COVID 19: más pobreza y desigualdad

El coronavirus no sólo ha causado enfermedad, muertes y la mayor crisis económica del último siglo, sino que ha agravado la pobreza y la desigualdad, en el mundo y en España, que ya era antes el 6º país europeo con más pobreza y desigualdad. Ahora, 700.000 españoles se han sumado a los 10 millones que ya estaban en riesgo de pobreza, según Oxfam. Y Cáritas advierte que las peticiones de ayuda han aumentado un 77%, una cuarta parte de personas que nunca la habían pedido antes. Ojo: hablar de pobreza y desigualdad no es “de izquierdas”: el gobernador del Banco de España dijo hace una semana en el Congreso que uno de los 5 grandes retos de España es reducir la desigualdad, porque hace peligrar un crecimiento sostenible. Urge aprovechar la pandemia para revisar el gasto social, “escaso e inútil” según la OCDE, el FMI y la Comisión Europea. Y volcarse en conseguir empleo decente, formación, vivienda y ayudas a las familias, las recetas contra la pobreza.

enrique ortega

Empezaré con un poco de historia, para situarnos. Las pandemias han acompañado a la humanidad desde siempre, como uno de “los cuatro jinetes” que han reducido la desigualdad a lo largo de los siglos, junto a las guerras, las revoluciones y los colapsos de los Estados, según relata Walter Scheidel en su excelente libro “El Gran Nivelador”, que recomendé leer hace dos veranos. Su tesis es que las muertes masivas de la Peste Negra del siglo XIV (se llevó del 25 al 40% de la población) o de “la Gripe española de 1918” (40 millones de muertos, el 2% de la población) sirvieron para reducir la mano de obra y subir los salarios, reduciendo la desigualdad, igual que han hecho las guerras y revoluciones. Pero ahora, el coronavirus no es tan letal (500.000 muertos sobre 7.800 millones de personas) y los expertos consideran que no servirá para reducir la desigualdad en el mundo, sino que la aumentará. Y eso, porque afecta más a unos paises que a otros (España e Italia o Latinoamérica) y, sobre todo, porque ha afectado más a los que ya eran más pobres, agravando la desigualdad.

El coronavirus no conoce fronteras y clases sociales, pero ha contagiado de forma desigual, cebándose más entre los más pobres, según demuestran varios estudios. En España, los contagios se han concentrado en los barrios más pobres de Madrid y Barcelona. Y lo mismo se ha detectado en Inglaterra o Gales o en Nueva York, donde los contagios se han duplicado entre los negros e hispanos del Bronx respecto a los blancos de Manhattan. Y también en las favelas de Brasil o en los barrios marginales de Lima o México DF. Y eso porque las familias pobres tienen más enfermedades previas (sobrepeso, hipertensión, diabetes), más dificultad para estar confinados (más hacinamiento) y teletrabajar, empleos más precarios (los primeros que se pierden) y dependen más de la economía sumergida y de trabajos que no entran en ERTEs ni cobran desempleo. Y la recesión del coronavirus también afecta de forma desigual a los paises, agravando la crisis en los paises que viven del turismo y los servicios (España e Italia) y donde hay más economía sumergida (Latinoamérica).

Además, el coronavirus ha encontrado un terreno favorable para avanzar porque “la mitad de la población mundial carece de servicios sanitarios esenciales y tiene poca o ninguna protección social”, según señala la ONU en un informe de mayo donde estima que el coronavirus empujará a la pobreza extrema a 100 millones de personas más (736millones de personas ya vivían en la pobreza extrema, con menos de 1,90 dólares al día, antes de esta pandemia). El efecto del coronavirus en el mundo es doble, según el Programa para el Desarrollo de la ONU (PNUD). Por un lado, deteriora el sistema sanitario y educativo de los paises, junto a su renta y calidad de vida, sobre todo en los paises en desarrollo. De hecho, el PNUD considera que la pandemia tiene un impacto mayor que la crisis de 2008 y podría hacer retroceder el desarrollo humano global, por primera vez desde 1990. Por otro, el coronavirus está ampliando la desigualdad en el mundo, porque afecta más a los paises pobres y en desarrollo, con una sanidad y educación más débiles y con más brecha digital.

En España, el gobernador del Banco de España señaló en el Congreso, el 23 de junio, que “la crisis del COVID 19 supondrá un deterioro adicional en los niveles de desigualdad de nuestro país”. Y se hizo eco de la evidencia internacional, que revela cómo “los más afectados por la pandemia son los que ya partían de una situación más vulnerable: mujeres, jóvenes y grupos con bajo nivel educativo”. El Gobernador recordó a los diputados que los más afectados por la pandemia son los trabajadores más precarios y con bajos salarios, la mitad de ellos muy vulnerables porque no tienen ahorros para soportar la falta de ingresos o su recorte. De hecho, un tercio de los hogares españoles (6,3 millones de familias) no tenían “hucha” para aguantar tres meses sin ingresos  y un tercio (2,4 millones) ni siquiera podían aguantar un mes, según un estudio de  BBVA Research. De ahí que muchos no hayan podido resistir y hayan acabado en las colas del hambre o pidiendo ayuda.

Un reciente estudio de Oxfam Intermón pone cifra a estos “nuevos pobres” que ha traído la pandemia: 700.000 personas más que han caído en la pobreza y se suman a las 10.065.967 personas que ya eran oficialmente pobres antes, según las estadísticas europeas. Un 21,5% de españoles en situación de pobreza monetaria en 2018, según Eurostat, porque sus ingresos eran el 60% de la media: ingresan menos de 8.871 euros anuales (739 euros al mes) los solteros y menos de 18.629 euros anuales (1.552 euros mensuales) las familias con dos hijos. Eso ya nos colocaba como el 6º país europeo con más pobreza (21,5%), tras Rumanía (23,5% de pobres monetarios), Letonia (23,5%), Lituania (22,9%), Bulgaria (22%) y Estonia (21,9%), lejos del 16,5% de la UE-28, según Eurostat. Y ahora, con la pandemia, esa tasa de pobreza monetaria ha subido al 23,1% de la población, según Oxfam.

Además de agravar la pobreza, la pandemia va a agravar la desigualdad entre españoles, porque ha afectado de manera diferente según el tipo de empleo (más a los temporales y a tiempo parcial), el sector (más al turismo, hostelería y comercio), al tipo de empresa (peor las pymes y autónomos) y las regiones (peor las islas Baleares y Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid). Y esto es más preocupante porque España ya era, antes de la pandemia, el 5º país de Europa con más desigualdad, según Eurostat: el 20% más rico tiene 6,03 veces más renta que el 20% más pobre, sólo por detrás de Bulgaria (7,66 veces), Rumanía (7,21 veces), Lituania (6,78 veces) e Italia (6,09 veces), lejos de la media UE-28 (5,12 veces más renta los ricos que los pobres).Y lo peor es que esta desigualdad creció con la crisis y la recuperación (era 4,94 veces en 2008) y crecerá ahora con la pandemia.

Todo esto son estudios de organismos serios sobre cómo la pandemia agrava la pobreza y la desigualdad. Pero la realidad de cada día es más impactante, como lo atestigua Cáritas: las peticiones de ayuda les han aumentado un 77% en los últimos tres meses. Y las personas que han podido atender han aumentado un 57%, tras multiplicar por 2,7 los fondos destinados a ayudas para alimentos, pago de alquileres, dispositivos para seguir la enseñanza durante el confinamiento, apoyo para hacer trámites online y apoyo psicológico y afectivo. Lo más llamativo es que 1 de cada 4 personas que han solicitado ayuda a Cáritas durante la pandemia no habían pedido ayuda nunca antes, no son las habituales que atienden, donde lo más grave ha sido el deterioro de las personas sin hogar. Lo que indica que esta pandemia ha creado “nuevos pobres” en España, personas y familias que tenían una situación desahogada y que de repente se han quedado sin ingresos.

La Fundación FOESSA, ligada a Cáritas, ha publicado en junio un nuevo Informe donde alerta que la pandemia ha anulado en dos meses los años de recuperación y que hemos vuelto, para muchas familias, “a lo peor de la última crisis, al año 2013”. Destacan que la pobreza extrema (personas que ingresan menos del 30% de la media: 2.661.809 españoles, el 5,7% de la población en 2018) ha aumentado con la pandemia y que hoy, 3 de cada 10 personas en situación de pobreza carecen de algún ingreso. Y que sólo 1 de cada 4 hogares pobres se puede sostener con su trabajo. Y advierten que lo que se va a ver ahora es “una emergencia habitacional”, porque la mitad de los hogares en situación de pobreza extrema no pueden pagar su alquiler ni sus facturas más urgentes.  De hecho, las ejecuciones hipotecarias ya habían aumentado un 9,3% en el primer trimestre de 2020, antes de la pandemia, tras 20 trimestre descendiendo. Y el problema vendrá cuando se acabe la moratoria de pagos de hipotecas y alquileres aprobada coyunturalmente por el Gobierno. También alertan sobre la exclusión educativa (hogares pobres tienen más difícil enseñanza online) y el empeoramiento de la salud, por menos gasto en medicinas (copago) y atención bucodental.

¿Qué se puede hacer para afrontar este aumento de la pobreza y la desigualdad? La ONU ha propuesto a los paises reforzar los sistemas de protección social y proteger al máximo a los empleos y a las empresas más vulnerables, con ayudas como los ERTEs y subsidios. En el caso de España, el 29 de mayo se aprobó el ingreso mínimo vital, que ya cobraron el viernes 26 de junio los primeros 74.119 beneficiarios, a los que se abonó de oficio 32 millones de euros (una media de 431 euros), que han llegado a 250.000 personas (136.000 menores), sobre todo en Madrid (7.382 beneficiarios), Sevilla (6.455), Cádiz (4.696), Valencia (4.343) y Barcelona (4.001 beneficiarios). El resto, hasta 830.000 familias (2,2 millones de personas beneficiarias, la mitad niños) que pueden recibir este ingreso mínimo vital (entre 462 y 1.015 euros mensuales según la familia), tienen de plazo para solicitarlo hasta el 15 de septiembre y lo cobrarán con efectos retroactivos desde el  pasado 1 de junio.

El ingreso mínimo vital es un gran avance pero no es suficiente para combatir la pobreza y la desigualdad. España necesita otra política social, porque el gasto social es escaso y está mal hecho, es ineficaz, según han reiterado la Comisión Europea, la OCDE y el FMI. Es escaso porque España, el 6º país UE con más pobreza, destina el 16,6% del PIB al gasto social frente al 18,8% que gasta la UE-28, el 19,8% de la zona euro, el 22,4% que gasta Dinamarca, el 19,2% que gasta Alemania, el 24,3% de Francia, el 20,9% de Italia o el 15,2% de Reino Unido. A lo claro: destinamos 25.700 millones menos que los europeos a gasto social  cada año, según Eurostat. Ahora y también antes de la crisis, en 2008. Y dentro de ese gasto social, somos el país UE que menos gasta en ayudas a la familia, según la Comisión Europea) y uno de los que menos gasta en sanidad, educación, dependencia y pensiones. Sólo gastamos más en desempleo, porque tenemos el doble de paro que Europa.

El problema  no es sólo que el gasto social en España sea escaso, sino que además, es ineficaz, está mal hecho, como alertó en enero de este año el FMI: el 40% de las familias españolas más pobres apenas reciben el 30% de las ayudas sociales, que benefician sobre todo a las familias con recursos medios y altos y a los jubilados, en perjuicio de los más pobres y los jóvenes. La propia Comisión Europea ya alertó, en enero de 2018, que “España es, con Italia, el país en el que las prestaciones sociales menos ayudas a las rentas bajas”. Y eso, porque se distribuyen mal y, además, porque los impuestos no benefician a los más pobres sino que “benefician más a las rentas media y altas” (por el exceso de deducciones y exenciones), según otro informe de la OCDE, de noviembre de 2018, que aporta este dato muy explícito: el 20% de los hogares con menos ingresos reciben en España el 55% del pago medio que reciben todas las familias (en la OCDE reciben el 119%) mientras el 20% de los hogares con más ingresos reciben el 160% del pago medio (en la OCDE reciben el 95%). Al final, la OCDE dice que de sus 34 paises, sólo Portugal, Italia y Grecia hacen una política social peor que España.

Así que urge hacer otra política social, máxime ahora que ha aumentado la pobreza y la desigualdad con el coronavirus. No es un objetivo “de izquierdas”, que defiendan sólo “los rojos de siempre”: el gobernador del Banco de España dijo a los diputados en el Congreso, el pasado 23 de junio, que 1 de los 5 retos estructurales que España debe afrontar era la lucha contra la desigualdad, junto a la mejora de la productividad, la elevada tasa de paro, el envejecimiento de la población y el cambio climático. Y eso, porque tener una desigualdad excesiva “supone con frecuencia un lastre al crecimiento económico y a su sostenibilidad”. No hace falta saber mucho de economía para entender que si 1 de cada 4 ciudadanos está en situación de pobreza, ni consume ni crea riqueza y así no se crece de forma estable. Sin olvidar que la pobreza y la desigualdad deterioran la democracia, porque desalientan la participación política y alimentan el populismo y la extrema derecha.

Reducir la pobreza y la desigualdad exige  no sólo consolidar el ingreso mínimo vital y cambiar radicalmente la política social, también hacer reformas económicas para conseguir una economía más competitiva, que cree más empleo estable y de calidad. Y poner en marcha un Plan de choque por el empleo, centrado en los jóvenes, mujeres, inmigrantes y mayores de 45 años, los más afectados por el empleo precario y mal pagado, la antesala de la pobreza y la desigualdad. Y resulta urgente implantar una política eficaz de vivienda, porque el encarecimiento de los alquileres afecta más a las familias más vulnerables, según les dijo también el gobernador del Banco de España a los diputados. No en vano, son las familias más pobres las que tienen que destinar el 40% de sus ingresos a pagar el alquiler. Y hay que dedicar más recursos a mejorar la formación y la enseñanza de las familias más vulnerables (becas, refuerzos, tecnología), porque el paro es mayor entre los menos formados. Y apoyarles en los gastos sanitarios crecientes, como medicinas (copago) o atención dental.

Al final, la pandemia agrava la pobreza y la desigualdad, esas 3 Españas que estaban ahí antes del coronavirus y cuyas diferencias se han agravado. Se trata de volcarse para ayudar a los más vulnerables, no con caridad sino con medidas para que mejoren su formación, su empleo, su vivienda y su nivel de vida. Conseguir de verdad que nadie se quede atrás.

Coronavirus: 3 años perdidos

Iniciamos la última semana del estado de alarma (serán 15 semanas, 98 días exactos), con la vista puesta en la ansiada movilidad por toda España, que empieza el domingo 21, cuando llegarán también los turistas europeos. Empezará “la nueva normalidad”, pero también el mayor riesgo de rebrotes. Mientras, las empresas vuelven a la normalidad, aunque millones de trabajadores seguirán en ERTEs al menos hasta septiembre. Y la emergencia económica sigue ahí y es muy seria: el Banco de España advierte que la recesión va para largo, que a finales de 2022 no habremos recuperado el nivel previo a la pandemia y todavía tendremos 700.000 parados más. Tres años perdidos. Y será peor si hay rebrotes: España sería el país occidental que más los sufriría, según la OCDE. Por eso, debemos tener especial cuidado con posibles rebrotes en verano y otoño. No bajar la guardia y preparar un Plan por si acaso, como piden 27 expertos en Reino Unido. Nos jugamos la salud y el pan.

enrique ortega

El coronavirus ha cumplido 5 meses y medio pero no se frena sino que acelera sus contagios: si tardó 3 meses en contagiar el primer millón y sólo 12 días los millones siguientes, en llegar al 7º millón ha tardado sólo 8 días (30 mayo-7 junio), según la estadística diaria de la Universidad Jhons Hopkins. Y el jueves 11 de mayo batió otro récord: 138.400 contagiados en un solo día, 12 veces más que el 14 de marzo. Hoy ha contagiado ya a 7.914.866 personas en 188 paises, siendo el centro de la pandemia América, sobre todo Estados Unidos (2.094.069 contagiados), pero se ha desplazado a Latinoamérica (2.263.967 contagiados): Brasil (867.624), Perú (229.736), Chile (174.293), México (146.837), Colombia (48.896), Ecuador (46.751), Argentina (31.577) o República Dominicana (22.962). Y avanza por Asía y Oriente Próximo, en India (332.424 contagiados), Irán (187.427), Pakistán (178.239), Arabia Saudí (127.541), Qatar (79.602) y Emiratos (42.294), más Turquía (174.093 contagiados). Y se mantiene en Europa (2.354.844 contagiados), encabezada por Rusia (528.267), Reino Unido (297.342), España (242.928), Italia (236.989), Francia (194.153) y Alemania (187.518). La pandemia se ha cobrado 433.472 muertos, un listado encabezado por EEUU (115.732 fallecidos), Brasil (43.332) y Reino Unido (41.783), seguidos por Italia (34.345), Francia (29.410), España (27.136), México (17.141), Bélgica (9.655), India (9.520), Irán (8.837) y Alemania (8.801).


En España, la pandemia sigue contagiando a ritmo lento y centrada en 6 autonomías que tienen un ritmo de contagios superior a la media (9,43 por 100.000 habitantes en los últimos 14 días): Madrid (21,82), Ceuta (21,23), Castilla la Mancha (17,91), Cataluña (17,56), Castilla y León (16,54) y Aragón (10,01), según los datos de Sanidad, que reflejan un ligero  aumento de los nuevos contagios diarios (48 el lunes 8, 167 el miércoles, 155 el viernes 12 y 48 ayer domingo), debido a que ahora se hacen más test PCR (+ 238.858 la última semana). Se mantienen estables los nuevos hospitalizados (+145 el lunes 8, +139 el miércoles, +141 el viernes y +110 ayer) y los ingresos en UCIs la última semana (+14, +12, +10, +5). Y siguen sin estar claros los muertos nuevos, según los datos incongruentes que envían las autonomías: ningún muerto nuevo desde el domingo 7 a ayer 14 y 26 fallecidos en la última semana, con un balance oficial de muertos estancado en 27.136 fallecidos, según Sanidad.


Estas semanas han saltado nuevos rebrotes, sobre todo en Basurto y Vitoria, y aumentan los test PCR (ya se han hecho 3.061.738, una media de 65 por cada 1.000 habitantes, según este cuadro de Sanidad) y el seguimiento de los casos nuevos, aunque no se conoce cómo han llegado 104 casos importados (24 en la última semana), con las fronteras cerradas. Casos que parecen proceder de EEUU, Latinoamérica y Oriente Próximo, ligados a profesionales y diplomáticos autorizados a viajar. Y nos muestra una deficiencia en el Servicio de sanidad exterior (dependiente de Sanidad), infra dotado de medios y personal, que hay que subsanar con urgencia para cuando el 1 de julio se abran todas las fronteras. Otro problema sin resolver son las residencias de ancianos, sobre todo en Madrid y Cataluña, dado que el 15% de residencias catalanas reportaron contagios en los días previos a pasar a fase 2 (5 junio), con 110 residencias con positivos en Barcelona y 10 en Lérida.


Con este panorama, de rebrotes, residencias sin protocolos ni pruebas y servicios de atención primaria desbordados por pruebas PCR y rastreos, hoy estrenamos cambios de fase, con una novedad: las autonomías en fase 3 son ahora responsables de gestionar la pandemia y parecen más “sensatas” que cuando presionaban a Sanidad por no quedarse las últimas en la desescalada. Así, Cantabria, el País Vasco, Asturias, Navarra y Galicia no van a autorizar esta semana los viajes entre autonomías, por los rebrotes, mientras Castilla y León mantienen en fase 2 a las provincias cercanas a Madrid (Segovia, Ávila, Salamanca y Soria), junto a Madrid, Barcelona y Lleida. Así, el mapa de la desescalada mantiene en fase 2 al 30% del país (12 millones de españoles), sitúa en fase 3 a 13 autonomías, Ceuta y Melilla (34 millones de españoles) y pasa hoy a la “nueva normalidad” Galicia (2,6 millones).


Ahora, todo el mundo espera al domingo 21 (0 horas), cuando termina el “estado de alarma”, un confinamiento muy duro y económicamente costoso, pero que ha salvado 3,1 millones de vidas en Europa y 450.000 vidas en España, según un estudio del Imperial College. Ahora, el decreto sobre la nueva normalidad (ver aquí) fija básicamente la obligación de usar mascarilla y las normas de distanciamiento social e higiene que se mantendrán hasta que haya una vacuna, quizás a principios de 2021. Entre tanto, hay 2 riesgos inminentes: la movilidad entre autonomías, que millones de españoles viajen de un sitio a otro desde el 22 de junio, y, sobre todo, la llegada de turistas europeos desde el 21 de junio (antes, desde hoy 15 de junio, habrá una prueba piloto para traer a 10.900 turistas alemanes a Mallorca).  Y a partir del 1 de julio, podrán venir turistas de fuera de Europa, de "paises seguros" y con condiciones. Hay que recordar que en julio y agosto de 2019 vinieron a España 20 millones de turistas extranjeros. Con que vengan “solo” 5 millones, ya será un gran reto para controlar y evitar rebrotes. Eso sí, se facilita la llegada de “turistas que gasten en España”, pero Andalucía pide prohibir la “Operación paso del Estrecho”: 3 millones de personas (magrebíes que viven en Europa) que cruzan España en verano y embarcan el 80% a través de Algeciras…


Estos riesgos de nuevos rebrotes, por la mayor movilidad interna y externa, no son sólo preocupantes porque tensarían otra vez un sistema sanitario sin medios y pondrían en riesgo más vidas, sino porque agravarían la emergencia económica y la recesión, según alertó  la semana pasada la OCDE. De hecho, España sería el país occidental más vulnerable a un rebrote de la pandemia, en verano o en otoño: la recesión sería este año del -14,4% del PIB frente al -11,1% previsto ahora, con lo que sufriríamos los efectos del rebrote como Francia (-14,4%) pero más que Italia (-14%), Reino Unido (-14%), Portugal (-11,3%) y toda la zona euro (-11,5%), cuando sin rebrote tendremos una recesión (-11,1%) inferior a la de Francia (--11,4%), Italia (-11,3%) o Reino Unido (-11,5%).

Un rebrote de la pandemia haría más daño a España que a otros paises europeos por cuatro razones que resume el Banco de España en un reciente informe: porque hemos tenido un confinamiento más intenso y más prolongado que otros paises, porque dependemos más del turismo y su empleo (más afectados con esta pandemia), porque tenemos más peso y más empleo en las pymes (más vulnerables) y porque somos el país europeo con más empleo temporal (el 25%), el primero que se despide cuando una empresa va mal. Y encima, España tiene menos capacidad fiscal para  reaccionar contra la pandemia y un rebrote, porque teníamos más déficit y más deuda pública que la mayoría de Europa ya antes del coronavirus.


Así que tenemos que ser más cuidadosos que ningún país y evitar los rebrotes como sea, porque ya sin ellos estamos en una recesión muy seria, según detalla un informe publicado la semana pasada por el Banco de España, que agrava la caída estimada hace sólo mes y medio. Ahora, el banco central fija dos escenarios, uno de recuperación temprana (sin rebrotes y con poco deterioro de las empresas y el empleo) y otro de recuperación gradual (con brotes, pero menos virulentos, y daños concentrados en sectores y empresas), que parece el más posible. En caso de recuperación temprana, el PIB caería este año el -9% y en el caso de recuperación gradual, la economía caería un -11,6 (más que el -9,2% que prevé el Gobierno y el -9.4% que estima Bruselas). Para 2021, el Banco de España prevé una mayor recuperación (entre el +7,7% y el +9,9%) que el Gobierno (+6,8%) y Bruselas (+7%) y en 2022 espera un crecimiento “normal” (del +2,4% al 2,1%). Con ello, el balance de estos 3 años (2020-2022) variaría entre ganar un +1,1% del PIB (con recuperación temprana) o perder el -0,3% del PIB  (escenario de recuperación gradual, el más posible).


O sea, que esta pandemia nos hará perder 3 años. Lo ha dicho bien claro Oscar Arce, director general de Economía y Estadística del Banco de España: “La caída va a ser muy grande y es bastante probable que en 2022 ni siquiera hayamos recuperado el nivel previo a la crisis. Nos va a llevar tiempo”. Lo que sí deja claro el Banco de España es que, a finales de 2022, tendremos menos empleo y más paro que antes de la pandemia. El informe prevé una pérdida de empleo de -257.130 a -375.806 ocupados en estos tres años (2020-2022), sobre las 19.779.300 personas que trabajaban en 2019. Y estima que la tasa de paro en 2022 estará entre el 17,1%  y el 17,4%, casi 4 millones de parados, entre 700.000 y 762.000 parados más que en 2019 (14,1% de paro).


Así que vamos a tardar más de lo que algunos creen en recuperarnos, incluso si no hay rebotes graves (un escenario que el Banco de España también contempla, con una caída del PIB hasta el -15,1% este año, que no recuperaríamos hasta 2024: serían 4 años perdidos, mejor no pensemos en ello). El futuro, pues, sigue en el aíre, según la evolución de la pandemia y, sobre todo, según avancemos en la reconstrucción económica y social. Una cuestión clave es mantener las ayudas a las empresas, prorrogando este martes los ERTEs hasta septiembre, mientras se recuperan la actividad y el empleo: casi 900.000 personas han vuelto a trabajar en junio, 700.000 de los ERTES y 200.000 que han recuperado su trabajo perdido por la pandemia, según el ministro de la SS. Ahora, se trata de apoyar a sectores concretos (automóvil, turismo) y mantener los ERTES en hostelería, comercio y algunas industrias, pero sabiendo que tienen un alto coste (6.250 millones al mes).


En paralelo, el Gobierno aprobará esta semana otro paquete de ayudas claves para la reconstrucción, 16.000 millones para las autonomías no reembolsables (no tendrán que devolverlos), destinados a recomponer la sanidad (9.000 millones), para preparar la educación a un curso que exigirá más profesores y medios (2.000 millones), para compensar los menores ingresos del transporte público (800 millones) y los 4.200 millones restantes para compensar las caídas de ingresos de las autonomías, aunque se echan de menos los 1.000 millones para gasto social que se han caído del reparto inicial y que harán mucha falta, a pesar del ingreso mínimo vital (autonomías y Ayuntamientos atienden 10 millones de peticiones anuales de ayudas sociales). Pero es una inyección de recursos públicos sin precedentes, que se repartirá en junio (4.000 millones), septiembre, noviembre y diciembre.


A pesar de todas estas ayudas, que van a disparar el déficit público y la deuda, harán falta más medidas, dentro de ese Plan  de reconstrucción que no acaba de alumbrar la Comisión del Congreso, totalmente politizada. Y aunque hay una Cumbre europea este viernes 19 de junio, no se espera un acuerdo sobre el Fondo Europeo de Reconstrucción de 750.000 millones (140.000 para España), porque Alemania, Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca siguen poniendo pegas a la cifra, al reparto (500.000 a fondo perdido) y a las condiciones exigidas (Ojo, por si no se ha enterado: los eurodiputados del PP español se reunieron el martes con los paises duros del norte, para apoyarles en imponer condiciones muy estrictas a las ayudas, en perjuicio de España e Italia). Por todo esto, no será posible la unanimidad hasta otra Cumbre en julio o incluso en otoño, lo que retrasará la llegada del dinero, hasta 2021 y 2022. Así que tendremos que ver cómo pagar aquí el grueso de la reconstrucción, con deuda y más ingresos, dentro de un Presupuesto de emergencia que urge pactar.


Mientras nos preocupamos de la reconstrucción, debemos estar más vigilantes con la pandemia, ahora que vamos a movernos más y a recibir turistas. Haría falta preparar un Plan de actuación en caso de rebrotes, sean en verano o en otoño-invierno, cuando los esperan los expertos. Es lo que han pedido 27 expertos en Reino Unido, un Plan para que los rebrotes nos cojan más preparados que la pandemia. Pero aquí nadie piensa en eso, sólo en salir al paso cada día y superar el verano sin muchos problemas. Y ¿después? Habría que prepararse, anticiparnos a un otoño de posibles rebrotes. Porque si no lo hacemos, alerta la OCDE, nos jugamos la salud y el pan. Estamos advertidos.

El "suicidio demográfico" de España

Hay noticias claves que pasan desapercibidas. La penúltima: España tiene la natalidad más baja de Europa, 1,33 hijos por mujer, la mitad que en 1976 (2,76 hijos). Y lo peor es que la tendencia seguirá y en 2050 nacerán menos de 1.000 niños diarios. Como además somos el país más envejecido de Europa y un tercio largo de españoles tendrán más de 65 años a mediados de siglo, resulta que nos estamos “suicidando” como país: perdemos población y cada vez habrá menos jóvenes para trabajar, mantener la economía y pagar los impuestos y las pensiones. Y nadie hace nada. Porque mientras a muchos políticos se les llena la boca con “ayudar a las familias”, España es el segundo país de Europa que menos gasta en ayudas a las familias. Y la consecuencia es una natalidad por los suelos. Habría que tomar ejemplo de Francia, líder en nacimientos, que lleva medio siglo apoyando la natalidad como política de Estado, gobierne quien gobierne. Pero aquí estamos a otras cosas.

enrique ortega

Cada vez nacen menos niños en España. En 2017 habrá habido menos de 400.000 nacimientos, algo que no sucedía desde el quinquenio 1995-2000 (363.469-397.000 nacimientos) y que no se ha visto después ni antes (ver gráfico histórico de la natalidad), con más de 400.000 nacimientos en los duros años 40 de la post-guerra civil , cerca de 500.000 anuales en los años 50 y entre 600.000 y 700.000 niños nacidos durante los años del llamado “baby boom”, de 1960 a 1976. A falta de los datos del INE de todo el año, en la primera mitad de 2017 nacieron 187.703 niños en España, una media de 1.025 diarios, casi  la mitad de los nacidos en 1964, el año récord (697.697 nacimientos, 1.911 diarios). Y menos de la mitad de los 2.200 niños que nacen cada día en Francia (con 65,20 millones de habitantes).

Los nacimientos se han desplomado en España, sobre todo con la crisis (518.503 nacimientos en 2008), por una combinación de dos causas. La primera, que hay menos mujeres en edad fértil (entre 15 y 49 años), por la caída de la natalidad en los años 80 y 90: si en 2009 había 11,61 millones de mujeres que podían ser madres, en 2016 había un millón menos (10,61 millones). La segunda razón es que las mujeres españolas esperan cada vez más para ser madres, ocupadas en estudiar o hacerse una carrera profesional: si en 1976, las mujeres eran madres a los 28,5 años de media, en 1996 lo eran ya a los 30,2 años y en 2016 lo eran a los 32 años de media. Y claro, cuanto más tarde, más riesgo de que no tengan hijos.  Un dato llamativo: 1 de cada 4 españolas nacidas en 1975 no van a tener hijos nunca, según un estudio del Centre D’Estudis Demografics.


Al final, el resultado es la caída drástica de la tasa de natalidad en España: 1,33 niños por mujer en 2016, según el INE, una tasa que cae desde 2008 (1,44 niños por mujer) y desde principios del siglo (1,21 en 2000), tras haberse superado los 2 niños por mujer en 1.981 (2,03), 2,76 niños/mujer en 1.975  y haberse llegado a un récord de 2,90 niños por mujer en 1970 (y los 3,15 niños por mujer en 1900).

Con estos datos, España se coloca como el país con la tasa de natalidad más baja de Europa (2016), según los datos que acaba de publicar Eurostat (13 marzo): 1,33 niños por mujer, frente a 1,60 niños por mujer de media en la UE-28. Nos colocamos así en el pelotón de cola de la natalidad europea, junto a los países del sur, Italia (1,34 niños/mujer), Portugal (1,36), Chipre (1,39), Malta (1,37), Grecia (1,38) y Polonia (1,39). El ranking de natalidad europeo lo encabeza Francia (1,92 niños/mujer), Suecia (1,85), Irlanda (1,81), Reino Unido y Dinamarca (1,79). Y somos también el país donde las mujeres son madres más tarde (32 años, tras los 31 años de Italia) y el país donde nacen menos terceros hijos (sólo el 8,7% de los nacidos en 2016, frente al 12,2% en la UE) y menos cuartos (el 2,8% de los nacidos en 2016, mientras en Europa eran el 5,9% de los nacidos).

Si estos datos son preocupantes, lo es más que la natalidad en España va a seguir cayendo en el futuro, según las proyecciones de población hechas por el INE hasta 2065. La principal causa es que se agrava la caída del número de mujeres en edad fértil (15-49 años): habrá 1,8 millones menos en 2031 y 3,5 millones menos (-32,7%) en 2065. Y también subirá la edad a la que las mujeres españolas tienen hijos: de los 31,9 años actuales (2016) se mantendrá en 31,40 para 3031 y subirá a 33 años para 2065. El resultado es que la tasa de natalidad se mantendrá casi igual: 1,36 niños por mujer en 2031 y 1,38 niños en 2065, según el INE. Pero como habrá menos mujeres fértiles, los nacimientos caerán bruscamente: de menos de 400.000 nacimientos en 2017 a 366.402 nacimientos en 2020, 353.595 en 2030, 322.799 en 2050 y 294.003 nacimientos en 2065, menos de la mitad que un siglo antes.

Esto ya sería preocupante de por sí, pero se agrava porque España tiene otro récord demográfico: es el país con menos niños pero también el país con más viejos. España tenía en 2015 un 17,8% de población mayor de 65 años, la tasa de mayores más alta de Europa (9,8% de población mayor de 65 años) y la segunda más alta del mundo tras Corea del Sur (22,5% de mayores 65 años). Y si esto es ya un problema, lo será aún más en el futuro, porque España es uno de los países con mayor esperanza de vida (83,4 años en 2017, 3 años más que la media OCDE), que además crecerá año tras año (llegará a 88 años en 2065). Con ello, España será un país aún más envejecido en 2050: un 36,3% de españoles tendrán más de 65 años a mediados de siglo, frente al 28% de media en la OCDE (34 países desarrollados), el 30,7% en Alemania, el 26,7% en Francia o el 25,4% en Reino Unido, según la OCDE.

No hace falta ser economista para intuir que con este problema demográfico tenemos un grave problema económico: si hoy ya nos faltan jóvenes para trabajar, pagar impuestos y cotizar para pagar las pensiones, en 2050, con muchos menos niños y el doble de viejos (las pensiones pasarán de 9 a 15 millones), el problema será mucho más grave. Porque si en 2013 había 2 activos por 1 inactivo, en 2050 habrá un activo por cada inactivo: la mitad de la población trabajará, pagará impuestos y cotizará para sostener a la otra mitad, según acaba de advertir el FMI, que alerta de que la tasa de actividad de España caerá al 50% en 2050 si no se toman medidas de choque para que nazca y trabaje más gente en España y vengan 5 millones de inmigrantes.

Bueno, aquí estamos, en un país que lleva varias décadas de “suicidio demográfico”, viendo caer sus nacimientos y envejecer su población,  y que va a perder 5,4 millones de habitantes para 2066 (seremos 41,068 millones), según las proyecciones del INE. Todos los políticos se llenan la boca de promesas en favor de la familia, las últimas con los Presupuestos 2018, que incluyen ayudas fiscales a las guarderías y la quinta semana de permiso de paternidad. Pero la realidad es que España está a la cola de Europa en ayudas públicas a la familia: somos el 2º país que menos gasta, un 0,7% del PIB (unos 7.800 millones), sólo por detrás de Grecia (0,6% del PIB) y menos de la mitad de gasto que la media europea (1,7% del PIB la UE-28), según Eurostat (2016). Y por supuesto, gastamos mucho menos en familia y natalidad que Dinamarca (4,5% del PIB), Finlandia (3,2%), Chipre (3,1%), Polonia (2,5%), Francia (2,4%), Alemania (1,7%), Italia (1,5%) y Reino Unido (1,4% del PIB).

Así que no nos extrañe: décadas sin ayudar a la familia y poco apoyo a las mujeres para que sean madres y trabajen a la vez nos ha dejado este “desastre demográfico”, que es una de las mayores hipotecas de nuestro futuro, junto a la baja educación y la poca tecnología. Urge tomar conciencia del problema y conseguir un Pacto por la natalidad, para tratar de revertir la situación en unas décadas. Ahí está el ejemplo de Francia, que ha tardado más de medio siglo en revertir el grave problema demográfico que heredó tras las II Guerra Mundial. Pero lo ha conseguido y es el país líder en natalidad, gracias a que es “una cuestión de Estado”, independiente del partido que Gobierne en cada legislatura.

Las medidas a tomar para impedir el “suicidio demográfico”  son variadas y nos las han mostrado otros países, en especial Francia. La primera, crear un Ministerio de la Familia, como existe en Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Luxemburgo o Rumanía, mientras en España es competencia de una subdirección general dentro de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. A partir de esta apuesta política, hay que empezar por subir las ayudas por hijo, que en España son más bajas que en la mayoría de Europa: 24,25 euros mes por cada uno de los cuatro primeros, frente a 133/357/542 euros en Francia, 184/184/190/215 en Alemania, 107/71/71/71 en Reino Unido o 22/34/50/65 euros en Italia. Tanto el Instituto de Política Familiar como Save the Children proponen pagar 100 euros mensuales por hijo y 150 euros para familias monoparentales y pobres.


Otra medida sería mejorar la oferta de guarderías subvencionadas (escasas y caras) y rebajar el IVA de los pañales y productos infantiles que tienen el 21% (se baja el IVA al cine y no a los pañales, que deberían pagar un IVA del 4%). Además, habría que aumentar los permisos de maternidad y sobre todo de paternidad, mejorar las ayudas al alquiler para las familias con hijos, mejorar las becas y fomentar unos horarios laborales que faciliten la natalidad. Y un trato fiscal más favorable a las familias con hijos.

Un elemento clave para fomentar la natalidad es facilitar el trabajo de las mujeres que son madres, para que tengan hijos antes y tengan más que esos 1,33 de media. Este objetivo exige profundos cambios en las empresas y en los convenios, así como en la mentalidad de los hombres, que deben aumentar su ayuda (escasa) en el cuidado de los niños. En Francia, se rebajan las cotizaciones a las madres trabajadoras y además el fomento de la natalidad está presente en todas las políticas públicas, desde los descuentos en servicios públicos a las ayudas al alquiler para parejas jóvenes con hijos. Y claro, nacen más niños.

Tenemos un grave problema de población y en vez de pensar en resolverlo con ayudas eficaces, dejamos que se agrave. Y en unas décadas, estaremos ante un auténtico “suicidio demográfico”: no tendremos niños y jóvenes para sostener la economía ni las pensiones. Y sólo quedarán los recortes y dejar entrar a 5 millones de inmigrantes (como augura el FMI), para compensar la caída de población. Todavía estamos a tiempo de tomar medidas, que son eficaces en varias décadas, como ha demostrado Francia. Pero hay que tomar conciencia de la gravedad del problema y poner medios suficientes. Y volcarse en ello todos, al margen de la política, porque la natalidad debería ser un problema de Estado. Pero me temo que estamos en otras cosas. Sigan con Cataluña y el máster de Cifuentes. No se preocupen por el futuro hasta que se nos caiga encima.