún país es inmune”, declaraba la semana pasada en Sevilla (a más de 40 grados) el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Y los expertos insisten: “la ola de calor no es una casualidad, es consecuencia del Cambio Climático, que la hace 5 veces más probable”, según la plataforma científica Climate Central. El “mecanismo” es bien conocido: la acumulación de gases de efecto invernadero (CO2, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre) hacen como de “paraguas” que retiene el calor solar y aumenta las temperaturas. En España, la temperatura media de 2024 fue 1,64 grados más alta que en 1961.

Los expertos de la ONU (IPPC) calculan que cada medio grado adicional de calentamiento global de la atmósfera causa aumentos importantes en la intensidad y frecuencia de las temperaturas extremas. Y dado que el Planeta sigue calentándose año tras año, estiman que los paises sufriremos cada vez más olas de calor, que llegarán antes (normalmente se daban en julio y agosto, pero ahora han sido en junio) y que serán más graves y duraderas. Así que no nos extrañemos de lo que está pasando: “el calor extremo ya no es un fenómeno raro, se ha convertido en la nueva normalidad”, alertó Antonio Guterres en Sevilla, pidiendo “más ambición” a los Gobiernos en la lucha contra esta “emergencia climática.

El problema es que el clima empeora cuando en medio mundo se consolidan los líderes políticos que niegan el Cambio Climático, como Trump en USA o Milei en Argentina. Los autócratas del mundo y la extrema derecha han convertido la lucha contra las políticas “verdes” como uno de sus principales caballos de batalla cultural y política (junto a los inmigrantes, el feminismo y los impuestos). El “anti-ecologismo” es una seña de identidad de la extrema derecha y parte de la derecha internacional, con su corolario de oposición a cualquier regulación medio ambiental (“imposición ideológica verde”, dice Vox) para frenar el Cambio Climático. Y con ello, hay cada vez más paises y Gobiernos que no toman medidas decididas para reducir las emisiones que provocan y aceleran las olas de calor.

En Europa, las últimas elecciones en la UE (junio 2024) supusieron una derechización del Parlamento Europeo y la Comisión, con un mayor peso de la derecha y la extrema derecha. Por eso, el PP Europeo vetó la Ley de Restauración de la Naturaleza, que puso salir adelante en el Parlamento europeo (julio de 2023) gracias al voto de socialistas, liberales, verdes, izquierda y algunos eurodiputados 'populares' que apoyaban la norma (324 votos a favor y 312 en contra). Y además, el PPE promovió el aplazamiento de la entrada en vigor de la Ley de Deforestación y diluyó la Ley de Biodiversidad. Con la nueva Comisión Europea y la extrema derecha negacionista ganando terreno en media Europa, ganan peso los que creen que Europa debe echar el freno a las políticas climáticas de vanguardia, porque perjudican a la competitividad de las empresas europeas.

El último ejemplo de esta “nueva ecología europea” lo dio la Comisión Europea el miércoles pasado, 2 de julio, precisamente cuando en Bruselas hacía unos inusuales 37 grados… El Gobierno europeo aprobó una enmienda a la Ley europea del Clima (en vigor desde julio de 2021) que pretende “flexibilizar” algunas medidas para reducir las emisiones europeas, manteniendo el mismo objetivo final de la Ley: que se reduzcan el 90% para 2040 (respecto a las de 1990) y emisiones netas cero para 2050.

La primera medida “de flexibilización” es que se permite a los paises, sectores y empresas que en vez de reducir las emisiones previstas, puedan reducirlas algo menos a cambio de que compren derechos de emisiones de CO2 a paises y empresas de fuera de la UE. Es decir, que un sector como el automóvil o la aviación, por ejemplo, pueden recortar menos sus emisiones de CO2 (desde 2036) siempre que a cambio compren derechos (paguen) a paises o empresas que hayan reducido emisiones, por ejemplo una empresa que tiene bosques en Brasil o una sociedad extranjera que ha invertido en renovables o en mecanismos de absorción de carbono. A lo claro: yo sigo emitiendo a cambio de pagar a otros (paises pobres y empresas del sur Global) para que emitan menos. Se trata de “externalizar” una parte de las emisiones (hasta el 3%), un mecanismo que ya intentó Italia con sus inmigrantes (en Albania) o que hace Trump con las prisiones de El Salvador.

Además de este “nuevo mecanismo” para facilitar la descarbonización de empresas y sectores europeos, la enmienda aprobada permite otro mecanismo de “flexibilización”: la reducción de emisiones se podrá compensar entre sectores y empresas, de tal manera que se evita imponer un plan “rígido” de recorte, lo que ha sido aplaudido por las empresas. Y además se incluyen nuevos mecanismos para reducir emisiones y cobrar derechos de CO2, como la reforestación y las técnicas de captura y almacenaje de CO2 (poco desarrolladas y “poco viables”, según muchos expertos, que lo consideran una vía de posibles fraudes).

Muchos expertos y ecologistas han criticado con dureza estas nuevas medidas de Bruselas, calificándolas de “trucos contables” para retrasar medidas efectivas contra las emisiones. Y creen que ante la grave emergencia climática que vivimos, “socaban la credibilidad de las políticas climáticas europeas”, según la Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB). Para Greenpeace, las medidas “abren la puerta a hacer trampas para reducir las emisiones” y critican dejar en manos de terceros una responsabilidad que debe asumir Europa: “pagar a otros paises (pobres) para que reduzcan tus emisiones en tu nombre no es liderazgo, es posponer el problema”, añaden, criticando que la Comisión priorice los criterios económicos (competitividad e inversiones) sobre la urgencia medioambiental.

Ahora, estos cambios en la gestión de las emisiones han de ser ratificados por los Gobiernos europeos y por el Parlamento Europeo, algo que parece muy posible. Y el siguiente paso es que Europa apruebe su Plan Climático 2035, que debía haber presentado en febrero y que ahora se promete para septiembre. Ahí volveremos a ver si la Comisión Europea suaviza sus objetivos medioambientales, como se temen muchos expertos y ONGs. Mientras, la ONU insiste en que hay que avanzar más, que los paises “se tienen que poner las pilas” y aprobar Planes de recorte de emisiones más drásticos y eficaces. Porque con los Planes presentados hasta ahora por los 192 firmantes del Acuerdo de París, la temperatura de la Tierra aumentaría 2,6 grados para 2100, un aumento que trastocaría el clima y la economía, dado que supera con crecer el tope límite de 1,5 grados fijado como “sostenible” por los expertos.

La ONU y los científicos están muy preocupados porque la emergencia climática avanza a mayor ritmo y los paises no reducen emisiones sino que las aumentan: en 2024, las emisiones de CO2 en el mundo fueron de 37.400 millones Tm de CO”, un +0,8% que en 2023., según Carbón Monitor. China (responsable del 32% de las emisiones mundiales) aumentó sus emisiones un 0,2%, EEUU (responsable 13% emisiones totales) las bajó un 0,6%, la India (8% emisiones mundiales) las aumentó un 4,6%, la Unión Europea (7% emisiones totales) las bajó un 3,8% y el resto del mundo (38% emisiones) las subió un 1,1%. Y este año 2025, hasta abril, las emisiones mundiales han subido otro 3%, según Carbón Monitor. España aumentó sus emisiones de CO2 en 2024 (278 millones Tm, +0,9%).

Ante este panorama, con Trump en plan negacionista (“perfora, niño, perfora”) y China e India “a su aire”, el papel de Europa es aún más decisivo, aunque avancen los negacionistas. Por todo ello, la ONU organizó una “Cumbre Climática virtual” el 23 de abril, donde participaron Brasil y 17 líderes de economías desarrolladas (entre ellos Pedro Sánchez, de España), China, África y Asia, más paises e islas muy vulnerables al Cambio Climático, para impulsar Planes nacionales más ambiciosos contra el Cambio Climático. “Ya hemos negociado bastante: hay que pasar a la acción”, les dijo Antonio Guterres. El objetivo es tener en septiembre Planes climáticos hasta 2035 de los 192 paises firmantes del Acuerdo de París, para darles un impulso definitivo en la próxima Cumbre del Clima, que se celebrará del 10 al 21 de noviembre en Belém (Brasil). Será una COP30 clave.

Mientras los dirigentes europeos y mundiales no afrontan con decisión la lucha contra la emergencia climática (una “guerra mundial” que estamos perdiendo), los ciudadanos estamos cada vez más preocupados: el 85% de los ciudadanos europeos consideran que el Cambio Climático es “un problema grave” , según el Eurobarómetro de junio. Pero luego apoyan y votan a partidos que, en muchos casos, niegan ese Cambio Climático y dicen que es “una cuestión ideológica”, como si no tuviera nada que ver con las olas de calor.

En España, esta contradicción entre lo que piensan los ciudadanos y algunos de sus partidos es especialmente relevante, porque el negacionismo de Vox se ha acabado contagiando al PP, que utiliza cada vez más las políticas ambientales como “una bandera de enganche” para captar votos. Y además, los pactos PP-Vox en algunas autonomías han llevado a varios Gobiernos a aprobar medidas que favorecen la crisis climática, así como en sus Ayuntamientos (retraso zonas de bajas emisiones y supresión carriles bici) . En Murcia, el pacto presupuestario PP-Vox (junio) incluye modificar la Ley de Protección del Mar Menor y un rechazo explícito “a las políticas medioambientales europeas”, lo mismo que ha hecho Mazón en la Comunidad Valenciana para aprobar sus Presupuestos con Vox. Y también en Extremadura se han revisado normativas de protección ambiental, como en Castilla y León, Andalucía, Cantabria y Aragón, con o sin Vox. Da miedo pensar lo que harían si Feijoo y Abascal llegan a la Moncloa… 

“No podemos retroceder en la acción climática”, acaba de decir el Secretario General de la ONU. Pero no parece que esa sea la prioridad de muchos políticos mundiales, europeos y españoles. Así que no basta con quejarse de la ola de calor. Habría que salir a la calle y manifestarse a favor de políticas más decididas contra la emergencia climática, para salvar el Planeta y nuestras vidas. Y sobre todo, no votar a nadie que sea “negacionista”. El Cambio Climático está aquí y es un problema más grave que las guerras, la inmigración o el paro. Es una cuestión de supervivencia. Y si retrasamos las medidas o las “suavizamos” nos estamos engañando y poniendo en peligro. Ya lo sabemos: si no se reducen drásticamente las emisiones, habrá más olas de calor, más graves y más mortíferas. Seguro.

Crecemos, pero con pobreza y desigualdad

Confirmado: España creció en 2024 cuatro veces más que Europa (3,2% frente a 0,8%). Pero mucha gente no lo nota, porque la inflación se ha comido los salarios y por la subida de alquileres, hipotecas y servicios públicos. Así, un 9,1% españoles llegan a fin de mes “con mucha dificultad” y casi la mitad con problemas. Y hay 9,6 millones de españoles en situación de “pobreza”: ganan menos del 60% que la media. Tenemos sólo 409.000 “pobres” menos que en 2018, cuando Sánchez llegó a la Moncloa, aunque hay 2,35 millones de residentes más. Pero sube la pobreza infantil y somos el 5º país con más pobreza de Europa, a pesar del crecimiento y el empleo. Fallan las ayudas a la pobreza y tenemos demasiados sueldos bajos: un 70% ganan menos de 2.548 euros, 24% menos que en Europa. Urge corregir las medidas sociales, con más ayudas por hijos, y subir más los salarios bajos (menores de 2.000 euros), ahora que los beneficios empresariales son altos. Hay que “repartir” mejor el crecimiento.

Eurostat, lo confirmó a finales de enero: España creció +3,2% en 2024, más que en 2023 (+2,7%) y cuatro veces el crecimiento de la UE-27 (+0,8%), triplicando el crecimiento de Francia (+1,1%) y seis veces más que Italia (+0,5%), mientras Alemania sigue en recesión (-0,2%). Los motores del alto crecimiento español, por tercer año consecutivo, son el aumento del consumo público y privado (por el aumento de ocupados: + 468.100 empleos en 2024), las exportaciones y, sobre todo el turismo, que batió otro récord histórico. Y además, la inflación cerró el año con una subida del 2,8%, en linea con el +2,7% en la UE-27. El punto negro sigue siendo el paro, que acabó en el 10,6%, casi el doble que la media europea (5,6%).

Con todo, la economía española crece más que la europea, con una inflación moderada (al alza), menos déficit público y superávit con el exterior, esperando crear otros 500.000 empleos en 2025. Pero muchos españoles no acaban de notarlo. Primero, porque la inflación de los últimos años “se ha comido” parte de sus salarios: los salarios pactados en convenio han subido un +12,92% entre 2020 y 2024, mientras la inflación subió un +20% (y si nos vamos más atrás, desde 2009, los salarios han perdido un -21,43% de poder adquisitivo). Además, en los últimos años se han disparado los alquileres (subieron +31% entre 2020 y 2024) y el coste de las hipotecas, por la subida de los pisos y tipos. Y hay muchos servicios que se han encarecido, como la sanidad (los seguros médicos) o la educación, subiendo las facturas de la energía, alimentos y carburantes, a pesar de las ayudas del “escudo social”.

Y hay otro factor del que apenas se habla: la economía crece con fuerza, producimos mucho más, pero somos mucho más habitantes, con lo cual la producción (y la renta) se reparte entre muchos más. Así, el valor de lo producido (PIB) ha pasado de 1.253.710 millones de euros en 2019 a 1.593.136 en 2024, un aumento del +27% . Pero la población residente ha pasado (por el aluvión de inmigrantes), de 47 a 49 millones en estos 6 años. Así que el PIB por habitante ha crecido algo menos: de 26.670 euros en 2019 a 32.461 en 2024 (+21,7%). Todavía tenemos una menor productividad que Europa, no tanto por los trabajadores como por la baja inversión y un modelo económico menos productivo.

Volviendo a los que no notan el fuerte crecimiento, la última estadística del INE revela que casi la mitad de los españoles (el 47,4%) tienen algún problema parea llegar a fin de mes, algo menos que en 2019 (49,3% tenían problemas), aunque ahora hay 2 millones de habitantes más. De ellos, un 9,1% llegan a fin de mes “con mucha dificultad” (eran el 7,8% en 2019 y el 9,3% en 2023), sobre todo en Castilla la Mancha (13%), Canarias (12,4%) y Andalucía (10,9%), siendo pocos en País Vasco (5,1%), Baleares (5,6%) y la Rioja (5,9%). Otro 12,7% de españoles llegan a fin de mes “con dificultad” (14,2% en 2019) y el 25,6% restante con “cierta dificultad (27,3% en 2019). La alta inflación pasada y los alquileres lo explican.

Otro dato preocupante son los españoles, que a pesar de la mejoría del crecimiento y el empleo, sufren “carencias materiales”, según la Encuesta de Condiciones de Vida 2024 del INE. Casi un tercio de la población (35,8%) “no tiene capacidad para atender gastos imprevistos” (como en 2019, cuando eran el 35,9%, aunque hoy somos 2 millones de habitantes más), el 6,1% no se puede permitir comer carne o pescado cada dos días (eran la mitad, el 3,8% en 2019), un 17,6% no pueden mantener su vivienda a la temperatura adecuada (el doble que en 2019, cuando eran el 7,6%) y un 13,6% de personas han tenido retrasos en el pago de gastos de su vivienda (frente al 8,3% en 2019).

Pero lo más preocupante es que, a pesar del alto crecimiento y el empleo, España todavía tiene muchos “pobres”: somos el 5º país con más pobreza de Europa (19,7% de la población en 2024) , tras Letonia (22%), Bulgaria (21,7%), Estonia (20,7%) y Lituania (20,6%), según Eurostat. Son 9.653.000 españoles a los que las estadísticas europeas considera “pobres”, porque ingresan menos del 60% de la media del país (menos de 11.584,4 euros al año los solteros y menos de 24.3272 euros al año una familia con dos niños), según el INE.

Esta tasa de pobreza (19,7%) era superior en 2018 (21,5%), cuando el Gobierno Sánchez llegó a la Moncloa, pero el número de pobres ha bajado poco, en -409.000 personas (había 10,06 millones de pobres en 2018), entre otras cosas porque ahora somos 2,35 millones de habitantes más. La población en situación de “pobreza extrema” (ingresan menos del 40% que la media, menos de 7.772 euros anuales los solteros y menos de 16.218 euros las familias con 2 niños) también se ha reducido, pero poco: eran el 8,7% de los españoles en 2018 y ahora son el 8,3% de la población, 4.067.000 españoles (solo 4.000 menos que en 2018).

Lo peor es que, a pesar del alto crecimiento y el empleo, la pobreza infantil ha crecido en España: en 2024 estaban en situación de pobreza el 29,2% de los menores de 16 años, frente al 26,2% de pobreza infantil en 2018. Son 2,5 millones de niños y niñas que viven en hogares pobres y de ellos, más de un tercio (el 11%, 941.000 niños y niñas) viven en hogares con pobreza severa y no pueden acceder a una alimentación saludable, como denuncia Save the Children, recordando que España es el 2º país de Europa con más pobreza infantil, tras Rumanía.  Esta pobreza infantil se concentra en las familias de mujeres solas con niños (el 81% de las familias monoparentales), “feminizando” la pobreza.

La llamativa subida del salario mínimo interprofesional (de 735 euros en 2018 a 1.184 euros en 2025, +61%), el avance del Ingreso mínimo Vital (llega a 674.000 hogares, con 2 millones de beneficiarios y una cuantía mensual entre 658 y 1.500 euros) y las ayudas públicas que han integrado (e integran) el “escudo social” (ERTEs, bono social eléctrico, ayudas al transporte,  luz, alimentos y carburantes) han evitado que la pobreza en España creciera estos años, a pesar de que somos 2,35 millones de habitantes más. Pero la tasa de pobreza es “inadmisible” y la Comisión Europea nos alertó de ello en diciembre pasado.

El problema de fondo no es sólo que falten ayudas públicas contra la pobreza sino que se gastan mal, como nos ha reiterado la OCDE y la Comisión Europea. Por un lado, las ayudas públicas a las familias (claves para luchar contra la pobreza) tienen en  España la mitad de peso que en otros paises: suponen el 1,6% del PIB (2021), frente al 2,5% de media en la UE-27, el 3,7% en Alemania o el 2,5% en Francia. Por otro, estas ayudas públicas en España benefician más a las familias de rentas medias y altas que a las familias con rentas bajas, porque el grueso de las  ayudas son desgravaciones fiscales en el IRPF, que benefician a 8 millones de contribuyentes, la mayoría con rentas medias y altas, porque las rentas bajas y los más pobres no declaran (los ingresos de menos de 22.000 euros al año, todos los que están en pobreza severa y la mayoría de los considerados “pobres”).

La propia Comisión Europea alertó, en su informe de diciembre, sobre el hecho de que las ayudas contra la pobreza en España “tienen menos impacto que en otros paises”, por “los problemas de adecuación y cobertura del sistema de protección social, las disparidades regionales de acceso a los servicios públicos y la persistente pobreza en el trabajo”. Sobre este último punto, recordar que en 2023 eran “pobres” casi 2,5 millones de trabajadores (2.499.654), según la Red EAPN. Y que España es el tercer país europeo con más porcentaje de “trabajadores pobres” (11,9%), sólo por detrás de Rumanía (15%) y Bulgaria (11,7%), peor que Portugal (10%) o Grecia (9,85) y por encima de la UE-27 (8,9% de trabajadores “pobres”), Italia (9,9%), Francia (7,8%) o Alemania (6,5%), según Eurostat.

Por todo ello, expertos y ONGs piden modificar el esquema de protección social a las familias más vulnerables, reformar la política contra la pobreza en España. Por un lado, es urgente coordinar las ayudas públicas, creando “una ventanilla única” donde se soliciten y se gestionen, con menos burocracia, más colaboración entre administraciones (incluyendo los Ayuntamientos, claves en las ayudas contra la pobreza) y dando más entrada a las ONGs, quienes tienen más experiencia y conocimiento del problema. Y por otro, hay que destinar más recursos públicos a la lucha contra la pobreza, gastando el doble (como hace la UE) en ayudas a la familia. Además, urge avanzar en aprobar una ayuda universal por hijos, clave para reducir la pobreza infantil, como reitera Save the Children.

De hecho, en 20 paises europeos existe una ayuda universal por hijo, que la OCDE ha propuesto a España (y que sólo aplica el País Vasco, desde marzo der 2023, cuando entró en vigor una ayuda universal por hijo de 200 euros que cobrarán las familias durante 3 años). Con esta ayuda, “se matarían dos pájaros de un tiro”: se reduciría la pobreza infantil y la pobreza de las familias (más concentrada en las que tienen hijos) y se fomentaría la baja natalidad, un grave problema estructural de España, que pone en peligro el futuro de las pensiones y del Estado del Bienestar. El Gobierno Sánchez dice que estudia una ayuda universal por hijo hasta los 6 años, pero tiene difícil contar con apoyos políticos y recursos, máxime cuando la política del PP (apoyada por Junts y PNV) es “bajar impuestos” indiscriminadamente.

Para que haya menos pobres y más gente “note” el crecimiento y el empleo, hay que actuar también sobre los salarios, porque son muy bajos y desiguales, lo que provoca que casi la mitad de españoles tengan problemas para llegar a fin de mes. Los salarios en convenio han subido un +3,07% en 2024, más que la inflación media (2,77%), pero llevan muchos años perdiendo poder adquisitivo (-7,08% desde 2020 y -21,43% desde 2009). Y tienen dos problemas. Uno, son más bajos que en Europa: el salario medio por hora era de 18,2 euros en 2023, frente a 24 euros de media en la UE-27 (-24,2%) , 31,6 euros en Alemania, 28,7 euros en Francia o 21,5 euros/hora en Italia, según Eurostat. Y el otro, que los salarios en España son muy desiguales y hay una mayoría que los tiene bajos.

Veamos. El salario medio bruto en España era de 2.237 euros en 2023, según la última estadística del INE (Decil de salarios). Pero de los 18 millones de asalariados, un 30% (5.400.000) ganan menos de 1.534 euros brutos al mes, otro 40% (7.200.000 trabajadores) ganan entre 1.534,7 y 2.548,2 euros brutos mensuales y sólo el 30% restante (5.400.000 asalariados) ganan más de 2.548,2 euros brutos mensuales. A lo claro: que el 70% de los que trabajan en España (12,6 millones) ganan menos de 2.548 euros brutos, unos 2.170 euros netos. Y hay sectores enteros, como la hostelería, el campo, las empleadas de hogar, el comercio y muchas pymes, donde ganan aún menos. Y sobre todo las mujeres (2.063,2 euros de media, -16,4% que los hombres) y los jóvenes que aún ganan menos (1.387 euros brutos es el salario medio de 16 a 24 años). Con este bajo nivel salarial, no es extraño que si repunta la inflación o suben los alquileres y algunas facturas, mucha gente tenga problemas para llegar a fin de mes. O acabe en la pobreza.

Por eso, habría que actuar en dos frentes. Por un lado, aprobando un Plan urgente contra la pobreza, en especial contra la pobreza infantil, legislando una ayuda por niño/a hasta los 6 años (complementada con otras ayudas hasta los 16 años) y reformando las ayudas públicas disponibles, para que beneficien más a los más pobres. Y por otro, promoviendo en la negociación colectiva una subida mayor de los salarios más bajos (los de menos de 2.000 euros, por ejemplo), para reducir la desigualdad actual y mejorar el poder de compra, lo que se traduciría en más consumo, más crecimiento y más empleo. Es hora de plantear subidas mayores del 3% para estos trabajadores peor pagados, porque ahora las empresas pueden hacerlo, porque llevan 3 años consecutivos con más ventas, márgenes y beneficios.

Lo peor que le puede pasar a un país es que no crezca ni cree empleo. Pero tampoco es bueno que crezca y la mayoría de su población no lo note, porque una buena parte de la población no llegue a fin de mes o siga en la pobreza. Urge aplicar políticas para reducir de verdad la pobreza, sobre todo la infantil, y para que la mayoría de los salarios sean más altos y permitan una vida mejor. Hay que “repartir mejor el crecimiento”, para que lo noten más españoles, no sólo una minoría de sueldos y empresas. Es la manera de evitar que muchos españoles “pasen” del Estado y de la política y se radicalicen, en manos del populismo y la ultraderecha. La democracia ( y aún más la socialdemocracia) es crecer más para que la mayoría vivan mejor. A ello.

Recorte de jornada: horarios y productividad

El lunes 29 de julio, Gobierno, sindicatos y patronal intentarán alcanzar un acuerdo (difícil) para recortar la jornada laboral legal, de 40 horas a 37,5 en 2025. La patronal está en contra porque quieren fijar el horario en los convenios (no por Ley), porque aumenta sus costes (se mantienen los sueldos) y reduce la productividad. Pero el Gobierno está dispuesto a aprobar esta rebaja sin la patronal, mientras los sindicatos amenazan con movilizaciones en septiembre. En realidad, muchos trabajan menos de 37,5 horas (la media son 36,4 horas), pero otros trabajan más (39,4 horas en hostelería y 39,1 en comercio) o no tienen convenio, trabajando todos más horas que en Europa. El debate no es que reducir jornada empeorará la productividad, más baja en España, porque depende más de nuestro modelo económico (más servicios y menos industria y tecnología), del exceso de pymes, de la baja inversión y formación y de la mala organización de las empresas. Por “calentar la silla” más horas no somos más productivos.

                                  Enrique Ortega

La jornada laboral máxima legal no se revisa en España desde hace más de 40 años. El Estatuto de los Trabajadores fijó la jornada máxima en 42 horas semanales (43 para la jornada partida) en el Estatuto de los Trabajadores de marzo de 1980 (Gobierno UCD). En julio de 1983, el  Real Decreto 2001/1983, del Gobierno de Felipe González,  fijaba la jornada laboral máxima en 40 horas, una norma que rige hoy. En estos 41 años, la economía y las relaciones laborales han tenido cambios drásticos, con un progresivo recorte de la jornada real de trabajo. Y por ello, el Gobierno Sánchez se ha fijado como objetivo recortar la jornada laboral legal, de las 40 horas actuales a 38,5 horas en 2024 y 37,5 horas en 2025.

La jornada laboral se ha reducido en todo el mundo y en España en las últimas décadas, con la ayuda de la tecnología y la digitalización. La media de horas de trabajo en los convenios (hasta junio 2024) era de 38,2 horas semanales. Una jornada que varía mucho por sectores, según los datos de Trabajo: los mayores horarios se dan en la hostelería (39,4 horas), el empleo doméstico (39,3), el comercio (39,1) y el campo (39 horas), estando también por encima de la media las inmobiliarias (38,8 horas), actividades administrativas (38,), actividades científicas y técnicas (38,5), industrias extractivas, manufactureras y transporte (38,4 horas semanales). Y los sectores donde se trabaja menos horas son educación (32,6), Administración pública y finanzas (37,1 horas), agua (37,4) y energía (37,9), sanidad (37,9), construcción y actividades artísticas (38 euros de media).

Por autonomías, también hay grandes diferencias en la jornada laboral, según el peso de cada sector económico. Las jornadas más largas se dan en Canarias (39,3 horas semanales), Murcia (39,1), Andalucía y Comunidad Valenciana (38,9), Castilla la Mancha y Galicia (38,8 horas). Y los horarios laborales más cortos están en País Vasco (37,1 horas), Navarra y Cataluña (37,4 horas). Por provincias, donde se hacen las jornadas más largas es en Almería (39,57 horas), Tenerife y las Palmas (39,2) Orense (39,2) y Málaga (39,17 horas semanales). Y donde trabajan menos horas es en Vizcaya (36,93 horas), Guipúzcoa (37,18), Navarra (37,43), Álava (37,56) y Madrid (38,22). En general, se trabaja menos horas donde hay más industria y menos servicios, en zonas con más nivel de vida y en  empresas con menos precariedad y más presencia sindical.

Esta es la jornada pactada en convenio, pero en realidad los españoles trabajan menos horas, porque hay muchos (un tercio) que trabajan a tiempo parcial y otros que no cumplen la jornada pactada, por bajas o problemas varios. La jornada efectiva media en España fue de 36,4 horas semanales en 2023 (para trabajadores entre 20 y 64 años), según Eurostat, ligeramente por encima de la jornada media efectiva en la UE-27, que fue de 36,1 horas semanales. Los paises más ricos del norte de Europa (y donde pesa más el trabajo a tiempo parcial) trabajan menos horas que en España: Paises Bajos (32,2 horas semanales), Austria (33,6), Alemania (34), Finlandia (34,8), Bélgica (34,9), Irlanda (35,5), Suecia (35,7) y Francia (36 horas semanales efectivas). Y los paises del Sur y Este, más pobres, tienen horarios laborales más largos: Grecia (39,8), Rumanía (39,5), Polonia (39,3), Bulgaria (39), Portugal (37,7) e Italia (36,1 horas semanales).

En España, no sólo trabajamos más horas que en la Europa más rica sino que tenemos unos “horarios laborales de locos”: las estadísticas revelan que empezamos a trabajar más tarde que en la mayoría de paises europeos (a las 8 de la mañana sólo inician su jornada el 18,5% de los trabajadores frente al más del 20% en muchos paises, comenzando la mayoría a partir de las 9 de la mañana) y, tras 2 horas para comer (y más), acabamos de trabajar más tarde (muchos después de las 6 de la tarde, cuando apenas se trabaja en el resto de Europa), según Eurostat. Y con ello, la mayoría de trabajadores tiene problemas para conciliar la vida laboral y familiar, además de aumentar las bajas por múltiples motivos y el absentismo.

Respecto a los horarios laborales, en España hay una cierta costumbre de “calentar la silla”, de vincular horarios largos con “cumplir en el trabajo”. Y aunque ha aumentado el teletrabajo y las jornadas presenciales de cuatro días, todavía son mayoría los empresarios que prefieren tener a sus trabajadores en la empresa que fuera, que valoran los largos horarios de trabajo. Sin embargo, la mayoría de trabajadores están a favor del recorte de jornada, según la última Encuesta de 40dB para El País: 2 de cada 3 españoles apoyan la reducción de jornada a 37,5 horas, sobre todo los más jóvenes, aunque la mayoría dan más importancia a subir los salarios y mejorar los trabajos que a reducir la jornada laboral.

El Gobierno propone reducir la jornada laboral porque cree que no afectará a la productividad de las empresas y ayudará  a mejorar la vida de los trabajadores, a los que se mantendrá el sueldo aunque trabajen menos horas, porque se espera que el cambio redunde en una mayor eficacia laboral (“hacer lo mismo o más en menos tiempo”). Y defienden recortar la jornada por Ley porque hay muchos trabajadores sin convenio, que no tienen regulada su jornada y depende del empresario. En 2023 había 3.512 convenios vigentes en España, que afectaban a 10,9 millones de trabajadores: quedaban fuera más de 7 millones de asalariados (hay 18 millones). Y 10 millones de ocupados (hay 21,24 millones).

Por eso, el Gobierno reitera que la rebaja del horario favorecerá a 12 millones de trabajadores en España, que ahora trabajan más de las 37,5 horas que plantean para 2025. La mayoría son trabajadores sin convenio o sin un horario pactado, empleados en pequeñas empresas o eventuales. Los sindicatos añaden que el recorte legal del horario beneficiará más a los hombres que a las mujeres, a los trabajadores del campo, la construcción y algunas industrias, sobre todo en La Rioja y Castilla la Mancha. Y quieren que la rebaja se apruebe cuanto antes, sin retrasos ni flexibilización de plazos, porque se desaprovecharía el año 2024 y no tendríamos la jornada de 37,5 horas hasta 2026. Por eso, amenazan con que si no hay acuerdo ahora, convocarán movilizaciones en septiembre.

La patronal CEOE cree que “no es el momento de recortar la jornada” (nunca lo es…) y que debe dejarse la fijación de los horarios de trabajo a los convenios colectivos, porque “las empresas que pueden rebajar jornada ya lo están haciendo”, como demuestran los datos: en 2003 se trabajaba 1.752 horas al año en España, bajando a 1.692 en 2013 y a 1.632 horas anuales en 2023. Y añaden que el 44% de los convenios tienen ya una jornada de 38,5 horas o menos. Así que proponen no tocar la Ley y que cada empresa recorte horarios con sus trabajadores. El problema, señalan los sindicatos, son los millones de trabajadores que no tienen capacidad de negociar. Y aquí pasa como con las medidas para conseguir la igualdad de género: o se imponen por Ley o no se logran.

La patronal se queja además de que la rebaja de horarios manteniendo sueldos les aumenta los costes un 6% y perjudica su competitividad. De hecho, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha echado en cara al Gobierno y a los sindicatos que el recorte de jornada por Ley supone “un regalo de 12 días más de vacaciones pagadas a los trabajadores”. El líder de UGT le ha respondido que “mayor es el regalo que les hacen los trabajadores a las empresas” con las horas extras hechas y no pagadas: son casi la mitad de todas las horas extras, “un regalo” de 2.300 millones anuales a las empresas.

De hecho, la patronal ha querido aprovechar la negociación sobre el recorte de horarios para aumentar el tope de horas extras que se pueden hacer, ahora establecido en 80 horas al año (que en muchas empresas no se cumple). Pero el Gobierno (y los sindicatos) se han negado a abrir esta “espita”, con más horas extras, porque ya son excesivas. En el 4º trimestre de 2023 se hicieron 6,3 millones de horas extras a la semana, el 39% de ellas “gratis” (sin pagarlas). Una forma con la que muchas empresas evitan aumentar plantillas (y crear más empleo), con la connivencia de los trabajadores que hacen estas horas para completar unos salarios bajos (y en ocasiones sin cobrar, para mantener el empleo). Si no se hicieran estas horas, se podrían contratar a 166.000 trabajadores más.

Junto a la rebaja de la jornada, el Gobierno Sánchez quiere aprobar también un control más eficaz de la jornada laboral, porque el actual es deficiente. En marzo de 2019, el Gobierno aprobó un Real Decreto para que las empresas realizaran un control de horarios de sus trabajadores. Pasados 5 años, Trabajo ha comprobado que hay muchas empresas que no lo aplican y otras muchas cometen fraude en sus controles, lo que ha provocado 4.804 expedientes y multas por 7,3 millones. Ahora, se quiere aprobar un control digital de la jornada, accesible a la inspección de trabajo y a los sindicatos, para que sea efectivo.

En la reunión del lunes 29 de julio, el acuerdo dependerá de la postura de la patronal, que está en contra del recorte de horario, aunque podría aceptarlo si se flexibiliza en el tiempo, si las 38,5 horas iniciales se pueden cumplir “a lo largo de 2025”, un retraso que no aceptan los sindicatos. Si no hay acuerdo, el Gobierno podría aplicar la reforma unilateralmente o sólo con el apoyo de UGT y CCOO, como pasó con las subidas del salario mínimo. Pero luego tiene que aprobar el recorte horario en el Parlamento y no lo tiene fácil, por posibles problemas con Junts (y quizás PNV) o con Podemos, según haga la reforma finalmente.

Mientras se ultima la negociación de la jornada, la patronal y algunos expertos reiteran que recortar la jornada empeorará aún más la productividad en España, más baja que en la mayoría de Europa. Los datos son concluyentes: la productividad por empleado en España es inferior a la media europea (96 frente a 100 en las UE-27 y 123 en Alemania) y un 19,3% inferior a la productividad media en la zona euro, según el último informe de BBVA Research. Y esta “brecha” de productividad con Europa es mayor hoy que en las dos últimas décadas, aunque mejoró en 2022 y 2023. Por eso, la patronal reitera que si se trabajan menos horas, la productividad caerá más y seremos menos competitivos.

La realidad es que si España tiene menos productividad que la mayoría de Europa no es porque trabajemos pocas horas (trabajamos más que los paises más productivos), sino por otras razones (ver Blog). La primera y fundamental, porque tenemos un modelo económico donde las actividades menos productivas (hostelería, comercio, transporte o construcción) tienen más peso que en otros paises europeos, donde pesan más la industria, la tecnología y la información (TIC), sectores con más productividad. Pero aunque tuviéramos la misma estructura económica que la UE-27, España tendría un 10% menos de productividad, según este estudio de la Fundación BBVA e Ivie, que señala otros factores.

Un factor clave es el menor tamaño de las empresas españolas (tenemos un exceso de pymes), lo que les dificulta financiarse, invertir, innovar y ser más productivas. Otra causa importante es la menor formación de los trabajadores españoles: el 48% de los adultos carecen de título universitario o FP y tienen un gran peso los trabajos que exigen poca cualificación (sector servicios), que son los menos productivos. La tercera causa clave es la falta de tecnología e innovación en las empresas (el gasto en I+D+i es el 1,44% del PIB frente al 2,2% de media en la UE.27), con lo que fabricamos productos menos complejos y de menor valor añadido. Un cuarto factor que explica nuestra menor productividad es la baja inversión en España (pública y privada) desde 2008. También tenemos demasiada “economía sumergida” y pesan negativamente la enorme dependencia de las empresas del crédito bancario (más que en el resto de Europa), la excesiva burocracia del Estado y las autonomías, las barreras a la competencia y las dificultades regulatorias y fiscales a las pymes. 

Y hay otro factor del que apenas se habla (nunca la patronal) y que explica mucho nuestra baja productividad: la deficiente organización de nuestras empresas, donde no se valora suficiente el trabajo en equipo, la captación y promoción del talento o la gestión por objetivos, mientras se mantienen los viejos principios del “ordeno y mando”. El propio Banco de España ha destacado la baja formación de muchos gestores empresariales, mientras un estudio de la consultora Gallup relaciona la capacidad de gestión con la motivación de los trabajadores. El dato es llamativo: España es el tercer país UE con menos trabajadores “comprometidos con su trabajo”, sólo un 9%, frente al 13% en Europa y el 33% en EEUU y Asia. Con el 91% de trabajadores “desmotivados”, resulta difícil mejorar la productividad…

En resumen, que para ser un país más productivo y rico, la solución no es estar más horas en el trabajo sino ser más eficaces en las empresas, desde la organización del trabajo y la motivación de los empleados a invertir más en formación, tecnología, innovación y digitalización, para producir con más valor por empleado. Así que no hagan demagogia con que el recorte de horarios reducirá la productividad. La empeora no tomar medidas para hacer las empresas más competitivas y sólo pensar en ganar dinero a corto plazo, compitiendo con empleos precarios y salarios bajos, como la China de Europa. Así no.

Más despidos "encubiertos"

La reforma laboral, en vigor desde abril de 2022, ha reducido el empleo temporal y precario en España. Pero muchos empresarios han utilizado una “puerta trasera” para quitarse  trabajadores y seguir rotando plantillas: realizan 3 tipos de despidos, que tienen poca o nula indemnización, sobre todo si el trabajador lleva pocos meses trabajando. Uno, las bajas por no superar el periodo de prueba, que casi se han duplicado desde 2021 y eran 740.000 hasta septiembre. Otro, las bajas por despido disciplinario individual, que han crecido un +26% y superaban las 400.000 en septiembre. Y la tercera vía, las bajas individuales “por causas objetivas”, que han crecido un +34% y superaban los 308.000 despidos hasta septiembre. Los sindicatos han denunciado estas vías de “despidos baratos” al Consejo de Europa y, antes de que dictamine, a principios de 2024, el nuevo Gobierno se ha comprometido a reformar estos tipos de despido, que, según la vicepresidenta Díaz les sale a las empresas “demasiado barato”. Será objeto de la 2ª reforma laboral (pendiente).

                 Enrique Ortega

Cada día se hacen en España miles de contratos (42.650 diarios hasta octubre), varios por cada puesto de trabajo al año, y también miles de despidos, en un mercado laboral que no para. Y eso se traduce en miles de altas y bajas a la Seguridad Social cada día. En octubre pasado, por ejemplo, hubo 2.143.091 altas y 2.260.893 bajas a la Seguridad Social (SS), según la última estadística oficial. Otros meses, como septiembre, las altas superan a las bajas (2.443.370 frente a 2.111.209) y por eso crece el empleo neto. Concretamente, entre enero y octubre de 2023, la afiliación a la Seguridad Social creció en +500.094 afiliados (altas menos bajas), alcanzando un récord de 20.817.657 afiliados en España.

Este dinamismo del empleo y la afiliación a la SS no puede ocultar un hecho del que alertan los sindicatos desde 2022, cuando entró en vigor la reforma laboral: se han disparado las bajas a la Seguridad Social, aumentan los “despidos encubiertos”, un fenómeno que no llama tanto la atención porque han aumentado más las altas y se está creando empleo neto. Pero las bajas, los despidos, están ahí y creciendo, según revelan las estadísticas oficiales. Los sindicatos y muchos expertos consideran que son “una puerta trasera” por la que muchos empresarios cambian trabajadores y rotan plantillas ahora que les resulta más complicado hacer contratos temporales. Y denuncian que están utilizando 3 tipos de bajas que les permiten quitarse y cambiar trabajadores con poco coste, con indemnizaciones bajas o nulas. Veamos estos tres tipos de bajas cuyo uso se ha disparado desde 2022.

La primera puerta que usan ahora muchos empresarios para aumentar las bajas y rotar plantillas son las bajas de trabajadores por no superar el periodo de prueba. Siempre ha habido periodos de prueba (se deben fijar por escrito en el contrato y son unos periodos que fijan los convenios, aunque a falta de criterio suelen ser 6 meses para titulados técnicos y 2 meses para el resto) y siempre ha habido trabajadores que no los superaban. La novedad es que ahora, las bajas por este motivo se han disparado, sobre todo tras la reforma laboral: si hubo 444.722 bajas en 2020 y 552.748 en 2021, en 2022 se cerró con 893.930 (+61,7%). Y este año 2023, hasta finales de septiembre se habían tramitado ya 739.877 bajas a la SS por incumplir el periodo de prueba, casi tantas como todo el año pasado.

Estas bajas por incumplir el periodo de prueba son muy baratas para las empresas, porque el trabajador no tiene derecho a cobrar una indemnización al irse, sólo cobrará los sueldos pendientes y la parte de pagas extras y vacaciones. Y con ello, puede utilizarlo para rotar su plantilla y coger otro trabajador, ahora que resulta difícil contratar temporalmente. El trabajador despedido puede reclamar a Magistratura, si creen que el despido ha sido injusto, pero si ha estado poco tiempo en la empresa (de 2 a 6 meses), no le compensará contratar un abogado e ir a juicio por una mínima indemnización (33 días por año en caso de despido improcedente o algo más si la empresa pacta para no ir a juicio).

La segunda puerta que se está utilizando para los despidos “encubiertos” son los despidos disciplinarios individuales, cuando se justifican en “un incumplimiento grave y culpable del trabajador”, por varias causas que fijan los artículos 54 y 55 del Estatuto de los Trabajadores: faltas repetidas de asistencia o puntualidad, indisciplina o desobediencia, ofensas verbales o físicas al empresario o a otros trabajadores, “transgresión de la buena fe contractual o abuso de confianza”, disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo (¿cómo se mide?), embriaguez habitual o toxicomanías, acoso racial, étnico, religioso o sexual… Este tipo de despidos también se han dado siempre, pero otra vez nos alertan las estadísticas oficiales de bajas por motivos disciplinarios: han pasado de 203.050 entre enero y septiembre de 2021 a 318.829 en los 9 primeros meses de 2022 y 402.010 entre enero y septiembre de 2023 (+26,1%). Y lo más llamativo: el 90,8% de estos despidos han sido a trabajadores con contrato fijo, que ahora pueden ser sustituidos por personal más barato y menos antiguo.

El abuso de esta fórmula de despido lo confirma este dato: en septiembre pasado (2023) hubo 52.166 bajas por este motivo, casi el doble que en septiembre de 2021 (27.853 bajas). Este despido disciplinario sale barato, porque el trabajador no tiene derecho a indemnización. Y aunque puede recurrir judicialmente, buscando un despido improcedente (nulo es casi imposible), sólo acabará cobrando 33 días por año trabajado (o algo más si pacta para no ir a juicio). Otra vez más, si lleva poco tiempo en la empresa, el despedido se tendrá que pensar si le compensa pagar un abogado y reclamar. Y además, si el trabajador lleva pocos años en plantilla, a la empresa le puede “compensar” pagar el coste de este despido como improcedente para disponer de su puesto para otro trabajador nuevo.

La tercera puerta que algunas empresas están utilizando para hacer despidos “encubiertos” son las bajas individuales “por motivos objetivos”, por “causas económicas, técnicas, organizativas o productivas” (causas ETOP). Tras la pandemia y la guerra en Ucrania, el Gobierno Sánchez ha tratado de limitar estos despidos “por causas económicas” para empresas, para lo que abrió la vía de los ERTE (“aparcar trabajadores” un tiempo, pagándoles el desempleo hasta que mejorara la situación del sector o empresa). Y el sistema ha funcionado (había 12.692 en agosto de 2023, cuando llegó a haber 3.617.205 en abril de 2020). Pero, a cambio, muchas empresas han utilizado las “causas económicas” para dar de baja a trabajadores, sobre todo tras la reforma laboral. Así, entre enero y septiembre se han registrado 308.606 bajas por despidos objetivos individuales, +34,11% que en esos 9 primeros meses de 2022 (230.112 bajas) y más del doble que en 2021 (146.222 bajas de este tipo entre enero y septiembre).

En este tipo de despido “objetivo”, la empresa paga al trabajador una indemnización más baja, de 20 días por año trabajado. Y si se recurre como improcedente, volvemos al tema de los 33 días de indemnización por año, que pueden compensar o no. En cualquier caso, parece que las empresas están optando más por este “goteo” de despidos objetivos uno a uno, ahora que les resulta más difícil conseguir un “despido objetivo” de un grupo de trabajadores. De hecho, las bajas por despidos objetivos colectivos (un 10% de trabajadores o más de la empresa) han sido solo 23.774 bajas entre enero y septiembre de 2023, una cifra mucho menor a la de 2021 en esos meses (42.360) y a la de 2013, en lo peor de la crisis financiera (65.781 bajas por despido colectivo entre enero y junio de 2013).

Los sindicatos llevan ya dos años alertando de este aumento de despidos “por la puerta de atrás”, que consideran un abuso y un fraude laboral de las empresas que los hacen, buscando vías alternativas (y baratas) para rotar plantillas. Ya en marzo de 2022, UGT presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa porque consideraban que hay formas de despido que contravienen el artículo 24 de la Carta Social Europea (que España ratificó en 2021) y el Convenio 158 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). En octubre de 2022, el Comité admitió a trámite esta denuncia, a la que se sumó CCOO, con otra reclamación ante el Consejo de Europa a finales de 2022.

En su argumentación ante el Consejo de Europa, UGT reitera que la indemnización por despido en España, rebajada por la reforma laboral de Rajoy en 2012 (de 45 a 33 días por año) no compensa a los trabajadores despedidos que llevan poco tiempo empleados y que hay vías de despido (como las tres vistas ya: por no superar el periodo de prueba, por despido disciplinario o por causas objetivas) que son “demasiado baratas” para los empresarios. Por eso, los sindicatos han pedido a Europa que se pronuncie a favor de subir la indemnización por despido improcedente (de 33 a 45 días por año, con límite de 42 mensualidades) y que se fije una indemnización mínima en estos despidos, de 6 meses de salario, para compensar a los despedidos con poca antigüedad. Además, piden que se recupere el pago de los salarios de tramitación (que antes de la reforma de 2012 se cobraban habitualmente tras una sentencia de readmisión y ahora sólo en algunos casos). Y, sobre todo, que se concrete mucho más “la causalidad” de los despidos, para que no se abran “puertas traseras injustificadas” al despido, reformando la situación actual de los despidos objetivos, individuales y colectivos.

El 15 de febrero de este año, la vicepresidenta Yolanda Díaz recogió esta tesis de los sindicatos sobre las indemnizaciones y el abuso en algunos despidos, al declarar textualmente en el Congreso: “El despido en nuestro país no es caro, es demasiado barato. Es tan barato que a las empresas les sale a cuenta despedir utilizando las indemnizaciones de 33 días”. A partir de ahí, Sumar incluyó en octubre, en el acuerdo de Gobierno con el PSOE, este compromiso: “Establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral”. Una promesa de que el nuevo Gobierno legislará para cambiar la indemnización y las causas de algunos despidos.

La idea es que la reforma de los despidos sea “el corazón de la 2ª reforma laboral pendiente”, tras la aprobada en 2021. No va a ser fácil, porque la patronal no quiere oír hablar de “encarecer el despido” o limitar sus causas, argumentando que iría en contra de la flexibilización en la contratación prometida a Europa en el Plan de Recuperación. Pero los sindicatos presionan y esperan que el Comité del Consejo de Europa se pronuncie en el primer trimestre de 2024. Y podría darles la razón, encareciendo el despido y limitando las causas, como ya hizo con reclamaciones sindicales similares de Francia (2 sentencias), Italia y Finlandia. Quizás la vicepresidenta Díaz y el Gobierno prefieran esperar esta decisión, para cargarse de razón frente a la patronal y tener más fuerza para reformar el despido. En cualquier caso, esta 2ª reforma laboral será más difícil que la de 2021, a la vista de la intransigencia patronal y la dureza de la oposición de PP y VOX. Pero algo habrá que hacer, para que no se abuse del despido barato como sucede ahora. La pelea, en 2024.