Ha pasado bastante desapercibido, pero el Gobierno Rajoy aprobó el 3 de octubre otro rescate con nuestro dinero, como el de la banca: el almacén de gas Castor, situado en la costa de Castellón. Como su
funcionamiento provocó mil micro-seísmos, lo paralizó el año pasado y ahora lo cierra, pagando a sus dueños
(una empresa de Florentino Pérez) lo que han invertido, un compromiso del Gobierno
Zapatero, que autorizó el almacén en 2008 sin estudios sísmicos. El cierre costará 100 millones de
euros anuales los próximos 30 años, 3.000 millones que se cargan al recibo de los consumidores de gas (particulares y
empresas), que pagarán un 1% extra en
cada recibo por el cierre de Castor. Otro ejemplo de “socialización de pérdidas”, de cómo los consumidores pagamos los
errores de otros: rescate de las Cajas
(Rajoy), cierre de nucleares (González),
déficit eléctrico (Aznar) y pronto,
la nacionalización de 9 autopistas y
el rescate parcial de las centrales de gas. ¡Viva la economía de mercado!
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| enrique ortega |
El almacén de gas Castor
es el cuarto en España, tras los que funcionan
sin problemas en Yela (Guadalajara),
Bermeo (Gaviota, en la costa vizcaína) y Serralbo (Huesca). Está situado a
22 kilómetros de la costa
de Castellón, frente a Vinaroz, a 1.750 metros bajo el mar,
aprovechando el antiguo yacimiento petrolífero de Shell en Amposta. Su objetivo
era almacenar gas para garantizar el
suministro de un tercio del consumo español durante 50 días. El primer
permiso de investigación lo concedió el Gobierno
Aznar, en 1996, pero hasta mayo
de 2008 no fue autorizado por el Gobierno Zapatero.
Y no empezó a funcionar hasta el 14 de junio
de 2013, cuando se empezó a cargar el gas. Pero en septiembre 2013 se
produjeron hasta
1.000 microseísmos en
la zona (uno de magnitud 4,2 en la escala Richter), lo que provocó la paralización
por el Gobierno el 26 de septiembre de 2013. Posteriormente, dos informes del Instituto Geográfico
Nacional (diciembre
2013) y del Instituto Geológico y Minero (abril
2014) coincidieron en su diagnóstico: los temblores tenían
que ver con Castor y se debían a la rotura de una falla no
cartografiada antes (ahora falla Castor).
La empresa
propietaria, Escal UGS (un 66,7% de ACS, presidida por el madridista Florentino Pérez, y el resto
de la canadiense Escal) insistió durante meses que los seísmos no tenían que
ver con Castor. Y de paso, recordaba que si
el almacén no entraba en funcionamiento, el Gobierno tenía que resarcirle de la
inversión, según la concesión. Y
era así: el Real Decreto
de mayo de 2008 que autorizó Castor permitía
a la empresa renunciar al proyecto en cualquier momento de los 25 años de
concesión y en caso de caducidad o extinción de la concesión, “las instalaciones revertirían al Estado (…) y
se compensará el valor neto contable de las instalaciones”, un
trato de favor que no se dio a los almacenes de Yela y Gaviota
(autorizados en 2007). Pero hay más. El ministro
Carlos Sebastián concede a Castor otro
beneficio más: “en caso de dolo o
negligencia imputable a la empresa concesionaria, la compensación se limitará
al valor residual de las instalaciones…”. Luego hay que indemnizarles
(menos) aunque tengan la culpa. Una locura,
pero está escrito en el BOE.
El Gobierno Rajoy
recurrió
al Supremo, en mayo de 2013, esta segunda parte de la cláusula del
contrato, por considerarla abusiva. Pero el 14 de octubre de
2013, el Tribunal
Supremo resolvió a favor de la empresa: había que
indemnizarla. El Gobierno estuvo varios
meses remoloneando y en julio de
2014, Florentino Pérez le comunica que renuncia
a explotar Castor, paralizada ya diez meses. Y reitera su mensaje: me
tenéis que pagar lo invertido, unos 1.400 millones, tres veces lo previsto. El Gobierno
se pone las pilas porque lucha contra el calendario: en
noviembre de 2014, el almacén Castor ha
de pagar el primer cupón a los inversores que han puesto su dinero para
construirlo, grandes bancos europeos y el propio Banco Europeo
de Inversiones (300 millones). Si no
se les paga (el almacén no da ingresos) y la empresa quiebra,
supone un grave problema para la imagen de España. Hay que pagarles y “tranquilizar a los mercados”.
Aunque sea a costa de que lo paguemos todos.
La primera idea
del Gobierno Rajoy es nacionalizar
Castor, crear una empresa pública que
se quede con el muerto y financiarlo con
un crédito del ICO, un préstamo a bajo interés. “El consumidor no pagará Castor”,
decía
el 4 de julio de 2014 el secretario de Estado de la Energía. Pero esta
fórmula se consultó con Bruselas y lo tuvieron claro: así aumentaba la
deuda pública de España en 1.400 millones. Así que Montoro se negó en redondo. Y hubo
que buscar otro
camino: Enagás (5% del Estado) se hace cargo de Castor y pide un
préstamo a tres grandes bancos (Santander, CaixaBank y Bankia) para pagar a los inversores: en 35 días, les adelantarán los 1.350
millones de euros del rescate, a
cambio de un
interés para los bancos del 4,3% a 30 años. Y luego, Enagás traslada este coste a los operadores y comercializadores de gas, que lo cargan a
los consumidores (particulares y empresas) en el recibo.
En
total, contando el coste de indemnizarles, los intereses del préstamo
bancario, el coste de mantener Castor “hibernando” (20 millones al año), despedir
a sus 200 trabajadores y desmantelarlo en el futuro (200 millones), la factura será de unos
100 millones de euros al año durante
30 años, unos 3.000 millones de euros (la OCU lo sube a 4.731 millones). Aproximadamente, un
extra del 1% en la factura mensual de los 7,4 millones de usuarios del gas
en España. Para intentar paliar la
impopularidad de esta decisión, el Gobierno ha insistido que “deja la puerta abierta a exigir
responsabilidades en el futuro a Escal EGS si se demuestra que hubo
negligencia”, para lo que ha pedido
sendos informes a la Universidad de Stanford y al Instituto Tecnológico de Massachusetts,
informes que tardarán más de un año (para el siguiente Gobierno).
La pena es que estos
y otros informes no
se pidieran antes de autorizar el almacén Castor, ni
en 1996 ni en 2008. De hecho, el informe
(favorable) de Medio Ambiente no se conoció hasta noviembre de 2009 (18
meses después de la concesión) y no
consideró los riesgos sísmicos (aunque un informe del Instituto Geológico y Minero validó en 2007 los estudios técnicos de la empresa), a pesar de las denuncias de varios expertos y del
Observatorio del Ebro (incluso la página 27 del folleto de emisión de bonos
para los inversores, en julio de 2013, también señalaba riesgos de fugas y seísmos). Pero el
almacén Castor era una
“prioridad energética”, primero
para el Gobierno Zapatero y luego para el de Rajoy, además de contar con el apoyo
político de Francisco Camps (Generalitat valenciana), del condenado Carlos
Fabra (Diputación de Castellón) y del Ayuntamiento de Vinaroz (PP). Ahora, todos
se acusan mutuamente, pero el hecho es que entre todos lo apoyaron (sin
garantías) y nosotros los consumidores pagamos los platos rotos.
El problema es que Castor (ahora en
los infiernos, como el mito) no es un caso
aislado, sino otro ejemplo más de este principio:
cuando las cosas van bien, el beneficio
es privado, pero cuando van mal, lo pagamos entre todos. Socializar
pérdidas. Es lo que pasó con la crisis de la banca y el pago del rescate a las Cajas, que nos acabará costando
más de 100.000 millones de euros. Antes, la decisión de Felipe González
(1991) de paralizar la construcción de 7 centrales nucleares: la moratoria
nuclear la estamos pagando en el recibo de la luz (0,89%) hasta 2020.
Después, la decisión
de Aznar (1997) de compensar a las eléctricas por subir menos la luz (déficit de tarifa), por lo que estamos pagándoles
esta “deuda” en cada recibo: 3 euros al mes hasta 2025. Y ahora viene la nacionalización
de 9 autopistas de última generación (aprobadas por Aznar), que prepara
el Gobierno Rajoy desde hace más de
un año y que nos costará otros 2.000
millones. Y antes de las elecciones podrían “hibernar”
por 4 años (a costa de nuestro
recibo) las centrales eléctricas de
gas, que ahora sólo funcionan al 7% por el exceso
de oferta (una “burbuja eléctrica” alimentada con ayudas públicas y nuestro recibo).
Al final, se está desvirtuando la esencia del capitalismo: invertir
con riesgo,
a cambio de beneficios o de tener que
cerrar. Ya hemos visto muchos ejemplos,
en España y en el mundo, de las nuevas reglas: si las cosas van bien, gano (ACS, con Castor) y si van mal, también (porque
me rescatan e indemnizan). Todo sea porque los inversores no pierdan y no se
preocupen “los mercados”: somos el
segundo país más endeudado del mundo y estamos en sus manos. Así que, nada de riesgo: ganan siempre algunos
(los más grandes y los que tienen mejores conexiones con el poder -ver
foto-, ya que con la crisis han
cerrado 184.000 empresas en España). Y nosotros perdemos. ¡Viva la economía de mercado¡
