EPA marzo 2018 : menos empleo y más paro

En el primer trimestre de 2018 se han perdido 124.100 empleos, casi el doble de los perdidos en el primer trimestre de 2017 y 2016, a pesar de que este año ha caído la Semana Santa en marzo, no en abril, y eso debería haber creado empleo. Pero el empleo ha “pinchado”, en los servicios y en la industria y en 15 autonomías. Y también ha subido el paro, mientras la mitad de los parados llevan ya más de 1 año sin trabajar y no cobran ningún subsidio. Pero  además, el Gobierno va a cambiar los subsidios desde el 1 de mayo, recortando más las ayudas al 75% de los parados, mientras las oficinas de empleo ni forman ni recolocan. Seguimos con más del doble de paro que Europa y este año puede ser malo para el empleo, porque se está enfriando el turismo, el petróleo bate récords y sube el euro y los tipos, lo que puede frenar el crecimiento, ya más moderado en Europa. Urge pactar  un Plan de empleo, con ayudas y medidas para emplear a jóvenes, mujeres y mayores. Es la gran preocupación de los españoles. Dejen de ocuparse de otras cosas y consigan más trabajo decente.

enrique ortega

El primer trimestre siempre es malo para el empleo, porque se acaban los contratos de Navidad y rebajas. Pero este año, la Semana Santa ha caído en marzo, no en abril, lo que debía haber mejorado el empleo. No ha sido así: se han destruido 124.100 empleos en el primer trimestre, según la EPA conocida hoy, el doble de empleo perdido que en los dos últimos años (-69.800 empleos perdidos en 2017 y -64.600 en 2016). El empleo ha “pinchado” sobre todo en los servicios (-110-500 empleos), en el turismo, la hostelería y el comercio, y en la industria (-39.400 empleos), mejorando en la agricultura (+13.100 empleos) y en la construcción (+8.200 empleos). El empleo se ha perdido más entre las mujeres (-69.000 empleos) que entre los hombres (55.100) y en casi todas las edades: entre los trabajadores de 30 a 40 años (-93.400 empleos), los menores de 30 años (-35.300) y los que tienen de 50 a 54 años (-25.700 empleos). Y sólo se ha creado empleo  en Madrid (+21.900) y Canarias (+7.600), perdiéndose en las 15 autonomías restantes, más en la Comunidad Valenciana (-38.200), Baleares (-31.600) y Castilla la Mancha (-21.900 empleos).

El poco empleo creado este primer trimestre ha sido otra vez un empleo muy precario, aunque menos que en 2017: de los 4.943.000 contratos firmados entre enero y marzo (una barbaridad, porque se hacen muchos para cada empleo), el 89,06% fueron temporales y un 10,94% indefinidos, más que el 9,88% de contratos indefinidos firmados en todo 2017, según datos de Empleo. Y un 34,05% fueron a tiempo parcial, por horas, mientras el 65,95% eran contratos a jornada completa. Con ello, sólo el 6% de todos los contratos firmados en 2018 han sido “normales”, fijos y a jornada completa, una precariedad que se arrastra desde 2009. Y por ello, el 26,11% de todos los trabajadores asalariados tienen ahora un contrato temporal (la cuarta parte de los nuevos, por menos de una semana), el porcentaje más alto en Europa. Y un 15% tienen un empleo a tiempo parcial, el 60% porque no encuentran otro.

La pérdida de empleo ha aumentado el paro en el primer trimestre, aunque sólo en +29.400 personas, porque se ha reducido el número de personas que buscan trabajo (los “activos”) en 94.700 personas (“desanimados, que tiran la toalla y ya no buscan empleo). Con ello, el número de parados sube a 3.796.100, según la EPA de hoy, con lo que la tasa de paro sube al  16,74%. Y somos el 2º país con más paro de Europa (tras el 20,8% de Grecia) y tenemos más del doble de paro que el continente (7,1% en la UE-28 en febrero) y cinco veces el paro de Alemania (3,5%), según los últimos datos de Eurostat. Y lo peor es el paro juvenil, de los menores de 25 años: en España afecta al 40,8% de jóvenes, frente al 17,3% en Europa (UE-28), el 22,6% en Francia, 12,2% en Reino Unido y 6,7% en Alemania.

El paro en España se concentra en las mujeres (son más de la mitad de los parados: 1.955.400, con una tasa del  18,54%, frente al 15,18% los hombres), los jóvenes (37% de paro entre los menores de 29 años), los inmigrantes (24,28% de paro) y los mayores de 50 años (el 15,25% de paro, el triple que en 2007), donde ya hay 999.400 españoles mayores sin trabajo (y sin posibilidad de tenerlo la mayoría). Además, el paro se concentra  también en 6 autonomías, que mantienen una tasa de paro “insoportable” superior al 20%: Ceuta (31,44%), Melilla (27,24%), Extremadura ( 25,94 %),  Andalucía ( 27,74 %), Castilla la Mancha (20,68%) y Canarias ( 20,62%), la media España pobre, que contrasta con el paro “casi europeo” de la España rica, Navarra ( 10,54% de paro), País Vasco (10,76% ) y la Rioja (11,03%). Y un dato estremecedor: han aumentado (+ 31.300) los hogares donde no trabaja nadie: son ya 1.241.800 hogares con todos sus miembros en paro.

Pero quizás el dato más preocupante es que el paro se enquista y la mitad de los parados llevan más de 1 año sin trabajar, los llamados “parados de larga duración”: en marzo de 2018 eran 1.888.700 personas, el 49,75% de todos los parados, según la EPA del primer trimestre (en la UE-28 son el 43% de los parados). Y de ellos, 1.363.800 llevan ya parados más de 2 años y un millón largo más de 4 años sin trabajo, según un estudio de Fedea. Son una enorme bolsa de “parados crónicos”, que tienen muy difícil volver a trabajar, porque están “fuera del mercado”. Y no sólo por su edad (un tercio superan los 50 años) sino porque tienen poca formación: un 63% de estos parados de larga duración sólo tienen la ESO (o incluso menos) y eso les aleja aún más de poder ser contratados.

Mientras ven difícil recolocarse, el mayor problema de muchos de estos “parados viejos” es sobrevivir, porque tras tantos meses en el paro, se les ha agotado el subsidio en muchos casos. Y así nos encontramos con que más de la mitad de los parados EPA no cobran ya ningún subsidio de paro: en febrero de 2018, según los últimos datos de Empleo, sólo cobraban alguna ayuda 1.913.555 parados, el 50,4% de los parados estimados (EPA). Y encima, de los parados que cobran, sólo algo más de un tercio (773.381 parados) cobran el subsidio contributivo de 821 euros al mes y los dos tercios restantes cobran un subsidio asistencial (de 6 a 11 meses) de sólo 426 euros mensuales. Los 1.882.545 parados restantes (el 49,6% del total) no cobraban nada, ningún subsidio: cuando Rajoy llegó a la Moncloa, a finales de 2011, los que no cobraban ningún subsidio eran el 44,5% de los parados).

Esta rebaja en el número de parados que cobran alguna ayuda es algo buscado, tras los recortes aplicados en 2012 y después a las prestaciones por desempleo, con objeto de recortar el gasto y el déficit público. Así, el gasto en desempleo ha pasado de un máximo de 32.366 millones en 2009 a 17.397 millones que se gastaron en 2017, según la liquidación del Presupuesto. Y esa caída del gasto (-46,26%) no se corresponde con la caída del paro estimado en esos años (-559.800), que ha sido menor (-12,93%), con lo que ha caído el porcentaje de parados que no cobran y los que cobran reciben menos (821 euros mensuales  frente a 864 euros en 2011) y de forma muy desigual: en Baleares, los parados cobran 984,60 euros de subsidio frente a 696,30 en Extremadura y 784,60 euros en Canarias.

El Gobierno Rajoy busca seguir recortando el gasto en los parados, para que le ayuden a rebajar el déficit público como ha prometido a Bruselas. Y por eso, ha propuesto a las fuerzas sociales una reforma del seguro de paro que entra en vigor este 1 de mayo, aunque los sindicatos están en contra. Elcambio afecta al subsidio asistencial, el que cobran los que ya han agotado el seguro contributivo por el que cotizaron. Ahora había tres modalidades (Renta activa de inserción, Plan Prepara y Programa de Activación para el Empleo) que se van a unificar en una sola (Renta complementaria de Desempleo, RED). Se cambian los plazos y requisitos, de tal manera que un 75% de los actuales beneficiarios van a salir perdiendo, según el análisis de CCOO. Los parados con responsabilidades familiares perderán entre 1 y 3 meses de subsidio y los que además tienen más de 45 años, perderán 9 meses, según UGT. Y los que parados con responsabilidades familiares que han cotizado entre 6 y 12 meses, perderán entre 3 y 42 meses de subsidio. Además, la nueva ayuda será de 430 euros mensuales, menos de lo que reciben los parados del Plan Prepara con familia (457 euros) y no tendrán ayuda los parados cuyo cónyuge gane poco más del salario mínimo.

Así que si hoy reciben ayudas la mitad de los parados, pronto van a ser aún menos. Y encima, tampoco les ayudan las oficinas de empleo (SEPE) a formarse ni a encontrar trabajo. ). Los datos son demoledores. Uno, los parados tardan 9 meses y medio (de media) en recibir la primera atención personalizada en la oficina del SEPE y un tercio de ellos la reciben cuando llevan ya más de un año parados, según un detallado estudio de Fedea. Dos, el 91,3% de los parados registrados no recibe ninguna orientación personalizada para encontrar trabajo. Y tres, sólo el 2% de los parados encuentran trabajo gracias a las oficinas de empleo, frente al 10% de media en Europa y en Alemania. El resto lo encuentra gracias a las ETTs privadas (el 17%) y sobre todo por su cuenta (81%). Y además, Las oficinas de empleo tampoco forman a los parados: en 2016, sólo 152.544 parados recibieron cursos de formación, un 4,12% de los parados registrados, según las últimas estadísticas del SEPE.

Con este panorama (empleos perdidos y mucho parado sin salida), España debería plantearse crecer mucho más y crear más empleo, para acercarse a niveles europeos. Porque no sólo tenemos más del doble de paro que Europa (16% frente al 7,1%) sino que tenemos mucha menos gente trabajando, razón por la que somos más pobres: la tasa de empleo en España es del 65,5% (trabajan dos tercios de los españoles entre 20 y 64 años), mientras en la UE-28 trabajan el 72,2%, según Eurostat. Eso significa que para ser como Europa, deberían trabajar un 6,7% más de españoles, casi 2 millones más. O sea, que no se trata sólo de recuperar el empleo de antes de la crisis (20,7 millones en septiembre 2007, cuando ahora trabajan 18,87 millones), sino también crear 2 millones más (22,7 millones). Habría que crear, en total, 3,8 millones de empleos para tener un nivel de ocupación europeo.

Este debería ser el gran objetivo nacional, no regodearse en el triunfalismo del Gobierno Rajoy, que se apunta el triunfo de haber creado 2 millones de empleos desde 2014 (aunque en realidad sólo han creado 721.200 empleos desde que llegaron, a finales de 2011). Y no es un objetivo fácil, porque aunque España crece casi al 3%, no crea mucho empleo (490.300 en 2017) y el 90% del empleo que se crea es precario, temporal y a tiempo parcial. Y encima, el empleo indefinido tampoco es seguro: un 40% de los contratos indefinidos no sobreviven más de un año, según  un reciente estudio publicado en el blog Nada es gratis.

Además, 2018 puede ser un año difícil para crecer y crear empleo (el Gobierno espera que se creen 475.000 nuevos empleos), porque hay tres incertidumbres en el horizonte: el posible pinchazo del turismo extranjero este verano (Turquía y Egipto han recuperado 1,4 millones de turistas solo en enero y febrero), el principal motor del empleo en España, la subida récord del petróleo (ha superado los 75 dólares barril, el máximo desde 2014), que encarecerá la factura energética del país y quitará dinero a familias y empresas, y la subida del euro (ronda los 1,23 euros por dólar), que encarece el turismo y las exportaciones, recortando también crecimiento y empleo. Y sin olvidar la esperada subida de tipos, empujada por EEUU, que subiría los intereses de la deuda del Estado, empresas y familias, restando también empuje a la economía, que ha moderado su crecimiento en la eurozona, según acaba de advertir Draghi, presidente del BCE. Por todo ello, urge que el Gobierno ponga el contrapunto a estas incertidumbres, reanimando la economía, no haciendo más recortes como plantean los Presupuestos 2018.

Y sobre todo, hay que poner la prioridad en el empleo y el paro, que sigue siendo la primera preocupación de los españoles. Eso pasa por pactar de una vez un Plan de empleo, asentado en 4 patas: más ayudas a los parados (intentar que cobren alguna ayuda 1 millón de parados más, lo que costaría unos 5.000 millones anuales), mejorar la formación de los parados (es un escándalo que haya 1.800 millones de euros del presupuesto de formación sin gastar, según denuncia la patronal), reformar las oficinas de empleo a fondo (para que asesoren y recoloquen a los parados) y Planes específicos de empleo para jóvenes, mujeres y mayores de 50 años, los que más sufren el paro. En paralelo, habría que aprobar un Plan de choque contra la precariedad, con medidas de “palo” (aumentar la inspección de Trabajo para detectar el fraude de contratos temporales que debían ser fijos) y “zanahoria” (ayudas a las empresas que hagan fijos a temporales y subida de cotizaciones a las que abusen de la temporalidad), empezando por los sectores más precarios, como la hostelería, el turismo o el comercio, para imponer sanciones y dar ejemplo al resto.

Con la EPA del primer trimestre, el Gobierno tiene difícil hacer su habitual “triunfalismo barato”, mientras a la mayoría de españoles les sigue preocupando tener un empleo precario y mal pagado, que en cualquier momento pueden perder. Y a 3.796.100 españoles (1 de cada 6), seguir sin trabajo. Hay que plantearse de una vez por todas tomar medidas de fondo y afrontar ya el gran problema que nos hace diferentes de Europa: trabajamos mucha menos gente y tenemos más del doble de paro. Se puede arreglar, en unas décadas, pero hay que tomar medidas ya. No dejar pasar los meses y los años, agarrándose a que “se crea empleo”: ahora, ni eso. Muchos no lo tienen y otros están subempleados. No los olviden.

Mucha tarjeta y poco gasto social

En la Conferencia de presidentes autonómicos, celebrada en enero, uno de los pocos acuerdos fue crear una “tarjeta social” para controlar a las personas que reciben ayudas públicas, desde pensiones y paro a la dependencia o renta básica. Los expertos critican la medida, porque estas ayudas ya están controladas y la tarjeta sólo sirve para “estigmatizar” a los que las reciben (“vivo de la ayuda pública”), cuando muchas veces (pensiones, paro) son subsidios a los que tienen derecho porque han cotizado, no "un regalo". Mejor nos iría si los políticos hubieran pactado aumentar el gasto social, porque España gasta menos que el resto de Europa en sanidad, educación y gastos sociales: concretamente, 30.800 millones de euros menos al año en pensiones, paro, vejez, familia y ayudas sociales. Y es un escándalo que PP y Ciudadanos se opongan a ayudar a las familias sin ningún ingreso, 620.000 hogares según la EPA. Menos tarjetas para “controlar a los pobres” y más ayudas sociales justificadas a los más débiles.
 

enrique ortega

El pasado 19 de enero, el ministro Montoro presumió en el Congreso de que era “un Gobierno muy social”: “casi un tercio de los españoles, más de 14 millones, reciben hoy una prestación de la Administración”, dijo ante la sorpresa de diputados y periodistas, que no contrastaron su cifra. Pero resulta que Montoro “manipuló los datos”: habló de 9,5 millones de pensionistas (ese es el número de pensiones: pensionistas hay 8.602.601) y de 3,7 millones de desempleados (esos son los que están “apuntados” en el paro, pero sólo 1.984.376 parados cobran algún subsidio), a los que habría que sumar los que reciben ayuda por la dependencia (865.564 a finales de 2016) y los que cobran la renta básica de las autonomías (264.279 personas). En total son 11.716.820 españoles que reciben ayudas públicas, no “más de 14 millones”. Uno de cada cuatro personas, no “casi uno de cada tres”. Y además, la mayoría de estas “ayudas” (pensiones, subsidio de paro) son prestaciones a las que las personas “tienen derecho” porque han cotizado (pagado) por ellas, muchos años. No son ningún “regalo”.

Dicho esto, ¿España hace mucho o poco gasto social? Comparémoslo con el resto de Europa. De entrada, el gasto público total es mucho menor en España: aquí, todas las Administraciones (Estado, autonomías y Ayuntamientos) gastan el 44,5% de la producción (PIB), mientras en los paises del euro gastan el 49,4% (y el 48,2% del PIB en la UE-28), según Eurostat. Son 53.900 millones menos de gasto público cada año (básicamente, por culpa de que también ingresamos menos). Y España gasta menos en todo. En sanidad (6,1% del PIB frente al 7,3% en la zona euro, el 7,2% en Alemania, el 7,6% en Reino Unido o el 8,2% en Francia). En educación (el 4,1% del PIB frente a 4,8% en la zona euro, el 4,3% en Alemania, 5,2% en Reino Unido y 5,5% en Francia). Y sobre todo, en protección social: España gasta el 17,6% del PIB, frente al 20,4% de la zona euro, el 19,5% de la UE-28, el 18,8% de Alemania, el 16,5% de Reino Unido y el 24,8% de Francia. Gastamos 30.800 millones menos cada año en protección social, en pensiones, familia, desempleo y gastos sociales.

Claro, de esto no podía presumir Montoro en el Congreso. Y menos de los recortes sociales hechos por el Gobierno Rajoy desde 2012, para intentar rebajar el déficit público (que apenas ha bajado, por cierto). España ha recortado el gasto en sanidad en -9.878 millones desde 2009, 1 de cada 7 euros. Otros -7.613 millones se han recortado en educación, 1 de cada 6 euros. Gastamos más en pensiones porque han aumentado los pensionistas, ya que las reformas de Zapatero (2011) y Rajoy (2013) sientan las bases de recortes de las pensiones futuras (hasta un -50% para 2050). En desempleo, el gasto público ha  pasado de 30.000 millones en 2011 a 18.636 en 2016 y aunque también han bajado los parados, ha sido menos. La consecuencia es que si en 2011 cobraban algún subsidio el 55% de los parados estimados (EPA), a finales de 2016 sólo cobraban el 46%: la mayoría (2.253.424 parados no cobran nada). En la Dependencia, ancianos y discapacitados han sufrido un recorte del Estado de -2.865 millones entre 2012 y 2015, provocando que haya 353.990 dependientes esperando recibir una ayuda que tienen reconocida (y muchos se mueren antes).

No sólo ha recortado ayudas sociales el Estado, también autonomías y Ayuntamientos. Los gobiernos regionales han recortado otros 1.000 millones en Dependencia y también las ayudas que dan a las familias con menos recursos, lo que se llama “renta básica”: la reciben 262.307 personas (últimos datos oficiales, de 2014), sobre todo emigrantes, mujeres solas con niños y personas sin hogar o en situación de pobreza extrema, que perciben 420,63 euros al mes de media . Pero hay grandes diferencias entre autonomías, tanto a la hora de cobrar (665 euros en el País Vasco y 300 euros en Murcia) como por gasto y población cubierta: 36 personas por 1.000 habitantes lo cobran en Euskadi frente a 2,6 en Baleares o Andalucía.

Los Ayuntamientos son un pilar básico de la protección social. Los servicios sociales municipales atienden cada año a 8 millones de españoles, a pesar de que cuentan con poco Presupuesto: 5.200 millones en 2.015, tras un recorte de casi 1.000 millones desde 2011. Pero aquí también hay muchas diferencias entre Ayuntamientos: de los 350 Ayuntamientos con más de 20.000 habitantes, sólo 12 alcanzan la excelencia en inversión social, según un estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Entre ellos, Madrid, Zaragoza, Las Palmas, Linares, Martorell, Vélez Málaga y Baza (el mejor: gasta 167 euros/habitante). Y otros 75 grandes Ayuntamientos hacen un gasto social “precario” (gastan menos de 50 euros por habitante), entre los peores Pontevedra, Pozuelo, Leganés, Mérida o Torrevieja, que integran un grupo de 37 grandes ayuntamientos que son “pobres” en servicios sociales.

Con este panorama tan penoso del gasto social en España, lo normal hubiera sido que los presidentes autonómicos aprovecharan la Conferencia con Rajoy para sacarle un Pacto social para gastar más y paliar los recortes sociales de la crisis, máxime cuando 7 autonomías están gobernadas por el PSOE. Pero no. El único acuerdo de la Conferencia fue crear una “tarjeta social” para controlar las ayudas públicas que se dan. Una medida duramente criticada por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que la consideran “un gasto inútil” (porque ya hay medios para controlar las ayudas) y una forma de “estigmatizar” a los que las reciben (el titular pertenece a un “Club de pobres”), una vieja obsesión  de los sectores más reaccionarios, empeñados en “controlar” a los más desfavorecidos. Y comentan que a nadie se le ocurriría proponer una “tarjeta patrimonial” para conocer las ayudas y subvenciones públicas que reciben empresas y particulares y donde se ha detectado mucha corrupción.

Y mientras se prepara la tarjeta social (“yo recibo ayudas públicas”), no se resuelven los grandes problemas sociales pendientes. Empezando por las pensiones. España es el 15º país europeo que menos gasta en pensiones, un 11,4% del PIB (121.268 millones en 2016), bastante menos que Italia (16,1%), Francia (14,9%), Portugal (14,8%), Alemania (12,3%) o reino Unido (11,8%), según datos de Eurostat. Hace falta una reforma pero sobre todo más recursos, vía impuestos, cotizaciones y menos “tarifas planas”. Lo mismo pasa en el desempleo: España gasta en prestaciones el 2,5% del PIB, más que la zona euro o Alemania (1,8%), según Eurostat,  pero tenemos el doble de paro que la UE-19 y cuatro veces más que Alemania. Y además de que gastamos menos,  los que reciben un subsidio (el 46% de los parados EPA) ganan menos: un 61% del último salario en España frente al 69% en la zona euro, el 67% en Alemania y el 68% en Francia. En ayudas a la familia, España gasta casi la tercera parte de Europa (el 0,6% del PIB frente al 1,7% en UE-28), a pesar de que tenemos hundida la natalidad. Y en los servicios sociales municipales, el Gobierno Rajoy aprobó una Ley (27/2013) que les quitaba parte de las prestaciones (promoción social y dependencia), pasándoselas a las autonomías, cuestión que anuló en 2016 el Tribunal Constitucional, aunque los municipios están sin recursos.

Pero quizás lo más urgente es afrontar la grave situación de las familias que han quedado marginadas por la crisis, esos 3,3 millones de españoles en pobreza extrema, según Cáritas. Los sindicatos UGT y CCOO llevaron al Congreso en enero una iniciativa legislativa apoyada por 700.000 firmas para que una parte de esos españoles pobres recibieran una renta básica de 426 euros al mes, lo que tiene un coste de 12.000 millones al año. La iniciativa fue aprobada en el Pleno del 4 de febrero, con el apoyo de todos los grupos y el voto en contra del PP y Ciudadanos, argumentando que es “imposible de financiar”. Hay otros paises, como Finlandia, Holanda, Canadá o Alaska que han intentado aprobar experiencias de “rentas básicas”, aunque para pequeños colectivos. En España, quizás, podríamos empezar por aplicarlo a los que están peor de todos: las 629.700 familias que no tienen ningún ingreso, según la última EPA. Eso costaría 3.220 millones al año, algo más asumible.

Con todo, urge tomarse en serio que España equipare su gasto social al del resto de Europa. Y eso pasa por gastar más, al menos 24.000 millones más en los primeros años: 10.000 para tapar el agujero más urgente de las pensiones, 4.000 para un Plan de choque contra el paro, 2.000 millones más para la Dependencia, 3.500 millones contra la pobreza y 500 millones extras para los servicios sociales municipales, sin olvidar 2.000 millones más para la sanidad (está en situación financiera penosa) y otros 2.000 para la educación (mínimo). Parece una factura imposible, pero se podría pagar si España recaudara como el resto de Europa: ingresamos 50.000 millones menos cada año en los principales impuestos, según el último informe de la Comisión Europea. Y eso porque tenemos mucho fraude y porque hay tres colectivos que pagan (“legalmente”) menos de lo que deberían: las grandes empresas (pagan realmente el 7,6% de sus beneficios y muchas, como Banco de Santander o el Corte Inglés consiguen que Hacienda “les devuelva” en el impuesto de Sociedades), las multinacionales (evaden a través de otros paises) y los más ricos (SICAV). Así podríamos recaudar 42.000 millones más cada año, según los técnicos de Hacienda (GESTHA)

Incluso Montoro lo dijo en el Congreso el 25 de enero: “Hemos subido impuestos a las grandes empresas (en 2016) para preservar la cohesión social”. Pero la patronal CEOE no está por la labor y ha llegado a decir que “el discurso de Montoro con las empresas es más agresivo que el de Podemos”… No se puede seguir “tirando de la cuerda” y dejar a una parte creciente de españoles por el camino: somos el tercer país europeo donde más ha crecido la pobreza con la crisis, tras Grecia y Chipre. Y ya hay 13.180.000 españoles en situación de pobreza, según Eurostat, un 28,6% de la población (frente al 23,7% en la UE-28). Y también crece la desigualdad, un 15,5% durante la crisis, veinte veces el promedio europeo (+0,8%). Con ello, hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de advertir que España es el tercer país europeo donde los ricos acaparan más proporción de la renta: el 10% más rico acapara el 52,8% de la riqueza (y el 1%, el 20,3%), según datos recientes del Banco de España.

Así que vivimos en un país con demasiada pobreza y desigualdad, donde el Estado ha recortado sus ayudas y el gasto social está a la cola de Europa. Todo ello es un peligroso cocktail, fuente de populismo y desapego político y social. Una situación que no se resuelve implantando una tarjeta para controlar a los más desfavorecidos, sino gastando más en paliar las consecuencias más negativas de la crisis. Aunque eso obligue a algunos a pagar más impuestos, porque para eso se llevan lo mejor del pastel. Un país con más gasto social  sería un país más justo pero también más estable y más eficiente. Parece que no lo entienden. Lo malo es que tampoco los políticos, sean del color que sean. Así nos va.

EPA: empleo con cuentagotas (y para algunos)

En verano se ha vuelto a crear empleo, por segundo trimestre consecutivo, según la EPA conocida hoy. Pero sigue siendo muy escaso, sólo para los hombres, temporal, precario y mal pagado. Y los 5,42 millones de parados tienen el futuro muy negro. Casi 2 de cada 3 llevan más de un año sin trabajar, lo que reduce al 6,7% sus posibilidades. Y además, sólo hay una oferta de trabajo por cada 102 parados: apenas tienen posibilidades de colocarse los mayores de 45 años y los menores de 24.En definitiva, que 2 millones de parados no van a volver a trabajar nunca. Y la mayoría (dos de cada tres parados), ya no cobra el desempleo. Un drama que hay que atajar con urgencia, con ayudas a los parados sin recursos, con formación y con planes agresivos para recolocar a los parados mayores y jóvenes. Porque si no, habrá empleo (con cuentagotas) sólo para los parados de 25 a 45 años mejor formados.
 

enrique ortega

La EPA del tercer trimestre ha vuelto a crear empleo, como la del segundo, pero bastante menos: en verano se crearon 151.000 puestos de trabajo, menos que en primavera (+402.400 empleos). Uno de cada tres nuevos empleos son autónomos (+58.500) y los otros dos asalariados con contrato temporal (+122.400) mientras caen los empleos fijos (-26.700) y los de a tiempo parcial. Lo peor es que sólo hubo empleo para los hombres (+164.900), mientras seguían perdiéndolo las mujeres (-13.900). Los nuevos empleos siguen concentrados en los servicios (+ 108.800), debido al tirón del turismo y el comercio (rebajas), y crecieron poco en la industria (+ 71.800) y la construcción (+ 43.500), mientras caían en la agricultura (-73.100). Pero se trata de una buena noticia, ya que descontando la pérdida de empleo del primer trimestre, en 2014 se han creado ya  368.800 empleos netos, lo que no pasaba en España desde 2008.

El paro ha bajado más de lo que ha crecido el empleo, porque este trimestre han vuelto a caer las personas que buscaban trabajo (los “activos”), por la marcha al extranjero de inmigrantes y jóvenes españoles (44.200 personas menos buscando trabajo). Así, el paro se reduce en 195.200 personas y queda todavía en 5.427.700 parados, una tasa del 23,67 % (más del doble que en Europa: 10,1%). El paro ha bajado más en Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana, aunque lo preocupante es que hay todavía cinco autonomías que superan o rondan el 30% de paro: Andalucía (35,21%), Canarias (33,36 %), Ceuta (31,95%), Melilla (30,49%)y Castilla la Mancha ( 28,49%). Y que todavía hay 1.789.400 hogares donde todos sus miembros están en paro.

A corto plazo, el problema más grave para la mayoría de los parados es que ya no cobran ningún subsidio, muchos porque llevan más de 2 años en el desempleo y otros porque no han cotizado suficiente. El caso es que en agosto sólo cobraban alguna ayuda 2.528.055 parados registrados, un 46,5% de los españoles que se consideran parados según la EPA de hoy (5.427.700). Eso significa que  2.899.645 parados no cobran nada, un 53,5% de los parados EPA. Y de los que cobran, menos de la mitad (1.103.520 parados) cobra un subsidio contributivo, que sigue bajando (792 euros al mes de media, 53 euros menos que hace dos años) y el resto una ayuda “asistencial” de 426 euros al mes.

La situación es especialmente grave para 740.000 familias donde no entra ningún ingreso, según cálculos sindicales. Por eso, en marzo pidieron al Gobierno un subsidio especial, al menos para las 500.000 familias con hijos donde el padre (o madre) están en paro y no ingresan nada. Rajoy se comprometió en julio con sindicatos y patronal que esta nueva ayuda a los parados más desfavorecidos se empezaría a cobrar en octubre, pero acaba el mes y la promesa no se ha cumplido. Su coste sería de unos 2.500 millones anuales, menos de lo que costará rescatar el almacén de gas Castor o nueve autopistas privadas en quiebra. Pero lo que ha hecho el Gobierno Rajoy ha sido recortar las ayudas al desempleo, endureciendo las condiciones en 2012 y 2013. Y así, en 2015 hay presupuestados 25.000 millones para el desempleo, 6.000 menos que en 2010, a pasar de que hay 725.500 parados más. Y así pasa que si en 2010 cobraban subsidio el 75% de los parados, hoy no llegan a la mitad (46,5 %). Y cada mes que pasa, son 1.200 parados que pierden el subsidio.

La creación de empleo, aunque sea escaso, precario y mal pagado, es un dato alentador. Pero hay un grave problema de fondo: la mayor parte de ese nuevo empleo no llega a la mitad de los parados. Por dos razones. Primera, porque casi dos de cada tres parados llevan más de un año sin trabajar: 3.359.900 parados, un 61,90 % del total, son parados de larga duración, siete veces más que al comienzo de la crisis (en 2007 eran 500.000 parados). Y sus posibilidades de encontrar trabajo se rebajan al 6,7% (frente al 26,5% del resto), según un estudio de Asempleo. En su mayoría, estos parados de larga duración (2.343.600 llevan más de dos años buscando empleo) son padres de familia entre 30 y 44 años (40% del total ), mayores de 45 años (35%) y jóvenes (25%). Y su situación se agrava porque casi la mitad de estos “parados con antigüedad” tienen poca formación: 1,7 millones no tienen acabada siquiera la educación secundaria, según el INE.

La otra razón es que hay pocas ofertas de empleo y sólo llegan a algunos parados (pocos). En julio de 2014, había 102 parados por cada vacante de empleo (frente a 17,5 ofertas por parado en 2007). Con ello, España es, junto a Portugal, el tercer país europeo con menos ofertas de empleo por parado (tras Letonia y Polonia), un 0,6% frente al 1,6% de media en la UE, el 2,8% en Alemania o el 2,3% en Reino Unido. Y como hay pocas ofertas, las empresas se permiten elegir al máximo a los pocos que contratan. Y ahí, la mayoría de los parados quedan fuera de entrada: los parados mayores de 55 años sólo reciben el 0,5% de las ofertas, los parados de 45 a 55 años el 6,1% y los jóvenes de 16 a 24 años el 7,71%, frente al 53,1 % que reciben los de 25 a 34 años y el 32,52% de ofertas para los de 35-44 años, según el informe Infoempleo Adecco. O sea, que los parados  mayores de 45 años y los menores de 24 (suman el 45% de los parados) tienen muy pocas posibilidades de encontrar trabajo. Y menos aun los que tienen baja formación y ninguna experiencia.

Por ambas razones, llevar mucho tiempo en el paro y tener más de 45 años (o menos de 24), estos parados tienen muy difícil trabajar y más en Andalucía, Canarias, Castilla la Mancha y Comunidad Valenciana, las regiones con menos ofertas de empleo, según el informe. Y peor si buscan en la construcción (sólo recibe un 1,89% de ofertas), la agricultura (1,89% ofertas) o incluso los servicios (que reciben menos ofertas que la ocupación). Al final, todo esto ha llevado al catedrático José Ramón Cuadrado a afirmar que dos millones de parados no volverán a trabajar nunca. Son más de uno de cada tres parados. Un drama.

Con este panorama, uno de cada cuatro españoles sin trabajo y la tercera parte de ellos con riesgo de no volver a trabajar, es una temeridad echar las campanas al vuelo por haber creado 368.800 empleos este año. El Gobierno asegura que seguirá creándose empleo, pero hay expertos que temen que el crecimiento se haya desinflado (por el estancamiento en Europa y Latinoamérica, mientras China echa el freno). Y los propios directivos de empresas no piensan en contratar este otoño, según una encuesta de Manpower. La horquilla del empleo estará entre los 240.000 empleos netos que prevé el Gobierno y los 109.000 empleos que vaticina el FMI para este año en España. A este ritmo, harían falta 20 años para recuperar el nivel de empleo de antes de la crisis. Demasiado tiempo.

Se impone actuar con urgencia en dos frentes. Por un lado, un Plan urgente para dar salidas a los parados actuales, asentado en cuatro patas: ayudas inmediatas a los parados sin ingresos que están en la pobreza, un plan de formación y recualificación de todos los parados (3 millones no tienen acabada la secundaria), unas políticas activas de empleo (incentivos, bajada cotizaciones, fiscalidad) para ayudar a colocar a los parados con más problemas (mayores 45 años, jóvenes y mujeres) y, sobre todo, una reforma de verdad del Servicio Público de Empleo (SEPE), que no funciona: ni tiene presupuesto (recortes) ni medios (un funcionario por cada 190 parados, frente a 1 por 59 en Europa) ni estrategia (sólo colocan al 3% de parados, frente al 15% las ETTs privadas). Y además, habría que plantearse bajar cotizaciones sociales a las empresas que contraten, como han pedido reiteradamente a Rajoy la Comisión Europea y el BCE,  la OCDE y el FMI.

Por otro lado, es urgente crecer más, para crear más empleo, para que haya más ofertas de trabajo. Y eso pasa por hacer otra política, en España y en Europa. Aquí, reanimar el consumo (subiendo salarios y bajando impuestos de verdad a las rentas bajas y medias) y fomentar el crédito y la inversión, sobre todo promoviendo las inversiones públicas y privadas en educación, innovación y tecnología, reindustrialización, más apoyos al turismo y a las exportaciones y a infraestructuras necesarias (no más AVEs). Y en Europa, con un plan de inversiones públicas a escala europea y un mayor consumo y gasto en la Europa del norte (sobre todo Alemania), como piden el FMI y la OCDE, para que “tiren” del resto de Europa.

Gestionar mejor la enorme bolsa de parados y crear más empleo, dos retos cada vez más urgentes para un país que tiene más del doble de paro que Europa y un desempleo además enquistado y sin salida. Esta debería ser la prioridad del Gobierno, no regodearse (“vamos mejor que Europa”) en un crecimiento y empleo mínimos. Bajen a tierra, por favor.