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| Enrique Ortega |
Las Universidades españolas (50 públicas y 33 privadas) han tenido 3 Leyes durante la democracia: la Ley de reforma Universitaria (LRU) de 1983 (Felipe González), la Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 2001 (Aznar) y la modificación parcial de la LOU, en abril de 2007 (Zapatero), para incorporar los requerimientos del nuevo sistema universitario europeo (Plan Bolonia de 1999). Ahora, el Gobierno Sánchez ha estado más de un año preparando una nueva norma legal, “para adaptar la Universidad al siglo XXI”: la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), cuyo anteproyecto aprobó el 31 de agosto de 2021.
Los grandes objetivos de la LOSU son terminar con la precariedad laboral de los profesores universitarios, ordenar la carrera docente, mejorar la gestión de los Campus, auditar y controlar mejorar sus cuentas, mejorar la calidad de la enseñanza, internacionalizar su actividad y vincular más sus planes de estudios con las empresas y el empleo. Y en paralelo, negociar con las Universidades la rebaja de costes de las matrículas, prometiendo a cambio una mayor financiación pública a las Universidades y una ampliación de las becas.
El gran problema en el funcionamiento diario de las Universidades es la tremenda precariedad laboral de sus profesores y la escasez de docentes, tras los recortes. Se calcula que entre 2012 y 2018, los Campus públicos perdieron 6.731 plazas de profesores (funcionarios e interinos), por la vía de no sustituir a los jubilados (tasa de reposición del 10% entre 2012 y 2014 y del 50% entre 2015 y 2016) y no renovar o despedir a los contratados. Y además, la no convocatoria de plazas hace que 1 de cada 3 docentes sean profesores asociados, sin garantía de plaza y con enorme precariedad laboral. Para oscurecer el panorama, se calcula que el 53,5% de los profesores permanentes se jubilan en 10 años y que en la próxima década se van a jubilar también el 90% de los actuales catedráticos…
La Ley intenta afrontar este grave problema laboral de la Universidad pública española (en la privada hay aún más precariedad). Por un lado, se permite contratar más, ampliando la tasa de reposición de los jubilados: en 2022, el Presupuesto permite contratar 12 profesores por cada 10 que se jubilen, aunque son las autonomías las que han de cumplirlo, porque son las que contratan y pagan. Además se fija un cupo del 15% de las nuevas plazas para los profesores asociados (con tesis leída) que trabajen ya en la Universidad. Y se aumenta del 51 al 55% el porcentaje mínimo de profesorado funcionario que deben tener las Universidades, facilitando también la llegada de profesores extranjeros de apoyo, así como la figura del profesor asociado no doctor (para incorporar temporalmente a profesionales a la docencia). Y se establecen las normas para la progresión de carrera en las Universidades.
Otro problema que afronta la nueva Ley es la gestión de las Universidades, fijando criterios sobre la elección de Rectores y Decanos, la configuración del Claustro universitario y el Consejo de Gobierno de los Campus, introduciendo por primera vez sistemas de evaluación permanente de la actividad docente y auditorías sobre la gestión. Y se busca una igualdad de oportunidades para las mujeres, que ganan menos y tienen una escasa presencia en las cátedras (sólo el 21%) y en los puestos de dirección de las Universidades (sólo hay 9 rectoras en las 50 Universidades públicas).Otra cuestión clave de la Ley es intentar ordenar la carrera docente de los profesores universitarios, fijando tres niveles de progresión en la carrera académico y estableciendo normas para cubrir plazas.
Otro punto clave de la Ley es promover la producción y transferencia del conocimiento, exigiendo que todas las Universidades destinen un 5% de su Presupuesto a la investigación y que reserven al menos un 15% de sus plazas a investigadores. Y en paralelo, pretende mejorar la relación de la Universidad, las empresas y la sociedad, promoviendo “doctorados industriales” y la docencia de gestores de empresas, ayudando a una formación permanente de alumnos universitarios y sus profesores. Una medida clave establece “pasarelas” con la Formación Profesional Superior (FP): algo crucial: que los alumnos de la Universidad puedan terminar estudios de FP y viceversa. Vamos que un universitario pueda hacer estudios de FP y un alumno de FP formarse en la Universidad, algo básico para que los licenciados tengan una formación “más práctica”.
Y otro objetivo básico de la Ley es promover la internacionalización de las Universidades españolas, fomentando las alianzas entre los Campus españoles y los extranjeros y sobre todo en el programa Erasmus. Y facilitando la acreditación de profesores extranjeros y la vuelta de “talentos” españoles, que hoy tienen problemas (de acreditación) para volver y enseñar en la universidad. Y la docencia en el extranjero puntuará a favor de todo los profesores.
Es sólo un resumen, que “suena bien”. Pero la Ley, al entrar en cuestiones relacionadas con la gestión de las Universidades, las contrataciones o las carreras docentes, resulta muy polémica, porque intenta legislar sobre intereses muy contrapuestos. Por eso, aunque el ministro Castells ha estado un año de conversaciones para lanzar el anteproyecto, ha chocado con muchas críticas. Y por ello, ha hecho algo inaudito: cambiar por dos veces el anteproyecto de Ley aprobado en agosto. El 5 de octubre presentó un 2º texto, dirigido a calmar a los rectores: les aseguraba que no serían elegidos por un Comité (como en la 1ª versión) sino por un sufragio “ponderado” de la comunidad académica, como ahora. Y deja a los Campus las normas sobre elecciones de los Claustros y Consejos de Gobierno. Y el 22 de octubre, Castells presentó un 3º texto de la Ley, dirigido a los sindicatos, modificando exigencias y normas sobre los profesores y la participación de los alumnos.
Pero los cambios no han convencido. Y
así, en el Consejo de Universidades del 18 de noviembre, los rectores se
han negado a emitir un informe sobre la Ley, que es preceptivo,
criticando la Ley y sus cambios. Y tampoco
han emitido su informe preceptivo
las asociaciones de estudiantes, que convocaron
protestas
y manifestaciones, ese mismo 18 de noviembre, en 20 ciudades de 12
autonomías. Y en paralelo, el Gobierno
catalán ha presentado 100 páginas de alegaciones a la LOSU, reclamando más
autonomía de gestión para los Campus catalanes. Así las cosas, el ministro Castells ha paralizado el nuevo
envío de la Ley al Consejo de Ministros, tras el periodo de información pública, con lo que
se
retrasa también su envío al Congreso. Y eso que la LOSU es una
de las Leyes que el Gobierno había prometido a Bruselas este año.
El fondo de las críticas a la LOSU es que los rectores de las Universidades quieren más autonomía y no les gusta que una Ley les diga cómo dirigir su Campus o le ponga reglas para contratar a sus profesores. Y los sindicatos de profesores y los alumnos quieren también más participación y más poder, que no se les regule por Ley. La cuestión es que con 17 autonomías, hace falta un marco legal unitario, como se hace en Europa, que establezca unos mínimos, para evitar las diferencias que ya hay en sanidad o educación no universitaria. Y para asegurar una calidad mínima y homogénea de la enseñanza universitaria. Pero el acuerdo va a ser difícil: cuanto más se intente regular, más resistencias. Y cuanto menos se regule, más posibilidades de consensuar una Ley que sea poco eficaz. En esas estamos.
Pero al margen de la LOSU, las Universidades españolas han de afrontar otros problemas de fondo, en los que nos jugamos mucho. Sobre todo dos: la financiación de las Universidades y su utilidad para el reto de modernizar la economía y crear más empleo. Además, las Universidades públicas (50, ninguna nueva desde 1998) han de afrontar “la competencia” de las Universidades privadas, las únicas que crecen (son ya 33), con alumnos que no superan el filtro de la EBAU (sobre todo en Madrid, donde la nota media es de 10,2 a 10,4, frente a 9,2/9,6 en Cataluña y 8,7/9,1 en Castilla León o la Rioja, por ejemplo). Y más que van a crecer, de la mano de Fondos e inversores extranjeros: en 2018, el fondo italiano Permira compró la Universidad Europea de Madrid, en 2019 la Universidad Alfonso X el Sabio fue comprada por el Fondo británico CVC (el que ha comprado parte de LaLiga) y en 2021 el Fondo norteamericano KKR ha dado el salto a la Formación Profesional española, comprando la malagueña Medac. Año tras año, las Universidades públicas pierden alumnos y los ganan las Universidades privadas, muchas de dudosa calidad académica.
La primera gran asignatura pendiente es financiar mejor la Universidad. En conjunto, España destina el 1,3% de su riqueza (PIB) a financiar los estudios universitarios, frente al 1,5% de media en la OCDE y el 2% en EEUU, según un estudio de los rectores. Y si miramos solo la financiación pública, España destina el 0,83% del PIB, frente al 0,97% en la OCDE y el 0,98% en la UE-23. Eso significa que la Universidad española recibe un 14,5% menos de financiación pública que las Universidades extranjeras. A lo claro, eso significa que les faltan 2.400 millones de euros cada año (1.600 millones públicos). Y no es sólo que España destine menos recursos a financiar sus Universidades, sino que el esfuerzo (% del PIB) es menor hoy que hace 22 años, según los rectores). Y además, está mal repartido: hay Gobiernos autonómicos que gastan más que la media (6.210 euros por universitario), como La Rioja (9.000 euros), País Vasco (8.500), Cantabria (8.000), Galicia (7.800), Navarra o la Comunidad Valenciana (7.500 euros) y otras que gasta mucho menos, como Madrid (5.000 euros por universitario), Baleares (5.100), Extremadura (5.200), Murcia (5.500) o Andalucía y Castilla la Mancha (aportan 5.900 euros por universitario).
Esta escasa financiación, más los recortes iniciados en 2012, explican que la Universidad pública española sea la 2ª más cara de Europa, junto a Holanda, según el ministro Castells. Y somos el 11º país europeo (de los 23 estudiados) con las tasas universitarias más altas, según un estudio de los rectores (CRUE). De los grandes paises, sólo se paga más por la Universidad en Reino Unido e Italia, no se paga casi nada en Francia y es gratuita en muchos paises europeos, como Alemania, Dinamarca, Suecia o Finlandia. En España, el 73% de los universitarios pagan tasas, un precio medio de 1.050 euros en Grado, aunque con una gran diferencia según titulaciones y autonomías (de 2.000 euros en Cataluña a 700 euros en Galicia. Claro que la privada es impagable: más de 1.000 euros al mes en Madrid.
El sistema de becas es también “insuficiente” (2.000 euros de media al año, según la CRUE), porque se han recortado mucho en la última década y dejan fuera a muchos universitarios que no alcanzan la nota exigida (5,5 puntos desde 2018). El Gobierno Sánchez lleva 2 años aumentando los fondos para becas, de las que se benefician ahora unos 390.000 universitarios (de 1,6 millones), que reciben unos 1.000 millones al año. Pero el problema sin resolver es que cobran las becas 4 meses después de iniciado el curso, porque hay que esperar a aprobar el Presupuesto siguiente, lo que crea serios problemas a sus familias.
La 2ª gran asignatura pendiente de la Universidad, junto a la financiación, es la adecuación de sus estudios a lo que exigen las empresas y la economía. Urge reconvertir los Planes de estudio, porque las Universidades (públicas y privadas) ofrecen un exceso de Grados (se ha pasado de 1.275 en 2008 a 2.920 en 2020-21) y sobre todo de Máster (de 1.736 a 3.567), que les consumen recursos y esfuerzos, pero que no tienen sentido. Sobre todo, porque el 13% de las carreras no cubren ni la mitad de las plazas y el 25% no cubren el 75%.
El problema ya no es que la Universidad tiene una oferta de estudios excesiva e inútil, sino que además, los alumnos estudian carreras sin salida, curso tras curso. Así, en el curso 2020-21 (últimos datos de Educación), el 47,1% de los nuevos alumnos de la Universidades públicas eligieron Ciencias Sociales y Jurídicas (carreras con mucho paro) o Ciencias de la Salud (18,85% y sólo el 6,3% se matricularon en Ciencias (carreras más difíciles pero con más empleo) y otro 18,85% ingenierías y arquitectura. De hecho, la gran diferencia de España con otros paises europeos es que somos el país con menos universitarios matriculados en titulaciones STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas): un 23,4% frente a un 28,1% en la UE-23, un 25,5% en Italia y Francia, un 30,5% en Reino Unido y un 37,5% de los universitarios matriculados en Alemania, según el último informe de la CRUE.
La consecuencia es que las empresas no encuentran licenciados con la formación que necesitan. Y sucede, ya desde 2020, que hay más ofertas de empleo para los que han estudiado FP (41,3% de las ofertas) que para los universitarios (33,7%), según Infoempleo y Adecco. Esta falta de adecuación entre lo que se estudia en la Universidad y lo que buscan las empresas se ve claro en dos datos dramáticos. Uno, que la tasa de empleo de los licenciados españoles (25 a 34 años) es la más baja de Europa: trabajan el 75%, frente al 83% en la UE-22 o en la OCDE, el 84% en Portugal, el 85% en Francia, el 88% en Alemania, el 91% en Reino Unido o el 92% en Paises Bajos (solo es peor en Italia: 67% empleados), según el Informe “Panorama de la Educación 2021” de la OCDE. Y además, 1 de cada 4 universitarios en España (el 24%) sigue en paro 3 años después de licenciarse, algo que sólo les pasa al 16,3% en Europa y al 7,5% en Alemania. El otro dato es el paro de los universitarios (25 a 34 años): en España están desempleados el 15%, más del doble que en Europa (6% de licenciados desempleados) y casi cuatro veces Alemania (4% paro). Demoledor.
Con estos datos sobre el elevado paro y el bajo empleo de nuestros universitarios (sepamos además que un tercio están subempleados, “sobrecualificados”: trabajan en empleos que exigen mucha menos formación, desde cajera de supermercados a bares o tiendas), queda claro que la Universidad española tiene que reconvertirse a fondo, con una nueva Ley o sin ella. Habría que lograr un gran acuerdo para que sea más eficaz y ayude a crear empleo de calidad, al margen de las peleas de cada uno por su parcela de poder, su cátedra o su Campus. Nos jugamos mucho.
