El Gobierno Rajoy
está “en funciones”, pero hace cosas. Entre ellas, aprobar en el primer Consejo de enero los 16 Planes Hidrológicos
2016-2012, a pesar de que en septiembre, varios fueron rechazados por los nuevos gobiernos de Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana,
Navarra y Cataluña, que van a denunciarlos en Bruselas y ante los Tribunales. Y ayer domingo, 50.000 personas se manifestaron en Amposta contra el Plan del Ebro. Rajoy
reabre así la “guerra del agua” entre
autonomías, que el ministro Cañete había cerrado en 2013, gracias a que el
PP controlaba las autonomías enfrentadas y a que no había tanta sequía como ahora. El problema de fondo es la escasez de agua y que con el cambio
climático habrá menos, mientras estos Planes fomentan los regadíos (consumen
el 82% del agua) y no planifican bien el reparto del agua. Y
que España, siendo el país con más déficit de agua de Europa,
es el que menos invierte en
infraestructuras y gestión del agua. Urge un
gran Pacto del agua.
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enrique ortega |
La “guerra del agua” en España viene de
lejos, desde la Edad media y antes. Pero más recientemente, saltó en 1.979, con
la entrada en funcionamiento del trasvase Tajo-Segura,
que abastece a 2,5 millones de personas en Murcia, Alicante y Almería y
proporciona agua a unos 80.000 agricultores. Mientras hubo agua, los enfrentamientos entre Castilla la Mancha y
Levante fueron menores, pero en 1994
la “guerra del agua” estalló con
virulencia, con una agria polémica entre Bono
(CLM) y Lerma (C. Valenciana), donde
no pudo mediar el ministro Borrell. Y los problemas siguieron latentes,
mientras la ComisiónEuropea pedía a España, desde 2009, que aprobara los Planes de cuenca para gestionar mejor
los ríos. Pero Zapatero no lo hizo, para evitar más enfrentamientos entre
autonomías. Y en junio de 2011, Bruselas
denunció a España ante el Tribunal de Luxemburgo, señalando además que si 14 Estados europeos se habían puesto de
acuerdo sobre el Danubio, aquí
debería ser más fácil.
Cuando el ministro Cañete llegó al Ministerio,
en diciembre de 2011, se encontró con que sólo
había un Plan de cuenca (distrito fluvial de Cataluña) de los 25 que deberían haberse aprobado. Y se puso a la tarea de elaborar los Planes, empezando por los ríos menos
conflictivos. En octubre de 2012, el Tribunal europeo condena a España
por no tener los Planes (anunciando multas) y en noviembre, el Comisario
europeo de medio ambiente visita Madrid y da otro “toque” al Gobierno: hay que aprobar ya los Planes de todos
los ríos. Para hacerlo, el ministro Cañete convoca en Toledo, en enero de 2013, a los tres barones del
PP implicados en la “guerra” del trasvase Tajo-Segura, Cospedal (CLM), Fabra
(Valencia) y Valcárcel (Murcia) y cierra
un pacto que busca contentar a todos.
Y con él, aprueba, a finales de
2013, los 25 Planes hidrológicos de
cuenca 2009-2015.
Pero los años han pasado y ahora tocaba aprobar el segundo ciclo de los Planes, para el
periodo 2016-2021. Y el Gobierno Rajoy quería dejar el tema “atado y
bien atado” antes de irse. Y sobre todo, antes de que llegaran otros
partidos a las autonomías implicadas, con las elecciones de mayo 2015. Y así
preparó los 16 Planes ahora aprobados por el Gobierno en funciones (12 estatales y 4 regionales que afectan a Galicia
y Andalucía). La reacción de las
autonomías afectadas no se ha hecho esperar. El gobierno socialista de Castilla la Mancha va a denunciar los Planes del Tajo, Guadiana, Júcar
y Segura ante Bruselas y ante los
Tribunales, donde ya denunció este verano los dos trasvases de agua (20 Hm3 y 15 Hm3) aprobados en julio
y agosto por el Gobierno Rajoy, en plena sequía. Y lo mismo hará el nuevo Gobierno catalán, después de que
el presidente Puigdemont arremetiera en su investidura
contra el Plan hidrológico del Ebro, otra "bandera" más del independentismo catalán.
Las autonomías afectadas
por esta nueva “guerra del agua” se
quejan de que el Gobierno Rajoy ha aprobado estos Planes hidrológicos sin
un acuerdo previo. Por un lado, los nuevos Gobiernos autonómicos no pudieron presentar alegaciones contra estos Planes, porque el plazo
para hacerlo terminó el 30 de junio y
ese día fue el que se constituyó el nuevo gobierno de la Comunidad Valenciana y aún no
habían tomado posesión los nuevos gobiernos de Castilla la Mancha (3 de julio) y Navarra (23 julio). Y se quejan de que Rajoy haya aprobado los
Planes a pesar de que en el Consejo nacional del Agua, celebrado el 30 de septiembre de 2015, hubo 12
votos en contra de los Planes (76 a favor y 6 abstenciones), los de Castilla la Mancha, Comunidad
Valenciana, Cataluña, Navarra, varias organizaciones ecologistas y una de
agricultores. El voto en contra lo justificaban en que estos Planes incumplían la normativa europea (Directiva marco del Agua) en temas
medioambientales (al no asegurar unos recursos suficientes para regenerar los
ecosistemas de unos ríos muy contaminados), apostaban por aumentar los regadíos (750.000 hectáreas más), no
regeneran los acuíferos y no aseguran la cantidad y la calidad de los
suministros futuros de un agua cada vez más escaso.
A pesar de esta oposición, los Planes están ahí y ahora falta
ver qué hacen Bruselas,
los Tribunales y las autonomías afectadas, mientras el próximo
Gobierno ha de decidir si los deroga o no. Los dos Planes más polémicos son los del Tajo y el Ebro. En el Tajo,
el problema es que el río recibe un 47% menos de agua y sus pantanos están al
15% de capacidad, mientras el río está muy contaminado, razones que esgrimen en
Castilla la Mancha para oponerse al
trasvase de agua a Levante, lo que puede provocar nuevas “guerras” con la Comunidad Valenciana (ahora gobernada por el PSOE, como CLM) y Murcia (que sigue en manos del PP). En el Ebro, las quejas son de Cataluña (no de Aragón, de
momento), que pide recibir el doble de agua para salvar el delta del Ebro, mientras se
quejan de que el Plan autorice 400.000 nuevas hectáreas de regadío, que
consumirán la escasa agua disponible. Ayer domingo 7 de febrero, una multitudinaria manifestación en Amposta (Tarragona) protestó contra el Plan del Ebro, exigiendo un mayor caudal para que sobreviva el ecosistema del delta.
El tema de fondo, al margen de las peleas políticas, es que el agua es un bien escaso y cada vez lo será más.
En las últimas dos décadas, los aumentos de temperatura, sobre todo en
primavera (cuando más debía llover) han provocado una reducción del agua de los ríos de un 14,3%, según un estudio de CEDEX. Y con el cambio climático, esta tendencia se agravará en el
futuro, de tal manera que se espera que
haya un 20% menos de recursos hidráulicos en 2021 que en 1990, según un estudio de Ecologistas en Acción. Y el problema es que, en paralelo, el consumo crecerá para entonces un 10%. Es decir que para 2021, el
déficit de agua crecerá un 30% sobre 1990. Eso se traduce en que si ahora
hay sólo una cuenca con un déficit estructural de agua (la del Segura), en
las próximas décadas tendrán también déficits estructurales de agua las
cuencas del Júcar, Guadiana, Guadalquivir, cuencas internas de Cataluña,
Guadalete-Barbate y Cuencas mediterráneas, además de parte de las cuencas del Tajo
y Ebro. O sea, la mitad de España, la
mitad sureste del país.
¿Qué se puede hacer? Los expertos lo reiteran: reducir la demanda de agua (la
presente y la futura) y gestionar mejor el menor agua disponible,
de mala calidad. Eso pasa, primero, por actuar sobre los regadíos, que hoy suponen el
82% del consumo total de agua (el otro 18 % lo consumen el turismo, los
hogares y la industria). La propuesta de Ecologistas en acción es reducir
los regadíos actuales (de 4 millones de hectáreas a 3-3,2 millones) y no aprobar más (los Planes de Rajoy autorizan
750.000 hectáreas más), a la vez que se busca una mayor eficiencia en los cultivos, ahorrando agua. Además,
proponen reducir el consumo de agua en
el turismo y el urbanismo de costa, sobre todo en el
Mediterráneo. Y apostar por un menor consumo de los hogares (137 litros por persona), más con campañas y una facturación por persona (que penalice los
consumos elevados) que con subidas de tarifas:
el agua es más barata en España que en
Europa (1,76 e/m3 frente a 3 euros), pero
los precios ya han subido mucho en poco tiempo (+26% desde 2009) y además son muy diferentes según las ciudades
(desde recibos de 29,35 euros mensuales en Murcia o 23,49 euros en Barcelona a
11,82 euros en Valladolid o 11,31 euros en Zaragoza, según un estudio de Facua).
Además, España debe volcarse en invertir mucho más en infraestructuras de agua, para evitar inundaciones (se repiten cada año en los mismos sitios), asegurar los aprovisionamientos
y mejorar la calidad del agua. No es de recibo que Bruselas haya vuelto a demandar a España en 2015 ante el
Tribunal de Justicia de la UE por
incumplir las directivas europeas de depuración de aguas residuales. De hecho,
en pleno siglo XXI, España tiene abiertos 4 expedientes en la
Comisión Europea por no depurar
correctamente las aguas residuales de 800
localidades de todo el país (afecta a 6millones de personas). Y el 68% de las ciudades españolas de más de
10.000 habitantes no cuentan con los sistemas de depuración terciaria que exige
la Unión Europea a los países miembros desde 2015…Tercermundista.
La realidad es que los gobiernos de Zapatero y Rajoy han
recortado las inversiones hidráulicas desde 2007, inversiones que rondan
ahora los 2.200 millones anuales. De hecho, España, que es el país europeo con más déficit
hídrico, es también el país
europeo (salvo Suecia) que menos invierte en infraestructuras de agua: un 0,11% del PIB frente
al 0,27% de media en la UE-28 (y frente al 0,28% PIB de Francia o el 0,27% de
Alemania, países donde llueve mucho más). Habría que recuperar este atraso y regenerar el patrimonio hidráulico, con
importantes inversiones en infraestructuras, canalizaciones, aprovisionamientos
y saneamiento. Los expertos hablan de invertir entre 10.000 y
15.000 millones en obras hidráulicas, en agua. Y en paralelo, actuar
más como país contra el cambio climático (menos petróleo, carbón y gas y más renovables
y ahorro de energía), la principal causa de que haya menos agua.
El agua es uno de los grandes problemas de España, como el paro, las pensiones, la
educación, la pobreza o el futuro del
estado de Bienestar (sanidad, servicios sociales y dependencia). Y asegurar que haya agua suficiente y de calidad no se resuelve con “guerras” entre autonomías, entre consumidores y
agricultores. Hace falta un gran Pacto del agua, que garantice un uso
racional y solidario del agua, un bien público cada vez más escaso. Y dedicar más dinero a inversiones que
aseguren un mejor abastecimiento, mientras se conciencia a las familias, a las
industrias y al turismo de un consumo responsable. España es el país más vulnerable de Europa a la falta
de agua y lo será más en el futuro, por el cambio climático. Gestionar bien el agua debería ser un objetivo de todos, al margen
de peleas políticas y localismos. Porque sin
agua no hay futuro.
