España 2037: más viejos y más solos

Estadística ha publicado sus proyecciones sobre la población de España dentro de 15 años: habrá menos “españoles” (más inmigrantes), serán más viejos (el 26% tendrá más de 65 años) y vivirán más solos (1 de cada 8 españoles). Un envejecimiento de la población, por la caída de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida, que tendrá importantes  consecuencias económicas: más gasto en pensiones, más gasto en sanidad y en cuidados a los mayores y menos personas activas trabajando y cotizando. Además, los que más crecerán serán los hogares con una persona sola, que serán un 30% del total, muchos de ellos mayores solos, lo que modificará los hábitos de consumo de los españoles, desde la comida que compran a los viajes que hacen. Y además, los que viven solos tienen un alto riesgo de pobreza y más problemas psicológicos. En ambos casos, más vejez y soledad. Hay que prepararse ya, con más gasto en los mayores, porque ahora gastamos menos que el resto de Europa.  

Enrique Ortega

Los problemas demográficos son uno de los grandes retos de España (y del mundo) este siglo XXI, junto al cambio climático y la tecnología. El primer gran problema es la caída de la población nacida en España, un fenómeno que empezó en 2015, por primera vez desde la Guerra Civil, y que va a continuar en las próximas décadas, según las proyecciones de población del INE. De momento, la población nacida en España lleva 7 años consecutivos cayendo, en -492.130 personas entre 2015 y 2021. Y la previsión es que siga cayendo en los próximos 15 años, bajando la población “española” en -1.342.831 habitantes más para 2037. Y también después, con lo que se perderían -6.475.079 habitantes entre 2022 y 2072, según las proyecciones del INE. Pasaríamos de los 40.066.227 habitantes nacidos en España hoy a 33.591.148 “españoles” en 2072.

Sin embargo, la población total “residente” en España ha aumentado en los últimos años y seguirá creciendo hasta 2072, gracias a la llegada de los inmigrantes. Ya entre 2015 y 2022, la población total residente en España ha crecido en casi un millón de personas (+992.706 residentes en estos 7 años), gracias a la inmigración, porque la población nacida en España se redujo (-492.130 personas). Y así seguirá pasando: en 2037, la población residente en España subirá a 51.669.140 habitantes (crecerá en +4.237.335 habitantes estos 15 años), gracias a la entrada neta de 5.647.585 inmigrantes, según prevé el INE. Y para 2071, la población residente en España será ya de 52.886.370 habitantes (crecerá +5.453.565 habitantes los próximos 50 años), gracias también a la llegada de 14.769.585 inmigrantes netos (llegadas menos salidas) entre 2022 y 2071.

Así que se producirá un tremendo cambio demográfico: si hoy, 84 de cada 100 residentes en España han nacido aquí, en 2072, la población residente nacida en España serán sólo el 63%. Un tercio de los que vivan en España habrán nacido fuera. Eso se debe a una fuerte caída de la natalidad en España (que reduce los nacimientos: 338.532 en 2021, la cifra más baja desde 1941) y a un envejecimiento de los españoles, que aumenta año a año las defunciones (449.270 en 2021). La caída de la natalidad se produce por dos motivos: hay menos mujeres españolas en edad fértil (entre 15 y 49 años), por la crisis de la natalidad en los años 80 y principios de los 90, y las mujeres españolas tienen menos hijos: 1,23 niños por mujer en 2020, la mitad que en 1976 (2,8 niños) y menos que la media europea (1,50 niños por mujer), que Francia (1,83), Alemania (1,53) o Italia (1,24), según Eurostat.

El aumento de la población residente en España durante los próximos 15 años (+4,2 millones de habitantes), gracias a los inmigrantes, será desigual. La población total aumentará hasta 2037 en 13 autonomías, sobre todo en Cataluña (+1.067.958 habitantes), Madrid (+1.039.391 habitantes), Comunidad Valenciana (+667.150), Andalucía (+487.750), Canarias (+349.464), Baleares (+306.142), Murcia (+243.473) y Castilla la Mancha (+110.370 habitantes). Y caerá la población total en otras 4 autonomías (-96.888 en Castilla y León, -66.921 en Asturias, -50.996 en Extremadura y -34.496 en Galicia), más Ceuta (-7.327) y Melilla (-2.571 habitantes), según las proyecciones del INE. Este aumento desigual de población se debe a que la inmigración exterior se va a concentrar en 6 autonomías, siendo mucho menor en el resto: Baleares (190,6 inmigrantes por 1.000 habitantes entre 2022 y 2036), Canarias (181,9), Madrid (152,5), Cataluña (140,9), Melilla (132,3) y la Comunidad Valenciana (130,2 inmigrantes netos por 1.000 habitantes).

El 2º gran cambio demográfico es que en las próximas décadas habrá más viejos entre la población española residente en España, debido a que seguirá aumentando la esperanza de vida, se vivirán más años: si a principios del siglo XX, los españoles vivían 34 años de media, en 2021 se vive ya más de 83 años (80,24 años los hombres y 85,83 las mujeres). Y la previsión del INE es que aumente más de 2 años para 2037 (83,32 y 87,76 años) y más de 4 años para 2071 (86,03 años vivirán los hombres y 90,05 las mujeres).

La consecuencia es que aumentará el número de mayores de 65 años: si en 2022 son ya el 20,1% de la población residente en España, dentro de 15 años (2037) serán ya el 26% y serán ya el 30,4% de la población total en 2050, bajando ligeramente este porcentaje para 2072 (serán el 29,5% de la población), según el INE. Y no sólo habrá más mayores de 65 años, sino que aumentará drásticamente el porcentaje de ancianos: los mayores de 80 años, que hoy son el 6,1% de la población residente serán ya el 11% en 2050 y el 12% en 2072. Y las personas con más de 100 años, que hoy son 14.287 habitantes, pasarán a ser ya 51.669 dentro de 15 años y habrá 226.932 personas centenarias dentro de 50 años.

Menos población española y una población más envejecida. Y el tercer gran cambio será que habrá más españoles viviendo solos, según otro informe reciente del INE, sobre la proyección de los hogares españoles hasta 2037. Si este año 2022, de los 18.916.118 hogares censados, un 26,8% son hogares con una sola persona (5.066.940 hogares unipersonales), para 2037 se espera  que haya 21.651.673 hogares y que los unipersonales supongan ya casi el 30% del total (6.450.937 hogares con una persona sola), siendo el tipo de hogar que más va a crecer en los próximos 15 años (+27,3%). Crecerán menos (+22%) los hogares con 2 personas (mayoritarios hoy: son 5.729.888 hogares), los de 3 personas (hoy son 3.834.147 hogares y crecerán sólo un +4,3%), los de 4 personas se reducirán (hoy son 3.176.268 hogares y caerán -4,1%) y crecerán poco (+5%) los hogares de 5 personas (1.110.875 hoy).

Actualmente, 1 de cada 10 españoles viven solos (5,021.119 personas, el 10,7% de la población), pero en 15 años serán 1 de cada 8 españoles los que vivirán solos (el 12,5% de la población, 6.378.123 personas), un 40% de ellos mayores de 65 años (la mayoría, mujeres, que son más longevas). A pesar de que aumentarán los hogares y los españoles que viven solos, todavía son muchos menos que en Europa, donde los jóvenes se emancipan antes y no hay una cultura de integración de los mayores en las familias como en la Europa del sur. De ahí que en Europa, un 14,8% de la población vive sola, aunque el porcentaje sube al 22,2% de la población en Dinamarca, al 21,5% en Finlandia y al 20,9% en Dinamarca.

Si nos fijamos en los mayores de 65 años que viven solos, sucede lo mismo: en España, el 25,2% de los mayores viven solos, mientras son menos en la Europa del sur (16,6% en Chipre, 24,4% en Grecia, 24,5% en Eslovaquia y 24,8% en Portugal) y más en la media europea (32,5% de mayores viven solos), en Alemania y Francia (36,2%), en Italia (28,5%) y sobre todo en los paises nórdicos (46,9% en Dinamarca y 39% en Finlandia).

Aunque los mayores españoles vivan menos solos que en Europa, la tendencia clara es que aumentan los hogares con 1 sola persona, la mitad de ellos mayores solos. Y esto tiene consecuencias económicas y sociales. Por un lado, alguien que vive solo tiene más dificultades para afrontar los gastos, máxime si hay una crisis (financiera, pandemia o inflación). Son más vulnerables. Y por eso, tienen  más riesgo de caer en la pobreza: ya en 2019, su tasa de pobreza era superior (27,4%) a la del resto de hogares (26,2%). Y con la pandemia y la inflación, esa diferencia se agravó: en 2020, el 32,6% de los “solos” estaban en riesgo de pobreza (frente al 27% de media española) y en 2021 la pobreza afectó al 34,6% de hogares solos (frente al 27,8% en todos los hogares). Es el 2º mayor porcentaje de pobreza, sólo superado por los hogares con mujeres solas con niños (54,3% son pobres).

Vivir sólo no sólo dificulta más llegar a fin de mes sino que modifica los hábitos de consumo y de vida, desde hacer la compra hasta viajar. Por eso, la industria alimentaria ya está modificando su oferta, ofreciendo alimentos con menos peso y contenido, para adaptarse a la compra de las personas solas (aunque falta mucho por hacer). Y también ha aumentado la oferta de ocio y viajes para personas solas, aunque muchas viajan con el IMSERSO. Y no podemos olvidar los problemas psicológicos que acarrea la soledad no deseada, según todos los expertos. De hecho, Más Madrid ya presentó en septiembre una proposición no de Ley para que las distintas Administraciones públicas destinen recursos y medios para ayudar a los mayores que viven solos, un problema cada vez más acuciante.

Al margen de vivir solo o con más gente, el envejecimiento de la población española es uno de los mayores problemas que debemos afrontar en el siglo XXI. Y tiene enormes consecuencias económicas y sociales, que deberían obligar a partidos e instituciones a un gran Pacto social por la población y contra el envejecimiento, porque va a exigir enormes recursos y medidas concretas para afrontarlo de aquí a 50 años.

El mayor problema que se plantea es pagar las pensiones al mayor número de pensionistas que habrá, con menos activos que hoy: hoy tenemos 3 activos por cada jubilado y en 2051 habrá 1,65 activos por cada mayor de 65 años. Y el número de pensionistas pasará de los 9,1 millones actuales a 15,6 millones en 2050, según el INE. Eso obliga a “racionalizar” el gasto en pensiones, tratando de aumentar lo posible los ingresos (cuotas y aportaciones presupuestarias) y “atemperar” los gastos, adecuando las pensiones futuras a la mayor esperanza de vida y a lo que se pueda pagar. La reforma de las pensiones que se hizo en 2021 es un paso en esa dirección, pero resulta insuficiente y habrá que ir haciendo ajustes de ingresos y gastos en función de la economía y la demografía.

Otro problema importante será adaptar el gasto sanitario a una población más envejecida. Ya hoy, se estima que el 45% de todo el gasto de la sanidad pública se dirige a atender a los mayores de 65 años, cuyo coste de atención sanitaria triplica el del resto de la población. Y además, dos tercios de estos mayores sufren 4 o más patologías crónicas (hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, colesterol, asma, insuficiencias, alergias, depresión), patologías que serán crecientes en las próximas décadas, según la OMS. Así que en el futuro, al aumentar el porcentaje de mayores (el 30% de la población en 2050), habrá que destinar más recursos a la sanidad pública, hoy ya falta de recursos y medios. Y eso supone una planificación y una profunda reconversión de la atención geriátrica.

Y un tercer frente son los cuidados a los mayores: a más porcentaje de ancianos, más necesidades de gasto y atención a los dependientes, que se van a disparar. El Gobierno Sánchez ha estimado que para 2050 puede haber en España 1,6 millones de mayores dependientes, casi el doble de los 923.000 mayores dependientes reconocidos que existen hoy. Eso obliga a preparar con tiempo, recursos y personal su atención, que hoy es muy deficiente, con recursos escasos y 185.528 dependientes en lista de espera (con prestación reconocida pero sin recibirla), de los que 47.000 mueren cada año esperando. No se trata sólo de destinar más recursos sino de reorganizar toda la economía de los cuidados, reforzando la atención a domicilio, la teleasistencia, la ayuda a los cuidadores familiares, el refuerzo de las residencias y la planificación de nuevos hogares para mayores.

Al final, adaptarnos a un país con más viejos y más personas solas exige buscar más recursos para atender a los mayores, que ya son hoy insuficientes: España apenas destina el 0,9% del PIB al cuidado y atención de los mayores, muy por debajo del gasto medio que hacen los paises OCDE (1,5% del PIB, llegando al 3,7% en Noruega y el 4,1% en Holanda). Y la propia OCDE estima que, el envejecimiento de la población occidental obligará a duplicar el gasto en atender a los mayores (al 3% del PIB). Hay que prepararse y buscar recursos públicos, que sólo pueden venir del aumento de la recaudación, no de bajar impuestos. Y además, urge tomar dos medidas más en paralelo: aumentar la natalidad y aumentar el empleo (hoy trabajan en España 1,8 millones de personas menos de las que deberían trabajar si tuviéramos la tasa de empleo europea), para que haya más personas trabajando, cotizando y pagando impuestos, más población (españoles e inmigrantes) que sostengan y financien a ese 30% de mayores. Se lo merecen.

EPA septiembre 2022: se frena el empleo

La crisis desatada por la inflación y la guerra empieza a afectar al empleo, que crece menos, según la EPA publicada hoy : +77.700 empleos creados este verano, la quinta parte que el verano anterior, porque se creó menos empleo en el turismo y se perdió en agricultura y construcción, sobre todo de mujeres y jóvenes. Y subió el paro este verano, cuando normalmente baja, porque hay más “activos” buscando. Como muchos llevan más de un año parados, el 40% de los desempleados no cobra subsidio. Ahora, se teme que el empleo caiga en el 4º trimestre, tras haberse “salvado” de esta crisis: hay 360.800 ocupados más que antes de la invasión de Ucrania (la mayoría, empleos fijos, ahora el 80% de los asalariados). Urge proteger los empleos, sobre todo los más vulnerables (mujeres y jóvenes), con un pacto social que evite despidos, apoyándose en el mecanismo RED (los nuevos ERTES). Y subir (moderadamente) los salarios para que no se desplome más el consumo y evitemos la recesión. Salven los empleos.

Enrique Ortega

El verano suele ser una buena época para el empleo, por la temporada turística y los contratos en la enseñanza. Este año también, pero se ha frenado la subida de años anteriores, por la incertidumbre económica provocada por los altos precios y la guerra de Ucrania: se crearon +77.700 empleos entre junio y septiembre, según la EPA conocida hoy, la quinta parte que en el verano de 2021 (+359.300 empleos), muchos menos que en el de 2020 (+569.600 empleos, porque salíamos del “encierro” por el COVID-19) y algunos más que en el último verano anterior a la pandemia (+69.400 empleos en 2019). Con ello, se han creado +360.800 empleos este año, a pesar de la crisis desatada por la alta inflación y la guerra de Ucrania. Y en España hay ya 20.545.700 personas trabajando, todo un récord de empleo desde antes de la crisis financiera (20.646.000 ocupados en junio 2008).

En el tercer trimestre, el aumento del empleo ha sido gracias a los servicios (+114.300 empleos creados), sobre todo la hostelería, el turismo y el comercio, pero también ha creado  empleo la industria (+33.100), cayendo mucho la ocupación en la agricultura (-60.300 empleos) y en la construcción (-9.400). El empleo se ha creado menos en el sector privado (+25.400 empleos) que en el sector público (+52.300 empleos), por los nuevos contratos en enseñanza y sanidad, según la EPA. Y sorprende que la creación de empleo se haya dado sólo entre los hombres (+138.400 empleos), mientras las mujeres perdían empleo (-60.700 ocupadas), lo mismo que los jóvenes (-56.700 empleos entre 20 y 29 años), aumentando sobre todo la ocupación de los mayores de 55 años (+92.900 empleos, sobre todo hombres). Y por autonomías, el empleo ha crecido en el tercer trimestre en 12 regiones, encabezadas por Baleares (+41.700 empleos) y Cataluña (+38.800) y ha caído en las cinco restantes, sobre todo en Madrid (-64.400 empleos) y Murcia (-18.300).

La pequeña mejora del empleo en el tercer trimestre (+77.700) no se traducido una mejora del paro, que subió en verano (+60.800 parados, el único verano en que ha subido el desempleo desde 2014, con la excepción del de 2020, por la pandemia. Ello se debe a un fuerte aumento este verano de los españoles “activos”, que buscan trabajo: los “activos” han aumentado en +138.500 personas, impidiendo bajar las cifras del paro. Es un proceso que se ve trimestre a trimestre (hay 367.100 personas más buscando trabajo que antes de la pandemia). Y todo apunta a que seguiremos así, con lo que en los próximos meses sucederá lo mismo que ahora: el paro bajará menos de lo que sube el empleo.

El  paro subió en el tercer trimestre (+60.800 personas), por culpa de los servicios (+85.700 parados, los que se apuntaron a finales de septiembre, tras el fin de la temporada turística), los estudiantes que buscan su primer empleo (+50.800 personas) y los nuevos parados de la agricultura (+14.400) y la industria (+6.400 parados), bajando sólo el paro este verano en la construcción (-14.900 parados), según la EPA de septiembre. El desempleo bajó entre los hombres (-18.500 parados), pero subió este verano entre las mujeres (+79.300) y entre los más jóvenes (+64.100 parados entre 20 y 24 años), bajando entre los mayores de 55 años (-52.800 parados). Por autonomías, el paro sube en la mayoría, sobre todo en Madrid (+38.300), Comunidad Valenciana (+23.300) y Murcia (+17.600) y baja en Baleares (-22.500 parados), Castilla y León (-14.400) y las regiones del norte, la Rioja y Aragón, que se han beneficiado de un mayor turismo interior este verano.  

La cifra total de parados EPA roza los 3 millones (2.980.200 parados estimados a finales de septiembre 2022), un dato que no se veía desde septiembre de 2008 (2.600.700 parados). Y la tasa de paro baja al 12,67%, según la EPA, mucho más baja que antes de la pandemia (13,78% en 2019) y la menor tasa de paro desde el verano de 2008 (11,23%). Eso sí, todavía duplicamos la tasa de paro europea (6% en la UE-27) y cuadruplicamos la alemana (3% de paro), según Eurostat.  Y es muy preocupante el salto en la tasa de paro de los  jóvenes (menores 25 años): pasa del 28,52% al 31,01% (13,8% en la UE-27).

Hay otros datos preocupantes del paro que mejoran. El primero, que hay 977.400 hogares con todos sus miembros en paro (-12.900 menos que el trimestre pasado). El segundo, que seguimos con 5 regiones que tienen una tasa de paro “escandalosa”, aunque ahora casi todas bajan del  20%, salvo Ceuta (30,82% de paro) : Andalucía (18,98%), Melilla (18,16%), Canarias (17,73%) y Extremadura (15,85%), que contrastan con 6 autonomías que tienen una tasa de paro casi europea (5,79% Baleares, 8,03% Rioja, 8,29% País Vasco, 8,61% Cantabria, 8,99% Navarra y 9,08% Aragón) . Y el tercero, que bajan los parados de larga duración, los que llevan más de 1 año sin trabajo: son 1.256.600 parados, el 42,16% de los parados (eran el 47,78% el trimestre pasado, pero el 43,5% a finales de 2019).

Esto provoca que a muchos parados se les acabe el desempleo y no cobren ya ningún subsidio, pasando a una situación de pobreza extrema. En agosto de 2022, último dato de Trabajo, cobraban alguna ayuda 1.796.339 desempleados: menos de la mitad (47,34%) cobraban un subsidio contributivo (según lo cotizado) de 872,20 euros de media y el resto (52,66) cobraban un subsidio asistencial de 463,21 euros. Pero en esta cifra están incluidos los 18.098 trabajadores que están en ERTE y cobran las tres cuartas partes de su sueldo del SEPE. Así que, en realidad, sólo 1.778.241 parados cobra algún subsidio, el 59,66 % de los parados que refleja la EPA de hoy. Eso significa que casi la mitad de los parados (40,34%) no cobran ninguna ayuda pública, empeorando la cobertura sobre 2019 (no cobraban el 38,5%). Así que sube el paro y también los que no reciben ayudas.

Visto los datos del empleo y el paro en el tercer trimestre de 2022, queda patente que España supera de momento la nueva crisis de la guerra de Ucrania, porque tenemos más ocupados (+ 360.800) y menos parados (- 123.600) que a finales de 2021. Concretando más, hay 385.000 afiliados más a la Seguridad Social que a principios de año, con un récord histórico de 20.224.355 afiliados a finales de septiembre, tras 17 meses consecutivos de aumento (desde mayo de 2021). Y el paro se ha reducido, a pesar de la guerra y la inflación, en -181.159 parados desde finales de enero hasta finales de septiembre, según Trabajo.

Con todo, la mejor noticia es que el empleo que se está creando en 2022 es menos precario, de más calidad, gracias a la reforma laboral aprobada a finales de 2021. Ya en el primer trimestre de 2022, el 22,7% de todos los contratos firmados fueron indefinidos, frente a sólo el 10,9% de los firmados en todo 2021, según los datos de Trabajo. En el 2º trimestre, el avance fue aún mayor: el 34,28% de todos los contratos firmados de enero a junio fueron indefinidos (3.281.900 contratos), más del triple que en todo el año 2021 (el 10,9%) y cinco veces más que entre 2014 y 2020 (sólo entre el 6 y el 8% de los contratos fueron indefinidos). Y ahora, en el tercer trimestre ha habido otro salto en la contratación indefinida y el balance anual es impresionante: un 37,04% de los contratos firmados entre enero y septiembre han sido indefinidos (5.250.400 contratos fijos firmados). Y sólo en septiembre de 2022, casi la mitad de los contratos firmados (el 46,72%) fueron indefinidos (775.856 contratos fijos), gracias al fuerte aumento de los contratos fijos discontinuos (han crecido un +811% este año), que son los contratos fijos que se hacen ahora a muchos de los que antes eran temporales en el turismo, hostelería y construcción : están “fijos” en las empresas, aunque trabajen por obra o temporada (el resto del tiempo no cuentan como parados aunque estén inactivos, una norma que viene desde el año 1985).

El resultado evidente de la reforma laboral es que aumentan mes a mes los asalariados con contrato indefinido, que eran el 74% de los trabajadores hace un año (septiembre 2021) y que ahora son ya un 79,81%, con un 20,19% todavía de asalariados con contrato temporal, el mayor porcentaje en Europa (la media de temporales es del 15% de los asalariados). Y el ministro Escrivá ha anticipado que el 84% de los contratos firmados en octubre habrán sido indefinidos. Los que más se están beneficiando de los contratos fijos son los jóvenes, cuyos contratos son ahora fijos en un 75% (antes de la reforma, lo eran menos de la mitad).Y además de conseguir más contratos indefinidos, la reforma laboral está consiguiendo contratos temporales que duran más, al penalizar la cotización de los contratos por días o menos de una semana, que ahora se hacen mucho menes.

Otro fruto de la reforma laboral es que está aflorando “empleo sumergido”, se están “regularizando empleos” que antes no estaban legalizados ni reconocidos, que formaban parte de la “economía sumergida”. Trabajo estima que, desde finales de 2019 hasta ahora, han aflorado 285.000 empleos “ilegales”, un tercio de los nuevos afiliados (850.000 desde el inicio de la pandemia). Y eso porque las ayudas públicas y los ERTES han compensado a muchas empresas (250.000 asalariados “legalizados) y autónomos (35.000 han aflorado) a darse de alta en la Seguridad Social para poder recibirlas. Y esto, además de aumentar las cifras de ocupados (y reducir las de parados) ha aumentado las cotizaciones de la Seguridad Social (+2.900 millones) y los ingresos fiscales (sobre todo en IRPF).

Ahora, se teme por el empleo en el 4º trimestre, ante las previsiones de que caiga el crecimiento económico, en Europa y en España, lo mismo que en el primer trimestre de 2022, por la inflación (frena el consumo)  y la subida de tipos de interés. Sin embargo, en octubre, la Seguridad Social espera otro aumento de afiliados, +15.000 nuevos, con lo que aumentará en 400.000 los afiliados ya este año. El Gobierno cree que el empleo mantiene su dinamismo, a pesar de la inflación y la guerra. Y su previsión es que, aunque crezcamos poco, el empleo siga aumentando, aunque menos: unos 400.000 nuevos empleos este año 2022, frente a los 840.600 empleos creados en 2021.

Se confía en que el empleo aguante, aunque la economía “pinche” en los próximos 6 meses,  porque las ventas de las empresas siguen altas en muchos sectores (y sus beneficios) y   las exportaciones (con el euro débil)  están ayudando mucho, lo mismo que la moderación de los salarios (han subido un 2,61% los convenios firmados hasta septiembre), aunque les hayan aumentado la mayoría de los costes y se frene el consumo. Y, sobre todo, porque los sectores o empresas con más problemas tienen a mano un nuevo mecanismo para afrontar crisis coyunturales sin despedir: el mecanismo RED. Se trata de una medida incluida en la reforma laboral, que prorroga y adapta el viejo sistema de los ERTEs: permite a las empresas con problemas solicitar una reducción de jornada o una suspensión temporal de contratos, con exenciones de cuotas y desempleo para los trabajadores temporalmente afectados. Ya se ha activado para las agencias de viajes.

Nos esperan unos meses difíciles, también para el empleo. Pero hay que hacer todo lo posible para que no se pierdan puestos de trabajo, una mayor prioridad en España que en el resto de Europa por dos razones: tenemos el doble de paro y aquí trabaja menos gente, unos 1,8 millones menos de los que deberían trabajar con la tasa de empleo europea. Así que no podemos dejar que esta nueva crisis, desatada por la inflación, destruya empleo, como se consiguió evitar con la pandemia (ahora trabajan 578.800 españoles más que en 2019). Y eso pasa por mantener las ayudas públicas a familias y empresas y relanzar el pacto social entre patronal y sindicatos, pactando subidas salariales “razonables” para 2023 y un nuevo salario mínimo, que contrarresten la inflación y sostengan el consumo, las ventas y el empleo. Y sobre todo, remar todo el país en la misma dirección: afrontar solidariamente la crisis, repartir sus costes y salvar los empleos. Son sagrados.

3ª subida de tipos: hipotecas disparadas

Este jueves 27, el Banco Central Europeo (BCE) sube los tipos de interés, tras las subidas de julio y septiembre. Intenta bajar la histórica inflación europea (+10,9%), sabiendo que el dinero caro no servirá para abaratar la energía y terminar la guerra. Lo que sí hará es frenar más la actividad y llevar a Europa a la recesión. Y, sobre todo, hundir (más) las cuentas de los Estados (deuda), empresas y familias, que ya han visto dispararse sus hipotecas: el pago mensual ha subido 180 euros y el Euribor seguirá aumentando, poniendo en riesgo el pago del 14% de familias con hipoteca, las más vulnerables. Para evitar  impagos masivos, la banca propone prorrogar hasta 5 años estas hipotecas, para estabilizar la mensualidad. Pero la mayoría de hipotecados no se beneficiarán y tendrán que pagar más o renegociar su crédito. Así que la subida de tipos es una receta dolorosa, además de inútil. Urge no subir más los tipos y atajar la inflación sin provocar una recesión. Se puede y se debe.

Enrique Ortega

Los precios siguen muy altos, más en Europa (+10,9% inflación en la UE-27 y +9,9% en la zona euro), y los bancos centrales de todo el mundo buscan doblegarlos con una vieja receta contra la inflación: subir los tipos de interés. El primero en tomar medidas fue la Reserva Federal USA, que subió los tipos un +0.25% el 17 de marzo de 2022, cuando llevaban en el 0% desde marzo de 2020, por la pandemia. Y los ha subido después, cuatro veces más (mayo, junio, julio y septiembre), hasta el 3%. El Banco Central Europeo (BCE) retrasó la subida de tipos, por temor a hundir una economía europea más débil que la norteamericana, pero la inició el 21 de julio (+0,50%), ampliándola el 8 de septiembre (+0,75%. Y se espera que este jueves vuelva a subir los tipos otro +0,75%, dejando el precio oficial del dinero en el 2%. Y anunciando que volverá a subirlo en noviembre y diciembre, con lo que puede cerrar el año con los tipos en el 3% (estaban en el 0% en junio y desde noviembre de 2011).

La presidenta del BCE sabe que la subida de tipos es una receta bastante ineficaz y dolorosa, según se desprende de sus palabras: “la política monetaria no puede reducir el precio del gas y no puede parar la guerra”. Lagarde sabe que no estamos ante una inflación de demanda (causada por un exceso de consumo e  inversión) sino ante una inflación de oferta (subida de costes), donde encarecer el dinero no va a frenar los precios de la energía ni de los alimentos. Pero está obligada, por el papel del BCE, a “hacer lo que tengamos que hacer para frenar los precios”. Aunque eso provoque una recesión. Se trata de que la inflación baje, aunque sea “por las malas”, porque la economía esté tan hundida que ya no suben más los precios: inducir  al coma al enfermo como tratamiento. La directora general del FMI ha alertado sobre lo que va a pasar: “las subidas de tipos acabarán influyendo en los precios cuando hayan ahogado definitivamente la demanda, con el riesgo de que eso signifique una recesión larga y profunda y un incremento del desempleo”.

El BCE admite que su política monetaria es “más un machete de pescadería que un bisturí”, ya que actúa sobre toda la economía y con retraso. Pero reconoce que “no tiene otra alternativa”, aunque subir tipos será “doloroso”. Primero, porque el BCE va “a remolque” de Estados Unidos: la Reserva Federal volverá a subir los tipos en noviembre y diciembre y cerrarán el año con el dinero al 4/4,40%. Y estos tipos más altos que en Europa arrastran a EEUU a los inversores, fortaleciendo el dólar y depreciando al euro. Y este menor valor del euro (ha caído un -13,8% este año frente al dólar, cotizando a 0,98 €/$)  agrava la inflación, porque encarece (+13,8%) más de la mitad de las importaciones, que se pagan en dólares ahora mucho más caros. Segundo, porque los Gobiernos europeos se dedican a gastar más, en ayudas a empresas y familias contra la inflación, y eso “alimenta también la inflación”, al mantener o aumentar el gasto público y privado.  Por eso, Lagarde se queja de que le toca hacer “el papel de mala” (subir los tipos) mientras los Gobiernos hacen “el papel de buenos”, echando dinero en la economía y alimentando la inflación. Claro que si no lo hicieran, la actual crisis de inflación se convertiría en una grave crisis social.

Así que el BCE, forzado por EEUU y por una inflación disparada, subirá los tipos por tercera vez esta semana (un 0,75%?) y volverá a hacerlo en los próximos meses, aún sabiendo que eso va a precipitar que Europa caiga en recesión, quizás en el 4º trimestre de 2022 y el 1º de 2023. Lo prefiere, aunque sea “doloroso”, porque cree que la inflación descontrolada es peor. Pero estas subidas de tipos van a agravar la crisis, tanto de los Gobiernos como de las empresas y familias. Ya lo están haciendo. La subida de tipos ha provocado que España esté pagando más  por financiar su abultada deuda pública (1,475 billones): si en enero se colocaban los bonos a 10 años pagando un 0,60%, en junio se pagaba ya el 2,779% y el viernes 21 de octubre había que pagar el 3,652%...Las empresas españolas han visto encarecer sus créditos un +43% sólo hasta julio: han pasado de pagar un 1,61% a finales de 2021 al 2,3% en julio, según el Banco de España. Y las familias llevan meses pagando más por los créditos personales (+8,6%) y, sobre todo, por las hipotecas.

Centrémonos en las hipotecas: en España hay 5,5 millones de hipotecas “vivas”, de las que 4,1 millones (el 75%) son a tipo de interés variable y el 90% de ellas están referenciadas al Euribor (el tipo al que se prestan los bancos entre sí). Y este Euribor lleva meses subiendo, desde su mínimo en diciembre 2021 (era negativo: -0.502) hasta dispararse al +2,233% en septiembre 2022 (la mayor subida de la historia en un mes y en un año). Y en octubre, antes de que el BCE haga su tercera subida de tipos, ya está en el 2,60% mensual, lo que significa una subida real de las hipotecas del +3,1% en lo que va de año. Y los expertos apuestan porque el Euribor siga subiendo, hasta el +3,25% a finales de 2022, según FUNCAS.

Las familias con hipotecas ligadas al Euribor (3,6 millones) van a notar esta subida (el “dolor” que dice el BCE) en la próxima revisión, que suele ser anual (o semestral). Los que la revisen en octubre, con la subida del Euribor hasta septiembre, ya sufrirán un enorme susto: si tienen una hipoteca tipo (137.921 euros a 24 años, según los datos del INE), con un tipo del Euribor+1% (muy bueno), pagarán ahora 180 euros más al mes (+2.160 euros al año), un 35% más de recibo. Y si sigue la tendencia al alza, en los próximos meses será peor, por encima de 200 euros más al mes por hipoteca.

¿Qué pueden hacer los hipotecados? En teoría, tienen 3 opciones: cambiar la hipoteca, cancelar y contratar otra o amortizar lo que le falta de pagar (total o parcialmente). La opción que más se escoge actualmente es cambiar de hipoteca, optando por un tipo fijo en lugar de por un tipo variable ligado al Euribor. Pero no es fácil, porque los bancos han reaccionado  y han subido los tipos fijos en estos meses (la mayoría de ofertas superan ya el 3%), ofertando hipotecas a tipo variable más atractivas (Euribor+0,80%), porque con ellas obtienen más margen del cliente y no se pillan los dedos con las hipotecas a tipo fijo. Hay que echar cuentas y pensar a medio plazo: el Euribor puede llegar al 4% en 2023, pero si la inflación baja en 2024 y 2025 al entorno del 2%, debería bajar a ese entorno también el Euribor a medio plazo y mantenerse hasta otra crisis. Así que a la hora de cambiar de tipo, pensemos en que una hipoteca es a 20/25 años y que es arriesgado “atarse” a un tipo alto.

Una vez decidido el cambio de hipoteca de variable a fijo, queda decidir si se hace con el propio banco (“novación”) o si se cambia la hipoteca a otro banco (“subrogación”), un proceso que suele tener más gastos y que a veces incluye “costes ocultos” (comisiones, nueva tasación, seguros, tarjetas…). El consejo suele ser renegociar primero con nuestro banco y luego preguntar al resto, con ofertas siempre escritas y comparables. Y si le queda menos de la mitad de hipoteca por pagar, lo aconsejable es no cambiar de banco (ni de hipoteca). La opción de cancelar y contratar otra suele ser la más cara, salvo que tengamos una pésima hipoteca. Y la tercera, amortizar la hipoteca (toda o en parte), puede ser una buena decisión si se cuenta con un dinero extra al que le sacamos poca rentabilidad. Pero siempre es mejor hacerlo en los primeros años de la hipoteca, cuando se pagan más intereses que capital. Luego, en la segunda mitad, se paga la mitad de intereses que de capital y compensa menos.

En general, es mejor no dejarse llevar por la corriente de cambiar de hipoteca, salvo casos muy claros. Lo evidente es que, por culpa de la subida de tipos, las familias hipotecadas tienen otro gasto extra en los próximos meses, además pagar más en la factura de la luz, el gas, los carburantes, los alimentos y casi todo. El problema que más preocupa es que esta subida de tipos tiene un efecto desigual, afecta más a las familias con menos recursos y sobre todo a las que se han endeudado más estos meses, por la inflación: este verano y ahora con ”la cuesta de otoño”, muchas familias han tirado de tarjeta y de préstamos personales para llegar a fin de mes, aumentando peligrosamente su endeudamiento. Y ahora, con la subida de tipos, tienen más difícil pagar, lo que preocupa a la autoridad bancaria europea, al Banco de España y a los bancos.

De hecho, el Banco de España ya ha “alertado” que el encarecimiento de las hipotecas hará que el 14% de las familias con hipoteca  (unas 770.000 familias) se conviertan en “vulnerables”, al subirles ahora los intereses a pagar por encima del 40% de sus ingresos. El temor es que eso dispare la morosidad en los bancos y los desahucios. Para evitarlo, el Gobierno lleva semanas estudiando ayudas, a las que se ha “apuntado” la banca, por dos razones: para evitarse problemas (saben que muchas hipotecas que han concedido para mantener el negocio son “una bomba de relojería”) y para mejorar su imagen pública. Así, llevan días “vendiendo” que proponen al Gobierno una ampliación de hasta 5 años de las hipotecas (ojo: sólo de 1ª vivienda) de las familias más vulnerables, aquellas para las que la próxima revisión les suba la cuota más del 30%, siempre que la cuota les suponga más del 40% de sus ingresos y que ganen menos de 24.318 euros al año. Otra condición es que, con la ampliación de la hipoteca, el pago mensual no baje sobre lo que pagaban antes de la revisión por la subida del Euribor (o sea, que los bancos no cobrarán menos mensualidad ).

Con todas estas “condiciones”, serán pocos los hipotecados que se beneficien de esta moratoria, no más del 10% del total. Los bancos tienen prisa por anunciar la medida antes de que esta semana se publiquen sus resultados, los beneficios del tercer trimestre, que se espera sean "extraordinarios" gracias a la subida de tipos: la previsión es que los 6 grandes bancos aumenten sus beneficios un +25%, según este cuadro de posibles resultados por entidades de Bloomberg. Ya en el primer semestre de 2022, por efecto de la subida de tipos desde abril, la gran banca ganó un 36% más en su actividad en España, según Neovantas. Y además de ganar más de sus clientes cuando suben los tipos, los bancos también cobran más del BCE por el dinero que tienen allí depositado: si antes les cobraban por el dinero que “no  movían”, en julio les pagaron un 0% y en septiembre un +0,75%. Y con la próxima subida de tipos, les pagarán más: se estima que, en el 4º trimestre, la banca europea ganará unos 8.000 millones extras por esos 4,3 billones que tienen “aparcados” en el BCE, según la previsión de Jefferies. Y tres bancos españoles, Unicaja, Bankinter y CaixaBank están entre los bancos europeos que más ingresos “extras” tendrán (ver cuadro).

Así que la subida de tipos es “dolorosa” para las cuentas públicas (más pago intereses), las empresas y las familias, pero va a recomponer los beneficios de la banca, este año y más el próximo. Por eso, el Gobierno Sánchez ha aprobado un nuevo impuesto temporal a la banca (sobre el margen de intereses y comisiones), con el que busca ingresar 3.000 millones entre 2023 y 2024, para afrontar el coste de las ayudas contra la inflación. Un impuesto duramente atacado por la banca española, que ha pedido ayuda al BCE, banca que todavía tiene “un colchón” de 65.471 millones para rebajar su pago de impuestos, un “cheque fiscal” con el que seguirán reduciendo el pago del impuesto de sociedades, a costa de los ajustes (de activos y créditos) que hicieron tras la crisis inmobiliaria…

En resumen, que este jueves nos cae encima otra subida de tipos, que no frenará los precios de la luz, gas, carburantes o alimentos, pero sí va a empeorar la situación económica de las familias, las empresas y el Estado. Y va a acelerar que Europa (y España) entre en recesión los próximos meses, forzando a la economía a “entrar en la UVI” como receta contra la inflación, en lugar de optar por otras vías, como bajar los precios de la energía (excepción ibérica, tope al gas) y moderar  los márgenes y beneficios empresariales que se alimentan de las subidas. Será “una recesión anunciada”, fruto de una subida de tipos que se reconoce como “dolorosa”. Lo peor es que es una receta inútil, que sólo surte efecto con el enfermo en coma. Sería bueno que los Gobiernos europeos y el BCE se dejaran de “ortodoxias suicidas” y buscaran soluciones menos dolorosas. Las hay.

Temor a la inflación en invierno: más ayudas

La inflación parece darnos una tregua en octubre: los precios del gas y la luz han bajado drásticamente, aunque los carburantes suben. Todavía no hace frío y se teme que, con el invierno, los europeos tengamos más problemas para pagar calefacción y luz. Por eso, Europa ha fijado un recorte del consumo, que no afecta en España a las familias, aunque somos uno de los 4 países europeos que consume más gas y carburantes que el año pasado. El Gobierno español aprobó este martes nuevas ayudas (3.000 millones) para reducir la factura de la calefacción y ampliar los descuentos en la luz a 4 de cada 10 familias. Vale, pero la clave es atajar la subida de la energía en Europa, no sólo paliar sus consecuencias. Y los 27, reunidos hoy y mañana en otra Cumbre, no se ponen de acuerdo en extender “la excepción ibérica” y poner un tope al gas. Urge impedir más subidas este invierno, porque las ayudas públicas no pueden ser infinitas.

Enrique Ortega

Llevamos ya más de un año con alta inflación, desde que en septiembre de 2021 alcanzamos una subida de precios del +4%, que subió al +6,5% en diciembre y se disparó al +9,8% en marzo de 2022, tras la invasión de Ucrania (24-F), superando el 10% en junio (+10,2%), julio (+10,8%) y agosto (+10,5%), para moderarse en septiembre (+8,9% de inflación en España y el +10,9% en la UE-27). Hay esperanzas de que en octubre vuelva a bajar la inflación, ya que está bajando el gas y la electricidad, aunque suben el petróleo y los carburantes. Pero el frío no ha empezado y, a falta de gas ruso en Europa, se teme que el invierno relance los precios de la energía, no sólo en diciembre sino a principios de 2023.

De momento, el precio del gas natural se ha desplomado esta semana, debido a que la mayoría de países europeos tienen llenos sus depósitos (las reservas están al 92% de media) y con el temor de algunos proveedores a que Europa ponga un tope al precio del gas importado. La consecuencia es que los precios del gas han caído esta semana a un precio nunca visto este año: hoy 20 de octubre, el precio del gas en el mercado ibérico está en 28,76 euros MWh (el precio más bajo en 15 meses y muy lejos de los 230 euros que costaba a finales de agosto) y en el mercado europeo (TTF holandés) baja a 112,51 euros (mínimo desde primavera y lejos de los 346 euros que costaba en agosto). Con ello, la luz (que lleva un año encareciéndose por el gas), también veía caer drásticamente su precio mayorista en España, hasta los 86,66 euros MWh hoy, la tercera parte del precio de hace un mes (243,55 euros, incluyendo la compensación al gas y el precio más bajo de la electricidad desde octubre 2021 (recordemos que llegó a costar 544 euros MWh el 9 de marzo, antes de que entrara en vigor la “excepción ibérica”, el 15 de junio).

En paralelo, el petróleo ha remontado algo su precio en octubre (de 87,90 dólares barril el 30 de septiembre a 93,25 dólares hoy), por el acuerdo entre la OPEP y Rusia para reducir su producción (a partir de octubre). Y eso, junto a la reducción del refino en Europa (Francia) y el corte de suministro de Rusia, ha provocado una nueva subida de los carburantes en octubre: la gasolina cuesta esta semana en España 1,75663 euros litro de media (+7,5 céntimos que a finales de septiembre) y el gasóleo 1,9492  euros (+ 12,7 céntimos), según el Boletín Petrolero Europeo de hoy. Eso sí, los alimentos no bajan (subieron un +14,4% hasta septiembre) y, por efecto de la sequía, las menores cosechas y los mayores costes, parece que seguirán caros hasta fin de año.

Así que mejora la factura del gas y la electricidad, empeoran los precios de carburantes y alimentos, junto a una subida de muchísimos productos, por lo que la inflación en octubre (el dato se conocerá el día 28) podría bajar algo, pero poco. En cualquier caso, la incertidumbre sobre los próximos meses es enorme, sobre todo cuando empiece el frío en Europa y los países echen manos de sus reservas de gas y tengan que comprar más. El temor no es tanto este año, sino el repunte de precios en el primer trimestre de 2023.

Para evitar problemas de suministros y que la inflación vuelva a dispararse este invierno, la Comisión Europea aprobó el 30 de septiembre un paquete de medidas urgentes frente a la crisis energética, que corroboraron los líderes europeos en la Cumbre de Praga del 3 de octubre. La primera medida clave es conseguir un ahorro en el consumo de electricidad del 15% entre el 1 de diciembre y el 31 de marzo de 2023. Y plantean hacerlo por 2 vías: una reducción voluntaria del consumo eléctrico global del -10% y una reducción adicional del -5% en horas punta. Ahora, se trata de concretar esta rebaja por paises y definir las “horas punta”, diferentes según los países.

España ha conseguido un recorte menor, del -6,4% en el consumo eléctrico, porque somos una “isla energética” (sólo importamos el 4,1% de la electricidad consumida, según REE) y porque tenemos una alta capacidad de importar y transformar gas natural, al contar con 6 de las 20 regasificadoras europeas. Para cumplir este objetivo el Gobierno aprobó en agosto una serie de medidas de ahorro: calefacción a 19º en comercios, cines, hoteles y espacios públicos, apagado escaparates a las 10 de la noche y cierre automático de puertas en los comercios. Y ha pactado con las autonomías y Ayuntamientos la revisión del alumbrado público, para tratar de ahorrar (sobre todo ayudando a cambiar las farolas para instalar leds), aunque no parece que los municipios vayan a reducir el alumbrado de Navidad. Para los particulares, no habrá limitaciones de consumo, aunque se pedirá a las eléctricas que incluyan en la factura el consumo medio por zonas, para saber si gastamos de más.

En paralelo a estas medidas de ahorro, el Gobierno español aprobó este martes nuevas ayudas (con un coste de 3.000 millones de euros) para que las familias afronten la factura de calefacción y electricidad este invierno. La más llamativa es que los 1,7 millones de hogares con caldera colectiva (comunidades de vecinos) puedan acogerse (hasta finales de 2023) a una nueva tarifa regulada (TUR 4), con un descuento del 40% en el precio del gas que utilicen, siempre que revisen la caldera, tengan instalados contadores (o llaves) de control individual de consumo (o los instalen antes de septiembre de 2023) y que no gasten más que la media de los últimos 5 años (si gastan más, el precio se les penaliza un 25%). Además, los 1,5 millones de clientes individuales de gas con tarifas TUR (1,2 y 3) seguirán beneficiándose del tope al precio del gas (5% de subida) todo el año 2023.

Otra medida importante es que se refuerza el bono social eléctrico, el descuento en el recibo de la luz a las familias más vulnerables. Por un lado, aumenta el descuento (al 65 y al 80%, según sus ingresos) a los 1,3 millones de hogares que lo tienen hoy (los que ganan menos de 12.159 euros). Y además, se crear un nuevo bono social, con un descuento del 40% en el recibo a otro millón y medio de hogares con ingresos reducidos (familias con dos niños que ganan menos de 28.000 euros). Y se duplica el presupuesto para financiar  el bono social térmico (para pagar gastos de calefacción y agua caliente), hasta una franja de 40 a 375 euros al año (ahora son 35-350 euros).

En conjunto, el Gobierno estima que estas ayudas benefician a 4 de cada 10 familias. Y se suman a otras 9 medidas aprobadas desde junio de 2021 para rebajar el precio de la luz, básicamente la bajada de impuestos a la luz y el gas, la “excepción ibérica” (tope al precio del gas para producir electricidad) y la rebaja de costes regulados. Unas medidas con un alto coste para el Presupuesto (más de 20.000 millones de euros) pero que han servido para “reducir un 33% la factura de la luz el último año” (según la ministra Ribera) sobre el precio que tendríamos que pagar si el Gobierno no hubiera tomado medidas.

Ahora hay que esperar si estas nuevas ayudas permiten contrarrestar las esperadas subidas del gas y la luz en los próximos meses. El presidente Sánchez dijo este martes en el Senado que movilizará “los recursos públicos que sean necesarios” para doblegar la inflación. Y eso incluye renovar las ayudas actuales a la energía para 2023, una decisión que el Gobierno tomará en diciembre. Parece claro que renovará la bajada de impuestos a la luz y el gas, así como las ayudas específicas a empresas y sectores (transporte, campo, pesca). La duda es si mantendrá la bonificación de 20 céntimos a los carburantes, porque es muy costosa y beneficia más a los que más tienen (y a los turistas y vecinos portugueses y franceses), además de fomentar el consumo: en gasolinas, se ha consumido un 12,5% más entre enero y agosto y en gasóleo, un 3,5% más, según CORES.

Precisamente, España tiene un problema cara a este invierno y es cumplir los planes de ahorro a que nos obliga Europa: somos uno de los 4 países europeos que ha aumentado su consumo de gas este año (+2% de enero a septiembre) junto a Grecia, Croacia y Eslovaquia, mientras lo bajaba un -7% la Unión Europea en su conjunto, sobre todo 11 países, principalmente Finlandia (-53%), Letonia (-30%), Lituania (-25%), Estonia (-20%) y Dinamarca (-20%), con un recorte del -11% en el consumo de gas de Alemania, según Bruegel. La “culpa” de este mayor consumo de gas en España, a pesar de los precios disparados, la tiene la producción de electricidad, al haber fallado la producción hidráulica (por la sequía) y la eólica (por el clima) y por la mayor demanda de Portugal (el 25% de la demanda se la cubre España) y de Francia (por problemas en sus centrales nucleares). Así que una parte del mayor consumo de gas de España es “por solidaridad con los vecinos europeos”, como subrayó el martes la ministra Ribera, en apoyo de una mayor interconexión energética europea. Eso sí, España ha reducido el consumo eléctrico este año, pero poco: un -2,1% hasta septiembre, según REE, aunque ha bajado más la demanda doméstica.

Ahora, el Gobierno Sánchez estudia la prórroga de las ayudas contra la inflación y ya ha comunicado a Bruselas que “tiene margen presupuestario” para hacerlo, porque se ha dejado un colchón en los  Presupuestos de 2022 y 2023 de 20.500 millones “extras” de ingresos para afrontar las medidas anticrisis sin bajar la guardia en el recorte del déficit público (del -5% al 3,9% en 2023). El problema es que si la guerra sigue y los precios no se controlan, este colchón puede ser insuficiente en unos meses: recordemos que las medidas contra la inflación llevan gastadas en España 35.500 millones (más los 3.000 recién aprobados). Y más de 500.000 millones de euros en toda Europa…

El debate es doble. ¿Hasta dónde se puede gastar? ¿Cuánto gasta cada país? Y aquí, los países pobres, como España, están en clara desventaja frente a los ricos: Alemania ya ha anunciado un paquete de ayudas de 200.000 millones de euros, que ha irritado al resto. Es injusto que  los paises ricos tengan más músculo que los pobres para ayudar a sus ciudadanos y frenar la contestación social (que ya ha estallado en Francia)… Una opción sería hacer como se hizo frente a la pandemia: crear un Fondo europeo para financiar las ayudas contra la inflación, una alternativa que no gusta a los ricos (pagarían más). De momento, la Comisión Europea ha intentado “desviar este debate”, proponiendo que se deriven 40.000 millones no gastados de los Fondos de Cohesión a amortiguar la crisis energética europea… Una cifra ridícula si la comparamos con los 500.000 millones ya gastados en ayudas y los 850.000 del Fondo Next Generation frente a la COVID.

La otra parte del debate es atajar el problema de origen, las causas de la inflación, en especial la subida del gas y la electricidad: intentar frenar más los precios, para no tener que gastar tanto en ayudas para paliar sus efectos sobre empresas y ciudadanos. Y aquí, los líderes europeos han avanzado, pero lentamente. Y no son capaces de tomar medidas drásticas para una situación excepcional que nos está llevando a una recesión. Y así, por este camino, los distintos Gobiernos tendrán que exprimir al máximo sus cuentas para seguir dando ayudas y llegará un momento en que no frenarán la contestación social.

Por eso, urge avanzar en contener los precios de la energía como sea. Pero la Comisión Europea no logra aprobar medidas eficaces, como poner un tope al gas que se importa o generalizar “la excepción ibérica” (un tope al precio del gas para producir electricidad, una medida que ha rebajado un tercio la subida de la luz de españoles y portugueses frente a la del resto de europeos). España y otros 14 países europeos les han enviado una carta pidiendo un tope al precio del gas importado, pero Alemania y Holanda lo bloquean, porque temen que si se “interviene el mercado” (que no funciona, salvo para especuladores) haya problemas de suministro de gas (y de electricidad si se extiende a toda Europa la excepción ibérica”). Y entre tanto, Bruselas defiende “parches”, como la compra conjunta de gas (el 15% de las reservas estratégicas), acuerdos de solidaridad entre Estados (sólo los han firmado 9 países, del centro y norte de Europa) y un nuevo índice de precios del gas (el TTF holandés es irreal y muy especulativo), que tardaría meses en implantarse y sería “temporal”.

España y muchos países creen que estas medidas, propuestas esta semana por la Comisión Europea, son “poco ambiciosas” y apenas van a bajar los precios. Y temen que la Cumbre Europea que aborda la crisis energética, hoy y mañana en Bruselas, no tome medidas eficaces para evitar un nuevo repunte del gas y la electricidad este invierno. Ya se sabe que Europa sólo reacciona cuando se encuentra al borde del precipicio. Así que quizás habrá que esperar a enero y febrero de 2023, con facturas energéticas imposibles de pagar y una creciente contestación social en toda Europa, para que intervengan de verdad y frenen unos precios disparados del gas, la luz y muchas materias primas. Quizás entonces sea tarde para que muchos políticos se salven. Y el coste de las ayudas habrá hundido a muchos países en un gasto imposible de financiar. Ojalá me equivoque.