La penúltima reforma de las pensiones

El Gobierno ha aprobado la 2ª fase de su reforma de las pensiones, pactada con Bruselas y los sindicatos, rechazada por la patronal, PP, Vox y Ciudadanos. Mientras las anteriores reformas (Zapatero 2011, Rajoy 2013) estaban centradas en recortar el gasto, esta reforma (con medidas ya implantadas en 2022 y otras aprobadas ahora) se centra en aumentar los ingresos, 15.000 millones anuales hasta 2050, que saldrán de aumentar las cotizaciones, sobre todo de los sueldos más altos: subirá sólo 37 céntimos el coste por hora trabajada, de los más bajos de Europa. Y deja para 2044 la subida del periodo de cotización de 25 a 27 años (que recortará pensiones). Esta reforma, que también mejora las pensiones mínimas, pretende contener el gasto en pensiones hasta 2050. Importante: fija un mecanismo de seguimiento: si el gasto se dispara, obliga a futuros Gobiernos a tomar medidas. Si no lo hicieran, subirían automáticamente las cotizaciones. Casi seguro que necesitaremos futuras reformas. Lo importante es apostar por garantizar las pensiones futuras.

Enrique Ortega

El futuro de las pensiones preocupa a la mayoría, porque sabemos que el gasto se ha disparado en los últimos años y tememos que un día no haya dinero para pagarlas. Los datos demuestran que el gasto en pensiones ha crecido de forma exponencial: si en el año 2000, España gastó 52.451 millones del Presupuesto en pagar pensiones, en 2008 eran ya casi el doble (98.011 millones) y en 2019 casi el triple (144.834 millones). Y a partir de ahí, el gasto ha crecido hasta 171.165 millones en 2022 y 190.687 millones destinados a pagar pensiones en el Presupuesto 2023, casi el doble que hace 15 años. Hay otra forma muy visual de ver el salto en la factura de las pensiones (ver cuadro): en enero de 2008, pagar las pensiones costó 5.947 millones de euros mensuales (4,13 millones por minuto) y ahora, en enero de 2023, han costado 11.902 millones (8,26 millones de gasto por minuto)…

El problema no es sólo que el gasto en pensiones se ha disparado, sino que todo apunta a que va a crecer más rápido y con más intensidad en el futuro, sobre todo a partir de 2027, cuando se jubile la generación del “baby boom” (nacidos entre 1960 y 1975). Hay varias causas que forzarán ese mayor gasto. Una, la revalorización de las pensiones con el IPC, aprobada por Ley desde 2022, que ya ha supuesto un coste adicional de las pensiones de 13.600 millones en 2023 y que se irá consolidando año tras año. La segunda, que las nuevas pensiones son más altas y lo serán más en el futuro, por la subida de salarios y los años cotizados. Así, la pensión media era de 932 euros el 1 de febrero de 2018 y ha subido a 1.191 el 1 de febrero de 2023 (+27,7% en 5 años). Y en ese periodo, la jubilación media ha pasado de 1.077 a 1.370 euros (+27,2%). Y la tercera causa, la más importante, es que van a aumentar mucho los pensionistas: han pasado de 7.587.389 en febrero de 2008 a 9.067.267 pensionistas en febrero de 2023. Y serán casi 16 millones en 2050, según la AIReF. Además, vivirán más años (86,8 años en 2050 frente a 83 años ahora y 81,3 años en 2008), con lo que habrá que pagarles pensión más años (20 de media).

Todos estos factores van a disparar el gasto en pensiones, en España y en el resto del mundo, con dos “hándicaps” para nosotros: seremos el país más envejecido de Europa y nuestra población está cayendo más, por la baja natalidad (7,6 nacimientos por cada 1.000 habitantes frente a 9,3 de media en la UE, 9,5 en Alemania y 11,2 en Francia), con lo que tendremos menos gente trabajando (28 millones en edad de trabajar en 2050, frente a 30 millones ahora) y cotizando para pagar las pensiones futuras. El dato es escalofriante: en 2050 habrá 1,75 trabajadores cotizantes por cada pensionista, frente a 2,24 en 2022 (y 2,6 en 2007). Así que vislumbramos mucho más gasto con menos cotizantes para pagarlo.

Ante este panorama, los paises y Gobiernos han tratado y tratan (Francia) de hacer reformas de las pensiones, básicamente para recortar gastos. En España, la primera reforma de pensiones la hizo Zapatero, en julio de 2011, apoyada por los sindicatos, la patronal, PSOE y CiU. Era una reforma impuesta por la Comisión Europea, que exigía hacer recortes para que España evitara el rescate. Esta reforma de ZP intentó frenar el gasto futuro con 4 medidas polémicas pero eficaces: subir la edad de jubilación (de 65 a 67 años en 2027), elevar el periodo cotizado para recibir el 100% de pensión (de 35 a 37 años en 2027), aumentar los años exigidos para retirarse a los 65 años (de 35 a 38 y 6 meses en 2027) y aumentar el periodo de cómputo cotizado (de 16 años a 25 en 2022).

La segunda reforma de pensiones la implantó Rajoy en septiembre de 2013, esta vez en solitario, con Bruselas también vigilante en una época de recortes. Dos fueron las medidas impuestas: una mínima revalorización de las pensiones (no con el IPC, sino en función del déficit de la SS), que aumentó las pensiones un +0,25% entre 2014 y 2017, y un Factor de Sostenibilidad, para subir menos las pensiones futuras (suponía un recorte del -30% para 2050). Al final, Rajoy tuvo que dar marcha atrás en 2017, forzado por el PNV (lo necesitaba para aprobar los Presupuestos de 2018) y aprobó una mayor revalorización (+1,6% en 2018) y retrasó (de 2019 a 2023) la entrada en vigor del Factor de Estabilidad.

En 2020, la mayoría progresista que apoyaba al Gobierno Sánchez, promovió en la Comisión del Pacto de Toledo (Congreso) la aprobación, el 27 de octubre, de 22 medidas de reforma de las pensiones (apoyadas por todos los partidos, salvo VOX, y la abstención de ERC y Bildu), que se resumían en 4 medidas básicas: revalorización de las pensiones con el IPC, quitar a la SS de gastos impropios, acercar la edad de jubilación real a la oficial y una subida extra de las cotizaciones del 0,6%. Con este amplio acuerdo político, el Gobierno Sánchez aprobó en 2021 y 2022 la 1ª fase de esta tercera reforma de pensiones. Primero, a finales de 2021, aprobó la revalorización de las pensiones con el IPC previsto para 2022 (+2,4%), un decreto Ley que votaron en contra PP, Vox y Ciudadanos. Segundo, ya en 2021 transfirieron a la SS 13.929 millones para cubrir parte de los gastos “impropios”. En 2022 transfirieron otros 18.396 millones y 22.567 millones más en 2023, lo que suprimía el déficit del sistema.

La 3ª medida, aprobada en 2022, fue penalizar más a los que se jubilen anticipadamente (la edad real de jubilación era 64 años y 6 meses en 2021), lo que supone un gran ahorro (14.000 millones anuales por cada año que suba la jubilación real). Y en paralelo, incentivar (con un cheque) a los que se jubilen más tarde de lo debido. Y la 4ª medida, aprobada en 2022 y la única no apoyada por la patronal CEOE, fue implantar una cotización extra, del +0,6% (+0,5% lo pagarán las empresas y el 0,1% sus trabajadores), a pagar entre 2023 y 2032, para crear una “hucha” (el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, MEI), para reforzar los ingresos a partir de 2032, cuando se dispare el gasto con las jubilaciones del “baby boom”.

Estas 4 medidas (ya en marcha) de la 1ª fase de la reforma de pensiones del Gobierno Sánchez, recibieron en 2022 el visto bueno de la Comisión Europea, obsesionada (como en 2011 y 2013) porque las pensiones disparen el déficit público en España. Pero no les bastaban: creían que se había tapado el déficit de la SS, con los ingresos trasvasados de los Presupuestos, pero que no se aseguraba el futuro de las pensiones. Y pedían más medidas, como requisito para que España siga recibiendo Fondos europeos en 2023. Así que esta vez, el Gobierno ha empezado la 2ª fase de la reforma al revés: negociando primero con Bruselas los cambios ineludibles y luego tratando de conseguir apoyos en España.

Las autoridades europeas insistían en que España recortara gastos y aumentara ingresos para asegurar el futuro de las pensiones. La petición más polémica era aumentar los años de computo para calcular la pensión (los que ZP aumentó de 16 a 25 años), lo que supondría una pensión menor. Pero aquí, el Gobierno chocaba con el rechazo frontal de los sindicatos (y de Podemos). Así que al final se ha optado por una vía intermedia: se subirán los años de cómputo, de los 25 actuales a 27, pero con dos cautelas, para “suavizar” el ajuste. La primera, que los futuros pensionistas podrán elegir (ojo: hasta 2044) entre tomar los últimos 25 años o los últimos 29 quitando los dos peores. Y la otra, que el nuevo sistema de cómputo será progresivo, desde 2026: los años de cómputo alternativo (y los meses a descartar) irán aumentando progresivamente hasta 2038, primer año en que se podrían elegir los últimos 29 quitando los dos peores. El Gobierno reitera que el nuevo sistema es “neutro”, no ahorra gasto, aunque puede beneficiar a algunos futuros pensionistas. Además, en paralelo, la reforma ayudará a los trabajadores con “vacíos de cotización”, sobre todo a mujeres que dejaron de trabajar por atender a hijos y padres. Pero ojo, a partir de 2044, ya no habrá “paños calientes”: el periodo de cotización será de 27 años, lo que supondrá un ligero recorte de las pensiones a partir de entonces.

Una vez asumido este recorte “diferido”, la 2ª fase de esta reforma de pensiones se centra en aumentar los ingresos, algo nada polémico para los sindicatos pero sí para la patronal. Para conseguirlo, se han aprobado tres medidas. Una, eliminar el tope de cotización a los salarios más altos (la parte del salario superior a 4.495 euros no cotiza ahora) y subir ese tope cada año (el IPC más un 1,2%). A cambio, estos altos sueldos tendrán ahora una pensión máxima de jubilación mayor (hoy es de 3.058 euros), aunque proporcionalmente crecerá menos (por solidaridad). La segunda medida aprobada es crear una cuota de solidaridad, que se aplicara a la parte de los sueldos altos que no coticen (hay 35.000 millones en salarios que no cotizan nada hoy): empezará con una cuota del 1% en 2025 e irá subiendo 0,25% al año hasta alcanzar el 6% en 2045, cuota de la que se excluye a los autónomos. Y la tercera medida consiste en reforzar el Mecanismo de Solidaridad Intergeneracional (MSI) aprobado en la 1ª fase de la reforma y aplicado desde enero de 2023: esa cotización extra del 0,6% se aumenta ahora, año tras año, hasta duplicarse (1,2%) en 2029.

El Gobierno estima que con estas tres medidas, los ingresos del sistema de pensiones aumentarán en 15.000 millones anuales para 2050, sobre todo por "destopar" los salarios altos (50% nuevos ingresos) y por duplicar la cotización extra intergeneracional (aporta otro 40%), una medida con la que se espera llenar “la hucha de las pensiones” (que ahora tiene 3.000 millones)  con hasta 130.000 millones de euros para 2040. La reforma contempla que la SS pueda “tirar de esta hucha” desde 2032 (no antes), para pagar la mayor factura de las pensiones que se espera hasta 2044, por la jubilación del “baby boom”.

Ante este aumento de ingresos vía cotizaciones (que pagan empresas, 23,60% del salario, y trabajadores, 4,70%), la patronal CEOE ha mostrado su rechazo, acusando al Gobierno de “voracidad recaudatoria” y de “lastrar el talento” y “la competitividad de las empresas españolas”. Pero el Gobierno ha recibido el visto bueno de Bruselas porque las autoridades europeas saben que los costes laborales (sueldos más cotizaciones sociales) en España son de los más bajos de Europa y “hay colchón” para subirlos. Y más cuando su impacto es bajo, según insiste el ministro Escrivá: la subida de cotizaciones repercutirá 37 céntimos en los costes laborales de las empresas españolas en 2050 (10 céntimos en 2023, 13 entre 2024 y 2030, 6 entre 2031 y 2040 y 8 céntimos entre 2041 y 2050). Con ello, tendrán un coste total (sueldos más cotizaciones) de 23,8 euros por hora trabajada en 2050 (frente a 23,40 hoy), todavía un 30% por debajo de los costes laborales de la zona euro (33,8 euros por hora hoy) y muy inferiores a los costes laborales de Francia (39,2 euros por hora trabajada), Alemania (38,3 euros) e Italia (29,9 euros). Y además, las cotizaciones que más suben, las de los salarios altos, las pagan sólo 1,2 millones de trabajadores, el 7% de todos los asalariados.

Además de subir los ingresos y retrasar la subida del periodo de cómputo, la reforma incluye una subida de las pensiones mínimas, hoy demasiado bajas. Las mínimas contributivas subirán más cada año para que en 2027 lleguen al 60% de la renta media (y alcancen 1.178 euros al mes en 14 pagas, un 22% más que hoy). Y lo mismo las mínimas no contributivas (asistenciales), que subirán de los 457 euros actuales (en 14 pagas) a 593 euros en 2027. Algo bastante justo, que aumentará el gasto en 2.500 millones anuales.

Al final, el objetivo de esta reforma es que el gasto en pensiones no se dispare en las próximas décadas y, aunque crezca (por el envejecimiento), no supere el 15% del PIB,  frente al 12% actual. El ministro Escrivá cree que, con las medidas aprobadas (entre 2021, 2022 y ahora), será posible consolidar los ingresos y “embridar” los gastos, para no superar ese tope, que es la exigencia de la Comisión Europea. Lo más importante no es sólo que se aprueba esta reforma, sino que incluye un mecanismo de seguimiento y control, que ha convencido a Bruselas. Por un lado, cada tres años habrá un informe de evaluación de ingresos y gastos, que elaborará la Agencia estatal independiente AIReF, la primera en marzo de 2025. En cada evaluación se hará un seguimiento y si se dispara el gasto, la AIReF propondrá al Gobierno de turno que tome medidas, enviando propuestas al Pacto de Toledo (Congreso). Y la reforma establece que las Cortes deberán aprobar esas medidas antes de finales de año. Pero ojo, si el Parlamento o el Gobierno no lo hacen, entraría en funcionamiento un mecanismo de ajuste automático: subirían las cotizaciones para compensar desde enero el 20% del exceso del gasto y el resto en los años siguientes.

La verdad es que el sistema de pensiones sale más robusto de esta reforma, aunque es muy probable que sea insuficiente en una década, lo que obligará a futuras reformas, que incidirán sobre el gasto (recortes) y los ingresos (cotizaciones y quizás un impuesto específico para las pensiones). Con todo, España debería avanzar en otras dos vías de las que apenas se habla: aumentar la natalidad y la población (la población “española” está cayendo y sólo van a salvar las pensiones los inmigrantes) y aumentar el empleo, avanzar en la modernización y competitividad de la economía para que trabajen (y coticen) más personas: deberían trabajar entre 1,7 y 4 millones de españoles más si nuestra tasa de empleo fuera como la media de la UE-28 y la de Alemania. Esos dos factores, más población y más gente trabajando, son las verdaderas garantías de las futuras pensiones.

La "mini reforma" de las pensiones

Gobierno, sindicatos y patronal han pactado esta semana una primera reforma de las pensiones, que deshace parte de la reforma impuesta por Rajoy en 2013. Se aprueban 3 cambios claves: subida anual de las pensiones con el IPC, penalización de las jubilaciones anticipadas y derogación del factor de sostenibilidad. Y se acuerda pagar la mitad del déficit de las pensiones con impuestos. Más que una reforma de las pensiones, es “un parche” para atajar lo más urgente, porque se dejan para 2022 los temas más polémicos: ampliar los años de cotización exigidos, subir las cotizaciones máximas y de autónomos o cómo sustituir el factor de sostenibilidad para “atemperar” el gasto futuro. Así que la verdadera reforma sigue pendiente: cómo conseguir más ingresos y contener un gasto creciente para pagar al doble de pensionistas en 2050. Un problema complejo, que exige tomar medidas polémicas y repartir el esfuerzo entre los pensionistas de hoy y los futuros. Urge una reforma a fondo de las pensiones, pactada y realista. Asegurar hoy las pensiones futuras.

Enrique Ortega

La pandemia ha sido “la puntilla” para las pensiones y las cuentas de la Seguridad Social, al reducir mucho los ingresos por cotizaciones (pérdida de empleo y ERTEs) y disparar los costes, por la necesidad de mayores ayudas. Al final, la Seguridad Social cerró el año 2020 con un déficit de -29.685 millones de euros, el mayor “agujero” de su historia. Y eso que el Estado transfirió a la SS una cantidad de 22.000 millones de euros, para compensarla de los gastos extras derivados de la pandemia (ayudas y reducción de cotizaciones para EREs y autónomos). Así que, sin esa aportación extra del Presupuesto, el déficit real de la SS en 2020 hubiera sido de -51.685 millones de euros.

Pero el “agujero” de la SS no se debe a la pandemia, aunque lo haya agravado. La realidad es que el déficit de las pensiones se arrastra desde hace 10 años (ver gráfico déficit SS), desde que perdió -2.433 millones de euros en 2010. Posteriormente, el déficit superó los -10.000 millones en 2012, 2013 y 2014, superó los -13.000 millones en 2015 y rondó los -17.000 millones en 2016,2017 y 2018, para mantenerse en los -16.502 millones de euros en 2019 y rozar los -30.000 millones en 2030 (con la aportación extra del Estado, sino superaría los -51.000 millones). En total, un “agujero” acumulado  en la última década de -142.620 millones de euros, que se han “tapado” con deuda (la SS tiene una deuda acumulada de 85.355 millones), aportaciones del Estado y tirando de “la hucha” de las pensiones.  

Y lo peor es que el déficit no iba a mejorar en el futuro, una vez pasada la pandemia. La previsión del Gobierno, enviada a Bruselas en mayo de 2020, era que “el agujero” de las pensiones se mantuviera muy elevado en los próximos años: -30.000 millones de euros en 2021 y unos -20.000 millones en 2022 y 2023. Un déficit insostenible para las arcas públicas y que ponía en grave riesgo el sistema de pensiones. Por eso, la Comisión Europea ha exigido a España que la reforma de las pensiones sea una de las tres reformas exigidas (junto a la reforma laboral y fiscal) para acceder a los 140.000 millones de euros de los Fondos europeos. La negociación empezó en 2020 y se ha cerrado esta primavera, con un principio de acuerdo con Bruselas: la reforma de las pensiones debe ser pactada y para conseguirlo, se aprobará una primera reforma este año (los temas más fáciles) y se dejará el grueso de la reforma (lo polémico) para 2022.

Tras meses de negociación entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal, este lunes se llegó al acuerdo de esa primera fase de la reforma, “la más sencilla” (aunque ha costado decenas de reuniones), que aprobará el Consejo de Ministros el próximo martes 6 de julio y que luego irá al Parlamento, para convertirla en Ley que entre en vigor el 1 de enero de 2022.

Una “mini-reforma” que viene precedida de un compromiso del Gobierno para afrontar el problema más urgente, el déficit de la SS. El acuerdo establece que el Presupuesto, los impuestos, financiarán parte de los gastos de la Seguridad Social, los considerados “gastos impropios” (22.871 millones), que hasta ahora se pagaban con cotizaciones: subsidios de paro no contributivos (11.305 millones), tarifas planas y rebajas de cotizaciones (1.818 millones), prestaciones por nacimiento y cuidado de hijos (2.953 millones), pago complementario de maternidad (1.082 millones), subvenciones a regímenes especiales (1,14 millones), costes extras en el cálculo de pensiones (788) y los propios gastos de funcionamiento de la Seguridad Social (3.911 millones que pagan las cotizaciones, no el Presupuesto como en el caso de otros Ministerios).

El compromiso del Gobierno con sindicatos y empresarios es que el Presupuesto se hará cargo de estos “gastos impropios”, descargado de ellos a la SS, lo que supone quitarle casi todo el déficit. El compromiso ya se ha hecho efectivo en el Presupuesto de este año 2021, donde se han asumido 13.929 millones de esos costes de la SS, con la intención de asumir más en 2022 y asumirlos todos (22.871 millones) en 2023, para conseguir así que la Seguridad Social no tenga déficit dentro de dos años.

Con el compromiso de que el Gobierno “tapará el agujero” de la SS en 2023, sindicatos y empresarios han apoyado las otras 3 medidas de este primera reforma de las pensiones. La primera, el sistema de revalorización anual de las pensiones: subirán cada año según la inflación del año anterior (IPC medio anual) y si bajan los precios un año, no se tocarán (ni bajarán). Eso supone asegurar que las pensiones mantienen el poder adquisitivo, gobierne quien gobierne, frente a la reforma aprobada por Rajoy en 2013, que fijaba una subida anual del 0,25% mientras las pensiones tuvieran déficit. Eso sí, la medida tiene un coste extra para la Seguridad Social, estimado en unos 30.000 millones de euros.

Para contrarrestarlo, esta primera reforma aprueba una segunda medida: penalizar las jubilaciones anticipadas y favorecer que los trabajadores se jubilen más tarde, una medida que el Gobierno estima ahorrará 15.000 millones anuales (otros estudios rebajan este ahorro a la tercera parte). El problema hoy es que la edad legal de jubilación (66 años en 2021 y 67 años para 2027, según la reforma de pensiones de 2011 hecha por Zapatero) no se cumple y la edad real de jubilación está en 64,6 años, lo que encarece la factura de las pensiones. Ahora se pretende rebajarla, penalizando a los que se jubilen antes de tiempo (el palo) e incentivando a los que trabajen más años sin jubilarse (la zanahoria).

Si esta reforma se aprueba en el Congreso, el 1 de enero de 2022, los que se quieran jubilar anticipadamente (antes de los 66 años) cobrarán menos pensión. En el caso de un despido, el trabajador podrá jubilarse 4 años antes (a los 62), con una penalización del 0,5%  al 30% de recorte de su pensión, según el tiempo cotizado y los meses que se anticipe (ahora se contará los meses, no los trimestres como hasta ahora).En el caso de una jubilación anticipada “normal” (sin despido), sólo se podrá adelantar 2 años (a los 64) y el jubilado tendrá una penalización del 2,81% al 21%, según los años cotizados y los meses que adelante la jubilación  (ver cuadro con los recortes en cada caso).

Y veamos “la zanahoria”, el incentivo que tendrán los que decidan trabajar después de los 66 años. Podrá elegir entre un aumento extra de su pensión (del 4% por cada año que retrase, cuando ahora se le bonifica el 2%) o un cobro único, una prima que oscilará entre 12.060 euros (para los que tienen derecho a pensiones máximas y un alto periodo de cotización) y 4.786 euros (para los que se van a jubilar con pensiones mínimas), con una media de 8.230 euros de pago único a los que corresponda jubilarse con una pensión media (20.000 euros).

La tercera medida pactada en esta primera reforma de las pensiones es derogar el factor de sostenibilidad, la medida estrella de la reforma de Rajoy, que pretendía ajustar la pensión futura de los nuevos pensionistas a sus años de vida: si ahora viven más años, se repartiría el pago de la pensión y cobrarían menos cada año. La estimación de algunos expertos era que la aplicación de este factor de sostenibilidad rebajaría las futuras pensiones, entre un -5 y un -6% dentro de 10 años y un -22% a los que se jubilaran dentro de 30 años. Al final, este factor de sostenibilidad iba a entrar en vigor en 2019, pero la polémica hizo que Rajoy retrasara su entrada en vigor para 2023. Ahora se deroga esta medida, que pretendía ahorrar 11.000 millones de euros en la factura de las pensiones para 2050. Y en paralelo, se acuerda pactar, antes del 15 de noviembre un “mecanismo de solidaridad intergeneracional”, que se aprobaría a fin de año y entraría en vigor en 2027.

Hasta aquí la “mini-reforma” de pensiones ahora aprobada, un “parche” que deja fuera los temas más polémicos, que se retrasan para negociarlos en los próximos meses y en 2022, con el compromiso ante Bruselas de que el resto de la reforma (la parte más dura) estará aprobada antes de finales de 2022 (año preelectoral). El primer tema pendiente, muy polémico, es el periodo de cómputo de las cotizaciones para calcular la pensión: actualmente se tienen en cuanta los últimos 24 años cotizados y desde 2022 serán ya 25 años (hasta 2013 se miraban los últimos 15 años). El debate ahora es subir a 35 años o incluso tener en cuenta toda la vida laboral, dos medidas que no quieren los sindicatos porque rebajarían las futuras pensiones. Otra medida pendiente, que no gusta a los empresarios, es subir las cotizaciones de los autónomos (la mayoría cotizan en mínimos) y subir las cotizaciones máximas (ahora tienen un tope), lo que obligaría también a subir las pensiones máximas.

En definitiva, la “mini reforma” pactada ahora cambia de sitio el “agujero” de las pensiones (de la Seguridad Social al Presupuesto) y retoca lo más urgente, pero no afronta el problema de fondo de las pensiones, que es estructural: los ingresos no llegan para pagar las pensiones y eso se va a agravar en el futuro, sobre todo a partir de 2027, cuando se jubilen los españoles del “baby boom” (los nacidos entre 1960 y 1975). Basten dos datos. Uno, la evolución de los pensionistas: si hoy tenemos 9,27 millones de españoles mayores de 65 años (el 19,6%), en 2050 serán 15,67 millones (el 31,4%), según el INE. Y si hoy tenemos 3 personas en edad de trabajar por cada mayor de 65 años, en 2050 habrá 1,65 activos por cada jubilado, por la caída de la natalidad y el envejecimiento, según CaixaBank. Serán menos españoles a trabajar y más jubilados, que además vivirán 4 años más que ahora (de media, estarán 20,2 años cobrando pensión si se jubilan a los 67 años.

Este es el verdadero problema de las pensiones, un problema demográfico (muchos más jubilados y menos personas para trabajar) que es una verdadera “bomba de relojería”, frente a la que no valen “parches” ni politiqueos. Sólo queda actuar, tomar medidas realistas y rigurosas por dos caminos: aumentar ingresos y “atemperar” gastos.

El primer camino, aumentar ingresos para financiar el mayor gasto en pensiones, exige actuar en dos frentes. Uno, aumentar los ingresos por cotizaciones sociales (no ahora, cuando se consolide la recuperación), porque son más bajas que en Europa, según Eurostat (2019): suponen en España un 12,9% del PIB frente al 14,2% en la UE-27, el 15,1% en la zona euro, el 13,5% en Italia, el 16,8% en Francia y el 15,7% en Alemania, los tres paises con los que competimos. Esto significa que si las cotizaciones sociales fueran como las europeas, la SS ingresaría 26.950 millones más cada año. Sería un coste extra para empresas y trabajadores, pero mejor subir la cotización pública que tener que pagarse una pensión privada. Y el otro frente, aumentar la recaudación fiscal del Estado y así poder financiar parte de la factura de las pensiones cuando haga falta. Aquí también, España recauda menos por impuestos que la media europea: 85.889 millones menos en 2019, según Eurostat. Si se hace la reforma fiscal (que también nos exige Europa) habría más dinero para todo, también para las pensiones.

El segundo camino que habrá que recorrer, aunque no nos guste, será “atemperar” el gasto en pensiones: no recortarlas pero sí que crezcan menos, para asegurar que se pueden pagar en 2050. Y eso pasa por tomar ahora algunas decisiones, aunque sean impopulares. Sobre todo dos: ampliar los años de cotización  que se toman para calcular la pensión (habría que subirlos de 25 a 35 y quizás a toda la vida laboral) y, además, si hace falta, aumentar los años de cotización  exigidos para tener derecho al 100% de la pensión (hoy 36 años y 37 años en 2027). Y la otra medida, tener en cuenta la mayor esperanza de vida (más de 20 años de cobro de pensión) para repartir cuantías. Un factor de sostenibilidad más justo que el anterior, pero que sirva para atemperar la factura. Suena mal, pero al ritmo actual (de aumento de pensionistas, con pensiones más altas) será imposible pagar las 15 millones de pensiones de 2050, con los ingresos y empleo previstos hoy.

Así que no queda más remedio que abordar una reforma a fondo de las pensiones, no quedarse en “parches”. Por responsabilidad con los pensionistas actuales y, sobre todo, con los futuros. Y además, porque nos lo va a exigir Europa, que lleva años diciendo que España debe ajustar su gasto en pensiones, como vía para ajustar el déficit público. También critican  que sean “demasiado generosas” (aunque más de la mitad de los pensionistas, 4,8 millones, cobran menos del salario mínimo, menos de 950 euros al mes). El dato es claro:  la pensión media en España supone el 78,7% del último salario, frente al 45,5% del salario que suponen las pensiones en la zona euro, el 45,4% en Francia o el 37,8% en Alemania, según los datos de la UE. Y además, cotizamos menos de lo que recibimos de pensión: quien ha cotizado 37 años ha pagado con ello 13,2 años de pensión media, así que los 8 años restantes que cobra pensión (21,2 años de media) los cobra sin haber cotizado por ellos, según este detallado estudio de FEDEA. Y otro estudio del Banco de España insiste en lo mismo: cotizamos entre el 40 y el 60% de la pensión que recibimos. Y que por cada 1.000 euros aportados a la SS por un jubilado, se lleva 1.740 euros de pensión.

En definitiva, que las cuentas de las pensiones no salen y menos que van a salir cuando se dupliquen los pensionistas. Y aunque muchos reciban pensiones de miseria, la pensión media es superior a lo que se cotiza por ella, lo que genera déficits permanentes que hay que solucionar, ingresando más y atemperando las nuevas pensiones. Y todo ello, en un difícil equilibrio entre los pensionistas actuales y los futuros, a los que no se les puede dejar un sistema quebrado. Hay que pactar una reforma realista, que garantice nuestras pensiones y las de nuestros hijos y nietos, repartiendo esfuerzos. Asegurar hoy las pensiones futuras.