Si la democracia nos trajo la legalización del juego (1.977), la gran recesión nos ha traído la legalización
del juego online, inaugurado a toda prisa el 5 de junio, para aprovechar las apuestas de la Eurocopa. Un negocio que movía
371 millones cuando era “alegal”
y que puede alcanzar 1.000 millones en unos años. El objetivo es recaudar: la cuarta parte de los
ingresos netos son para Hacienda, unos 200 millones al año, que van a las autonomías. El riesgo es que ahora, con
la crisis, muchos españoles se enganchen a apostar con un clic, sobre todo los jóvenes, especialmente con los móviles. Y ya hay un millón de españoles con adicción al juego.
Otro riesgo es que el juego online legal
aumente el fraude en el deporte, como ha pasado en fútbol y tenis. Hagan juego con cuidado.
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| enrique ortega |
El juego es tan
antiguo como el hombre y no podía quedar al margen de Internet,
que permite a 24 millones de españoles
jugar sin testigos, desde cualquier lugar y a cualquier hora. Si el juego presencial mueve en España
30.000 millones de euros cada año (en
bingos, casinos, tragaperras y casas de apuestas), donde juegan la mitad de los
españoles de manera habitual, el juego
online lleva varios años creciendo y eso que no era legal: España es el sexto
mercado europeo del juego online (tras Gran Bretaña, Francia, Italia,
Alemania y Grecia), un negocio que mueve 18.200
millones de euros en el mundo (2011), según H2
Gambling Capital. Y 371 millones en
España (2011), donde hay 600.000
apostadores online.
El Gobierno Zapatero
aprobó en mayo de 2011, a toda prisa (por procedimiento de urgencia y con el
consenso del PP) la nueva
Ley del Juego. Y el Gobierno
Rajoy ha aprobado en un tiempo récord
3 Reales Decretos y 11 Órdenes Ministeriales
para autorizar el juego online el 5 de
junio, con vistas a la Eurocopa.
El objetivo es claro: recaudar
entre 80 y 120 millones este año y 200 el que viene, que irán íntegramente a
las arcas de las autonomías.
La nueva
Ley obliga a los operadores de
juego a ofrecer webs en España (dominios
.es), controlando las autoridades
españolas el acceso de jugadores y almacenamiento de datos (aunque se
permite que los servidores estén en el extranjero), obligando a que el dinero se
apueste a través de entidades españoles y fijando un depósito máximo por usuario (600 € al día, 1.500 por semana y 3.000
al mes). En total, se han dado 277 licencias, a 53 empresas españolas y extranjeras y las webs de juego que han quedado fuera se han bloqueado.
Ahora, el que quiera apostar legalmente debe buscar una Web con el lema “Juego
seguro”.
Las empresas de juego,
para conseguir su licencia, han tenido antes que regularizar
su situación con Hacienda. Primero, pagando 60 millones de impuestos en
2011, desde que se aprobó la Ley (28 mayo). Y en Semana Santa, Hacienda hizo
una inspección a las grandes
multinacionales, a las que sacó otros 90 millones para regularizar los últimos
4 años en que operaron sin pagar impuestos. Al final, se ha autorizado
a operar a 26 empresas extranjeras (Bwin, Betfair, Sportingbet, Bet 365,
Pokerstars, Eurojuego Star…) y a 27
españolas (Loterías, Codere, Cirsa, Recreativos Franco, Grupo MGA, Grup
Peralada, Antena 3 TV, Tele 5, Cuatro TV, Grupo diario El Mundo…), que se
quejan de “partir de cero” y de “competencia
desleal” de las multinacionales, que llevan años haciendo publicidad, patrocinio y fichero de clientes.
Demasiadas empresas
para un mercado donde a medio plazo habrá fusiones y cierres, con media docena de empresas fuertes, la mayoría
multinacionales. El futuro pasa por el mercado
europeo, donde falta
una normativa comunitaria (también aquí): el juego online está
prohibido en 7 países europeos (como en EEUU) y es legal en otros 20 (en 6, con
monopolio del Estado). Y no hay normativa
ni supervisión para evitar fraudes, evasión de impuestos y blanqueo de
capitales, mientras las multinacionales
tienen sus servidores en paraísos fiscales (Bwin y Betfair en Gibraltar). Los operadores
se quejan de las limitaciones de la Ley
española (negocio restringido al territorio español, no inclusión de
apuestas cruzadas entre particulares, límites bajos de los depósitos,
limitaciones en el catálogo de eventos deportivos…) y advierten
que si no se subsanan, los apostadores españoles jugarán en webs extranjeras.
Con todo, la mayor queja es que Hacienda carga muchos impuestos: un 25% de los ingresos netos (descontados
premios), más que en otros países (8,5% en Francia, 15% en Gran Bretaña o 20% en
Italia). Y España es el único
país europeo, junto a Dinamarca, que también hace pagar
al jugador por sus premios.
El Gobierno ha forzado
que las empresas de juego y los medios de comunicación aprueben un Código ético para la publicidad del
juego online, que será importante: movió 90 millones en 2011 y puede llegar a 200 millones en los
próximos años, un ingreso clave para muchas
webs y empresas de comunicación. Con todo, hay un temor: que ahora que es
legal, el juego online se dispare, más con la recesión. Y se teme por dos
colectivos: los jóvenes (está
prohibido a los menores de 18 años), sobre todo el juego
vía móvil, y los adictos al juego: hay un
millón de ludópatas en España, cifra que se ha duplicado con la crisis.
Y aunque se pueden dar de alta en un registro para autoexcluirse, ahora tienen más fácil apostar sin testigos.
Otro riesgo: que el juego online corrompa más el deporte,
como el dopaje. Ya se ha detectado
fraude en el fútbol en Italia, Turquía, China, Corea y hasta en Zimbabue. Y
también en el tenis. El deporte mueve millones en apuestas y la tentación de comprar resultados es
muy grande para directivos, jugadores y mafias internacionales.
El juego online
parece la gallina de los huevos de oro,
que va a salvar a Hacienda y a las
autonomías, a las empresas y multinacionales, a los medios, a los clubs
de fútbol y al deporte (se llevarán una parte no fijada de la
recaudación). Pero hay que tener cuidado
con el fraude, el juego de menores y jóvenes y el riesgo de adicción en personas
con apuros económicos. Luchar contra la ludopatía.
Hagan juego sí, pero con cabeza.
