Autonomías y Ayuntamientos. más recortes e impuestos en 2014 y 2015 (elecciones)

Autonomías y Ayuntamientos ultiman sus Presupuestos para 2014. Y aunque la noticia ha sido que Madrid y algunas autonomías bajarán impuestos, la realidad es que los Gobiernos regionales y locales tendrán que hacer otro ajuste de caballo, prometido a Bruselas, en 2014 y también en 2015, año de elecciones. Serán 17.471 millones, que saldrán la mitad de recortes (otra vez sanidad, educación, gastos sociales y personal) y la otra mitad de subidas de impuestos, sobre todo los que menos “se ven”: tasas y precios públicos. Y eso suponiendo que no metan la tijera otra vez este año, porque cinco autonomías no van a cumplirán con el déficit exigido por Bruselas (y quizás tampoco el Estado). Nos espera más de lo mismo: nuevos recortes y subidas de impuestos en ciudades y autonomías, tras 3 años de austeridad. Una política que pone en peligro la incipiente recuperación y torpedea la creación de empleo. Cambien.


                                                                                                                            Enrique Ortega

Autonomías y Ayuntamientos las están pasando canutas para presentar sus cuentas para 2014. Por un lado, el Gobierno Rajoy va a transferir 3.324 millones menos a las autonomías (la Comunidad Valenciana, por ejemplo, recibirá 305 millones menos que este año) y 16 millones menos a los Ayuntamientos. Por otro, les está cayendo la recaudación por la crisis (un 2% en 2013) y no esperan que remonte mucho en 2014. Pero, sobre todo, el Gobierno Rajoy carga en autonomías y Ayuntamientos la bajada del déficit en 2014 y 2015, con lo que les obliga a ajustar sus Presupuestos en 17.471 millones, según acaba de prometer a Bruselas. Una exigencia que les supone volver a recortar gastos y aumentar ingresos, sobre todo en 2015 (9.871 millones de ajuste), un año complicado  para meter la tijera porque hay elecciones municipales y autonómicas (mayo).Así que hay alcaldes y autonomías que trinan.

Las autonomías tienen que hacer la mitad del ajuste total: 8.631 millones entre 2014 (4.069) y 2015 (4.562 millones). Lo harán por dos vías. Una (el 48%), recortando gastos: personal (habrá más despidos y congelación salarial), sanidad (se reducirán otros 1.500 millones entre la factura farmacéutica, la revisión a la baja de la cartera de servicios y los copagos, con lo que el gasto sanitario caerá al nivel de 2006), educación y servicios sociales. La otra (el 52% del ajuste) será el aumento de ingresos, sacando más dinero de los impuestos que “menos se ven”: transmisiones patrimoniales (+854 millones), carburantes (+427 millones), tasas (Cataluña creará 30 nuevas)  y otros tributos (+2.333 millones). O sea, recortarán más el Estado del Bienestar (donde está su gasto) y nos subirán la mayoría de impuestos.

Sin embargo, algunas autonomías tratan de engañar a sus ciudadanos con el espejismo de que van a bajarles los impuestos en 2014. Madrid ha aprobado una rebaja en el IRPF que es cierta pero tiene truco. Dos. Uno, que bajan lo mismo (0,4 puntos) a las rentas bajas que a las altas, con lo que una familia modesta se ahorrará 55 euros en la renta 2014 y una familia con altos ingresos se ahorrará 2.000 euros y más. El otro, que los madrileños pagarán en 2014 muchos más “impuestos de los que no se notan”: las tasas (40 creadas nuevas en 2013 como el pago del libro de familia o algunas pruebas deportivas), que volverán a subir (universitarios, guarderías…) o el transporte (con 3 subidas, un +16% en 2013). Galicia también bajará medio punto el recargo autonómico del IRPF (apenas se notará), pero a cambio los gallegos pagarán más caros los carburantes: 3,6 céntimos litro el gasóleo y 2,4 céntimos la gasolina, al subir al máximo el céntimo sanitario. Extremadura también rebaja el tramo autonómico del IRPF, pero sólo medio punto, unos 23 euros por contribuyente. Cantabria, la cuarta que baja, lo hace bien: menos IRPF para ingresos bajos y más a los altos. Con todo, pagaremos más o menos IRPF según donde vivamos.

Vayamos a los Ayuntamientos, que cargan con la otra mitad del ajuste: 8.839 millones, muy descompensados entre 2014 (3.530 millones) y 2015 (5.309 millones), el año del tijeretazo, en plenas elecciones (mayo). Y aquí, la mayor parte del ajuste (el 85%) se hace por el camino de los recortes de gastos (7.564 millones). Un hachazo que viene sobre todo por la supresión de servicios (-3.755 millones de “ahorro”) que hasta ahora prestan los municipios y que van a dejar (sobre todo los de menos de 20.000 habitantes) a las Diputaciones o a las autonomías, según les obliga la Ley de reforma municipal que ha aprobado el Gobierno Rajoy: desde los servicios municipales habituales a sanidad, educación y servicios sociales. Y también se espera un importante ahorro (1.400 millones)  con el cierre de empresas municipales (más despidos) y con la fusión y desaparición de pequeños Ayuntamientos (-1037 millones en 2015). El ajuste restante (15%) viene por subida de impuestos y tasas, junto al IBI, que notaremos todos (+1.200 millones).

Como puede verse, la tijera y las subidas de impuestos de estos años en autonomías y Ayuntamientos van a seguir dos años más, mal que les pese a alcaldes y políticos autonómicos, que no tienen otra opción: si no cumplen con estas cuentas, el palo, no recibirán la zanahoria, un nuevo rescate en forma de Plan para pagar facturas pendientes, que alcanzan ya los 19.341 millones de euros (15.324 millones las autonomías y 4.017 los Ayuntamientos). Montoro los tiene bien “cogidos”: este mes de noviembre le tienen que enviar sus planes de ajuste (menos gastos y más ingresos) para 2014 y 2015 y sólo los que cumplan lo exigido recibirán dinero para coger oxígeno y pagar sus facturas. Tras el anterior Plan de proveedores (27.301 millones aportados en 2012 a autonomías y Ayuntamientos para los primeros pagos de facturas atrasadas), Hacienda dedicará otros 13.300 millones para atrasos (hasta mayo 2013), que empezarán a recibir en diciembre (los que cumplan). Y aún quedarán muchas facturas sin pagar (6.000 millones), que exigirán otro Plan de ayuda en 2014.

Así que, si no quieren suspender pagos, autonomías y Ayuntamientos tendrán que pasar por el aro de nuevos ajustes en 2014 y 2015. Y algunas autonomías, incluso este año, porque no cumplirán con el déficit exigido. Hay 5 autonomías que seguro no cumplen, a la vista de su déficit hasta agosto: Madrid, Extremadura (curiosamente, las dos prometen bajar impuestos en 2014), Aragón, Murcia y Navarra. Y otras cuatro dudosas: Andalucía, Castilla la Mancha, Galicia y Comunidad Valenciana. A las que no cumplan, Montoro les exigirá ajustes adicionales, o sea recortes o subidas de impuestos extras. Y si el Estado tampoco cumple con el déficit este año, como temen muchos expertos y el Banco de España, ajuste doble.

Al final, mucho se habla de recuperación (algunos incluso de bajadas de impuestos), pero el hecho cierto es que las cifras del Gobierno Rajoy enviadas a Bruselas sólo nos aseguran más recortes y más subidas de impuestos en 2014 y 2015. Unas decisiones que van a reducir aún más el consumo y la actividad, poniendo en peligro las pocas décimas de crecimiento previstas. Y torpedeando la posibilidad de crear empleo en un país donde uno de cada cuatro españoles estará sin trabajo hasta 2018. Más de lo mismo: austeridad suicida. Y encima para no bajar el déficit lo prometido, ni en 2014 ni en 2015, como acaba de decir Bruselas. Porque recortes y subidas de impuestos bajan el crecimiento y la recaudación, menos el déficit. Es la trampa de la austeridad. 

Hay que ir por otro camino, negociar con Bruselas suavizar el ajuste y poner en marcha un Plan para acelerar la recuperación, basado en mayores ingresos fiscales (de los que no pagan: grandes empresas, multinacionales, los más ricos y el fraude), más ayudas al desempleo, a la formación y al fomento del empleo, así como inversiones e incentivos dirigidos a promover la innovación, la industria, la exportación, el turismo y los sectores con futuro. Dejar de una vez las tijeras y gastar en la recuperación, en poner al país en movimiento para crecer de verdad y crear ese empleo que tanto nos urge. Ya.

Negro futuro para los servicios sociales

La crisis ha disparado las visitas de españoles a los servicios sociales, para pedir todo tipo de ayudas, desde comida y alojamiento a subsidios, teleasistencia, residencias de ancianos o asesoramiento para trabajar. Y la puerta de entrada a estos servicios sociales son los Ayuntamientos, que atienden a 7 millones de personas cada año. Ahora, el Gobierno ha enviado al Parlamento una Ley de reforma local que quita a los Ayuntamientos los servicios sociales para que los presten las autonomías. El problema es los Gobiernos regionales no tienen recursos y se teme que al final nadie preste estos servicios sociales, cada vez más necesarios porque la crisis ha hecho que 12 millones de españoles vivan como pobres. Además, Rajoy ha prometido a Bruselas que autonomías y Ayuntamientos recortarán 11.500 millones más sus gastos en 2014 y 2015, con lo que tendrán que hacer un recorte extra en gastos sociales. Un drama para millones de personas que lo están pasando muy mal.

                                          Vídeo Cruz Roja 2012: "Ahora más que nunca frente a la crisis" 

España gasta en servicios sociales unos 13,300 millones al año (2012), un 1,3% del PIB, la mitad que la media europea. El Estado central apenas aporta y menos desde que gobierna Rajoy, que ha bajado a la tercera parte el presupuesto del Estado para gastos sociales: de 86,6 millones que aportaba en 2011 a sólo 27,5 en 2013. Las autonomías aportan el grueso del gasto en servicios sociales, 12.645 millones en 2012, aunque también llevan dos años de recortes. Y los Ayuntamientos dedican casi 600 millones a servicios sociales, aunque son los que gestionan el Plan concertado municipal de servicios sociales, con 1.330 millones (2011). En conjunto, los presupuestos para servicios sociales han caído un 33,1% entre 2011 y 2014, según un reciente informe encargado por el Consejo General de Trabajo Social (CGTS).

Los servicios sociales son competencia exclusiva de las autonomías, que hacen casi todo el gasto, aunque lo han reducido en 478 millones con la crisis (entre 2009 y 2012). Lo primero que choca es la gran diferencia de servicios sociales entre autonomías. Tres ejemplos. Uno, la renta mínima de inserción (RMI), el subsidio que pagan las autonomías a algunas familias sin ingresos: en el País Vasco cobran 658 euros al mes 1 de cada 13,5 habitantes mientras en Extremadura cobran sólo 399 euros 1 de cada 337 habitantes. Otro, las residencias de ancianos: en Castilla y León hay 7,42 plazas por 100 mayores y en Murcia 2,37. Tres: el País Vasco ofrece 71 plazas de albergues para personas sin hogar por cada 100.000 habitantes mientras Extremadura tiene 20.

Esta disparidad de servicios sociales se debe a la disparidad de gasto entre autonomías: mientras el País Vasco gasta 796 euros por habitante, en Baleares gastan diez veces menos (76,4€). Si se mide en relación a su riqueza, las autonomías que más gastan son el País Vasco (2,57% de su PIB), Extremadura(2,20%),Castilla la Mancha(1,99%), Andalucía(1,60%), La Rioja(1,59%) y Navarra(1,44%).Y las que menos Baleares (0,31%), Canarias(0,65%), Madrid(0,75%) y Comunidad Valenciana(0,76%). Pero al final, unas gestionan mejor que otras y sólo tres sacan buena nota en el ranking que hacen los gerentes de servicios sociales: Navarra (nivel alto, con 7,15+ puntos), País Vasco(7,35) y La Rioja (6,85). Seis más aprueban: Castilla y León (6,65 puntos), Cantabria(6,60), Cataluña (6,35), Asturias(6,35), Castilla la Mancha(6,25) y Aragón (5,85). Y las ocho restantes suspenden, lo que hace que para toda España, la nota que dan a los servicios sociales sea suspenso: 4,92 puntos.

Los Ayuntamientos lo hacen mucho mejor, aunque gestionan bastante menos dinero, los 1.330 millones del Plan concertado de servicios sociales (al que aportaban, en 2011, 86,6 millones del Estado, 710,5 de las autonomías y 532,3 de los Ayuntamientos). En este Plan trabajan 50.000 funcionarios municipales, que atienden a 7 millones de personas cada año. El catálogo de servicios sociales que prestan los  Ayuntamientos es amplísimo: información y orientación de ayudas, asesoramiento para el empleo, ayuda a domicilio y teleasistencia, comida y alojamiento (ayudas al alquiler, albergues y viviendas tuteladas), ayudas de emergencia, gestión de becas, ayudas y renta mínima de inserción (RMI), gestión de la Dependencia, apoyo a la familia, a las mujeres (maltrato),a la infancia y a inmigrantes, atención a discapacitados, gestión justicia gratuita, atención psicosocial…  Y lo más importante: los Ayuntamientos son la puerta de entrada para que los ciudadanos soliciten y accedan a las ayudas que luego conceden las autonomías y el Estado. Por eso son claves.

Pero ahora, el Gobierno Rajoy quiere que dejen de prestar estos servicios sociales. En la Ley de reforma de la Administración Local, que se debate en el Parlamento para que entre en vigor en 2014, se contempla que los Ayuntamientos dejen de prestar los servicios que se consideran “impropios” y que se llevan la cuarta parte de sus presupuestos: servicios sociales, sanidad, educación y vivienda, básicamente. El argumento del Gobierno es evitar duplicidades con las autonomías y el Estado (que también prestan estos servicios) pero la verdad es que se hace por recortar gastos: la previsión enviada a Bruselas es que, suprimiendo servicios públicos, los Ayuntamientos recorten 4.000 millones entre 2013 y 2015.

Con la reforma local, la prestación de servicios sociales de los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes pasará a las autonomías (en los pequeños, la gestión pasa a las Diputaciones, que ni siquiera asegurarán el servicio, sólo los básicos). Y los Ayuntamientos quedarán para una labor de “evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en riesgo de exclusión social”. O sea, para detectar necesidades y atender lo más urgente. El resto a cientos de kilómetros, en la autonomía. Y además, la Ley les va a exigir que establezcan medidas para “racionalizar el servicio”. O sea que, como los recortes y Hacienda mandan, las autonomías tratarán de “ahorrar” también en servicios sociales los próximos años.

La Ley, rechazada por muchos alcaldes y  toda la oposición (salvo PNV), provocará varios problemas. Por un lado, muchas autonomías no tienen recursos como para financiar los servicios sociales que ahora prestan los Ayuntamientos. Castilla y León ya se ha quejado de que le costaría 200 millones. Por eso, el temor es que el traspaso acabe en un drástico recorte de servicios. Por otra parte, están en riesgo los empleos de los empleados municipales de servicios sociales (50.000) y de las ONGs y empresas que prestan servicios (temen que se pierdan 70.000 empleos). Pero además, puede provocarse una mayor duplicidad de tareas: los Ayuntamientos tendrán que seguir atendiendo situaciones urgentes y evaluando problemas (necesitarán medios) y las autonomías necesitarán medios y recursos para atender servicios que antes no prestaban. Un caos.

Con todo, el mayor problema es de fondo: los servicios sociales necesitan prestarse con  proximidad, para detectar mejor las necesidades y hacer un seguimiento constante. Y eso sólo pueden hacerlo los Ayuntamientos, no las autonomías. De hecho, Castilla y León o Asturias gastan menos que Extremadura en servicios sociales (1,28% PIB y 1,59% frente a 2,20%) y sin embargo obtienen mucha mejor nota en el ranking (6,65 y 6,60 frente a 4,60) porque tienen la gestión muy descentralizada en los Ayuntamientos. Más cerca, mejor servicio.

La reforma de los Ayuntamientos puede ser la puntilla a los servicios sociales, que se enfrentan además a nuevos recortes de gastos (11.500 millones), impuestos por Rajoy a autonomías y Ayuntamientos para 2014 y 2015, Y todo ello, recortes y reforma, precisamente cuando más falta hace la asistencia social (la demanda ha crecido un 72% en 2012), ya que la crisis ha provocado que España tenga 12 millones de personas en el umbral de la pobreza, familias que viven con menos de 14.700 euros al año (matrimonio con dos hijos). Y lo peor: hay 3 millones de españoles en situación de pobreza severa: malviven con menos de 307 euros al mes, según Cáritas.

La crisis ha provocado un destrozo social que están sufriendo los más débiles. Un grave problema social que hay que paliar desde las instituciones públicas, con un Plan contra la pobreza (exigido por Bruselas y que no llega) y con un reforzamiento de los servicios sociales, para paliar los casos más graves. Hacen falta más recursos, no recortes. Y no desmantelar los servicios sociales de los Ayuntamientos, los que mejor funcionan. Por solidaridad (o caridad, si prefieren), den marcha atrás.

El Gobierno desmantela los Ayuntamientos

Este mes de septiembre se inicia en el Congreso el debate de la reforma de los Ayuntamientos, que aprobó de tapadillo el último Consejo de Ministros de julio, tras casi un año de pelea del Gobierno con sus propios alcaldes y las críticas de toda la oposición, que la recurrirán al Constitucional. Se trata de quitar competencias a los municipios y pasárselas a las autonomías y Diputaciones, que ganan poder. Y recortar gastos, quitando el sueldo a los alcaldes de los pueblos pequeños y al 82% de los concejales, recortando personal contratado y privatizando servicios, como el abastecimiento de agua. En la práctica, supone desmantelar la mayoría de servicios que hoy prestan los Ayuntamientos, sobre todo servicios sociales, guarderías, centros de salud y residencias de ancianos, con el temor de que luego no los preste nadie. Se recorta la administración municipal en beneficio de autonomías y empresas privadas. Y eso cuando el gasto municipal en España es el más bajo de Europa. Otro recorte del Gobierno Rajoy, pero este de gran calado social.

enrique ortega

En España hay 8.116 Ayuntamientos, la mayoría en pueblos muy pequeños (83% tienen menos de 5.000 habitantes y el 60% menos de 1.000). Con el boom del ladrillo, la mayoría multiplicaron sus ingresos y sus servicios, desde centros culturales y polideportivos a residencias de ancianos, centros de salud o servicios sociales. Pero con la crisis, sus ingresos cayeron en picado mientras han tenido que hacer frente a más gastos: son la administración más cercana y 8 millones de españoles les piden ayuda cada año. El resultado es que la mitad de los municipios están medio quebrados, con problemas para pagar sus nóminas y facturas, más 35.290 millones de deuda (747 € por habitante). Y han tratado de hacer frente a su grave situación recortando servicios y multiplicando tasas e impuestos municipales.

El Gobierno se agarra a esta crisis para justificar su drástica reforma, argumentando que 4.000 Ayuntamientos son inviables, porque no tienen vecinos suficientes para pagar sus servicios. Y aseguran que un pueblo pequeño (menos 5.000 habitantes) paga el triple por habitante por el servicio de agua o basuras que uno de más de 100.000. En consecuencia, la reforma municipal del Gobierno Rajoy busca recortar costes municipales quitando competencias a los Ayuntamientos, para que las presten las autonomías o las Diputaciones.

Por un lado, la reforma de la Ley de Régimen Local de 1986 quita a los Ayuntamientos los servicios que llama “impropios”, aquellos que creen que no deben prestar y que suponen un 25% de sus Presupuestos (13.223 millones según el IEF) : servicios sociales, sanidad, educación y vivienda, básicamente. En 6 meses, la inspección sanitaria municipal (mataderos, industrias alimentarias) pasará a las autonomías. En un año, los servicios sociales: ayuda a domicilio, apoyo a las familias, ayuda a la infancia, integración extranjeros, políticas de igualdad, residencias de mayores, pisos tutelados… Y en cinco años, tendrán que traspasar los servicios sanitarios, desde la atención urgente (SAMUR) a los Centros de Salud municipales o Centros de día para ancianos. Sólo podrán seguir prestando estos servicios los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes si se los financian las autonomías (todas sin liquidez).

Las competencias “propias” que les quedarían (basuras, abastecimiento de agua, viales, protección civil, salud pública, cementerios y algo de deporte, cultura y turismo) tampoco las tienen aseguradas. En tres meses, la futura Ley obliga a los Ayuntamientos a publicar lo que les cuestan estos servicios. Si su coste está por encima de la media, se les obliga a los Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes (el 92%) a traspasar estos servicios a las Diputaciones provinciales, que los prestarán con medios propios o más bien, sacando a subasta los servicios (privatizando su gestión). Y a cambio, las Diputaciones serán las que fijen los precios y tasas que pagarán los vecinos por estos servicios (a  la larga, más caros).

Menos competencias para los futuros Ayuntamientos, a los que se impone varios recortes de costes. Por un lado, los alcaldes de municipios menores de 1.000 habitantes (hay 4.873) dejan de cobrar, se rebajan los sueldos de la mayoría (baremo según población) y se suprime el sueldo para el 82% de los concejales (56.077 de los 68.285 concejales sólo cobrarán dietas). Por otro, se limitará el personal eventual de los Ayuntamientos, con lo que podrían quedar sin trabajo un tercio de los 334.500 contratados actuales. Además, se reducirán a la mitad las 1.134 empresas municipales, lo que multiplicará la privatización de servicios como el abastecimiento de aguas, aparcamientos o transportes. Y se suprimirán la mayoría de las 3.720 entidades locales menores, las pedanías rurales (de 10 a 200 vecinos) que tienen mucho peso en Castilla y León o Asturias (propietarias de muchos montes vecinales) y que ahora pasarán a ser controladas por Ayuntamientos o Diputaciones. Y como guinda, se ahorrarán 815 millones limitando el complemento específico y de productividad que cobran la mayoría de empleados municipales (a veces suponen la mitad del sueldo).

Con todas estas medidas, el Gobierno calcula que pueden ahorrarse 8.024 millones entre 2013 y 2019. Además de quitarles competencias, va a vigilar con lupa a los Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes: estarán “bajo vigilancia” y  podrán ser intervenidos por el Gobierno si no controlan sus cuentas o su deuda.

La reforma ha sido criticada por muchos alcaldes del PP (pierden poder y competencias), sindicatos y toda la oposición, anunciando el PSOE un recurso ante el Constitucional. Y tanto Cataluña como el País Vasco amenazan con no aplicarla y aprobar una Ley propia para sus municipios. Quien sale claramente ganando son las Diputaciones: suman competencias y poder, a pesar de que no son elegidas directamente por los vecinos (sino por los alcaldes), con lo que será más difícil pedirles cuentas de su gestión, como ha dicho el Consejo de Estado.

El mayor problema que plantea esta reforma local, que entrará en vigor en 2014 y sobre todo en 2015, es que se desmantelan parcialmente los Ayuntamientos sin asegurar quién y cómo va a prestar sus servicios, sobre todo los servicios sociales, que hoy reciben 2,6 millones de españoles (648.738 reciben ayuda a domicilio, 519.046 servicios de apoyo a las familias y el resto son pobres, ancianos, mujeres y niños atendidos por los servicios sociales municipales). Y luego están las guarderías municipales, los centros de salud o de atención a ancianos o las urgencias tipo SAMUR. Teóricamente, estos servicios los prestarán las autonomías, pero no se sabe cómo, ya que todas están con recortes. Para la Comunidad de Madrid, por ejemplo, atender lo que hoy hacen los Ayuntamientos, le supondría 1.000 millones de gasto extra al año. El temor: que una parte de estos servicios se pierdan y otros se ofrezcan con recortes o mediante la privatización de algunos servicios. En definitiva, peor.

Por todo ello, esta reforma municipal puede encubrir otro gran recorte social, al privar de servicios de primera línea, muy cercanos a los ciudadanos. La otra vía de reforma hubiera sido, en vez de suprimir y recortar servicios, dotar a los Ayuntamientos de más recursos, ya que España es el país de Europa con menos peso del gasto local: un 13% (51% el Estado y 36% las autonomías) frente al 15% de media en Europa, el 14,2% en Alemania, el 17,8% en Francia o el 27,7% en Reino Unido. Y también los municipios europeos tienen más peso que los españoles en los gastos de protección social (28% media UE frente al 8% en España) o en educación (21% media UE, 31% en Reino Unido o 16% en Alemania frente al 3% en España).

En definitiva, frente a desmantelar los Ayuntamientos, la opción europea sería dotarles de más recursos, para que presten los actuales servicios y más, porque es la administración más próxima al ciudadano. Para eso, necesitarían contar con más recursos estatales, para no tener que asfixiarnos a los vecinos con más tasas e impuestos. Y eso supone que reciban fondos que hoy van al estado y las autonomías. Más poder municipal y menos autonómico y central. Una batalla que los Ayuntamientos han perdido estrepitosamente. Y nosotros con ellos.