La venta de viviendas
fue como un tiro en 2021 y 2022, tras
superarse el bache de la pandemia. Pero “ha pinchado” este año, con una caída
de ventas del -18,3%. La culpa
es de las 10 subidas de tipos, que han aumentado drásticamente el
coste de una hipoteca media: de 532 euros al mes hace dos años a 883
euros ahora (+66%). Eso ha
desplomado las peticiones y la concesión de hipotecas este año, un -14%. Lo curioso es que a pesar de la caída de ventas, el precio de la vivienda sigue subiendo este año, un +6%
anual, tras aumentar un +39,8%
desde 2014. ¿Porqué los pisos no
bajan? Porque hay poca oferta
(80.000 viviendas nuevas al año, la tercera parte de la demanda), hay más personas con empleo y sigue alta la demanda de extranjeros, Fondos e
inversores, para especular con el ladrillo y los alquileres. Los expertos
creen que la vivienda todavía seguirá
subiendo (menos) este año y el
que viene. Algo muy preocupante. Enrique Ortega
La venta de pisos
en España lleva cayendo casi todo este
año 2023, desde febrero (en enero
subió un +6,5%). En realidad, empezó a
caer en diciembre de 2022 (-9,9%), el primer descenso de ventas en 24 meses,
tras el paréntesis de caída de ventas por la pandemia (de marzo a octubre de
2020), según el INE.
Ahora, en los 7 primeros meses del año se han vendido 364.086 viviendas, un -18,3% menos que en ese periodo de 2022.
La mayor caída de ventas se ha dado en la vivienda de 2ª mano (el 80% de las
ventas) y sobre todo en Galicia, Canarias, Navarra y Madrid, subiendo sólo las
ventas en Extremadura, Asturias y Murcia.
Estos 6 meses
consecutivos de caída de ventas rompen una tendencia de 9 años de subidas continuadas de
compraventas (salvo el paréntesis de la pandemia), tras la crisis
inmobiliaria iniciada en 2008 y que llevó a un desplome de ventas, hasta el
mínimo histórico de 312.500 viviendas
vendidas en 2013. A partir de 2014, con la drástica caída de precios,
remontaron las ventas de vivienda, superando ya las 500.000 ventas en 2018 y
alcanzando un máximo en 2022: 650.265
viviendas vendidas, cerca ya del récord histórico de ventas, las 775.300 viviendas vendidas en España en
2007.
La causa principal de
este “pinchazo” en la venta de pisos la tienen las 10
subidas de los tipos de interés oficiales que ha aprobado el Banco Central
Europeo (BCE) desde julio de 2022 a septiembre de 2023: del 0% al 4,50% actual, el precio del dinero más alto desde 2001.
Con ella, el precio de las hipotecas
(para los 4 millones de familias que tienen una y para los que piensen en
comprar un piso) se ha disparado: la mensualidad
de una hipoteca media (150.000 euros a 25 años, con el Euribor+1%) ha
saltado de 532 euros en agosto de
2021 a 654 euros en agosto de 2022 y
883 euros
con el Euribor de agosto de 2023 (4,073%). Muchos hipotecados han sufrido ya dos subidas anuales en su cuota mensual, pagando ahora 229 euros al mes más que hace dos años (+66%), lo que hunde sus economías, ya deterioradas por la alta
inflación. Y ya muchas familias tienen que destinar
el 40% de sus ingresos a pagar la
hipoteca, lo que disuade a los jóvenes y familias que pensaban pedir
una.
La consecuencia es que también han caído la solicitud y concesión de hipotecas, principal causa de
que hayan bajado las ventas de viviendas (junto a los altos precios). La
concesión de hipotecas lleva cayendo
también desde febrero de 2023, con un total de 232.669 hipotecas concedidas
en los 7 primeros meses del año, un -14,6%
de caída, según
el INE. Y esa caída la explica la subida del tipo de interés de las nuevas
hipotecas, por las que se pagaba en julio un 3,24% de media, frente al 1,92% de coste un año antes, lo que se ha
traducido en que las hipotecas que se piden ahora son de menos importe (143.412 euros en julio frente a 147.200 que se
concedían hace sólo un año). También esta caída rompe una tendencia, la del alza de las hipotecas concedidas,
desde el mínimo de 2013
(199.703) a más del doble en 2022 (463.614), aún muy lejos de las 1.238.890 hipotecas concedidas en 2007,
en el cénit de la burbuja inmobiliaria en España.
Bajan las hipotecas y bajan las ventas, por el hachazo de
los tipos de interés, pero ojo: no bajan los precios de la vivienda en
España. Al contrario: siguen subiendo año tras año, desde 2014.
En la primera mitad de 2023, a pesar de la caída de ventas, los precios de la
vivienda han subido una media del +6%,
según
los tasadores. Y eso se suma a la subida de precios del +7,4% en 2022, según los datos del INE,
la mayor subida anual desde 2007 (+9,8%). Con ello, la vivienda en España subió un +39.8% entre 2014 y 2022, más del doble de lo que han subido el IPC general (+17,7%)
y de lo que han subido los salarios
en convenio (+14,17%)
en estos 9 años. Aún así, todavía el
precio de la vivienda no se ha recuperado del desplome de precios tras la crisis inmobiliaria: entre 2008 y 2013,
los precios de la vivienda en España cayeron
un -41,9%, según el
INE.
Pero ahora, la subida
de la vivienda es tremenda (recordemos: +39,8% en 9 años) y muy desigual, agravándose en las grandes ciudades. Así,
según otra estadística de precios,
la del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana, los precios de tasación de la vivienda
(no los precios de venta) subieron un +24%
entre el tercer trimestre de 2014 y el 2º trimestre de 2023 en toda España.
Pero hay 4 ciudades donde los
precios de tasación de los pisos han
subido más del +50%: Palma de Mallorca (+79,2%), Málaga (+75,1%), Valencia
(+61,1%) y Madrid (+57,1%). Y otras
7 ciudades donde ha subido más del +35%: Barcelona (+49,7%), Alicante (+42,6%),
Pamplona (+39,6%), Santa Cruz de Tenerife (+38,3%), Guadalajara (+38,2%), A
Coruña (+37,9%) y Girona (+35,6%).
Con estas impresionantes subidas, el
precio de comprar un piso se ha puesto por las nubes, en toda
España, pero sobre todo en las grandes ciudades, donde hay más demanda y menos
viviendas. Así, en Madrid, el precio
medio de tasación de una vivienda es de 3.727
euros por metro cuadrado (372.700 euros por un piso de 100 m2) y en Barcelona 3.600 euros por m2 (360.000 euros piso 100 m2), según el Ministerio
de Transportes, mientras han casi duplicado su precio los pisos en Palma (de 1.466 a 2.626 euros m2) o Málaga (de 1.264 a 2.213 euros m2), en
ambos casos por el boom de los pisos para alquiler turístico.
La consecuencia combinada de esta drástica
subida de precios de la vivienda y de la subida de tipos no es sólo que haya
menos familias pidiendo una hipoteca y comprando piso, sino que los que acaban hipotecándose
pagan más por pisos peores, más pequeños (con una habitación o un
baño menos) y alejados del centro, según
algunos estudios. De hecho, en los últimos 2 años, ha bajado la superficie media de las viviendas vendidas, de 119 a
110 metros cuadrados, según
los datos de la tasadora UVE valoraciones. Y se han trasladado las ventas a las zonas periféricas, a más de una hora
del centro (donde los precios son entre un 20 y un 40% inferiores, aunque son
ahora los que más suben).
¿Por qué si bajan las
ventas y las hipotecas sigue subiendo la vivienda? Hay varias razones
que explican este “contrasentido” económico, pero la principal es que faltan viviendas, hay menos oferta que demanda. Sobre todo de vivienda nueva, que sube
más (+7,9% en 2022) que la vivienda de 2ª mano (+7,3%). De hecho, hay
un déficit de viviendas de 327.000 pisos en España, sobre todo en las
grandes ciudades, según la tasadora Uve Valoraciones. Y ello se debe a la caída
drástica en la construcción de viviendas: en 2022 se terminaron en
España 79.935
viviendas “libres” (además de
las protegidas), una cifra que dobla las viviendas terminadas en 2014 (35.382)
pero que contrasta con las 356.555
viviendas terminadas en 2009 y con
el récord de 597.000 nuevas
viviendas de 2006.
La falta de oferta es clara: se terminan menos de 80.000 viviendas al
año (en 2023 van 19.085 terminadas en el primer trimestre) y la demanda anual, por nuevas familias
y jóvenes es
de 240.000 viviendas, cuatro veces más. Y encima, donde hay más demanda
(las grandes ciudades y algunas provincias) es donde se promueven menos
viviendas. Resultado: se disparan los precios, aunque caiga la demanda y suban
las hipotecas.
La segunda razón de que no bajen los precios de la vivienda
es que la demanda se ha sostenido más de
lo esperado por la mejora del empleo: hay +588.700 españoles más con trabajo en
el último año (junio 2023-junio 2022) y +1.385.000 ocupados más que hace dos años, según la EPA. Y además, muchos trabajadores han visto mejorar
su contrato, de temporal a fijo, tras la reforma laboral, lo que les ha
“animado” a comprar un piso, al sentir que sus ingresos ahora son “más seguros”.
Sobre todo a la vista de que los
alquileres han disparado sus precios, por
encima de los 1.000 euros, con lo que cuesta más alquilar un piso que
comprarlo (883 euros der hipoteca media), siempre que cuente con ayuda (o
ahorros) para pagar el 20% que no cubre la hipoteca y otro 10% de gastos
varios. Y siempre que su edad, su nómina y su solvencia le permitan conseguir
una hipoteca, ahora más difícil.
La tercera razón para explicar que los pisos no bajen de
precio son las compras de extranjeros y
de inversores, internacionales (Fondos) y españoles (ahorradores, que
buscan rentabilidad en comprar y vender y en el alquiler). La compra de viviendas por extranjeros se
ha disparado, alcanzando el 18,7% de las
ventas totales, según
Euroval, sobre todo británicos, alemanes y franceses que compran una
residencia en Baleares, Canarias,
Levante y la Costa del Sol. Luego
están las compras de Fondos e
inmobiliarias o de inversores
particulares, para invertir buscando plusvalías futuras (la
vivienda ha subido menos en España estos años que en el centro y norte de
Europa) o la alta rentabilidad
de los alquileres. Y también es un factor clave en la tensión de precios el auge de los pisos turísticos. En
todos estos casos, los compradores de viviendas no se ven tan afectados por la
subida de tipos, porque compran al
contado, sin hacer una hipoteca. De hecho, en mayo de 2023, el 56% de las compras de viviendas
se pagaron al contado y sólo el
44% con hipoteca, según
el último dato del Consejo del Notariado, cuando en 2016 sólo se pagaban al
contado un tercio de las compras.
Visto el panorama, los expertos auguran que los precios de la vivienda seguirán
subiendo en España, aunque menos. CaixaBank
estima que los precios subirán un +2,9%
en 2023 y no bajarán hasta 2024, un
-1,1%, debido a que el BCE va a mantener los tipos altos hasta septiembre
de 2024 y el Euribor seguirá por encima del 4% el año próximo. Otros expertos,
como el catedrático Josep Oliver, apuestan por una subida del 3% en 2023. Y la tasadora
Euroval augura que los precios subirán
un 6% entre 2023 y 2025 y no bajarán hasta 2026. En general, nadie
augura una recuperación de la vivienda hasta el tercer trimestre de 2024,
como pronto, lo que seguirá frenando la inversión y el empleo en la
construcción.
La situación es alarmante, porque la vivienda es una de las
mayores preocupaciones de los
españoles, que se topan con que no pueden comprar ni alquilar, lo que
obliga a los jóvenes a vivir con sus padres hasta los 30,3 años de media, según
el Consejo de la Juventud (sólo el 15,9% se emancipan, frente al 31,9% en
Europa). Una vez más, el problema es la
falta de oferta de viviendas: hay un déficit
de 1,2 millones de viviendas
en España de aquí a 2030. Eso debería obligar al futuro Gobierno a considerar la política
de vivienda como una prioridad. Y
alcanzar un Pacto entre el Ejecutivo central, autonomías y Ayuntamientos
para
liberar suelo público y financiación (pública y privada) para promover
entre 120.000 y 150.000 viviendas nuevas al año, la mayoría destinadas
al alquiler, lo que aumentaría drásticamente la oferta y reduciría los precios
de venta y alquiler. No
podemos seguir así, con la vivienda llevándose el 40% y más de los ingresos
de los españoles y muchos viviendo hacinados o en casa de sus padres. La
vivienda sí tiene enmienda: construir más.
España es un país muy
abierto al exterior y por eso nos
afecta mucho la actual debilidad de la economía internacional y el estancamiento de Europa: llevamos 4 meses (de abril a julio) en que las exportaciones españolas crecen menos
que en los dos últimos años (cuando batieron récords) y eso está afectando negativamente a algunas regiones (Canarias, Andalucía, Valencia
y Murcia), a muchas empresas y al empleo (las exportaciones mantienen 4,6 millones de empleos). Por
eso, aunque no salga en los medios, preocupa
el “pinchazo” de las exportaciones y la debilidad del comercio mundial.
Sobre todo, porque las exportaciones de bienes y servicios han aportado la mitad del crecimiento de España en 2022 y 2023,
pero no
van a ayudarnos nada en 2024 y 2025, según el Banco de España. Por eso,
urge que el futuro Gobierno priorice un Plan para reanimar las exportaciones
españolas, con ayudas, como ha hecho Alemania. Nos jugamos fuera de España una buena parte del crecimiento y el empleo
interno. Apóyenlos. Enrique Ortega
Uno de los tres
“motores” que tiran de la economía (el consumo, las inversiones y las
exportaciones) está “gripado” en los
últimos meses: las exportaciones
españolas. Batieron un récord histórico de crecimiento en
2021 (+21,2%), en
2022 (+22,9%) y en el primer trimestre de 2023 (+14,6%),
pero “han pinchado” y llevan cuatro meses
decreciendo respecto al año pasado. Ya en el segundo
trimestre de 2023 (abril a junio), las exportaciones de bienes
cayeron un -4% sobre el inicio de
2022. Y en julio de 2023 han vuelto
a caer un -5% sobre ese mismo mes
del año pasado, según
el dato publicado por Comercio el jueves pasado. Con ello, las
exportaciones españolas han alcanzado los 230.397
millones de euros de enero a julio de 2023, un récord histórico (se ha exportado más en 7 meses que en todo 2010, 2011 y 2012) pero sólo un +3,3% más que el año pasado. O sea,
que las
exportaciones crecen, pero la sexta parte que antes. Han “pinchado”. Sobre todo en
Canarias (-40,5%), Andalucía (-9%), Murcia (-5,2%) y Comunidad Valenciana
(-2,2%).
Este “pinchazo” de las exportaciones
españolas es un mal generalizado en todos los paises, donde los exportadores
también están sufriendo en los últimos meses la debilidad de la economía
internacional, el menor crecimiento de China, la guerra en Ucrania, los “tapones”
y enfrentamientos en el comercio mundial y el estancamiento de Europa, con
Alemania en recesión. De hecho, la
exportación española está superando mejor que la mayoría de paises este
“bache comercial” generalizado: nuestras exportaciones crecen ese +3,3% hasta finales de julio, más del
doble que las de los 20 paises de la zona
euro (+1,2%), más que las de toda la UE (+1,8%) y que las exportaciones de Alemania (crecen +2,7%), Italia (+2,3%), Japón
y China (+1,5%) o EEUU
(caen un -2% este año), superándonos sólo Francia
(+6,5%) y Reino Unido (+6,1%), según
Eurostat. Este menor “`pinchazo” se debe a que los productos españoles, al tener nosotros una menor inflación que
la mayoría de paises (y los salarios más bajos) son más competitivos.
¿Qué exportaciones y
a qué paises se han desinflado? Por un lado, las ventas
fuera que más están cayendo son las de productos
energéticos (derivados del petróleo, carbón y gas), productos químicos, electrodomésticos y electrónica y textil,
mientras siguen tirando las exportaciones de automóviles (crecen un 31,9% este año, cuando el pasado caían por
estas fechas), bienes de equipo
(maquinaria) y alimentos, aunque
menos que en 2022. Y por paises, las exportaciones caen
este año (sobre 2022) a EEUU
(-1,3%), Asia (-4,7%, aunque crecen
un 0,2% con China), Oriente Medio (-6,7%) y Africa (-8,9%, por el desplome de las
exportaciones a Argelia, aunque
crecen un 4,7% a Marruecos). Y
siguen creciendo, aunque la sexta parte, las exportaciones a Europa (+4,7% este año frente al 24,3%
en 2022) y a Latinoamérica (+19,6%
hasta julio, frente al 32,9% en 2022).
Para el resto del año 2023,
las perspectivas son que las
exportaciones sigan cayendo sobre el año pasado o se estanquen, rondando los 400.000 millones de euros
vendidos fuera, tras el récord histórico de 2022: 389.208 millones de euros exportados, más del doble de los 186.780 millones
exportados en 2010. Hay varios
factores que juegan a la contra de
las exportaciones en lo que queda de año. El primero y fundamental, el débil crecimiento de la economía
internacional, como alertó
en agosto la OCDE: creció sólo un
+0,4% en el 2º trimestre, una décima menos que en el primer trimestre. Y el FMI prevé que las economías
avanzadas crezcan sólo un +1,5% este año
(casi la mitad del 2,7% de 2022), algo más EEUU (1,8%) y mucho menos la
eurozona (+0,9%), con una recesión en Alemania (-0,3%). Y con este débil
crecimiento, el comercio mundial y las exportaciones irán también al
ralentí: crecerá sólo un +1,7%
(frente al +2,7% en 2022), el menor crecimiento desde 2019 (salvando la caída
de 2020 por la COVID), debido al débil crecimiento, la alta inflación, los
elevados tipos de interés y la guerra de Ucrania, según la
Organización Mundial del Comercio (OMC).
Junto a este panorama
gris de la economía y el comercio para los próximos meses, tampoco ayudará a los exportadores el euro. Tras unos meses muy débil
(entre julio y noviembre de 2022 cotizó por debajo de 1 dólar por euro), lo que
ayudaba a vender fuera a los exportadores europeos, el
euro subió este año, hasta
alcanzar una cotización récord el 17 de julio (1,1236 dólares por euro), con lo
que los productos europeos eran un 12% más caros, frenando nuestras
exportaciones fuera de la eurozona. Ahora, con la debilidad de la economía
europea y la menor subida de tipos que EEUU (4,5% frente al 5,5%), el
euro lleva
dos meses a la baja, cotizando el viernes a 1,0660 dólares, lo que ha abaratado los productos europeos un -5,2%.
Pero aún
son un 7% más caros que hace un año. Ahora, se espera que el euro se
estabilice en los niveles actuales o baje muy poco, con lo que no ayudará a los exportadores.
Al final, se desinflen más o menos las exportaciones españolas,
lo realmente preocupante es que van
a ayudar menos a que la economía crezca y cree empleo. Porque el
sector exterior es uno de los motores claves de la economía
española: entre las exportaciones
de bienes (389.208 millones de euros aportados en 2022) y las exportaciones de servicios (otros 94.800 millones
ingresados por empresas españolas que venden fuera servicios de consultoría,
financieros, tecnológicos, telecomunicaciones, información y ocio), aportaron el 41,7% del PIB español en 2022 (aportaban sólo el 23% en
2009). A lo claro: casi la mitad de la riqueza, se genera fuera de España. Y ese sector
exterior mantiene 4,6 millones de
empleos, casi 1 de cada 4 puestos de
trabajo existentes.
Y este sector exterior nos ha salvado la economía y el empleo en varias ocasiones. Primero, durante
la crisis financiera (2008 a 2015): en
2009, por ejemplo, el PIB español cayó un -3,6%, pero hubiera caído mucho
más (también el empleo) si las exportaciones no hubieran aportado ese año un
+2,8% al crecimiento español. La segunda vez fue con la pandemia, en 2020: las exportaciones cayeron
menos que la economía (-1,9% frente al -10,8% que cayó el PIB). Y ahora, han ayudado decisivamente a la
recuperación, sobre todo en 2022, según el INE: la economía
creció un 5,8%, la mitad por las exportaciones (aportaron un 2,9% al PIB). Y en el primer trimestre de 2023, el sector exterior salvó a la economía de
caer: aportó un +0,4% al PIB, el doble de la aportación
de la demanda interior (+0,2%), permitiendo que la economía española
creciera un +0,6% ese primer trimestre.
El panorama ha cambiado en el 2º trimestre de 2023, ya que “el
pinchazo” de las exportaciones” ha
restado crecimiento a la economía española, según
el INE: la aportación exterior fue negativa (-0,5%) y sólo la demanda interior
(+1%) permitió que la economía creciera (+0,5% en el 2º trimestre). Ahora,
podría pasar lo mismo el resto del año, aunque el
Banco de España cree que todavía este
año 2023, el sector exterior ayudará
a la economía, aportando casi la
mitad del crecimiento total (+1,2% del +2,3% previsto que aumente el PIB).
Pero esa ayuda se va a acabar en 2024 y 2025, por el pinchazo de las
exportaciones: en 2024, el sector exterior restará -0,3% al crecimiento anual
(que bajará por eso al 1,8%) y en 2025 no aportará casi nada (+0,1% a un PIB
que crecerá un 2%), según
el Banco de España.
Esta perspectiva de unas exportaciones más débiles, por la
ralentización de la economía y el comercio mundial, deberían forzar al futuro Gobierno (cuando lo haya, algo
también incierto) a tomar medidas para
impulsar el sector exportador y con ello, la economía y el empleo. Habría
que actuar a dos niveles. Uno,
inmediato, con un Plan de choque para impulsar las exportaciones de bienes y
servicios, en línea con el Plan de apoyo a sus empresas y su economía que acaba
de aprobar Alemania (32.000 millones de ayudas en 4 años). Habría que
incluir ayudas financieras, fiscales y de promoción de la exportación, sobre
todo en las regiones y sectores donde más se hayan reducido las ventas
exteriores.
Y a medio plazo, habría que
tomar medidas estructurales para corregir los problemas “de fondo”
que tienen las exportaciones españolas: están
demasiado
concentradas, en origen
(sólo 25.000 empresas exportan más de 50.000 euros al año, las tres cuartas
partes de ellas concentradas en Cataluña, Madrid, País Vasco, Comunidad
Valenciana, Galicia y Andalucía) y en
destino (el 74,6% de las exportaciones van a Europa y sólo un 8% a EEUU,
China y Japón) y dominan los productos
con poco valor (sólo el 6,8% de las exportaciones tienen alta tecnología,
frente al 17,7% de las exportaciones europeas), según
reconoce el Club de Exportadores.
En resumen, que las
exportaciones nos han salvado el
crecimiento y el empleo en las últimas crisis, pero ahora se han desinflado, por culpa del enfriamiento de la economía
internacional, la guerra en Ucrania, el estancamiento en Europa y los problemas
de China y del comercio mundial. Y si no
las reanimamos, corremos el riesgo de crecer menos y perder empleo. Por
eso, cuidar
el flanco exterior de nuestra economía y nuestras empresas es clave para todos, aunque no se hable
ni se escriba de ello. Apóyenlos.
Las olas de calor del verano y las inundaciones han dejado
claro que estamos ante una grave Crisis Climática
(no un “Cambio Climático”: demasiado
suave). Pero no hacemos nada para
atajarla. Es más, las emisiones de CO2
aumentan
este año, tras subir en 2021 y
2022. Y eso, porque los paises han
subvencionado las energías fósiles para reducir la inflación, con ayudas a
los carburantes, la luz y el gas,
alimentando emisiones. Y encima, en
Europa avanzan las posiciones
negacionistas, con el Partido Popular Europeo (incluido el PP español) votando en contra (en julio y
septiembre) de 2 Leyes para proteger la naturaleza y reducir la contaminación.
Y en España, con el PP (y Vox) gobernando 11 autonomías y
44 grandes ciudades, se está dado marcha atrás en las zonas de bajas emisiones o suprimiendo carriles bici. Ojo: la defensa
del medio ambiente es de sentido común y no debe tener un sesgo político.
Nos jugamos la salud, la economía y el Planeta. Es pura supervivencia. Enrique Ortega
La ONU acaba de
dar otra
alerta ("hemos abierto las puestas del infierno") sobre la Crisis Climática, la enésima en los últimos años:
las emisiones de CO2 y otros gases
de efecto invernadero, culpables del “Cambio Climático”, siguen aumentando en 2023, un +0,3% en el primer semestre, por un
mayor consumo de los combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón) en la
industria y el transporte, aunque han bajado las emisiones de los hogares y la
producción de electricidad. Y esto es grave porque ya
subieron las emisiones de CO2 en 2022 (+1%) y en
2021 (+6%), tras la bajada (por la recesión derivada del COVID) en 2020
(-5,4%), por primera vez desde 2015. Con ello, se ha vuelto a batir el récord de CO2 en la atmósfera: en mayo
de 2023, en Hawái, se
alcanzaron las 424 partes por millón (ppm), el doble que al inicio de la
Revolución Industrial (280 ppm en 1850) y la mayor concentración en los últimos
3 millones de años…
El último
informe de la ONU advierte que este récord de emisiones de CO2 ya han
provocado una subida de la temperatura
mundial de 1,15 grados sobre el año 1850, muy cerca del tope marcado en la
Cumbre del Clima de París (2015): no superar en 1,5 grados para el año 2100. A
este ritmo de emisiones, la temperatura subiría hasta 2,8 grados a
finales del siglo, lo que provocaría un caos climático, con
graves efectos para la salud, la agricultura y la alimentación y el Planeta,
afectando más a algunas zonas y paises. Y recuerdan que la Crisis Climática ya
ha provocado graves
daños el mundo: más de 2 millones de muertes y 4,3 billones
de dólares de pérdidas, sólo entre 1970 y 2021, afectado más a los
paises en desarrollo (que se han llevado el 90% de las muertes y el 60% de las
pérdidas).
En definitiva, que aunque los desastres naturales (olas de
calor, sequías, inundaciones, tornados, malas cosechas y hambre) son cada día
más patentes, el mundo no aprende y sigue
aumentando sus emisiones y alimentando la Crisis Climática. Unos más que
otros. Así, entre enero y finales de julio de 2023, las emisiones mundiales de
CO2 y otros gases de efecto invernadero han crecido un +0,5%, según los últimos datos
de Carbon Monitor, aumentando las emisiones en el transporte terrestre
(+0,8%), vuelos internacionales (+0,3%), industria (+0,2%) y vuelos nacionales
(+0,1%), bajando sólo en la generación de electricidad (-0,1%).
Las emisiones bajan este año en Europa (-4,3%), más en Alemania (-5,5%)
e Italia (-5,4%) que en España (-2,6%)
o Reino Unido (-1,3%), en EEUU (-3,6%), en Japón (-5,2%) y en Brasil (-2,6%),
pero suben en China (+3,7%), India (+6,7%) y Rusia (+3,2%), tres paises claves porque emiten
casi la mitad del total de CO2 mundial (30,3% China, 7,62% India y 5,1%
Rusia). Los tres defienden que no pueden poner en peligro su crecimiento futuro
y que los paises desarrollados llevan siglo y medio contaminando, además de que
emiten más CO2 por habitante. De hecho, EEUU
emite 14,24 Tm de CO2 por habitante y la UE 8,39 Tm frente a 8,73 Tm China y
1,90 India, aunque Rusia produce 13,52 Tm per cápita.
Visto el panorama actual, la ONU se queja de que los
paises no toman medidas para reducir
sus emisiones y las que toman son para aumentarlas. Así, denuncian que
en los últimos dos años, casi todos los paises (sobre todo los desarrollados)
han aprobado más ayudas y subvenciones a los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón, los grandes
responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero), dentro de Planes
para atajar la inflación. Sólo en 2022, las ayudas públicas mundiales a la
utilización de combustibles fósiles fueron de 7 billones de dólares (6,5 billones de euros), 1 billón más que en 2020, según
un informe del FMI. La mitad de estas ayudas públicas las han dado Asia
oriental (China) y EEUU, el resto India, Rusia y la Unión Europea, precisamente
los grandes emisores de CO2. España
concedió en 2022 unos
10.500 millones de euros en
ayudas públicas a los combustibles fósiles, desde la subvención a los
carburantes (20 céntimos), al gas (industrias y particulares) y a la generación
de electricidad (subvención al gas), lo que ha beneficiado a consumidores,
eléctricas, gasistas y petroleras pero a la vez ha “alimentado” las emisiones. Por eso, la ONU pide suprimir estas ayudas y destinar esos
billones a promover energías limpias.
Otro tema preocupante en la lucha contra la Crisis Climática
es el
avance
de las posturas negacionistas en Europa,
el continente que más ha apostado por el
medio ambiente. El auge de la extrema
derecha en la mayoría de paises europeos ha llevado a la derecha europea a asumir parte de sus
postulados “negacionistas”, para no perder votos. Y así, en los últimos meses,
hemos asistido a dos votaciones en el
Parlamento Europeo donde el
Partido Popular Europeo (y también el
PP español) han votado en contra de dos Leyes promovidas por la
Comisión Europea dentro del llamado Pacto
Verde europeo.
La primera Ley, la
Ley de Restauración de la Naturaleza (LRN) procede de un Reglamento
aprobado en junio de 2023 por la Comisión Europea para restaurar los
ecosistemas europeos, el 80% dañados. La Ley, que pretende restaurar al menos el 20% de las zonas terrestres y marítimas europeas
para 2030, salió
adelante en el Parlamento europeo el pasado 12 de julio, con 336 votos a favor, 12 abstenciones y 300 votos en contra del PP europeo (y
del PP español), junto a la extrema
derecha europea (y Vox). Dos meses después, el 13 de septiembre, esos
mismos partidos votaron en contra de la
nueva Directiva de la Calidad del Aire,
promovida también por la Comisión Europea para establecer límites más severos a los
indicadores de contaminación, para 2035, en línea con los límites que
recomienda la OMS. Y eso porque la contaminación
atmosférica provoca
más de 300.000 muertes al año en la UE (24.000 en España). A pesar de
ello, la propuesta de Directiva tuvo 226
votos en contra (PP europeo y español, más la ultraderecha europea y Vox),
46 abstenciones y 363 votos a favor.
Ahora, ambas Leyes
medioambientales, aprobadas con
fuerte oposición en el Parlamento Europeo, deben concretarse en una negociación entre la Comisión, el
Parlamento y los distintos Gobiernos europeos. Pero el
ambiente político es complicado, porque la derecha europea (PP europeo)
está virando hacia posiciones negacionistas, preocupada por el ascenso de la
extrema derecha ante las elecciones
europeas de junio de 2024. Y además, crecen las posturas negacionistas, para “suavizar”
las medidas medioambientales en muchos paises, no sólo en Polonia y
Hungría. Así, el gobierno italiano de la ultraderechista Meloni
bloquea los nuevos límites que estudia la Comisión Europea para las emisiones de coches a partir de 2030. Y Alemania
ha tenido problemas internos para
aprobar la “Ley
de calefacción”, para promover bombas de calor frente a las calefacciones
de gas. En general, avanzan las posturas
contrarias a medidas de defensa del medio ambiente, con la excusa de que atacan la economía, los agricultores y el nivel de
vida. Ayer mismo, el Gobierno británico anunció que revisará a la baja sus objetivos medioambientales "para no dañar a la economía y a los británicos" .
En España, con el
avance de la derecha y la extrema derecha en las elecciones autonómicas y municipales
de mayo, también han avanzado
las posiciones negacionistas del Cambio Climático y las medidas
medioambientales, con cada vez más políticos, medios y ciudadanos que critican
lo que denominan “la
religión climática de Occidente”. Y eso está suponiendo un
retroceso en la lucha contra el Cambio Climático promovida por la Ley de 2020.
Primero, en las 11 autonomías
donde gobierna el PP (en 5, con la ultraderecha de Vox), ya se han dado
muestras de una “menor sensibilidad
medioambiental”: reducción normas medioambientales, ampliación de regadíos,
reducción espacios protegidos, fomento de la caza, reversión políticas europeas (como en el uso
de pesticidas), freno limitaciones pesqueras… Por un lado, los políticos de Vox
se han hecho con varias consejerías
de Agricultura (Castilla y León, Extremadura, Comunidad Valenciana, Aragón)
y en otros casos se ha suprimido la consejería de Medio Ambiente (Baleares) o
se le ha dado a Vox el control de parte de las inversiones medioambientales
(Murcia y el Mar Menor).
Después, en las 44
capitales y grandes ciudades que ahora gobierna el PP (en muchas, con Vox),
también se están dando retrocesos en las
políticas medioambientales. Por un lado, varios Ayuntamientos han
suprimido los carriles bici, algunos ya construidos (con Fondos
europeos): es el caso de Valladolid,
Elche, Palma de Mallorca, Gijón o Logroño (donde se ha eliminado un carril
bici subvencionado ya con 2 millones de Fondos del programa UE Next Generation
para luchar contra el Cambio Climático, como también Valladolid, Elche o
Gijón). Y por otro, la mayoría de Ayuntamientos, en especial los gobernados por
el PP y Vox, han paralizado
la entrada en vigor de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), para limitar
el tráfico en el centro de las ciudades, proyectos que habían recibido también
dinero de la UE.
Veamos el negacionismo
de estos Ayuntamientos para reducir la contaminación, cuando los expertos
denuncian que cada año mueren por la contaminación 24.200 españoles y que es
la causa principal de que aumenten los enfermos de cáncer en España. La Ley
contra el Cambio Climático, aprobada por el Gobierno Sánchez en 2020,
establecía que las 149 ciudades con más
de 50.000 habitantes (donde viven la mitad de los españoles) tenían que
poner en marcha, el 1 de enero de 2023,
unas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) para restringir el tráfico en los
centros urbanos y así reducir la contaminación. La realidad fue que sólo
aprobaron estas restricciones 20 ciudades,
con la excusa de que no les había dado tiempo a implantar los sistemas de
acceso, aunque la realidad es que no querían hacerlo por la cercanía de las
elecciones municipales (28-M). Pero, pasadas las elecciones, la realidad es
que, a primeros de agosto, sólo
están activas las ZBE en 14 ciudades: Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza,
Pontevedra, Hospitalet, Badalona, Pamplona, Sant Cugat del Vallés, Rivas
Vaciamadrid, Cornellá, A Coruña, Córdoba, la Línea de la Concepción y Badalona.
Y en otras 120 siguen en trámite, mientras no se sabe nada del resto.
Ahora, al menos 6
ciudades gobernadas por el PP (y Vox) han indicado que buscan retrasar
o reducir las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE): Gijón (ahora permite aparcar en el centro coches sin etiqueta), Valladolid (quiere reducir la zona ZBE
y retrasarla a finales de 2024), Castellón
y Lorca, Majadahonda (el Ayuntamiento ya votó en febrero que no pondrá en
marcha la ZBE) y Elche. El
último Ayuntamiento “rebelde” ha sido Badalona,
cuyo alcalde (por mayoría absoluta) es el exlíder del PP catalán García Albiol:
este 25 de septiembre van a aprobar paralizar la ZBE aprobada por el anterior
consistorio (y por la que recibieron 2 millones de euros de Fondos UE)
y fijar una moratoria de 3 años para aplicarla.
El Gobierno ya ha reaccionado ante esta “rebeldía
negacionista” de la derecha, que incumple la Ley vigente contra el
Cambio Climático. Por un lado, la
ministra de Transición Ecológica amenazó el martes con llevar al
Ayuntamiento de Badalona y a los demás a
los Tribunales. Y por otra, el
Ministerio de Transportes ha recordado a los Ayuntamientos que el Gobierno
transfirió 1.500 millones de euros de
Fondos europeos para que los municipios implantaran carriles bicis o Zonas
de Bajas emisiones. Y que si no lo hacen, tendrán que devolverlos.
En resumen, que la crisis Climática avanza, en el mundo y en
España, y los Gobiernos siguen financiando las energías fósiles (para intentar
rebajar la inflación) y avanzan las posturas negacionistas (promovidas por la
ultraderecha y “asumidas” por una gran parte de la derecha), en Europa y en
España. Malas noticias, porque la
realidad es que los síntomas de la Crisis Climática se agravan y causan cada
día muertes y daños. Sólo en 2021, los daños por el Clima en Europa
fueron de 15.154 millones de euros, según
Eurostat. Y rondan los 500.000 millones las pérdidas por causas climáticas en Europa desde 1.980, sin olvidar
los miles de muertos por las olas
de calor (6.000
en España en 2022), incendios, desastres naturales, contaminación
y enfermedades asociadas). Y a eso hay que sumar los daños en la agricultura y las cosechas (que disparan el precio de
los alimentos), en el turismo y las infraestructuras y en la economía, sobre
todo en la Europa del sur y el este y sur de España.
Urge una reflexión: la
lucha contra la Crisis Climática debería ser una cuestión “de sentido común”,
al margen de la política: hay que preservar el medio ambiente para evitar
una crisis climática que acabe con vidas, cultivos, la economía y el Planeta. Los científicos
llevan años diciéndonos qué hay que hacer: dejar de utilizar los
combustibles fósiles y cambiar el modelo de vida y crecimiento, para que sea
sostenible. Aprobar medidas concretas
para reducir más drásticamente las emisiones de CO2 (un -43% en 2030 y
0 emisiones netas para 2050, según la ONU)
y reducir la contaminación que mata. Salvar
el medio ambiente no debe ser de izquierdas ni de derechas. Es algo obvio, una cuestión de supervivencia.
Unos 8,3 millones
de niños y adolescentes han vuelto a clase en 28.500 colegios
e institutos, en un Curso escolar con novedades.
La primera, que estudiarán 20.000
alumnos más, a pesar de la caída de la natalidad, por el aumento de la educación infantil (0-3 años), los
alumnos hijos de inmigrantes y el
récord en Formación Profesional (que supera por tercer año el millón de
alumnos). Además, este curso se aplica
totalmente la nueva Ley de Educación (Lomloe), con cambios en los contenidos de todos los cursos y la obligación de
que todos los alumnos de FP hagan
prácticas en empresas (algo complicado). Pero siguen faltando profesores y
recursos para la enseñanza no universitaria, lo que obliga a que las familias españolas sean las que más
gastan de Europa (aportan el 12% del gasto educativo), en un año donde sube la factura de libros, uniformes,
transporte y comedor. Este menor gasto repercute negativamente en la calidad
de la enseñanza, manifiestamente mejorable. Nos jugamos el futuro.
El primer factor que aumenta los alumnos este curso es la
mayor asistencia a los centros de enseñanza regulados de niños
de 0 a 3 años, para cursar educación
infantil: se esperan unos 475.000
niños escolarizados, lo que supone un empujón, dado que con la pandemia
cayeron de 472.625 en 2019 a 388.974 en 2021. En los últimos 3 años, el
Gobierno Sánchez ha distribuido 670 millones de euros entre las autonomías para
que crearan 65.000 plazas de educación
infantil gratuita (de 0 a 3 años, una franja en la que la educación no es
obligatoria), en centros públicos y concertados. La consecuencia es que, ya en
el curso anterior, España alcanzó un
récord histórico de escolarización infantil (0 a 3 años) en centros
autorizados, al margen de las guarderías: un
45,6% de los niños de 0 a 3 años. Con ello, somos uno de los paises con
más tasa de escolarización infantil (23% en la UE y 27% en la OCDE), lo que resulta clave para el futuro: cuanto
antes empiece la escolarización de los niños, mejores resultados educativos,
según los expertos.
El segundo factor que aumenta los alumnos este curso es que siguen
creciendo los alumnos hijos de inmigrantes, con una mayor natalidad que
las familias españolas. El curso pasado, los alumnos extranjeros en colegios e institutos ya rondaron el millón (944.992 en el curso
2022-23), cerca del 12% del total de
alumnos, cuando sólo 5 años antes (curso 2017-2018) eran 687.774, el 8,5% del total (y sólo había 100.000
alumnos extranjeros en enseñanzas no universitarias, el 2% del total, en el curso 2000-2001). Sólo en Primaria, se han
incorporado en los últimos 6 años casi 116.000 niños extranjeros. Esta mayor
afluencia de alumnos extranjeros aporta una gran riqueza a la educación, al
incorporar otras experiencias y culturas, pero también crea problemas por el
idioma y la segregación. Sobre todo, porque estos alumnos extranjeros están
concentrados en centros públicos (el
76% del total: los centros concertados y privados acaban “segregándoles”
por distintas vías) y
en unas pocas autonomías (Levante, Cataluña, Madrid, Aragón, la Rioja Baleares
y Canarias concentran un porcentaje de alumnos extranjeros superior al 15% del
total de alumnos).
Y el tercer factor de aumento de alumnos este curso es que sigue
creciendo la matrícula de jóvenes en Formación Profesional, unos porque
la prefieren al Bachillerato (son ya 7 años consecutivos en que se matriculan
más jóvenes en FP que en Bachillerato) y otros porque habían dejado de estudiar
y vuelven a hacerlo para estudiar FP, porque ofrece más garantías de empleo
futuro. La realidad es que este será el tercer curso escolar en que la FP superará el millón de alumnos
matriculados, con 1.132.364
alumnos matriculados, un 35% más
que hace 4 años (se matricularon 838.764 en 2018-19). Dos tercios de estos alumnos de FP se han matriculado en centros
públicos (unos 775.000), pero lo que más
crece es la matrícula de FP en centros privados (más de 300.000
alumnos ya), ante la falta de plazas en los centros públicos. De hecho, los
centros concertados se están volcando en ofrecer nuevas titulaciones de FP, con
un alto coste, ante la escasez de plazas públicas. E incluso hay Fondos de inversión que apuestan por
crear centros de FP, como un gran negocio educativo, mientras los
sindicatos denuncian que hacen falta
300.000 nuevas plazas públicas de FP.
Además de tener más alumnos, otra novedad de este Curso
escolar 2023-24 es que se completa la aplicación de la nueva Ley de
Educación (la Lomloe,
Ley orgánica que modifica la Ley Orgánica de Educación de 2006, la LOE), la 8ª Ley de Educación de la democracia,
aprobada en diciembre de 2020, con los votos en contra de Ciudadanos, Vox,
regionalistas y el PP, que amenaza con derogarla si llega a la Moncloa. A pesar
de las reticencias
de las autonomías gobernadas por la derecha, la Lomloe avanza y se aplica:
el curso pasado se revisaron los contenidos de los cursos impares de Primaria,
ESO y FP básica y este curso 2023-24 se aplicará a los contenidos de los cursos
pares (2º,4º y 6º).
El
cambio que pretende la nueva Ley
(Lomloe) es modificar el anterior sistema
de enseñanza, para que ahora se base
menos en la memoria y más en aprender competencias y habilidades, donde los
alumnos españoles están a la cola de la OCDE, según el
informe PISA. Por ello, se han
cambiado los contenidos de las asignaturas, para que los centros cambien lo que hay que enseñar y cómo evaluarlo
(reglas para suspensos y repeticiones de curso). El problema ahora es que los
contenidos serán diferentes entre regiones, porque los distintos
Gobiernos autonómicos aprueban ahora entre el 40 y el 50% de los temarios,
siendo el resto de contenidos (comunes) elaborados por el Ministerio de
Educación. Ahora, con la derecha (y Vox) gestionando los gobiernos de 11
autonomías, ya se han planteado polémicas por los contenidos de algunas asignaturas (Historia,
Valores Cívicos, Sostenibilidad…).
Otro cambio
importante en este curso 2023-24 se va a dar en Formación Profesional, al aplicarse ya totalmente la nueva Ley de FP,
que se aprobó en septiembre de 2021, con el voto en contra del PP y Vox y la
abstención de ERC. Además de reformularse los cursos de FP, este año se
hace obligatoria la formación “dual” para todos los alumnos de FP. Eso
significa que el millón largo de alumnos de todos los cursos tendrán que cursar
entre el 25 y el 35% de sus estudios (unas 500 horas anuales) haciendo prácticas
en empresas, algunas remuneradas. Eso puede
crear este curso “un tapón”, ya que hace
falta que los Centros firmen acuerdos con cientos de miles de empresas para
que colaboren con las enseñanzas de FP. Pero a la vez es la gran esperanza de
reducir el paro juvenil (casi un 30% en España).
Además de estos cambios, preocupa otra vez este Curso
escolar 2023-24 la falta de profesores y la tremenda precariedad de un tercio de sus
contratos. En julio de 2023 fueron despedidos 110.000 profesores interinos,
para no pagarles las vacaciones. Y ahora en septiembre, ha
habido retrasos para
recontratarlos y configurar las plantillas, lo que ha
provocado que muchos centros iniciaran este curso sin toda la plantilla, sobre
todo en Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña y Castilla la Mancha. Y los
sindicatos reiteran que faltan profesores, que se han perdido parte de los
docentes de refuerzo contratados por la pandemia: CCOO
pide un aumento del 15% de las plantillas, 100.000 docentes más. Y sobre todo, piden reducir la enorme precariedad: un
tercio de los 760.000 profesores de colegios e institutos son
interinos o tienen un contrato temporal (además de estar mal pagados).
Además de la falta de profesores, urge atajar la deficiente calidad de la enseñanza no
universitaria en España, sobre todo en los centros públicos. Los
indicadores revelan que tenemos
un serio problema educativo: alto
porcentaje de repetidores, un 7,6% en ESO (la tasa más alta en Europa donde
sólo repiten el 2,2%), que es del 9,2% en los centros públicos y del 4,3% en
los concertados y privados, un alto
porcentaje de fracaso
escolar temprano (17,8% de jóvenes de 18 a 24 años que no han terminado
la ESO obligatoria, frente al 9,3% en la UE-25) y un altísimo
porcentaje de “ni-nis”,
jóvenes de 18 a 24 años que ni estudian
ni trabajan (17% en España frente al 13,7% en la UE-25). Y unos peores
resultados educativos en matemáticas, ciencias y comprensión lectora,
según todos los informes
PISA.
Unos mediocres resultados educativos, muy dispares por
autonomías, que contrastan con el hecho de que los estudiantes
españoles den más horas de clase que sus compañeros europeos, según
el último informe de la OCDE 2022: +7,3% de horas en Primaria y un +30% en Secundaria.
Los expertos critican que este exceso de
horas de clase, para cumplir temarios demasiado extensos, quita
recursos (profesores y horas lectivas) para dedicarlos a refuerzos y
desdobles, a reducir los alumnos por clase y ampliar las extraescolares. En
general, los recursos se concentran en los alumnos sin problemas y no hay posibilidad de atender mejor a ese
porcentaje creciente de alumnos que necesitan más seguimiento y atención y
que son el núcleo que genera repetidores y abandono escolar. Sobre todo en los
centros públicos, dotados de menos recursos y de más alumnos problemáticos.
Y entramos en el meollo del problema, la falta de recursos y Presupuesto. En líneas generales, España
gasta menos en educación que la mayoría de Europa y la OCDE, también en la
enseñanza no universitaria: gastamos un 3% del PIB (1,3% en Primaria y 1,7% en
Secundaria) frente al 3,2% de media en la UE-22. El gasto total por estudiante de Primaria es de 8.580 euros en España, frente
a 10.141 euros en la UE-22 (10.622 en Alemania y 9.312 en Francia). Y en Secundaria el gasto educativo por
alumno es de 10.706 euros, frente a 11.673 de media en la UE-22 (14.930
euros en Alemania y 13.475 en Francia), según
el Informe 2022 de la OCDE. Y encima de gastar menos en colegios e
Institutos, el gasto es muy desigual por autonomías: sólo gastan 899 euros
por alumno no universitario en Asturias y 938 en Madrid, frente a 1.489 en
Euskadi y 1.294 en Navarra, según
la AIREF.
Además, hay varias autonomías
que apuestan por financiar y apoyar la enseñanza concertada, en perjuicio de la
enseñanza pública, que está perdiendo alumnos en colegios e institutos.
Así, en
el último curso con datos oficiales (2020-21), el 67,3% de los alumnos no universitarios (de infantil a
Bachillerato) estudiaban en centros
públicos (frente
al 71,5% en 2008), un 25,2% en
concertados y un 7,6% en centros privados. Pero hay autonomías donde los alumnos
en centros concertados y privados casi llegan a la mitad: País Vasco (48%
en concertados y 1% en privados), Madrid (29,6% en concertados y 15,8% en
privados), Navarra (32,8% en concertados y 1,5% en privados) o Cataluña (25,9%
en concertados y 9,1% en privados). Y otras autonomías donde los alumnos
en centros públicos rondan o superan el 80%, como Castilla la Mancha
(83,2%), Extremadura (80%) o Canarias (76,4%).
Este menor gasto en educación en España, sobre todo gasto
público en los centros públicos, se compensa con un mayor gasto de las familias: España es el país europeo donde aportan
más, un 12% del gasto educativo total (de
Primaria a Bachillerato), frente a
sólo el 5% en la UE y el 7% en la OCDE, según
el informe Education at a Glance 2022.
Además, en los últimos años, estos pagos educativos de las familias se han disparado con la inflación. Y este curso,
el gasto por niño de la vuelta al cole
ha rondado los 500 euros, según
la OCU, por la subida de libros, material escolar y uniformes, a los que sumar
las subidas en el transporte escolar, extraescolares y comedor escolar. Aquí
tenemos un grave problema, según
Save the Children: sólo el 11,2% de los colegiales reciben ayudas para el
comedor escolar cuando hay un 27,4% de niños en situación de pobreza. Eso sí,
el Presupuesto
para becas (2.520 millones), que
reciben un millón de estudiantes, creció en 1.000 millones desde 2018.
Hasta aquí el panorama
educativo y los problemas de fondo con los que ha empezado este nuevo Curso
escolar 2023-2024: cambios educativos, falta de medios y profesores, escasez de
Presupuesto y muchas desigualdades por autonomías, con un resultado educativo
manifiestamente mejorable. ¿Cómo mejorarlo? El Gobierno le
pidió a la OCDE que analizara nuestro sistema educativo y propusiera
soluciones, que se presentaron en junio: identificar los centros educativos
con más peso de familias desfavorecidas y con bajas rentas y concentrar en
ellos más recursos (dinero y profesores), premiando a los docentes que los
elijan, mejorar la formación y reducir la precariedad del profesorado, reforzar
horarios y atención del alumnado más vulnerable y potenciar al máximo la
Formación Profesional. Acciones concretas que habrá de aplicar el próximo Gobierno, aunque ya será el
curso que viene. Mientras, la urgente mejora de nuestra deficiente educación
está en
manos de las autonomías, que han
de gastar más y mejor en educación, apostando por la enseñanza pública. Nos jugamos el futuro.
