jueves, 28 de abril de 2022

EPA marzo 2022: el empleo se resiente (poco)

Se temía que la fuerte creación de empleo de 2021 se frenara ahora, por la guerra de Ucrania y la alta inflación. Ha sido así, pero el empleo ha caído menos de lo esperable: -100.200 personas durante el primer trimestre, menos que al inicio de 2020 y 2021 y en línea con la caída de 2019, según la EPA conocida esta mañana. Pero lo más importante es que el empleo que se crea es menos precario: un 22,7% de los contratos del primer trimestre fueron fijos. Y en abril, cuando entró en vigor de verdad la reforma laboral, subieron al 77%. Ahora, se confía en que el turismo salvará el empleo hasta septiembre, aunque se crearán menos empleos que en 2021 (entre 400.000 y 600.000, frente a 840.700), por la guerra y la inflación, que recortarán el crecimiento (por debajo del 5%). La clave para crear más o menos empleo este año está en que los salarios suban algo más y se moderen los precios, algo difícil. Urge aprobar medidas para fomentar el empleo de jóvenes, mujeres y mayores. El empleo debería ser nuestra prioridad

Enrique Ortega

El primer trimestre suele ser malo para el empleo, por el fin de las Navidades y el menor consumo en “la cuesta de enero”. Así ha sido, año tras año, desde 2007, con bajadas del empleo de -374.300 en el primer trimestre de 2013 a -93.400 en 2019 y -137.500 empleos perdidos en el primer trimestre de 2021. Este primer trimestre de 2022 ha seguido la tendencia, pero no ha empeorado mucho más, a pesar de la guerra de Ucrania y la alta inflación (+8,4% en abril): el empleo cayó en -100.200 ocupados, una caída menor a la de 2021(-137.500) y 2020 (-285.600 empleos), según la EPA publicada hoy. Y con ello, ahora trabajan en España 20.084.700 personas, 117.800 ocupados más de los que había antes de la pandemia (19.966.900 trabajaban a finales de 2019). Eso sí, todavía hay 79.441 trabajadores “aparcados” en ERTEs (finales de marzo), la décima parte que hace un año y muy lejos de los 3,5 millones en ERTEs en abril de 2020.

Este primer trimestre de 2022, el empleo cayó sobre todo en el sector privado (-92.900 empleos) y menos en el sector público (-7.400 empleos, por los despidos en sanidad), bajando más en la industria (-68.000 empleos), los servicios (-50.100 empleos) y la agricultura (-12.500), aumentando sólo en la construcción (+30.300 empleos). Se perdió el doble de empleo, en este primer trimestre de 2022, entre las mujeres (-60.700) que entre los hombres (-39.600). Y curiosamente, aumentó el empleo entre los jóvenes, en los menores de 35 años (+56.700 empleos), mientras caía entre las personas de 35 a 45 años (-138.700 empleos) y entre los mayores de 50 años (-20.300).Y por autonomías, el empleo cayó más en Cataluña (-40.900 ocupados), Andalucía ( -32.000), Canarias (-16.700) y Castilla la Mancha (-12.700), aumentando sólo en la Comunidad Valenciana (+39.900 empleos), Ceuta (+1.600), Navarra(+900), Extremadura (+800), Cantabria (+600) y Galicia (+100).   

Esta caída del empleo al inicio de 2022 (-100.200 ocupados) ha provocado un aumento del paro, aunque menos (+70.900 parados en el primer trimestre), porque en paralelo han bajado los españoles “activos, las personas que buscan trabajo ahora, tras lo peor de la pandemia: los “activos” se redujeron en 29.400 personas en el primer trimestre de 2022 (mientras caían en -158.900 personas este primer trimestre en 2021), impidiendo bajar más las cifras de paro. Es un proceso que se ha ido viendo trimestre a trimestre: aumentan las personas que buscan trabajo. Y ya hay más adultos “activos” (buscando trabajo o trabajando) que antes de la pandemia: 23.259.400 personas frente a 23.064.100 a finales de 2019. Todo apunta a que seguiremos así, con lo que en los próximos meses sucederá lo que ahora: el paro bajará menos de lo que sube el empleo. 

Volviendo al paro, ha subido en +70.900 personas en el primer trimestre, una subida que contrasta con la bajada del año pasado (-65.800 parados) y que supera la subida del primer trimestre de 2019 (+49.900 parados) pero que es menor a la de 2020 (+121.000 parados) ,  según la EPA de hoy. El paro ha subido en 2022 más entre las mujeres  (+41.800 paradas) que entre los hombres (+29.000 parados). Y por edades, menos entre los jóvenes que entre los mayores: el paro subió en 6.600 personas entre 16 y 25 años y en +66.500 parados entre los 25 y 54 años, bajando sólo entre los mayores de 55 años (-2.200 parados).  El  paro subió sobre todo en los servicios (+96.300 parados), seguidos de la industria (-+15.700) y  la construcción (+1.700), bajando sólo en el campo (- 6.300) y entre los que buscan empleo hace más de un año  (-40.600 parados). Por autonomías, el mayor aumento del paro se dio el primer trimestre en Madrid (+68.500 parados), Baleares (+23.100) y Canarias (+15.500), bajando sólo en Andalucía (-45.900), Comunidad Valenciana (-37.900), Cantabria (-2.900) y Cataluña (-1.900).

La cifra total de desempleados sube a  3.174.700 parados, la más baja en España desde 2007 (1.942.000 parados entonces). Y la tasa de paro española sube al 13,65 %, la menor desde 2008 (13,79% de paro), aunque sigue duplicando la tasa de paro europea (6,2%) y la de los principales paises de la UE, como Francia (7,4% de paro), Italia (8,5%) y sobre todo Alemania (3,1% de paro, cinco veces menos que España).Y sigue muy elevada la tasa de paro juvenil (menores de 25 años): el 30,18% de los más jóvenes están en paro, el doble que en Europa (14% de paro juvenil) y más que en Francia (16,4), Italia (24,2%) y sobre todo Alemania (5,7% de paro juvenil, la quinta parte que en España), según Eurostat.

Los datos de paro, aunque mejores que antes de la pandemia y al nivel de 2008, revelan tres cuestiones preocupantes. La primera, que todavía hay 1.052.900 hogares con todos sus miembros en paro (+39.700 hogares que antes de la pandemia). La segunda, que España sigue con 6 regiones que tienen una tasa de paro “escandalosa: Ceuta (29,21%), Melilla (22,12% de paro), Canarias (20,30%), Andalucía (19,43% de paro),  Extremadura (18,98%) y Baleares (18,03% de paro), según la EPA de hoy. Mientras,  hay 5 regiones con un paro “europeo”, que ronda el 10%: País Vasco (8,69%), Aragón (10,14%), Cataluña (10,23&), Navarra (10,44%) y Cantabria (10,53%). Y la tercera cuestión preocupante es que aumentan los parados de larga duración, los que llevan más de 1 año sin trabajo: son ya 1.504.200 parados, el 47,38% de todos los parados (eran 1.387.000, el 43,5%, a finales de 2019).

Esto provoca que a muchos parados se les acabe el desempleo y no cobren ya ningún subsidio, pasando a una situación de pobreza extrema. En febrero de 2022, último dato de Trabajo, cobraban alguna ayuda 1.844.256 desempleados: menos de la mitad (el 44%) cobraban un subsidio contributivo (según lo cotizado), de 896 euros de media, y el resto (un 56%) cobraban un subsidio asistencial, de 463 euros mensuales. Pero en esta cifra de parados que cobran desempleo estaban incluidos  los 79.441 trabajadores en ERTE, que cobran el 70% de su sueldo (y el 50% a partir del 7º mes). Así que, en realidad, solo 1.764.815 parados estimados como tales cobra algún subsidio, el 55,58% de los parados que refleja la EPA de hoy (3.174.700). Eso significa que casi la mitad de los parados (el 44,42%) no cobra ninguna ayuda pública, cuando antes de la pandemia, en 2019, eran sólo un 38,5% los parados que no cobraban nada. De hecho, CCOO denuncia que un 35% de los parados  inscritos en el SEPE con experiencia laboral (han trabajado antes) no cobran ninguna ayuda pública por desempleo (y un 41% si se suman los parados que nunca han trabajado).

Visto los datos del empleo y el paro en el primer trimestre de 2022, queda patente (a pesar del “pinchazo”, esperado) que España ha superado el bache de la pandemia, porque tenemos ya más ocupados (+117.800) y menos parados (-17.200)  que en 2019. Con todo, el balance es desigual, tanto por sexo y edad como por sectores y regiones: el empleo apenas se ha recuperado entre los jóvenes (+900  empleos entre 16 y 30 años), es aún menor en la industria (-66.600 empleos que a finales de 2019) y todavía es menor en Baleares (- 37.900 empleos), Castilla y León (-37.100), Canarias (-19.100 empleos), Aragón (-7.800)  y Cantabria (-1.800 empleos que antes de la pandemia). Y además, los hombres todavía no han recuperado el empleo de 2019 (pierden -17.300 empleos), mientras trabajan más mujeres que antes de la pandemia (+135.100), según la EPA.  

Con todo, la mejor noticia es que el empleo que se está creando en 2022 es menos precario, de más calidad, gracias a la reforma laboral aprobada a finales de 2021. Ya en el primer trimestre de 2022, el 22,7% de todos los contratos firmados fueron indefinidos, frente a sólo el 10,9% de los firmados en todo 2021, según los datos de Trabajo. El dato es muy llamativo: sólo en los tres primeros meses de 2022 se han firmado más de 1 millón de contratos indefinidos (1.069.200), la mitad que en todo 2021 (2.113.300). Y en abril, cuando ya se ha terminado el periodo transitorio de la reforma laboral, el 77% de los nuevos afiliados a la Seguridad Social lo fueron con contratos fijos (fijos o fijos discontinuos, en la hostelería y la construcción), según anticipó el ministro Escrivá. Esto significa que está mejorando la calidad del nuevo empleo que se crea, incluso en sectores con alta temporalidad, como la construcción (ha bajado del 30 al 20%), el turismo y la hostelería (ha bajado al 19%) y las actividades administrativas (ahora con un 25% de temporalidad).

La nueva reforma laboral se va a notar más en los próximos meses y en las contrataciones del verano, donde los contratos que se hagan deben ser fijos y los temporales (por 6 meses) han de ser la excepción (por circunstancias “ocasionales e imprevisibles” o por “picos de producción”). Así que el aumento de asalariados con contrato fijo se verá más en la EPA del 2º y tercer trimestres. Pero de momento, en la EPA del primer trimestre de 2022, el porcentaje de asalariados con contrato fijo ha subido del 73,90% (diciembre 2021) al 75,78% (12.829.800 asalariados con contrato fijo, 381.500 fijos más que a finales de año). Un gran avance, aunque todavía estamos muy por debajo de Europa, donde el porcentaje de trabajadores fijos varía del 89,3% en Alemania al 84,8% de Italia o el 84,7% de Italia, según Eurostat.

Mientras mejora la calidad del empleo que se crea, el gran reto sigue siendo crear más empleo, porque en España trabaja menos gente que en Europa, en relación a la población: aquí trabajan el 62,7% de los que tienen entre 15 y 64 años, frente al 68,4% que trabajan de media en Europa, el 67,2% en Francia, el 58,2% en Italia y el 75,8% en Alemania, según Eurostat (2021). Eso quiere decir (“a lo claro”) que debería haber 1,8 millones de españoles más trabajando si tuviéramos el nivel de empleo europeo. Y  4 millones más trabajando si fuéramos como los alemanes. Por eso  (y por nuestra menor productividad) tenemos menos nivel de vida que los paises del centro y norte de Europa.

Para crear más empleo, España necesita crecer más, lo que ya consiguió en 2021, donde el empleo creció más que la economía (+8,8% frente al +5,1% del PIB), lo que permitió crear 840.700 nuevos empleos en 2021. Ahora, por culpa de la guerra de Ucrania y de altísima inflación, todo apunta a que este año 2022 creceremos menos, entre el 4,5% que prevé el Banco de España y el 4,8% que estima el FMI, casi el doble del crecimiento que prevén para la zona euro (+2,8%). Con este menos crecimiento esperado, el empleo crecerá también menos este año, en torno a 440.000 nuevos empleos, según el panel de Funcas. Todo va a depender de lo que dure la guerra, de si se modera la inflación y de lo que suban los salarios: si no suben al menos un 3,5% (los convenios están subiendo el 2,36%), será difícil que se recupere el consumo de las familias y tire del crecimiento como para crear ese empleo.

La clave no es sólo frenar las subidas de precios (moderando los márgenes y beneficios de las empresas) y mantener el consumo, sino también promover el empleo en los colectivos que tienen más difícil trabajar: jóvenes, mujeres y mayores de 50 años. Urge promover un Plan de incentivos a su contratación, a la vez que mejorar el funcionamiento de las oficinas de empleo, para que ayuden a los parados “estancados” a recolocarse, con formación y asesoramiento. Hay que acelerar los proyectos que cuentan con Fondos europeos, para que tiren de la actividad y el empleo y empujen la recuperación, a pesar de la guerra y la inflación. Y pactar salarios y márgenes empresariales, para evitar conflictos laborales. Todos a una para seguir creando empleo, nuestro gran reto como país.

lunes, 25 de abril de 2022

2 meses de guerra "pinchan" la recuperación

Hoy es el día 61 en la guerra en Ucrania, que ya ha provocado un frenazo en todas las economías, especialmente en Europa, que crecerá casi un tercio menos (España, una quinta parte menos). El conflicto sigue subiendo los precios de casi todo y la inflación ronda el 10%, mientras suben mucho menos las pensiones (+2,5%) y los sueldos (+2%). Con esta pérdida de poder adquisitivo, mayor entre los que menos ganan, será imposible mantener la recuperación iniciada, a pesar del tirón del turismo. Si el conflicto se mantiene, creceremos poco y no superaremos la crisis de la pandemia hasta finales de 2023. No hay recetas mágicas: sólo moderar las subidas de precios (reduciendo los márgenes y beneficios empresariales) y subir con cuidado los salarios. Y mantener las ayudas selectivas a las familias y sectores más perjudicados. Bajar impuestos suena bien, pero sería contraproducente, injusto y peligroso, como dice incluso el FMI. Hay que ajustar gastos, costes y precios, vivir algo peor porque la guerra nos empobrece.

Enrique Ortega

La peor parte de esta guerra se la llevan los ucranianos: miles de muertos, 5 millones de refugiados en el extranjero, millones de desplazados internos, ciudades en ruinas y una economía que perderá el 35% del PIB este año, según el FMI. El resto de europeos también sufrimos la invasión de Putin, pero sólo en nuestros bolsillos: la guerra ha provocado una subida generalizada de precios, que se ha “comido” parte de nuestros sueldos, pensiones y ahorros, lo que reduce el poder adquisitivo de la mayoría y aumenta los costes de las empresas, recortando el consumo y la inversión. Y con ello, el crecimiento y el empleo.

El 2º mes de guerra en Ucrania ha disparado la inflación en todo el mundo, con récords históricos de subidas de precios: +7,9% en EEUU (la mayor inflación desde 1981), +7,8% en la UE-27 (récord desde 2002) y +9,8% en España (la mayor inflación en 36 años). La inflación mundial ya era alta desde septiembre de 2021, por el aumento de actividad tras lo peor de la pandemia, pero se ha agravado con la invasión de Ucrania, por tres vías: el aumento de los precios de la energía (petróleo y gas, lo que encarece los carburantes y la electricidad), la subida de las materias primas (alimentos y metales) y los atascos en el comercio mundial (por falta de chips y componentes, problemas de transporte y rebrote del COVID en China). Un aumento generalizado de costes que las empresas han trasladado en cadena a los consumidores.

En España, el primer causante de la actual inflación (que superará el 10% en abril) es la subida de la energía, en especial el petróleo (a 106,56 dólares el barril el viernes, un +9% más caro que el día antes de la invasión), que ha encarecido el gasóleo (a 1,613 euros litro, un +9% más caro que el 23-F) y la gasolina (a 1,590 euros litro, prácticamente el mismo precio que antes de la invasión), más que el gas natural ( 84,68 euros MWh el viernes, un 4,7% más barato que los 88,89 euros del 23-F), aunque el precio de la electricidad en el mercado mayorista varía mucho cada día (entre 85 y 240 euros la semana pasada) y cuesta hoy lunes 226,57 euros MWh, un 15,6% más que antes de la invasión (195,86 euros MWh). Estas subidas de los precios energéticos se han trasladado a algunas materias primas, como metales y cereales o aceites, donde las exportaciones de Rusia y Ucrania eran importantes.

Al final, las subidas de precios de la energía y materias primas por la guerra se han trasladado en España al transporte (sus costes han aumentado del 14%, el sector aéreo, al 20% el ferrocarril), la industria auxiliar de la construcción (+14% costes), las refinerías de petróleo (+12%), la pesca (+10%), la metalurgia (+8%) y la industria química (+7% subida costes), según un estudio de CaixaBank Research, que también destaca subidas importantes en los componentes de automóvil, maquinaria, aceites, piensos y fertilizantes. Al final de la cadena, es el consumidor el que carga con las subidas, sobre todo en carnes y lácteos, bebidas, hostelería, productos agrícolas y ganaderos, coches, ropa, hoteles y restaurantes.

Ahora, si sigue el conflicto en Ucrania, la previsión es que los precios sigan altos en mayo y junio, aunque la energía podría bajar este verano, pero no los carburantes (por la alta demanda en vacaciones). Con todo, las empresas españolas no parecen dispuestas a asumir una parte del aumento de costes (reduciendo sus márgenes), según anticipa la Encuesta que les ha hecho el Banco de España: el 40% de las empresas ha subido sus precios en el primer trimestre, otro 37,5% los subirán en el 2º y nada menos que un 60% de las empresas consultadas “esperan subir sus precios a un año vista”. En definitiva, que mientras el consumidor no retraiga sus compras, las empresas seguirán subiendo precios.

La primera previsión tras la guerra, hecha la semana pasada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), augura una subida generalizada de la inflación en todo del mundo este año, especialmente  en Europa (+5,3% de inflación media en 2022, frente a 2,6% en 2021), principalmente en Reino Unido (+7,4%), Alemania (+5,5%), Italia o España (+5,3% frente al 3,1% en 2021), más que Francia (+4,1%) o Portugal (+4% de inflación).

De cumplirse estas previsiones de inflación, que pueden ir a peor (si el conflicto se alarga  o se dispara más la energía), la mayoría de europeos perderán poder adquisitivo este año, “seremos más pobres” por los efectos de la guerra de Ucrania. Y más en España, donde los ingresos son más bajos y la inflación está subiendo algo más. Los más afectados (“la inflación sí entiende de clases”) serán las familias más vulnerables (porque gastan comparativamente más en energía y alimentos) y, sobre todo los trabajadores (cuyos sueldos están subiendo en torno al 2%, el 75% de los convenios sin clausula de revisión salarial frente a la inflación) y los pensionistas (que tienen una subida este año del 2,5% en sus pensiones), a quien no se compensará de la subida extra del IPC hasta enero de 2023.

En conjunto, se ha calculado que la inflación se va a “comer” este año 85.000 millones de euros de los ingresos de trabajadores (perderán unos 21.000 millones de poder adquisitivo), pensionistas (15.000 millones que puede costar la revalorización de 2023) y ahorradores (50.000 millones perdidos en sus depósitos por la inflación extra). Este es el coste de la guerra” para los españoles de a pie, más el coste de las ayudas públicas y la pérdida de ingresos y beneficios de empresas y autónomos.

La consecuencia directa de esta pérdida de poder adquisitivo por la inflación es la caída del consumo y la inversión, los dos principales “motores” del crecimiento. Por eso, el FMI ha revisado a la baja el crecimiento de todas las economías: la economía mundial crecerá un 0,8% menos de lo previsto en enero (3,6% frente a 4,4%). Caerán menos la economía USA (-0,3%, creciendo un 3,7%) y China (-0,4%, creciendo un 4,4%) pero el “pinchazo” será mayor en Europa, que reducirá su crecimiento -1,1% (del 3,9 al 2,8%), en especial Alemania (-1,7%, crecerá sólo el 2,1%) , Italia (-1,5%, crecerá el 2,3%) y Reino Unido (-1%, crecerá el 3,7%, cayendo menos Francia (-0,6%, hasta crecer el 2,9%).

Para España, el FMI prevé una caída del -1% sobre el crecimiento previsto antes de la guerra, que bajará del 5,8 al 4,8%, con todo, el mayor crecimiento de los grandes paises occidentales. Esta semana, el Gobierno Sánchez tendrá que revisar a la baja su cuadro macroeconómico de septiembre pasado, que apuntaba un crecimiento este año del 7%. El Banco de España ha rebajado esta previsión al 4,5% (frente al 5,1% que crecimos en 2021) y otros expertos privados (Funcas, CaixaBank Research) lo rebajan al 4,2% (4,1% BBVA Research). Perder un 1% o más de crecimiento por la guerra de Ucrania frenará la recuperación y permitirá crear menos empleos (entre 200.000 y 300.000, frente a 840.000 empleos nuevos en 2021). Y sobre todo, retrasará la salida de la crisis del coronavirus: si pensábamos en recuperar el PIB de 2019 a finales de 2022, ahora se retrasará conseguirlo hasta septiembre de 2023.

La guerra de Ucrania nos hace más pobres, porque las subidas de precios se comen los ingresos de la mayoría. Y poco se puede hacer, salvo paliar con ayudas a las familias y sectores que más sufren esta nueva crisis, y tratar de no frenar de golpe el consumo, para lo que haría falta un “pacto de rentas”: a lo claro, que las empresas moderen sus márgenes (y beneficios) y que los salarios no suban demasiado, para no alimentar entre unos y otros la espiral de la inflación. Pero la realidad es que no hay un pacto de rentas porque la patronal ofrece una subida de salarios ridícula (+8% de subida en los próximos 3 años) y no renuncia en paralelo a subir precios (ya hemos visto que el 60% de las empresas piensan subir sus precios) ni a recortar beneficios ni dividendos. Un pacto de rentas sería “repartirse el sacrificio” de los costes de la guerra, unos en sus márgenes y otros en sus sueldos. Pero no hay intención por parte de la patronal, lo que podría provocar conflictos laborales.

Ante este panorama, alta inflación y menor crecimiento, el “nuevo” PP vuelve a viejas recetas: bajar impuestos. La propuesta enviada al Gobierno por Feijoo propone actuar por cuatro vías. Por un lado, ayudas directas de 200 y 300 euros a las familias que ganan entre 14.000 y 17.000 euros y que no declaran IRPF. Y a los que sí declaran y ganan hasta 40.000 euros, el PP propone descontarles la inflación de sus ingresos (“deflactarlos”), con lo que pagarán menos (unos 3.800 millones menos). La tercera medida sería rebajar el IVA eléctrico y del gas al 5% (el Gobierno lo ha bajado al 10%), lo que tendría que autorizar Bruselas. Y la cuarta, una rebaja en el impuesto de sociedades que pagan las empresas. En total, unas rebajas fiscales que costarían entre 7.500 y 10.000 millones y que se financiarían con el aumento de recaudación que está teniendo Hacienda por la subida de precios.

Suena bien, pero el “Plan” fiscal del PP es “contraproducente, injusto y peligroso”. Incluso el FMI criticó esta receta el mismo día que Feijoo presentó públicamente su propuesta: “no deben hacerse rebajas indiscriminadas de impuestos ni subsidios generalizados”, mientras llamaba a los Gobiernos a la “prudencia generalizada” ante el “limitado espacio fiscal” (elevados déficits públicos y mucha deuda en la mayoría de paises, entre ellos España) y “los mayores riesgos para las finanzas públicas por la guerra y la inflación”. A lo claro: no están las finanzas de los paises para gastar mucho más. Hay que concentrar las ayudas en los más vulnerables, lo mismo que dijo la OCDE el mes pasado. O sea, ayudas limitadas. Y "nada de bajadas de impuestos a la energía", señala en una carta a los paises el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni.

Pero hay más. Los expertos, desde el FMI a la OCDE, creen que bajar impuestos ahora es “contraproducente” porque alimentaría más la inflación: si la gente tiene más dinero disponible, gastará más y eso hará que las empresas suban sus precios sin resistencia. Además, subvencionar los carburantes y bajar el IVA de la energía va en contra del Cambio climático: lo que hay que hacer es subir los impuestos a los carburantes que emiten CO2, no bajarlos. En segundo lugar, la bajada de impuestos es “injusta” porque beneficia siempre más a los más ricos y aumenta la desigualdad. Y más en el caso de bajar el IVA. La tercera crítica, la más de fondo, es que la rebaja de impuestos es “peligrosa: el Estado ha tenido que gastar millones en ayudas durante los dos años de pandemia y ahora tiene que seguir haciéndolo con la guerra, con lo que corremos el riesgo de disparar el déficit y la deuda demasiado. Y si eso pasa, las bajadas de hoy serán mañana recortes.

El debate de los impuestos debería ser “económico” y no ideológico: la derecha siempre lo utiliza para captar votantes, pero es poco realista. Por una cuestión de datos, no de política: España recauda menos que la mayoría de Europa. Entre 2011 y 2020, los ingresos públicos en España han sido del 38,7% del PIB, frente al 46,1% de media en la UE-27, el 52,8% en Francia, el 47,1% en Italia o el 45,5% en Alemania. Eso quiere decir (“a lo claro”) que España recaudó en 2019 (sin pandemia) 92.000 millones menos que la media de Europa. Y 175.000 millones menos que Francia, 104.500 millones menos que Italia y 97.000 millones menos que Alemania. Y así cada año, desde hace décadas. Por eso también gastamos menos (44,9% del PIB frente al 48,6% en la UE-27) y tenemos más déficit público.

España recauda menos que Europa en todos los impuestos (hay demasiadas deducciones, mucho fraude y se ingresa mucho menos en sociedades, por las grandes empresas: 23 multinacionales españolas sólo pagan el 2,6% de sus beneficios, según Hacienda). Y eso nos lastra para poder gastar lo que necesitamos (sanidad, educación, gastos sociales, empleo,  inversiones públicas, tecnología…) y atender a situaciones excepcionales como la pandemia o la guerra (donde las ayudas de España son inferiores a las de Francia o Alemania, que recaudan proporcionalmente más que nosotros). Así que los datos deberían forzar a España a recaudar más (como propone el Comité de Sabios encargado por Hacienda), no menos. Y a ser muy prudentes con las ayudas y bajadas de impuestos, porque tenemos poco fuelle. Y si no tenemos cuidado y la crisis se alarga, habría que volver a los recortes (que ya hizo el PP de Rajoy en 2012). En definitiva, no se puede soplar y sorber a la vez.

Ahora, entramos en el tercer mes de guerra y si el conflicto se enquista, para el verano habrá un nuevo recorte de previsiones, se retrasará la recuperación y harán falta más ayudas (españolas y europeas). Por eso hay que ser prudentes y tratar de repartir al máximo los costes de la guerra (tener conciencia de que “somos más pobres”), entre empresas, trabajadores y consumidores. Por ahora, los que más pagan la invasión son los ucranianos y los europeos más pobres. Es hora de un pacto de rentas entre empresas y trabajadores, para moderar no sólo los salarios sino también los márgenes (precios), beneficios y dividendos. Y compensar no sólo a  las familias y sectores más vulnerables, como ahora, sino también a las pensiones más bajas, que no pueden esperar a 2023. Se trata de ajustar el shock de la guerra, con solidaridad y prudencia, sin caer en soluciones “milagrosas” como la bajada de impuestos. La realidad es más compleja. 

jueves, 21 de abril de 2022

Faltan inmigrantes

El Banco de España ha dado la alarma: faltan trabajadores en el campo, la construcción y la hostelería, básicamente porque han llegado menos inmigrantes tras dos años de pandemia. El problema se da también en Alemania, Italia, Irlanda o Reino Unido. Pero no es una situación coyuntural: el problema de fondo es que la población europea no crece y en España cayó en la primera mitad de 2021, con lo que los inmigrantes son cada vez más necesarios para mantener la economía, los ingresos públicos y el Estado del Bienestar. De hecho, la ONU estima que Europa tendrá un déficit de 60 millones de trabajadores en 2050 y España necesitará 7 millones de inmigrantes, aunque la estimación del INE es que sólo vendrán 5,8 millones. En definitiva: necesitamos inmigrantes, ahora y en las próximas décadas, porque nacen pocos jóvenes y hay cada vez más viejos. Urge un Pacto europeo y español para regular la necesaria llegada de inmigrantes: no nos “roban” el trabajo, salvan nuestro futuro.

Enrique Ortega

Europa tiene un grave problema de población del que se habla poco: hay cada vez menos nacimientos, menos niños y jóvenes menores de 19 años (20%) y más viejos (21% europeos tienen más de 65 años), con lo que la población apenas crece y lleva estancada dos décadas. Si había 429 millones de europeos en 2001, crecieron hasta 440 millones en 2008 y éramos 447 millones a finales de 2020 : sólo un 4% de aumento en 20 años. Pero además, 2020 fue el primer año en que cayó la población europea, en -312.000 habitantes, según los últimos datos de la Comisión Europea. Y eso, porque se redujo la población en 10 paises, sobre todo Italia (-384.000), Rumanía (-143.000) y Polonia (-118.000), aunque creció en otros 17, sobre todo en Francia (+119.000 habitantes).

En España, la población aumentó en 2020 (+66.081 habitantes), según el INE, pero ha caído en 2021, en el primer semestre: había censados 47.326.687 habitantes, -72.007 habitantes que a finales de 2020, debido a la caída de población en 13 de las 17 autonomías. Una caída que se explica por el aumento de la mortalidad y la caída de natalidad por el COVID pero, sobre todo, por la menor llegada de inmigrantes (el censo de extranjeros bajó -42.364 personas, de los -72.007 en que bajó el censo). Y no es la primera vez que baja la población en España: ya pasó en 2012 (-90.326 habitantes), 2013 (-215.691), 2014 (-62.634) y 2015 (-9.466 habitantes), según los datos del INE, debido a que la anterior crisis económica provocó una salida de inmigrantes a sus paises de origen y menores llegadas.

Ahora, la previsión de la Comisión Europea es que la población europea se estanque en las próximas dos décadas, manteniéndose en 449 millones entre 2025 y 2030, para decrecer después, hasta los 440 millones de europeos en 2050 y llegar al año 2070 con 424 millones de europeos (-5,1% sobre hoy). Y habrá 20 paises europeos que perderán población entre 2020 y 2050, según un estudio de Finantial Times, encabezados por Italia (de 60,5 a 54,4 millones), Rumanía (de 19,2 a 16,3), Polonia (de 37,8 a 33,3), Bulgaria (de 6,9 a 5,4), Hungría (de 9,7 a 8,5), Portugal (de 10,2 a 9,1) y Grecia (de 10,4 a 9 millones de habitantes).

España no va a perder población en las próximas décadas, pero crecerá muy poco, según las últimas proyecciones del INE, para el periodo 2020-2070: pasará de 47.326.958 habitantes el 1 de enero de 2021 a 47.749.007 en enero de 2030, 49.910.653 habitantes a principios de 2050 y 50.589.811 habitantes el 1 de enero de 2070. O sea, un aumento de población de 2,5 millones en los próximos 20 años y 3,25 millones en los próximos 50 años. Un aumento mínimo, si tenemos en cuenta que en los 50 años anteriores (1970-2020), la población española creció cuatro veces más, en 13,51 millones (de 33,81 millones de habitantes en 1970 a los 47,32 millones en 2020).

Pero este aumento previsto para la población española en 2050 y 2070 es “engañoso”, porque “encubre” una realidad: la población de los nacidos en España cae y el censo sube solamente por el aumento de los inmigrantes, según las proyecciones del INE. Así, los nacidos en España pasarán de 40.229.931 en 2020 a 37.108.939 españoles en 2050 (-3,22 millones) y 33.794.071 españoles en 2070 (-6,5 millones sobre 2020), debido a que la mortalidad ganará a la natalidad, a la falta de nacimientos (1,23 hijos por mujer, cuando para que aumente la población harían falta 2,1 hijos por mujer). Y quien nos “salvará de no perder población total serán los extranjeros, los inmigrantes que llegarán a España: los extranjeros residentes pasarán de 7.471.460 en 2020 a 12.801.714 en 2050 (+5,8 millones) y 16.795.740 inmigrantes censados en 2070 (9,8 millones más que hoy), según el INE.

Con este “panorama demográfico”, España y Europa necesitarán a los inmigrantes en las próximas décadas para mantener sus economías. Lo ha dicho claramente la ONU: Europa necesita abrir sus puertas a 60,8 millones de trabajadores extranjeros para 2050. Una cifra que el centro especializado Wittgenstein eleva a 72,7 millones de inmigrantes. Y en el caso de España, necesita 7 millones más de inmigrantes entre 2020 y 2050, según la estimación del Centro de Desarrollo Global de Washington. Así que si el INE estima que vendrán 5,8 millones, todavía tendríamos un déficit de 1,2 millones de inmigrantes para dentro de tres décadas. Estos estudios son concluyentes: no bastará con aumentar la edad de jubilación, incorporar más mujeres al trabajo, aumentar la natalidad o robotizar y automatizar los empleos. Seguirá faltando mano de obra si no entran más inmigrantes.

De hecho, el problema se está dando ya, agravado por la menor entrada de inmigrantes (y las mayores salidas) en 2020 y 2021, por la COVID. Así, las migraciones internacionales hacia los 38 paises de la OCDE se redujeron un 30% en 2020, alcanzado los niveles más bajos de llegadas desde 2003. En el caso de España, las entradas netas de inmigrantes (entradas menos salidas) han caído en picado: de 446.000 en 2019 bajaron a 232.000 en 2020 y se han desplomado en 2021, con un saldo negativo en el primer semestre: salieron 366 inmigrantes más de los que entraron, según el INE.

La consecuencia es que faltan trabajadores en algunos sectores, por la menor entrada de inmigrantes, según ha alertado el Banco de España, utilizando la Encuesta que hizo a las empresas a finales de 2021. Hay todavía menos oferta de mano de obra extranjera que antes de la pandemia (mientras ha aumentado la oferta de trabajadores españoles) y esto provoca escasez de trabajadores en los sectores con mayor porcentaje  de extranjeros: faltan trabajadores en el campo y la construcción (lo reportan el 40% de las empresas) y también en la hostelería (lo indican el 36% de las empresas encuestadas). Y el problema preocupa especialmente a los empresarios de la construcción en los próximos meses, porque el sector va a acaparar el 35% de todos los Fondos Europeos y esta inversión peligra si falta mano de obra (el 20% del trabajo lo hacen extranjeros).

El problema de la falta de trabajadores, por la menor llegada de inmigrantes, se da también en el resto de Europa. En Alemania, faltan trabajadores para conducir trenes, tranvías y camiones, en Irlanda falta mano de obra en la construcción y en Italia y Reino Unido faltan temporeros para recoger las cosechas. Sin embargo, la Unión Europea no tiene una política común de inmigración y cada país va a su aire, abriendo más o menos la mano según sus necesidades. Pero los expertos en demografía insisten: no hay futuro para Europa sin inmigrantes. Y antes o después, tendrá que abrirse, sobre todo a África, un continente cuya población se va a triplicar en los próximos 80 años (de 1.372 millones a 4.400) y donde el 60% de sus habitantes tiene menos de 25 años (el 80% en paro). Además, en unos años, Europa tendrá que “competir” por atraer inmigrantes con otras regiones que también los van a necesitar, como EEUU, Canadá, Japón, Corea del sur y las monarquías del Golfo.

Actualmente, la inmigración es una cuestión muy polémica en toda Europa y está siendo aprovechada por los líderes populistas y de extrema derecha para frenar su presencia, que no es excesiva, según las cifras (y escasa, según las necesidades económicas).Así, al 1 de enero de 2021 había 23,7 millones de extranjeros de terceros paises (no UE) en Europa (legalmente), sólo un 5,3% de toda la población europea, según Eurostat. Y de ellos, el 72% se concentra en 4 grandes paises: Alemania (6.112.300 extranjeros no UE, el 7,4% de su población total), Italia (3.764.800, el 6,4% de su población), Francia (3.735.200 ciudadanos de terceros paises, el 5,5%) y España (3.633.100 extranjeros no UE, el 7,7% de la población), donde destacan los inmigrantes de Marruecos (829.000), Colombia (541.000), Ecuador (420.000), Venezuela (415.300) y Colombia (297.700), según Eurostat.

En las próximas décadas, estas cifras de inmigrantes en Europa van a aumentar, debido a la fuerte presión demográfica de África y Latinoamérica, aunque bajará la presión de los inmigrantes de la Europa del Este (por su envejecimiento), según un estudio de FEDEA. Esta presión migratoria explica el 40% de la inmigración, otro 26% se explica por la atracción que ejercen los inmigrantes que ya están aquí y sólo un 9% de la inmigración viene por la situación económica de España, según este estudio, que prevé la llegada a España de 5,2 millones de nuevos inmigrantes para 2050: 2 millones de Latinoamérica (sobre todo de Perú, Colombia y Venezuela, los paises con más jóvenes), 2 millones del norte de África y Oriente Próximo y 1 millón largo del resto del mundo.

Ahora que sabemos que necesitamos estos inmigrantes y más (hasta 7 millones para 2050), y que empezamos a sufrir su falta en el campo, la construcción y el turismo, urge regular este flujo de inmigrantes, para que lleguen de forma ordenada y no a golpe de cayucos y saltos de valla en Ceuta y Melilla. En diciembre pasado, el Gobierno aprobó una Orden para flexibilizar este año 2022 la contratación de extranjeros en origen, con dos novedades: ahora se pueden hacer contratos por 12 meses (antes eran por 9) y para todos los sectores económicos (no sólo para tareas agrícolas), una manera de cubrir los déficits de trabajadores señalados por el Banco de España. La medida está favoreciendo la contratación temporal de inmigrantes magrebíes y latinoamericanos (se han firmado acuerdos, por ejemplo, con Honduras, para traer trabajadores a las campañas agrícolas), que han de regresar después a sus paises.

Es una medida coyuntural, para cubrir necesidades extras de mano de obra, pero sigue faltando una política estable de inmigración, pactada entre los principales partidos para que no cambie cada 4 años (las necesidades de inmigrantes deben programarse a medio plazo). Y aquí, España deja mucho que desear, porque los Gobiernos se dedican más a “tapar agujeros” (los “boquetes por los que entran los inmigrantes ilegales: 41.945 en 2021, según Interior) que a regularizar la situación de los inmigrantes que están aquí y los que llegan pidiendo asilo: hay 104.000 solicitudes pendientes y en 2021 se concedieron el 10,5% de las solicitudes presentadas, frente al 35% de media concedidas por la UE-27, según CEAR.

Resulta clave un Pacto político sobre la política migratoria, en España y en Europa, con la vista puesta en esos 60 o 70 millones de inmigrantes que se necesitan para 2050. Y para ello, es clave informar a la opinión pública y deshacer falsos mitos, los que utiliza la extrema derecha xenófoba en Europa. Como que los inmigrantes “nos roban el trabajo”: es falso, porque 4 de cada 10 se incorporan a ocupaciones elementales y mal remuneradas (su salario medio es un 56% del que reciben los españoles, según un informe del Defensor del Pueblo), trabajos que no quieren los españoles (como recoger fruta o cavar zanjas). Y además, aportan más de lo que reciben: los 2 millones de trabajadores extranjeros pagan el 10% de las cotizaciones a la SS y sólo reciben el 0,9% del gasto en pensiones, según un estudio de UGT. Además, otros estudios revelan que pagan más en impuestos y cotizaciones que lo que reciben en prestaciones sociales y ayudas. Y con su consumo, contribuyen al mayor crecimiento y a crear otros empleos de españoles. Acabo con un dato más: el 30% de todo lo que ha crecido España en los últimos 20 años ha sido gracias a los inmigrantes.

Estamos en una situación preocupante, agobiados por la guerra y los precios, pero no podemos olvidar los 3 grandes problemas de fondo, que estaban ahí antes de la pandemia y estarán después de la guerra de Ucrania, los grandes retos del siglo XXI: el Cambio climático, la revolución tecnológica y digital y el problema demográfico. Vivimos en un continente donde baja y envejece la población de forma imparable, por lo que si no queremos incurrir en un “suicidio demográfico”, tenemos que tomar medidas en 2 frentes: fomentar la natalidad y atraer inmigrantes de forma ordenada y regular. Dos políticas que exigen acuerdos, valentía política y tiempo para dar frutos. Otra asignatura pendiente que debemos aprobar.

lunes, 18 de abril de 2022

Kit digital: ayudas para pymes y autónomos

Hoy 18 de abril se entrega a una pyme el primer kit digital, una ayuda de hasta 12.000 euros para que se digitalice, con una web, venta por internet, tratamiento de datos o ciberseguridad, por ejemplo. Es un dinero de los Fondos europeos, para ayudar a más de 1 millón de pymes y autónomos a digitalizarse, implantando herramientas de Internet que las hagan más competitivas, dado su retraso respecto al resto de Europa. Los interesados contarán con intermediarios digitales, que les ayudarán a saber lo que necesitan contratar y pedir las ayudas, más de 3.000 millones de euros hasta 2024. Además de este kit digital, el Plan de recuperación incluye otras ayudas públicas para educación y formación digital, donde España está muy retrasada en Europa. Y en paralelo, hace falta que las empresas inviertan más en digitalizar sus negocios, porque con la pandemia invierten menos. La digitalización es, con el Cambio Climático, uno de los grandes retos de este siglo. Tenemos que aprobarlo.

Enrique Ortega

Una de las varias “asignaturas pendientes” que tiene España es la digitalización: aprovechar mejor las herramientas de Internet (web, comercio electrónico, tratamiento de datos, gestión de proveedores y clientes, ciberseguridad…) para modernizar la economía y ser un país más competitivo. Ahora, todavía somos “poco digitales”, aunque hemos avanzado en los últimos años y con la pandemia. Así, España ocupa el 9º puesto en el ranking digital de la UE-27, por detrás de Dinamarca (1º), Finlandia (2º), Suecia (3º), Holanda, Irlanda, Malta, Estonia y Luxemburgo (8º), pero por delante de Alemania (11º), Francia (15º) o Italia (20º), según el Informe DESI 2021, que publica anualmente la Comisión Europea.

Este Informe DESI mide cuatro indicadores para valorar la digitalización de los paises: formación y capital humano (España baja al puesto 12º, porque la mayoría de españoles tienen una baja formación digital), conectividad (España está en el puesto 3º, gracias a su amplia red de fibra óptica, más extensa que las de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido juntas), servicios públicos digitales (España ocupa el puesto 7º, por su extensa administración electrónica) y la integración de la tecnología digital (donde España baja al puesto 16º, por el retraso en la utilización empresarial de las herramientas de Internet). Este es el punto negro” de la digitalización española y sobre todo por las pymes: el 62% de las pymes españolas tienen un nivel básico de “intensidad digital” (frente al 60% de media en la UE, el 88% de Dinamarca o Finlandia y el 76% de Holanda) y el 24% de las pymes españoles venden por Internet (frente al 17% de media en la UE, el 38% en Dinamarca o el 18% en Alemania), pero ese comercio online sólo supone el 10% de todas sus ventas (frente al 12% en la UE-28 y el 15% en Bélgica).

El retraso de España, sobre todo de las pymes, es mayor en la utilización de herramientas de Internet más sofisticadas, que están marcando el futuro y aumentan la productividad, según DESI 2021: gestión online de datos y macro datos (lo hacen el 9% de las pymes españolas frente al 14% de las europeas), uso de la inteligencia artificial (22% pymes españolas frente al 25% de las pymes UE, utilización de “la nube” (22% pymes españolas y 26% en la UE), aunque no hay retraso en la facturación electrónica (33% pymes en España frente al 32% en la UE-27) y en la utilización de las redes sociales (29% de las pymes españolas y 23% de las pymes europeas).

En general, como se ve, las empresas europeas tienen todavía mucho que avanzar en la digitalización de sus negocios, sobre todo las pymes, más retrasadas. El problema de España es que las pymes tienen aquí más peso que en el resto de Europa. De hecho, el 99,83% de todas las empresas españolas (2.928.706 empresas registradas el 1 de enero 2022) son pymes (0 a 250 trabajadores) y sólo hay un 0,17% de empresas grandes (4.977 empresas de más de 250 trabajadores), la cuarta parte que en Alemania. El problema adicional es que tenemos muchas empresas sin asalariados (autónomos: 1.616.095) y micropymes (de 1 a 9 trabajadores: 1.126.523 empresas), con lo que el 55,18% de las empresas españolas tienen menos de 10 trabajadores y en consecuencia, están menos digitalizadas. En conjunto, la media de todas las empresas españolas tienen 4,4 empleados, frente a 5,9 empleados en la UE-27, 9,4 en Reino Unido y 11,8 empleados por empresa en Alemania.

Este menor tamaño de las empresas en España que en Europa dificulta la digitalización de los negocios, ya que en todos los sectores avanzan más en la utilización de Internet las grandes empresas que las pequeñas y medianas. Así, sólo el 35% de las pymes con menos de 50 trabajadores se han digitalizado frente al 68% de grandes empresas (+250 trabajadores), según el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI). Y los últimos datos del INE revelan lo mucho que queda por hacer para digitalizar las empresas españolas, sobre todo las microempresas (1-10 trabajadores) y pequeñas (11 a 50): el 78,3% tienen web (pero sólo el 28% de las microempresas y el 76% de las pequeñas), el 26,86% venden por Internet (9,55% de las micropymes y 25,16% de las pequeñas), sólo el 16,39% tienen especialistas TIC (el 1,51% de las microempresas y el 11,14% de las pequeñas), el 32,41% utilizan “la nube” (el 8,5% de las microempresas y el 28,7% de las pequeñas), el 11,5% usan el “big data” (3% de las micropymes y 9,4% de las pequeñas), el 27,7% utilizan “el Internet de las cosas” (8,3% las micropymes y 25,8% las pequeñas) y el 8,32% de las empresas españolas utilizan la inteligencia artificial (3,12% de las microempresas y 6,7% de las pequeñas).

Así que si queremos digitalizar la economía y las empresas, hay que centrarse en ayudar a las pymes, más retrasadas y con menos medios y formación. En España, pero también en la mayoría de Europa. Por eso, el Plan de recuperación europeo (Next Generation UE), aprobado en el verano de 2020, se planteó como uno de sus cuatro grandes objetivos la digitalización de la economía, a la que destina el 20% de los Fondos (750.000 millones de euros, entre subvenciones y créditos). Y España, al presentar en 2021 su Plan de Recuperación, decidió destinar el 28,2% de los Fondos UE a la digitalización: 19.600 millones entre 2021 y 2024. Y una cuarta parte son ayudas a la digitalización de las pymes (4.900 millones).

El principal programa de ayuda es el kit digital a las pymes y autónomos, una ayuda de 3.067 millones de euros hasta 2024, en forma de bono (a fondo perdido), entre 2.000 y 12.000 euros según el tamaño, para que más de 1 millón de pymes y autónomos (entre 1,2 y 1,35 millones de beneficiarios) contraten herramientas de Internet, a elegir: página web, tienda online, factura electrónica, soluciones en redes sociales, ciberseguridad, análisis de datos, herramientas de gestión de clientes y proveedores (programas CRM), servicios de oficina virtual, software de facturación y contabilidad, servicios “en la nube” …

Esta experiencia de promover un kit digital para pymes y autónomos ha funcionado muy bien, entre 2016 y 2019, en Bélgica, Dinamarca, Alemania, Italia, Eslovenia o Suecia. Ahora lo promueve aquí el Ministerio de Economía y Transformación Digital, que lo presentó en noviembre de 2021, con la idea de reducir burocracia (se ha agilizado el proceso, suprimiendo hasta 36 documentos para solicitarlo) y contar con la ayudas de 60 oficinas públicas de Red.es (habrá hasta 150 en toda España a finales de 2022) y, sobre todo, de la figura del “voluntario digital”: personas o empresas que ofrecen servicios de apoyo, para gestionar el kit digital y luego ponerlo en marcha. Desde principios de enero, se han adherido al programa 7.100 agentes digitalizadores, que ofrecen gratis su asesoramiento a pymes y autónomos, a la vez que ofrecen implantar los servicios digitales subvencionados.

El sistema elegido para implantar el kit digital (sencillo y con “voluntarios digitales”) parece que funciona, a la vista de los datos: el 15 de marzo se abrió el plazo de solicitudes de la ayuda y en un mes se registraron 113.000 pymes y autónomos y se han formalizado 45.000 solicitudes. Y este lunes 18 de abril, se entrega el primer cheque con la primera ayuda a una pyme, al que seguirán más de un millón hasta 2024. Ahora está abierta solo la primera de las convocatorias de ayuda, dirigida a las pymes de 10 a 49 trabajadores, que pueden recibir una ayuda hasta de 12.000 euros. Se ha querido empezar por las pymes más grandes, para “rodar” el sistema. En junio se abrirá la segunda fase de ayudas, dirigida a pymes y autónomos de 3 a 9 empleados: aquí, la ayuda tiene un tope de 6.000 euros. Y en septiembre se abre la 3ª fase, dirigida a pymes y autónomos de 0 a 2 empleados: su tope de ayuda para contratar un kit digital son 2.000 euros.

El primer paso que han de hacer las pymes y autónomos interesados en aprovechar estas ayudas europeas para digitalizarse es entrar en la web de Acelera Pyme o de las empresas que son voluntarios tecnológicos y que se anuncian en Internet (basta poner “kit digital”). Ahí les piden primero que se hagan un auto diagnóstico digital, para conocer su situación y sus necesidades. Y a partir de ahí, los asesores voluntarios o las oficinas locales de Acelera Pyme entrarán en contacto con la pyme o autónomo y le asesorarán sobre las herramientas de Internet que pueden serles más útiles, según su tamaño y el tope de ayuda posible. Y después, les guían para solicitar la ayuda y, si quieren, les implantan las herramientas elegidas.

La clave, insiste la Administración y los expertos, es que pymes y autónomos elijan bien las herramientas que más les van a ayudar a “dar el salto digital”. Y a partir de ahí, cuando vean los resultados (en ahorro de costes y aumento de la eficiencia y las ventas), ya estarán en disposición de “avanzar solos”, de ir mejorando su digitalización. Se trata de un “Plan de choque” para las pymes y autónomos de menos de 50 trabajadores (hay 2.898.712 negocios, el 98,97% de las empresas españolas).

El resto de empresas medianas (25.017) y grandes (4.977) tendrán que hacer también un esfuerzo importante de digitalización, para no perder “el tren europeo”. Y eso va a exigir perfilar otro tipo de ayudas (fiscales, de cotizaciones, laborales) para facilitar su inversión. Máxime cuando la pandemia ha provocado una caída en el gasto TIC (tecnología de la información y de la comunicación) de las empresas, pasando de 4.000 millones en 2020 a 3.409 millones en 2021, el nivel de gasto de 2017, según un informe de UGT, que teme que el retraso en la recuperación (por el conflicto de Ucrania y la alta inflación) retraiga aún más las inversiones de las empresas en tecnología y digitalización. Sobre todo de las grandes y medianas, que es donde más ha caído en los últimos años.

En paralelo al necesario “salto digital” de pymes y autónomos (con el kit digital) y del resto de medianas y grandes empresas, es muy importante avanzar en la formación digital de los españoles y de los trabajadores en las empresas. El Informe DESI 2021 de la Comisión Europea ya revela un retraso en la formación digital de los españoles frente a los ciudadanos del centro y norte de Europa. Y eso exige introducir la formación digital en la enseñanza y sobre todo en la Universidad, donde el nivel digital es bajo entre los licenciados. Y todavía hay pocos especialistas TIC, con lo que las empresas grandes y medianas que quieren contratar personal especializado para digitalizarse dicen que no lo encuentran: España tiene un déficit de 100.000 especialistas TIC, según Digital.ES. Pero además, las empresas españolas deben destinar más recursos a la formación digital de todos sus empleados, promoviendo Planes masivos de formación y reciclaje en las empresas.

El mundo, la economía y los negocios son cada día más digitales y quedarse atrás en la utilización de las herramientas de Internet equivale a perder oportunidades y empleos, a competir en inferioridad de condiciones. Los Fondos europeos nos ayudan a dar el salto y para eso hace falta que el kit digital se divulgue y funcione. Reenvíe este blog a sus amigos y conocidos que tienen una pyme o un pequeño negocio: hay dinero y un mecanismo para ayudarles a mejorar digitalmente. Y el resto, exijamos formación en las empresas, para no ser “analfabetos digitales”. Y a nuestros hijos y nietos, estudien lo que estudien, debemos insistirles que la digitalización es tan básica como el inglés. Entre todos, tenemos que aprobar esta asignatura pendiente, reducir la brecha con Europa. Nos jugamos el futuro.