España va mal, los españoles bien

Sorprende, pero es lo que piensan los españoles, según el último Barómetro del CIS: el 73% cree que la economía va mal o muy mal (ojo: poco más que hace un año...) pero un 63% de españoles califican su situación económica como buena o muy buena. Y casi un 62% de los españoles se considera clase media, sobrevalorando la realidad, porque lo son únicamente el 50%. Y más cuestiones chocantes: la mayoría apoya las ayudas del Gobierno Sánchez y creen que está más capacitado que el PP para resolver los problemas económicos…pero en intención de voto gana el PP al PSOE, según la Encuesta 40dB. O sea: lo hacen bien, pero "caen mal". Quizás se explique por la "polarización" de los españoles, que se comportan como los “hinchas” de un club de fútbol: no aprecian los goles del contrario y celebran que pierdan. Media España no valora la lucha contra la crisis y quieren quitar al Gobierno, haga lo que haga. Y la otra media, “pasa” o quiere más. Así no avanzamos.

Enrique Ortega

El último Barómetro del CIS, publicado en septiembre, aporta una serie de resultados muy “chocantes”. El primero, el contraste entre cómo ven los españoles la situación económica de España y la suya propia. Sobre España, un 69,6% de los encuestados son pesimistas y ven la situación económica mala (43%) o muy mala (26,6%), mientras sólo el 20,6% son optimistas y la ven buena (19,9% ) y muy buena (0,7%). En las respuestas, hay un dato llamativo: hay más optimistas sobre la economía ahora (20,6%) que hace un año (15,9% de optimistas), cuando no había problemas de inflación o energía ni guerra. Y el Barómetro de octubre, publicado esta mañana, incide en el pesimismo: un 73,2% ve la situación económica de España mala (43,5%) o muy mala (29,7%), poco más que hace un año (69,6% eran pesimistas en octubre 2021).

Pero al preguntarles sobre su propia situación económica, ganan los encuestados optimistas: el 63% creen que su situación económica es buena (59,1%) o muy buena (3,9%), unos porcentajes similares a los de hace un año (63,2% de optimistas). Y los pesimistas sobre su propia economía se quedan en el 25,5% (algo peor que el 21,4% de hace un año), sumando los que ven su situación económica mala (19,7%) y muy mala (5,8%). Y otro dato chocante: los más optimistas son los votantes de Vox (5,2% dicen que su economía es muy buena) y Podemos (5,3%), muy por encima del optimismo de los votantes más optimistas del PSOE (3,6%) y PP (3,5%), según el Barómetro del CIS de septiembre. Y hoy, el Barómetro del CIS de octubre, mantiene el optimismo de los encuestados sobre su situación económica: el 62,9% la ven buena (59,9%) o muy buena (3%).

Quizás este “optimismo” sobre la propia situación económica se explique porque hay mucha más gente trabajando (se han creado 1.861.000 empleos en los últimos dos años, entre junio 2020 y junio 2022) y con trabajos más estables y mejor pagados, gracias a la reforma laboral que entró en vigor este año y a las distintas subidas del salario mínimo, además de que hay más gente cubierta por ayudas sociales (las de la pandemia y las medidas contra la inflación).

Llama también la atención, en el Barómetro del CIS, cuáles son ahora las preocupaciones de los encuestados. El primer problema (19,9% de los encuestados) es la crisis económica y el segundo el paro (14,8%), pero los tres siguientes problemas apuntados no son económicos sino políticos: el  tercer mayor problema (lo apuntan el 10,4% de los encuestados) son “los problemas políticos en general”, el 4ª mayor problema “el gobierno y los partidos políticos” (9,8% encuestados) y el 5º mayor problema, “el mal comportamiento de los políticos” (5,6), colocándose como el 9º mayor problema “la falta de acuerdos y la inestabilidad política” (2,3% encuestados) y el 10º mayor problema, “lo que hacen los partidos políticos” (2,2% encuestados). Así que la política se convierte de una u otra manera en un problema central para el 30,3% de los encuestados por el CIS. Ojo, “la subida de las tarifas energéticas” era el primer problema sólo para el 2,5% de los encuestados…

Al preguntar sobre los problemas que afectan y preocupan más al encuestado, el primer problema que citan es también la crisis económica (para el 24,8% de encuestados, un porcentaje más alto entre los votantes del PP y VOX), pero el segundo es la sanidad (8,7%, que sube al 13,1% entre los votantes del PSOE y baja al 6,1% entre los votantes del PP) y el tercero el paro (8,1%), seguido de cerca por la calidad del empleo (5,5%), la subida de las tarifas energéticas (ojo, en 5º lugar: es la primera preocupación solo para el 4,7% de los encuestados), el medio ambiente (4,5%), la educación y la situación de los jóvenes (primeras preocupaciones para el 2,7% de los encuestados).

Un segundo grupo de datos que aporta el Barómetro del CIS es la clase en la que se inscriben los encuestados. Y los resultados vuelven a ser “chocantes”: casi dos tercios de los españoles (61,9%) se consideran “clase media” (48,7% clase media-media, 13,2% clase media baja). Y sólo un 10,4% se considera “clase trabajadora” y otro 11,3% “clase baja”, mientras un 5,4% se considera “clase alta y media alta” (el resto se incluye en “otras” o en “no sabe/no contesta). Pero al preguntarles su franja de ingresos, se descubre que han sobrevalorado su clase social, porque los que reconocen ingresos de “clase media” (entre el 75% y el 200% del salario mediano, entre 1.125 y 3.000 euros netos al mes) rondan el 45% de los encuestados, no el 61,9%. Y los que indican ingresos de “clase baja” (por debajo del 75% del salario mediano, menos de 1.125 euros netos al mes) suben hasta el 35% de los encuestados, no el 21,7% que se creen clase baja. Sin embargo, hay más encuestados que por sus ingresos (más del 200% del salario mediano, más de 3.000 euros netos al mes) deberían considerarse “clase alta”: un 20%, no el 5,4% que dicen.

Ya en 2019, la OCDE señaló (con esos criterios de ingresos) que la clase media en España alcanzaba un 55% de la población, menos que en los 35 países de la OCDE (donde había un 61% de clase media) y que en Alemania y países nórdicos (70% de clase media). Ahora, tras dos crisis, la pandemia y la inflación disparada, resulta lógico pensar que habrá caído el porcentaje de españoles que son clase media, a costa de aumentar la clase baja y también la clase alta (porque se han disparado las desigualdades). Así que la clase media rondará más el 50% de la población que el 61,9% que se creen los encuestados del CIS…

¿Por qué los españoles sobrevaloran su clase social? Según el experto Luis Ayala, se trata de una cuestión de “consideración social”, de integración social, de “autoestima” y “prestigio”. Y por lo mismo, hay una tendencia a no considerarse “clase baja” (ingresos inferiores a 1.125 euros netos al mes) ni “clase alta” (por encima de 3.000 euros de ingresos), por temor a una posible estigmatización. Así que, “lo más cómodo socialmente”  es considerarse “clase media”, que además es el grupo social preferido de todos los políticos. Y eso también lleva a que muchos de estos españoles “de falsa clase media” vivan por encima de sus posibilidades”, gasten de más y se endeuden sin control, todo un riesgo ahora que suben los tipos de interés y la inflación “se come” los ingresos. La realidad es que, tras las últimas tres crisis (2008, pandemia 2020 e inflación 2022), la clase media se está reduciendo en todo el mundo (y también en España), a costa de crecer la clase baja y alta. Y eso tiene consecuencias en la recaudación (menor) y en el gasto público (mayor).

Otra Encuesta reciente, de 40dB para el País y la SER, aporta también resultados “chocantes” sobre la situación económica y lo que piensan los españoles. Al preguntar a los encuestados sobre las medidas aprobadas por el Gobierno Sánchez contra la inflación y la subida de la energía, sorprende que una amplia mayoría las vean como positivas o muy positivas: la reducción del precio y gratuidad abonos transportes (82,3% la ven positiva o muy positiva: 89% los votantes del PSOE y el 74,6% de los votantes del PP), el tope al gas y la bajada del IVA en la electricidad (75,2% la ven positiva o muy positiva), la bonificación de 20 céntimos a los carburantes (75,2%), las ayudas a las familias con rentas bajas (74,4% apoyo), la suspensión de desahucios a personas y familias vulnerables (73,9%) o el polémico impuesto al beneficio extra de las energéticas (66,1% lo apoya, entre ellos el 80,2% de los votantes del PSOE, el 55,4% de los del PP y el 39,4% de los votantes de VOX). Un dato curioso es que el apoyo baja entre las personas con apuros económicos y que son las más beneficiadas por estas ayudas, mientras sube en el resto de españoles con mejor situación económica.

En esta Encuesta de 40dB se pregunta también a los españoles cuáles son sus principales preocupaciones: la inflación (la citan el 95%), la dependencia energética (para el 89%), las desigualdades sociales (87%), la guerra de Ucrania (83%), el paro (82%), el cambio climático (81%) y la inmigración (preocupa al 59,1%). Y a partir de ahí, se pregunta a los encuestados qué partido está más capacitado para afrontar y resolver estos problemas. La respuesta ganadora es “ninguno”. Pero a partir de ahí, la segunda opción con más respuestas es… el PSOE: aparece como el partido más capacitado para resolver la dependencia energética  (22,6% de respuestas frente al 18% el PP), las desigualdades (el 21,9% frente al 15,6%), la guerra de Ucrania (25,1% frente al 15,6%), el cambio climático (19,5% PSOE, 13,8% el PP) y la inmigración (20,4% frente al 14,5%). Y sólo ven ligeramente más capacitado al PP (21,9%) que al PSOE (21,4%) para luchar contra la inflación.

Otra respuesta muy clarificadora es cuando se les plantea a los encuestados a quien beneficiaría más un hipotético Gobierno PP, “¿quién iría mejor?”: la mitad responden que las clases altas (50% respuestas) y grandes empresas (49,4%) y sólo una cuarta parte (24,1%) creen que mejorarían los autónomos, las clases media (24%) o la mayoría de los ciudadanos (23,9% creen que estarían mejor, el 37,2% que estarían peor y el 27,4% igual), mientras que casi la mitad (42,2% de los encuestados) creen que los más desfavorecidos estarían peor (19,2% mejor y 27,1% igual) con un Gobierno del PP.

Visto el apoyo a las medidas contra la inflación y la guerra, más la consideración sobre la mayor capacidad del PSOE para afrontar los principales problemas de los españoles, parecería que el siguiente paso de esta Encuesta de 40dB sería el avance  electoral del PSOE. Pero es al contrario: el PSOE cae en estimación de voto y el PP le supera desde julio. En esta encuesta de octubre, el PP gana el 29,4% de los votos (21% obtuvo en las elecciones de 2019), el PSOE el 26,3% (baja del 28,3% que obtuvo en 2019), baja VOX (del 15,2% que obtuvo al 14,2% ahora) y Podemos (del 13% al 12,4% ahora), así como Ciudadanos (del 6,9% al 2,2%), subiendo Más País (del 2,3 al 2,9%).

En definitiva, el veredicto de los encuestados es “lo hacéis bien, pero me caéis mal y no os voto”. Es más: aumento el voto a un partido, el PP, que ha rechazado en el Congreso las medidas que aplaudo. Parece una enorme contradicción de los encuestados, que justifican su actitud en el rechazo que provoca la división del Gobierno de coalición, en la falta de empatía de Sánchez, en el polémico apoyo de los nacionalistas (ERC y Bildu) y en la crítica de algunos a que el Gobierno "no vaya más allá"… Lo curioso es que esa misma Encuesta pregunta qué partido le parece “más afín o más cercano a tus ideas” y la respuesta indica que es el PSOE (23,1%), por encima del PP (18,1%). Da igual, no le votan. Aunque tome medidas que les gustan y aunque crean que el PP perjudicaría a la mayoría…

Quizás entenderíamos mejor esta “loca situación” si analizamos la enorme polarización de la sociedad española, la mayor de Europa, alimentada por buena parte de los medios de comunicación. El panorama revela que media España está lanzada a que el Gobierno se vaya, haga lo que haga. Son como los seguidores de los equipos de fútbol: no reconocen un gol magistral de un equipo contario y se alegran cuando pierde en Champions frente a un equipo extranjero. No hay análisis ni objetividad (“Messi es un genio”): no les veo nada bueno y les deseo lo peor. Son enemigos. Y entre tanto, la otra mitad de España, la progresista, o “pasa” (no vota) o está descontenta porque quiere más. Y no está dispuesta a actuar como un bloque, aunque eso facilite la victoria del otro bloque. No son “hooligans” a ciegas de su equipo y critican todo y a todos. Y aunque esta polarización perjudica al país y la salida de la crisis, da igual, porque nadie está por la tarea de pactar el futuro. Así que si todo va a peor, si llega otra recesión, mejor: antes caerá el Gobierno.

Suena muy siniestro, pero esta polarización suicida puede explicar lo que está pasando, que tras dos graves crisis consecutivas (pandemia e inflación), estemos cada vez más divididos y no se apoyen las medidas del Gobierno, que están en línea con las del resto de Europa. Y que los que han votado en contra de la reforma laboral, la subida del salario mínimo, la revalorización de las pensiones, el ingreso mínimo vital, los decretos anticrisis, la reforma de la FP, la Ley de Eutanasia o la Ley del sí es sí, saquen mayoría absoluta en Andalucía y ganen votos mes a mes, camino de la Moncloa en 2023. Quizás sea también que, tras tanta incertidumbre, la gente quiere cambio. Es lo que le pasó a Churchill en julio de 1945, tras salvar a Reino Unido (y a Europa) del nazismo: perdió las elecciones. Parece que la historia se repite y muchos votan como “hooligans”, en contra del otro equipo, no analizando lo que hace cada uno y decidiendo en consecuencia. Así nos va.  

Guerra, inflación y medidas de choque (políticas)

La guerra en Ucrania supera los 4 meses y los europeos sufren una alta inflación, que ha provocado crisis políticas en Francia, Italia, Reino Unido y España (Andalucía). El Gobierno Sánchez ha aprobado nuevas medidas de choque, porque el tope al gas apenas funciona, suben los carburantes (aunque baja el petróleo) y las empresas siguen aumentando precios (la mitad, sin relación con la guerra). Unas medidas, el cheque y las ayudas a las familias más vulnerables, están plenamente justificadas. Pero la bajada del IVA o el descuento a los carburantes, dirigidas “a la clase media” (la que vota), son “cuestionables”: benefician más a los que más ganan y tienen un alto coste, disparando el déficit, en víspera de una subida de tipos que encarecerá la deuda. Ayudas que, además, son “parches”, porque no se afronta el problema de fondo: atacar las causas de que suban luz, carburantes y alimentos. Pero la política manda y el Gobierno busca salvar su imagen. Atajar a fondo los problemas es más lento e impopular.

Enrique Ortega

En Ucrania, sigue la guerra y Zelenski está a punto de perder el Donbás (un 5% del territorio y el 20% de su economía), tras miles de muertos y 8 millones de refugiados. Y en Europa, el corte parcial provocado por Putin dispara el precio de la energía y los alimentos, con una inflación disparada que afecta ya seriamente a las economías y al bolsillo de los europeos, provocando tensiones sociales y políticas en distintos paises: Francia (Macron ha perdido la mayoría absoluta, algo insólito para un presidente en la V República), Italia (el ministro de Exteriores ha roto con su partido), Reino Unido (Johnson se enfrenta a una dura huelga de transportes mientras pierde dos elecciones locales) y España, donde la izquierda ha perdido estrepitosamente las elecciones en Andalucía..

La inflación elevada y persistente desgasta a todos los Gobiernos europeos, que temen una recesión en otoño si persiste la guerra y entra en juego la subida de tipos que va a aprobar en julio el BCE, por primera vez en 11 años. Y las medidas adoptadas no acaban de frenar la escalada de precios en la energía, los alimentos y la mayoría de productos y servicios. En España, hay tres culpables claros de la alta inflación (+8,7% anual en mayo), según el INE: la subida de la luz (+30,2%), los carburantes (+23,5%) y los alimentos (+11%), con 14 artículos que suben más del 10% anual. Pero además, hay un problema de fondo: la mayoría de empresas han aprovechado la coyuntura para subir precios tras la pandemia. Así, más de la mitad de los productos y servicios se han encarecido más de un 3% y el 40% más de un 4%, al margen de la energía y los alimentos, según la AIReF.

La esperanza del Gobierno era que bajara la electricidad, un 15%, gracias al tope al gas autorizado por Bruselas, y eso ayudara a rebajar el IPC. Pero la medida llegó tarde (con 45 días de demora, por Portugal y Bruselas) y está siendo poco efectiva, al menos en la primera semana: entró en vigor el miércoles 15 de junio, con un precio mayorista de 225,27 euros (214,05 el día anterior) y seguía en 282,12 euros el viernes 24 (el triple del precio mayorista de la luz hace un año y más caro que los 195,86 euros que costaba el día antes de la invasión). Esto se debe a que la excepción ibérica (un tope al gas de 48,8 euros durante un año) ha empezado en un mal momento: el precio del gas se ha disparado (de 79 a 118 euros), por los cortes de suministro de Putin, y  además ha habido que utilizar más gas para producir electricidad porque la última ola de calor ha reducido la energía eólica y la hidroeléctrica. Así que el tope del gas ha hecho que bajara el precio mayorista de la electricidad (de 214,05 euros el 14 de junio a 131,59 el viernes 24), pero como ahora hay que compensar a las eléctricas por un gas que es más caro (la compensación ha pasado de 59,68 euros el 15 de junio a 89,31 el viernes), al final el coste real de la luz en origen es mayor.

El Gobierno insiste en que se trata de “un mal estreno” de los topes, por razones coyunturales del mercado y del clima, pero que los precios mayoristas van a bajar y lo acabaremos notando en el recibo, con rebajas del 15 al 20%. Pero no hay que ser optimistas, porque este verano puede bajar poco la luz, dado el alto consumo (calor y turistas) y la menor aportación de la energía eólica e hidráulica, que se notarán más en otoño e invierno.

El otro quebradero de cabeza, la subida de los carburantes, va a peor: los precios de la gasolina y el gasóleo han alcanzado récords históricos, a pesar de que el petróleo baja en junio. Veamos los datos. La gasolina costaba de media 2,141 euros por litro, 0,55 euros más que antes de la invasión de Ucrania, según el Boletín Petrolero Europeo. Y el gasóleo cuesta de media 2,076 euros por litro, 59 céntimos más que el 23F. Con ello, la gasolina en España ha subido un +34,5% (sólo +19% de media en la UE-27) y el gasóleo un +40,4% (+27,6% en Europa), mientras el petróleo subió un +12,7%. En este mes incluso, el petróleo ha bajado un -9,7%, mientras la gasolina ha subido un +9%  en España y el gasóleo un +11%.

¿Qué está pasando? Básicamente, que los precios de los carburantes en el mercado internacional suben más que el petróleo, porque hay menos refinerías trabajando (las de Rusia ya no están en el mercado y otras se cerraron con la pandemia) y además les ha subido el gas que utilizan para el refino. Además, en España, las petroleras están aumentando su margen bruto. El último dato publicado por la Comisión de la Competencia (CNMC) es de abril: ese mes, bajó el precio internacional de los carburantes (en euros), pero subió el precio de venta (sin impuestos) porque las petroleras subieron su margen bruto (costes, transportes, distribución y beneficio): +4,3% en las gasolinas y +23,7% en los gasóleos. Precisamente, el Gobierno ha reiterado que la CNMC “vigilará de cerca” los márgenes de las petroleras. Porque el precio internacional del petróleo y los carburantes son igual para todos,  pero los precios en la gasolinera (sin impuestos) son más altos en España: tenemos el tercer precio más alto de Europa en las gasolinas (1,297 euros frente a 1,235 en la UE-27) y el 9º más caro en el gasóleo (1,337 frente a 1,298).

Y luego están los alimentos, que han subido un +11% de media (aunque algunos aceites han subido un +95,4%, los huevos un +25,4%, la leche un 16,5% y el pan un 12,6%). Mientras, los agricultores y ganaderos dicen que no es por ellos, que los precios agrícolas que ellos reciben se multiplican por 4,6 veces al llegar al consumidor, según el IPOD de mayo. Y por 2,79 veces los precios de leche, carne y huevos. Y se quejan de que estas subidas se quedan por el camino, entre industrias, distribuidores y supermercados. Lo que preocupa ahora es que con el verano (y con 29 millones de turistas más a consumir entre julio y septiembre), los precios de los alimentos sigan subiendo, sobre todo frutas y carnes.

¿Qué se puede hacer? La tentación de cualquier político es aprobar ayudas y extenderlas al mayor número posible de personas (votantes) para rebajar las quejas por la inflación que se dan en toda Europa. El 29 de marzo, el Gobierno Sánchez ya aprobó un primer paquete de medidas contra los efectos de la guerra, con subvención a los carburantes, ayudas a sectores (transportistas, campo y pesca) y rebaja de 20 céntimos a los carburantes, con un coste de 6.000 millones de euros. Pero los precios han seguido subiendo y se han comido las ayudas. Y crece la “impotencia social”, agravada porque el Gobierno ha perdido las elecciones en Andalucía. Así que, a finales de junio, cuando  acababan las anteriores ayudas, el Gobierno ha aprobado nuevas medidas de choque frente a la inflación.

La medida más llamativa es la rebaja del IVA de la luz, del 10% al que lo había bajado ya el 26 de junio de 2021 al 5% ahora, durante seis meses, una rebaja ahora posible porque Bruselas modificó el 5 de abril la Directiva 2020/285 para poder rebajar el IVA a la electricidad. Con ello, España es ahora el 2º país con el IVA más bajo a la luz (junto a Malta), con un tipo inferior al de Portugal y Grecia (6%) y muy inferior al de Alemania (19%), Francia y Reino Unido (20%), Finlandia (24%), Dinamarca o Suecia(25%). Como el tope al gas es poco eficaz de momento, esta rebaja del IVA al 5% abaratará el recibo unos 5 euros.

El segundo bloque de ayudas de dirigen a aliviar la factura de  los carburantes. Por un lado, se mantiene el descuento a la gasolina y al gasóleo, 20 céntimos por litro, que ahora, con el verano, beneficiará también a millones de turistas. Y además, se ampliará el descuento al gasóleo profesional de los transportistas, que ya empezaban a hablar de una nueva huelga de transportes. Y se mantienen también las ayudas al campo y a la pesca.

El tercer bloque de ayudas va dirigido a las familias menos favorecidas. Primera, un nuevo cheque, de 200 euros, que recibirán 2,7 millones de trabajadores y parados con pocos recursos (las que ingresen menos de 14.000 euros al año), para ayudarles a paliar las subidas de precios. Un cheque que se da también en Francia (100 euros para los que ganan menos de 2.400 euros al mes) y en Italia (200 euros para los que ganan menos de 35.000 euros anuales). Segunda, la subida del 15% a los 800.000 beneficiarios del ingreso mínimo vital. Tercera, suben un 15% (60 euros al mes) las pensiones no contributivas (medio millón). Y cuarta, financiar más el transporte público, para que el  abono transporte baje (desde el 1 de septiembre) un 30% (50% si ayudan  autonomías y ayuntamientos).

El Gobierno dice que esta vez las ayudas se dirigen no sólo a las familias más vulnerables (cheque, pensiones y abono transporte)  sino a la clase media (bajada de impuestos y carburantes). Estas últimas medidas, las que se conceden a todos, “suenan muy bien”, pero tienen varios problemas. El primero y fundamental, que son “socialmente injustas”, como han reiterado numerosos expertos y también la OCDE y el FMI: benefician más a las rentas más altas. Por eso, defienden mejor “ayudas selectivas”, no generalizadas (aunque estas son más “populares”: afectan a todos los “votantes”). Y eso porque la inflación afecta más a las familias con menos recursos, según demuestra un estudio de CaixaBank Research: los gastos de primera necesidad (alimentación, vivienda y energía) suponen un 33% del gasto de las familias con menos ingresos y el 15% del gasto de las más ricas.

La segunda crítica es que la subvención a los carburantes favorece el Cambio Climático, va en contra de subir los impuestos a los hidrocarburos, la medida que defienden los expertos. Y además, la subvención favorece el consumo de carburantes, en lugar de frenarlo. La gente se queja de lo mucho que paga, pero está consumiendo más: en abril, se consumieron 471.602 Tm de gasolina, más que en marzo (433.822) y febrero (416.522) y sobre todo más que en abril de 2021, también con Semana Santa (377.439 TM), según CORES. Y lo mismo en el gasóleo: 2.638.030 TM consumidas este abril, un 7,8% más que en abril de 2021 (2.448.030 Tm), a pesar de que cuesta 90 céntimos más. Tremendo.

La tercera crítica de fondo es que la rebaja de impuestos (defendida reiteradamente por el PP y aceptada ahora por el Gobierno) y las ayudas indiscriminadas torpedean las cuentas públicas, muy deterioradas tras 2 años largos de pandemia. De hecho, las ayudas aprobadas el último año (rebaja IVA luz, descuentos y ayudas) han costado al Presupuesto unos 10.000 millones de euros. Y la factura de las medidas actuales (rebaja IVA, carburantes,  cheque y otras ayudas) superará los 9.000 millones de euros hasta diciembre. Un altísimo coste total, más de 19.000 millones de euros, que agrava el problema de las cuentas públicas de España, que nos acaba de recordar la Comisión Europea: un 6,76% de déficit público en 2021 y una deuda del 118% del PIB, deuda por la que habrá que pagar más, dado que en julio suben los tipos de interés.

Así que algunas de las medidas de choque son “socialmente injustas” y agravan el agujero de las cuentas públicas, acercando el peligro de que haya que hacer recortes a medio plazo, algo de lo que nunca habla el PP (que luego los hace). El Gobierno sabe de este riesgo y promete compensar las ayudas con más ingresos, pero no ahora: sube el impuesto a los beneficios 2022  de las eléctricas y petroleras (retroactivamente) en una Ley que aprobará con urgencia este año y recaudará a partir de enero de 2023. Una medida que ya se ha aprobado en Italia, con el conservador Draghi (ha aprobado un impuesto extraordinario del 25% sobre el beneficio de las eléctricas: 6.000 millones de euros), y en Reino Unido, con el conservador Johnson (ha subido el impuesto de sociedades del 40 al 65%: 5.800 millones de euros más de recaudación). Incluso la propia Comisión Europea lo apoya.

Al final, el problema de algunas de las medidas de choque aprobadas es que son socialmente regresivas y muy caras, aunque sean “populares” y con ellas el Gobierno busque mejorar su imagen. Pero lo peor es que son sólo un “parche”, que no resuelve los problemas de fondo, como ha apuntado incluso la ministra de Transición Ecológica. Para bajar la luz de verdad, hay que cambiar drásticamente el sistema de fijación de precios, como reconoce ahora la presidenta de la Comisión Europea. Y en el tema de los carburantes, urge una actuación internacional (para aumentar la oferta) y en España, una vigilancia a las petroleras y sus márgenes. Y en el conjunto de la economía, hace falta una mayor vigilancia (de la Administración y de la Comisión de la Competencia) sobre los márgenes y precios, para que las empresas no abusen y aprovechen la guerra de Ucrania para subir precios y beneficios sin justificación. No puede ser que algunos sectores (eléctricas, petroleras, grandes distribuidores y supermercados)  multipliquen sus beneficios, a costa de trabajadores y pensionistas cuyos ingresos están congelados.

Y una última reflexión de fondo. El Gobierno utiliza estas medidas de choque para mejorar su imagen tras los fracasos electorales en Madrid, Castilla y León y Andalucía. No le va a servir. Porque el problema de fondo es que la sociedad está muy polarizada y la mitad de la población no apoya ni tiene en cuenta lo positivo que hace el Gobierno. ¿Cómo es posible que el PP saque mayoría absoluta en Andalucía cuando ese partido ha votado en contra de la reforma laboral, la subida del salario mínimo, la actualización de las pensiones, el ingreso mínimo vital, el decreto anticrisis, la  reforma de la FP, la Ley de Eutanasia, la Ley del sí es sí…? Pues porque la mitad del país está en contra de Sánchez y del gobierno de coalición, hagan lo que hagan (aunque se hayan creado 1.117.800 empleos desde 2019). Y la otra mitad, están divididos, les exigen más o “pasan” de la política (42% de abstención en Andalucía).

En resumen, si el Gobierno busca “atajos populistas”, bajar impuestos y aprobar costosas ayudas generalizadas en lugar de afrontar los problemas de fondo, no le va a funcionar: no va a ganarse a la mitad del país que no valora sus reformas y empleos ni tiene en cuenta los noes injustificables de la oposición. Así, van camino de perder las elecciones de 2023.

Más ricos, más pobres y menos clase media

La OCDE ha lanzado la alerta: la clase media se reduce en todos los paises, a costa del aumento de ricos y pobres. Y España es el único país donde los que dejan de ser clase media han bajado a ser pobres. Detrás de esta pérdida de clase media, motor de la estabilidad económica y política, está su caída de ingresos, por el deterioro del empleo y los mayores gastos en educación, sanidad y vivienda. Y lo peor es que la clase media seguirá recortándose, mientras crecen los ricos y pobres, porque mucho empleo actual está en peligro por los cambios tecnológicos (en España más: el 24% de la clase media podría perder su empleo por la automatización). Las recetas de la OCDE son reformar los impuestos y ayudas públicas para compensar la desigualdad, mejorar la política de vivienda, sanidad y educación y apostar por una mejor formación de jóvenes y adultos. Si se pierde clase media, el futuro será más incierto. 

enrique ortega

Ser “clase media” ha sido el gran sueño de todos los europeos desde los años 60 y 70. Para muchas generaciones de españoles, formar parte de la clase media era su gran “aspiración vital”: tener un trabajo estable, una casa, un coche y una familia donde los hijos pudieran estudiar para estar más preparados que sus padres. Nadie quería ya ser “obrero” sino “clase media”, una “nueva clase social” que iba a acabar con la lucha de clases y que se convirtió, a finales del siglo XX y principios del XXI, en el motor de la economía y la estabilidad política en Europa y en España. Pero en esto llegó la gran Recesión de 2008 y todo se trastocó: los empleos y los ingresos dejaron de ser estables, el consumo se retrajo, la vivienda, la educación y la sanidad se encarecieron y los hijos empezaron a vivir peor que sus padres. Y muchos europeos y españoles dejaron de ser “clase media”, pasaron a ser “clase baja”.

Los recientes datos aportados por la OCDE (la organización que integra a los 36 mayores paises del mundo desarrollado) son muy ilustrativos: la clase media, que llegó a suponer el 70% de la población occidental en los años de bonanza, cayó al 64% en 1985 y ahora ha vuelto a caer al 61% de la población en 2016, según el informe “Bajo presión: la exprimida clase media”, publicado en abril. Se entiende por “clase media”, las familias que ingresan entre el 75% y el 200% de la renta media de cada país (entre 11.500 y 30.000 euros de media en la OCDE), lo que para España supone hoy ganar entre 12.911 y 34.488 euros, según Manuel Escudero, embajador de España ante la OCDE.

Con este baremo de ingresos, en España la clase media ha bajado al 58% de la población en 2016, un 3% menos que en Occidente, según el informe específico sobre nuestro país que adjunta la OCDE. Esto supone un retroceso sobre el dato de 2014, donde había un 61% de españoles que eran clase media, según el estudio de Luis Ayala publicado por la Fundación Alternativas. Y también un retroceso respecto al final del franquismo (en 1973, eran el 60,9%) y el inicio de la crisis (66,2% de clase media en 2010, según ese estudio).

España tiene ahora menos clase media que los principales paises europeos, donde los porcentajes más altos se dan en los paises nórdicos, paises del Este y Centroeuropa, según este ranking de la OCDE (datos 2016): Islandia (71,9% de clase media), República Checa (71,2%), Noruega (70,8%), Eslovaquia (69,5%), Holanda (69,4%), Dinamarca (69%), Hungría (68,4%), Finlandia y Francia (68,3%), Austria (67%), Polonia  (65,5%), Luxemburgo (64,7%), Suiza (64,7%), Alemania (64%), Japón (65%) e Italia (59%). Y tienen la misma clase media que España o menos Reino Unido, Canadá y Australia (58%), Rusia (53,1%) o EEUU (51%), así como China (48,2%), India (40,2%), México (44,9%) o Brasil (44,8%).

En la mayoría de los paises, ha bajado la proporción de clase media porque una parte han ido a engrosar a los más ricos (los que ingresan más del 200% de la renta media) y otra parte han pasado a ser pobres (ingresan menos del 75% de la renta media). Sin embargo, España es el país de la OCDE donde casi toda la clase media que se ha perdido (-3,7% entre 1985 y 2016) ha ido a alimentar la clase baja (+3,6%) y sólo una mínima parte (0,1%) han pasado a ser “ricos”. En Suecia (el país que más clase media ha perdido en los últimos 30 años: -7,4%), una parte cayó a la clase baja (4,1%) y casi otro tanto aumentó el porcentaje de ricos (+3,3%). En Alemania, donde la clase media ha caído un 5%, la mayoría han ido a engrosar la clase alta (+2,8%) y menos han pasado a ser clase baja (+2,2%). Y lo mismo en Estados Unidos: pierden un 4,3% de clase media, pero un 3,1% es porque pasan a clase alta y sólo un 1,2% pasan a clase baja. Y sólo tres paises OCDE han visto aumentar su clase media en los últimos 30 años: Dinamarca (+1,4%), Francia (+3,2%) e Irlanda (+3,9%), los tres porque han conseguido que familias de clase baja suban en la escala social.

Este es el panorama general, pero los jóvenes lo están sufriendo más en todos los paises, según el informe de la OCDE. Así, la generación “baby boomers” (nacidos entre 1942 y 1964) llegaba a ser clase media (a los 20 años) en un 68% en la OCDE y un 60% en España. Sus hijos, la “generación X” (nacidos entre 1965 y 1982) sólo consiguieron ser clase media en un 64% en la OCDE y un 58% en España. Y sus nietos, “los millenials” (nacidos entre 1983 y 2002), sólo llegan a ser clase media (al cumplir los 20 años) en un 60% en la OCDE y un 50% en España (por debajo del 58% de toda la población que es clase media). Eso significa que los jóvenes de hoy tienen un 10% menos de posibilidades de ser clase media que sus abuelos.

¿Por qué ha caído la clase media? Básicamente, porque ingresan menos con la crisis y tienen más gastos, según la OCDE. Lo que está pasando es que la clase media se beneficia menos que los ricos de la recuperación e incluso que los pobres (por el contrapeso de ayudas e impuestos). Así, en los últimos 30 años, los ingresos totales de la clase media han crecido un 33% menos que los ingresos del 10% más rico, según la OCDE. Y eso porque sus ingresos anuales han pasado de crecer el 1% (entre 1985 y 1995) al 1,3% (entre 1995 y 2006) y sólo un 0,3% anual entre 2007 y 2016, básicamente porque se han deteriorado sus empleos y sus sueldos con la crisis. Con ello, se ha acrecentado la desigualdad y ahora, el 10% más rico acumula ahora casi el 50% de toda la riqueza de los paises OCDE, frente a sólo el 3% el 40% más pobre y el 47% de la riqueza que se lleva la clase media.

Además de tener menos ingresos, la clase media ha deteriorado su economía porque ahora tiene más gastos, según detalla el informe de la OCDE. Y más gastos en 3 partidas que son claves para la clase media: la vivienda, la educación y la sanidad. El repunte de los precios de la vivienda ha hecho que si en 1995, el gasto en vivienda se llevaba la cuarta parte del gasto total de las clases medias (24% en España y 25% en la OCDE), en 2015 se lleva ya casi un tercio del gasto total (33% en España y 32% en la OCDE). Eso se traduce en un mayor esfuerzo para comprar un piso: si en 1995 suponía 7,4 años de ingresos, en 2015 suponía ya 10,2 años de media, según la OCDE. Lo mismo pasa con la educación: las familias de clase media han disparado su gasto en los estudios y másteres de sus hijos. Y también se gastan más en sanidad privada, como complemento del deterioro de la sanidad pública.

El resultado de este doble efecto (menos ingresos y más gastos) es que muchas familias de clase media tienen problemas para llegar a fin de mes, aunque la mayoría tengan 2 sueldos: en 24 de los 36 paises de la OCDE, 1 de cada 2 hogares de clase media tienen dificultades económicas (y son 2 de cada 3 en el sur de Europa). Y un 40% de los hogares de clase media no pueden hacer frente a “imprevistos”, lo que les obliga a endeudarse cada año más. Y todo esto lleva a que muchas familias de clase media se hayan “despeñado” a la clase baja entre 2007 y 2015: 1 de cada 7 hogares de clase media (14%) en la OCDE y el 20% en España, según el informe de la OCDE.

Ante este panorama, la clase media que todavía se sigue considerando como tal (aunque muchos, por sus ingresos, no lo sean) contempla el futuro con mucho pesimismo, sobre todo por sus hijos: un 60% de los padres occidentales temen que sus hijos vivan peor que ellos (y un 70% en Francia, Italia y Grecia), según una Encuesta de la OCDE hecha en 2018. Y es que la crisis, la globalización y el reto tecnológico han acrecentado la desigualdad y bloquean “el ascensor social”, la posibilidad de que los hijos vivan mejor que sus padres. Así, ahora hay menos “movilidad social” y el 60% de la población más pobre está atascada en su escalón social y  no puede mejorar, según la OCDE. Y los niños occidentales nacidos en familias con bajos ingresos tardarán 4,5 generaciones en pasar a ser clase media, mientras en España serían 4 generaciones, 2 en Dinamarca, 3 generaciones en Finlandia o Suecia y 6 generaciones en Alemania o Francia, según el estudio  “¿A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility”, de la OCDE (2018).

Así que el futuro de la clase media y sus hijos parece muy problemático. Y sobre todo por la enorme incertidumbre que se cierne sobre el futuro del empleo. Si ya en los últimos 20 años, la clase media ha visto cómo subía la exigencia sobre su trabajo (si en 1995, un 33% de sus empleos eran altamente cualificados, en 2015 lo eran el 48%), ahora, el gran riesgo es que una parte de sus empleos desaparezcan con la tecnología y la automatización, que van a penalizar más a la clase media. Así, un 18% de los empleos (1 de cada 6 empleos)  de los actuales trabajadores de clase media están en peligro en la OCDE, frente al 11% de los empleos de clase alta y el 22% de los empleos de los más pobres. Y en el caso de España, el riesgo es mayor, según la OCDE: pueden desaparecer el 24% de los empleos de la clase media (1 de cada 4 empleos), frente al 15% en riesgo de los trabajadores ricos y el 29% de los trabajadores de clase baja. Con ello, España es el tercer país con más riesgo de empleo futuro para la clase media, tras Eslovenia y Eslovaquia. Las mayores pérdidas de empleos se darán en operarios, administrativos, comerciales y servicios, según la OCDE.

Así que el futuro se vislumbra preocupante para la clase media, “un barco que navega en aguas turbulentas”, según dice el informe de la OCDE. Y esto supone un gran riesgo económico y político para el mundo, porque la clase media ha sido y es un elemento clave para el crecimiento económico (consumo, ahorro, inversión, capital humano) y la estabilidad política. Ahora, alerta la OCDE, su deterioro provoca sentimientos de “vulnerabilidad, incertidumbre y ansiedad”, que promueven “nuevas formas de nacionalismo, aislamiento, proteccionismo y populismos”, que desafían a las instituciones y a la democracia (Trump, Bolsonaro, Brexit…) y debilitan la recuperación (menos clase media son menos ingresos fiscales y cotizaciones, con un deterioro del Estado del Bienestar y las pensiones).

La OCDE advierte a los Gobiernos que el deterioro de la clase media les obliga a  afrontar 3 retos, para que estas familias dejen de pensar que el sistema es injusto (porque ellos contribuyen más que los demás y reciben menos), que su modo de vida (vivienda, educación, sanidad, estatus) es insostenible y no teman por su futuro, ante la incertidumbre del empleo. Para conseguirlo, la OCDE plantea medidas en tres frentes: mejorar los impuestos y las ayudas sociales (para que sean más progresivos y compensen más a la clase media), ofrecer un mejor acceso a la vivienda (con más oferta de viviendas públicas y ayudas al alquiler y a la compra, bonificando intereses y dando garantías), a la sanidad y a la educación y luchar contra la vulnerabilidad del empleo, con más formación, más protección social  y una combinación de flexibilidad y seguridad en el trabajo. Y añaden que “los Gobiernos tienen muchas herramientas para atajar los problemas de la clase media”.

En España, hay que trasladar estas recetas al próximo Gobierno, que debería promover y pactar un Plan de apoyo a la clase media, asentado en 4 medidas. Una, reforma fiscal, para reducir la desigualdad y gravar más a los que más tienen. Dos, ampliar y reformar las ayudas sociales, que son pequeñas y poco eficaces, según nos ha dicho la OCDE. Tres, mejorar el Estado del Bienestar (sanidad, educación y dependencia) y el acceso a la vivienda de la clase media, sobre todo de los jóvenes. Y cuatro, una reconversión a fondo de la enseñanza y la formación de jóvenes y adultos, para adaptarse a los empleos futuros.

En definitiva, perdemos clase media porque cada año hay más ricos que tienen más y más pobres que sobreviven a duras penas. Y esto crea “un mal clima social” que provoca el desinterés por la política y los extremismos y populismos, atacando las bases de la democracia y la construcción europea. Por eso, la advertencia de la OCDE: ojo a seguir perdiendo clase media, es un gran riesgo para la economía y la estabilidad política. Tomen medidas.

Adiós a la clase media

Esta larga crisis  nos ha hecho a todos más pobres: la renta de las familias ha caído un 20% y hemos vuelto a los ingresos de 2003. Más de una década perdida. Pero el recorte del nivel de vida no ha sido uniforme y “el tajo” ha ido por barrios, afectando sobre todo a las rentas bajas y medias. Con ello, 3,5 millones de españoles han dejado de ser “clase media” y ahora son  “clase baja”, como un tercio de ciudadanos. Y el 1% más rico lo es aún más. Cara al futuro, se reducirá más la clase media, por la incertidumbre laboral, la precariedad y los bajos salarios. Se vislumbra una sociedad “low cost”, con una clase alta reducida y poderosa y una clase baja mucho más extendida, la “clase low cost”. Para evitarlo, habría que crecer más, conseguir más empleo “decente”, mejorar los salarios y utilizar los impuestos y las ayudas públicas para reducir las diferencias entre españoles. Nos jugamos la sociedad de nuestros hijos.
 

enrique ortega

La actual crisis  ha provocado una caída generalizada en los ingresos de todos los españoles, por cuatro vías. La primera, la pérdida de empleo que sufrieron 3.802.800 españoles entre el verano de 2007 y la primavera de 2014. Y aunque después se han recuperado 1.079.000 empleos, son más precarios y peor pagados, y todavía hay 2.733.800 españoles menos trabajando que antes de la crisis. La segunda vía de pérdida de renta son los salarios, que bajaron una media del 15% tras la reforma laboral de 2012 y que sólo han empezado a crecer (poco) en 2015 (+0,75%) y 2016 (1,20%). Y además, han caído más los salarios más bajos, menos los de los mandos intermedios y han subido incluso los de los directivos de las empresas. La tercera vía de pérdida de rentas fueron las subidas de impuestos, sobre todo en 2011 y 2012, que no han sido compensadas por las bajadas de 2015 y 2016. Además, unas subidas que han cargado más sobre las rentas más bajas, al centrarse mucho en el IVA, impuestos especiales y tasas. Y la cuarta vía de pérdida de ingresos son los recortes de servicios públicos (sanidad, educación, ayudas sociales y Dependencia) y de ayudas, desde becas a servicios sociales y copagos farmacéuticos.

Todo ello explica que la renta familiar disponible, lo que los hogares tienen para gastar, haya caído un 20% entre 2007 y 2013, según el INE: de 27.560 euros a 22.146 euros, la renta de las familias españolas en 2003. O sea, que la crisis nos ha hecho más pobres y hemos retrocedido más de una década. La caída de rentas ha sido mayor en Murcia (-27%), Comunidad Valenciana (-25,8%), Castilla la Mancha (-23,2%), Canarias (-22,6%) y Andalucía (-21,4%) y bastante menor en el país Vasco (-7,2%), Aragón (-16,6%) y Navarra (-17,7%). Los expertos creen que al ser tan grande la pérdida de rentas, España tardará años en recuperarse, al menos otra década, porque los menores ingresos de las familias afectarán negativamente a su formación y la de sus hijos, al consumo, al ahorro y a la inversión.

Pero hay otro problema con la caída de las rentas: no se ha producido de forma homogénea, sino que “ha ido por barrios”, afectando más a unas familias que a otras. La mayor caída de ingresos se ha dado en las familias más pobres y luego en la clase media, debido a que han sido las más afectadas por la caída de empleo y salarios y las que más han sufrido los recortes y la subida de impuestos. Y con ello, se ha producido “un trasvase social”: 3,5 millones de españoles han dejado de ser “clase media” durante la crisis y se han sumado a la “clase baja”, según un documentado estudio de la Fundación BBVA y el IVIE, con datos del INE. Significa que si en 2007 había un 60,6% de hogares que se consideraban “clase media” (con ingresos entre un 75% y un 200% de la media del país), en 2013 eran sólo el 52,3%. Y han pasado a engrosar la “clase baja” (los que ingresan menos del 75% de la media española), que de ser el 26,6% de los hogares en 2007 han pasado a ser el 38,5%, más de un tercio de la población.

La clase media apareció en los años 60 del siglo pasado, en toda Europa y en España (con el “desarrollismo” y el 600), como un “invento” del sistema para difuminar la vieja lucha de clases, entre obreros y empresarios. La economía crecía al máximo y muchos trabajadores empezaron a sentirse “superiores” porque su trabajo les permitía tener una casa, un coche, vacaciones y mandar a sus hijos a la Universidad. No eran trabajadores sino “clase media”. Y a principios de este siglo, con el “boom inmobiliario” y el dinero barato, se endeudaron a tope para comprar todo lo que deseaban. Y creían que “el mundo era suyo”. Pero en esto vino la crisis, cayeron el empleo y los ingresos mientras las deudas estaban ahí. Y familias enteras pasaron de vivir en la abundancia a apuntarse al paro e incluso a la pobreza. Adiós al sueño de la clase media.

Lo peor de todo es que, antes y ahora, muchos españoles se creen clase media y no lo son realmente, ni por sus ingresos ni por su patrimonio. Así, en el último Barómetro del CIS, un 56% de los españoles se considera clase media, frente al 63% que se consideraba así en 2007. Pero los datos de salarios nos dicen que hay mucha menos clase media. Así, sólo un 33,2% de hogares ingresan entre 2.000 y 5.000 euros al mes, mientras son ya un 64,4% las familias que ganan menos de 2.000 euros al mes (y de ellas, el 47,9% menos de 1.500 euros mensuales), según un estudio de la Fundación Encuentro a partir de los datos del INE. Y no olvidemos que el sueldo más habitual en España son 16.490 euros brutos anuales (942 euros netos en 14 pagas), según el INE (2014). Y que casi un tercio de los trabajadores, 4,5 millones, son mileuristas: ganan menos de 1.000 euros netos al mes.

Los mismos datos del INE (Encuesta de Condiciones de Vida 2014) nos hablan de un país donde el 40,6% de españoles no pueden ir una semana de vacaciones, donde un 39,4% no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos, donde un 9,4 % de familias tienen que retrasar pagos relacionados con su vivienda y donde el 13,7% de los hogares tienen muchas dificultades para llegar a fin de mes. Eso sin olvidar que, en 2015, un 28,6% de los españoles (13.300.000) tenían una situación de pobreza, escaso empleo o carencias materiales severas, según el indicador europeo AROPE.

Así que sólo mirando los salarios, no hay tanta clase media como se cree. Pero la clave no son los salarios, que se gastan, sino el patrimonio que tienen las familias, el verdadero “termómetro” de su clase. Y aquí, el economista Luis Molina ha clasificado los hogares españoles en “5 clases”, a partir de los datos de riqueza incluidos en el último estudio de Credit Suisse (2014). Y concluye que un 70% de los españoles son “clase baja”: un 20% los llama “precariado” (la clase más baja), que tiene sólo el 0,3% de la riqueza total del país (con más deudas que patrimonio), y otro 50% son la “clase trabajadora”, con un 21,9% del patrimonio total del país y una riqueza promedio de 35.000 euros por familia. A partir de ahí, el estudio considera que sólo un 20% de los hogares son “clase media”, que tienen un 28,6% de la  riqueza del país y 90.000 euros de patrimonio medio. Más arriba coloca a un 9% de los hogares como “clase media alta”, que representan el 28,6% de la riqueza total y tienen un patrimonio medio de 260.000 euros. Y finalmente está ese 1% de españoles, “la superclase alta”, que acapara el 27% de la riqueza total (tanto como el 50% de españoles que son clase trabajadora), con un patrimonio entre 1 y 72.330  millones de euros (la fortuna de Armando Ortega, el dueño de Inditex, según Forbes).

Vistas así las clases sociales, hay que añadir que la crisis ha provocado una caída del patrimonio en las clases más bajas y un aumento del pastel de la superclase alta, que ha aumentado “su trozo” del 22,3% de la riqueza total que tenían en 2008 al 27% de 2014. El número de millonarios españoles ha subido un 50% con la crisis: de 127.100 (2008) a 192.500 (2015), según un informe de Capgemini.Y eso porque se han visto menos afectados por la crisis, la caída del empleo y los salarios o los recortes y la subida de impuestos. Por eso ha aumentado drásticamente la desigualdad en España: es el segundo país de la OCDE donde más ha crecido la desigualdad desde 2007, sólo por detrás de Chipre, casi 10 veces más que la media europea (incluso 14 veces más que en Grecia). Y ahora, España es el cuarto país más desigual de Europa, tras Portugal, Italia y Grecia, según un informe de Morgan Stanley. Baste un dato escandaloso: los 20 españoles más ricos tienen tanto patrimonio como los 14 millones de españoles más pobres (el 30% de la población), según el último informe de Intermón Oxfam.

Si en realidad la mayoría de españoles son “clase baja” y la clase media real no llega al 25% de las familias, todo apunta a que aún serán menos en el futuro. Y eso porque la actual crisis ha destruido un elemento clave de la clase media: la seguridad en el empleo. Hasta ahora, muchos españoles vivían con la seguridad de que su empleo les permitiría tener coche, casa, vacaciones, segunda residencia, hijos en la Universidad y un futuro cada año mejor. Pero ahora saben que ya no es así, que pueden mantener su empleo o haber conseguido uno, pero que no tienen asegurado el futuro, que cualquier día su mundo se puede venir abajo. Que vivimos en un mundo “low cost”, donde se busca el bajo coste a cualquier precio y eso exige empleos y sueldos “low cost”, que conforman una nueva clase social, la clase “low cost”. Y ya hay muchos jóvenes que sólo conocen esta forma de vida, que se va a generalizar en el futuro, aunque la economía se recupere. Es otro modelo económico y social que se impone, empujado por la globalización, la tecnología y la robotización de los trabajos.

El riesgo de esta precarización de la mayoría de la población, del recorte de las clases medias, no es sólo el deterioro del nivel de vida de la mayoría y la inseguridad ante el futuro. Es que se configure una sociedad políticamente apática o descontenta, que desconfíe del sistema y de la democracia. Las clases medias sirvieron, en España y en todo el mundo, para atenuar las tensiones sociales. Ahora, con la generalización de la “clase low cost”, resurgen los antisistema, los populismos y los extremismos, en España y en Europa. Porque la crisis no sólo se ha llevado nuestras rentas, también nuestra seguridad y nuestras esperanzas.

Se impone que los Gobiernos tomen medidas, para recomponer el mapa social y la democracia. Y eso pasa por recomponer los ingresos y el nivel de vida de la mayoría, con una política activa para crecer más y crear más empleo “decente”. Eso pasa por recaudar más, no de la mayoría que ya pagamos sino de los que pagan menos de lo que deben (grandes empresas, multinacionales y los más ricos, que han salido ganando de esta crisis). Luchando contra el fraude fiscal y subiendo los impuestos sólo a estos grupos, se podrían recaudar 40.000 millones de euros más al año. Y con ellos, destinar una parte a inversiones públicas e incentivos al empleo estable, para que haya más españoles trabajando. Y además, hace falta tomar otras medidas para mejorar la productividad de las empresas, para que puedan pagarles más. Y con más empleo “decente”, mejores salarios y unos impuestos más justos, además de más gasto social y más ayudas a los que menos tienen, se pueden recomponer los ingresos de las familias, para que la clase baja no sea tan precaria y haya más clase media. Un camino que exige al menos una década para dar frutos. Pero hay que empezar ya.