Financiación autonomías: reformas o "parches"

Mañana 17 de enero, Rajoy se reúne con la mayoría de presidentes autonómicos para abordar su mayor problema: están asfixiados financieramente y algunos medio quebrados, como Valencia y Cataluña. El Gobierno promete un nuevo sistema de financiación autonómica para el verano, sustituto del actual (2009), que perjudica a Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Madrid. Urge una reforma en profundidad, no más “parches”, como los aplicados por  Rajoy en estos 5 años: ha destinado 203.874 millones de euros a 6 “rescates” de las autonomías (como los de Bruselas con Grecia), prestándolas 111 millones de euros cada día. Y a pesar de eso, siguen con déficits y muy endeudadas. Si las autonomías cargan con la sanidad, la educación, la Dependencia, los gastos sociales y muchos otros, necesitan más recursos. Y menos el Estado central. Un cambio en los ingresos y gastos que supone un cambio del poder, más descentralizado, algo que Rajoy no acepta. Ahí está el meollo del debate de financiación autonómica.


enrique ortega

Mediados de diciembre de 2011. Rajoy no había tomado aún posesión como nuevo presidente del Gobierno y ya tenía una llamada urgente del presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps (PP), para lanzarle un SOS: el 25 de diciembre les vencía un crédito de 123 millones de euros de Deutsche Bank y no tenían liquidez para devolverlo ni para pagar las nóminas de diciembre ni la Seguridad Social, a pesar del anticipo que les había dado la ministra socialista Ana Salgado unos días antes de irse. Rajoy y Montoro, aún sin jurar sus cargos, tuvieron que avalar de palabra la deuda y adelantar 110 millones más para pagos urgentes. Baleares, también gobernada por el PP, pidió otro crédito para poder pagar las nóminas de ese mes de diciembre. Y Cataluña no ingreso ese diciembre ni las retenciones ni las cuotas sociales de sus funcionarios. Las demás autonomías estaban igual: sin liquidez, endeudados y con millones de facturas sin pagar a empresas y autónomos.

Diciembre de 2016. Han pasado cinco años y las autonomías siguen financieramente asfixiadas. En la Comunidad Valenciana, el auditor acaba de advertir al nuevo presidente, el socialista Ximo Puig, que existe un grave desequilibrio de cuentas y que la autonomía tiene un patrimonio neto negativo (-25.419 millones), tras haber destinado el 40% del Presupuesto de 2015 a pagar deudas. Y tanto Cataluña como Murcia están sin liquidez, medio quebradas. Y Montoro se ha visto obligado a un pago extraordinario a las autonomías de 4.548 millones de euros en diciembre de 2016 (28% para Cataluña y 21% para la Comunidad Valenciana).

En el camino, en estos cinco años, el Gobierno Rajoy se ha visto obligado a aprobar 6 “rescates” a las autonomías, como los de Bruselas con Grecia: les ha inyectado 203.874 millones de euros en créditos blandos y subvención de intereses, entre 2012 y 2016, según los datos recién publicados por Hacienda. Son 111 millones prestados cada día, para evitar la quiebra de las autonomías, que sobreviven con el “chute” de la liquidez del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) y los préstamos para pagar a proveedores. La mayor parte de este dinero público ha ido a Cataluña (62.952 millones, el 30,8% del total), a la Comunidad Valenciana (47.853 millones, el 23,5% de los préstamos) y a Andalucía (30.416 millones, el 14,9%), seguidas a distancia por Castilla la Mancha (12.888 millones), Baleares (8.448 millones) y Murcia (8.201 millones). En total, 6 autonomías que se han llevado el 84% de todo el “rescate” autonómico, 4 de ellas gobernadas por el PP hasta el verano de 2015.

Ha sido un rescate costoso, 111 millones diarios durante 5 años, pero claramente insuficiente. Las autonomías siguen con déficits estructurales y algunas de ellas, como la Comunidad Valenciana y Cataluña, con graves problemas patrimoniales. Todas tienen elevados déficits estructurales y un “agujero” de 17.962 millones en 2015, un 1,66% de su PIB. Pero 6 autonomías tienen un déficit superior (2015): Cataluña (2,70% PIB), Extremadura (2,64%), Murcia (2,51%), Comunidad Valenciana (2,51%), Aragón (2,13%) y Castilla la Mancha (1,67%), según datos de Hacienda.

Y tras estos años de vivir a crédito, su deuda se ha disparado: deben 271.980 millones de euros a septiembre de 2016, el 24,6% de su riqueza (PIB), según el Banco de España. Y el 85% de lo deben al Estado  central, el único que les ha prestado a tipos subvencionados, porque las autonomías tienen desde 2010 el grifo del crédito cerrado en bancos nacionales y extranjeros. Cuatro autonomías concentran dos tercios de esta deuda: Cataluña (74.400 millones, el 35,6% de su PIB), la Comunidad Valenciana (43.194 millones, el 41,4% PIB, la más endeudada relativamente), Andalucía (32.316 millones, 22,4% PIB) y Madrid (29.502 millones, 14,2% PIB). Pero hay otras tres autonomías con mucha deuda en  relación a su tamaño: Castilla la Mancha (13.846 millones, 35,9% PIB, la segunda más endeudada relativamente), Baleares (8.628 millones, 31,6% PIB) y Murcia (8.098 millones, 29,8% PIB).

El problema de los rescates de estos años a las autonomías es que han elevado su deuda y el pago de intereses (aunque estén subvencionados) les supone una pesada losa sobre sus Presupuestos. Hay 4 autonomías que dedican más de un 20% de su gasto total a pagar deuda: Cataluña (23,78% gasto va a pagar la deuda), Comunidad Valenciana (23,64%), Baleares (21,46%) y Castilla la Mancha (20,05%), mientras Murcia gasta un 17% (todas las  autonomías dedican el 16% de su gasto a pagar la deuda). Eso les obliga a recortar gasto de otro lado o aumentar su déficit y su deuda. Sobre todo se resiente el gasto en sanidad  (33,2% del gasto total, de media), en educación (21,5% del total), en seguridad y protección social (6,75%) y en el resto de  políticas que hacen las autonomías (22,6% de media).

En resumen, que las autonomías tenían un grave problema de falta de recursos que el Gobierno Rajoy subsanó a base de préstamos y ahora están tan  endeudadas que tienen que dedicar a pagar intereses una parte sustancial de sus recursos, a costa del Estado del Bienestar (sanidad, educación, Dependencia, gastos sociales e inversiones). Y como los ingresos no les llegan, siguen los déficits, las deudas y el pago futuro de intereses. Una pescadilla que se muerde la cola, fruto de un “parche” que no afrontó el problema de fondo: las autonomías tienen muchas competencias y pocos recursos.

El sistema de financiación actual, aprobado por Zapatero en diciembre 2009, es insuficiente y también injusto: favorece más a unas autonomías que a otras, que llevan años quejándose. Así, si se analizan los ingresos que recibe cada autonomía por habitante (ajustados), aparecen 5 autonomías que ingresan menos del índice 100 que debía ser la media justa: Canarias (recibe 88,53 sobre 100), Comunidad Valenciana (91,24), Murcia (93,29), Andalucía  (93,55) y Madrid (95,27).También reciben menos de la media Cataluña (índice 97,53) y Baleares (98,93), según los cálculos para 2013 del Consejo de Economistas. Mientras, hay otras 5 autonomías que salen ganando, sobre todo Cantabria (índice 132,13), La Rioja (124,25), Extremadura (120,87), Castilla y León (118,30) y Aragón (115,67), aunque también acaban con un saldo favorable Asturias (114,78), Galicia (112,91) y Castilla la Mancha (107,33).

En esta clasificación de autonomías “perdedoras” y “ganadoras” con el actual sistema de financiación autonómica no están el País Vasco y Navarra, que tienen un sistema de financiación diferente: el concierto económico  o régimen foral, por el que ambos territorios recaudan todos los impuestos y luego pagan al Estado por los servicios que allí presta. Se trata de unos privilegios históricos, que se renovaron en la transición (como contrapartida a los nacionalistas moderados ante una ETA asesina) y que suponen hoy un privilegio económico real: el País Vasco ingresó 4.925 euros por habitante en 2015 y Navarra 6.020 euros por habitante, frente a 3.029 euros Andalucía, 3.165 euros Murcia o 3.231 euros Canarias. Estos mayores ingresos  (un 60% más que la media de España) permiten al País Vasco y Navarra ser las comunidades que tienen mayor gasto en educación, sanidad y servicios sociales y los impuestos más bajos de España, según el estudio del profesor Ignacio Zubiri. Y además, son las autonomías con mayor crecimiento, mayor riqueza y menor paro.

Los expertos coinciden en que el sistema de financiación autonómica actual es injusto y desigual, además de poco transparente y muy complejo. Las autonomías se financian con la cesión de una parte de los impuestos estatales (50% del IRPF e IVA más 58% de los impuestos especiales), más el 100% de los tributos cedidos (sucesiones y patrimonio)y los impuestos propios que establecen las autonomías (han pasado de 49 en 2008 a 75 en 2016) más transferencias del Estado central, compensado todo ello con varios Fondos (cuatro) para compensar su población, extensión  o  su nivel de renta. Así sale lo que recibe cada uno y de ahí se deduce que el sistema actual perjudica a Canarias, Comunidad valenciana, Murcia, Andalucía y Madrid, sobre todo, y beneficia a Cantabria, la Rioja, Extremadura y Castilla y León. Pero además, supone unos ingresos insuficientes para todos, que hay que compensar con déficits, deuda y retrasando el pago a proveedores.

Ahora, el Gobierno Rajoy promete cambiar el sistema de financiación autonómica para antes del verano, promesa que ya incumplió en 2014 y 2016. Lo primero que piden las autonomías es tener más recursos y los expertos creen que antes hay que fijar el coste real de la sanidad, la educación, la dependencia y los gastos sociales, que suponen dos tercios del gasto autonómico. Y a partir de ahí, aumentar el flujo de ingresos desde el Presupuesto del Estado. Y en paralelo, buscar una mayor co-responsabilidad fiscal, que las autonomías “se mojen” a la hora de recaudar, porque ahora el 87% de sus ingresos vienen de fuera. Y claro, así gastan con menos control que si tuvieran que fijar ellos la mayoría de los impuestos de sus ciudadanos. En tercer lugar, hay qué ver qué se hace con la deuda, con esa losa de 271.980 millones de euros, que en su mayoría deben al Estado central. Unos expertos piden que se les perdone y se parta de cero y otros creen que sería una mala idea, que incentivaría la deuda futura, y apuestan por renegociarla y pagarla a muy largo plazo.

Buscar un sistema alternativo de financiación autonómica no va a ser fácil, porque hay que encajar un difícil puzzle donde todos salgan ganando y nadie perdiendo, algo imposible. Hay dos problemas de fondo que resolver. Uno, conseguir más ingresos, lo que pasa por una reforma fiscal profunda, en el Estado y en las autonomías: España ingresa 50.000 millones de euros menos por impuestos que el resto de Europa, según la Comisión Europea, porque hay más fraude fiscal (en el IVA), pagamos menos impuestos (carburantes, alcohol y medioambientales) y, sobre todo, porque hay tres grupos que pagan menos impuestos de los que deberían: grandes empresas, multinacionales y los más ricos. O España consigue recaudar más (se puede) o las autonomías no tendrán más recursos y seguirán financieramente asfixiadas .

El otro problema de fondo es el reparto del gasto, de las competencias. Actualmente, el 50% del gasto lo hace el Estado, un 35% las autonomías y un 15% los Ayuntamientos. Pero las autonomías tienen competencias cada vez más costosas (como la sanidad, que en una década se llevará el 50% de sus Presupuestos) y deberían tener más ingresos, más “trozo del pastel del gasto”, lo mismo que los Ayuntamientos, a costa de un menor peso del Estado central. Salvo que se dé marcha atrás y aumenten las competencias estatales, como pretendía Renzi en Italia. Pero si no es así, si apostamos por un país descentralizado, el Estado central tendría que perder ingresos y poder.

No parece que Rajoy esté por la labor de que el Estado central pierda poder y recursos en beneficio de las autonomías. Ni tampoco que grandes grupos de poder (grandes empresas, multinacionales y los más ricos) paguen más impuestos para que haya más ingresos que repartir con las autonomías. Así que todo apunta a que buscará otro “parche” para afrontar la actual asfixia económica de las autonomías. Un “parche” que impedirá recuperar la sanidad, la educación, la Dependencia, los gastos sociales y muchas inversiones autonómicas que hacen falta. Urge una reforma a fondo del sistema de financiación, para que los gobiernos más cercanos, autonomías y ayuntamientos, tengan más recursos estables para gestionar mejor los servicios imprescindibles, nuestro día a día. A costa de un Estado central más pequeño.

La Justicia, para el que se la pague

Presentar un pleito en un Juzgado nos costará más dinero desde otoño, ya que todos  tendremos que pagar tasas judiciales, que ahora sólo pagan grandes empresas. También para recurrir un despido. Y además, suben las tasas para todos y doblemente en Cataluña y Valencia, que han puesto tasas propias. Una Justicia que ya era más cara desde octubre, cuando entró en vigor que paguen las costas los que pierden los juicios, algo que disuade más a los ciudadanos para ir contra la Administración. Y para septiembre, el Gobierno quiere privatizar parte de la Justicia, pasándoles servicios a los notarios. Al final, pagaremos más por pleitear y habrá que ir más lejos al Juzgado, ya que se quieren concentrar y reducir a la mitad. Y habrá más recortes en la Justicia gratuita. Mientras, la Justicia sigue siendo lenta e ineficaz.

El franquismo introdujo las tasas judiciales, a partir de 1.947, para ayudar a sostener el rehabilitado sistema judicial. Y fueron suprimidas por Felipe González, en 1986. En 2002, Aznar las recuperó, eximiendo a los particulares, pymes y Fundaciones y fijando unas tasas a grandes empresas y bancos, para casos civiles y contenciosos: una parte fija (entre 90 y 210€, más entre 300 y 600€ la apelación y casación) y una variable (0,5% cuantía). Y en 2009, el Gobierno Zapatero aprobó un depósito obligatorio para presentar cualquier recurso, entre 30 y 50€ (apelación y casación), más otros 25 euros para algunos recursos.

Ahora, el Gobierno Rajoy toma tres medidas. Una, que todos paguemos tasas judiciales, no sólo las grandes empresas. Dos, que el pago de tasas se amplíe a lo laboral (cuando se recurre), además del ámbito civil y contencioso-administrativo. Y tres, que se suben todas las tasas y bastante: se duplican las de pleitos civiles (de 150 a 300€) y los recursos de casación (al Supremo, de 600 a 1.200€) y se triplican las apelaciones (300 a 800€). Al final, litigar va a ser más caro: una demanda civil (300€), con recurso de apelación (800€) y casación (1.200 €) saldrá por 2.300 euros, más gastos (abogado, procurador, peritos, informes) y pago de costas si se pierde. Además, las nuevas tasas pueden retraer a los trabajadores a recurrir despidos y ERES: los sindicatos ya han denunciado que se busca” blindar la reforma laboral”.

Otra novedad es que se quita a los funcionarios el privilegio de acudir a los Tribunales sin abogado y procurador. Con todo, pagaremos en tasas judiciales 306 millones al año (un 20% del Presupuesto de Justicia), frente a 164 recaudados en 2011.Pero los que pleiteen en Cataluña y Comunidad Valenciana pagarán más, doblemente, porque acaban de establecer tasas judiciales propias, entre 50 y 120€, para recaudar otros 32 millones anuales.

No son las únicas subidas de la Justicia. El 31 de octubre entró en vigor la Ley de Medidas de Agilidad Procesal, aprobada por un pacto del PSOE y PP, con dos cambios importantes. Uno, limitar las apelaciones: no se pueden recurrir las sentencias de menos de 6.000 euros ni ir al Contencioso o al Supremo para cuantías inferiores a 800.000 euros. Es lo que algunos abogados critican como “dejar la justicia para los ricos”. El otro cambio generaliza que pagará las costas del juicio quien lo pierde (antes lo decidía el juez, si apreciaba temeridad o mala fe en la demanda) y amplía el pago de costas al contencioso administrativo. O sea,  que si recurrimos y perdemos, pagaremos las costas, incluso con la Administración, que nos gana tres de cada cuatro pleitos. Menos recursos y más impunidad de la Administración.

Para septiembre, Gallardón nos tiene preparada otra sorpresa: privatizar una parte de la Justicia, pasando a los notarios una parte de servicios que ahora resuelven los Juzgados: matrimonios y divorcios, declaraciones de herederos, adopciones, conflictos de lindes, convocatorias de Juntas… En vez de tasas, pagaremos aranceles (más altos). Y también se estudia dar un trozo del pastel de la Justicia a los registradores  y procuradores.

La subida de tasas judiciales ha sido muy criticada por la abogacía y rechazada por mayoría (11 a 7) del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), porque “crea una desigualdad en el acceso a la Justicia”, disuadiendo a los más pobres. El Gobierno dice que para ellos está la Justicia gratuita, el turno de oficio, al que acceden 1,7 millones de españoles (los que ganan menos de 14.910 €). Pero también aquí va a haber cambios, según Gallardón, que ha anunciado “una revisión de los criterios actuales”. De hecho, muchas  autonomías (Madrid en cabeza) restringen el turno de oficio, sobre todo a emigrantes, a pesar de que sólo supone un 6,3% del gasto judicial (256,6 millones en 2010) y cuesta menos que en Europa. Ahora, con la subida de tasas, habrá más demanda de justicia gratuita, con 14 millones de españoles como potenciales clientes (5,6 millones de parados y más de 8 millones de mileuristas).

Vamos a tener una Justicia más cara, a pesar de su mala imagen entre los españoles: un 48% piensa que funciona mal o muy mal, tres de cada cuatro piensa que los pleitos son caros, largos y no compensan, y un 70% cree que las Leyes no protegen sus derechos si les toca pleitear con una gran empresa, un banco, un rico, Hacienda o la Administración. Una Justicia lenta, ineficaz, costosa e injusta. El Gobierno cree que con la subida de tasas, habrá menos pleitos (hay 9,5 millones al año, frente a 4 en Francia) y serán más ágiles (las demandas tardan entre un año y año y medio y las apelaciones se van a 4 y 6 años). Pero la agilidad también depende mucho de los medios y faltan jueces (10 por cada 10.000 habitantes, la mitad que en Europa), falta personal (un 20% son interinos, que ahora peligran), falta tecnología (hay 8 costosos sistemas informáticos, incompatibles entre sí), faltan medios y Juzgados. Y sobran recortes: un -13,2% en los Presupuestos 2011 y 2012, aunque España gasta en Justicia menos que Europa (0,38% PIB frente al 0,50% UE).

Justicia más cara y más lejos: el CGPJ ha propuesto concentrar y reducir los Juzgados, pasando de 431 partidos judiciales a 199. Eso supondrá que los ciudadanos de Cuellar ya no tendrán Juzgado en su pueblo y tendrán que ir a Segovia. Y lo mismo los de Don Benito (a Mérida) o los de Padrón (a Santiago), por ejemplo. Si antes desaparecieron de los pueblos las estaciones, las escuelas o el médico, ahora toca a los Juzgados. Es el progreso.  

Se pagan facturas públicas bajo vigilancia

Este mes de mayo, autonomías y Ayuntamientos empezarán a pagar casi 6 millones de facturas que deben desde hace años a medio millón de empresas. Será una inyección de liquidez a la economía de 27.000 millones de euros, aunque irá más a tapar agujeros que a invertir y crear empleo. A cambio del crédito para pagarlas, que tendrán que devolver en 10 años, autonomías y Ayuntamientos han de poner en marcha este mes drásticos planes de ajuste, con más recortes, sobre todo en sanidad, educación y personal interino. Y si no lo hacen, en noviembre, el Gobierno podría intervenirles, como Bruselas a Grecia. Andalucía (por defender otra política y no sólo recortes), Cataluña y Comunidad Valenciana están bajo vigilancia del Gobierno, como 2.000 Ayuntamientos que no han presentado planes de ajuste.

enrique ortega

El mayor bloque de facturas impagadas lo han presentado las autonomías, todas salvo Galicia, País Vasco y Navarra (que tienen pocas): 3.918.986 facturas, de unas 360.000 empresas, por un importe total de 17.255 millones de euros. La cuarta parte del importe son de la Comunidad Valenciana (4.205 millones en 578.000 facturas), aunque en número lidera el ranking Andalucía (772.758 facturas, por 2.763 millones). Les siguen Castilla la Mancha (2.510 millones), Cataluña (1.984), Madrid (1.279), Murcia (1.173) y Castilla y León (1.066 millones).

Los Ayuntamientos tenían muchas más facturas, pero sólo han presentado 1.931.976 (algunas en pesetas, anteriores a 2001), de 180.000 empresas (dos tercios pymes y autónomos), por 9.584 millones (se esperaban 17.000 millones), de 4.900 Ayuntamientos (hay 8.114). Por importes, Madrid lidera el ranking (1.017 millones), seguido de Jerez (400), Jaén (300), Valencia (190), Zaragoza (160), León (161) y Huelva (150), no estando Barcelona.

En ambos casos, las facturas se van a pagar gracias a un crédito que conceden a autonomías y Ayuntamientos la mayoría de bancos, cajas y el ICO (crédito oficial), a 10 años (aunque el Tesoro adelantará el pago a las entidades a los 5 años), al 5 % de interés. Las facturas se empezarán a pagar a finales de mayo, sin abono de intereses de demora. En las autonómicas tendrán prioridad las de empresas que hagan descuentos (quitas), las que se hayan exigido ante los tribunales y las más antiguas. En las municipales, pueden hacerse quitas, pero la prioridad la tienen las facturas más antiguas, las de pymes y autónomos y las reclamadas en los tribunales.

En total, 26.389 millones que se pagarán de aquí al verano a medio millón de empresas. Será la primera inyección de liquidez tras dos años de recortes. Pero una parte del dinero irá a tapar agujeros: pagar deudas bancarias, a Hacienda (IVA y Sociedades) y a la Seguridad Social y proveedores. Y poco irá a inversión y empleo, ya que no hay apenas ventas. Además, se teme que haya un importante volumen de facturas sin aflorar: otros 35.000 millones, sobre todo en Ayuntamientos.

Este Plan para ayudar a autonomías y Ayuntamientos a pagar facturas tiene su contrapartida: han tenido que presentar a Hacienda unos duros Planes de ajuste, para asegurar que podrán devolver estos créditos (la Comunidad Valenciana, por ejemplo, tendrá que devolver, 4.205 millones más 1.200 en intereses, una cuota anual de 540 millones los próximos 10 años) : previsión de ingresos y gastos, subida de tarifas, gastos de personal… De momento, el Gobierno ha rechazado los planes de Andalucía y Cataluña (porque contemplaban ingresos del Estado que no tendrán) y hay 2.000 Ayuntamientos que no han presentado Planes de ajuste con las facturas.

Las que tendrán que hacer un mayor esfuerzo son las autonomías: para que España cumpla con el déficit impuesto por Bruselas han de recortar 15.545 millones este año (para bajar su déficit al 1,5% del PIB), mientras los Ayuntamientos sólo han de recortar 1.064 millones. Y el recorte más duro habrán de hacerlo las cuatro autonomías con más déficit: Cataluña (-4.335 millones), Andalucía (-2.460 millones), Comunidad Valenciana (-2.217) y Castilla la Mancha (-2.034 millones), aunque el esfuerzo será también duro en relación a sus cuentas para Murcia (-765 millones), Baleares (-658), Extremadura (-544) y Cantabria (-342).

En unos días, el Gobierno dirá a autonomías y Ayuntamientos si aprueba sus nuevos Presupuestos 2012, que han de contemplar nuevos recortes en sanidad y educación (al amparo de lo aprobado por el Gobierno) y reducción de personal interino y contratado (se temen 300.000 despidos). Y si no les convencen, les podrá aplicar la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria, con este calendario: en mayo, apercibimiento y obligación de establecer un depósito en el Banco de España del 0,2 % del PIB regional (391 millones para Cataluña, 286 para Andalucía o 203 para Valencia). En tres meses más, si no han corregido sus cuentas, pago de intereses por esa cuenta (multa) y  posible retención de transferencias del Estado. Y a los 6 meses, en noviembre 2012, Hacienda podría intervenir a la autonomía indisciplinada, mandarle a sus técnicos, como Bruselas con Grecia.

Y lo mismo con los Ayuntamientos, a los que se exige, además de un Plan de ajuste, el envío trimestral de sus cuentas (un tercio no han presentado todavía sus cuentas de 2010 y una cuarta parte siguen sin presentar los balances de hace cuatro años), que Hacienda va a revisar con la ayuda de auditores privados. El Gobierno estima uno de cada cuatro Ayuntamientos tendrá que ser intervenido y retenidos sus fondos, destituyendo incluso a alcaldes por mala gestión. Y que habrá que fusionar o cerrar unos 4.000, porque son económicamente inviables.

Al final, hay que poner orden en las cuentas de autonomías y Ayuntamientos. Nadie lo discute. El problema es que el Gobierno utilice la Ley de Estabilidad para atacar e intervenir a Andalucía (por buscar otra política económica, no sólo recortes) o a Cataluña (por defender su autonomía de gestión) y no la Comunidad Valenciana o Castilla la Mancha, sus dos comunidades en peor situación. No repitamos el error de Bruselas con Grecia: controlar autonomías y Ayuntamientos si, acogotarles  y hundirles con recortes imposibles, no. Porque sólo conseguirán hundirles más. Y hundir más al país.

Un parche de liquidez para las autonomías

Tres semanas ha tardado Rajoy en salir en ayuda de las autonomías, la mayoría gestionadas por el PP. El riesgo de suspensión de pagos de la Comunidad Valenciana ha disparado  las alarmas y se ha aprobado una inyección de liquidez de 11.000 millones, más créditos del ICO. Un parche para pagar nóminas y a algunos proveedores, pero que no resuelve el tema de fondo: poner orden en las cuentas autonómicas. El Gobierno aprueba este viernes una Ley para controlar las cuentas públicas y aplicar sanciones, pero hay que revisar también sus competencias y su financiación. Con todo, las autonomías son culpables del 70% de desviación del déficit y tendrían que recortar 15.000 millones este año. O 20.000 si entramos en recesión. Un recorte imposible.

enrique ortega

Las autonomías engañaron al Gobierno Zapatero, a pesar de las promesas hechas a la ministra Salgado, en julio y en octubre de 2011, de que iban a recortar su déficit. A finales de año, Rajoy se encontró (¿no lo sabía, cuando el PP manda en 11 de 17 autonomías?) con que el déficit público era del 8,2% (en vez del 6%) y que las autonomías eran culpables del 70% de la desviación (15.000 de 22.000 millones). Y nos subió los impuestos a todos. Cuatro autonomías son las culpables de tres cuartas partes de  la desviación: Comunidad Valenciana (21%), Cataluña (15,5%), Andalucía (14%) y Castilla la Mancha (11,4%).

Además de “descubrir” el agujero, el Gobierno se encontró, los últimos días de diciembre, con el SOS de algunas autonomías. La Comunidad Valenciana era un polvorín: no podía devolver un crédito de Deutsche Bank ni pagar las nóminas y ya había aplazado el pago de la Seguridad Social de sus funcionarios, a pesar de un anticipo de 480 millones que les dio Elena Salgado antes de irse. El Gobierno avaló de palabra la refinanciación de la deuda y Montoro adelantó otros 110 millones para pagos urgentes. Baleares también había pedido un crédito para pagar las nóminas. Y Cataluña no ingresó en diciembre ni las retenciones del IRPF ni las cuotas de la Seguridad Social de sus funcionarios.

El Gobierno dejó claro que no iba a dejar caer a ninguna autonomía. Y así, aprobó la semana pasada una inyección de liquidez de 11.000 millones de euros: 8.600 son anticipos de la liquidación que les correspondía en junio y otros 2.400 son efecto de ampliar a 10 años la devolución de deudas con el Estado. Además, se pondrá en marcha en dos meses una línea de crédito en el ICO para que paguen parte de  las deudas a proveedores: 14.000 millones de euros, el 70% con laboratorios y empresas sanitarias.

Dinero contante y sonante y créditos a 5 años (al 3%) para evitar la suspensión de pagos de algunas autonomías. No todas, ya que el problema se concentra en cinco : Comunidad Valenciana (la más endeudada, 19,9% de su PIB, y la tercera con más déficit, un 4,2% según Fedea), Cataluña (segunda más endeudada, 19,7%, y un déficit del 2,4%), Castilla la Mancha (campeona del déficit, un 5,8% del PIB, y con un 18,3% de deuda), Murcia (4,7% de déficit y un 10% de deuda) y Baleares ( 4,1% de déficit y 16,8% de deuda).  

Resueltos los pagos más urgentes, queda hacer frente a la deuda autonómica, 135.151 millones de euros (12,6% PIB). El problema ahora es refinanciarla, a un interés elevadísimo, por encima del 8%. Cataluña y Comunidad Valenciana, las más endeudadas, ya han pedido al Gobierno que les avale o que lance hispabonos, para pagar menos intereses, pero Rajoy se lo está pensando, como Merkel con los eurobonos. También le piden emitir deuda sanitaria, para financiar la sanidad.

El salvavidas del dinero llegará a las autonomías a finales de enero y ahora falta que, a cambio, pongan orden de verdad en sus cuentas. Cataluña es la única que lleva dos años de recortes serios y ha aprobado un Presupuesto 2012, con ayuda del PP, que reduce 1.535  millones entre recortes y subida de impuestos (con tasa turística y euro por receta). La Comunidad Valenciana anuncia un ahorro de 1.075 millones, con recortes a funcionarios y más impuestos. Y Castilla la Mancha ha añadido otra rebaja de 350 millones a los 1.815 anunciados hace cuatro meses y que no se acaban de concretar.

El Gobierno aprueba este viernes una Ley de estabilidad presupuestaria, para controlar el déficit, que incluirá sanciones para las autonomías que incumplan. Y habla incluso de reformar el Código penal para meter en la cárcel a los gestores manirrotos, una “ocurrencia” de cara a la galería, ya que lo que hacen falta son controles previos, que eviten más engaños y “sustos”: el ministro de Economía propone el control previo de los Presupuestos autonómicos, como exige Merkel en Europa para los Presupuestos nacionales.

Más control sí, pero hay que ir al fondo de la cuestión autonómica: cuánto deben gastar y cómo se financian. Definir con claridad sus competencias, suprimiendo duplicidades con el Estado central y los Ayuntamientos (incluida la supresión de la mayoría de sus 2.359 empresas públicas). Y revisar el sistema de financiación, del que se quejan la Comunidad Valenciana y Cataluña (por no primar suficiente la población) y Galicia, Murcia o Aragón, por primarla demasiado, Después, habrá que forzar a las autonomías que quieran gastar más, a pagarlo con más impuestos propios, no que tengamos que pagar los demás la Fórmula 1 o los desmanes urbanísticos de Camps, por ejemplo.

Al final, el problema es que las autonomías, manirrotas o no, van a tener que hacer las tres cuartas partes de los recortes de España en 2012. Tendrán que recortar de sanidad, educación, gastos sociales, infraestructuras y ayudas a empresas y empleo, dos tercios de sus gastos. Unos 15.000 millones para cumplir con Bruselas, que podrían ser 20.000 si entramos en recesión. Una cifra imposible para las autonomías. Eso es lo primero que hay que revisar. Salvo que queramos que cierren.

Fichajes millonarios en un fútbol en bancarrota

La Liga de las estrellas se ha estrenado esta temporada con una huelga en agosto, la primera en 27 años, para forzar a los Clubs a pagar sus deudas con 200 jugadores. Es una prueba más  de la burbuja del fútbol español, líder mundial en triunfos deportivos  y también en pérdidas y en deudas, con 12 Clubs en concurso de acreedores, seis en Primera División. El fútbol, como la economía, ha gastado sin medida y la mayoría de los 42 equipos, sobre todo los más modestos, están en bancarrota. La UEFA y la LFP quieren sanear el fútbol en tres años y que los equipos con deudas desciendan. Sin embargo, este verano se han gastado un 31 % más en fichajes, incluso equipos en suspensión de pagos.

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El fútbol, el deporte rey, es también un negocio que genera en España más de 10.000 millones de euros al año, el 1% del PIB. Pero es un negocio ruinoso: la UEFA ya ha advertido que la mitad de los equipos europeos está en números rojos, con 1.200 millones de pérdidas. Y España, el país campeón del mundo  tiene las peores cuentas: los Clubs llevan cuatro temporadas con pérdidas (385 millones de euros, 285 en Primera y 94 en Segunda) y lanzados a una loca carrera de fichajes y gastos que han sostenido endeudándose. Y en  junio de 2010, su deuda superaba los 4.000 millones: 3.456 millones los Clubs de Primera (659 Madrid, 548 Barça, 470 Valencia, 452 Atlético de Madrid, 267 Villareal, 173 Espanyol) y 556 los de Segunda. En total, deben más del doble de lo que facturan y 20 veces más de lo que debían en 1.992.

Los Clubs de fútbol, como la economía española, han vivido (y viven) por encima de sus posibilidades, en base a su particular “cuento de la lechera”: gastan millones en fichajes, pensando acabar en la Champions y arrasar en ingresos, pero luego los goles no entran y las cuentas no salen, sólo las deudas. El truco ha sido declararse en concurso de acreedores y no pagar, tampoco a los jugadores, evitando la quiebra y el descenso. Esta temporada, 12 equipos están en concurso, 6 de Primera (Zaragoza, Mallorca, Betis, Rayo, Sporting y Racing) y otros 6 de Segunda (Hércules, Huelva, Xerez, Córdoba, Cádiz y Poli Ejido), pero desde 2004 ya son 23 los Clubs que se han acogido a concurso para sortear pagar.

Las cuentas del fútbol no cuadran porque sus gastos son disparatados: un 85% son fichajes y sueldos, muchos millonarios. De los 1.000 jugadores profesionales de 1ª y 2ª, la mitad ganan 1 millón de euros al año, 50 superan los 4 millones y hay 10 (como Ronaldo o Mesi) que ganan 10 millones o más. Y a eso hay que sumar comisiones (20%), impuestos, gastos varios, directivos, etc. Y los ingresos no crecen igual. De hecho, la Liga española, la mejor del mundo, es sólo la tercera que más ingresa en Europa (1.622 millones en 2010), muy por detrás de la Premier League inglesa (2.479 millones €) y de la Bundesliga alemana (1.664) y cerca de la Serie A francesa (1.532 millones). Eso se debe a  que la Liga española ingresa relativamente menos por  socios y entradas (24,5 millones de espectadores en los campos frente a casi 43 en Alemania), por temas comerciales y, sobre todo, por las retransmisiones por TV.

La Liga de las estrellas ingresa por TV 612 millones, la mitad que la Premier League(1270 millones),menos que la Liga italiana(915 millones) y casi lo mismo que la Liga francesa(607).Y además, los ingresos por TV están mal repartidos en España: el 48% se lo llevan el Barça (157 millones) y el Madrid (140 millones), que ingresa 12 veces lo que el Betis (12 millones), cuando en Inglaterra el Manchester se lleva menos del triple que el último equipo. Este desigual reparto es fruto de que los Clubs negocian individualmente con Mediapro (también en concurso), mientras que en el resto de Europa son las Ligas las que se venden y negocian conjuntamente, consiguiendo más ingresos y un reparto más equitativo. Aquí, se intenta  cambiar el sistema, pero no podrá ser hasta 2014-15, ya que antes están casi todos los partidos vendidos.

El fútbol español adolece de una gestión poco profesional (muchos constructores haciendo negocios paralelos y ahora jeques que buscan lo mismo) y un descontrol oficial, con cuentas que llegan con 4 años de retraso a la LFP. Y con la crisis, muchos Clubs han visto reducir sus ingresos: 9 se han quedado esta temporada sin patrocinio en sus camisetas (Valencia, Sevilla, Atlético o Villareal) y otros de 2ª sin la ayuda de Ayuntamientos, Diputaciones o autonomías.

La Asamblea de la LFP aprobó en julio un Reglamento de Control Económico, impulsado por la UEFA para toda Europa, que pretende auditar a los Clubs, acabar con sus deudas en 3 años y que destinen menos del 70% a fichajes, so pena de sanciones que irán del descenso a la suspensión. Un intento de poner orden que choca con la política loca de fichajes de este verano, alguno de 40 millones: 344 millones gastados, un 31% más que en 2010. Y dos equipos, Zaragoza (en concurso) y Atlético, utilizando la ingeniería financiera para fichar a jugadores a través de un fondo de inversión radicado en un paraíso fiscal… O el Granada, recién salido de la suspensión de pagos, gastando 7,6 millones.

Al final, la burbuja sigue ahí, con los Clubs lanzados a la carrera de gastar para conseguir triunfos. Una Liga en la que hay un duopolio (Madrid-Barça), con presupuestos de 500 millones, a años luz económicamente del resto, con lo que muchos piensan que "hay 18 equipos que no pueden ganar la Liga".  Y que si los Clubs gestionan bien y ajustan sus cuentas, no estarán nunca arriba de la tabla, como le ha pasado al Deportivo de la Coruña, ahora en 2ª después de ganar la Liga hace diez años. Por eso va a ser difícil acabar con los triunfos a base de talonario. Pero no queda más remedio. La burbuja del fútbol, sus sueldos y su deuda, es una provocación en un país con 5 millones de parados. Y más ahora que han metido el déficit cero en la Constitución.