Inflación récord, menos gasto y más pobreza

Los precios volvieron a subir en junio, un +10,2% anual, por culpa de carburantes, alimentos, hoteles y restaurantes. Esta inflación récord (desde 1985) recorta el gasto familiar y el crecimiento del país: +0,2% el primer trimestre y podría quedarse en +0,4% el segundo. Llueve sobre mojado, porque el consumo se recuperó en 2021, pero todavía es menor al de 2019. Y gastamos más del 50% en vivienda, energía, luz y alimentos, lo que más sube. Por eso, ha aumentado la pobreza, según el INE: un 27,8% de los españoles (13,2 millones) están en riesgo de pobreza, 846.000 más que en 2019. Y de ellos, 10,2 millones (el 21%) son pobres: ganan menos del 60% de la media. Son 576.000 más que antes de la pandemia. Y también hay más desigualdad. Urge un Plan de choque contra la pobreza, que suba el salario mínimo, corrija el ingreso mínimo vital y mejore los servicios sociales y el empleo a los más desfavorecidos. Se quedan atrás.

Enrique Ortega

La inflación ha empeorado aún más, al subir del +8,7% que estaba en mayo al +10,2% que el INE estima para junio, el peor dato de precios en España desde hace 37 años (desde abril de 1985) y un salto tremendo en sólo un año (estaba en el +2,7 % anual en junio de 2021). Tres son los culpables de que la inflación anual supere el 10%, según el INE: los carburantes (en récords históricos esta semana: 2,12 euros la gasolina y 2,10 el gasóleo, según el Boletín Petrolero Europeo), los alimentos (14 artículos han subido más del 10%) y los hoteles y restaurantes, que aprovechan la coyuntura para desquitarse de la pandemia. Pero lo más preocupante es que sube casi todo: la inflación de fondo (sin energía ni alimentos) ha subido un +5,5% hasta junio (+0,6% sobre mayo), según el avance del INE, la inflación subyacente más elevada en España desde 1963. Esto significa que todo sube con la excusa de la guerra, no sólo la energía y los alimentos.

Esta inflación récord va a seguir alta durante este verano, porque aunque pueda bajar algo la luz (porque surta efecto al tope aprobado al gas), seguirán aún muy caros los carburantes y los alimentos, por la demanda extra en vacaciones (se esperan 29 millones de turistas entre julio y septiembre). Y encima, siempre suben en verano los precios de los hoteles y restaurantes, así como los apartamentos turísticos. Y si Putin corta radicalmente las exportaciones a Europa de petróleo y gas, la inflación subirá aún más.

Este panorama de alta inflación estructural está afectando al consumo de los españoles, que ya cayó un -2% en el primer trimestre, según el INE, lo que provocó que la economía española creciera sólo un +0,2% (frente al +2,4% en la segunda mitad de 2021). Y todo apunta a que ha seguido restando crecimiento en el 2º trimestre, donde la economía sólo habrá crecido un +0.4% (casi en exclusiva por el turismo y las exportaciones), según la estimación del Banco de España. Así que la inflación, si sigue “comiéndose” el consumo, seguirá frenando el crecimiento, con el riesgo de una nueva recesión en Europa a partir de septiembre, cuando ya no ayude el turismo y nos frene la subida de tipos que se hará en julio.

El problema de esta nueva caída del consumo en 2022 es que “llueve sobre mojado”, porque la pandemia ya provocó una anterior caída del consumo, que nos llevó a la recesión de 2020 (el PIB cayó un -10,8%). En 2020, el gasto de las familias cayó un -10,7% (-3.247 euros menos de gasto anual) y no se ha recuperado en 2021: el gasto familiar aumentó un +8,3% (+2.248 euros), pero aún así es todavía menor al de antes de la pandemia (29.244 euros de gasto familiar en 2021 frente a 30.243 euros en 2019), según acaba de publicar el INE. Y con la inflación récord actual, se teme que tampoco este año 2022 recuperemos el nivel de gasto (y crecimiento) de antes de la pandemia.

Lo que sí ha hecho la pandemia es cambiar nuestros hábitos de consumo, el reparto de gastos que hacemos, según la Encuesta de Presupuestos Familiares 2021 del INE. Así, gana peso el gasto en vivienda, agua, luz y combustibles: de suponer el 29,5% del gasto total en 2009 saltó al 31,2% en 2020 y el 33,8% en 2021. También gastamos más en alimentos: de ser el 14,3% del gasto total en 2009 y el 14,2% en 2020 se ha pasado al 16,4% del gasto familiar en 2021. Y también sube el peso del gasto sanitario (copago farmacéutico y seguros médicos): del 3,2% del gasto total en 2009 al 3,5% en 2020 y el 4,1% en 2021. Por el contrario, pierden peso el resto de gastos: bebidas alcohólicas y tabaco (del 2% en 2009 al 1,7% en 2020 y 2021), vestido y calzado (del 5,8% al 4,7% y al 4%), muebles y artículos del hogar (del 5% en 2009  al 4,4% en 2020 y 2021), el transporte (del 11,9% al 12,9% y al 11%), las comunicaciones (del 3,1% en 2009 y 2020 al 3,2% en 2021), el ocio y la cultura (del 6,8% del gasto familiar en 2009 al 4,4% en 2021), la enseñanza (del 1% en 2009 y el 1,6% en 2020 al 1,5% en 2021) y los hoteles y restaurantes (del 9,6% en 2009 al 7,8% en 2021).

El mayor problema es que las familias españolas han concentrado su gasto en lo que más está subiendo de precio. Así, en 2021, el 50,2% de todo el gasto familiar (14.680 de los 29.244 euros de gasto total) se dedicó a vivienda, luz, carburantes y alimentos. Pero lo peor es que estos gastos básicos  tienen mucho más peso en las familias con menores ingresos, donde suponen dos tercios del gasto total, según alerta el INE. Así, el 20% de las familias con menos ingresos gastan el 64,3% de su presupuesto en vivienda, energía y alimentos (lo que más sube de precio), mientras que el 20% más rico sólo gasta en estos bienes y servicios básicos el 41,7% de su presupuesto. Y además, los más pobres gastan sólo el 2,8% en sanidad (frente al 4,8% los más ricos), el 3,9% en hoteles y restaurantes (frente al 9,8% que supone ese gasto para los más ricos) y un 2,6% en ocio y cultura (el 20% más rico dedica el doble de gasto al entretenimiento, un 5,5%).

Así que la inflación no afecta por igual a las familias, sino que los gastos básicos (los que más suben) pesan más en las cuentas de los hogares con menos ingresos. Y además, en los últimos años, son los que han sufrido más el desempleo y el recorte de ingresos, por unos empleos más precarios y peor pagados. Por todo ello, la pobreza ha crecido en España tras la pandemia: ya teníamos el mal dato de 2020 (aumentó, por primera vez desde 2014) y el INE publicó ayer el de 2021, la tasa más alta de pobreza desde 2016.

Al hablar de pobreza, hay dos estadísticas oficiales, a nivel europeo. Una es la tasa AROPE, que mide la pobreza de los europeos que tienen bajos ingresos, carencia material severa y bajo nivel de empleo. Según estos 3 indicadores, un 27,8% de los españoles (13.186.319 personas) estaban en situación de pobreza o exclusión social en 2021: son 407.225 más que en 2020 (27%) y 846.016 excluidos más que en 2019 (26,2%), antes de la pandemia. La mayoría son económicamente “pobres”, porque ingresan menos del 60% de la renta media española (en 2021, menos de 9.535 euros los solteros y 20.024 euros las familias con dos hijos). Con este baremo, el INE señala que un 21,7% de los españoles son pobres (eran 20,7% en 2019 y el 21% en 2020): 10.292.918 personas, 352.918 más que en 2020 y 575.918 pobres más que antes de la pandemia (2019).

Además de estos “pobres oficiales” (el 21,7% de la población), hay otro porcentaje de españoles (8,3% en 2021) que tienen carencias materiales, sean o no sean pobres: el 33,4% de los españoles no puede atender gastos imprevistos, el 32,7% no tiene posibilidad de ir de vacaciones, el 14,4% retrasa pagos y el 8,8% de las personas tienen “mucha dificultad” para llegar a fin de mes. Además, el tercer componente de la exclusión social es el bajo nivel de empleo (poco o de baja calidad), que afecta al 11,6% de los españoles.

Si nos centramos en esos 13,18 millones de españoles en situación de pobreza o exclusión social (tasa AROPE de pobreza), el porcentaje (27,8% de media) es mayor entre los más jóvenes (28,7% entre los menores de 16 años), los menos formados (38,4% de pobreza entre los que sólo tienen primaria y 34,4% entre los que sólo tienen la ESO), los adultos solos con niños (54,3% de pobres) y los hogares con niños (37,3% excluidos), los parados (el 58,6% en situación de pobreza y exclusión social) y los inmigrantes (65,2% inmigrantes no europeos son pobres y el 40,3% de los inmigrantes UE), según el INE. Y por autonomías, hay 8 regiones con más pobreza que la media (27,8%): Ceuta (43% de su población en pobreza o exclusión social) , Andalucía y Extremadura (38,7%), Canarias (37,8%), Melilla (35%), Murcia (33,8%), Castilla la Mancha (32,5%) y la Comunidad Valenciana (30,6% de pobreza). Y entre las 11 autonomías con menos pobreza que la media, destacan Navarra (9,8%), País Vasco (12,2%), Madrid (15,2%) y Cataluña (14,8%).

La pandemia no sólo ha aumentado la pobreza en España, entre 2019 y 2021, sino que también ha aumentado la desigualdad, según el INE. Y aportan 2 datos. Uno, la relación entre los ingresos del 20% que más gana y el 20% de españoles que menos ganan: ingresaron 6,2 veces más en 2021 (frente a 5,8 veces más en 2020 y 5,9 veces más en 2019).  El otro, el índice de Gini, más alto cuanto más desigualdad: subió del 32,1 en 2020 a 33 en 2021, después de haber bajado cada año la desigualdad desde 2014 (índice 34,7).

Estos datos del INE nos acaban de confirmar lo que ya temíamos: que la pandemia ha agravado la pobreza y la desigualdad en España. Y todo apunta a que ahora, la elevada inflación agravará aún más la pobreza y la desigualdad, porque las subidas se concentran en productos y servicios básicos que suponen un mayor porcentaje de gasto en las rentas bajas (64,3%) que en las altas (41,7%). Así que además de las medidas de choque aprobadas, que benefician más a las familias más vulnerables pero también al resto (bajada de impuestos a la luz y bonificación generalizada a los carburantes), urge poner en marcha un Plan de choque contra la pobreza y la desigualdad.

¿Medidas? Para saber las que hacen falta, lo mejor es acercarnos al perfil de los españoles en situación de pobreza y exclusión social, según el informe Foessa publicado por Cáritas: más mujeres que hombres y menores de 18 años, con pocos estudios, extranjeros (sobre todo extracomunitarios), de etnia gitana y que viven en ciudades de más de 50.000 habitantes. Pero ojo, un 17,9% de trabajadores son "pobres" , según el INE, aunque tengan un trabajo: 3,6 millones de "empleados pobres", 558.000 más que antes de la pandemia (2019).  Como corolario, el informe Foessa señala los 8 factores de riesgo que llevan a la pobreza: estar en paro, ser menor de 30 años, tener un bajo nivel de estudios, la etnia, la nacionalidad, el número de personas en el hogar (tener varios hijos o madres solas triplica el riesgo), el residir en barrios degradados y tener discapacitados en casa.

Este resumen de causas de la pobreza puede servir para poner en marcha un Catálogo de medidas contra la pobreza que habría que tomar: mejorar la formación y el empleo de los colectivos más desfavorecidos, atender especialmente a menores y jóvenes pobres, integrar a inmigrantes y gitanos, cuidar mejor a familias numerosas, madres solas y hogares con discapacitados. Además, el informe FOESSA propone un abanico de medidas contra la pobreza y la exclusión social: mantener las ayudas por la pandemia y la inflación, mejorar el ingreso mínimo vital (que cobran 461.788 hogares, la mitad de los 800.000 prometidos), reducir la precariedad laboral (sobre todo en la limpieza, la hostelería y las labores agrícolas, origen de muchos “trabajadores pobres”), mejorar los bajos salarios, garantizar una atención sanitaria de calidad a todos, mejorar la atención a los dependientes, facilitar alquileres asequibles y mejorar la formación, reduciendo la brecha digital de las familias más desfavorecidas.

Además, en este contexto de alta inflación, urge tomar otras medidas complementarias para frenar la pobreza y la desigualdad. Una, facilitar alquileres asequibles, con más ayudas y promoción pública, porque el alquiler se lleva hasta el 40% de los ingresos de muchas familias y las conduce a la pobreza (o al desahucio). Dos, atajar la pobreza energética, ampliando el bono social eléctrico. Tres, fomentar la subida de los salarios más bajos, la antesala de la pobreza para muchos españoles con trabajo. Baste recordar que uno de cada cinco trabajadores gana el salario mínimo y dos de cada tres empleados ganan menos de 1.900 euros: con los precios disparados, muchos no pueden llegar a fin de mes. Y sobre todo, urgen  Planes de empleo específicos, para mujeres, jóvenes y regiones más pobres, para atajar la primera causa de pobreza: no tener trabajo o tener un empleo precario y mal pagado.

En resumen, la inflación nos hace daño a todos pero a unos más que a otros. Hay millones de familias que ya lo estaban pasando mal, tras la pandemia, y cuya situación empeora con la subida desbocada de sus gastos básicos. No hacen falta sólo medidas de choque para la mayoría, sino priorizar las ayudas dirigidas a los más desfavorecidos, los que más las necesitan. Hay que ayudarles con Planes selectivos, para evitar que más españoles sigan marginados de la sociedad y de la democracia. No podemos dejarles atrás.

Guerra, inflación y medidas de choque (políticas)

La guerra en Ucrania supera los 4 meses y los europeos sufren una alta inflación, que ha provocado crisis políticas en Francia, Italia, Reino Unido y España (Andalucía). El Gobierno Sánchez ha aprobado nuevas medidas de choque, porque el tope al gas apenas funciona, suben los carburantes (aunque baja el petróleo) y las empresas siguen aumentando precios (la mitad, sin relación con la guerra). Unas medidas, el cheque y las ayudas a las familias más vulnerables, están plenamente justificadas. Pero la bajada del IVA o el descuento a los carburantes, dirigidas “a la clase media” (la que vota), son “cuestionables”: benefician más a los que más ganan y tienen un alto coste, disparando el déficit, en víspera de una subida de tipos que encarecerá la deuda. Ayudas que, además, son “parches”, porque no se afronta el problema de fondo: atacar las causas de que suban luz, carburantes y alimentos. Pero la política manda y el Gobierno busca salvar su imagen. Atajar a fondo los problemas es más lento e impopular.

Enrique Ortega

En Ucrania, sigue la guerra y Zelenski está a punto de perder el Donbás (un 5% del territorio y el 20% de su economía), tras miles de muertos y 8 millones de refugiados. Y en Europa, el corte parcial provocado por Putin dispara el precio de la energía y los alimentos, con una inflación disparada que afecta ya seriamente a las economías y al bolsillo de los europeos, provocando tensiones sociales y políticas en distintos paises: Francia (Macron ha perdido la mayoría absoluta, algo insólito para un presidente en la V República), Italia (el ministro de Exteriores ha roto con su partido), Reino Unido (Johnson se enfrenta a una dura huelga de transportes mientras pierde dos elecciones locales) y España, donde la izquierda ha perdido estrepitosamente las elecciones en Andalucía..

La inflación elevada y persistente desgasta a todos los Gobiernos europeos, que temen una recesión en otoño si persiste la guerra y entra en juego la subida de tipos que va a aprobar en julio el BCE, por primera vez en 11 años. Y las medidas adoptadas no acaban de frenar la escalada de precios en la energía, los alimentos y la mayoría de productos y servicios. En España, hay tres culpables claros de la alta inflación (+8,7% anual en mayo), según el INE: la subida de la luz (+30,2%), los carburantes (+23,5%) y los alimentos (+11%), con 14 artículos que suben más del 10% anual. Pero además, hay un problema de fondo: la mayoría de empresas han aprovechado la coyuntura para subir precios tras la pandemia. Así, más de la mitad de los productos y servicios se han encarecido más de un 3% y el 40% más de un 4%, al margen de la energía y los alimentos, según la AIReF.

La esperanza del Gobierno era que bajara la electricidad, un 15%, gracias al tope al gas autorizado por Bruselas, y eso ayudara a rebajar el IPC. Pero la medida llegó tarde (con 45 días de demora, por Portugal y Bruselas) y está siendo poco efectiva, al menos en la primera semana: entró en vigor el miércoles 15 de junio, con un precio mayorista de 225,27 euros (214,05 el día anterior) y seguía en 282,12 euros el viernes 24 (el triple del precio mayorista de la luz hace un año y más caro que los 195,86 euros que costaba el día antes de la invasión). Esto se debe a que la excepción ibérica (un tope al gas de 48,8 euros durante un año) ha empezado en un mal momento: el precio del gas se ha disparado (de 79 a 118 euros), por los cortes de suministro de Putin, y  además ha habido que utilizar más gas para producir electricidad porque la última ola de calor ha reducido la energía eólica y la hidroeléctrica. Así que el tope del gas ha hecho que bajara el precio mayorista de la electricidad (de 214,05 euros el 14 de junio a 131,59 el viernes 24), pero como ahora hay que compensar a las eléctricas por un gas que es más caro (la compensación ha pasado de 59,68 euros el 15 de junio a 89,31 el viernes), al final el coste real de la luz en origen es mayor.

El Gobierno insiste en que se trata de “un mal estreno” de los topes, por razones coyunturales del mercado y del clima, pero que los precios mayoristas van a bajar y lo acabaremos notando en el recibo, con rebajas del 15 al 20%. Pero no hay que ser optimistas, porque este verano puede bajar poco la luz, dado el alto consumo (calor y turistas) y la menor aportación de la energía eólica e hidráulica, que se notarán más en otoño e invierno.

El otro quebradero de cabeza, la subida de los carburantes, va a peor: los precios de la gasolina y el gasóleo han alcanzado récords históricos, a pesar de que el petróleo baja en junio. Veamos los datos. La gasolina costaba de media 2,141 euros por litro, 0,55 euros más que antes de la invasión de Ucrania, según el Boletín Petrolero Europeo. Y el gasóleo cuesta de media 2,076 euros por litro, 59 céntimos más que el 23F. Con ello, la gasolina en España ha subido un +34,5% (sólo +19% de media en la UE-27) y el gasóleo un +40,4% (+27,6% en Europa), mientras el petróleo subió un +12,7%. En este mes incluso, el petróleo ha bajado un -9,7%, mientras la gasolina ha subido un +9%  en España y el gasóleo un +11%.

¿Qué está pasando? Básicamente, que los precios de los carburantes en el mercado internacional suben más que el petróleo, porque hay menos refinerías trabajando (las de Rusia ya no están en el mercado y otras se cerraron con la pandemia) y además les ha subido el gas que utilizan para el refino. Además, en España, las petroleras están aumentando su margen bruto. El último dato publicado por la Comisión de la Competencia (CNMC) es de abril: ese mes, bajó el precio internacional de los carburantes (en euros), pero subió el precio de venta (sin impuestos) porque las petroleras subieron su margen bruto (costes, transportes, distribución y beneficio): +4,3% en las gasolinas y +23,7% en los gasóleos. Precisamente, el Gobierno ha reiterado que la CNMC “vigilará de cerca” los márgenes de las petroleras. Porque el precio internacional del petróleo y los carburantes son igual para todos,  pero los precios en la gasolinera (sin impuestos) son más altos en España: tenemos el tercer precio más alto de Europa en las gasolinas (1,297 euros frente a 1,235 en la UE-27) y el 9º más caro en el gasóleo (1,337 frente a 1,298).

Y luego están los alimentos, que han subido un +11% de media (aunque algunos aceites han subido un +95,4%, los huevos un +25,4%, la leche un 16,5% y el pan un 12,6%). Mientras, los agricultores y ganaderos dicen que no es por ellos, que los precios agrícolas que ellos reciben se multiplican por 4,6 veces al llegar al consumidor, según el IPOD de mayo. Y por 2,79 veces los precios de leche, carne y huevos. Y se quejan de que estas subidas se quedan por el camino, entre industrias, distribuidores y supermercados. Lo que preocupa ahora es que con el verano (y con 29 millones de turistas más a consumir entre julio y septiembre), los precios de los alimentos sigan subiendo, sobre todo frutas y carnes.

¿Qué se puede hacer? La tentación de cualquier político es aprobar ayudas y extenderlas al mayor número posible de personas (votantes) para rebajar las quejas por la inflación que se dan en toda Europa. El 29 de marzo, el Gobierno Sánchez ya aprobó un primer paquete de medidas contra los efectos de la guerra, con subvención a los carburantes, ayudas a sectores (transportistas, campo y pesca) y rebaja de 20 céntimos a los carburantes, con un coste de 6.000 millones de euros. Pero los precios han seguido subiendo y se han comido las ayudas. Y crece la “impotencia social”, agravada porque el Gobierno ha perdido las elecciones en Andalucía. Así que, a finales de junio, cuando  acababan las anteriores ayudas, el Gobierno ha aprobado nuevas medidas de choque frente a la inflación.

La medida más llamativa es la rebaja del IVA de la luz, del 10% al que lo había bajado ya el 26 de junio de 2021 al 5% ahora, durante seis meses, una rebaja ahora posible porque Bruselas modificó el 5 de abril la Directiva 2020/285 para poder rebajar el IVA a la electricidad. Con ello, España es ahora el 2º país con el IVA más bajo a la luz (junto a Malta), con un tipo inferior al de Portugal y Grecia (6%) y muy inferior al de Alemania (19%), Francia y Reino Unido (20%), Finlandia (24%), Dinamarca o Suecia(25%). Como el tope al gas es poco eficaz de momento, esta rebaja del IVA al 5% abaratará el recibo unos 5 euros.

El segundo bloque de ayudas de dirigen a aliviar la factura de  los carburantes. Por un lado, se mantiene el descuento a la gasolina y al gasóleo, 20 céntimos por litro, que ahora, con el verano, beneficiará también a millones de turistas. Y además, se ampliará el descuento al gasóleo profesional de los transportistas, que ya empezaban a hablar de una nueva huelga de transportes. Y se mantienen también las ayudas al campo y a la pesca.

El tercer bloque de ayudas va dirigido a las familias menos favorecidas. Primera, un nuevo cheque, de 200 euros, que recibirán 2,7 millones de trabajadores y parados con pocos recursos (las que ingresen menos de 14.000 euros al año), para ayudarles a paliar las subidas de precios. Un cheque que se da también en Francia (100 euros para los que ganan menos de 2.400 euros al mes) y en Italia (200 euros para los que ganan menos de 35.000 euros anuales). Segunda, la subida del 15% a los 800.000 beneficiarios del ingreso mínimo vital. Tercera, suben un 15% (60 euros al mes) las pensiones no contributivas (medio millón). Y cuarta, financiar más el transporte público, para que el  abono transporte baje (desde el 1 de septiembre) un 30% (50% si ayudan  autonomías y ayuntamientos).

El Gobierno dice que esta vez las ayudas se dirigen no sólo a las familias más vulnerables (cheque, pensiones y abono transporte)  sino a la clase media (bajada de impuestos y carburantes). Estas últimas medidas, las que se conceden a todos, “suenan muy bien”, pero tienen varios problemas. El primero y fundamental, que son “socialmente injustas”, como han reiterado numerosos expertos y también la OCDE y el FMI: benefician más a las rentas más altas. Por eso, defienden mejor “ayudas selectivas”, no generalizadas (aunque estas son más “populares”: afectan a todos los “votantes”). Y eso porque la inflación afecta más a las familias con menos recursos, según demuestra un estudio de CaixaBank Research: los gastos de primera necesidad (alimentación, vivienda y energía) suponen un 33% del gasto de las familias con menos ingresos y el 15% del gasto de las más ricas.

La segunda crítica es que la subvención a los carburantes favorece el Cambio Climático, va en contra de subir los impuestos a los hidrocarburos, la medida que defienden los expertos. Y además, la subvención favorece el consumo de carburantes, en lugar de frenarlo. La gente se queja de lo mucho que paga, pero está consumiendo más: en abril, se consumieron 471.602 Tm de gasolina, más que en marzo (433.822) y febrero (416.522) y sobre todo más que en abril de 2021, también con Semana Santa (377.439 TM), según CORES. Y lo mismo en el gasóleo: 2.638.030 TM consumidas este abril, un 7,8% más que en abril de 2021 (2.448.030 Tm), a pesar de que cuesta 90 céntimos más. Tremendo.

La tercera crítica de fondo es que la rebaja de impuestos (defendida reiteradamente por el PP y aceptada ahora por el Gobierno) y las ayudas indiscriminadas torpedean las cuentas públicas, muy deterioradas tras 2 años largos de pandemia. De hecho, las ayudas aprobadas el último año (rebaja IVA luz, descuentos y ayudas) han costado al Presupuesto unos 10.000 millones de euros. Y la factura de las medidas actuales (rebaja IVA, carburantes,  cheque y otras ayudas) superará los 9.000 millones de euros hasta diciembre. Un altísimo coste total, más de 19.000 millones de euros, que agrava el problema de las cuentas públicas de España, que nos acaba de recordar la Comisión Europea: un 6,76% de déficit público en 2021 y una deuda del 118% del PIB, deuda por la que habrá que pagar más, dado que en julio suben los tipos de interés.

Así que algunas de las medidas de choque son “socialmente injustas” y agravan el agujero de las cuentas públicas, acercando el peligro de que haya que hacer recortes a medio plazo, algo de lo que nunca habla el PP (que luego los hace). El Gobierno sabe de este riesgo y promete compensar las ayudas con más ingresos, pero no ahora: sube el impuesto a los beneficios 2022  de las eléctricas y petroleras (retroactivamente) en una Ley que aprobará con urgencia este año y recaudará a partir de enero de 2023. Una medida que ya se ha aprobado en Italia, con el conservador Draghi (ha aprobado un impuesto extraordinario del 25% sobre el beneficio de las eléctricas: 6.000 millones de euros), y en Reino Unido, con el conservador Johnson (ha subido el impuesto de sociedades del 40 al 65%: 5.800 millones de euros más de recaudación). Incluso la propia Comisión Europea lo apoya.

Al final, el problema de algunas de las medidas de choque aprobadas es que son socialmente regresivas y muy caras, aunque sean “populares” y con ellas el Gobierno busque mejorar su imagen. Pero lo peor es que son sólo un “parche”, que no resuelve los problemas de fondo, como ha apuntado incluso la ministra de Transición Ecológica. Para bajar la luz de verdad, hay que cambiar drásticamente el sistema de fijación de precios, como reconoce ahora la presidenta de la Comisión Europea. Y en el tema de los carburantes, urge una actuación internacional (para aumentar la oferta) y en España, una vigilancia a las petroleras y sus márgenes. Y en el conjunto de la economía, hace falta una mayor vigilancia (de la Administración y de la Comisión de la Competencia) sobre los márgenes y precios, para que las empresas no abusen y aprovechen la guerra de Ucrania para subir precios y beneficios sin justificación. No puede ser que algunos sectores (eléctricas, petroleras, grandes distribuidores y supermercados)  multipliquen sus beneficios, a costa de trabajadores y pensionistas cuyos ingresos están congelados.

Y una última reflexión de fondo. El Gobierno utiliza estas medidas de choque para mejorar su imagen tras los fracasos electorales en Madrid, Castilla y León y Andalucía. No le va a servir. Porque el problema de fondo es que la sociedad está muy polarizada y la mitad de la población no apoya ni tiene en cuenta lo positivo que hace el Gobierno. ¿Cómo es posible que el PP saque mayoría absoluta en Andalucía cuando ese partido ha votado en contra de la reforma laboral, la subida del salario mínimo, la actualización de las pensiones, el ingreso mínimo vital, el decreto anticrisis, la  reforma de la FP, la Ley de Eutanasia, la Ley del sí es sí…? Pues porque la mitad del país está en contra de Sánchez y del gobierno de coalición, hagan lo que hagan (aunque se hayan creado 1.117.800 empleos desde 2019). Y la otra mitad, están divididos, les exigen más o “pasan” de la política (42% de abstención en Andalucía).

En resumen, si el Gobierno busca “atajos populistas”, bajar impuestos y aprobar costosas ayudas generalizadas en lugar de afrontar los problemas de fondo, no le va a funcionar: no va a ganarse a la mitad del país que no valora sus reformas y empleos ni tiene en cuenta los noes injustificables de la oposición. Así, van camino de perder las elecciones de 2023.

España, destino audiovisual europeo

España es la 2ª potencia turística del mundo, pero no destaca ni por su industria ni por su tecnología. Ahora, el Gobierno Sánchez quiere que España sea una potencia en baterías y microchips y también en la producción audiovisual, donde ya somos el 2º país europeo que produce más series para TV. Para ello, el Plan de Recuperación impulsa, con Fondos europeos, el Plan “España Hub audiovisual de Europa”, que pretende atraer inversiones y profesionales de la industria audiovisual a España, para que seamos líderes en producción de series, cine, cortos, vídeos, publicidad, animación, videojuegos y e-Sports, una industria con mucho futuro y empleo. Para conseguirlo, el Gobierno ha aprobado una Ley audiovisual (polémica), que impulsa la producción europea y española, y un decreto que facilita los visados de entrada de profesionales audiovisuales extranjeros. Se busca convertir a España en “el Hollywood de Europa”, aprovechando nuestro idioma (el español llega a 600 millones), nuestra creatividad y experiencia audiovisual  y la calidad de vida del país. ¡Acción¡ 

Enrique Ortega a partir de ¡Bienvenido Míster Marshall! de Berlanga

La imagen domina el mundo, sobre todo la producción audiovisual para TV e Internet, monopolizada por móviles y tablets. La industria audiovisual ha disparado su importancia en todo el mundo, empujada por internautas que demandan cada vez más contenidos. Los gigantes del entretenimiento (Netflix, Amazon, Disney, HBO Max, Peacock, Quibi y Apple) ya invirtieron en 2019 un total de 177.000 millones de dólares, manteniendo 14 millones de empleos en todo el mundo. Y el sector seguirá creciendo un 2,8% más hasta 2024, según la consultora PwC. El gran potencial de esta industria audiovisual lo demuestra las constantes noticias de compras y fusiones de empresas, en EEUU  (Disney compró 20Th Century Fox y CBS se fusionó con Viacom) y en Europa (la francesa Banijay compró Endemol, Canal+ (Vivendi) adquirió M7, Telia compró Bonnier BroadCasting y Vodafone adquirió Liberty Global).

El mayor impulso a la producción audiovisual lo están dando las series, que en Europa suponen ya más de la mitad de la producción audiovisual total, con casi 1.500 series producidas anualmente, la mitad de alto impacto. España ha pasado de ser el 4º país con más series producidas en 2018 al 2º país en 2020, tras Reino Unido: se produjeron 75 series de gran impacto, más del doble que en 2015, según PwC. Netflix llegó a España en 2015 y en 2019 inauguró en Madrid (Tres Cantos) su primera sede de producción europea, ampliando sus estudios en 2021, que se han convertido en el 2º mayor centro de producción de series de Europa, solo por detrás de los estudios Pinewood de Reino Unido. Y otras productoras españolas, como Mediapro o Bambú, se han lanzado al mercado de series, vendiendo sus productos con gran éxito al mercado internacional.

En España, el sector audiovisual facturó 10.279 millones de euros en 2019 y se prevé que crezca hasta facturar 12.012 millones en 2024, según un informe de PwC. Curiosamente, la parte del negocio audiovisual que más factura (3.150 millones en 2019) es la producción de publicidad para Internet, seguida de la producción de publicidad para TV (2.049 millones), donde España supone el 5º mayor mercado europeo. La tercera mayor rama del negocio es la producción audiovisual para TV (2.396 millones facturados en 2019), seguida de la industria de los videojuegos y e-Sports (deportes a través de Internet), que facturaron 1.700 millones en 2019 y donde España es el 9º país que más factura, con un tremendo potencial (520 empresas y 14.250 empleos). Y están a la cola del negocio audiovisual  el cine (624 millones facturados en 2019, siendo el 6º país europeo en títulos producidos)  y las plataformas de vídeo OTT (vídeos a través de Internet), una parte del negocio audiovisual con mucho futuro (España es el 2º país que más vídeos consume, tras Reino Unido) pero que de momento sólo factura aquí 323 millones de euros.

El sector audiovisual español tiene un gran potencial, como en el resto de Europa y del mundo, pero de momento gira alrededor de unas pocas grandes empresas (que facturan más de 50 millones de euros anuales y tienen centenares de trabajadores), ligadas la mayoría a las grandes TV privadas (Tele5 y Antena 3) y muchas pequeñas productoras independientes, con un tamaño reducido (facturan menos de 15 millones anuales y tienen unos  20 trabajadores) ,con acceso muy limitado al mercado internacional y la financiación. Por eso, el sector lleva años pidiendo ayudas para reforzar su capacidad y poder competir en un mercado cada vez más internacionalizado, dominado por las multinacionales USA.

En marzo de 2021, el presidente Sánchez presentó el Plan “España Hub audiovisual de Europa”, para intentar convertirnos en el centro de atracción de la industria audiovisual europea, aprovechando tres ventajas de partida: el enorme consumo audiovisual de los españoles, la gran profesionalidad de la industria audiovisual española (sin tamaño y con poca financiación, 3 de las 20 series más vistas en Netflix en 2018 fueron españolas: La Casa de Papel, Élite y Las chicas del cable) y nuestro idioma (el español lo hablan o entienden 600 millones de personas en el mundo), además de ser un país con una buena calidad de vida y que puede atraer al talento extranjero.

El Plan “España Hub audiovisual de Europa” prevé invertir 1.603 millones de euros entre 2021 y 2025, con un objetivo muy concreto: aumentar un 30% la producción audiovisual española para 2025, empujando todos los ámbitos del negocio: cine, series, cortos, animación, publicidad, videojuegos y e-Sports. Para conseguirlo, el Plan establece tres prioridades: reducir los costes administrativos y regulatorios para atraer a España parte de la producción audiovisual extranjera, mejorar la competitividad de las productoras españolas y generar talento audiovisual, reduciendo la brecha de género.

El Plan, que promueve el Ministerio de Economía (no el de Cultura), con la vicepresidenta Calviño a la cabeza, consta de 15 medidas, vertebradas en 4 ejes de actuación. El primero, atraer inversiones, internacionalizando y digitalizando la industria audiovisual, para lo que se ha creado una oficina única para asistir y ayudar a los productores extranjeros  y también a las productoras españolas que quieran internacionalizarse. El segundo eje es mejorar los instrumentos financieros y fiscales a los productores que trabajen en España: facilitar financiación (con el ICO, CESCE, Cofides, Empresa Nacional de Innovación) y conceder incentivos fiscales a las producciones audiovisuales en España. El tercero, facilitar la disponibilidad de talento, con planes de formación de especialistas y apoyando el acceso a las mujeres (hoy escaso).Y el cuarto eje, aprobar la reducción de barreras administrativas y las reformas legales que faciliten la producción audiovisual en España.

Unos meses después, en junio de 2021, en el Plan de Recuperación enviado a Bruselas, el Gobierno incluyó el sector audiovisual como una de las prioridades económicas, destinando 200 millones de los Fondos europeos. Y en noviembre de 2021, aprobaron dos reformas legales para apoyar al sector. La primera, un Decreto aprobado el 2 de noviembre, que facilita la entrada en España de profesionales audiovisuales extranjeros, para que hagan co-producciones con las productoras españolas: se facilitan los visados de trabajo y residencia, no sólo a actores y directores sino a todos los profesionales de la industria. Y la 2ª medida, la aprobación el 30 de noviembre de la Ley de Comunicación Audiovisual.

Esta Ley General de Comunicación Audiovisual traspone, con más de un año de retraso (debía haberse aprobado antes del 19 de septiembre de 2020), la Directiva Audiovisual Europea de 2018, aprobada por Bruselas para impulsar la industria audiovisual europea frente a la “invasión” de contenidos anglosajones y de EEUU. El gran objetivo de la Ley, como de la Directiva, es promover la industria audiovisual europea, por dos vías. Una, reservando el 50% del tiempo de emisión de la TV tradicional (y el 30% de las TV bajo demanda) a obras audiovisuales europeas, de las que el 50%  (el 30% en las TV bajo demanda) deberán ser en lenguas nacionales (español y lenguas cooficiales). Y la otra, forzando a las grandes plataformas a destinar un 5% de sus ingresos en España (en Francia es un 20% y en Italia el 17%) a financiar obras audiovisuales europeas de productoras independientes (un 3,5% a obras audiovisuales en cualquier formato, al menos un 15% en lenguas co-oficiales, otro 1,5% a la financiación de cine de productores independientes).

Además, la nueva Ley de Comunicación Audiovisual incluye principios generales para la producción audiovisual que se haga en España (como en Europa): defensa de valores, pluralismo, veracidad, autorregulación, protección de menores y horarios de protección reforzada, incluyendo en estas obligaciones no sólo a las TV (en abierto o de pago) y plataformas ubicadas en España sino también a las plataformas de intercambio de vídeos (hasta ahora no reguladas). Y se flexibilizan los límites de publicidad en TV (abierta y de pago), de acuerdo con la Directiva UE: se pasa del límite actual (12 minutos por hora, un 20%) a un límite más flexible según los horarios (144 minutos de 6 a 18 horas y 72 minutos entre 18 y 24 horas, el mismo 20%). Otra novedad es que se amplía las empresas que van a financiar a RTVE, que seguirá sin anuncios: junto a la TV en abierto (que aporta el 3,8% de su facturación) y la TV de pago (que aporta el 1,5%), la financiarán también las plataformas de intercambio de vídeos (como YouTube, Twich, Instagram o Vimeo). A cambio, las empresas de telecomunicaciones (Movistar, Orange-Mas Móvil y  Vodafone) dejarán de financiar RTVE, como pedían (han aportado unos 1.500 millones de euros en los últimos doce años).

Esta Ley de Comunicación Audiovisual ha sido un motivo de controversia política desde su gestación. Ya en 2021, Esquerra puso como condición para aprobar los Presupuestos de 2022 que la Ley concretara que el 0,525% de la facturación de las plataformas de TV debía ir a financiar producciones audiovisuales en lenguas co-oficiales, asegurando así 15 millones anuales para producciones en catalán, vasco y gallego. Y después, en el debate de la Ley en el Congreso (26 mayo 2022) provocó que Unidas Podemos se abstuviera en su aprobación (junto con el PP), un precedente insólito en una Ley aprobada por el Gobierno de coalición, que salió adelante con los votos a favor de PSOE, PNV y los dos grupos canarios y el voto en contra de ERC, Compromis y Bildu.

La polémica de la Ley Audiovisual, aprobada ayer en el Senado, reside en la consideración de lo que es un “productor independiente”. Según el texto finalmente aprobado, se considera “productora independiente” (y puede optar al 5% de la financiación de los ingresos generados por las grandes plataformas) a las productoras vinculadas a grandes cadenas de TV (de Mediaset o Atresmedia)  que también consigan proyectos de otras cadenas o de otras plataformas. Lo que pedían las productoras independientes (las “pequeñas”),  y los grupos que han votado en contra o se han abstenido,  es que esa financiación fuera solo para ellas y se dejara al margen a las productoras ligadas a los grandes grupos de TV. El Gobierno, y concretamente la vicepresidenta Calviño, ha preferido “ampliar el marco” y que la mayoría de las productoras españolas opten a la financiación para impulsar el sector en su conjunto.

A pesar de la polémica, se espera que la Ley y sus fondos públicos (europeos y españoles) den un fuerte impulso a toda la industria audiovisual española, para que sea una fuente de inversión y empleo en los próximos años, aprovechando el “boom audiovisual” en el mundo. Todo indica que es un sector de futuro, donde España puede competir y atraer proyectos y talento, apoyándose en el tremendo potencial del español. Se trata de convertir España en el Hollywood de Europa, para producir aquí series, películas, publicidad, cortos, videojuegos o competiciones de e-Sports. Riqueza y empleo a golpe de imagen. ¡Acción¡

La inflación cambia los hábitos de consumo

La guerra de Ucrania continúa y con ella los precios disparados, sobre todo de la energía (luz y carburantes) y los alimentos, que han subido un +11% el último año, el mayor alza en los últimos 28 años. Es doblemente preocupante, porque los alimentos son el 2º mayor gasto de las familias (tras la vivienda) y porque la subida afecta más a los hogares con menos recursos, que gastan porcentualmente más en alimentación. Por eso, está aumentando la pobreza alimentaria, que alcanza a 6 millones de españoles, con 2 millones recibiendo comida de los bancos de alimentos. Entre tanto, el campo se queja de que ellos no suben los precios, que aumentan por el camino, entre las industrias alimentarias, distribuidores y supermercados. Las familias han cambiado sus hábitos de consumo, recortando la cesta de la compra y buscando promociones y marcas blancas, que han aumentado su cuota. Urge controlar márgenes y precios de los alimentos, para frenar una especulación que aumenta la pobreza.

Enrique Ortega

La inflación en España sigue por las nubes, con una subida anual del +8,7% en mayo, la más alta desde 1986 (+9,3% en octubre). El IPC anual estuvo por debajo del 3% hasta el verano pasado, en que subió al 3,3% en agosto y al 5,4% en octubre, por la mayor demanda tras el paréntesis de la pandemia, los atascos en el comercio mundial y la subida de la energía, cerrando 2021 con una inflación anual del +6,5%. Pero el 24 de febrero, Putin invadió Ucrania y los precios se dispararon, hasta un máximo de +9,8% en marzo, que luego ha bajado algo en abril (+8,3%) y mayo (+8,7%). Los “culpables” de esta inflación disparada son, según el INE, los precios de la energía (el gasóleo ha subido un +33,9% el último año, la electricidad un +30,2% y la gasolina un 23,5%) y los alimentos (han subido un +11% el último año, la mayor subida conocida en España desde 1994, cuando empezó a publicarse el IPC).

La subida de los alimentos (+11%) es muy llamativa porque suben casi todos, pero sobre todo hay 14 alimentos básicos cuyo precio ha aumentado más del 10%: aceites y grasas (+44,7%: +36,5% el aceite de oliva y +95,4% otros aceites, sobre todo el de girasol), huevos (+25,3%), mantequilla (+17,6%), leche (+16,5%), cereales (+16,3%), yogures (+14,8%), pollo (+13,6%), pan (+12,6%), cordero (+12,6%), carne de vacuno (+12,3%), café (+11%), pescado fresco (+11,7%) y arroz (+10,2%), según el IPC de mayo.

La subida de estos alimentos es desigual por autonomías, según el INE: han subido más (del 11%) en algunas de las autonomías más pobres, como Melilla (14,5%), Extremadura (+12,9%), Murcia (+12,4%), Castilla y León (+11,9%), Canarias (+11,8%), Castilla la Mancha (+11,7%) y Andalucía (+11,6%), donde el peso de la alimentación es mayor en el gasto que en las autonomías más ricas (en el País Vasco, los alimentos han subido un 4,1%, en Cataluña un 9,3% y en Baleares un 9,5%). Y la subida ha sido también desigual por supermercados: los precios han subido más en las cadenas que eran más baratas y tenían algo más de margen para subirlos (+12,1% en Carrefour y +11,4% en Mercadona), subiendo algo menos en el resto (+9,5% en Eroski, +9,2% en Alcampo, +8,5% en Día, +8,4% en Caprabo y Condis y +7,7% en Hipercor), según un primer sondeo hecho en marzo por la OCU.

¿Por qué han subido tanto los alimentos? Ya estaban subiendo mucho a finales de 2021 (+5% en diciembre de 2021, frente a sólo un +1,1% un año antes), pero ahora su precio se ha duplicado por el impacto de la guerra de Ucrania, que ha recortado drásticamente la oferta de aceite (Ucrania y Rusia producen el 52% del aceite de girasol del mundo) y cereales (ambos paises exportan un tercio de los cereales mundiales), agravando la subida mundial de los alimentos, desatada por una mayor demanda y una menor producción por problemas climáticos y en el comercio mundial. Pero además, la subida de la energía y la guerra han agravado los costes de la energía y el transporte, aumentando los costes de la producción y distribución de alimentos. Y las empresas y supermercados han trasladado estos mayores costes a los precios al consumidor, aprovechando que los alimentos no pueden dejar de comprarse.

En el origen de la cadena alimentaria, agricultores y ganaderos se quejan de que ellos no son los culpables del aumento de precios, porque no han podido subirlos a pesar de que les han subido la energía, los piensos y los fertilizantes. Y los datos les dan la razón. En mayo, apenas cobraban un poco más por la mayoría de alimentos, mientras habían subido mucho más al consumidor, según el IPOD que publica mensualmente COAG. Vemos algunos ejemplos. El aceite de oliva, por el que les pagaban 3,38 euros/kilo (3,24 euros en enero) se cobraba al consumidor a 5,10 euros (+51%). La patata, por la que cobran 0,20 euros kilo (igual que en enero) se vende a 1,31 euros (+555%). La naranja, que ahora les pagan a 0,17 euros kilo (0,14 en enero) nos cuesta al consumidor 1,47 euros (+765%). La ternera la cobran a 4,91 euros el kilo (4,45 en enero) y nos cuesta 17,20 euros (+250%). El cerdo, de 1,57 euros que les pagan por kilo a 6,18 euros que nos cuesta (+294%).Y la leche, de 0,39 euros litro que cobran (0,35 en enero) a 0,80 que nos cuesta (+105%). En conjunto, el IPOD revela que pagamos los productos agrícolas 4,62 veces más caros de lo que cobran los agricultores y las carnes, leche y huevos, 2,79 veces más caros de lo que reciben los ganaderos.

A partir de ahí, los alimentos empiezan a sumar márgenes, desde el transporte, la industria agroalimentaria, la distribución y la venta final en tiendas y supermercados, eslabones que han aprovechado la coyuntura de la guerra de Ucrania y la subida de costes para aumentar los precios, cada uno los suyos. Y en otros casos, la industria agroalimentaria ha utilizado un truco: vender menos producto por el mismo precio (o por más). Lo llaman “reduflación”, una táctica comercial que ya denunció la OCU en abril, con una enorme cantidad de alimentos (ver ejemplos) a los que se ha quitado peso (desde yogures a pasta o botes de Cola-Cao) para venderlos al precio de antes o incluso un poco más caros. Es una manera “camuflada” (y legal) de subir los precios de los alimentos sin que lo notemos.

Esta subida generalizada de los alimentos ha forzado a los consumidores a “cambiar de hábitos” de consumo, según señalan los expertos. Por un lado, las familias han tratado de comprar menos, como revela el dato de que las compras de alimentos con tarjeta han caído un -2,4% entre enero y mayo, según los datos de BBVA Research. Lo que ha hecho la mayoría es ir más veces al Super y comprar menos cada vez, bajando el ticket medio. La otra tendencia ha sido dejar de comprar “caprichos” y centrarse más en los alimentos imprescindibles, buscando más promociones y descuentos: 4 de cada 10 hogares buscan ahora promociones en productos de gran consumo, según la consultora Kantar. Y el tercer cambio de hábitos es apostar más por las marcas blancas.

Precisamente, la inflación disparada ha conseguido que las marcas blancas consigan este año la mayor cuota de mercado de la historia: suponen ya el 43% de las ventas en el primer trimestre de 2022, frente al 38,4% hace un año, el 30,1% en 2010 y el 19,72% en 2002. Y las marcas de fabricantes, que se habían recuperado tras la pandemia (61,6% hace un año), bajan al 57% de las ventas. Eso también tiene que ver con la estrategia comercial: las marcas de fabricantes fueron las primeras en subir sus precios en marzo, mientras las marcas blancas aguantaron más y los subieron después, en abril y mayo, bastante más: un +18% de subida en las marcas blancas este año frente al +10% las marcas de fabricantes.

Esta ganancia de cuota de mercado de las marcas blancas ha permitido que ganen terreno este año los supermercados que se apoyan más en ellas, en especial Mercadona, el súper ganador de esta crisis: tiene ya un 26,3% de cuota de mercado (primer trimestre 2022), un +1,7% que a finales de 2021 (24,6%), gracias a que su marca blanca representa el 72% de sus ventas (68,3% en 2021), según la consultora Kantar. También gana cuota Carrefour (9,8%, un +0,5% que en diciembre), aunque su marca blanca solo supone el 28,4% de sus ventas. Se estancan Lidl (5,5% de cuota), Día (4,6%) y Consum (3,1%) y pierden cuota de mercado Eroski (baja del 4,5 al 4,2%) y Alcampo (baja del 3,2 al 3%).

La elevada subida de los alimentos (+11%) es doblemente preocupante, porque resulta un gasto clave en los hogares y les resulta muy difícil recortarlo. Así, en 2020 (último dato del INE), la alimentación supuso el 16,96% del gasto total de los hogares: 4.578,87 euros al año (381,54 euros al mes de media), sólo por detrás del gasto en vivienda (9.621 euros anuales, el 35,64% del total) y muy por encima de lo que gastan las familias en transportes (2.741 euros, el 10,16% del total) y en hostelería (1.752 euros, el 6,42%), según la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE. Eso supone que si los alimentos suben un 10% este año, cada familia pagará 460 euros más, de media, al hacer la compra.

La otra razón de que la subida de los alimentos sea muy preocupante es que afecta más a las familias con menos recursos, porque porcentualmente gastan más en su alimentación. Así, los hogares con menos renta (hasta 12.000 euros anuales) gastan un 13% en alimentación, frente al 10% que gastan los que más ganan. Y gastan otro 20% en vivienda, gas, electricidad y calefacción, frente a sólo el 5% los que tienen ingresos altos. En total, los productos de primera necesidad, que son los que más suben ahora, suponen un 33% del gasto de las familias con menos ingresos y el 15% del gasto de las más ricas.

Eso está provocando un aumento de la pobreza alimentaria: en España hay 2,5 millones de hogares (el 13,3% del total), más de 6 millones de personas, que no tienen una dieta alimenticia adecuada, en cantidad y calidad,  según un estudio de la Universidad de Barcelona presentado en febrero, antes de la guerra de Ucrania. Y casi la mitad (975.000 hogares) sufren una inseguridad alimentaria moderada o grave, lo que significa que han reducido el consumo de alimentos por falta de recursos. La mayoría son familias de rentas bajas y poco empleo, que han sufrido más la subida de los alimentos, pero el estudio revela que también se ven afectados hogares de clase media, sobre todo donde hay niños y discapacitados. Y el Banco de Alimentos alerta que si cerró 2021 ayudando a alimentarse a 1,5 millones de españoles, este año 2022 espera 450.000 peticiones más de ayuda alimentaria.

Además, la altísima inflación en general, al afectar más a las familias más desfavorecidas, está aumentando la desigualdad y la pobreza en España. Un estudio de la semana pasada, del IERMB, revelaba que la subida del coste de la vida, mayor en algunas regiones y grandes ciudades,  ha aumentado la pobreza un +37% en la Comunidad de Madrid (+434.000 pobres más) y un +35% en Cataluña (+150.000 pobres más). Y también ha subido la pobreza más de un 10% en  Bilbao, Cádiz, Girona, Santander, Sevilla y Vigo.

Ahora, si la guerra de Ucrania continúa, se espera una alta inflación durante todo el verano, por un alto consumo de energía (seguirán caros los carburantes, al aumentar la demanda por las vacaciones) y, sobre todo, por un alto consumo de alimentos, tanto por los españoles como por los extranjeros: si este verano se superan los turistas de 2019 (28,9 millones), será mucha más gente a comprar y consumir alimentos, lo que mantendrá muy altos sus precios (sobre todo, frutas y carnes). Y después, en otoño, los precios seguirán altos, tanto por la menor oferta de energía (Rusia) como por la esperada subida de los alimentos y materias primas: el Banco Mundial cree que subirán hasta 2024.

Así que si la inflación es un grave problema hoy, lo seguirá siendo el resto del año, aunque el Banco de España cree que la inflación actual (8,7%) bajará un poco, al +7,2% de media en todo 2022. Pero como los salarios y las pensiones suben mucho menos, seguiremos perdiendo poder adquisitivo, sobre todo las familias con menos ingresos. Y lo más preocupante son los precios de los alimentos, que seguirán altos hasta el otoño, agobiando a muchas familias. Por eso, urge tomar medidas, en dos frentes. Por un lado, frenar la escalada de subidas, con controles en los márgenes desde el campo al súper: es algo que debía vigilar el Gobierno, a través de Agricultura, Comercio y la Comisión de la Competencia. Por otro lado, hay que volcarse en ayudar a las familias más desfavorecidas, apoyando a las organizaciones que distribuyen alimentos. Y, sobre todo, ampliando el ingreso mínimo vital, que sigue sin funcionar: lo reciben 461.788 hogares (1.176.000 beneficiados), la cuarta parte de los que lo han solicitado y la mitad de lo prometido (llegar a 2 millones de beneficiados).

En resumen, que a todos nos preocupa la inflación, pero no nos afecta a todos por igual. Y es muy preocupante la subida de los alimentos, porque está muy  generalizada y porque ha disparado la pobreza alimentaria, “las colas del hambre”, una vergüenza para todos que hay que atajar con controles en los precios y ayudas eficaces que lleguen a más familias. Porque en el río revuelto de la inflación, unos ganan mucho y otros pierden mucho.