lunes, 30 de mayo de 2022

Parón en la lucha contra el Cambio Climático

Con la pandemia y la guerra en Ucrania, se ha desatendido la lucha contra el Cambio Climático. Y en estos 2 años largos, los problemas medioambientales se han agravado, con más olas de calor y 4 indicadores que han empeorado: aumento emisiones de CO2, concentración histórica en la atmósfera, aumento de las temperaturas y acidificación de los océanos. Y encima, la guerra de Ucrania ha obligado a tomar medidas que agravan los problemas climáticos: más consumo de petróleo y carbón para afrontar la subida del gas y ayudas a empresas y familias para paliar el alto precio de carburantes y electricidad, alimentando el consumo contaminante. La ONU ha dado otra alerta: hay que recortar los subsidios y volcarse en las renovables. Lo positivo es que Europa, buscando huir de la energía rusa, ha aprobado un ambicioso Plan (REpowerEU) para fomentar, con 300.000 millones, las energías alternativas (paneles solares, bombas de calor, hidrógeno verde y biometano). Se acaba el tiempo para tomar medidas.

Enrique Ortega

El mundo lleva dos años largos preocupado por la pandemia del coronavirus y, desde febrero, por la invasión de Ucrania y sus graves consecuencias sobre la energía, la inflación y la recuperación. Y se ha desatendido el gran reto del siglo XXI: combatir el Cambio Climático y salvar al Planeta. Pero el desastre climático avanza y lo acabamos de ver en mayo, con la mayor ola de calor en primavera de nuestra historia. Pero ya antes, en marzo y abril, las organizaciones internacionales publicaron 4 indicadores que alertaban sobre el avance imparable del Cambio climático: aumento de las emisiones de CO2, concentración récord de gases en la atmósfera, aumento de la temperatura de la tierra y el mar y acidificación de los océanos, junto a un aumento de daños en la salud y los ecosistemas.

El primer indicador refleja un aumento de las emisiones mundiales de CO2 en 2021, tras haber bajado en 2020 por la pandemia (menor actividad). Así, en 2021, se emitieron 36.300 millones de Tm de CO2 equivalente, un +6% que en 2020 y el nivel de emisiones más alto de la historia humana, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE). La culpa fue de dos factores, que están relacionados: un mayor consumo de carbón (el combustible fósil más contaminante), para contrarrestar la subida histórica del precio del gas natural, y un fuerte aumento de las emisiones en China (también, aunque menos en India y algunos paises en desarrollo), por el mayor consumo de carbón. También aumentaron las emisiones de las eléctricas y de la industria, mientras bajaban las del transporte. Por paises, el mayor aumento de emisiones de CO2 en 2021 se dio en Brasil e India (+10%), EEUU (+7%), China (+5%), Japón (+1%) y Europa (+7,94%), donde las emisiones subieron en todos los paises a finales de 2021, según Eurostat, más en la Europa del Este (+20%) y norte (+11%), y menos en España (+10%), Francia (7%) o Alemania (+5%).

Con la subida de emisiones mundiales en 2021 (+6%) y a pesar de la bajada en 2020 (-5,2%), el balance es negativo: el mundo emite ahora más CO2 que antes de la pandemia (36.300 millones de Tm frente a 36.100 millones en 2019 (donde ya emitía un +11,4% de CO2 que los 32.400 millones de Tm emitidas en 2010, según la AEI. Pero el aumento de emisiones se debe sobre todo a China: emite 750 millones de Tm más que en 2019, mientras el resto del mundo emite 570 millones de Tm menos. Y se reafirma como el país del mundo que más contamina: China supone el 32,78% de las emisiones totales de CO2, muy por delante de EEUU (12,6%), la UE (7,4%), India (6,8%) y Japón (3%), según la AEI. Incluso, China lideró también en 2021 (por primera vez) el ranking de emisiones de CO2 por habitante: 8,44 Tm por habitante, frente a 8,23 Tm/hab las economías avanzadas y 2,34 Tm/hab el resto de economías emergentes.

El 2º indicador climático clave que ha ido a peor ha sido la concentración de CO2 en la atmósfera, tras dos siglos de fuerte aumento por la actividad del hombre tras la Revolución Industrial, según demuestran todos los estudios científicos. Si esa concentración de CO2 era de 316 partes por millón (ppm) en 1959 y había subido a 369 en el año 2.000, en 2020 era ya de 414,24 (subiendo incluso con la pandemia) y en 2021 subió a 416,45 ppm, la mayor concentración de CO2 en el Planeta  desde hace 3 millones de años, antes de que el hombre habitara la tierra. Y este año 2022, esa concentración ha seguido subiendo, hasta batir otro récord el 25 de mayo, con 421,72 ppm, según la medición diaria que realiza el observatorio de Mauna Loa, en Hawái (ver dato de hoy en su web).

El 3º indicador climático que empeora es el aumento de la temperatura de la Tierra, tanto en la atmósfera como en  los océanos (que retienen un 80% del calor de la atmósfera). Los gases de efecto invernadero (CO2, metano, óxido nitroso y ozono) hacen de “paraguas” y recalientan la atmósfera, aumentando la temperatura de la Tierra. En febrero de 2022, la temperatura ya había subido +1,19 grados en relación a la media de 1850-1900. Y aunque 2021 no ha sido el año más cálido del siglo, los últimos 7 años son las más cálidos en la historia reciente de los registros de temperatura (desde 1850). Y se produjeron temperaturas extremas (54,9 grados en julio en California, 48,8º en agosto en Sicilia o 47,4º en Montoro, Córdoba, también en agosto), según el último informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Y en mayo de 2022, España sufrió la mayor ola de calor en primavera de nuestra historia.

El 4º indicador climático que preocupa es la situación de los océanos, que no solo se recalientan sino que también se acidifican (porque absorben el 23% del CO2 que emitimos y han captado ya la mitad del CO2 emitidos en los últimos 200 años), lo que pone en peligro los corales y muchas criaturas marinas. Además, el aumento de la temperatura global calienta los polos y provoca un deshielo de los glaciares que provoca la subida del nivel del mar: ha vuelto a subir en 2021 y la OMM estima una subida anual del nivel de mar de 4,5 milímetros anuales entre 2013 y 2021 (+22,5 milímetros=2,25 cm), más del doble de lo que subió entre 1993 y 2002. Y el programa europeo Copernicus calcula que el nivel del mar ha subido 9 centímetros desde 1.993, poniendo en peligro islas y zonas costeras.

Además del empeoramiento de estos 4 indicadores, el último informe de la OMM sobre el Estado del Clima alerta sobre que sigue la pérdida de biodiversidad: 1 millón de especies de las 8 millones existentes están en peligro de extinción por la sobreexplotación de los recursos terrestres y marinos. Y además, la contaminación medioambiental causa 12,6  millones de muertes al año, según la OMS, además de deteriorar la alimentación y el nivel de vida de la mitad del Planeta, que sufre los graves daños personales y económicos del clima extremo (sequías, inundaciones, incendios o huracanes). Las zonas más vulnerables al Cambio Climático están, según la ONU, en Africa, Asia meridional, América central y del sur, el Ártico,  las pequeñas islas del Pacífico y el sur de Europa y el Mediterráneo.

Mientras estos indicadores nos muestran que el Cambio Climático avanza imparable, el mundo ha tenido que sortear dos graves problemas: la pandemia y la guerra en Ucrania, que han “desviado” la atención del estado del Planeta. Y lo peor es que los paises han tomado medidas que van en contra de la lucha contra el Cambio Climático, sobre todo en los últimos meses, tras la invasión de Ucrania. Por un lado, se vuelve a consumir más petróleo y carbón (las energías que más contaminan), para huir del elevado precio del gas y de las ventas de Rusia. Y por otro, muchos Gobiernos han optado por afrontar la subida de precios de la energía (luz y carburantes) bajando impuestos y dando ayudas al consumo de combustibles  (en España, se subvenciona 20 céntimos el litro de gasolina y gasoil), lo que favorece la utilización de energías contaminantes: de hecho, en marzo, ha aumentado el consumo (subvencionado) de gasolina en España, según los datos de CORES).

Además, el tercer problema que ha traído la guerra de Ucrania es que ha cambiado las prioridades de los paises, sobre todo en Europa, preocupados ahora por gastar más dinero en Defensa y en infraestructuras de gas (y nucleares en algunos paises), así como en ayudas a empresas y sectores afectados por la guerra, con lo que hay menos recursos para afrontar la lucha contra el Cambio Climático. El secretario general de la ONU ha vuelto a criticar la política de la mayoría de Gobiernos, que invierten unos 500.000 millones de dólares anuales en bajar artificialmente el precio de los combustibles fósiles mientras sólo gastan la tercera parte en promover las energías renovables. Por ello, Antonio Guterres acaba de pedir que los paises tripliquen sus inversiones en renovables, para invertir 4 billones de dólares al año.

El aumento de las emisiones y el deterioro del medio ambiente han llevado a los científicos de la ONU a lanzar otra alerta en abril, en el 6º informe del IPPC: si las emisiones de gases de efecto invernadero, provocadas básicamente por el hombre, siguen al ritmo actual, la temperatura de la Tierra aumentará +4,4 grados para 2100, lo que supondría un desastre planetario. Mantienen que el tope de aumento de temperatura no debía superar los 1,5 grados, el objetivo marcado en la Cumbre del Clima de París de 2015. Y reconocen que, dado el ritmo de emisiones en marcha, será casi imposible evitar que se alcance este aumento de 1,5º en 2040. Pero todavía hay una oportunidad:  que ese aumento baje después, aunque para ello hay que empezar a recortar las emisiones ya, antes de 2025.

Los expertos climáticos de la ONU plantean varios escenarios, pero creen que el más realista sería conseguir recortes extras para reducir las emisiones un -23% para 2030 (sobre las de 2019: las hemos aumentado un +0,2% hasta 2021) y un -75% para 2050.Así creen que todavía estamos a tiempo de que la temperatura no suba más de 1,5 grados para 2100 y salvemos el Planeta. Eso exige Planes más ambiciosos de recorte de emisiones por parte de los paises (sobre todo de China y EEUU, que emiten más y son menos ambiciosos que Europa) y fijan objetivos de recortes en el consumo mundial para 2050: -100% para el carbón (hay que dejar de consumirlo),  -60% para el petróleo y -70% para el gas.

Para poder sustituir a estos combustibles fósiles en tres décadas, el informe de la ONU (IPPC, abril 2022) propone fomentar al máximo las energías renovables, con fuertes inversiones, y actuar en otros frentes: eficiencia y ahorro energético, fomento del autoconsumo, desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía, redes inteligentes, biocombustibles sostenibles para aviones y buques, hidrógeno verde y movilidad eléctrica.

Esta es la línea que sigue el último Plan energético presentado el 18 de mayo por la Comisión Europea, el REpowerEU. Es un intento de “hacer de la necesidad virtud”: como Europa tiene que conseguir su independencia energética de Rusia, tiene que acelerar su Plan verde de lucha contra el Cambio Climático. El Plan pretende invertir 300.000 millones de euros (72.000 en subvenciones a fondo perdido a los paises, como el Fondo Next Generation EU,  y los 225.000 millones restantes en créditos) y conseguir que las energías renovables aporten el 45% de toda la energía europea en 2030. Para ello, se financiará la colocación de placas solares y bombas de calor en los edificios, se simplificará la instalaciones de parques eólicos y solares, de promoverá el hidrógeno verde, se apoyará el biometano (gas a partir de basuras, residuos y purines), además de promover el ahorro y la eficiencia energética.

España, tendrá que volcarse esta década en ese Plan verde europeo, con Fondos UE y con fondos propios, que han de ser compatibles con los Fondos necesarios para digitalizar y modernizar la economía así como los mayores gastos en Defensa. Hay un problema de fondo: que haya dinero para financiar los proyectos renovables y que se aprueben medidas para compensar a los que saldrán perdiendo con esta “revolución verde”, que tendrá un coste para muchas empresas y familias. Precisamente, un reciente informe del Banco de España advierte que la transición verde va a tener un alto coste para muchas empresas y sectores (que tendrán que “reconvertirse o cerrar”) y para las familias más vulnerables, con menos recursos, que son las que más gastan (comparativamente) en energía y que se verán más afectadas por dos vías: la energía verde será más cara y habrá que pagarla con “impuestos verdes” (más impuestos a los carburantes, por ejemplo). Eso puede crear problemas y protestas en algunas familias y sectores (transportistas, campo, pesca), a los que habrá que ayudar a compensar los efectos de esta necesaria “transición verde”.

En resumen, que mientras nos ha obsesionado la pandemia, la guerra de Ucrania y la inflación, hemos seguido emitiendo CO2 y destruyendo el Planeta, sin tomar casi medidas o tomando decisiones contrarias al clima. Y se nos acaba el tiempo para reaccionar: el Cambio Climático avanza imparable y hay que frenarlo como sea, aunque tengamos guerra, inflación y hasta otra crisis. Lo primero es antes. La prioridad es salvar la humanidad y el Planeta.

jueves, 26 de mayo de 2022

La apuesta por la Formación Profesional (FP)

Este lunes, la Comisión Europea alertó a España sobre 2 problemas graves de nuestra economía: la elevada deuda y el paro, que duplica la media europea. Un paro muy relacionado  con la baja formación de los españoles, incluidos los jóvenes, que apenas estudian Formación Profesional (FP), a pesar de que con una profesión encuentran más fácil trabajo que con Bachillerato o una carrera. Por eso, en la última década, con la crisis, ya estudian FP el doble de jóvenes. Pero aún son pocos. La nueva Ley de Formación Profesional, que entró en vigor en abril, quiere multiplicar las plazas y cambiar la enseñanza de FP, haciendo que los alumnos estudien y hagan prácticas a la vez. Y acreditará una competencia profesional a 4 millones de trabajadores formados pero sin un certificado. El objetivo es aumentar la formación de jóvenes y trabajadores, para que consigan mejor empleo y bajar el paro a niveles europeos. Hará falta medios y tiempo.

Enrique Ortega

La Comisión Europea, en su último “examen” de primavera nos ha recordado que tenemos un grave problema estructural de paro, al margen de la coyuntura económica de cada momento: duplicamos siempre la tasa de paro media de la UE-27. En 2013, en lo peor de la anterior crisis, el paro en España llegó al 26,1% de la población activa, más del doble que la media europea (11,6%) y cinco veces el paro alemán, según Eurostat. Luego, en 2019, en plena recuperación, el paro español bajó casi a la mitad (14,1%), pero seguía siendo más del doble del europeo (6,8%) y cinco veces el paro alemán (3%). Y ahora, en marzo de 2022, tras el COVID y la guerra, ha seguido bajando, al 13,5%, pero sigue duplicando con creces el paro europeo (6,2% en la UE-27) y cuadruplicando el paro alemán (2,9%). Y si miramos el paro juvenil (menores de 25 años), el problema es aún mayor: 29,6% de paro juvenil en España, frente al 13,9% en la UE-27 y el 5,5% en Alemania.

¿Por qué España tiene el doble de paro que Europa? Hay varias razones, desde nuestro modelo económico (demasiado peso de los servicios y poca industria: muchos bares y hoteles y pocas manufacturas), el bajo desarrollo tecnológico, el exceso de pymes y la falta de grandes empresas, el menor ahorro e inversión y un menor peso de las exportaciones,  pero, sobre todo, la baja formación de los españoles, que dificulta su empleo. Los últimos datos de la OCDE (2021) son muy elocuentes: el 37,1% de los adultos españoles (25-64 años) tienen “baja formación” (ESO o menos), el doble que la media europea (17,1% de los adultos) y casi el triple que Alemania (sólo el 13,9% están poco formados).Y si nos fijamos sólo en los jóvenes (25 a 34 años), el problema persiste, aunque algo menos: un 28,3% tienen “poca formación” (ESO o menos) frente a sólo el 12,3% en Europa.

En el caso de los jóvenes, España tiene 2 problemas serios que explican que tengamos el doble de personas poco formadas. Por un lado, la baja calidad de la enseñanza, demasiado “memorística”, que alimenta los alumnos repetidores y rebaja el nivel de comprensión de los adolescentes, según indican los malos resultados en los informes PISA.  Y por otro, tenemos mucho más abandono escolar temprano: un 13,3% de los jóvenes de 18 a 24 años han dejado sus estudios sin acabar la FP o el Bachillerato (y no hacen ninguna formación), frente al 9,7% de media en Europa, según los datos de Eurostat (2021). Además, este abandono escolar temprano es mayor entre los hombres jóvenes (16,7%) que entre las mujeres (9,7%).

En cuanto a los adultos, el problema de la baja formación es que muchos se pusieron a trabajar jóvenes, sin estudios o habiéndolos dejado, con lo que  casi la mitad no pueden acreditar una formación, aunque tengan experiencia. Los datos indican que hay 12.382.300 adultos en edad de trabajar que tienen una profesión acreditada pero también hay 10.478.400 activos que no tienen una profesión acreditada, aunque vivan de ella. Y además, los trabajadores españoles se forman poco en el trabajo, bien porque las empresas no les ofrecen cursos de reciclaje o porque ellos no los hacen. El caso es que en España se dedica una media de 17 horas anuales a la recualificación permanente, frente a 50 horas en Alemania y entre 80 y 85 horas en las empresas líderes mundiales. Y además, en España se da el contrasentido que los fondos de formación, que se pagan con cuotas de empresas y trabajadores, no se usan (el 82% de las empresas no los utilizan) y no se gastan.

En el caso de los jóvenes, se da otro problema peculiar en España: apenas estudian Formación Profesional (FP), quizás por la mala imagen que ha tenido la FP, vinculada a “obreros” y “malos estudiantes. El resultado es que, durante décadas, todos los padres querían que sus hijos fueran universitarios (o al menos “bachilleres”). El fruto de esta percepción es que España, el país de Europa con más paro juvenil, es también uno de los paises con menos jóvenes que estudian FP: sólo un 12% se matricula en Formación Profesional, frente a un 25% de media en la UE-27 y el 40% en Alemania (el país con menos paro juvenil). Y después,  a la hora de elegir en la ESO si hacen Bachillerato o FP, sólo un 36% de jóvenes españoles han elegido FP, frente a un 43% de media en Europa, que sube en el caso de Alemania (45%), Italia (55%) y Reino Unido (65%), según la OCDE.

Con la crisis de 2008-2010, esta situación empezó a cambiar, porque muchos jóvenes veían que no encontraban trabajo con Bachillerato e incluso con una carrera universitaria, mientras las empresas buscaban jóvenes con FP, más preparados para un trabajo concreto. Además, en septiembre de 2018, el Gobierno Sánchez empezó su apuesta por la FP, acompañada después en julio de 2020 con un Plan de Modernización de la Formación Profesional, un proyecto “estrella” del presidente Sánchez y su ministra Celáa, que ya había apostado por la FP como consejera del País Vasco (una autonomía “pionera”, con excelentes resultados en FP).

La crisis, el aumento de ofertas de empleo para la FP y los nuevos Planes dieron un vuelco a la Formación Profesional, que empezó a despegar desde 2012 y sobre todo desde 2019, duplicando el número de alumnos en la última década: de 582.576 matriculados en 2010-2011 se saltó a 861.906 en 2019-2020 y 1.013.912 alumnos matriculados en FP en el actual curso 2021-2022, según los datos de Educación. Y además, este es el 7º curso consecutivo en que los matriculados en FP superan a los que estudian Bachillerato (700.810).

Es un salto importante, pero aún estamos lejos de los jóvenes que estudian FP en Europa. Por eso, el Gobierno Sánchez prometió a la Comisión Europea, dentro de las reformas estructurales vinculadas a recibir los Fondos Europeos, una nueva Ley de Formación Profesional, que aprobó el 7 de septiembre de 2021 y que ha estado debatiéndose medio año en el Congreso y el Senado, donde se aprobó el pasado 23 de marzo, con el voto en contra del PP y la abstención de Vox y ERC. Ahora, la Ley ya está en vigor, desde el 20 de abril, y tiene 2 objetivos: vincular más la FP a las empresas y reducir el paro juvenil. Y, en paralelo, reconocer en los próximos 4 años un certificado profesional a 4 millones de trabajadores que no tienen acreditadas sus competencias, adquiridas por la experiencia, no por el estudio.

La primera novedad de la nueva Ley de Formación Profesional  es que reformula el sistema en 5 niveles o módulos. Los tres primeros (A, B y C) son cualificaciones para adultos (mayores de 16 años), con una acreditación parcial de competencias(A), un certificado medio de competencias (B) y un certificado profesional de competencias (C), a los que podrán optar los trabajadores que conozcan los oficios pero no tengan una titulación. Serán títulos sin validez académica, pero que les facilitará su trabajo futuro. Los dos niveles siguientes (D y E) tendrán validez académica: el nivel D incluye el grado básico, medio y superior de FP y el nivel E supone un grado mayor de especialización, con cursos de especialista (en grado medio o superior), que incluyen la realización de un tipo de Máster. Los distintos niveles, del A al D, se podrán ir acumulando y acreditando en un Registro estatal de FP.

El segundo gran cambio de la Ley se refiere a la enseñanza de FP en los niveles educativos, el D y el E (especialista). La novedad es que toda la enseñanza será ahora mixta, con teoría en los centros de FP y prácticas en empresas siempre. Así, toda la FP será ahora “dual”, con dos niveles: el “general” (entre el 25 y el 35% de la formación se dará en empresas) y el “intensivo” (con más del 35% de la formación en las empresas, que se comprometen además a hacerles un “contrato de formación”).

Otra novedad de la Ley es que se facilita “el puente” de las FP con las Universidades. Hasta ahora, al final de la ESO, se abrían dos caminos disociados: Bachillerato y Universidad o FP de Grado medio y luego Superior. Ahora, se facilita que haya conexión entre las dos vías educativas, con la convalidación de asignaturas y el tránsito de la FP a la Universidad y viceversa. Ya en los últimos años se ha visto a licenciados en una carrera que luego hacen FP de grado Superior, porque ven que así se colocan mejor. Ahora lo tendrán más fácil.  De hecho, la Universidad de Málaga será la primera Universidad en ofrecer ciclos formativos de FP en el próximo curso 2022-2023…

Un cuarto cambio de la nueva Ley es que se acercarán las futuras titulaciones a lo que demanden las empresas, que tratarán así de que la FP forme en lo que ellas necesitan (el 55% de las empresas se quejan de que tienen problemas para encontrar trabajadores en muchas áreas). Ya se han aprobado 25 nuevas titulaciones y estudios de FP en los últimos 2 años y ahora, las empresas tendrán más posibilidades  de influir en los programas y colaborar en la formación de los alumnos, al ser obligatorias las prácticas en empresas.

El quinto punto clave de la nueva Ley de FP es la importancia que se da a la orientación profesional, tanto en colegios e institutos (para que profesores y centros fomenten la FP como una salida con futuro), como entre los alumnos y sus familias. Es clave promover “un cambio de mentalidad”, que estudiar FP no es una enseñanza de 2ª ni para ser “fontanero o mecánico”, sino que incluye temas de futuro (como inteligencia artificial o tratamiento de datos). Que es una vía formativa que facilita el empleo futuro.

Precisamente, el problema del empleo futuro es que no habrá hueco para los que estén poco formados y se va a concentrar más en la formación media, la que promueve la FP. Así, un estudio de Cedefop revela que para 2025, sólo el 16% del empleo disponible será para los que tienen baja formación (hoy acceden al 35% de los trabajos) y que el 50% de los trabajos serán para los que tienen una formación media y el otro 34% para los que tengan alta formación. Por eso, el objetivo de la Ley es que, dentro de 4 años, el porcentaje de españoles con baja formación (y pocas posibilidades de trabajo) baje del 37,1% actual al 15% (la UE-22 tiene un 17,1% hoy y Alemania el 13,9%). Y eso gracias a que haya más jóvenes estudiando FP y a que se certifique su profesión a 4 millones de adultos.

La nueva Ley de FP nace con una financiación de 5.474 millones en cuatro años (2022-2025), de los que 2.075 millones serán Fondos europeos. De momento, el Gobierno acaba de aprobar, el 17 de mayo, 1.239 millones para la Formación Profesional, un dinero que transfiere a las autonomías (ver el reparto), que gestionan la enseñanza. El objetivo es crear 88.000 nuevas plazas de FP en el próximo curso 2022-2023, que se sumarán a las 120.000 nuevas plazas creadas en los dos últimos años. Y además, acreditar a 785.000 trabajadores sin título, de los 4 millones que se pretende acreditar en estos cuatro próximos años (un objetivo ambicioso, porque sólo se acreditaron 300.000 en la última década). Y una parte del dinero aprobado (680 millones) irá también a ofrecer más cursos de reciclaje profesional a parados y trabajadores en activo.

Formación, formación y formación, en cursos de reciclaje y sobre todo en cursos de FP para jóvenes, que tengan que ver con lo que las empresas y el futuro van a demandar. Se trata de mejorar la formación de los españoles, para que tengamos una tasa de paro “europea”. Eso pasa por dedicar más dinero a la formación y a la FP, a crear centros de enseñanza suficientes (faltan en las grandes ciudades), con más autonomía y flexibilidad en los programas educativos, en estrecha relación con empresas y Universidades. Y un cambio de mentalidad en los centros educativos, en los alumnos y sus familias, para que nadie se avergüence de decir que estudia FP, sino que sea un sinónimo de formación y empleo. Es un proceso que requiere fondos, dedicación y tiempo. Pero si funciona, bajará el paro.

lunes, 23 de mayo de 2022

3 meses de guerra revolucionan Europa

Mañana se cumplen 3 meses de la invasión de Ucrania, que ha agravado la situación económica y política de Europa. Por un lado, la subida de energía y alimentos frena el consumo y la recuperación, recortando el crecimiento europeo casi a la mitad. Y por otro, la amenaza de Putin obliga a los 27 a reforzar su gasto en Defensa y acelerar las energías verdes, con un Plan de choque para independizarse del gas y el petróleo rusos a medio plazo. Entretanto, España sufre más esta alta inflación, con carburantes 40 céntimos más caros, la luz esperando a bajar en junio y los alimentos disparados, lo que afecta especialmente a las familias más pobres, mientras las empresas aumentan beneficios y los salarios apenas suben: no se reparte el coste de la guerra. Ahora, el Gobierno debate si ampliar en junio las ayudas de marzo, que benefician más a los que más tienen. Ayudas costosas, que fuerzan a más déficit o a subir impuestos. La guerra nos trastoca.

Enrique Ortega

El peor balance de estos 3 meses de guerra lo sigue teniendo Ucrania, con miles de muertos, millones de refugiados y una buena parte del país destruido (los costes superan los 500.000 millones de euros). Mientras, los europeos sufrimos la guerra en nuestros bolsillos, con la continua subida de la energía y los alimentos: en abril, la inflación media de la UE-27 volvió a subir, al 8,1%, la mayor tasa de la historia. Es el reflejo de una subida continuada del petróleo, que costaba  el viernes 111,66 dólares por barril, un 14% más caro que antes de la invasión (97,89 dólares), aunque en realidad es mucho más caro (+19,5%) porque lo pagamos en euros que se han depreciado (-6,5% desde la invasión). Y eso ha encarecido los carburantes en Europa (+13,4% la gasolina y +14,2% el gasóleo). El gas natural, clave para la factura de la luz, ha atemperado su precio (75,81 euros el viernes, frente a 88,89 el 23-F), pero se va a disparar por la exigencia rusa de cobrarlo en rublos y los Planes para contar el suministro a medio plazo. Lo peor es la subida de los alimentos y materias primas (metales), que se ve en los supermercados y en muchas industrias, mientras siguen faltando componentes de Asia.

En España, la inflación sigue más elevada que en el resto de Europa (+8,3% de subida anual, en abril, frente al +8,1% en la UE-27 y el +7.4% en la zona euro, +5,4% en  Francia, +6,3% en Italia y +7,8% en Alemania), pero ha bajado desde el máximo histórico de marzo (+9,8%), según el INE. Esta es la subida media, pero hay una serie de productos que han subido muchísimo más en el último año, según el IPC de abril: electricidad (+ 34,9%), gasóleo (+32,1%), gas natural (+19,4%), gasolina (+16,1%) y muchos alimentos (+48,4% los aceites, +21,6% los huevos, +13,7% los cereales, +12,8% las legumbres y frutas, +12,7% el pollo, +11,4% el vacuno, +10,7% el cordero, +10,2% el café…).

Lo preocupante no es sólo que suban tanto estos productos básicos sino que las subidas se han contagiado al resto de bienes y servicios que no son energía y alimentos. Es lo que se llama “inflación subyacente”, la inflación “de fondo” (sin inflación y alimentos no elaborados), que ha pasado del 2,4% en enero al 3,4% en marzo y el 4,4% en abril, según el INE. Eso indica que la mayoría de la economía ha aprovechado para subir precios, no sólo aquellos sectores y empresas a los que les ha subido la energía y los alimentos.

Esto indica que algunos han aprovechado la guerra y sus efectos para mejorar sus cuentas. De hecho, hay muchas empresas que ahora facturan más, básicamente porque han subido sus precios. Un indicador pueden ser las grandes empresas del IBEX, cuya cifra de negocio ha aumentado un 28,9% en el primer trimestre. Y aunque una parte del aumento es porque ahora venden más caro, también han aumentado sus beneficios: a cierre de marzo, las grandes empresas del IBEX habían ganado 12.896 millones de euros, un 51,5% más que en el primer trimestre de 2021, un año donde las 35 empresas del IBEX ya ganaron 58.543 millones de euros, el doble que antes de la pandemia (casi 28.000 millones en 2019). A pesar de la guerra, hay sectores (petróleo, banca, industrias básicas) que están ganando más que nunca. Y los dividendos que reparten crecieron un 86% hasta abril.

Mientras, los salarios apenas suben la cuarta parte que la inflación (+2,40% hasta abril) y lo mismo las pensiones (+2,5%), con lo que la inflación se come el poder adquisitivo de millones de españoles, sobre todo de esa 5ª parte de asalariados que ganan menos de 1.000 euros al mes. Los expertos, como CaixaBank Research y el propio Banco de España, han reiterado que “la inflación sí entiende de clases” y que las subidas actuales dañan más a las familias más vulnerables, a los que tienen menos ingresos, porque “pesan más” en su presupuesto los gastos en energía y alimentos. Así, los hogares con menos renta dedican 13% de su gasto a alimentación, frente al 10% los más ricos. Y dedican otro 33% a electricidad, gas, calefacción y vivienda, frente a sólo el 5% de sus ingresos los más ricos. Así que los efectos de la guerra de Ucrania y la inflación son desiguales y aumentará más la desigualdad.

Por eso, el Banco de España acaba de pedir, como antes hicieron la OCDE y el FMI, que los Gobiernos concedan ayudas dirigidas a los más vulnerables, no descuentos para todos (como se ha hecho con los carburantes), que son muy costosos y benefician más a los que más tienen. Y además, el Banco de España pide, como hizo el Gobierno, “un pacto de rentas”, que todo el mundo arrime el hombro: los trabajadores moderando las subidas de salarios (para no “alimentar” la inflación) y los empresarios moderando sus márgenes empresariales (y beneficios), no subiendo mucho sus precios. La realidad es que este pacto no se ha dado y que los más débiles pagan la inflación, los trabajadores no consiguen subir apenas sus salarios y casi todas las empresas han subido precios (y beneficios).

Mientras, los consumidores vemos subir sobre todo los carburantes, la luz y los alimentos. La gasolina ronda ya los 2 euros en muchas zonas y tiene un precio medio de 1,89784 euros por litro, más barata que la media UE (1,94054 euros/litro) y un +19,2% más cara que antes de la guerra, según el último Boletín petrolero europeo. El gasóleo ha bajado la última semana, con un precio medio de 1,88707, más caro que la media UE (1,8778 euros/litro) y un +27,5% más cara que el 23-F. Ambos carburantes, gasolina y gasóleo, cuestan ya 40 céntimos por litro más que antes de la invasión de Ucrania, aunque sólo 8 y 5 céntimos más que el 1 de abril, cuando entró en vigor la bonificación de 20 céntimos del Gobierno. Por cierto, que esta bonificación ha ayudado a subir el consumo de carburantes, algo en marzo (+4,15% las gasolinas) y más en abril, con la Semana Santa. Así que nos quejamos mucho de los altos precios, pero seguimos repostando como si nada.

La luz, otro “agujero” en nuestros bolsillos, nos ha dado un cierto respiro en abril, ya que el precio en el mercado mayorista bajó de los 200 euros el 8 de abril, con una media de 191,52 euros en abril  después de haber costado 283,3 euros de media en marzo. Eso ha servido para bajar el recibo medio de 143 euros (marzo) a 102,38 en abril, todavía un 46% más caro que un año antes (70 euros en abril 2021). Ahora, mayo sigue con la luz por debajo de 200 euros MWh (178,71 el sábado), menos que antes de la invasión (195,86 euros), y  bajará en junio, entre un 20 y un 30%, gracias al tope al gas autorizado por Bruselas durante un año. Y será “un seguro” importante, con recibos en torno a 80-85 euros al mes, a pesar de que el precio del gas y de la electricidad en origen se disparen si Rusia bloquea las ventas a Europa.

Estos 3 meses de guerra en Ucrania no sólo han desbaratado nuestras economías domésticas sino que han revolucionado Europa. En primer lugar, han provocado un freno a la recuperación, porque la alta inflación ha frenado el consumo de los europeos, recortando su crecimiento. Ya en el primer trimestre, la economía de la UE-27 apenas creció un +0,3%, con una caída de la economía italiana (-0,2%), un estancamiento de Francia (+0%) y un mínimo crecimiento de Alemania (+0,2%), mientras España crecía sólo un +0,3% (frente al +2,2% el trimestre anterior), según Eurostat. Y ahora, el 16 de mayo, la Comisión Europea ha recortado drásticamente sus previsiones de crecimiento para 2022: la UE-27 crecerá un +2,7% (casi la mitad del 4,3% esperado en noviembre), con un menor crecimiento aún para Alemania (+1,6%, frente al 4,6% estimado en noviembre) e Italia (+2,4%, frente al +4,3% antes) y con un +3,1% para Francia (+3,8% antes). Para España, Bruselas prevé ahora un crecimiento del +4% este año, inferior al +4,3% que espera el Gobierno (y lejos del 5,5% que nos auguraban crecer en otoño pasado, antes de la guerra).

Así que la guerra de Ucrania llevará a Europa a crecer casi la mitad de lo esperado, incluso menos (rozando la crisis), si el conflicto se alarga. Pero además, la invasión ha puesto patas arriba el modelo europeo, desde la Defensa a la energía. Por un lado, ha revitalizado la necesidad de crear un modelo de Defensa europeo, en principio apoyado en la OTAN. Y eso pasa, además de la ampliación a Suecia y Finlandia, por gastar más en Defensa, destinar una buena parte del Presupuesto europeo a alcanzar el 2% de gasto militar, cuando ahora la UE destina el 1,30% del PIB. Eso significa, a lo claro, que Europa se propone gastar 43.350 millones de euros más en Defensa en los próximos años, un dinero que habrá que sacar de algún lado (de otras inversiones y gastos o con más impuestos).  Y en paralelo, la guerra de Ucrania ha revelado la urgencia de reducir la enorme dependencia energética de Rusia: importa el 41% del gas, el 46% del carbón y el 27% del petróleo. Para romper esta peligrosa dependencia, la Comisión Europea aprobó el 18 de mayo un nuevo Pacto verde europeo (“RePower EU”, que pretende acelerar las energías renovables, buscar nuevos suministradores de energía, aumentar el ahorro energético y movilizar 300.000 millones de euros para infraestructuras que ayuden a la independencia energética de Europa.

Así que Putin ha obligado a la Unión Europea a “ponerse las pilas” con la Defensa y la Energía, dos cuestiones claves para el futuro de Europa. Pero los dirigentes europeos no acaban de afrontar otro reto de futuro imprescindible: la Europa fiscal. Si ahora “pincha” la recuperación en toda Europa, harán falta nuevas ayudas a los paises más vulnerables, sobre todo a la Europa del sur. Si con la pandemia se aprobó un paquete extraordinario de ayudas e inversiones, el “Next Generation UE” (750.000 millones entre subvenciones y créditos, 140.000 para España), ahora, con la guerra de Ucrania, urge aprobar nuevos Fondos UE para afrontar los nuevos retos (más gastos de Defensa, más gastos en reconversión energética, más ayudas sociales), ya que lo previsto de momento es "rebañar" dinero de viejas partidas, no poner dinero nuevo. Y sólo se pueden conseguir esos nuevos fondos necesarios si Europa empieza a configurar una política fiscal común, con impuestos europeos más homogéneos y más solidaridad entre norte y sur.

Mientras, en España, la guerra de Ucrania está ya frenando la recuperación, con una caída generalizada del consumo, que seguirá limitando el crecimiento, aunque el empleo parece salvarse de momento (con un nuevo récord de cotizantes en mayo). La clave va a estar en el turismo este verano (que va a depender de que no “pinchen” los bolsillos de alemanes, franceses, nórdicos y británicos) y en que tiren los Fondos Europeos, que avanzan lentamente. En cualquier caso, a finales de junio se acaban las ayudas a los carburantes y la bajada de impuestos a la luz, dos medidas muy costosas (suponen unos 9.000 millones de gasto al semestre). El Gobierno tiene un dilema: o suprime estas ayudas y las de los sectores (transporte, campo, mar, industrias) o las prorroga, sabiendo su alto coste y que benefician más a los que más tienen. No es una decisión fácil. Y más sabiendo que, si la guerra dura varios meses más, tendrá un alto coste para las arcas públicas españolas, que ya tienen un elevado déficit y una altísima deuda.

Así que España también tiene, como Europa, un importante reto fiscal: si quiere hacer frente a las nuevas necesidades, de Defensa (gastar el 2% del PIB en lugar del 0,9% actual, supone destinar 13.500 millones más al gasto militar), de independencia energética o a ayudas a las familias y sectores más vulnerables, junto a todas las necesidades en sanidad, educación, Ciencia, digitalización e infraestructuras tiene que recaudar más. Y eso pasa por hacer una reforma fiscal, homogeneizando el IVA y los beneficios fiscales (como pide el Banco de España) y haciendo que paguen más los que pagan hoy poco (grandes empresas, bancos, multinacionales y los más ricos). Ese debería ser hoy el debate y no la consigna ideológica de “bajar impuestos”. Pero el tema, como pasa en Bruselas, no se va a afrontar de cara a los Presupuestos de 2023. Y menos de cara a un año electoral. Así que seguiremos con parches, en las ayudas y en el déficit, en Europa y en España, a esperar que la guerra de Ucrania amaine y no haya otra recesión este año. Recen.

jueves, 19 de mayo de 2022

Así bajará la luz

Habrá que esperar a junio, pero por fin bajará la luz, que ha subido un 35% en el último año. Los primeros que lo notaremos seremos “los tontos” con tarifa regulada, a los que el recibo bajará entre un 20% y un 30%, hasta mayo de 2023, gracias al tope al gas autorizado excepcionalmente a España y Portugal por la Comisión Europea. Después, los “listos” del mercado libre (que llevan años pagando la luz más cara, digan lo que digan las eléctricas) notarán la rebaja cuando renueven su contrato. Y si la guerra de Ucrania sigue, el Gobierno tendrá que prorrogar, a finales de junio, la bajada de impuestos a la luz, para mantener la rebaja del recibo. Son sólo unos “parches” para frenar la inflación, porque España tendrá que aprobar para enero una nueva tarifa regulada, que sea menos volátil que la actual. Y en paralelo, toda Europa podría revisar el sistema de fijación de precios de la electricidad, poco eficiente y transparente. Luz y taquígrafos.

Enrique Ortega a partir de Georges de La Tour

Para entender la bajada de la luz que viene, hay que recordar cómo funciona el recibo de la luz. Tiene 3 partes: el coste de la electricidad en el mercado (que suponía el 40% del recibo, pero que ahora ya supone el 70%), los costes regulados (pagos que aprueba cada año el Gobierno, para financiar el transporte y distribución, ayudas a las renovables y a la electricidad en las islas o el pago de la deuda eléctrica) y los impuestos. Y luego, hay dos tipos de consumidores. La mayoría de los usuarios domésticos (19,8 millones a finales de 2021, según la CNMC, el 66,28% de los contratos)  y un 30% de las empresas tienen un contrato libre: pagan una tarifa que pactan con una comercializadora de electricidad y la revisan cada año (hay grandes empresas con contratos a medio plazo), sin ninguna capacidad de negociar realmente. Y el resto de usuarios domésticos (10,07 millones, el 33.72% de los contratos) tienen una tarifa regulada (PVPC), ligada al precio diario de la luz en el mercado mayorista. Este es el precio diario que suele publicarse (191,08 MWh para hoy jueves).

Los precios de la luz en el mercado mayorista (que suponían el 40% del coste del recibo en la tarifa regulada y libre) eran moderados hasta 2021: 33,96 euros por MWh en 2020, algo más bajos por la pandemia que en 2019 (46,78 euros) y 2018 (57,29 euros), el precio más alto desde 2010 (45,83 euros). Pero en enero de 2021 llegó la tormenta Filomena y el precio se duplicó el 8 de enero, hasta los 94,99 euros por MWh. Luego se calmó, por debajo de los 50 euros, para subir a 73,54 euros el 3 de mayo y superar los 100 euros el 20 de julio. Y después, batió 27 récords de subidas hasta fin de año (ver gráfico), el último el 23 de diciembre, con 383,67 euros por MWh, un récord histórico. A partir de ahí hubo una tregua coyuntural, para acabar el año 2021 con una media de coste de la luz en el mercado mayorista de 111,90 euros, el triple que la media de 2020 (33,96 euros).

Esta subida desproporcionada de la luz en origen provocó un tremendo salto en la factura de la luz de los españoles, sobre todo de los que tenían la tarifa regulada (al resto, “el susto” les llegó cuando renovaron su contrato “libre”). Así, la factura media (4,6 kilovatios de potencia y 3.500 euros de consumo anual) subió de 34 euros mensuales en 2020 a 119 euros en 2021, según la OCU.

Pero “el susto” de la factura de la luz no había acabado. En enero de 2022, el precio mayorista de la luz (en origen) había vuelto a subir de los 200 euros por MWh, por las tensiones en los precios del gas natural desatadas por Rusia (que suministra el 41 % del gas que consume Europa) y por la fuerte subida de los derechos de emisión de CO2 que pagan las eléctricas por producir electricidad con energías contaminantes (carbón, fuel y gas): su coste (que las eléctricas repercuten en el precio mayorista) pasó de 33,43 euros por tonelada en enero de 2021 a 84,8 euros en enero de 2022, según Sendeco. Pero la puntilla fue la invasión de Ucrania por Putin, el 24 de febrero: el precio del gas natural se disparó (de 88,89 euros MWh a 134 euros y hasta 214 euros el 8 de mayo, 11 veces más caro que un año antes). Y eso provocó que el coste de la luz en el mercado mayorista saltara de 195 euros MWh el 23 de febrero a 544,98 euros el 9 de mayo, 57 veces más caro que un año antes (ver gráfico). Y  aunque luego, el precio del gas natural se ha moderado, todavía hoy cuesta 76,16 euros MWh, el triple que hace un año).

El precio del gas natural es clave para fijar el precio de la electricidad en el mercado mayorista (que supone ya el 70% del coste final de nuestro recibo), por culpa del sistema de fijación de precios (“marginalista”), que funciona en toda Europa. Cada día hay una subasta, que fija el precio mayorista de la electricidad, según el precio de la energía más cara de las que aportan electricidad. Y en los últimos dos años, esa energía más cara es el gas, con lo que las demás energías, mucho más baratas (sobre todo la hidroeléctrica, nuclear o las renovables) se pagan al precio del gas (el doble o triple de lo que ellas cuestan). Es como si compráramos carne picada hecha con pollo, cerdo, vaca, ternera, cordero y chuletón y la pagáramos toda al precio de chuletón

Así que si el precio del gas se dispara, por cuestiones geopolíticas, el precio mayorista de la luz se dispara y también nuestro recibo mensual. Es lo que ha pasado, en 2021 y más en 2022, tras la guerra de Ucrania: el precio medio del gas natural se ha situado en 95,98 euros MWh entre enero y abril de 2022, el doble que el coste medio en 2021 y 9 veces el coste medio del gas en 2020. Y por eso, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista (en origen) se ha situado en 2022 (entre enero y abril) en 219,19 euros MWh, el doble del precio mayorista de la luz en 2021 (111,90 euros) y 6 veces el precio mayorista de la luz en 2020 (33,96 euros MWh).

Ya  en junio de 2021, cuando el precio mayorista de la luz superó los 90 euros MWh (un récord histórico, aunque hoy cuesta ya 197 euros MWh), el Gobierno Sánchez aprobó las primeras medidas para intentar contener la subida del recibo: rebajó hasta final de año uno de los dos impuestos que pagamos (el IVA, que redujo del 21 al 10%) y suprimió  a las eléctricas el impuesto de generación eléctrica (7%), sólo para el tercer trimestre. Pero el “parche” no sirvió de mucho, porque el precio mayorista siguió subiendo y se duplicó (por la subida del gas y los derechos de emisión de CO2). Así que en septiembre, el Gobierno volvió a aprobar “otro parche”: bajó el impuesto especial de la electricidad que también pagamos con el recibo (del 5,1127% al 0,5% que es el mínimo que permite la UE) y mantuvo la rebaja del IVA y la supresión del impuesto eléctrico hasta fin de año. Además, rebajó un 96% hasta fin de año los costes regulados del recibo (las ayudas que fija el Gobierno).

Dos “parches” que surtieron poco efecto, aunque frenaron algo el recibo, consiguiendo que pagáramos por la luz en 2021 el precio de 2018, una promesa de Sánchez que se cumplió, según Eurostat. Pero era insuficiente, a la vista de los precios del gas y la electricidad para  2022. Así que en diciembre de 2021, el Gobierno aprobó “el tercer parche”: prorrogar hasta finales de abril de 2022 la rebaja del IVA al recibo (del 21 al 10%) y del impuesto de la electricidad (0,5%) así como la supresión del impuesto de generación (7%), recortando además otro 30%  los cargos regulados del recibo para este año. Y amplió los beneficios del “bono social “eléctrico, que supone descuentos del 60 al 70% en el recibo para las familias con menos ingresos (se beneficiaban 1,2 millones de hogares).

A pesar de “los parches”, el precio del gas y de la luz en el mercado mayorista seguía tirando al alza del recibo. Y en esas, Putin invadió Ucrania el 24-F y el precio de la luz y el gas se dispararon, con lo que el recibo medio de la luz subió de 119 euros en diciembre 2021 a 143 euros en marzo de 2022, un nuevo récord histórico. El Gobierno vuelve a aprobar nuevas medidas, “el 4º parche”, el 29 de marzo, dentro del Plan nacional de respuesta a la guerra: ampliar hasta el 30 de junio las rebajas fiscales a la luz, reducción del 80% de los costes regulados que pagan las industrias que consumen más electricidad y ampliar a 600.000 beneficiarios más (hasta 2 millones) las ayudas del bono social eléctrico.

Pero el Gobierno sabía que este parche, como los anteriores, era insuficiente mientras no se reformara el sistema eléctrico de fijación de precios, una medida que sólo podía tomar la Comisión Europea. Por eso, en marzo, el presidente Sánchez realizó una gira por Europa para recabar apoyos para reformar el sistema, empezando por poner un tope al gas, la energía que estaba disparando el coste de la luz. Pero en Bruselas pinchó en hueso”: Alemania y la mayoría de la Comisión Europea no querían reformar el mercado, presionados por el poderoso “lobby” de las eléctricas, que reciben beneficios extras (“caídos del cielo”) por cobrar todas las energías al precio del gas. Y amenazaban con “cortes de suministro” si se ponían topes de precios y se “distorsionaba el mercado”.

Al final, en la Cumbre Europea del 24 y 25 de marzo, España y Portugal consiguieron la llamada “excepción ibérica”: poner un tope máximo al precio del gas natural, con la doble “excusa” (real) de que la Península Ibérica es una isla energética (sólo el 2,8% de la electricidad viene de fuera, cuando en Centroeuropa es incluso la mitad) y que han avanzado mucho más que otros paises en las energías renovables ( España cubrió en abril el 40% de su producción de electricidad con energía eólica y solar). A lo largo de abril, los gobiernos español y portugués negociaron con Bruselas y el pasado 13 de mayo, un Consejo de Ministros extraordinario aprobaba el tope al gas, que ahora tiene que confirmar la Comisión Europea, con lo que la rebaja de la luz no se notará hasta junio.

¿Cómo y cuánto va a bajar la luz? Lo pactado con Bruselas es que España y Portugal ponen un tope al precio que marca el gas natural en el mercado mayorista: será de 48,8 euros MWh durante un año (desde junio 2022 a mayo de 2023), con lo que las demás energías ya no cobrarán el precio actual del gas (76,16 euros hoy) sino casi la mitad (desde 40 euros al principio a 70 euros dentro de un año). Eso va a bajar drásticamente el precio mayorista de la electricidad, de los 191,08 euros MWh que cuesta hoy a unos 130 euros en junio y meses siguientes (-32%). Y con ello, al bajar el precio en origen (70% del recibo) bajará también el recibo que pagamos cada mes, entre un 20 y un 30%, según meses y horas.

Pero este tope al gas hay que pagarlo: las eléctricas seguirán cobrando por el gas lo que valga en el mercado internacional (72,245 euros hoy), con lo que se les compensará la diferencia entre este precio de mercado y los 48,8 euros de tope que se les pagará en el mercado mayorista. Esta compensación (entre 4.000 y 5.000 millones anuales) la pagarán las empresas que compran y comercializan energía, pero nos lo cargarán a los consumidores que nos beneficiemos del tope al gas. Se estima que esta compensación será de unos 20 euros MWh, con lo que el nuevo precio mayorista real con el tope será unos 150 euros MWh. Aún así, supone una rebaja del -21,5% sobre el precio mayorista de hoy.

Y sobre todo, los que van a sufrir un recorte en sus beneficios por este tope al gas son las eléctricas, que ya no van a cobrar hasta 80 euros por energías que cuestan la mitad o menos (hidroeléctrica, nuclear o renovables), sino una media de 48,8 euros durante un año. Eso les supone perder unos 6.000 millones de “beneficios caídos del cielo”, la razón por la que critican la “excepción ibérica” y no quieren que se generalice en Europa.

Ahora, a principios de junio, cuando entre realmente en vigor el tope al gas, el precio mayorista bajará ese 30% esperado y con ello notaremos una rebaja importante en el recibo de junio, del 20 al 30%. Los primeros en notar la rebaja serán “los tontos” que tienen un contrato regulado (PVPC), esos 10 millones de usuarios domésticos, y el 70% de las empresas que tienen su factura ligada también al mercado mayorista. Se espera que el recibo baje de los 100 euros de abril a unos 85 euros de media en junio. Los “listos” que tienen un contrato libre (19,8 millones de particulares) y el 30% de las empresas que tienen contratos al margen de ese mercado habrán de esperar la rebaja hasta cuando les toque revisar su contrato: como el tope dura un año, antes o después lo notarán, aunque entonces tendrán que pagar también la compensación al tope del gas (los 20 euros MWh) como el resto.

Las eléctricas llevan dos años intentando que los usuarios nos cambiemos de la tarifa regulada (PVPC) a la tarifa libre, sin mucho éxito (en 2021 sólo se cambiaron 1,2 millones de usuarios, según la CNMC). Y mienten cuando utilizan el argumento que la tarifa libre es más barata. Entre 2015 y 2020, el precio medio de la tarifa regulada (PVPC) fue un 30% más barato que la tarifa libre, según la CNMC). Y en abril de 2022, cuando se disparó el precio en el mercado mayorista, un cliente doméstico con tarifa regulada pagó 72 euros de media frente a 78 euros de media en el mercado libre. Además, según el comparador de la Comisión de la Competencia (CNMC), de las 58 propuestas de tarifas “libres” analizadas, 14 son más económicas y 44 más caras. Así que de “tontos” nada.

Ahora, mientras comprobamos cuánto nos baja la luz desde junio, el Gobierno estudia cambiar el sistema de precio regulado (PVPC), una imposición de Bruselas, que entraría en vigor el 1 de enero de 2023. El Ministerio de Transición Energética está estudiando esa nueva tarifa regulada, para que sea más estable (como en la mayoría en Europa), vinculándola a una cesta de precios de mercados a plazos (anuales, trimestrales y mensuales) y también al mercado diario. 

El objetivo es que el precio de la luz no sea un sobresalto diario, aunque, para asegurarlo, habría que cambiar el sistema europeo de fijación de precios, que obliga a los consumidores a pagar costes de más. Si la “excepción ibérica” funciona, ya hay otros paises europeos que están pensando con copiarla y presionar a Bruselas para cambiar el mercado. Incluso la propia Comisión estudia generalizar la excepción ibérica si Rusia corta el suministro del gas a Europa. Y a partir de ahí, Bruselas se abre ahora a algunas reformas del mercado eléctrico a medio plazo, algo impensable hasta ahora. Urge esa reforma, para que los usuarios paguemos por la luz lo que cuesta producirla, no más. Luz y taquígrafos.