La pandemia de la obesidad

Más de la mitad de los adultos españoles y un tercio de los niños tienen exceso de peso, según un reciente estudio. Tremendo. Pero lo más grave es que un tercio de ellos tienen obesidad: 7 millones de adultos y 753.171 niños sufren un trastorno grave que provoca múltiples enfermedades (cardiovasculares, hipertensión, 13 tipos de cáncer y diabetes) y un 15% de todas las muertes. El sobrepeso y la obesidad son un problema muy serio, que se ha triplicado en el mundo desde 1975 y que volverá a duplicarse para 2035, según la OMS. Y España está a la cabeza en Europa: somos el 10ª país en sobrepeso de adultos y el 5º país en sobrepeso y obesidad infantil. Pero hemos avanzado poco en la limitación de la comida basura y las bebidas azucaradas, en educar en dietas saludables. Los médicos piden considerar la obesidad como una enfermedad y se potencien tratamientos y fármacos en la sanidad pública. Pero también tenemos que cambiar todos, en nuestras dietas y hábitos.

                 Enrique Ortega

El exceso de peso (sobrepeso y obesidad) es una epidemia mundial imparable. Desde 1975, el exceso de peso  se ha triplicado en el mundo, alcanzando en 2016 a 1.900 millones de adultos (640 millones de ellos eran obesos) y a 340 millones de niños y adolescentes (124 millones eran obesos), según la Organización Mundial de la Salud (OMS). El problema es que esta “pandemia silenciosa” irá a más, según predice el reciente Atlas Mundial de Obesidad (marzo 2023): si en 2020 había 2.603 millones de personas (con más de 5 años) con exceso de peso (sobrepeso y obesidad), un 38% de la población mundial, para 2035 habrá 4.005 millones de personas, el 51% de la población mundial. Y lo más grave, las personas obesas, que eran 988 millones en 2020 (el 14% de la población) se duplicarán con creces, pasando a ser 1.914 millones en 2035 (el 24% de la población mundial).  Y de ellos, 383 millones de niños y adolescentes (5-19 años) serán obesos en 2035 (el 19% del total).

Empecemos por saber que es sobrepeso y obesidad (la suma de ambos conceptos da las personas con exceso de peso, esos 2.603 millones de personas en 2020). Hay una sencilla fórmula para saber si tenemos sobrepeso u obesidad, el índice de masa corporal (IMC), que se calcula dividiendo nuestro peso (en kilos) por el cuadrado de la altura (en metros). Por ejemplo, una persona que pesa 85 kilos y mide 1,72 metros tiene un IMC de 28,73 (introduzca sus datos en esta calculadora y se lo dirá). Si este índice de masa corporal está por encima de 25 tenemos sobrepeso. Y si supera los 30, somos obesos. Y las estadísticas suman los que tienen sobrepeso y los obesos como personas “con exceso de peso”.

Volviendo a los datos del Atlas Mundial de Obesidad (2023), el mayor problema de obesidad se da en América (246 millones con sobrepeso y 42 millones de obesos en 2020) y Europa (192 millones y 18), seguidos de lejos por la zona del Pacífico (120 millones y 52), norte de África y Oriente Medio (106 millones y 27), sudeste de Asia (79 millones y 22) y África (68 millones con sobrepeso y 16 millones de obesos en 2020). Pero el panorama cambiará para 2035 y el Atlas prevé que el sobrepeso y la obesidad aumentarán más en los paises en desarrollo y pobres, sobre todo en la zona del Pacífico, Asia, África y Oriente Medio (que duplicarán con creces su población obesa, que crecerá menos en América y Europa).

El problema del exceso de peso (sobrepeso y obesidad)  es que resulta uno de los principales factores de riesgo de numerosas enfermedades no transmisibles, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, los ictus y hasta 13 tipos de cáncer, según la OMS. Y en el caso de los niños, un sobrepeso en la infancia aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas que eran casi exclusivas de los adultos, como diabetes tipo 2 temprana, hipertensión y trastornos hormonales y psicosociales, además de ser una causa habitual del acoso escolar. Y estos niños tienen más riesgos de arrastrar ese sobrepeso en la edad adulta. Por otro lado, el sobrepeso y la obesidad, por las enfermedades que provocan y su impacto en el absentismo laboral, tienen un alto coste económico: su factura era de 1,96 billones de dólares en 2020 y alcanzará los 4,32 billones en 2035, casi el 3% del PIB mundial, un impacto comparable al que tuvo la pandemia del COVID…

España y el sur de Europa están en cabeza de esta “pandemia silenciosa” del exceso de peso (sobrepeso y obesidad). En el Informe regional sobre Obesidad 2022, elaborado por la OMS en 53 paises europeos (con datos de 2016), se reflejaba que más de la mitad de los europeos adultos tienen sobrepeso (58,7%), casi 1 de cada 3 niños (29,5% entre 5 y 9 años) y 1 de cada 4 adolescentes (el 24,9% entre 10 y 19 años). Y tienen obesidad, el 23,3% de los adultos, el 11,6% de los niños y el 7,1% de los adolescentes. En este informe, España es el 9º país con más sobrepeso de adultos (61,6%) y el 10º con más obesidad (23,8%), sólo por detrás de Turquía, Malta, Israel, Hungría, Grecia, Andorra, Chequia, Bulgaria e Irlanda. Y en sobrepeso (37,9%) y obesidad infantil (14,9%). somos el 5º país europeo con peores datos, sólo mejor que Italia, Grecia, Malta y Andorra. Y lo mismo entre adolescentes, con el 6º puesto en sobrepeso (31,9%) y el 5º en obesidad (8,5%), donde sólo están peor los mismos  paises mediterráneos de la Europa del sur.

El Atlas Mundial apuesta porque, en 2035, España será el sexto país europeo con más obesidad en adultos (37%), sólo algo mejor que Reino Unido (46% adultos obesos), Malta (40%), Portugal, Chipre y Finlandia (39%), peor que Alemania (36% obesos), Francia (34%) e Italia (31%). Claro que aún estaremos lejos de las tasas de obesidad que auguran para 2035 en EEUU (58% población obesa), Canadá (49%), México (47%) y Brasil (41%).

En España, la semana pasada se publicó la más completa radiografía sobre el sobrepeso y la obesidad, con datos de 2023 elaborados por el Instituto de Salud Carlos III y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN). Y el resultado es impactante: más de la mitad de los adultos españoles (55,8%) y un tercio de los niños y adolescentes (30%) tienen exceso de peso (sobrepeso u obesidad). Estamos hablando de 21,15 millones de adultos y 2,10 millones de niños y jóvenes, 23,25 millones de españoles que pesan más de lo que deberían. Y lo más preocupante: un tercio de ellos tiene obesidad: 7 millones de adultos y 753.171 niños y adolescentes (de 2 a 17 años). Veámoslo con más detalle.

El estudio en adultos (mayores 18 años) revela que un 37,1% tienen sobrepeso (14,06 millones de personas) y otro 18,7% tienen obesidad (7,09 millones). Por sexo, los hombres tienen más sobrepeso (44,3%) que las mujeres (30,4%) y también más obesidad (19,3% frente al 18%), y ambos problemas se dan más a partir de los 50 años, concentrándose la alta obesidad (más del 25%) entre los 65 y los 85 años. Y el estudio destaca que el sobrepeso y la obesidad se dan más entre los que tienen pocos estudios y rentas bajas, medias y medias altas. El sobrepeso se da más entre extranjeros que entre españoles y en los que viven en ciudades pequeñas, pero la obesidad es más alta entre extranjeros y entre los que viven en grandes ciudades. Y las tasas más altas de obesidad en adultos se dan en Lugo, Badajoz, Cuenca, Tenerife, Sevilla, Córdoba y Albacete, siendo bajas en Guipúzcoa, Navarra, Huesca, Girona y parte de Castilla y León.

El estudio en niños y adolescentes (2-17 años) revela que un 19,2% tienen sobrepeso (1.351.484) y otro 10,7% tienen obesidad (753.171 niños y adolescentes). Los niños tienen más sobrepeso que las niñas (20,3% frente al 18,1%), pero sobre todo casi el doble de obesidad (13,4% frente al 7,9%). Y tanto el sobrepeso como la obesidad se concentran más entre los 6 y 9 años (20,4% de sobrepeso y 17% de obesidad)  y entre los 10 y 13 años (24,7% de sobrepeso y 10,7% de obesidad), siendo mayor el sobrepeso y la obesidad entre los niños extranjeros, con bajos niveles educativos y que viven en familias con bajo nivel de renta y donde ya hay adultos obesos. Y hay más niños y adolescentes con sobrepeso en las ciudades  de 5.000 a 100.000 habitantes, pero más obesos en los pueblos pequeños. Y destacan por sobrepeso y obesidad infantil provincias del sur más Pontevedra y Asturias.

Todavía hay un grupo más preocupante en este estudio, los adultos y niños con obesidad severa (cuando el índice de masa corporal, IMC, supera los 40). El estudio refleja que hay un 4,9% de adultos con obesidad severa (1.858.014 personas) y un 2,1% de niños y adolescentes (122.248 jóvenes), en total casi 2 millones de españoles que tienen un serio problema de obesidad y un enorme riesgo de enfermar y morir. Porque en España, el sobrepeso y la obesidad causan cada año 25.000 muertes, el 15% del total, según un estudio realizado por la Real Academia de Farmacia.

Además de provocar enfermedades (diabetes, cardiovasculares, ictus, hipertensión y hasta 13 tipos de cáncer), el sobrepeso y la obesidad suponen un alto coste para la sanidad pública. Ya en 2019, la OCDE estimó que el exceso de peso representaba para España una factura del 9,7% del gasto sanitario total (lo que supondría un gasto de 9.400 millones de euros en 2022), además de reducir la producción del país (PIB) en una cuantía equivalente al trabajo de 479.000 trabajadores a tiempo completo (por el absentismo y la pérdida de productividad que provoca). Eso nos coloca, según la OCDE, como uno de los paises con mayor factura del sobrepeso sobre la sanidad, por delante de la media OCDE (8,5%), del coste en la UE-27( 8%), sólo por detrás de Alemania (11%) y EEUU (14% de su gasto sanitario lo provoca el exceso de peso). Y según la OCDE, cada ciudadano español pagamos 265 euros más de impuestos al año para financiar los costes del sobrepeso.

Enfermedades, muertes y un alto coste económico, motivos suficientes para atajar esta pandemia mundial del exceso de peso. La OMS lleva décadas dando “la receta”: mejorar la dieta alimenticia (limitar el consumo de grasas, azúcares y sal, la “comida basura” y las bebidas azucaradas, aumentando la ingesta de frutas, verduras, legumbres, cereales y frutos secos), realizar ejercicio físico y mejorar la prevención y la atención al sobrepeso en la atención primaria y la sanidad de los paises. Por su parte, la OCDE ha propuesto a España mejorar el etiquetado de alimentos y menús, promover la actividad física y programas de bienestar en los centros de trabajo, para conseguir reducir un 20% las calorías de los alimentos, lo que nos permitiría prevenir 472.000 enfermedades de aquí a 2050 y ahorrar 169 millones al año en gastos sanitarios, aumentando la productividad.

En España se ha avanzado en algunas medidas, como una mayor información en el  etiquetado de alimentos, la aprobación de un impuesto a las bebidas azucaradas (en enero de 2021 subió su IVA del 10 al 21%, medida que ha reducido el consumo) y la aprobación (en junio de 2022) de un Plan 2022-2030 para la reducción de la Obesidad Infantil, con 200 medidas. Pero queda mucho por hacer. El sistema de etiquetado frontal Nutriscore, con letras por colores, se implantó en 2021 pero sigue siendo “voluntario”, por lo que lo utilizan sólo las empresas alimentarias que tienen productos con buena puntuación. Y sigue disparada la publicidad de alimentos y bebidas no saludables, nefastas para niños y jóvenes: un informe de la Gasol Foundation constata que el 80% de los niños y adolescentes españoles reciben publicidad de alimentos y bebidas no saludables. Y piden regularlo con urgencia.

La Federación Mundial de la Obesidad propuso, en marzo de 2023, 7 medidas a los paises para frenar el sobrepeso: un compromiso político de alto nivel e inversiones suficientes, no dejar a nadie atrás en el tratamiento, formar mejor a los profesionales sanitarios, abordar la prevención y los tratamientos sin estigmas y prejuicios, mejorar la vigilancia de datos con Encuestas y estudios periódicos, financiar los tratamientos  (con ingresos derivados de impuestos a las bebidas azucaradas) y tener objetivos de mejora auditables.

Los médicos españoles reivindican una primera medida: reconocer el sobrepeso y la obesidad como una enfermedad, lo que es. Y creen que así sería posible disponer de más herramientas terapéuticas y más medios para combatirla, desde mejoras en la atención primaria y la formación de los médicos a unidades especializadas en los hospitales y un mejor tratamiento, farmacológico y terapéutico. Los nutricionistas se quejan de que, con el alto coste sanitario que acarrea el exceso de peso, sólo haya 3 medicamentos contra la obesidad financiados por la sanidad pública (Ozempic, Victoza y Rybelsus) pero exclusivamente para los pacientes con diabetes tipo 2 (el resto tienen que pagarlos íntegramente, con un coste de 114,72 a 132,77 euros). Y lo mismo pasa con las operaciones a los grandes obesos: la cirugía bariátrica es muy efectiva y su coste se recupera en 2,5 años, pero se aplica muy poco en España (se hacen unas 5.000 operaciones al año, la cuarta parte que en Europa).  Y además, los médicos piden campañas de concienciación y educar a los niños desde la infancia en hábitos saludables, centrándose en las familias más desfavorecidas.

Al final, urge tomar medidas políticas, sanitarias, sobre la publicidad y el etiquetado de los alimentos, con campañas para fomentar una dieta más equilibrada, con menos carne, grasas  y azúcares y el doble de pescado, verduras, hortalizas y frutas. Y fomentar el ejercicio y la prevención. Pero la clave está en nosotros, en cada familia y cada persona: tenemos que cambiar nuestra alimentación y nuestros hábitos de vida sedentarios. Tenemos que darnos cuenta que el sobrepeso “no es un problema estético” sino  una “bomba de relojería” que acaba explotando en enfermedades y muertes. Hay que “declarar la guerra a la obesidad”, porque mata más que el tráfico, el alcohol o las drogas. Cuidemos el peso. 

Los retos económicos del Gobierno Sánchez

El nuevo Gobierno Sánchez empieza a trabajar y su gran reto no será la amnistía sino afrontar una economía española que crece menos y una economía europea estancada, con 10 paises decreciendo. Su estrategia “socialdemócrata” busca crecer y repartir la riqueza, con ayudas a familias, empresas y modernización de la economía, para que sea más verde y digital. Problema: con poco crecimiento (1,7% en 2024), será difícil recaudar y gastar más, porque Bruselas exige reducir el déficit público, lo que obliga a ajustar gastos (-15.000 millones), máxime con una derecha europea radicalizada ante las elecciones UE (junio 2024). El Gobierno tendrá difícil cuadrar los Presupuestos 2024 y reforzar a la vez el Estado del Bienestar (sanidad, educación, Dependencia, vivienda) sin tocar impuestos (exigiría una reforma fiscal). La clave será contener la inflación y mantener el consumo familiar (subiendo salarios por mejoras de productividad). Y gastar bien los Fondos europeos. Que la economía y el empleo se mantengan, para poder gastar en lo mucho que hace falta. Suerte. 

                 Enrique Ortega

La situación económica no va a ayudar al Gobierno Sánchez en esta Legislatura. Por un lado, la economía española va a crecer mucho menos este año (+2,4%) y sobre todo en 2024 (+1,7%)  de lo que creció en los dos últimos años, en 2021 (+6,4%) y 2022 (+5,8%). Y por otro, el nuevo Gobierno echa a andar con una economía europea estancada, que apenas va a crecer en 2023 (+0,6%) y con 10 paises europeos cuya economía caerá esta año: Alemania (-0,3%), Austria (-0,5%), Luxemburgo (-0,6%), Suecia (-0,5%), Irlanda (-0,9%), Estonia (-2,6%), Letonia (-0,2%), Lituania (-0,4%), República Checa (-0,4%) y Hungría (-0,7%), según la Comisión Europea. Y en 2024, la economía europea apenas mejorará: crecerá un +1,3% (menos de la mitad del 3,4% que creció en 2022).

Esta debilidad en el crecimiento de España y Europa complicará la política económica del Gobierno Sánchez, cuya estrategia “socialdemócrata” se basa en “crecer para recaudar y redistribuir”: su objetivo es crecer y crear empleo y riqueza, para después, con los impuestos, poder dedicar recursos públicos a reforzar el Estado del Bienestar y a modernizar la economía. El problema es que si se crece menos, se recauda menos y resulta más difícil gastar en sanidad, educación, pensiones, dependencia o en el ajuste energético y digital de la economía. La otra estrategia ya la conocemos, de la crisis financiera y Rajoy, los ajustes: se crece menos, se ingresa menos y se recortan gastos públicos, desde la sanidad a las pensiones.

El primer reto del nuevo Gobierno va a ser la aprobación de los Presupuestos para 2024. La clave serán los gastos. La elaboración de las cuentas públicas se hace al revés: primero analizar cuántos gastos son ineludibles, luego ver qué ingresos se pueden conseguir y a la vista del déficit que resulta, ver cómo conseguir más ingresos o qué gastos hay que recortar para cuadrar las cuentas. Este año, como los anteriores, un tercio del gasto público será para pagar las pensiones (casi 200.000 millones), donde el Gobierno tiene poco margen, porque tienen que subir, por Ley, lo que la inflación (un +3,8% previsto hasta noviembre). Otro gasto fijo son los sueldos de los funcionarios (+2% y un 0,5% adicional).Y un tercer gasto obligado son los intereses de la deuda pública, una factura disparada por la subida de tipos (habrá que pagar 39.078 millones, frente a 26.805 millones en 2021).Y a partir de ahí, analizar qué margen queda para el resto del gasto social (Sanidad, Educación, Dependencia, ayudas sociales), vivienda e inversiones públicas. Con un dilema: si se mantienen las ayudas contra la inflación a familias, sectores y empresas (rebaja impuestos energía y alimentos más ayudas directas), que cuestan 15.000 millones anuales.

Analizados los gastos, habrá que ver los ingresos, con un problema: no se pueden aprobar nuevos impuestos ni una reforma fiscal (necesaria), porque eso exigiría aprobar una Ley previa. Así que se mantendrán los impuestos como están, incluyendo en 2024 el impuesto extraordinario a las energéticas y bancos  (2.908 millones recaudados en 2023) y el impuesto a las grandes fortunas (623 millones). Y todo apunta a que la recaudación de Hacienda no crecerá tanto en 2024, al crecer menos la actividad y el empleo. En 2022 se pudo gastar más, porque hubo un récord de recaudación (255.000 millones, +14,4%), pero en 2023 (el PIB crece casi un tercio) la recaudación crece menos (+5,1% hasta junio) y crecerá todavía menos en 2024 (con un PIB menos y la mitad de empleos nuevos).

Vistos los gastos ineludibles y los ingresos posibles, el Presupuesto 2024 tiene una espada de Damocles: el déficit público (gastos-ingresos) no puede superar el 3% del PIB, porque Bruselas ha advertido que en 2024 vuelven las reglas fiscales, tras la “tregua” por  la pandemia  y Ucrania: un déficit público máximo del 3% (España cerrará 2023 con un 4,1%) y una deuda que no supere el 60% del PIB (España cerrará con el 106,5%). Así que España tendrá que recortar el déficit del 4,1% al 3%: eso son 15.000 millones de ajuste (o menos gastos o más ingresos o ambas cosas). El Gobierno Sánchez, en un primer borrador de las cuentas para 2024 (enviado en octubre) se comprometió con Bruselas a bajar el déficit al 3% del PIB, pero la Comisión Europea no se lo cree y prevé que sea del 3,2%. Tiene dos opciones: o pedir un recorte adicional (-0,2% serían -2.820 millones de ajuste) o “hacer la vista gorda”, dado que otros paises grandes tampoco van a cumplir  (estiman que el déficit de Francia e Italia será del 4,4% del PIB en 2024 y el de Bélgica el 4,9% de su PIB).

En definitiva, el Gobierno Sánchez tiene que hacer “encaje de bolillos” para contener los gastos, recaudar más y reducir el déficit a la vez. La clave va a estar en la marcha de la economía: si crece poco y pincha el empleo, será difícil recaudar más y poder gastar. El Gobierno apuesta por crecer un 2% en 2024 y crear 284.877 empleos (frente a 438.028 en 2023), pero tanto la Comisión Europea como el FMI apuestan por un crecimiento menor (+1,7%), que incluso la OCDE rebajó en octubre (+1,5%). De ser así, las cuentas 2024 no saldrían, porque se recaudaría menos (y habría que gastar más en ayudas).

Este es el gran reto económico del Gobierno para 2024 toda la Legislatura: crecer para poder gastar y redistribuir. Y a partir de ahí, ver si puede afrontar el otro gran reto: consolidar el Estado del Bienestar (frente al PP y Vox, que defienden  privatizar y recortar servicios), Eso exige recursos y gestión, pero sobre todo negociar con las autonomías (11 gobernadas por la derecha) que gestionan y financian (también con transferencias del Estado) la mayoría de servicios públicos. En Sanidad, el gran reto es recortar las listas de espera, que han batido récords en junio: 819.964 españoles esperan para operarse (112 días de media) y 79 de cada 1.000 pacientes esperan para ir al especialista (más de 60 días el 51,6%). Y además, mejorar la atención primaria y las urgencias, implantando un Plan de Salud Mental, que exige triplicar el número de psicólogos. En Educación, las prioridades son reducir el abandono escolar y los alumnos por aula, crear 300.000 plazas públicas en Formación Profesional y la inclusión de todos los niños de 0 a 3 años en centros públicos. Y en Dependencia, forzar a las autonomías a dedicar más recursos, junto al Estado, para reducir las listas de espera, que han aumentado en octubre (a 189.546), provocando que mueran 123 Dependientes cada día sin ayudas. Y extender el ingreso mínimo vital (alcanza ya a 2 millones de beneficiarios), pero sobre todo, que las autonomías no lo aprovechen para reducir sus rentas mínimas (como hacen Madrid y otras).

Dos retos claves para consolidar el Estado del Bienestar son poner orden en los impuestos y reformar el sistema de financiación autonómica. A pesar de las quejas de algunos, España sigue recaudando menos ingresos públicos que la mayoría de Europa: el 42,8% del PIB frente al 45,7% de media UE-27, el 46% en Alemania, el 46,8% en Italia y el 52,8% en Francia, según la Comisión Europea. A lo claro: España recauda 40.890 millones menos cada año que la media europea. Y eso sucede porque algunos pagan menos impuestos, sobre todo las grandes empresas y bancos, multinacionales y grandes fortunas, además de las numerosas exenciones en IVA e IRPF. Así que si queremos tener mejores servicios públicos, habrá que hacer una reforma fiscal para conseguir recaudar más, para que paguen esa minoría que hoy evade o elude impuestos. Hay un Libro Blanco de propuestas de expertos, entregado en marzo de 2022, que podría ser el punto de partida para esa necesaria reforma fiscal.

Y también está pendiente, desde 2014 (la prometió Rajoy), la reforma del sistema de financiación autonómica, fijar un nuevo mecanismo para financiar las autonomías y sus servicios públicos. El sistema actual, según un estudio de FEDEA, beneficia a Cantabria, la Rioja, Extremadura, Canarias y Castilla y León. Y perjudica a Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña, Andalucía y Baleares (cada balear recibe 2.296 euros, frente a 3.533 euros cada cántabro). Ahora, la reforma debería cambiar el peso de las distintas variables (población, renta, coste servicios públicos…) para hacer más justo el sistema de financiación.

En paralelo a esta reforma, difícil con la mayoría autonómica del PP, habrá que negociar la quita (“perdón”) de parte de la deuda autonómica, propiciada por haber incluido en el pacto de investidura la quita de 15.000 millones de deuda a Cataluña. La ministra de Hacienda ha reiterado que “habrá quita para todos”: el Estado asumirá 88.000 millones de los 191.747 millones de deuda autonómica que asumió el Estado (FLA) en 2012 (Rajoy), porque no conseguían financiarse. La autonomía más beneficiadas por esta “quita” de deuda sería Andalucía (-16.437 millones, el 64,7% de su deuda con el Estado), no Cataluña (-15.000 millones, el 20,5% de la deuda), seguidas de Madrid (no tiene deuda con el Estado, pero se le transferirán 12.979 millones para reducir su deuda privada), Comunidad Valenciana (-9.750 millones, el 20,2% de su deuda con el Estado), Galicia (5.757 millones, el doble de su deuda), Castilla y León (5.125, el doble de su deuda), Canarias (quita de 4.385 millones, el triple de su deuda), Castilla la Mancha (4.205 millones, el 37% de su deuda total), las 8 autonomías a las que se va a perdonar más deuda (6 del PP), aunque la quita será para todas.

Otros temas que protagonizarán esta Legislatura serán los retos laborales. El primero, un “escaparate” para la vicepresidenta Yolanda Díaz, será la subida del salario mínimo vital, que está en 1.080 euros (tras subir +47% desde 2018). La patronal quiere que suba sólo un 3% en 2024 (+32 euros mes) y otro 3% en 2025 (+33 euros), pero los sindicatos piden subirlo a 1.200 euros ya (+11%). El Gobierno tomará una decisión salomónica y podría subirlo en diciembre un 3,8% (la  inflación media anual prevista para noviembre), 41 euros (a 1.121 euros).

Pero hay más temas laborales pendientes. Uno clave es la reforma del despido, porque PSOE y Sumar pactaron en su programa de Gobierno “endurecer” las causas de los despidos (que han aumentado tras el fin de la COVID), lo que preocupa mucho a la patronal, porque cree que “encarecería el despido” en el futuro, dificultado la contratación. Otro tema pactado con Bruselas es la reforma del seguro de desempleo (somos el 2º país europeo que más gasta, tras Francia), para incentivar a los parados a reconvertirse, formarse y buscar trabajo. Y también está pendiente el Estatuto del Becario y la reforma de la jubilación parcial, para que los mayores trabajen menos horas y den paso a los jóvenes. Y urge aprobar  Planes de empleo para jóvenes, mujeres y mayores si el Gobierno quiere conseguir el pleno empleo (8% de paro frente al 11,84% actual). Con todo, “la medida estrella” de esta Legislatura será la prometida reducción de la jornada laboral, de 40 horas a 37,5 horas (2025). Además, Yolanda Díaz quiere aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores (de 1980, aunque se ha retocado muchas veces), que incluya el trabajo digital, la transición verde, la participación de los sindicatos en las empresas o la representatividad empresarial.

Y quedan otros retos importantes, aunque menos mediáticos. Como afrontar el grave problema de la vivienda, con precios disparados del alquiler, por falta de un parque de viviendas públicas (y una baja promoción privada). La preocupante situación de los jóvenes, con un altísimo paro (27,82%) y un empleo precario y mal pagado, que, junto a los alquileres imposibles les obligan a vivir con sus padres (al 66% de los que tienen entre 18 y 34 años, frente al 49% en Europa). Y una mayor atención a las familias, para facilitar la conciliación laboral, los cuidados y los nacimientos, porque la demografía es uno de los grandes retos del siglo XXI: el año pasado nacieron 329.251 niños, 125.397 menos que en 2012. Y no podemos olvidar el otro gran reto de este siglo, la lucha contra la emergencia climática, una de las prioridades de este Gobierno, que debe avanzar en las energías renovables (poniendo orden a la actual burbuja) y en la reforma del mercado eléctrico aprobada por Europa. Otro gran reto (objeto de un nuevo Ministerio) es la digitalización de la economía y la Inteligencia artificial (para la que se aprobará un Reglamento europeo antes de fin de año). Y también es clave la reindustrialización de España, avanzar en las nuevas industrias (baterías, coches eléctricos, hidrógeno verde, nuevas energías, chips, datos…) donde España debe buscar su lugar en el mundo y asegurar así el crecimiento y el empleo del futuro.

Por retos y tareas no será. Retos económicos que deben apoyarse en una mejora de la formación de los españoles y en una cooperación de la inversión pública y privada, para aprovechar el tirón de los Fondos europeos. Y que debería contar con la colaboración de autonomías, instituciones y políticos de todo signo, porque nos jugamos el futuro de España y de los españoles, nuestra competitividad, empleo y nivel de vida. Todos estos retos sí son importantes y deberían unirnos, por encima de la amnistía. El dilema sigue siendo el mismo que hace años: avanzar o retroceder. En España y en Europa.

España amplia su distancia con paises OCDE

La OCDE, la organización que integra a las 35 mayores economías de Occidente, acaba de dar otro “toque” a España: nuestra producción por habitante ha caído en los últimos 20 años respecto a la media OCDE, donde ocupamos el puesto 19º (14º en 2000), por la crisis financiera y la pandemia. También hemos retrocedido en el ranking mundial, donde somos la 14ª mayor economía pero el país nº 42 en PIB por habitante, que determina la renta y el nivel de vida. La culpa está en que seguimos teniendo menos productividad, porque trabaja menos gente y trabaja con menos eficacia, debido a la baja cualificación de los trabajadores, el menor tamaño de las empresas, el bajo peso de la industria y la tecnología, la caída de la inversión y el modelo de organización empresarial. Al final, su receta es mejorar la productividad, nuestra gran asignatura pendiente para mejorar el nivel de vida y el futuro. Algo de lo que no hablan ni políticos ni medios.

                 Enrique Ortega

Lo que marca el poderío de un país no es sólo cuanto produce y su valor (PIB) sino cuanta gente trabaja para lograr esa producción (PIB por habitante), entre cuantos hay que repartir lo conseguido (renta per cápita). Así, España produjo en 2022 por valor de 1.346.377 millones de euros (PIB) y Paises Bajos produjo por valor de 958.549 millones de euros. España es una economía más grande (la 4ª mayor de la UE, tras Alemania, Francia e Italia) que la neerlandesa (la 5ª economía europea), pero mucho menos eficiente: aquí somos 47,4 millones de habitantes para conseguir (y repartir) ese PIB y en Países Bajos 17,8 millones. Por eso, lo importante es la producción por habitante (PIB por habitante): 28.280 euros en España y 54.150 euros en Paises Bajos. Por eso, los holandeses tienen más renta y son más ricos que los españoles. 

Y lo mismo pasa a nivel mundial. España era en 2022 la 14ª mayor economía del mundo, por detrás del PIB de Estados Unidos (24.162.663 millones de euros, 18 veces la producción de España), China (17.174.722 millones euros, 12,7 veces el PIB de España), Japón (4.017.108 millones), Alemania (3.876.810, 2,8 veces el PIB de España con menos del doble de población), India (3.213.281), Reino Unido (2.913.623), Francia (2.639.092, el doble de PIB que España con un tercio más de población), Rusia (2.116.735), Canadá (2.030.446), Italia (1.946.479 millones), Brasil (1.825.767), Australia (1.614.888) y Corea del Sur (1.346.377), tras haber superado el año pasado a México (1.341.808 millones de PIB). Pero si tenemos en cuenta la población, España baja al puesto 42º en el ranking mundial del PIB por habitante: nos superan Paises Bajos, Austria, Bélgica, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Irlanda, Islandia, Malta, Luxemburgo, República Checa, Eslovenia, Estonia, Lituania, Andorra, Suiza, Mónaco, San Marino, Liechtenstein, Arabia Saudí, Brunei, Kuwait, Catar, Singapur, Nueva Zelanda, Cuba y Bahamas (ver listado PIB por habitante paises).

La OCDE acaba de publicar un informe sobre la evolución del PIB por habitante en 27 paises desarrollados (entre ellos España), de los 35 que integran la organización. Y nos ha dado un nuevo “toque”: España crece mucho pero es uno de los paises occidentales que ha aumentando su “brecha”, su distancia, con el PIB por habitante medio de la OCDE en los últimos 20 años. Según sus datos, si en el año 2000, la producción española por persona (PIB por habitante) era el 88% de la media OCDE, en 2020 se ha ampliado la distancia al 76%, tras la crisis financiera y la pandemia. También han aumentado su brecha con la media OCDE Francia (de superarla, el 102% al 0,89% en 2020), Italia (del 107% al 80%), Portugal (del 78% al 68%) y Grecia (del 75% al 57%), la Europa del sur, sobre todo por el tremendo impacto de la crisis de deuda de 2010-2013. Y España ocupaba en 2020 el puesto 19º en el ranking OCDE del PIB por habitante cuando en el año 2000 éramos el país nº 14 (nos han “adelantado” Corea, Nueva Zelanda, República Checa, Eslovenia y Lituania).

Los grandes paises de la OCDE apenas han empeorado su posición, tanto EEUU (de tener el 134% del PIB por habitante de la OCDE al 129%), Japón (del 98% al 92%), Alemania (del 109% al 108%) o Reino Unido (del 99% al 91%), lo mismo que Finlandia, Paises Bajos, Austria o Bélgica. Y curiosamente, los que más han reducido su “brecha” con la OCDE (PIB por habitante) han sido los paises del Este de Europa (Polonia, por ejemplo, tenía el 44% del PIB medio de la OCDE y ahora tiene el 70%), los paises nórdicos (Suecia, Dinamarca y Noruega ya superaban el PIB por habitante de la OCDE en el año 2000 y ahora lo superan más), mejorando también y reduciendo su “brecha” Corea, Nueva Zelanda y Turquía.

Este aumento de la “brecha” de España con los paises desarrollados entre 2000 y 2022, que refleja el informe de la OCDE, se ha repetido en el aumento de la brecha de España con la Unión Europea, según los datos de Eurostat. En 2022, España tuvo un PIB per cápita (ajustado por el nivel de precios de cada país) que fue el 85% del PIB per cápita de la UE-27, reduciendo así la brecha de 2021 y 2020 (teníamos en 83% del PIB per cápita europeo). Y esa “brecha” es mayor que antes de la pandemia (en 2019 producíamos el 93% que Europa por habitante, tras producir más del 100% de la UE-27 sólo entre 2002 y 2009). Este dato, que refleja la productividad y por tanto la riqueza de cada país, nos coloca (año 2022) en el puesto 18º en el ranking europeo de producción por habitante, tras los 11 paises que producen más que la media europea (Luxemburgo, Irlanda, Dinamarca, Países Bajos, Austria, Bélgica, Suecia, Alemania, Finlandia, Malta y Francia, por ese orden) y de los 6 restantes que tienen un PIB por habitante inferior a la media UE-27 pero mayor que España (Italia y los 5 paises que nos han “adelantado” en los últimos años: Eslovenia, Chipre, República Checa,  Lituania y Estonia). Todos producen más que España por habitante.

El informe de la OCDE destaca la pérdida de la productividad de España, que sigue por debajo de la productividad media de la OCDE (86,3 dólares por empleado frente a 89,1 dólares de media y los 144,5 dólares que los paises más competitivos). Otros datos revelan que la producción por hora trabajada (PIB por hora) en España se ha estancado, ya que era el 74% de la de la eurozona y el 61% de la alemana en el año 2000 y sigue siendo del 76% de la eurozona y del 63% de la alemana en 2022, según este estudio de CaixaBank Research. Y además, España ocupa el puesto 36 en el ranking mundial de productividad que publica el Foro Económico Mundial (2022) y mide 12 variables, quedando por detrás de 18 paises europeos que se consideran más competitivos: Dinamarca (el 1º de este ranking mundial), Suiza (2º), Suecia (4º), Paises Bajos (6º), Finlandia (8º), Noruega (9º), Irlanda (11º), Luxemburgo (13º), Alemania (15º), Islandia (16º), Austria (20º), Bélgica (21º), Estonia (22º), Reino Unido (23º), República Checa (27º), Francia (28º), Lituania (29º) y Letonia (35º).

¿Por qué somos menos productivos que media Europa y por eso, menos ricos?  Hay una respuesta corta: porque trabajamos menos gente y trabajamos peor, con menos eficacia. En España trabajan el 64,4% (diciembre 2022) de las personas entre 15 y 64 años, frente al 69,8% en la UE-27 y el 76,9% en Alemania o el 81,8% en Paises Bajos. Eso significa que si tuviéramos la tasa de empleo europea, en España deberían trabajar (y producir) 1,7 millones de personas más. Y si fuéramos como Alemania, tendríamos 4 millones de ocupados más. Este bajo nivel de empleo tiene que ver con nuestro modelo económico, basado más en los servicios (turismo y comercio) y menos en la industria, con empresas menos tecnológicas, que exportan menos y productos de bajo valor añadido.

Además de trabajar menos españoles de los que deberíamos, trabajamos “peor”, con menos eficacia y competitividad. Si vemos el mapa de la productividad de Europa, estamos en el 2º nivel de productividad por empleado, muy por debajo de centro Europa y los paises nórdicos (salvo Madrid, País Vasco y Navarra) y que Francia o Alemania, siendo sólo menor la productividad de los paises del Este (salvo República Checa, Eslovenia, Estonia y Lituania, que nos superan). ¿Por qué somos menos productivos? No es culpa de los trabajadores, sino de una serie de problemas estructurales, que resume este estudio de CaixaBank Research.

El primer “hándicap” que reduce la competitividad de España es que tenemos demasiados trabajadores, empresarios y autónomos poco formados, lo que es un problema porque los empleados con más nivel educativo y más cualificados son más productivos. En cuanto a los asalariados, el 30% tienen en España un nivel bajo de formación (y un 21% un nivel medio) frente a sólo el 19% en la eurozona (donde el 42% tienen formación media), según un estudio del Banco de España. Lo mismo pasa con los empresarios españoles: el 32% tienen un nivel educativo bajo (y un 27% medio), frente al 20% en Europa (y el 39,5% medio). Y también los autónomos: 38% con formación baja aquí (y 22% media) frente al 20,5% en Europa (y el 39,5% con nivel medio, casi el doble que en España).

El segundo “hándicap” es el menor tamaño de las empresas españolas (las grandes son más productivas). En España, sólo el 2,11% tienen más de 50 empleados y crean el 35% del empleo total, mientras en Alemania, esas empresas grandes y medianas (rondan el 5%) crean el 66% del empleo total. El problema de fondo es que tenemos demasiadas pequeñas empresas y microempresas (98,89% del total), que producen la mitad por trabajador (32.000) que las grandes (68.000 euros), por lo que deberían fomentarse las fusiones.

El tercer “hándicap”, que frena las mejoras de la productividad es el bajo gasto en innovación y tecnología, tanto a nivel de país (España invierte el 1,3% del PIB en I+D+i frente al 2% la UE, el 2,3% de Francia o el 3,2% en Alemania) como las empresas (había un 21,4% menos de empresas que invertían en tecnología en 2021 que en 2008, sobre todo pymes, y la inversión privada en tecnología supone sólo el 56% de la inversión tecnológica total frente al 66% en Europa, según COTEC). Eso se traduce en que producimos y exportamos productos y servicios con menos valor añadido que los paises punteros de Europa.

Otro “hándicap” clave, que limita nuestra productividad es la menor inversión, tanto pública como privada. Por un lado, la inversión pública se redujo un -60% entre 2010 y 2014, por lo recortes impuestos por Bruselas, lo que ha limitado el gasto en infraestructuras públicas y de transporte, así como el gasto social, factores claves para crecer y competir. Y a pasar de la recuperación posterior y de los Fondos europeos, la inversión pública en España sigue un 55% por debajo a la que teníamos en 2009, según un informe de la Fundación BBVA, que refleja cómo la inversión pública en España (1,94% PIB) es un tercio menor a la europea (3,02%) y la cuarta parte que en Finlandia (4,22%) o Suecia (4,65%). Y la inversión privada de las empresas lleva años muy floja, más tras las subidas de los tipos de interés.

Los expertos añaden otros factores que han frenado la productividad en España: la mayor precariedad del empleo (más contratos temporales y a tiempo parcial), sobre todo antes de la reforma laboral de 2022 (hoy tenemos un 17,26 de asalariados temporales, menos “productivos”, frente al 14,1% en Europa), el exceso de normativas (máxime con 17 autonomías que tienen múltiples competencias) y una gestión empresarial demasiado centrada en el “ordeno y mando”, con poca integración laboral y sindical, junto a un clima laboral deteriorado (“sólo el 30% de los trabajadores están contentos con su trabajo y el 70% están descontentos con su sueldo”, según una Encuesta de Infoempleo Adecco ), que no ayuda a mejorar la productividad en España.

Visto el aumento de la brecha económica (PIB por habitante) entre España y la OCDE, el organismo internacional plantea una prioridad: mejorar la productividad. Y proponen a España 5 medidas: impulsar la competitividad de las empresas (pymes) y regiones más retrasadas, con un PIB por habitante inferior a la media (Andalucía, Canarias, Extremadura, Melilla, Castilla la Mancha y Murcia), proporcionar habilidades laborales y reciclaje a los empleados y parados con menos formación, fomentar la inversión pública (y privada) en infraestructuras y servicios públicos, vivienda, innovación y tecnología, mejorando el acceso de las empresas a la financiación, coordinar mejor la gobernanza entre los distintos niveles de Gobierno (Estado, autonomías y Ayuntamientos) y descentralizar la capacidad estratégica, administrativa y fiscal, para favorecer la igualdad territorial.

En definitiva, España crece (más que otros paises) pero seguimos con un problema de fondo: trabajan menos personas de las que deberían y lo hacen con menos eficacia que en otros paises, lo que provoca que seamos menos productivos, un 85% de la media europea. Y por eso, hay 17 paises europeos que producen más por habitante y  tenemos menos nivel de vida, somos más pobres que la Europa del centro y norte. Un problema que arrastramos desde hace décadas y que ha ido a peor desde el año 2.000, tras tres crisis. Ahora es el momento de afrontarlo, de tomar las medidas necesarias, que nos reitera la OCDE: más formación, fusiones de empresas, más industria, innovación y tecnología, más inversión pública y privada, empleos de calidad y mejor organización del trabajo. Sólo así seremos más productivos, un reto clave del que apenas se habla. Y sólo así viviremos mejor. A ello.

Las jubilaciones anticipadas, en mínimos

En España, era normal hasta hace poco jubilarse antes de tiempo: hace 20 años, se jubilaban anticipadamente casi la mitad de los jubilados y el 40% en 2019. Pero los distintos Gobiernos, tanto Zapatero (2011) como Rajoy (2013) y Sánchez (en 2021) tomaron medidas para frenar estas jubilaciones anticipadas, que aumentan el déficit de la Seguridad Social. Y este año, han bajado ya al 34,5%, el porcentaje más bajo del siglo. Y aún se van a frenar más, tras aprobarse incentivos para que los trabajadores se jubilen más tarde de la edad legal (hoy 66 años y 4 meses, 67 años en 2027). Pero siguen pendientes 2 problemas. Uno, qué hacemos con los 819.500 parados mayores de 50 años, que hoy esperan 15 años para jubilarse cobrando 480 euros de paro, una forma de “subvencionar” su no jubilación anticipada. Y la otra, aprobar una nueva jubilación parcial de los trabajadores mayores (retirarse horas o días), para rejuvenecer plantillas y dejar paso a los jóvenes. Dos reformas  pendientes.

                 Enrique Ortega

En la mayor parte de este siglo XXI, casi la mitad de los trabajadores se han jubilado antes de tiempo. El récord se dio en 2004, cuando se jubilaron anticipadamente el 49,6% de los jubilados. Y después se mantuvo un alto porcentaje, hasta el 40,5% en 2011. España se lo podía permitir, porque la Seguridad Social tenía superávit (+2.444 millones en 2010). Pero en 2011, aumentaron las jubilaciones y los nuevos jubilados se retiraban con pensiones más altas, tras haber cotizado por salarios mayores. Y con ello, la SS entró “en números rojos”, con un déficit creciente desde 2011 (-487 millones, el 0,06% del PIB) al déficit  récord de 2016 (-18.536 millones, el 1,7% del PIB), para bajar después (-11.096 millones en 2021, el 0,9% del PIB) y hasta hoy (-7.160 millones, el 0,5% del PIB en 2022 y casi el mismo déficit previsto para este año 2023). Son 13 años de déficit de la SS.

Con este “agujero”, todos los Gobiernos han tratado de recortar la factura de las jubilaciones. Primero fue el Gobierno Zapatero quien aprobó, en julio de 2011, una primera reforma de las pensiones, apoyada por los sindicatos, la patronal, el PSOE y CiU. Era una reforma impuesta por la Comisión Europea, que exigía recortes para que España evitara el rescate europeo. Esta reforma de ZP intentó frenar el gasto en pensiones con 4 medidas polémicas pero eficaces: subir la edad de jubilación (de 65 a 67 años para 2027), elevar el periodo cotizado exigible para recibir el 100% de la pensión (de 35 a 37 años en 2027), aumentar los años exigidos para poder jubilarse a los 65 años (de 35 a 38 años y 6 meses en 2027) y aumentar el periodo de cómputo cotizado (de 16 a 25 años en 2022).

La segunda reforma de las pensiones la aprobó el Gobierno Rajoy en septiembre de 2013, esta vez en solitario (sin apoyos sociales ni de la oposición), con Bruselas también vigilante en plena época de recortes. Dos fueron las medidas impuestas: una mínima revalorización de las pensiones (no con el IPC, sino en función del déficit de la SS), que subieron un +0,25% entre 2014 y 2017. Y la introducción de un Factor de Sostenibilidad, para subir menos las pensiones futuras (suponía un recorte del -30% para 2050), aunque Rajoy tuvo que dar marcha atrás en 2017, forzado por el PNV, y retrasar su entrada en vigor (de 2019 a 2023). Pero no tocó las jubilaciones anticipadas, que volvieron a subir (del  38,3% en 2013 al 43,3% en 2018 y al 40% en 2019 (como en 2002).

La tercera reforma de las pensiones la promovió el Gobierno Sánchez, en octubre de 2020, al conseguir que una mayoría política (apoyo de todos los partidos, salvo VOX y la abstención de ERC y Bildu)  y social ( apoyo sindicatos y patronal) aprobara en el Pacto de Toledo (Congreso) 22 medidas de reforma, que se resumían en 4 medidas básicas: revalorización de las pensiones con el IPC, quitar a la SS los gastos impropios (y financiarlos con los Presupuestos), una subida extra de las cotizaciones del +0,6% (para recuperar “la hucha de las pensiones, vacía) y acercar la edad de jubilación real a la oficial. Para desarrollar esta última medida, el Gobierno Sánchez aprobó, a finales de 2021, penalizar las jubilaciones anticipadas e incentivar a los que se jubilen más tarde.

Esta 2ª fase de la reforma de pensiones de  2020 entró en vigor el 1 de enero de 2022 y supuso  un gran cambio en las jubilaciones anticipadas, con 2 medidas, “el palo” y “la zanahoria”. El “palo” es que se desincentivan las jubilaciones anticipadas, al establecer recortes en su pensión a los que se jubilen antes de la edad legal (64 años y 6 meses, en 2023, si ha cotizado menos de 37 años y 9 meses, y 65 años si ha cotizado más, una edad que subirá cada año hasta los 67 años en 2027). Si alguien cumple los requisitos de cotización y edad, podrá jubilarse hasta 2 años antes (a los 63 años si ha cotizado más de 37 años y 9 meses y a los 64 años y 4 meses si ha cotizado menos), pero perderá una parte importante de su pensión de jubilación, según lo que haya cotizado y según los meses antes que ser retire (ver aquí tablas de deducción): perderá un -21% de jubilación si se retira 2 años antes, un -5,5% si lo hace 1 año antes, un -4% si se jubila 6 meses antes, -3,5% en caso de faltarle 3 meses y un -3,2% si le falta un mes (y entre el -19 o -13% máximo y un -3,11 y -2,81 % mínimo si ha cotizado entre 38 y 41 años y 6 meses o más de 44 años y 6 meses).

Así que sigue siendo posible jubilarse antes (hasta 2 años antes), siempre que se haya cotizado lo suficiente, pero se pierde una parte importante de la jubilación el resto de la vida. Un ejemplo: un trabajador con 40 años cotizados, si se jubila a los 65 (podría) cobrará 1.700 euros de jubilación. Pero si se jubila a los 63, cobraría 1.377 euros (-19%) cada mes. Y si vive 20 años, habrá perdido 90.440 euros de pensión… Un “palo” importante, como para jubilarse antes (los despedidos pueden jubilarse 4 años antes de la edad legal).

La “zanahoria” es que el Gobierno Sánchez aprobó, en paralelo a estos recortes, unos incentivos para que los trabajadores retrasen su jubilación, hasta un máximo de 10 años. Son 3 incentivos, para que el trabajador elija (ver cuadro). La 1ª opción (la que se aplica si el trabajador no elige otra), supone cobrar un 4% más de base reguladora de la pensión cada mes por cada año que se retrase la jubilación a partir de la edad legal (65 o 66 años y 6 meses, según lo cotizado). Eso supone entre 40 euros y 113 euros más al mes por cada año de retraso (según lo que uno cotice) en la jubilación futura. La 2ª opción es cobrar una cantidad fija, un “cheque”, al jubilarse con retraso, una cantidad que oscila entre los 6.000 y 12.000 euros por año de retraso (según lo que se cotice). Y la tercera opción, la mixta, es una combinación de ambas: 2% de aumento mensual y una cantidad fija.

De momento, “la zanahoria” está empezando a funcionar y en 2022, un 5,4% de los nuevos jubilados optaron por retrasar su edad de jubilación, según el ministro Escrivá, quien explicó que estos jubilaciones recibirán un incentivo medio de 30.000 euros, aunque algunos llegarán a cobrar un incentivo de hasta 120.000 euros. El Gobierno Sánchez ha comunicado a Bruselas que espera que 500.000 jubilados retrasen su jubilación cada año, lo que supondrá un gran ahorro para la Seguridad Social, dado que por cada año que se retrase la edad real de jubilación (ahora, en septiembre de 2023, está en 65 años y se confía en dejarla en 66,6 años para 2030), la SS se ahorra 14.000 millones anuales.

Con todas estas medidas, se consiguió frenar las jubilaciones anticipadas en 2022 (el 37,3% de las jubilaciones, frente al 40% en 2019) y en 2023: suponen el 34,53% de las jubilaciones hechas de enero a septiembre, el porcentaje más bajo de este siglo. Han sido 82.637 jubilaciones anticipadas (de un total de 239.305 jubilaciones), 7 de cada 10 solicitadas por hombres, que suponen el 57% de los jubilados totales (eso se debe a que las mujeres tienen carreras de cotización más cartas y sueldos más bajos, por lo que no se pueden permitir jubilarse anticipadamente y perder parte de una pensión que es un 31,65% inferior a la de los hombres (1.080 euros frente a 1.580 euros la jubilación media en octubre). Y así, la edad real de jubilación ha subido de 64,4 años en 2019 a 65 años en 2023.

A pesar de esta mejora en las jubilaciones, quedan dos importantes temas pendientes El primero, qué hacemos con los parados mayores de 50 años, que no encuentran trabajo y a los que quedan muchos años para poder jubilarse. A finales de septiembre estaban parados 819.000 personas con más de 50 años, según la EPA, casi el 30% de todos los parados. Y de ellos, 229.400 parados tenían más de 60 años. Estos parados mayores tienen un serio problema para encontrar empleo, pero no tienen la edad para jubilarse, les faltan muchos años (hasta 15 y 17 años algunos). ¿Qué pueden hacer? Pues lo que hacen: buscar trabajo, malvivir con “chapuzas” (economía sumergida) y apuntarse al paro para cobrar algo hasta que se les acaba el desempleo. Y luego, si tienen más de 52 años, cobrar un desempleo asistencial de 480 euros al mes hasta que se jubilen. Eso si cumplen 3 requisitos: haber cotizado al desempleo durante al menos 6 años, estar registrado en las oficinas de paro (y no rechazar trabajos “adecuados” ni cursos de formación) y presentar cada año una declaración de rentas para justificar que ni ingresan más de 1.080 euros.

Hasta 2019, este paro asistencial a los mayores sólo lo recibían los mayores de 55 años. En marzo de 2019, el anterior Gobierno Sánchez rebajó  la edad para recibir este subsidio a los 52 años. Y además, mejoró lo que el Estado cotiza por ellos, ahora el 125% de la base mínima de cotización. En septiembre de 2023, 433.888 parados mayores de 52 años cobraban este “subsidio asistencial” (480 euros al mes), según los datos del SEPE, sólo algo más de la mitad de los parados mayores de 50 años (819.500). Y su futuro es siniestro: esperar entre 11 y 17 años (según los años cotizados) para poder jubilarse a la edad legal...

En realidad, lo que se hace es “subvencionar” a estos mayores para que no se jubilen anticipadamente, ya que no pueden. Ahora que el Gobierno Sánchez ha prometido a Bruselas una reforma de los subsidios de paro (somos el 2º país que más gasta en desempleo, tras Francia, y no conseguimos que los parados encuentren trabajo), sería un buen momento para estudiar qué se hace con los parados mayores de 52 años. Habría que pensar en jubilar anticipadamente a una parte de ellos, por ejemplo a los parados mayores de 60 años (229.400), que tienen casi imposible trabajar. La medida tendría un coste adicional, para asegurarles una pensión “decente”, pero su situación actual es insostenible. Y para el resto de parados mayores, fomentar su reciclaje y las ayudas para recolocarlos.

La otra reforma laboral pendiente es la de la jubilación parcial, la que puede solicitar un trabajador (a partir de los 60 años) para cambiar su contrato por uno a tiempo parcial (con una reducción de jornada del 25 al 50%, e incluso del 75% si al que le releva le hacen un contrato indefinido a tiempo completo ), ligado o no a la contratación de un joven (contrato de relevo), con lo que la empresa le paga un sueldo (menor) y la Seguridad Social una pensión complementaria. Esta jubilación parcial ha perdido “fuelle” en España, pues subió de  23.804 jubilaciones parciales en 2014 a 35.363 en 2018 (el 10,77% de todas las jubilaciones), para bajar después a 25.131 jubilaciones parciales en 2022 (el 7,66% del total) y 18.519 este año 2023 hasta septiembre (7,7%).

Sindicatos y patronal están de acuerdo en promover la jubilación parcial (lo incluyeron en el 5º Acuerdo para la Negociación Colectiva, firmado en mayo de 2023), dado el creciente envejecimiento de las plantillas (4,4 millones de trabajadores actuales tienen más de 55 años, 1 de cada 5 ocupados, y casi 2 millones de ellos tienen más de 60 años) y el abultado paro juvenil (856.400 jóvenes menores de 30 años están sin trabajo, el 30% de todos los parados). Habría que buscar una vía para que los más mayores fueran dejando su puesto (y enseñando) a los más jóvenes, sin perder ingresos. El Gobierno Sánchez se comprometió con sindicatos y patronal a reformar la jubilación parcial antes del 30 de junio de 2023, pero luego se convocaron elecciones y no se pudo hacer. El tema polémico es que, con el sistema actual, las empresas cotizan lo mismo por el trabajador mayor que reduce su jornada y se jubila parcialmente, lo que desincentiva que empresas (y el sector público, que apenas lo utiliza) lo hagan.

En resumen, que los españoles ya no se jubilan anticipadamente como antes, porque las distintas reformas de las pensiones se lo han puesto más difícil, lo que es bueno para las cuentas de la Seguridad Social. Pero los que pueden seguir trabajado después de los 65 (o de los 67), ahora tienen incentivos para hacerlo y mejorar así las cuentas de las pensiones. Eso sí, tenemos 2 problemas que afrontar: qué hacemos con los parados mayores que todavía no pueden jubilarse y cómo ayudamos a las empresas para que rejuvenezcan sus plantillas, en ayuda de los jóvenes. Dos retos claves para el próximo Gobierno Sánchez.