El Gobierno Rajoy
utiliza los informes internacionales para presumir de lo mucho que crece España
o para justificar sus recortes. Pero los ignora cuándo le vienen mal. Es lo que
ha hecho con los últimos informes de la
OCDE y la Comisión Europea, que alertan de que el crecimiento en España no
ha reducido la pobreza y la desigualdad,
de las más altas de Europa. Y proponen que el Gobierno aumente las ayudas a familias, parados y pobres (menores que en Europa)
y que gaste más en políticas activas de
empleo y en reformar las oficinas de
empleo. Y que recaude más para
aumentar el gasto social, porque estamos a la cola de Europa. Pero nada de
esto va en los Presupuestos 2017 aprobados el viernes. Y eso que 4 de cada 10 españoles está en una situación precaria y hay más de 10 millones de adultos vulnerables (parados o con un empleo precario).
España tiene una grave situación social y urge afrontarla con más ayudas y medidas. Lo dicen hasta la
Comisión Europea y la OCDE.
El último toque de
atención lo dio la OCDE el 14 de
marzo, en su informe sobre España: “la recuperación está
en marcha pero la crisis ha dejado unos niveles todavía muy elevados de
desempleo, pobreza y desigualdad”, por culpa, señalan, de “la devaluación de los salarios y la
precariedad en el empleo”. El informe recoge que España es el tercer país de la OCDE donde más ha crecido la pobreza durante la crisis (tras Lituania y Rumanía) y
el
8º país con más pobreza relativa entre los 35 paises desarrollados de
la Organización (un 15,5% de la población, frente al 11,8% en la OCDE),
tras Israel, EEUU, Turquía, Chile, México, Estonia y Japón. Y resalta el grave problema
de la pobreza infantil en España,
que alcanza al 23,4% de los menores, casi el doble que en la OCDE (13,3%).
Además, la OCDE alerta del aumento de la desigualdad, colocando a España como el 9º país de la OCDE con más desigualdad,
tras Chile, México, USA, Turquía, Israel, Estonia, Reino Unido y Lituania.
Basten dos datos, del último informe de Intermón Oxfam. Uno, el 1% de la población española más rica acapara más
de la cuarta parte de la riqueza (27,4%), mientras el 20% de españoles más
pobres sólo se queda con el 0,1%. Y el otro, que los tres españoles más ricos (Ortega de Inditex, Roig de Mercadona y del Pino de
Ferrovial) tienen el mismo patrimonio que el 30% de españoles más pobres (14
millones de personas).
Dos semanas antes, el 22 de febrero, la Comisión Europea emitía su informe España 2017 y volvía a destacar la fuerte
recuperación de la economía pero alertando
del elevado paro de larga duración, un nivel elevado de pobreza y mucha
desigualdad. Los datos de Eurostat son impactantes. España es
el tercer país europeo donde más ha
crecido la pobreza durante la crisis (solo ha crecido más en Grecia y
Chipre), alcanzando ya al 28,6% de la población (tasa AROPE), frente al 23,1%
en la zona euro y el 23,7% de la UE-28, lo que nos convierte en el 9º país con más pobreza de Europa y el
segundo entre los grandes (tras Italia). Y la Comisión destaca un hecho
nuevo: la pobreza entre los que tienen
trabajo, que afecta ya a un 13,1% de los trabajadores españoles. Y la pobreza infantil, que alcanza al
34,45 de los menores españoles, que viven en familias que ingresan menos del
60% de la media.
Y además, la Comisión Europa destaca que España es el tercer país europeo donde más ha crecido
la desigualdad durante la crisis (tras Lituania y Rumanía), mientras se
reducía en Portugal, Alemania, Francia, Holanda, Bélgica y 7 países más. Y que somos el 4º país del continente con más desigualdad, tras Rumanía, Lituania y Bulgaria: el 20% más rico tiene
6,9 veces más patrimonio (riqueza) que el 20% más pobre, frente a 5,2 veces que
es la desigualdad media en la zona euro, según Eurostat.
Así que España lleva
tres años creciendo mucho y creando empleo, pero la pobreza ha seguido
creciendo y también la desigualdad, mientras tenemos el doble de paro que Europa (18,63% frente al 9,6%) y un paro cada vez más “crónico:
2.392.000 parados (el 56,4%) llevan más de 1 año sin trabajo y 1,2 millones (el 28%) llevan más de 4 años en paro. No es para “tirar cohetes”, a pesar del
triunfalismo de Rajoy. Y menos porque la
pobreza y la desigualdad se están haciendo crónicas,
se han enquistado estos 8 años de
crisis en determinadas familias y colectivos: parados, mujeres, emigrantes,
jóvenes y madres solas con hijos, según el reciente informe sobre el Estado Social de la Nación, elaborado por los Directores y Gerentes
de Servicios Sociales. Según sus datos, 4
de cada 10 españoles (casi 20 millones), están en algún grado de pobreza: entre 1,5 y 3 millones están en pobreza extrema (ingresan menos del
30% de la media), otros 10,2 millones
están en situación de pobreza (ingresan menos del 60% de la media) y 6 millones más viven con precariedad, porque no pueden afrontar gastos
imprevistos, no comen adecuadamente o no se pueden tomar ni una semana de
vacaciones. Y casi 2 millones de hogares españoles (1,1 de cada 10 familias) sufren pobreza energética.
Lo que preocupa a estos expertos sociales no es sólo la
pobreza sino que unos años sin ingresos y con muchas carencias materiales lleva
a muchas personas y familias a la exclusión social, al desapego, al “desenganche” con la sociedad, a la marginación, fuente de
múltiples problemas y conflictos sociales: violencia, delincuencia y xenofobia,
deterioro de la salud física y mental, graves problemas de la infancia y desprecio
por la democracia, propiciando los populismos y extremismos. Y destacan que hay muchos españoles a los que
sólo preocupa sobrevivir, vivir al día. “Nos han robado el futuro”, sentencian.
El paro, la pobreza,
la marginación y las desigualdades no son sólo el fruto de la crisis que estalló en 2008, sino que están causados sobre todo por las políticas aplicadas en Europa y en
España por gobiernos conservadores, según este análisis del Estado Social de la Nación. En primer lugar, de una reforma laboral aprobada por el Gobierno Rajoy en febrero de 2012 que ha precarizado el empleo (sólo 1 de cada 20 nuevos contratos son fijos y a tiempo
completo) y ha facilitado la devaluación de los salarios (6 millones de personas ganan menos del salario
mínimo), dos causas principales de la pobreza y la desigualdad. Y una política de empleo que ha recortado las prestaciones a los parados
(el 53% de los parados EPA no cobra nada) y que no ayuda a encontrar trabajo
porque las oficinas de empleo no funcionan.
Otra causa de
pobreza y desigualdad es la política fiscal del Gobierno Rajoy, que llegó al poder en 2011 subiendo los
impuestos a la mayoría (las familias pagan el 85% de los impuestos), mientras no consigue que paguen lo que deberían las
grandes empresas (tributan por el 7,3% de sus beneficios), las multinacionales
y los más ricos. Y además, los impuestos no sirven para corregir la pobreza y la desigualdad porque las
transferencias públicas “benefician sobre todo a las rentas más altas: en
España, el 10% más pobre recibe menos del 5% de las transferencias públicas y
el 20% restante el 7%, mientras el 10% con más ingresos recibe el 20,5%, según
el último informe de la OCDE. Y además, España es el tercer país de la OCDE (tras
Grecia e Italia) donde los más pobres reciben menos transferencias fiscales del
Presupuesto.
Una tercera causa
del aumento de la pobreza y la desigualdad en España son los recortes de las ayudas sociales, desde 2010 y más en 2012 y
2013, que han agudizado un problema que ya teníamos antes: España gasta menos en protección social, un 17,6% del PIB, frente al 20,4% de
la zona euro, el 19,5% de la UE-28, el 18,8% de Alemania, el 16,5% del reino
Unido y el 24,8% de Francia, según Eurostat. O sea, que tenemos más pobreza y desigualdad que el resto de
Europa y encima gastamos 38.000 millones
menos cada año en protección social, en pensiones, familia, desempleo y
gastos sociales. Así estamos como estamos.
Cara al futuro, aunque sigamos creciendo,
preocupa que hay demasiados españoles muy
vulnerables. De hecho, 1 de cada 3
españoles en edad de trabajar, 10.314.000 españoles están en una situación vulnerable:
4.237.000 porque están parados (EPA 2016),
721.000 más porque están inactivos pero les gustaría trabajar y 5.355.000
personas más porque son trabajadores con contratos precarios y muy bajos
salarios, según un reciente estudio realizado por Fedea y Accenture. De esta enorme bolsa de españoles “vulnerables”,
algo más de la mitad (5.250.000 personas)
son “especialmente vulnerables”, con un elevado riesgo de seguir en el paro o perder
su empleo. Y el estudio incluso valora ese riesgo: cree que 4.168.000 españoles seguirán en paro (1.805.000) o con un trabajo precario (2.363.000) a finales
de 2017, a pesar del 2,5% que crezcamos este año. O sea, que 1 de cada 7 españoles adultos no se van a beneficiar de la recuperación que tanto cacarea el Gobierno Rajoy. Son, básicamente, mujeres, mayores de 50 años y jóvenes menores de 30, con poca formación,
sobre todo de Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña.
Algo habría que hacer, pronto y con firmeza. La Comisión Europea y la OCDE coinciden en
muchas de las recetas que han dado al Gobierno español, sin
que las hayan incluido en los Presupuestos para 2017 que se presentan este martes al Parlamento. En primer lugar, la OCDE y Bruselas piden más ayudas públicas a las familias, sobre todo con hijos, ayudas para
paliar sus bajos ingresos y para que consigan una guardería. Y eso porque España gasta en ayudar a las familias la
tercera parte que los paises europeos (un 0,6% del PIB frente al 1,7% en la
UE-28 y el 1,2% en la OCDE). Además, están mal orientadas. El 2% de las ayudas
familiares se destinan a las rentas más bajas, frente al 20% en la UE. En
segundo lugar, ambos proponen aumentar las ayudas directas a los más pobres, tanto las del Estado como las de
las autonomías: creen que la renta básica debería llegar a más familias (la reciben 262.307) y
tener más cuantía (se pagan 420 euros de media, con grandes diferencias entre
los 665 euros que paga el País Vasco a los 300 euros de Murcia). Y en tercer
lugar, piden que España gaste más subsidios de paro y en políticas activas de empleo (gasta un
0,5% del PIB, frente al 0,9% de Francia
o el 0,64% Alemania) y se reformen
las oficinas de empleo (SEPE), que hoy sólo ayudan a encontrar trabajo al 2% de
parados.
Tanto la OCDE como la Comisión Europea le dicen al Gobierno Rajoy
de dónde pueden sacar más ingresos para pagar estas ayudas sociales: de subir el IVA a muchos productos que lo tienen reducido (Montoro ya ha dicho que no les hará caso), de subir los impuestos al gasóleo (igualarlos a los de la gasolina,
algo que también rechaza el Gobierno, recaudaría 1.400 millones extras) y otros impuestos medioambientales, de quitar exenciones (las ayudas a la compra
de vivienda en el IRPF cuestan 1.200 millones al año) y de la lucha contra el fraude fiscal (sobre
todo de grandes empresas, multinacionales y los más ricos), factores que
explican que España recaude 84.000 millones menos al año en impuestos que la media de Europa.
La doble alerta de la
OCDE y la Comisión Europea sobre el paro de larga duración, la pobreza y la
desigualdad ha caído en saco roto (no
sólo en el Gobierno: tampoco ha
recogido el guante la “oposición”) y
los problemas no tratan de paliarse con las recetas propuestas (ni con otras). Mientras,
4 de cada 10 españoles viven con pobreza o precariedad, con 629.700 familias que no tienen ningún ingreso, según la última EPA. Y
eso en un país donde se han recortado las ayudas públicas y el gasto social está a la cola de Europa. No podemos seguir así, porque la
recuperación está dejando atrás a más de una tercera parte del país,
que vive al día, que no puede hacer planes, que sólo busca sobrevivir. Una peligrosa fuente de desapego, de
marginación y pasotismo, un peligroso cocktail político y social.
No podemos dejar que les roben el futuro,
que es el de todos. Hay que rebajar el paro, la pobreza y la desigualdad para
conseguir una sociedad más justa y estable. Ya les han dado las recetas. Aplíquenlas.
