Este lunes, la Comisión
Europea alertó a España sobre 2
problemas graves de nuestra economía: la
elevada deuda y el paro, que duplica
la media europea. Un paro muy relacionado con la
baja formación de los españoles, incluidos los jóvenes, que apenas
estudian Formación Profesional (FP), a pesar de que con una profesión
encuentran más fácil trabajo que con Bachillerato o una carrera. Por eso, en la
última década, con la crisis, ya estudian
FP el doble de jóvenes. Pero aún son pocos. La nueva Ley de Formación Profesional, que
entró en vigor en abril, quiere multiplicar las plazas y cambiar la
enseñanza de FP, haciendo que los alumnos estudien y hagan prácticas a
la vez. Y acreditará una
competencia profesional a 4 millones
de trabajadores formados pero sin un certificado. El objetivo es aumentar
la formación de jóvenes y trabajadores, para que consigan mejor empleo
y bajar el paro a niveles europeos.
Hará falta medios y tiempo.
 |
| Enrique Ortega |
La Comisión Europea, en su último “examen”
de primavera nos ha recordado que tenemos un grave problema estructural de paro, al margen de la coyuntura económica
de cada momento: duplicamos siempre la tasa de paro media de
la UE-27. En 2013, en lo
peor de la anterior crisis, el paro en España llegó al 26,1% de la población activa, más del doble que la media europea
(11,6%) y cinco veces el paro alemán, según
Eurostat. Luego, en 2019, en
plena recuperación, el paro español bajó casi a la mitad (14,1%), pero seguía siendo más del doble del europeo (6,8%) y cinco
veces el paro alemán (3%). Y ahora, en
marzo de 2022, tras el COVID y
la guerra, ha seguido bajando, al 13,5%,
pero sigue duplicando con creces el
paro europeo (6,2% en la UE-27) y cuadruplicando
el paro alemán (2,9%). Y si miramos el paro
juvenil (menores de 25 años), el problema es aún mayor: 29,6% de paro
juvenil en España, frente al 13,9% en la UE-27 y el 5,5% en Alemania.
¿Por qué España tiene
el doble de paro que Europa? Hay
varias razones, desde nuestro modelo económico (demasiado peso de
los servicios y poca industria: muchos bares y hoteles y pocas manufacturas),
el bajo desarrollo tecnológico, el
exceso de pymes y la falta de grandes
empresas, el menor ahorro e
inversión y un menor peso de las exportaciones, pero, sobre todo, la baja formación de los
españoles, que dificulta su empleo. Los
últimos datos de la OCDE (2021) son muy elocuentes: el 37,1% de los adultos españoles (25-64 años) tienen “baja formación” (ESO o menos), el doble que la media
europea (17,1% de los adultos) y casi el triple que Alemania (sólo el 13,9%
están poco formados).Y si nos fijamos sólo en los jóvenes (25 a 34 años), el problema persiste, aunque algo
menos: un 28,3% tienen “poca
formación” (ESO o menos) frente a sólo el 12,3%
en Europa.
En el caso de los
jóvenes, España tiene 2 problemas
serios que explican que tengamos el doble de personas poco formadas. Por un
lado, la
baja calidad de la enseñanza, demasiado “memorística”, que alimenta
los alumnos
repetidores y rebaja el nivel de comprensión de los
adolescentes, según indican los malos resultados en los informes PISA. Y por otro, tenemos mucho más abandono escolar
temprano: un 13,3% de los
jóvenes de 18 a 24 años han dejado sus estudios sin acabar la FP o el
Bachillerato (y no hacen ninguna formación), frente al 9,7% de media en Europa, según
los datos de Eurostat (2021). Además, este abandono escolar temprano es
mayor entre los hombres jóvenes (16,7%) que entre las mujeres (9,7%).
En cuanto a los
adultos, el problema de la baja formación es que muchos se pusieron a
trabajar jóvenes, sin estudios o habiéndolos dejado, con lo que casi la
mitad no pueden acreditar una formación, aunque tengan experiencia. Los
datos indican que hay 12.382.300 adultos en edad de trabajar que tienen una
profesión acreditada pero también hay 10.478.400 activos que no tienen una
profesión acreditada, aunque
vivan de ella. Y además, los trabajadores
españoles se forman poco en el trabajo, bien porque las empresas no les
ofrecen cursos de reciclaje o porque ellos no los hacen. El caso es que en
España se dedica una
media de 17 horas anuales a la recualificación permanente, frente a 50
horas en Alemania y entre 80 y 85 horas en las empresas líderes mundiales. Y
además, en España se da el contrasentido que los fondos de formación,
que se pagan con cuotas de empresas y trabajadores, no
se usan (el 82% de las empresas no los utilizan) y no
se gastan.
En el caso de los
jóvenes, se da otro problema peculiar
en España: apenas estudian Formación
Profesional (FP), quizás por la mala imagen que ha tenido la FP, vinculada
a “obreros” y “malos estudiantes. El resultado es que, durante décadas, todos
los padres querían que sus hijos fueran universitarios (o al menos “bachilleres”).
El fruto de esta percepción es que España,
el país de Europa con más paro juvenil,
es también uno de los paises con menos jóvenes
que estudian FP: sólo
un 12% se
matricula en Formación Profesional, frente a un 25% de media
en la UE-27 y el 40% en Alemania (el país con menos paro juvenil). Y después, a la hora de elegir en la ESO si hacen
Bachillerato o FP, sólo un 36% de jóvenes españoles han elegido FP,
frente a un 43% de media en Europa, que sube en el caso de Alemania (45%),
Italia (55%) y Reino Unido (65%), según
la OCDE.
Con la crisis de 2008-2010, esta situación
empezó a cambiar, porque muchos jóvenes veían que no encontraban
trabajo con Bachillerato e incluso con una carrera universitaria, mientras las
empresas buscaban jóvenes con FP, más preparados para un trabajo concreto. Además,
en septiembre de 2018, el Gobierno Sánchez empezó su apuesta por la FP,
acompañada después en julio de 2020 con un Plan
de Modernización de la Formación Profesional, un proyecto “estrella” del
presidente Sánchez y su ministra Celáa, que ya había apostado por la FP como consejera del País Vasco (una autonomía “pionera”, con excelentes
resultados en FP).
La crisis, el aumento de ofertas de empleo para la FP y los
nuevos Planes dieron un
vuelco a la Formación Profesional, que empezó
a despegar desde 2012 y sobre todo desde 2019, duplicando el número de alumnos en
la última década: de 582.576 matriculados en 2010-2011 se saltó a 861.906
en 2019-2020 y 1.013.912 alumnos
matriculados en FP en el actual curso 2021-2022,
según
los datos de Educación. Y además, este es el 7º curso consecutivo en que los
matriculados en FP superan a los que estudian Bachillerato (700.810).
Es un salto importante, pero aún estamos lejos de los jóvenes
que estudian FP en Europa. Por eso, el Gobierno Sánchez prometió a la
Comisión Europea, dentro de las reformas estructurales vinculadas a recibir los
Fondos Europeos, una nueva Ley de
Formación Profesional, que aprobó
el 7 de septiembre de 2021 y que ha estado debatiéndose medio año en el
Congreso y el Senado, donde se aprobó el pasado 23 de marzo, con el voto en
contra del PP y la abstención de Vox y ERC. Ahora, la
Ley ya está en vigor, desde el 20 de abril, y tiene 2 objetivos: vincular más la FP a las empresas y reducir el paro juvenil.
Y, en paralelo, reconocer en los próximos 4 años un certificado profesional a 4
millones de trabajadores que no tienen acreditadas sus competencias, adquiridas
por la experiencia, no por el estudio.
La primera
novedad de la nueva Ley de Formación Profesional es que reformula el sistema en 5
niveles o módulos. Los tres primeros (A, B y C) son cualificaciones
para adultos (mayores de 16 años), con una acreditación parcial de competencias(A),
un certificado medio de competencias (B) y un certificado profesional de
competencias (C), a los que podrán optar los trabajadores que conozcan los
oficios pero no tengan una titulación. Serán títulos sin validez académica,
pero que les facilitará su trabajo futuro. Los dos niveles siguientes (D y E) tendrán validez académica: el nivel D incluye el grado básico, medio y
superior de FP y el nivel E supone un grado mayor de especialización, con
cursos de especialista (en grado medio o superior), que incluyen la realización
de un tipo de Máster. Los distintos niveles, del A al D, se podrán ir
acumulando y acreditando en un Registro
estatal de FP.
El segundo
gran cambio de la Ley se refiere a la enseñanza de FP en los niveles
educativos, el D y el E (especialista). La novedad es que toda la enseñanza
será ahora mixta, con teoría en los
centros de FP y prácticas en empresas
siempre. Así, toda la FP será
ahora “dual”, con dos niveles: el “general”
(entre el 25 y el 35% de la formación se dará en empresas) y el “intensivo” (con más del 35% de la
formación en las empresas, que se comprometen además a hacerles un “contrato de formación”).
Otra
novedad de la Ley es que se facilita “el puente” de las FP con las Universidades. Hasta ahora, al
final de la ESO, se abrían dos caminos disociados: Bachillerato y Universidad o
FP de Grado medio y luego Superior. Ahora, se facilita que haya conexión entre las dos
vías educativas, con la convalidación de asignaturas y el tránsito de
la FP a la Universidad y viceversa. Ya en los últimos años se ha visto a
licenciados en una carrera que luego hacen FP de grado Superior, porque ven que
así se colocan mejor. Ahora lo tendrán más fácil. De hecho, la Universidad de Málaga será la primera Universidad en ofrecer
ciclos formativos de FP en el próximo curso 2022-2023…
Un cuarto
cambio de la nueva Ley es que se acercarán las futuras titulaciones a lo
que demanden las empresas, que
tratarán así de que la FP forme en lo que ellas necesitan (el 55% de las
empresas se quejan de que tienen problemas para encontrar trabajadores en
muchas áreas). Ya se han aprobado 25
nuevas titulaciones y estudios de FP en los últimos 2 años y ahora, las
empresas tendrán más posibilidades de
influir en los programas y colaborar en la formación de los alumnos, al ser
obligatorias las prácticas en empresas.
El quinto
punto clave de la nueva Ley de FP es la importancia que se da a la
orientación profesional, tanto en colegios e institutos (para que
profesores y centros fomenten la FP como una salida con futuro), como entre los
alumnos y sus familias. Es clave promover “un cambio de mentalidad”,
que estudiar FP no es una enseñanza de 2ª ni para ser “fontanero o mecánico”, sino
que incluye temas de futuro (como inteligencia artificial o tratamiento de
datos). Que es una vía formativa que facilita el empleo futuro.
Precisamente, el problema del empleo futuro es que no habrá
hueco para los que estén poco formados y se va a concentrar más en la
formación media, la que promueve la FP. Así, un estudio
de Cedefop revela que para 2025,
sólo el 16% del empleo disponible será para los que tienen baja formación
(hoy acceden al 35% de los trabajos) y que el
50% de los trabajos serán para los que tienen una formación media y el otro
34% para los que tengan alta formación. Por eso, el
objetivo de la Ley es que, dentro de 4 años, el porcentaje de españoles con baja formación (y pocas posibilidades de trabajo) baje del 37,1% actual al 15% (la UE-22
tiene un 17,1% hoy y Alemania el 13,9%). Y eso gracias a que haya más jóvenes estudiando FP y a que se certifique su profesión
a 4 millones de adultos.
La nueva Ley de FP nace con una financiación de 5.474 millones en cuatro años (2022-2025), de los
que 2.075 millones serán Fondos europeos. De momento, el
Gobierno acaba de aprobar, el 17 de mayo, 1.239 millones para la Formación Profesional, un dinero que
transfiere a las autonomías (ver
el reparto), que gestionan la enseñanza. El objetivo es crear 88.000 nuevas plazas de FP en el
próximo curso 2022-2023, que se sumarán a las 120.000 nuevas plazas creadas en
los dos últimos años. Y además, acreditar
a 785.000 trabajadores sin título, de los 4 millones que se pretende
acreditar en estos cuatro próximos años (un objetivo ambicioso, porque sólo se
acreditaron 300.000 en la última década). Y una parte del dinero aprobado (680
millones) irá también a ofrecer más cursos
de reciclaje profesional a parados y trabajadores en activo.
Formación, formación y formación, en cursos de reciclaje y
sobre todo en cursos de FP para jóvenes, que tengan que ver con lo que las
empresas y el futuro van a demandar. Se trata de mejorar la formación de los españoles, para que tengamos una tasa de
paro “europea”. Eso pasa por dedicar
más dinero a la formación y a la FP, a crear centros de enseñanza
suficientes (faltan en las grandes ciudades), con más autonomía y flexibilidad
en los programas educativos, en estrecha
relación con empresas y Universidades. Y un cambio de mentalidad
en los centros educativos, en los alumnos y sus familias, para que nadie se avergüence de decir que estudia
FP, sino que sea un sinónimo de formación y empleo. Es un proceso que
requiere fondos, dedicación y tiempo. Pero si funciona, bajará el paro.
