Protestas del campo: razones y sinrazones

Los agricultores han sacado sus tractores por toda España y media Europa para protestar por su difícil situación y pedir ayudas y cambios. Tienen muchos motivos razonables para quejarse: bajos ingresos, producir a pérdidas mientras los precios engordan camino del súper, importaciones masivas de alimentos más baratos y con menos controles, daños por la sequía y competencia de grandes empresas. Otras quejas son menos razonables: exigencias medioambientales y de bienestar animal, abandono de Europa y los Gobiernos (la PAC gasta en el campo un tercio del Presupuesto UE), exceso de burocracia (las ayudas hay que controlarlas) y negativa a acuerdos comerciales con terceros paises (que facilitan exportaciones europeas). El problema de fondo es que el campo necesita una profunda reconversión, que exige incorporar jóvenes, inversiones, tecnología y cambios en los cultivos y la gestión, agrupándose en cooperativas fuertes que negocien precios. Y, además, que agricultores y ganaderos se sientan valorados y no abandonados por la cultura urbana dominante. Los móviles no se comen. 

              Protesta agricultores febrero 2024

En los últimos 70 años, España ha pasado de ser un país agrícola a uno de servicios, con el campo perdiendo peso en la economía y el empleo. Basten tres datos. Uno, la caída drástica de la aportación de la agricultura al PIB español: de suponer el 29,9% de la economía en 1950 cayó al 11,3% en 1970, al 5% en 1990, al 4% en el año 2000 y al 2,34% en 2022. Dos, otra caída drástica en el número de explotaciones agrarias: de tener 2.690.000 en 1976 se pasó a 1.420.300 en 1990, a 1.289.451 en 1999, a 989.796 en 2009 y a 914.871 explotaciones agrarias en 2020. Y tres, la caída del empleo en el campo, incluso en este siglo: de 813.200 ocupados en 2008 (de ellos, 432.300 asalariados) se pasó a 793.900 en 2019 (499.300 asalariados) y a 770.700 ocupados en el campo en 2023 (477.000 asalariados).

Aunque los agricultores paralicen carreteras y ciudades con sus tractores y protestas, su poder real en la economía es cada vez menor y lo saben, mientras el resto de españoles no valoran suficiente que nos den de comer cada día. Pero, sobre todo, los agricultores y ganaderos saben que trabajan 365 días, sin horarios ni vacaciones, y que sus ingresos son más bajos que los del resto del país. Por un lado, la renta agraria es un 40% inferior a la media española. Y por otro, hay una gran desigualdad (en toda Europa) entre la renta de la población rural (el 75% de la media) y la renta de los que viven en las ciudades (125% de la renta media). Así que el campo sufre “un agravio de ingresos”. Pero además, sienten “un agravio subjetivo” frente a la ciudad, se sienten “abandonados” por la sociedad y los políticos, por unas élites urbanas que no valoran su papel económico y social. Dos agravios, económico y vital, que están detrás de estas protestas del campo.

Pero, además, hay problemas concretos que sufren en su trabajo y que han sacado a las calles en pancartas y declaraciones: sus “razones” para la protesta, unas más justificadas que otras, según analiza este excelente artículo de Eduardo Moyano, ingeniero agrónomo y profesor del CSIC. Repasémoslas.

La primera razón de las protestas agrarias es que las cuentas del campo se han deteriorado en los dos últimos años, con la guerra de Ucrania y la inflación disparada. Los datos revelan que los costes (energía, fertilizantes, forraje, financiación, sueldos…) les han subido mucho más (un 20% de media) que los ingresos, porque apenas han podido repercutirlos en los precios que cobran y además han producido mucho menos, por la sequía y las malas cosechas. La producción agraria cayó un -5,5% en 2022 y ha crecido un +11% en 2023, gracias a que los costes se han moderado y han subido algunos precios. Pero sigue habiendo agricultores y ganaderos que producen “a pérdidas” o con una mínima rentabilidad. Y mientras, los consumidores pagamos los alimentos en los súper mucho más caros.

Los que tienen ganado o un cultivo protestan con razón de que los alimentos suben y ellos no reciben más por su trabajo, porque el beneficio se queda por el camino, entre los grandes distribuidores, el transporte, las fábricas de alimentos y los súper. Por eso piden que se aplique la Ley de la Cadena Alimentaria, aprobada en diciembre de 2021 para regular el proceso e impedir que agricultores y ganaderos vendan a pérdidas. Se quejan de que no se cumple y que la Agencia de Información y Control alimentario no publica datos de costes y precios ni inspecciona suficiente ni pone multas ejemplares. Quien publica datos mensuales es la organización agraria COAG, cuyo Observatorio de Precios revela que, este enero, los precios agrícolas que pagamos en el súper fueron 4,17 veces los que cobraban los agricultores. Y 3 veces los productos ganaderos. Hace un año, en enero de 2023, pasaba algo parecido: pagábamos los alimentos 4,50 veces más y las carnes 2,93 veces más que pagan al campo. Hay ejemplos escandalosos: el limón (nos cuesta 9,8 veces lo que cobra el productor), el plátano (8,33 veces), la patata (5,72 veces), el tomate (3,92 veces), la ternera (3,86 veces), el cerdo (3,89 veces), el pollo (2,76 veces), la leche (1,77 veces) o los huevos (1,47 veces).

El segundo motivo de las protestas es la competencia “desleal” de los alimentos que se importan de fuera de Europa “sin control”, una pancarta con “razones” y “sinrazones”. Por un lado, es verdad que las importaciones agrícolas se han disparado (de 28.700 millones en 2013 a 54.100 millones en 2022, un +88,5%), pero la mayoría son alimentos que vienen de Francia (4.734 millones), Paises Bajos (3.583 millones), Alemania (3.185 millones), Portugal (3.007 millones) e Italia (2.407 millones) y son menores las compras a Brasil (3.973 millones), China (2.130 millones), EE. UU. (2.033 millones), Marruecos (2.108 millones) y Ucrania (1.890 millones). Y no dicen que, en paralelo, España se ha convertido en el 4º mayor exportador de alimentos de Europa: hemos pasado de vender fuera 37.600 millones en 2013 a 68.000 millones de euros en 2022, un +80,85%), alimentos producidos en el campo español y que se venden en Europa, pero también en USA, China y Marruecos (1.063 millones).

Además, no es verdad que estos alimentos extranjeros entren en España “sin control”: Agricultura controla las importaciones, el origen, la calidad y los productos fitosanitarios que contienen, que han de cumplir las normas europeas. Concretamente, en el puerto de Algeciras, donde llegan un tercio de los alimentos importados, se controlan cada día contenedores y camiones (ver noticia TVE). Una crítica justificada es que este control es menor en Europa, donde apenas se controlan las entradas masivas por Holanda y donde la mayoría hacen controles a los alimentos importados en los mercados, no en frontera como España.

Otra petición de los agricultores estos días es que Europa no firme acuerdos de libre comercio con terceros paises, porque perjudican a los agricultores al facilitar (bajando o suprimiendo aranceles) la llegada de alimentos extranjeros. Las organizaciones agrarias europeas presionan para que la Comisión no firme el Tratado de libre Comercio con Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela), tras haberse ratificado en diciembre el Tratado con Nueva Zelanda y mientras se negocian otros Tratados de la UE con Chile, México, Kenia, India o Australia. Y critican el Acuerdo de Asociación con Marruecos, que entró en vigor en 2020, y las facilidades de entrada a los productos de Ucrania, tras la invasión rusa.

Aquí, las pretensiones agrarias de volver al proteccionismo alimentario no son razonables. Primero, porque la producción agrícola europea no alcanza para alimentarnos y necesitamos importaciones. Y en el caso de Ucrania, ha sido otra forma de ayudarles. Segundo, porque esos Acuerdos comerciales que firma la UE con terceros paises permiten a las empresas europeas invertir y vender fuera, manteniendo empleos europeos no agrarios, desde la industria a los servicios. Y tercero, porque cuando hablan de “competencia desleal”, están hablando de alimentos que son más baratos, básicamente, porque los sueldos en el campo en esos paises son mucho más bajos: un trabajador en Marruecos, por ejemplo, gana 300 euros (los niños, que allí trabajan, menos) y en España 1.134 euros de SMI .Y el 70% del coste de un tomate es mano de obra. Se puede intentar poner “clausulas espejo”, obligar a que los fertilizantes, pesticidas y las condiciones laborales de paises terceros sean similares (algo difícil de conseguir), una medida que apoyan España, Francia y paises del Este, pero no la mayoría de Europa (priorizan el abastecimiento) ni la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Otra queja de los agricultores es que Europa y los Gobiernos “les abandonan”, no les ayudan. Tampoco es razonable. Si hay un sector “mimado” por los Presupuestos europeos es el campo, desde que en 1962 se puso en marcha la PAC (ver historia y objetivos), para asegurar el suministro alimentario y consolidar las zonas rurales. En 2021, la PAC aportó al campo europeo 98.107 millones de euros en ayudas directas (55.713 millones) e indirectas, el 33% de todo el Presupuesto UE. España fue el 2º país receptor (ver reparto por paises) de todas estas ayudas agrícolas europeas (11.871 millones, el 12,1% del total), tras Francia (16.092 millones, el 17,1%) y por delante de Alemania (11,2%), Italia (10,5%) y Polonia (8,8%). Para el periodo 2021-2027, la PAC aportará al campo europeo 386.602 millones de euros (45.000 para España), un 31% del Presupuesto UE.

Así que no están abandonados. De hecho, un tercio de los ingresos que obtienen los agricultores europeos (y españoles) vienen de la PAC. Otra cosa es que esta ayuda básica haya estado mal repartida: hasta 2022, en España, el 20% de agricultores más ricos se han llevado el 80% de las ayudas PAC. Y el 2% de agricultores se llevan las ayudas más altas (entre 50.000 y más de 500.000 euros), mientras el 70% de agricultores y ganaderos reciben menos de 5.000 euros. Algo que se pretende cambiar desde 2023, con una reforma de la PAC, que vincula más las ayudas a los rendimientos y características de las explotaciones agrarias.

Una queja generalizada en estas protestas agrarias ha sido la crítica a las “exigencias medioambientales” desmedidas que se imponen al campo europeo: restricciones al uso de fertilizantes y fitosanitarios, rotación de cultivos, 4% de tierras en barbecho, obligación de dejar pastos permanentes, no quema de rastrojos, protección de humedales, bienestar animal… En general, muchos agricultores se quejan (apoyados por VOX y parte de la derecha “negacionista climática”) del papel que les obligan a tomar en la defensa del medio ambiente (a cambio de las ayudas de la PAC), exigencias que consideran “exageradas” y que les obliga a dedicar tiempo a tareas burocráticas, como el llevar al día un “cuaderno digital de la explotación”, para facilitar el seguimiento de la PAC (y controlar las ayudas).

Veamos por qué algunas de estas posturas no son “razonables”. En primer lugar, los agricultores deberían ser los primeros interesados en cuidar el medio ambiente, porque el campo europeo está muy deteriorado, por la desertificación y la falta de lluvias: entre el 60 y 70% del suelo europeo está muy deteriorado, según la Agencia Europea del medio Ambiente, y la aridez ha aumentado un 84% en España, con un tercio de los suelos desérticos en Murcia y Almería. Se están perdiendo cultivos y especies y la falta de agua es un mal endémico en todo el sur de Europa. Por ello, parece razonable reducir el uso de productos químicos y fertilizantes, apostar por cultivos que utilicen menos agua y cuidar al máximo los ecosistemas, sobre todo ante la imparable crisis climática. Y para ello, agricultores y ganaderos deben ser protagonistas claves, los primeros “agentes ecológicos”. Otra cosa es ayudarles en su tarea, flexibilizando exigencias y tareas burocráticas, para lo que deberían agruparse. Y en el caso de la sequía, modificar el sistema de seguros agrarios, para que abarquen a más cultivos y a más explotaciones, con ayudas públicas y reconversión de cultivos.

Y luego hay un tema que el campo no destaca en sus protestas, la necesaria reconversión y modernización del campo español (y europeo). De las 914.871 explotaciones existentes, el 51,5% son muy pequeñas, de menos de 5 hectáreas, y les resulta muy difícil competir con grandes explotaciones agrícolas y ganaderas (las “macrogranjas), que tienen cada día más poder en la elección de cultivos y en la fijación de precios. Además, 7 de cada 10 explotaciones tienen al frente a un hombre, en su mayoría mayor (el 41% de los agricultores y ganaderos tienen más de 65 años), con lo que hay pocas mujeres y jóvenes. Urge una renovación generacional del campo, que modernice explotaciones y aporte las ventajas de la digitalización y las nuevas tecnologías, mejorando la baja productividad de las explotaciones (1.183 euros por Ha., 400 euros menos que en Francia o Alemania). Un “nuevo agricultor”, más profesionalizado y que invierta más, con ayuda de otros: el cooperativismo, la agrupación de productores es clave para competir mejor con los grandes y con los intermediarios.

Hasta aquí el análisis de las razones y sinrazones de las protestas del campo. Pero no olvidemos que es una protesta “patronal”, de empresarios y autónomos, no de los trabajadores del campo, que están mucho peor que los dueños para los que trabajan. En España hay 477.800 asalariados del campo, una cuarta parte extranjeros (22,9%) o con doble nacionalidad (2,9%), que trabajan en condiciones muy precarias: muchas horas (39,6 frente a 36,7 el resto trabajadores), con más contratos temporales (37,6% frente al 16,5% de media), peores sueldos (1.477 euros de media, los terceros más bajos tras la hostelería y las empleadas del hogar) y más muertes (72 en 2023). Y muchos inmigrantes trabajan en el campo, como temporeros, en condiciones penosas y sin contrato, denunciadas por la ONU.

En resumen, muchas de las protestas del campo pueden y deben ser atendidas, con las propuestas que España llevará al Consejo de Agricultura europeo del 26 de febrero: más información de precios y costes, más control importaciones y más flexibilidad con “el cuaderno digital de explotación” y algunas exigencias medioambientales de la PAC. Pero cuando vuelvan con sus tractores a casa, agricultores y ganaderos tendrán que afrontar el problema de fondo: rejuvenecer y modernizar sus explotaciones, agruparse más en cooperativas, renovar cultivos y producciones, adaptándose a la sequía y el medio ambiente. No podemos seguir cultivando aguacates en el país con menos lluvia de Europa. Hay que profesionalizar más las tareas agrícolas, con más tamaño e inversión, para aumentar la productividad y mejorar la calidad de los alimentos, que necesariamente tendremos que pagar más caros. No es de recibo que dos tomates cuesten menos que un café o una cerveza. Habrá que pagar la comida por algo más de lo que valga producirla con calidad y ecología. Hagámonos a la idea.  

¿Qué pasa con los alimentos? : seguirán caros

La inflación empezó 2023 subiendo, en enero y febrero, quedando en el +6%. El problema son los alimentos, que suben un +16,6% anual, el mayor alza de los últimos 40 años. A pesar de la bajada del IVA en enero de alimentos básicos, pastas y aceites: bajaron en enero, pero han subido en febrero. Y hay 22 alimentos que cuestan ahora más que en diciembre. Mucha gente culpa a los intermediarios, que suben sus márgenes mientras el campo no se beneficia de estas subidas: la renta agraria cayó un -5,5% en 2022. Es evidente que la energía y muchos costes han bajado, pero no los alimentos. Pero hay otras causas, como el aumento de exportaciones españolas de alimentos a Europa (que los paga más caros), el cambio climático (que ha hundido las cosechas aceite, azúcar y cereales), la reducción de explotaciones agrarias y ganaderas (los jóvenes huyen del campo) y la subida de los precios internacionales de los alimentos. Y por todo ello, la comida va a seguir siendo cara.

Enrique Ortega

La alta inflación en el mundo y en España es un problema anterior a la invasión de Ucrania, aunque la agravó. El año 2021 empezó con una inflación del +0,5% anual, pero saltó del 3% en agosto (+3,3%), por el aumento de la demanda y los atascos en las cadenas de suministro, más el tirón de consumo del turismo. Y se cerró el año 2021 con una inflación del +6,5%, que llegó al +7,6% en febrero de 2022. Ya con la guerra en Ucrania, se dispararon los precios de la energía y las materias primas, disparando la inflación al +9,8% en marzo y superando el +10% anual en junio, julio y agosto, para moderarse después (tras las medidas del Gobierno y la excepción ibérica) y cerrar 2022 en el +5,7%. Y ahora, lleva dos meses volviendo a subir, poco, al +5,9% en enero y +6% en febrero. Es una inflación alta, pero inferior a la de finales de 2021, antes de la guerra. Y tenemos la 3ª inflación más baja de Europa (tras Luxemburgo y Bélgica), según Eurostat, muy por debajo de la UE-28 (+9,9%), la zona euro (+8,5), Italia (9,8%), Alemania (+9,3%) y Francia (+7,3%).

El mayor problema lo tenemos en el precio de los alimentos: suben un +16.6% en febrero, más del triple que el resto de la inflación y la mayor subida en los 40 años del IPC. Curiosamente, el precio de los alimentos estuvo muy moderado en 2021, subiendo del +1.7% en julio al +5% en diciembre, por debajo del IPC general (+6,5%). Y así siguió, por debajo, en enero (+4,8%), febrero (+5,6%) y marzo de 2022 (+6,8%). Pero en abril de 2022, los precios de los alimentos asumieron la guerra de Ucrania y subieron un +10,1% anual, poniéndose ya por delante del IPC general (+8,1% en abril 2022) hasta hoy, según el INE. Rondaron el +13% de subida en verano, superaron el 15% desde octubre  (mientras la inflación general se moderaba), cerraron el año 2022 con una subida del +15,7%, hasta el +16,6% actual. Así que seguimos con un grave problema de inflación en los alimentos, que preocupa mucho a las familias españolas, porque supone el 16,4% del gasto familiar, según el INE. Y en el caso de las familias con menos rentas, supera el 20% del gasto total.

Los alimentos también están subiendo más en toda Europa que el resto de gastos, según Eurostat. Así, en febrero 2023 subían una media del +19,1% en la UE-28 (el doble que la inflación global, que subía +9,9%) y un +17,3% en la eurozona, más que en España (+16,6%), que ocupa el lugar nº11 entre los paises con los alimentos más baratos, detrás de Chipre (+9,5%), Irlanda (+13%), Malta (+13,2%), Italia (13,4%), Luxemburgo (+13,9%), Grecia (+14,5%), Dinamarca (+14,8%), Francia (+15,8%), Austria (16,2%) y Finlandia (16,3%).Pero aquí suben menos los alimentos que en 17 paises europeos, entre ellos Suecia (+21,6%), Alemania (+21,2%), Portugal (+21,5%), Bélgica (+19,4%), Paises Bajos (+17,9%) y la mayoría de los paises del Este de Europa. Y suben menos, un +10,1% en EEUU.

Lo preocupante es que los alimentos han seguido subiendo en España este año, a pesar de la bajada del IVA el 1 de enero: bajó del 4 al 0% para alimentos básicos (pan, harinas, queso, huevos, frutas, verduras, legumbres, hortalizas, paratas y cereales) y del 10 al 5% para aceites y pastas. En enero, algunos de estos alimentos bajaron (el índice alimentación bajó del 15,7% al 15,4%), pero luego en febrero volvieron a subir muchos (elevando el índice alimentación del 15,4 al 16,6%). Un “efecto yo-yo”, que demuestran las estadísticas del INE. De hecho, hay 22 alimentos que subieron más en febrero de lo que subían en diciembre: azúcar (+52,6% anual frente a 50,6%), panadería (28,3% frente a 27,5%), lácteos (+27,9% frente a +24,1%), legumbres y hortalizas (+23,6% frente a 12,3%), alimentos para bebé (+23,5% frente a +14,5%), pizzas (+22,3% frente a +12,3%), cacao y chocolate en polvo (+18,6% frente a +15%), helados (+18,5% frente a +13,7%), confituras y mermeladas (+18,4% frente a +16,9%), zumos (+17,9% frente a 17,5%), pescado y marisco seco (+17,6 frente a 13,4%), sal y especias (+17,1% frente a +15,8%), refrescos (+16,5% frente a +11%), otras cervezas (+16,2% frente al +13%), carne de cerdo (+15,4% frente a +13,8%), té (+15,3 frente al +12,1%), legumbres y hortalizas secas (+15,2 frente a +14,9%), cereales de desayuno (+14,2% frente a +11,2%), cerveza sin alcohol (+14,2% frente a +11,6%), cerveza rubia (+14,1% frente a +12,4%), agua mineral (+14% frente a +12,9%), carne de vacuno (+13,7% frente a +13,2%), carne seca (+11,8% frente a +9,5%) y chocolate (+11,2% frente a +6,7%).

La asociación de consumidores FACUA ya denunció en febrero a la Comisión de la Competencia (CNMC) una lista de supermercados por no haber bajado los alimentos a los que se había bajado el IVA, que eran 1 de cada 5 analizados (el 20%), Lo preocupante es que, a mediados de marzo, FACUA ha detectado que han vuelto a subir 1 de cada 3 alimentos básicos (un 30,8%, más que en febrero): en el análisis de 1.000 productos, se han detectado 312 casos de subidas, sobre todo frutas y verduras (127 casos denunciados), aceites de oliva (55 denuncias), leches y lácteos (47), legumbres (34 denuncias), pastas (19 casos), arroces (17), pan y huevos (las 12 denuncias restantes).

Los agricultores y ganaderos se defienden diciendo que ellos no han subido precios estos  últimos meses. La organización agraria COAG publica mensualmente un informe sobre la diferencia entre los precios que cobra el campo y los que paga el consumidor final (ver escandallos IPod últimos meses).Y ahí se ve que, salvo en el pimiento verde y en los tomates, el precio percibido por agricultores y ganaderos apenas han subido, desde luego mucho menos que el precio en el súper. Y esgrimen otro dato: en 2022, el año con la mayor subida de los alimentos en España, la renta agraria ha caído un -5,5%, según el Ministerio de Agricultura, debido a que los costes del campo subieron más que los precios.

Entonces, ¿por qué se ha disparado el precio de los alimentos? Muchos expertos lo atribuyen a los intermediarios de la cadena alimentaria, desde los mayoristas en origen al transporte, la industria alimentaria, los distribuidores y supermercados e híper. Algo difícil de probar porque no se publican los márgenes, como hará Francia. Pero hay un hecho claro: los precios de la energía son ahora mucho más bajos que hace un año: el petróleo cotizaba ayer a 75 dólares barril, más barato que antes de la invasión de Ucrania (97.89 el 23-F), el gas cotiza a 42,40 euros (frente a 88,89 el 23-F) y la luz costaba ayer en España 101,22 euros MWh (un 48% menos que los 195,86 euros del 23-F). Pero esta bajada de costes no se ha repercutido en la producción, transporte y distribución de alimentos.

Hay otras causas que encarecen los alimentos además de los márgenes. Una de ellas son los altos precios que han alcanzado los alimentos en Europa, empujados también por una menor producción en el centro y norte del continente, tras el cierre de invernaderos por la subida del gas. Eso hace que el precio de un tomate en Berlín sea de 4,99 euros kilo frente a los 2,55 euros en Madrid. Lo mismo pasa con casi todos los alimentos, desde las patatas (1,72 euros kilo en Madrid y 1,98 euros en Roma), los huevos (1,2 euros la media docena en Madrid y 2,79 euros en La Haya), la leche (0,92 euros la semidesnatada en Madrid frente a 1,54 euros en París), la pechuga de pollo (4,24 euros el medio kilo en Madrid y 7,28 euros en La Haya) o las naranjas (2,15 euros kilo en Berlín y 1,15 euros en Madrid). Con estos precios, un mayorista de Murcia o Almería prefiere vender alimentos en Alemania o Paises Bajos. Y eso fuerza al alza a los alimentos que los intermediarios compran y venden en España.

La prueba de este “desvío de alimentos” al extranjero (para cobrar precios más altos)  es el tirón de las exportaciones agrícolas de España, que lleva años siendo “la despensa de Europa”: las exportaciones de alimentos casi se han duplicado, de 37.604 millones en 2013 a 64.248 millones en 2022, año en que crecieron un 13,1% (y un +32% sobre 2019), según los datos de Comercio. De esa cifra, un tercio son exportaciones de frutas, hortalizas y legumbres (21.811 millones, +18,2% sobre 2019), la 3ª mayor exportación de España (tras coches y medicamentos). Y son también muy relevantes las exportaciones de aceites (7.051 millones, un +32,2% en 2022), de carnes  (11.459 millones, +11,9%),  de azúcar, café y cacao (2.508 millones,+20,5%) y lácteos (2.20 millones, +25,3%). Dos tercios de estas exportaciones de alimentos van a la UE, pero el otro tercio se reparte en el resto del mundo, con una subida en 2022 de las ventas a Reino Unido y EEUU (+27%).

Otro factor que explica la subida de los alimentos, junto a los márgenes y las exportaciones, es el Cambio Climático, las malas cosechas provocadas por el clima (olas de calor, heladas, sequía, inundaciones…). Es lo que explica el tirón de precios del aceite, cuya última cosecha ha caído en España un -51,8% (de 1.412.000 Tm en 2021-22 a 680.000 Tm en 2022-23, la peor campaña desde 1.995-96). El clima ha dañado también la campaña de cítricos (-15,6%), afectando sobre todo a las naranjas (-19,9% producción 2022-2023). Y también el clima (heladas primavera pasada y lluvias intensas después) ha reducido un -10% la producción de frutas y hortalizas, siendo mayor la caída en algunas zonas y productos.

Un factor clave son los precios internacionales de los alimentos, que nos afectan directamente. Es el caso del azúcar (+52,6% de subida anual), cuyo precio es el más alto de los últimos 6 años, por la revisión a la baja de la cosecha en India y el desvió en 2022 de una parte de la caña de azúcar de Brasil a la producción de bioetanol. En España, el problema es que muchos agricultores han dejado de sembrar remolacha (el 80% se produce en Castilla y León), por la caída de precios en los años anteriores, que les han llevado a cambiarse al cultivo de maíz. Y además, la sequía ha recortado también la cosecha.

Otro factor más para explicar la subida de los alimentos es el abandono de explotaciones, tanto agrícolas como ganaderas. Ya asistíamos a una falta de reemplazo en el campo, con los jóvenes poco interesados en relevar a sus padres, pero el aumento de costes y la caída de la renta agraria sigue reduciendo el número de explotaciones. Un ejemplo: las granjas lecheras, donde se cierran 700 por año. Si se reduce la producción agrícola y ganadera y buena parte de lo que se produce se exporta, lo lógico es que los alimentos no paren de subir. Y más si el Cambio Climático avanza imparable: para 2050, los cultivos agrícolas de los paises mediterráneos van a reducirse un -17%, según el IPCC (ONU). Y el Cambio Climático es responsable de la caída de la producción sufrida ya en el maíz, el trigo y el arroz, los tres principales cultivos que alimentan al mundo.

Ahora, marzo puede dar una pequeña tregua al precio de los alimentos, pero subirán en abril y este verano, por la mayor demanda del turismo. Un factor clave será el clima esta primavera, porque si no llueve, volverá a haber problema con el ganado y muchos cultivos. Con todo, la previsión es que los precios de los alimentos pueden bajar más después del verano, aunque seguirán altos, por los recortes en la producción (clima) y la alta demanda (China y otros paises de Asia y Latinoamérica están aumentado su consumo). La estimación del Banco Mundial es que los precios internacionales de los alimentos den una tregua en 2023 y se estabilicen en 2024, pero que no bajarán hasta 2025. Todo va a depender de la evolución de los precios de la energía, de la guerra de Ucrania y del clima. Pero no parece que los alimentos vuelvan de momento a los precios de hace un año.

Ante el panorama de unos alimentos que no bajan, el Gobierno pide paciencia y esperar unos  meses. Y el sector pide nuevas bajadas del IVA, esta vez a todos los alimentos. Pero ya se ha visto que no son eficaces, porque no existen mecanismos para vigilar los precios de 7.000 productos en 30.000 establecimientos y evitar que los intermediarios mejoren márgenes con nuevas rebajas. Pero además, la bajada del IVA ha sido criticada por todos los organismos internacionales, desde la OCDE y la Comisión Europea al BCE, porque supone “gasolina para la inflación”. Y también por otra razón clave: la rebaja del IVA alimenta la desigualdad, porque beneficia más a los que más tienen. Según un reciente estudio de FEDEA (Cajas de Ahorros), el IVA aumentó la desigualdad un +2,72% en 2020 (y +2,87% en 2019), mientras el IRPF la reduce. En los hogares con menos ingresos, el pago efectivo del IVA se lleva un 13% de su renta bruta, mientras que en los hogares con más recursos, este impuesto les supone menos del  2% de sus ingresos.

Los organismos internacionales defienden que los Gobiernos aprueben ayudas directas a los más vulnerables, como el cheque de 200 euros que aprobó el Gobierno (se puede solicitar hasta el 31 de marzo). Ahora, la UGT ha hecho una propuesta que parece razonable: sustituir la rebaja del IVA (ineficaz) por un cheque para alimentos que las familias podrían canjear en los supermercados, una medida que lleva años aplicándose en muchos paises y que, con la vigilancia adecuada, podría ser eficaz para que las familias con menos recursos se alimenten mejor (ha caído el consumo de carnes, pescados, frutas y verduras)  y lleguen a fin de mes. Pero en paralelo, habría que elaborar un listado oficial de márgenes de precios alimenticios, multiplicar las inspecciones oficiales  y aplicar multas ejemplares a los especuladores. Está claro que los alimentos van a ser caros a medio plazo, pero eso no impide evitar beneficios injustificables a costa de todos. Con la comida no se especula.

El campo, al límite

Los medios no informan del campo, porque creen que “no vende”, aunque de ahí comemos (y venimos muchos). Pero en las últimas semanas han tenido que informar, porque miles de agricultores han salido a las carreteras para alertar sobre su preocupante situación: les pagan unos precios de saldo, les suben los costes, les congelan las ayudas, el clima se ceba con sus cosechas, los alimentos extranjeros les hacen competencia desleal y, para colmo, Trump y Putin han puesto aranceles y vetos a alimentos españoles. Así que 2019 ha sido “un año horrible”, donde cayeron la renta y el empleo en el campo. Pero los problemas no son coyunturales sino de fondo: un sistema de precios donde los beneficios se los llevan los intermediarios y súper, una creciente competencia de grandes empresas e importaciones, unas ayudas europeas (la PAC)  que se van a recortar y unas explotaciones poco rentables. Consecuencia: abandono de explotaciones y envejecimiento de los agricultores. Y despoblación rural. Debería preocuparnos, porque “los móviles no se comen”. Hay que apoyarles.

enrique ortega

El año 2019 ha sido un “annus horribilis” para el campo español: un clima enloquecido (sequía, inundaciones, heladas y pedrisco), caída generalizada de precios, subida de todos los costes, congelación de las ayudas españolas y europeas, invasión de alimentos extranjeros y, para colmo, Putin renovando otro año más el veto ruso a frutas y carnes españolas y Trump poniendo aranceles (impuestos) al aceite, vino, quedos y zumos españoles. Al final, las cuentas de agricultores y ganaderos se han resentido y la renta agraria cayó un -8,6% en 2019, tras cuatro años de mejoría. Y también cayó el empleo, siendo el campo el único sector de la economía donde bajó la ocupación en 2019 (-31.700 empleos).


Por todo esto, miles de agricultores y ganaderos han salido a las carreteras a protestar, en unas manifestaciones multitudinarias convocadas por todas las organizaciones agrarias (COAG, UPA y ASAJA), bajo el lema #agricultoresallímite. Y es que los problemas del campo español se han agravado en 2019, colocando a agricultores y ganaderos en una situación desesperada, tras muchas décadas de dificultades. 


El primer problema que sufren son las consecuencias del Cambio Climático, que provoca la multiplicación de los fenómenos meteorológicos extremos: 2019 se inició con una fuerte sequía (arrastrada desde el otoño de 2018), que afectó seriamente a cereales y pastos (sobre todo en el oeste de España) y al vacuno, ovino y caprino, por el aumento de los costes para alimentarlos (más pienso y menos forraje). Y en otoño, llegaron las lluvias históricas y las inundaciones, que provocaron daños generalizados en el campo, con unas indemnizaciones que han superado los 600 millones de euros.


Un segundo problema del campo ha sido el aumento generalizado de los costes, desde los seguros agrarios (han subido las primas al aumentar el riesgo) a los carburantes (precios en máximos desde 2015), los fertilizantes (+6,6%) y los piensos (+3,1%), bajando sólo las semillas (+1,3%) y la electricidad (ha bajado un 3,3%, pero aún así pagan la luz más cara de Europa). Y también subió mucho el salario mínimo, un 35,5% si sumamos la subida del SMI  (de 735,90 a 900 euros en 14 pagas) y los costes sociales (261,51 euros mensuales), según COAG. Ahora, con la subida del SMI a 950 euros, el nuevo coste salarial será 1.382 euros (un 43% más que en 2018). Las organizaciones agrarias no critican tanto la subida del SMI como que es la puntilla tras los restantes aumentos de costes, mientras les caen los ingresos.


Precisamente, el gran problema del campo es la caída drástica de sus ingresos, porque se han desplomado los precios que reciben. El caso más llamativo es el olivar, donde el precio ha caído entre un -25 y un -30% en el último año (y un -50% sobre 2018). También ha caído el precio de la leche (0,316 euros por litro, 3 céntimos menos que la media europea), las frutas y hortalizas y muchas carnes. Y en demasiados productos, agricultores y ganaderos se quejan de que los precios que reciben no cubren costes, que producen a pérdidas. Y para fastidiar sus cuentas, en 2019 se han casi congelado las subvenciones que reciben y que suponen la cuarta parte de sus ingresos: subieron sólo un 0,6%.


Por si todo esto fuera poco, en 2019 ha aumentado la entrada de alimentos importados, desde tomates de Marruecos, naranjas de Sudáfrica, pollo de Brasil, cordero de Nueva Zelanda, vaca de Argentina o miel de China. Productos que entran a muy bajos precios (pagan bajos salarios y no respetan condiciones medioambientales ni fitosanitarias, en muchos casos), de la mano de acuerdos comerciales firmados por la Unión Europea. Y en junio de 2019 se firmó otro más, el acuerdo comercial de la UE con Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), que aumentará la entrada de carnes (vacuno y pollo), arroz, azúcar, miel, cítricos y zumos latinoamericanos. Además, también en junio, el presidente Putin prorrogó hasta finales de 2020 el veto ruso a la entrada de productos europeos (y españoles), en vigor desde el verano de 2014, que impide las exportaciones españolas de frutas y hortalizas, porcino y vacuno, queso y pescado. Y para dar la puntilla, el presidente Trump ha impuesto, desde el 18 de octubre de 2019, un aumento de aranceles (del 3,5 al 25%) al vino, aceite, aceitunas, quesos, zumos y frutas preparadas de España, lo que encarece nuestras exportaciones en 191,3 millones de euros extras. 


No es extraño que, con este panorama, los agricultores y ganaderos españoles hayan sufrido en 2019 una caída de sus rentas del -8,6%, por primera vez en la recuperación (las rentas agrarias crecieron entre 2015 y 2018, tras caer en la crisis), según el Ministerio de Agricultura, debido a la menor producción en cereales y vino (por la sequía) y a los bajos precios, sobre todo en aceites y frutas. Y en paralelo, ha caído también el empleo en el campo, el único sector económico que perdió trabajadores en 2019: -31.700. Y además, el campo es el sector que menos se ha beneficiado de estos 6 años de recuperación económica y crecimiento del empleo total. Así, entre 2014 y 2019 sólo se crearon +16.600 empleos netos en el campo, cuando en el conjunto de la economía se crearon +2.397.800 empleos en esos 6 años.


Pero 2019, aunque haya sido un “año horrible”, sólo ha agravado los problemas de fondo que viene arrastrando el campo español desde hace décadas (las primeras protestas del campo fueron en 1977). El primero y fundamental, porque va a más y no resulta fácil afrontarlo, es el Cambio Climático: cada año va a recortar producciones y aumentar costes (por daños y subida de primas de los seguros, donde el agricultor ya paga el 60% del coste al haber bajado porcentualmente las ayudas al aumentar los siniestros), sin que agricultores y ganaderos puedan subir los precios para compensarlo, dada la presión a la baja de los alimentos importados y de los distribuidores y súper. Además, el campo español tendrá que hacer una “reconversión climática”, porque es responsable del 12%de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (8% la ganadería y 4% la agricultura), el 4º sector con más emisiones tras el transporte (27%), la industria (19%) y la electricidad (17%).


El segundo gran problema estructural del campo es la competencia exterior. Vivimos en un mundo muy globalizado, donde crece imparable una agricultura y ganadería intensivas (en paises en desarrollo y también ricos), que inundan el mundo con alimentos a bajo precio, basados en incumplir muchas normas medioambientales y fitosanitarias y en unos sueldos miserables (5 euros al día en Marruecos frente a 60 euros mínimos en España). Y estamos dentro de una Unión Europea que firma acuerdos comerciales con todo el mundo, para tratar de venderles de todo a cambio de recibir alimentos de fuera (que de paso les permite recortar las costosas ayudas de la PAC a los agricultores europeos). Así que, cada año más, agricultores y ganaderos tendrán que competir (en inferioridad) con medio mundo.


Y cada vez con menos ayudas públicas, el tercer problema de fondo. El campo español, como el europeo, ha sobrevivido gracias a las cuantiosas ayudas de la política agraria común, la PAC, creada en 1962 para asegurar la alimentación de los europeos subvencionando a agricultores y ganaderos con cuantiosas ayudas, que se han ido recortando a finales del siglo XX y sobre todo en la última década. Así, si en los años 80, las ayudas de la PAC se llevaban el 66% del Presupuesto comunitario, en 2007-2013 se llevaron sólo el 42,3% (413.000 millones de euros a repartir entre los paises) y en 2014-2020 bajaron al 37,8% del Presupuesto (y a 408.313 millones a repartir). Ahora, la nueva Comisión Europea ha presentado una propuesta de ayudas de la PAC para 2021-27 y el recorte es tremendo: 365.000 millones a repartir, sólo un 28,5% del Presupuesto de la UE para los próximos 7 años. Consecuencia: a España le tocará menos de los 5.700 millones recibidos en 2019 (y que supusieron el 24,5% de todo los ingresos obtenidos por el campo español). Además, hay otra pelea entre autonomías y agricultores españoles para ver cómo se reparte aquí la futura PAC.


Vamos al 4º problema de fondo del campo español, para muchos el fundamental: los precios que reciben por sus productos. La cuestión de fondo es que el sector tiene poca capacidad para negociar precios: son casi 1 millón de explotaciones a producir y que tienen que colocar sus alimentos a través de multitud de intermediarios (que se quedan cada uno con su margen) y, sobre todo, a través de 6 grandes grupos de comercialización (Mercadona, Carrefour, Eroski, Día y Alcampo) que concentran el 55% de las ventas (y subiendo). Unos y otros imponen sus condiciones y precios a agricultores y ganaderos, muchas veces sin contrato por medio (como es obligatorio) y con fraudes como el sistema de venta “a resultas”: el agricultor entrega sus productos y no sabe lo que va a cobrar hasta incluso después de vendido en el súper. Y muchas veces se usa algunos alimentos (aceite o leche) como “producto escaparate” y el súper lo vende por debajo del coste, venta “a pérdidas”.


Todo esto se trató de regular con la Ley de la Cadena Alimentaria, aprobada en 2013, pero el campo se queja de que no se cumple muchas veces, que hay demasiado fraude (existen numerosas denuncias a la Agencia de control AICA, sobre todo en frutas y verduras y leche). Y además, hay un exceso de intermediarios entre el agricultor y el ganadero y el súper, lo que va sumando márgenes y encareciendo el producto. Así, en los productos agrícolas, el precio se multiplica por 4,83 entre origen y destino, según el índice IPOD que elabora COAG. Y en los productos ganaderos, el precio se multiplica por 3,05. Unos ejemplos, a diciembre de 2019: la patata nos cuesta 8 veces lo que se paga al agricultor (1,20 frente a 0,15 euros/kilo), la mandarina 7,11 veces, la naranja 6,74 veces, la uva 4,75 veces, el plátano 4,06 veces, la ternera 4 veces, el cerdo 3,74, el pollo 3,44, el cordero 3,41 veces…


Llegamos al 5º problema de fondo: el abandono del campo. Si en 1999 había 1.289.451 explotaciones agrícolas, en 2016 había 965.000 (último censo de Agricultura), una cuarta parte menos (-25%). Y en la ganadería, el cierre de explotaciones es aún más llamativo. En granjas de vacas, se ha pasado de 250.000 en los años 90 a menos de 14.000 hoy, en granjas de vacuno de 120.000 a 80.000, en ovejas de 120.000 a 114.000 explotaciones, en granjas de cerdos de 200.000 a 44.931 y en granjas de pollos de 239.921 explotaciones a 68.766. En algunos casos, menos granjas con más animales (pollos o cerdos), pero en mucho otros  también con menos animales (vacas y ovejas). Al final, la población ocupada en el campo ha caído drásticamente: de 905.800 ocupados en 2007 a 793.900 que trabajaban a finales de 2019.Y 4 de cada 10 que trabajan en el campo tienen más de 55 años, mientras los jóvenes abandonan las zonas rurales, cada vez más despobladas.


Y vayamos al 6º problema estructural: el campo es cada vez menos rentable para los pequeños y medianos agricultores, que se buscan otros ingresos (un tercio de los agricultores tienen otra actividad que les reporta el 80% de sus ingresos) o se retiran ante el avance de la “empresarización” del campo. De casi 1 millón de explotaciones agrarias (945.000), sólo un 6,6%, unas 66.000 son empresas (“personas jurídicas”), pero esta minoría acapara el 42% de la producción agraria, repartiéndose el resto entre casi 4.000 cooperativas (15%) y cientos de miles de pequeños productores, con pocas ventas por explotación. Así que el campo se está llenando de empresas grandes que copan el negocio. Unos ejemplos. En Murcia, tres multinacionales copan el 85% de la producción de uva de mesa. Lo mismo pasa en el sector de frutas y hortalizas. Y en la producción láctea, la macrogranja que quieren montar en Noviercas (Soria) prevé tener 24.000 vacas… 


Esta reestructuración empresarial podría llevar a lo que COAG denuncia como “la uberización del campo”: agricultores y ganaderos que trabajan para grandes empresas, que les dan la semilla, animales, fertilizantes, piensos o medicamentos y les pagan por kilo producido. Ya sucede en “granjas franquicia” de pollos o cerdos y en frutas y verduras. 


Y luego hay un séptimo problema estructural muy serio, que tiene el campo español y que tenemos todos: el agotamiento y desertificación de la tierra. Los expertos coinciden en que un 40% del suelo está degradado (y la mitad, el 20%, desertificado), por culpa del monocultivo (no se rotan ni utilizan leguminosas para captar nitrógeno), la poca materia orgánica (no se dejan en el suelo resto de cosecha, como antes), las siembras anuales y el excesivo laboreo (no hay barbecho y se “presiona” a la tierra a base de abonos químicos y costosos regadíos). Al final, todo esto es muy preocupante, por la baja productividad de muchas explotaciones y la penosa herencia de suelo agrícola que dejamos a las generaciones futuras (si es que queda gente en el campo).


Si ha llegado hasta aquí, reconocerá que agricultores y ganaderos tienen razón cuando dicen que están “al límite”. Urge tomar medidas a corto y medio plazo, desde España y desde Europa, para que tengan unos precios justos y no les ahogue la competencia desleal de los alimentos extranjeros. Y medidas estructurales para asegurar su rentabilidad y su futuro, clave para evitar la despoblación de la España rural y asegurar el abastecimiento de alimentos, porque “los móviles no se comen”. Es hora de “valorar” al campo y a su gente, primero, y ayudarles de verdad. No podemos perderlos.

Ojo a la subida de los alimentos

En 2015, la media de los precios (IPC) no subió nada, pero hubo muchas partidas que sí subieron, la que más los alimentos: un +1,8%, cuando en 2014 habían bajado. Han subido tanto los alimentos preparados como los frescos, sobre todo el aceite, las patatas, las frutas y verduras. Subieron por  el aumento de turistas (3 millones más), que tiró de la demanda este verano, y, sobre todo, por el clima: la sequía de primavera y el fuerte calor del verano y otoño han trastocado muchas cosechas, disparando  precios. Ahora, se espera que los precios suban más este año (un +0,7%) y que los alimentos sean otra vez  lo que más suba, un 1,6%. Sobre todo, por el clima cambiante que tenemos, aunque también encarecen la comida  la industria y los supermercados, que nos suben precios ahora que mejora el consumo. Eso sí, el campo no se beneficia: su renta apenas sube. Ya lo saben: comer es y será más caro.
 

enrique ortega

El año 2015 se cerró con una subida de precios del 0% y una inflación media anual del -0,5%, clara prueba de la debilidad de una economía donde las empresas tienen que bajar precios para vender (como en la zona euro, que cerró con una inflación anual del +0,2%). Pero de las 12 partidas de gasto del IPC, sólo dos bajaron de precio: transporte (por los carburantes) y vivienda (por la calefacción, luz y gas). Las 10 restantes subieron de precio y la que más la alimentación, cuyos precios subieron un 1,8% anual, cuando en 2014 habían bajado un 0,3%, según el INE (IPC). Una subida tanto de los alimentos frescos (+1,8%) como de los elaborados (+1,8%), mayor que la subida de los alimentos en Europa, un 1,2% según Eurostat.

La subida de los alimentos ha sido casi general y se ha notado sobre todo en los aceites  (+23,6%), las patatas (+14,9%), las frutas frescas(+5,2%) y en conserva (+4,9%) o el pescado fresco y congelado (+3,5%) y los crustáceos y moluscos (+2,4%), sin olvidar las legumbres y hortalizas (+2%), el agua mineral, zumos y refrescos (+1,6%), los preparados alimenticios (+1,3%) y el café, cacao e infusiones (+1,1%). Sólo bajaron la leche (-4,4%), el azúcar (-1,9%), las carnes (del -0,1% al -2,1%) y el pan (-0,1%). La subida de los alimentos no ha sido igual en toda España: ha sido mayor en las autonomías que más crecen (más consumo), como la Rioja (+2.8% subieron los alimentos), Baleares (+2,4%), País Vasco (+2,3%), Cantabria (+2,2%), Cataluña y Madrid (+2,1%), y menor en las que crecen menos, como Ceuta (+0,9% subida alimentos), Canarias (+1%), Murcia y Melilla (+1,3%), Extremadura (+1,2%) o Galicia (+1,4%).

El precio de los alimentos subió en 2015 por dos causas. Una, la mayor demanda, sobre todo por el tirón de consumo del turismo: llegaron a España 3 millones de turistas más que en 2014 y los españoles volvieron a viajar, en el mejor verano turístico desde 2005. La otra y fundamental, el clima, con muchos calores y sequía en mayo, verano y otoño, que han trastocado las cosechas, sobre todo la de aceite (tras una cosecha anterior excepcional), las frutas y hortalizas y en especial la patata, que recupera su precio tras una menor siembra por el desplome de precios el año anterior. En general, la falta de lluvias ha encarecido los cultivos de regadío (hortalizas, cítricos y parte del olivar) y ha recortado los de secano (cereales y vino), mientras se encarecían las carnes por falta de pastos. Y los barcos, con pésimo tiempo, también han salido menos a faenar, encareciéndose el pescado.

Ahora, la previsión de los expertos es que la inflación total repunte algo en 2016, hasta un +0,7% a finales de año, y que la alimentación vuelva a ser lo que más suba este año, un +1,6%, según Funcas. Y eso, porque también va a aumentar el consumo (de españoles y turistas) y sobre todo porque el clima sigue igual de loco y vamos a pagar la falta de lluvias del otoño y una previsión de mayor calor en 2016 (junto a inundaciones sufridas ya en algunas zonas).

Esta subida de los alimentos afecta mucho a las familias, porque la comida supone la segunda partida de gasto de los españoles, tras la vivienda, según la Encuesta de presupuestos familiares del INE: supone un 14,9% del gasto familiar, 4.028 euros de media al año (datos 2014). Y además, el gasto en alimentación pesa más en las familias con menos rentas. Por eso resulta preocupante que la comida haya subido un 1,8% en 2015 cuando los sueldos han subido casi la tercera parte (+0,74%) y las pensiones siete veces menos (+0,25%). Y este año 2016, la subida de salarios (+1%) y pensiones (+0,25%) será similar, mientras los alimentos subirán un 1,6%.

¿Quién se beneficia de esta subida de los alimentos? Desde luego,  no los agricultores y ganaderos que los producen. La renta agraria sólo ha subido un 1,7% en 2015, hasta un ingreso medio de 22.170 euros por explotación, que está por debajo de la renta de 2001. Y  lleva varios años cayendo, desde 2003, con lo que el campo español tiene ahora unos ingresos (renta agraria) que son un 30,1% inferiores a los de hace 12 años. Eso se debe a que los precios que reciben agricultores y ganaderos son muy volátiles, fluctúan mucho y apenas suben, mientras se les encarecen los costes (fertilizantes, energía, agua, impuestos), que les han subido un 46% desde 2003. Y eso les come cualquier posible beneficio.

Los agricultores y ganaderos se quejan de que las subidas de precios de los alimentos se quedan por el camino, entre el cultivo o la granja y el supermercado. Y lo demuestran con el índice IPOD, que refleja la diferencia entre el precio que cobran los agricultores/ganaderos y el que pagamos los consumidores: en los productos agrícolas, los precios de venta son 4,87 veces los precios pagados al agricultor y en las carnes se paga 3,37 veces más, según el IPOD 2015 elaborado por COAG y los consumidores. Hay saltos de precios llamativos (ver lista): brócoli (921% de subida entre el campo y el súper), lechuga (+708%), naranjas (+632%), manzana (+409%), patata (+257%), cerdo (+448%), ternera (+314%), leche (+168%)…

¿Quiénes pelean por este margen que suben los alimentos por el camino, entre el campo y el súper? Básicamente, las industrias que los transforman y los distribuidores que los transportan y los venden. Por un lado, las industrias agroalimentarias, para conseguir vender más barato y ganar margen, presionan a los productores (agricultores y ganaderos), el eslabón más débil de la cadena alimentaria, porque está dispersos y poco organizados (hay 4.000 cooperativas agrarias, la mayoría demasiado pequeñas), con lo que no tienen fuerza para negociar precios y condiciones. Y luego, estas industrias tienen que pelear precios con los distribuidores y grandes cadenas de supermercados, que son el eslabón más fuerte de la cadena y presionan a las industrias para que les den más por menos, a costa del campo. Y así, al final, un litro de leche, que se paga al ganadero a 0,28 céntimos litro (diciembre 2015) nos acaba costando en el súper el triple, 0,75 céntimos (IPOD diciembre 2015).

La mayor parte del margen se queda en la distribución, cada día más concentrada en media docena de empresas, que controlan ya más de la mitad de las ventas totales: Mercadona (22,7% de cuota), Día y sus marcas (8,7%), Carrefour (8,4%), Eroski (5,9%), Auchan (3,8%) y Lidl (53,2%), según el último ranking de Kantar Worldpanel. Unos gigantes de la distribución que imponen condiciones y precios a las industrias alimentarias y en consecuencia a los agricultores y ganaderos. Y cuyo poder aumenta año tras año, por el auge de las “marcas blancas” (39% de cuota) y la guerra de precios, que deja por el camino a los súper más débiles, que venden o cierran. De hecho, la tendencia en Europa es a una concentración de la distribución alimentaria, mayor que en España: así, los 5 mayores distribuidores controlan el 89% del mercado en Portugal, el 80% en Reino Unido, el 58% en Francia y el 55% en Alemania, mientras en España copan el 49,5% del mercado. Eso se debe al auge aquí (40% mercado) de los súper regionales (Ahorramas en Madrid, Consum en Valencia, Covirán en Andalucía, Gadisa en Galicia o Lupa en Cantabria), que hacen sombra a los grandes, aunque muchos acaban cayendo en sus redes. Y todo apunta a una mayor concentración cada año.

Al final, unos distribuidores con más poder y unas industrias que llevan años conteniendo precios por la crisis han aprovechado el ligero repunte del consumo para subir precios, apoyados también en el hecho cierto de las malas cosechas por la variable climatología. Algo que choca con la tendencia del mercado mundial, donde los alimentos han vuelto a bajar de precio en 2015, por cuarto año consecutivo, según la FAO, debido al exceso de oferta y al menor crecimiento de los países emergentes. Un hecho que también nos afecta, porque las industrias españolas y los grandes supermercados no dudan en comprar más alimentos importados cuando los alimentos en España se encarecen: las importaciones de alimentos han crecido un +7,6% en 2015, sobre todo de lo que más sube aquí, aceites (+24,9% importaciones), frutas (+16%) y pescado (+12,6%). Y así, importan aceite de Túnez, naranjas de Sudáfrica, carne de Brasil o pescado de Vietnam, a precios más bajos si suben en España. Y aunque baja la calidad, no baja el precio y la diferencia va a sus márgenes.

Al final, el mayor consumo de las familias españolas (porque hay un millón de personas más trabajando y porque han bajado precios e impuestos) se traduce en una mayor compra de alimentos, que se había recortado con la crisis. Y el aluvión de turistas aumenta más la demanda, sobre todo en verano. Como el clima no ayuda, con sequía, inundaciones y heladas a destiempo, las cosechas no crecen como la demanda y menos en un campo donde a los agricultores y ganaderos no les salen las cuentas. El resultado de esta situación, más demanda y menos oferta, es una subida constante de precios. Y más si son pocos los que controlan el mercado, las ventas finales. Así que ya lo saben, comer será cada vez más caro. Al margen de las ofertas gancho que nos ponen para que no cambiemos de súper. Ojo a la subida de los alimentos.