Más deuda: la peor herencia de Rajoy

No sabemos si 2019 tendrá nuevo Presupuesto o si el Gobierno Sánchez prorrogará el de 2018 (lo más probable). Pero sí sabemos algo: el primer gasto que incluirá serán 32.000 millones para pagar los intereses de la deuda, una prioridad por delante de las pensiones, sanidad o educación. Lo obliga la Constitución, tras la reforma pactada por ZP y Rajoy en 2011. Tendremos que afrontar la peor herencia de Rajoy, junto a los recortes, la precariedad y la pobreza: haber aumentado un tercio la deuda pública, hasta los 1,16 billones, un récord en un país que lleva 500 años con graves problemas de deuda, desde Carlos V. Debemos 25.000 euros por español, una hipoteca que se ha llevado 290.000 millones para pagar intereses a inversores y bancos en los últimos 10 años. Y ahora, con la subida de tipos, pagar la deuda nos costará más. Por eso, urge un Pacto para reducirla, aumentando la recaudación fiscal, no bajando impuestos. No podemos dejar esta pesada losa a nuestros nietos.

enrique ortega

España es “el único país del mundo que ha sufrido la adicción a la deuda durante 5 siglos” y el país que tiene “un mayor historial de bancarrotas e impagos” de la deuda desde el siglo XVI, según explica el profesor Francisco Comín en su interesante libro “La crisis de la deuda soberana en España 1500-2015”, un repaso histórico a los episodios de deuda e impagos desde Carlos V hasta Rajoy. Tras la deuda con los Austrias y los Borbones, con múltiples suspensiones de pagos y una “leyenda negra” como país mal pagador,  el primer récord “moderno” de deuda pública se alcanzó en 1879 (con el general Martínez Campos y Alfonso XII), cuando la deuda española alcanzó el 165% de la producción del país (PIB). En 1898, al acabar la Guerra de Cuba, seguía en el 124% del PIB y empezó el siglo XX con el 101% de deuda en 1909. Luego bajó, tras la I Guerra Mundial (39%) y la II (59% del PIB), y más tras la Guerra Civil, hasta un 22,4% de deuda en 1944 y un mínimo del siglo en 1.975, al morir Franco: la deuda era sólo de 39.819 millones de euros de hoy, el  7,3% del PIB español.

Con la democracia y la Transición, aumentaron las demandas de gasto y la deuda pública se triplicó en tres años, hasta el 22,2% del PIB en 1977. Se duplica para 1993 (56,1% del PIB), tras los fastos del 92 (Olimpiada y Expo) y la crisis, alcanzando un máximo del 67,4% en 1996. A partir de ahí, se suceden “los años de vacas gordas” y la deuda alcanza un mínimo en 2007: 384.662 millones, el 35,6% del PIB. Pero viene la crisis y Zapatero aumenta el gasto público y con él la deuda, que deja al irse, en 2011, en 744.323 millones, el 69,5% del PIB. Rajoy reduce el déficit pero aumenta la deuda año tras año, superando otra vez el 100% del PIB en marzo de 2016 (100,8%), casi como en 1909. En 2017, la deuda cerró con 144.425 millones (98,3% del PIB) y en junio de 2018, un mes después de irse Rajoy, alcanzó un récord histórico en cantidad: 1.163.885 millones de euros, el 98,3% del PIB, según el Banco de España. Era un tercio más (+419.562 millones, un 56% más) de la deuda que recibió Rajoy de ZP en 2011. Eso supone que debemos 25.000 euros por español.

Con esta deuda pública (97% del PIB en 2017), España es el 18º país más endeudado del mundo, por detrás de Japón (debe el 224% de su PIB), Grecia (180%), Líbano (142), Yemen (136%), Italia (131%), Portugal (128%), 9 paises en desarrollo, Bélgica (104% del PIB) y Canadá (98%), según CIA World Factbook. Y somos el 7º país de Europa con más peso de la deuda pública en junio de 2018 (98,3% del PIB), tras Grecia (179,7%), Italia (133,1%), Portugal (124,9%), Bélgica (106,3%), Chipre (104%) y Francia (99,1%), según los recientes datos de Eurostat, que fija la deuda media de la UE-28 en el 81% del PIB comunitario.

¿Quién ha contraído esta deuda en España? Más de las tres cuartas partes de la deuda pública española la tiene la Administración Central (1.032.903 millones en junio 2018), que ha triplicado su deuda con la crisis (318.869 millones en 2007) y la ha casi duplicado con Rajoy (624.238 millones deuda Administración Central en 2011). La cuarta parte de la deuda española la tienen las autonomías (293.246 millones en junio 2018), que tenían sólo 61.960 millones de deuda en 2007 y 145.879 en 2011. Las autonomías más endeudadas son Cataluña (78.489 millones), Comunidad Valenciana (46.322 millones), Andalucía (34.329 millones) y Madrid (34.009 millones) Luego hay otros 29.413 millones que deben los Ayuntamientos, los únicos que han reducido deudas (debían 36.819 millones en 2011) y 34.888 millones de deuda de la Seguridad Social, que se ha duplicado (17.169 millones debía en 2011), según los datos del Banco de España. Al final, la suma de estas deudas da más de la cifra global, 1.163.885 millones de deuda pública, que es la que cuenta, porque hay traspasos de deuda entre administraciones que hay que depurar después.

¿Por qué la deuda pública ha aumentado en un tercio con Rajoy, si su Gobierno redujo el déficit público del 9,64% del PIB (2011) al 3,1% (2017)? Básicamente, porque la deuda no sólo aumenta por financiar con ella el déficit público. Según un estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el 25% del aumento de deuda pública con Rajoy (+419.562 millones) se debe a la debilidad de las cuentas públicas (con la crisis, caen los ingresos públicos), otro 21% a gastos derivados de la crisis (203.874 millones del Fondo de liquidez autonómica y 41.800 millones del Plan de pago a proveedores de autonomías y Ayuntamientos, más 30.000 millones de deuda por el déficit de tarifa eléctrico), un 8% por el pago de intereses de la deuda (85.000 millones), un 7% por las ayudas a la banca, un 4% para pagar los rescates de Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre y un 6% más (25.192 millones) de los préstamos hecho en 2017 y 2018 a la Seguridad Social para tapar su déficit. El Gobierno Rajoy rebajo el déficit con los recortes, pero otros gastos los pospuso vía deuda.

Cara al futuro, parece muy difícil rebajar la deuda pública heredada de Rajoy. La última previsión de la Comisión Europea (julio 2018) estima que España sólo rebajará su deuda del 98,3% del PIB en 2017 al 97,6% en 2018 y el 95,9% en 2019, año en que todavía seríamos el 5º país europeo con más deuda, tras Grecia (170,3% del PIB), Italia (129,7%), Portugal (119,5%) y Bélgica (100,2%). El Gobierno Sánchez, en los escenarios presupuestarios que ha enviado a Bruselas, apuesta por bajar más la deuda, al 95,2% del PIB en 2019, para dejarla en el 89,1% en 2021, casi el triple que antes de la crisis (35,6% en 2007) y muy por encima del tope del 60% del PIB que fija la UE para los paises del euro. La AIReF estima que España no alcanzará ese nivel de deuda del 60% hasta 2034 (dentro de 15 años) y eso si los Gobiernos cumplen con la reducción del déficit pactada con Bruselas…

El problema de la deuda es que hay que pagarla, amortizando cada año una parte y sobre todo, pagando intereses anuales a los que la tienen: el 44% son inversores extranjeros (fondos y bancos), el 22% el BCE, el 16% bancos españoles y el resto inversores institucionales y particulares españoles. Y estos intereses son “sagrados”, más desde 2011, cuando Zapatero y Rajoy pactaron una reforma exprés de la Constitución para incluir que los pagos de intereses de la deuda “gozarán de prioridad absoluta” (artículo 135). Eso quiere decir que hay que pagar los intereses de la deuda lo primero de todo, antes incluso que las pensiones, la sanidad o la educación, que no tienen esa prioridad constitucional. Una exigencia de Alemania, Francia y sus inversores y bancos, para asegurarse que España siempre va a pagarles...

El pago de esos intereses de la deuda supone ya la segunda partida más importante de los Presupuestos del Estado, tras las pensiones (144.834 millones en 2018): se llevan 31.547 millones de euros en 2018 (el pago de intereses era la mitad, 16.609 millones en 2008), más del doble que el gasto en los parados (17.702 millones para subsidios) y tanto como el gasto en  investigación (6.041), educación (2.600), Sanidad (4.251), servicios sociales (2.512), infraestructuras(5.675), subvenciones al transporte (2.108), Industria y energía (5.768) y Justicia (1.780 millones) juntos. O sea, que si tuviéramos la mitad de deuda y pagáramos la mitad de intereses, podríamos gastar más en servicios públicos. Baste un dato espectacular: entre 2008 y 2018, España ha pagado intereses por su deuda a inversores y bancos por un importe de 290.000 millones de euros, lo que da para pagar casi 2 años de pensiones.

De cara a 2019, el problema de la deuda se va a agravar aún más para España. Primero y fundamental, porque el 1 de enero, el Banco Central Europeo deja de comprar deuda pública de los paises, una ayuda inestimable que el BCE inició en marzo de 2015 y que ha permitido asegurarnos la colocación de una parte de nuestra deuda (250.711 millones, una media de 80.000 millones al año), además a tipos bajos. Ahora, ya no tenemos este “colchón” del BCE, muy tranquilizador, y España tendrá que colocar su deuda en el mercado, buscando inversores que confíen en el país y no pidan demasiado interés. Y somos un país muy vulnerable, porque España tendrá que emitir 220.000 millones de nueva deuda en 2019, para cubrir las amortizaciones y pagos necesarios más financiar el déficit previsto en 2018 (2,7% del PIB). Mucha deuda para financiar un año en que además de los nervios de los mercados (por la situación en Italia y el estancamiento en la zona euro) habrá una subida de los tipos de interés, después del verano. Y se estima que una subida de tipos del 1% le cuesta a España 3.600 millones más en el pago de intereses de la deuda.

Así que si la deuda es una pesada hipoteca, en los próximos meses y años nos va a costar más pagarla. Por eso, tanto la Comisión Europea como el FMI y la OCDE llevan años pidiendo a España que reduzca su deuda pública, porque nos hace muy vulnerables, al depender demasiado de inversores extranjeros (los famosos “mercados”) que se pueden poner nerviosos y no financiarnos o pedirnos más rentabilidad, a costa de tener que recortar otros gastos públicos necesarios. Ahora, la nueva ministra de Economía, Nadia Calviño, se ha sumado a este coro de expertos y ha señalado que “la deuda pública es uno de los tres grandes problemas estructurales de España, junto al paro y a la pobreza”. Y tan estructural, como que lo arrastramos desde Carlos V…

Entonces como ahora, el problema es el mismo: España gasta más de lo que ingresa y por eso tiene que endeudarse. Así que la solución es doble: o gasta menos o ingresa más. Gastar menos es posible, pero no parece fácil, dadas las enormes demandas sociales sin resolver y sobre todo porque España gasta mucho menos que el resto de Europa: el 41% del PIB frente al 45,8% de media en la UE-28, el 56,5% en Francia, el 48,9% en Italia el 43,9% en Alemania o el 41,1% en Reino Unido, según Eurostat. A lo claro: que gastamos unos 56.000 millones menos cada año que la media de europeos. La otra opción es ingresar más, lo cual debería ser posible, porque recaudamos bastante menos que Europa: el 37,9% del PIB (2017) frente al 44,9% en la UE-28, el 53,9% en Francia, el 46,6% en Italia, el 45,2% en Alemania o el 39,1% en Reino Unido, según datos de Eurostat. A lo claro: que si recaudáramos como europeos, ingresaríamos 81.650 millones más cada año. Como para reducir el déficit y la deuda y además poder gastar más.

Así que reducir la deuda es posible, siempre que se haga un gran Pacto político y social, con el objetivo, por ejemplo, de rebajarla al 60% del PIB en 10 años, para 2028, 6 años antes de lo que estima la AIReF. Eso puede hacerse si aumenta la recaudación entre 20.000 y 40.000 millones anuales los próximos años y dedicamos la mitad de esos ingresos extras a amortizar deuda. Y se puede aumentar la recaudación si se consigue que paguen más impuestos los que hoy pagan pocos (grandes empresas, multinacionales y los más ricos), si se racionaliza el IVA (quitando tantos tipos reducidos y parte del fraude) y el IRPF (quitando tantas exenciones), además de conseguir nuevos ingresos con los impuestos verdes y tecnológicos. Como no puede reducirse la deuda es bajando impuestos, como defienden PP y Ciudadanos. Salvo que apliquen más recortes drásticos del gasto, que es mucho menor al europeo.

Al final, el gran problema de la deuda es que las tres cuartas partes es deuda a largo plazo y los intereses se estarán pagando hasta 2050 y después. O sea, que la deuda que hemos generado nosotros la pagarán nuestros hijos y nietos. Esa es la gran injusticia de la deuda, la pesada losa que les dejamos en herencia: el pago obligado de intereses año tras año, a costa de que no puedan gastar en otras cosas. Por eso, por justicia con las futuras generaciones, hay que recortar la deuda pública como sea.

Pensiones y el órdago de los Presupuestos 2018

Mañana 3 de abril, el Gobierno presenta los Presupuestos 2018, sin apoyos para aprobarlos. Un órdago de Rajoy al PNV y al PSOE, con un chantaje claro: a ver si os atrevéis a no apoyar unos Presupuestos que dan “caramelos” a los jubilados, funcionarios, autonomías y familias. Son, una vez más, “trucos”: las ayudas a pensionistas suponen 10 euros de media al mes para 6,7 millones y los funcionarios, autonomías o familias apenas se llevan un pellizco de lo mucho que les han recortado. Y todo el gasto social, desde las pensiones a sanidad o educación, crece menos que la economía. Porque el Gobierno vuelve a recortar el déficit, hasta el 2,2% del PIB, más que Francia o Italia, aunque tengamos el doble de paro. Es un Presupuesto electoralista, con muchas “trampas”, que no consolida la recuperación ni el empleo y no corrige la desigualdad y la pobreza. Habría que recaudar 40.000 millones más (se puede) y gastar mucho más en lo necesario, no repartir “caramelos” electoralistas que a nadie engañan.

enrique ortega

El Gobierno Rajoy aprobó en diciembre la prórroga para 2018 de los Presupuestos 2017, como ya hizo en 2017, prorrogando los de 2016 antes de que aprobara, en junio de 2017, unos Presupuestos para medio 2017. Pero en enero, el ministro Montoro empezó a decir que el Gobierno quería aprobar unos Presupuestos para 2018, para dar imagen de estabilidad ante Europa y los mercados, dada la crisis de Cataluña. Y lanzó un doble chantaje al PSOE: los Presupuestos eran la garantía de una mayor subida para los funcionarios (como querían los sindicatos) y de mayores recursos para las autonomías (escasas de fondos y muchas gobernadas por el PSOE). Pero no consiguió apoyos. Y en esto, los pensionistas se lanzan a las calles y el Gobierno Rajoy ve una posibilidad de “matar dos pájaros de un tiro”: calmar a los pensionistas con algunas subidas y meter estas mejoras en los Presupuestos, para forzar a los demás partidos (sobre todo al PNV y al PSOE) a apoyarlos.

Y así, el Gobierno aprobó el viernes 27 de marzo unos Presupuestos en solitario, apoyados sólo por Ciudadanos y sin el apoyo de los grupos canarios y el PNV, imprescindibles para  sacarlos adelante (como hizo en 2017). Es un órdago en toda regla, que juega con 4 cartas marcadas incluidas en estos Presupuestos 2018: ayudas extras a los pensionistas, los funcionarios, las autonomías, las familias y los jóvenes. “Son unos Presupuestos que benefician a todo el mundo y los que no los apoyen tendrán que explicar por qué lo hacen”, señaló el ministro Montoro tras el Consejo de Ministros.

El primer “caramelo” de estos Presupuestos 2018 son las ayudas a los pensionistas. Se trata de una subida extra, con efectos desde el 1 de enero, para 6.730.000 pensionistas (dos tercios del total), que varían según su pensión: un 3% para las pensiones mínimas (2.400.000) y las no contributivas (450.000), un 2% a las viudas (500.000), un 1,5% para las pensiones de menos de 700 euros (1.500.000 pensionistas) y un 1% de aumento para las pensiones de 700 a 860 euros (1 millón). En total, el “caramelo” supone un gasto extra de 1.000 millones de euros, lo que, repartido entre los 6,73 millones de pensionistas beneficiados da… 148 euros por pensionista, o sea unos 10 euros más que van a cobrar en 14 pagas este año 2018… si se aprueban los Presupuestos. Y para casi la mitad, la subida del 1,5% o menos se la comerá la inflación prevista (1,5%). El tercio restante de pensionistas, casi 3 millones, no reciben nada nuevo, sólo la mísera subida del 0,25% aprobada antes.

El segundo “caramelo” de los Presupuestos se dirige a los 2,5 millones de funcionarios, a los que ya no les subirán el sueldo un 1%, como en 2017, sino un 1,75% en 2018, tras un pacto con los sindicatos que contempla una subida del 6,9% al 8,79% entre 2018 y 2020. Pero al final, la mayoría de los funcionarios cobrarán unos 50 euros más de media cada mes y la inflación (1,5%) se llevará la mayor parte de la subida, tras haber perdido un 14% de poder adquisitivo desde 2010. Además, el Presupuesto incluye otra extra para la Policía Nacional y los guardias civiles: en 3 años cobrarán lo mismo que los Mossos d´Escuadra, aunque este año sólo se paga una parte (500 millones) y se deja el grueso (701 millones) para 2019 y 2020.

El tercer “caramelo” son 4.230 millones más de aportación del Estado a las autonomías, no porque Montoro se sienta “espléndido”  sino porque se prevé recaudar más y las autonomías se llevan entonces más en su reparto de los impuestos. Un dinero que llevan varios meses esperando, ante la falta de un Presupuesto, y con el que el Gobierno presiona a las autonomías socialistas, muy necesitadas de estos fondos, tras 6 años de recortes y sin que Rajoy haya aprobado un nuevo sistema de financiación autonómica, como prometió en 2016.

El cuarto “caramelo” son rebajas fiscales varias y ayudas a la familia y a los jóvenes, un “caramelo” que quiere apuntarse Ciudadanos y que cuesta unos 2.000 millones de euros en el Presupuesto 2018. Por un lado, se sube el mínimo exento del IRPF de 12.000 a 14.000 euros, con lo que 3.500.000 españoles no tendrán ya que declarar IRPF (1 millón de ellos, pensionistas). Además, pagarán menos Renta los que ganan entre 12.000 y 18.000 euros. Por otro, se dan deducciones fiscales a familias  para guarderías (hasta 1.000 euros anuales) y a familias con dependientes, ampliando los permisos de paternidad de 4 a 5 semanas. Y al margen del tema fiscal, el Presupuesto 2018 incluye el pago de 430 euros a los jóvenes que trabajen y se formen, aunque esto lo pagan los Fondos europeos, no Montoro. Y también se “vende” que estos Presupuestos aumentarán el gasto en becas, Dependencia y Ciencia, un “pequeño caramelo” tras los drásticos recortes hechos entre 2012 y 2016.

En principio, estos “caramelos” del Presupuesto 2018 “suenan bien”, deberían gustar a todo el mundo, aunque sean insuficientes. El problema es que “esconden” la otra parte del Presupuesto, el resto de los gastos, que suben muy poco o nada. Y eso porque este Presupuesto 2018 es otro Presupuesto de ajuste, el 7º de Rajoy, se venda como se venda (“son los Presupuestos más sociales de la historia del PP”, dicen en Génova). Y eso porque el gran objetivo es reducir otra vez el déficit público, del 3,07% en que cerró en 2017 al 2,2% prometido a Bruselas en 2018. Eso significa, a lo claro, que la diferencia entre gastos e ingresos públicos se reducirá otros 10.000 millones en 2018.

¿Cómo se puede a la vez gastar más en “caramelos” y otras partidas y a la vez rebajar el déficit público, reducir el agujero de las cuentas públicas? Pues creciendo más , recaudando más y gastando poco. Por un lado, Rajoy ha subido el crecimiento previsto en 2018 del 2,3 (octubre) al 2,7%, con lo que espera ingresar 12.000 millones más en 2018 (algo "increíble", según los técnicos de Hacienda GESTHA). Y además, va a subir el gasto en la mayoría de las partidas menos del crecimiento nominal de la economía, menos del 4,2% (2,7% del PIB+1,5% inflación), para poder recortar el déficit.

Así, nos venderán subidas en casi todo, pero inferiores al 4,2%, con lo que en realidad esas partidas de gasto pierden peso. Un ejemplo, las pensiones: el gasto crece año tras año y en 2018, pero el peso del gasto en pensiones está cayendo: en 2013, España gastaba un 10,6% del PIB en pensiones y en 2017 gastamos un 9,9%. Menos, aunque sean más euros. Y lo mismo pasa en sanidad (baja gasto del 6% del PIB en 2017 al 5,8% en 2018), educación (baja del 3,9% al 3,8%) y gastos sociales (bajan del 16,5% del PIB en 2017 al 16,2% en 2018): llevan años creciendo el gasto menos que la economía, perdiendo peso y deteriorándose así el Estado del Bienestar en España. Otro ejemplo: en Dependencia, el Presupuesto 2018 sube sólo 46 millones (fueron +100 millones en 2017), casi los que se dejaron de gastar en 2017 (44 millones) porque las autonomías no pudieron poner su parte (ahora tendrán que poner 184 millones en seis meses y como no podrán, tampoco esos 46 millones extras se gastarán), según denuncian los Directores de Servicios Sociales.

Así que el Gobierno Rajoy no sólo echa un órdago a los demás partidos con el Presupuesto 2018 sino que hace de “trilero” con las cuentas: sube unas partidas ostensiblemente, para frenar protestas con pequeñas mejoras en vísperas de las elecciones 2019, y aumenta poco otras, para poder seguir recortando el déficit público por debajo del 3%, algo difícil y sin sentido. Difícil, porque el Banco de España no se cree que el Gobierno rebaje el déficit este año al 2,2% (creen que será del 2,5%), como tampoco Bruselas (creen que será del 2,4%). Y eso porque Montoro siempre exagera al hacer el Presupuesto y contempla más recaudación de la que luego consigue, con lo que ningún año ha cumplido el déficit (salvo en 2017). Y además, es un esfuerzo sin sentido porque, inicialmente, el tope del déficit para los países euro es del 3%. Y hay países como Francia e Italia que han hecho un Presupuesto 2018 con una previsión de déficit del 2,6%. ¿Tiene sentido que España se sacrifique en tenerlo más bajo cuando tenemos menos renta, más pobreza y desigualdad y el doble de paro? No, salvo para que Rajoy presuma “de rigor” ante los fundamentalistas del déficit de Bruselas.

El problema de fondo de estos Presupuesto 2018 no son los “caramelos” que incluye para forzar a apoyarlos. La clave es que no son los Presupuestos que necesita España. Básicamente, porque hacen falta unas cuentas públicas que consoliden la recuperación y el empleo, que permitan crecer más en un año en que no tendremos “ayuda externa” como en el pasado, porque están subiendo el petróleo, el dólar y los tipos, que juegan en nuestra contra. Lo que la economía necesita no son más recortes ni gastos “maquillados”, sino un impulso desde los Presupuestos, con más gasto en lo que nos hace falta: un Plan de choque contra el paro (5.000 millones), un Plan de empleo para los jóvenes (3.000 millones), una mayor financiación de las pensiones (25.000 millones, para tapar los 17.000 millones de déficit y permitir unas subidas dignas), una recuperación de la sanidad, la educación y la Dependencia (con 10.000 millones más de gasto mínimo), un Plan contra la pobreza (2.000 millones) un empuje a la Ciencia y a la industrialización (2.000 millones) y un programa de inversiones públicas (3.000 millones) que modernice infraestructuras y potencie la inversión privada. En total, unos 50.000 millones extras, no los pequeños “caramelos” que nos venden ahora.

Y estos gastos se pueden afrontar, en dos años, si los Presupuestos afrontaran su principal reto: recaudar más. El gran problema de España, como insisten los expertos, la Comisión Europea, la OCDE y el FMI, es que tiene muchos menos ingresos públicos que el resto de Europa: en 2018, según datos de Bruselas, recaudaremos un 38% del PIB mientras la media de la UE-27 recaudará el 44,6%. Eso se traduce en que España recaudará este año 72.000 millones de euros menos que la media europea. Una cifra que permitiría gastar mucho más. Y recaudamos menos, según la Comisión Europea, porque recaudamos menos por IVA (demasiadas excepciones al 21%), por carburantes (Montoro se niega a subir impuestos al gasóleo, por le pide Bruselas), por impuestos medioambientales, por IRPF (demasiadas deducciones) y por sociedades (demasiadas exenciones).

No se trata de subir los impuestos a la mayoría que ya pagamos (asalariados, pensionistas y familias pagan el 83% de los impuestos) sino de reducir el fraude fiscal y subir los impuestos a los que pagan poco (“legalmente”): grandes empresas, bancos, multinacionales y los más ricos. Pero de esto no quieren oír hablar el PP y Ciudadanos, que se pelean por ver “quien baja más los impuestos”. Y lo que hace falta es subir la recaudación, acercarla a niveles europeos, no bajarla. Porque sólo recaudando más se puede gastar más y hace mucha falta hacerlo para que la recuperación llegue de verdad a la mayoría. Y para que las mejoras a los pensionistas, funcionarios, jóvenes y familias sean de verdad y no "cosméticas", con reformas de fondo que no se afrontan, como la de las pensiones o la reforma fiscal. 

Ya tenemos Presupuestos 2018 y a finales de abril, cuando se voten las enmiendas a la totalidad, se verá si salen adelante (con “caramelos” de verdad para vascos y canarios: cupo, inversiones AVE, recortes tarifa eléctrica industrias, régimen especial canario, inversiones y ayudas al transporte)  o si se devuelven al Gobierno, que podría entonces aprobar las mejoras a pensionistas, funcionarios, autonomías y familias con varios Decretos-leyes, como ha hecho otras veces. Pero se habrá perdido una oportunidad  de oro para debatir y aprobar unos Presupuestos que de verdad ayuden a la economía y no busquen votos. Unas cuentas públicas que consigan más ingresos públicos y los gasten en lo que hace falta. Unos Presupuestos que consoliden la recuperación y apuesten por un país menos desigual y más justo.