La pobreza se estanca

España crece, crea empleo y baja la inflación, pero casi la mitad de los españoles tienen problemas para llegar a fin de mes y 1 de cada 4 personas está en riesgo de pobreza, según la última estadística del INE. Son una décima menos que en 2024, pero como somos más habitantes, hay más españoles en riesgo de pobreza. Y tenemos más “pobres”, personas que ganan menos del 60% de la media: son 9.666.291 personas. Así que, pese a nuestro mayor crecimiento, España es el 5º país con más pobreza de Europa. Y aunque han aumentado las ayudas públicas, están mal diseñadas y tenemos 4 millones de personas muy vulnerables, con carencias materiales severas. Y la pobreza infantil ronda los 2 millones de menores. Urge tomar medidas, mejorando los sueldos más bajos, reduciendo el subempleo, promoviendo alquileres asequibles y aprobando ayudas para familias con niños, el epicentro de la pobreza. Precisamente, el Gobierno aprobó este martes una ayuda de 200 euros al mes por hijos menores de 18 años, pero sin concretar cuándo ni cómo se podrá pagar. Hay que repartir mejor el crecimiento, porque demasiadas personas no lo notan.

                               Enrique Ortega

Europa es un continente con un alto nivel de vida pero también tiene muchas personas en situación vulnerable: en 2024, 93,3 millones de personas en la UE estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, el 21,0% de la población (tasa AROPE), según Eurostat. Un dato que incluye los europeos que sufren una de estos tres situaciones: pobreza monetaria (ingresar menos del 60% de la renta media de cada país UE), carencia material severa (problemas para comer adecuadamente, afrontar gastos o mantener la vivienda a una temperatura adecuada) o bajo nivel de empleo (trabajar menos del 20% potencial). De 2025 no hay todavía datos europeos, pero sí de España: el porcentaje de españoles en riesgo de pobreza o exclusión social fue del 25,7%, según el INE, bajando sólo una décima respecto a 2024 (25,8%, cuando éramos el 4º país UE con más riesgo de pobreza, tras Bulgaria, Rumanía y Grecia). Pero como ha crecido la población española en 2025 (+ 442.428 habitantes), ahora hay más españoles en riesgo de pobreza (12.739.676 personas) que en 2024 (12.675.100).

Veamos los tres indicadores que componen la tasa europea AROPE. El primero y más importante es la tasa de pobreza monetaria, los que ingresan menos del 60% de la media del país (en 2025, menos de 12.220 euros los solteros y menos de 25.663 euros las familias con dos adultos y dos niños): eran el 19,5% de la población española, dos décimas menos que en 2024 (19,7%). Pero como la población ha aumentado en 2025, el número de habitantes pobres es casi igual  (9.666.291 personas, 11.983 menos que en 2024). El mayor porcentaje de “pobres” se da en familias con niños, con un 28,5% de menores de 16 años viviendo en familias pobres, casi 2 millones de niños, lo que nos coloca como el 2º país europeo con más pobreza infantil (tras Rumanía). Además, la pobreza monetaria (19,5% de la población) es mayor en Melilla (39,3%), Ceuta (37%), Andalucía (27,7%), Murcia (26,7%), Extremadura (26,2%) y Comunidad Valenciana (26%), según el INE.

El segundo indicador de exclusión social es la carencia material severa, las personas que carecen de 4 de estos 9 conceptos: no pueden irse de vacaciones al menos 1 semana (el 32,2% de los españoles, 16 millones de personas), no pueden comer carne, pescado o pollo al menos cada dos días (5,4% de la población, 2,7 millones de personas), no pueden calentar su casa (el 15,9%), no pueden afrontar gastos imprevistos (el 36,4%de la población, 18 millones de personas), han tenido retraso en el pago de sus gastos de vivienda o compras a plazo (13,3%), no pueden tener un coche (5,4%), ni teléfono ni televisor ni lavadora. En conjunto, sufrían esta carencia material severa el 8,1% de los españoles en 2025, prácticamente 4 millones de personas (62.420 menos que en 2024, cuando eran el 8,3%).

El tercer indicador de exclusión social es tener un nivel de empleo mínimo, trabajar en 2025 menos del 20% del tiempo potencial: les pasó al 8% de los españoles, unos 4 millones de personas, el mismo porcentaje que en 2024, a pesar de la mejoría del empleo. La mayoría de los excluidos cumplen 1 de estas 3 condiciones (sobre todo la pobreza monetaria, por sus bajos ingresos), pero hay un 1,4% de españoles (700.000 personas) que cumplen las tres condiciones: bajos ingresos, varias carencias materiales severas y un mínimo nivel de empleo. Son los más vulnerables de los vulnerables.

Otro dato que revela la Encuesta del INE es el nivel de desigualdad de España, medido con dos indicadores. El primero, el índice S80/20 indica la relación de ingresos entre el 20% de la población que más gana y el 20% que menos gana: era de 5,2 veces en 2025, menos desigualdad que en 2024 (5,4 veces) y que en 2019 (5,9 veces). El segundo, el índice de Gini, que cuanto más bajo es refleja menos desigualdad: ha bajado de 33 en 2019 a 31,2 en 2024 y 30,8 en 2025, el índice de desigualdad más bajo desde 1989. Pero todavía tenemos mucha más desigualdad que la media UE-27 (índice 4,66 veces en 2024) y que Alemania (4,49) o Francia (4,66), aunque menos que Italia (ganan 5,53 veces más los más ricos), según Eurostat.

Fuera de estos indicadores de pobreza y desigualdad, el INE ha publicado otro dato importante, en su Encuesta de Condiciones de Vida 2025: los españoles que tienen problemas para llegar a fin de mes. Y la estadística mejora, pero poco. El 8,5% de la población (4,2 millones de personas) tiene “mucha” dificultad para llegar a fin de mes, menos que en 2024 (9,1%) aunque más que antes de la pandemia, en 2019 (7,4% tenían entonces “mucha” dificultad para llegar a fin de mes). Otro 12,1% llegan a fin de mes “con dificultad” (12,7% en 2024 y 14,2% en 2019). Y un 25,3% llega “con cierta dificultad” (25,6% en 2024 y el mismo 25,3% en 2019). Así que, sumando los tres grupos, casi la mitad de los españoles (el 45,9%) tiene algún problema para llegar a fin de mes, algo menos que en 2024 (47,4%) y que en 2019 (46,9%), aunque entonces había menos población. Los que tienen más problema para llegar a fin de mes (con “mucha” dificultad) son los hogares con un adulto y uno o más niños (el 19,6%) y los hogares de Castilla la Mancha (12,7% llegan a fin de mes con “mucha” dificultad), Murcia (12,1%), Canarias (11,5%), Andalucía (11,3%) y Ceuta (10,5%).

A la vista de estos datos, queda claro que España tiene un problema de pobreza, desigualdad y para llegar a fin de mes, aunque la economía y el empleo crezcan más que nunca. Y a pesar de que en los últimos años se hayan disparado las ayudas públicas a los más vulnerables, primero con la pandemia y luego con la hiperinflación que siguió a la invasión de Ucrania: ERES para paliar la pérdida temporal de empleo, ayudas a los carburantes y al recibo de la luz, control de la subida de alquileres, freno temporal al IVA de los alimentos, ayudas al alquiler y bonos sociales (eléctrico y térmico), así como mejora de la asistencia social y freno a los desahucios de las familias más vulnerables. 

Y sobre todo el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que puso en marcha el Gobierno Sánchez en junio de 2020. Inicialmente avanzó muy lentamente, por un exceso de requisitos y burocracia, pero en diciembre de 2025 llegaba ya a 799.553 hogares (+125.824 que en 2024), donde viven 2.441.647 beneficiarios, que reciben una ayuda mensual de 483 euros (mayor si hay menores), que subirá +11,4% este año. Pero la introducción de este IMV ha provocado que 13 autonomías hayan reducido sus ayudas, las rentas mínimas, según un estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales: en 2024 las recibían 532.070 beneficiarios, 263.791 menos que en 2020, debido a que 13 autonomías gastan ahora 398 millones menos en esas ayudas, sobre todo Madrid (-95%), Aragón (-92,6%), Castilla la Mancha (-88,2%), Castilla y León (-80,7%) y Andalucía (-79,8%).

A pesar de las mayores ayudas estatales y los recortes de muchas autonomías, el gasto social en España es inferior al de la mayoría de Europa. Las ayudas públicas a las familias (claves para luchar contra la pobreza) suponen el 1,6% del PIB en España (2021), frente al 2,5% de media en la UE-27, el 3,7% en Alemania o el 2,5% en Francia. Pero además de gastarse poco, en España se gastan mal estas ayudas públicas, según nos han reiterado la OCDE y la Comisión Europea: benefician más a las familias de rentas medias y altas que a las familias con rentas bajas, porque el grueso de las  ayudas son desgravaciones fiscales en el IRPF, que benefician a 8 millones de contribuyentes, la mayoría con rentas medias y altas, porque las rentas bajas y los más pobres no declaran (los ingresos de menos de 22.000 euros al año, todos los que están en pobreza severa y la mayoría de los considerados “pobres”).

La propia Comisión Europea alertó, en su informe de diciembre de 2024, sobre el hecho de que las ayudas contra la pobreza en España “tienen menos impacto que en otros paises”, por “los problemas de adecuación y cobertura del sistema de protección social, las disparidades regionales de acceso a los servicios públicos y la persistente pobreza en el trabajo”. Sobre este último punto, recordar que en 2025 eran “pobres” el 11, 6% de los asalariados, 2,6 millones de trabajadores, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE.  Y que España es el tercer país europeo con más porcentaje de “trabajadores pobres” (11,2% en 2024), sólo por detrás de Luxemburgo (13,4%) y Bulgaria (11,8%), peor que Portugal (9,2%) o Grecia (10,7%) y por encima de la UE-27 (8,2% de trabajadores “pobres”), Italia (10,2%), Francia (8,3%) o Alemania (6,5%), según Eurostat.

Por todo ello, expertos y ONGs piden modificar el esquema de protección social a las familias más vulnerables, reformar la política contra la pobreza en España. Por un lado, es urgente coordinar las ayudas públicas, creando “una ventanilla única” donde se soliciten y se gestionen, con menos burocracia, más colaboración entre administraciones (incluyendo los Ayuntamientos, claves en las ayudas contra la pobreza) y dando más entrada a las ONGs, quienes tienen más experiencia y conocimiento del problema. Y por otro, hay que destinar más recursos públicos a la lucha contra la pobreza, gastando el doble (como hace la UE) en ayudas a la familia. Además, urge aprobar una ayuda universal por hijos, clave para reducir la pobreza infantil, como reitera Save the Children.

De hecho, en 17 paises europeos existe una ayuda universal por hijo, que la OCDE ha propuesto a España (y que sólo aplica el País Vasco, desde marzo der 2023, cuando entró en vigor una ayuda universal por hijo de 200 euros que cobrarán las familias durante 3 años). Con esta ayuda, “se matarían dos pájaros de un tiro”: se reduciría la pobreza infantil y la pobreza de las familias (más concentrada en las que tienen hijos) y se fomentaría la baja natalidad, un grave problema estructural de España, que pone en peligro el futuro de las pensiones y del Estado del Bienestar. El Gobierno Sánchez aprobó este martes una ayuda universal por hijo hasta los 18 años, de 200 euros mensuales, dentro de una Estrategia de Desarrollo Sostenible para reducir un 10% en 2030 la tasa de pobreza AROPE (ahora es del 25,7%). Problema: se trata de un objetivo más que de una medida concreta, porque se necesita incluirla en unos Presupuestos para 2026 (casi imposibles de aprobar por ahora) y estudiar con Hacienda cómo se financia (la parte de Sumar del Gobierno propone crear un nuevo impuesto sobre grandes fortunas para costear esta ayuda). Así que de momento, es más un anuncio ("preelectoral") que una ayuda concreta contra la pobreza infantil.  

Para que haya menos pobres y más gente “note” el crecimiento y el empleo, hay que actuar también sobre los salarios, porque son muy bajos y desiguales, lo que provoca que casi la mitad de españoles tengan problemas para llegar a fin de mes. En España, el 30% de los asalariados (5,6 millones de trabajadores) ganan menos de 1.582 euros brutos (1.345 euros netos). Y otro 40% de asalariados (7,5 millones de trabajadores) ganan entre 1.582 y 2.659 euros brutos (entre 1.345 y 1.995 euros netos). Además, la inflación de los últimos años ha subido más que los sueldos, con lo que los asalariados han perdido poder adquisitivo: la subida salarial de los convenios fue del +16,65% entre 2.000 y 2025, según Trabajo, mientras la inflación ha subido un +23,5% entre 2000 y 2025, según el INE.

Otro eje de actuación es la vivienda y los alquileres, culpables de mantener tan alta la tasa de pobreza. Los datos del INE son claros. El porcentaje de españoles en riesgo de exclusión (tasa AROPE) alcanza el 43,1% entre los que viven de alquiler y baja al 19,3% entre los que tienen su vivienda en propiedad. Y lo mismo entre los “pobres monetarios”: son el 14,5% de españoles propietarios, pero el 32,6% entre los que viven de alquiler. Y la carencia material severa se dispara al 17% entre los inquilinos, frente al 4,5% en los propietarios. Así que para bajar las cifras de pobreza, hay que ofrecer alquileres asequibles a los más vulnerables.

El Gobierno aprobó en diciembre de 2024 una Estrategia contra la pobreza 2024-2030, con 4 ejes: garantizar recursos a los más vulnerables (con el IMV y las prestaciones sociales) y un mejor acceso a la vivienda, invertir en las familias más vulnerables, tanto en su educación como en su acceso al empleo, reforzar las ayudas a las familias y mejorar la coordinación entre Administraciones para hacer más eficaces las ayudas sociales. Pero hay pocos recursos para estas políticas sociales, sobre todo en autonomías y Ayuntamientos, con lo que la reducción de la pobreza es muy lenta. De hecho, el escenario macro del Gobierno contempla que la pobreza, que hoy afecta al 19,5% de españoles (9.616.610) sólo baje al 19,1% en 2028: serán 9.747.484 pobres, +130.874 más que hoy, porque seremos 51 millones de habitantes…

Si España no toma medidas drásticas y eficaces, sobre los salarios, la vivienda y las ayudas sociales, tendremos más pobres en unos años. Y esto, además de socialmente injusto, es muy negativo para la economía (menos consumo, menos crecimiento y empleo) y para la política: más españoles malviviendo y sin perspectivas, el caldo de cultivo para el desencanto y los extremismos, un riesgo para la democracia. Por eso, los partidos y la sociedad deberían tomarse en serio el problema de la pobreza y acordar un Plan de choque para que estos millones de españoles vulnerables vivan mejor. Pero eso exige un Pacto entre administraciones y gastar más, algo imposible con los actuales enfrentamientos políticos y las propuestas de bajar impuestos. Otro reto grave que no podemos afrontar mientras persistan los radicales enfrentamientos políticos. Hay que repartir mejor el crecimiento, para reducir la desigualdad y consolidar la democracia. Pero no están por la labor.

Salarios 2026: hay que repartir el crecimiento

En las próximas semanas, sindicatos y patronal van a negociar las subidas salariales para 2026, 2027 y 2028, como han hecho desde 2010. Pero este VI Acuerdo Salarial (AENC) no será fácil: los empresarios defienden subidas inferiores al 3% y los sindicatos piden un +4% anual, más un extra del 1 al 3% para los sueldos más bajos. Esta negociación es clave porque los sueldos son entre un 15% y un 25% más bajos que en Europa y han perdido poder adquisitivo tras la pandemia (-6,85%), lo que explica que muchas familias no lleguen a fin de mes y que tengamos 3 millones de trabajadores “pobres”. Es hora de acordar mayores subidas de sueldos, sobre todo los más bajos, porque las empresas llevan 5 años mejorando ventas y beneficios: en 2025, los márgenes empresariales subieron un +13% y los salarios un +3,5%. Subir más los salarios es una cuestión de justicia y de economía, para repartir el crecimiento y mantener el consumo, el crecimiento y el empleo. Nos afecta a todos.

                            Enrique Ortega

En enero ha habido un rosario de subidas (teléfono e Internet, luz, peajes, agua, basuras, alquileres, taxis, billetes de avión, tabaco, seguros…) que han complicado más llegar a fin de mes. Pero el resto de 2026 tampoco será fácil, porque los alquileres, alimentos y muchos servicios siguen subiendo, más que los sueldos. De hecho, casi la mitad de los españoles tienen problemas para llegar a fin de mes, según el INE: un 8,7% de los hogares llegan con “mucha dificultad”, otro 12,4% con “dificultad” y el 24,3% con “cierta dificultad”. Y el problema no es sólo la inflación (ahora más moderada, un 3% en 2025), sino en que muchas familias ingresan sueldos muy bajos, que no les permiten afrontar gastos crecientes.

En España, el salario medio mensual es de 2.385 euros brutos (2.027 netos), según el decil de salarios 2024 publicado por el INE, un sueldo más bajo para las mujeres (2.163 euros brutos) que para los hombres (2.593 euros brutos). Pero este sueldo es una media, porque hay muchos trabajadores que ganan mucho menos. Así, el 30% de los asalariados (5,6 millones de trabajadores) ganan menos de 1.582 euros brutos (1.345 euros netos), un sueldo tan bajo que complica llegar a fin de mes. Y otro 40% de asalariados (7,5 millones de trabajadores) ganan entre 1.582 y 2.659 euros brutos (entre 1.345 y 1.995 euros netos), con lo que también tienen problemas para afrontar los gastos esenciales. Y sólo el 30% restante (5,6 millones de trabajadores) ganan más de 2.659 euros brutos (1.995 netos).

Unos sueldos que son mucho más bajos que la media de sueldos en el resto de Europa. Si miramos el salario por hora en 2024 (ultimo dato de Eurostat), en España se ganan 18,9 euros por hora, un 26,75% menos que la media en Europa (25,8 euros en la UE-27) y aún menos que Dinamarca (43,6 euros por hora), Bélgica (37,1 euros), Paises Bajos (34,3 euros), Alemania (33,3 euros), Austria (32,3),  Francia (29,7 euros) o Suecia (27,5 euros), aunque superamos a Italia (22,3 euros/hora), Portugal (14,7), Grecia (13,3 euros) y los paises del Este.

Además, el problema es que esta “brecha salarial” de España con Europa se ha agravado, porque los sueldos han crecido menos en los últimos 10 años: +26,2% en España (el 6º país UE donde han crecido menos) frente al +35,5% que han subido en el conjunto UE. Con ello, el salario medio bruto en 2024 de España (último dato de Eurostat) era de 33.700 euros anuales, un 15% inferior a la media europea (39.808 euros brutos) y muy por debajo del sueldo medio de Dinamarca (71.575 euros brutos), Irlanda (61.051), Bélgica (59.632),  Alemania (53.751), Francia (43.790), ocupando el puesto 11º en el ranking salarial, sólo por delante de Italia (33.523 euros brutos), Polonia (21.246) y los paises del Este.

Otro problema, que agrava estos salarios bajos, es que la inflación de los últimos años ha subido más que los sueldos, con lo que los asalariados han perdido poder adquisitivo. Los datos son claros. La subida salarial de los convenios ha sido de +16,65% entre el año 2.000 y el 2025, según Trabajo, mientras la inflación ha subido un +23,5% entre 2000 y 2025, según el INE.  Eso supone una pérdida de poder adquisitivo del -6,85% en estos últimos 6 años. Y muchos trabajadores sin convenio (sólo lo firman unos 11 millones de los 19 millones de asalariados) han tenido incluso subidas salariales menores, con lo que han perdido todavía más. La pérdida de poder adquisitivo se concentró sobre todo en 2021 (+3,1% de inflación media y +1,45% de subida salarial) y 2022 (+8,4% de inflación y +3,02 de subida salarial), mientras los salarios han crecido ligeramente más que los precios en 2023 (+3,61% frente a 3,5%), 2024 (3,32% frente a 2,8%) y 2025 (los convenios han subido un 3,53%, frente a una inflación media del 2,70%).

Pero además, hay gastos básicos de las familias que han subido mucho más que los sueldos (+16,65%) en estos últimos 6 años (2020-2025). Es el caso de los alimentos (han subido jun 37,7%, según el INE), la vivienda (+24,5%), el vestido y calzado (+25,3%), los hoteles y restaurantes (+28,3%) y, sobre todo, los alquileres: han subido de media un 41,34% (de 10,4 euros/m2 a 14,7 euros/m2), según Idealista, y algo más en el caso de Barcelona (+48,75% entre 2020 y 2025) y Madrid (+48,75%).

Mientras, los márgenes y beneficios empresariales han subido mucho más que los salarios en estos años y en lo que va de siglo. Así, entre 2020 y 2025, los beneficios brutos de las empresas han crecido un +58%, mientras la masa salarial que han pagado a sus trabajadores (incluye cotizaciones y otros costes no salariales) crecía un +37,9%. Una tendencia que se viene dando desde el año 2.000: los beneficios brutos de las empresas se han multiplicado por 2,9 y los beneficios netos por 2,7 (de 113.000 a 306.000 millones), un aumento del +170%, según este estudio de Funcas. Y desde 2019, el beneficio de las empresas del IBEX ha aumentado un +139%, mientras cuadruplicaban los dividendos que repartían a sus accionistas. También es clarificador lo que ha pasado en 2025: el margen de las empresas aumentó un 13% y los sueldos en convenio un 3,53%.

Así que los sueldos en España son muy bajos y crecen poco mientras mejoran sensiblemente las ventas, márgenes y beneficios de las empresas, que además reparten a sus accionistas dividendos récord (42.671 millones repartieron las empresas cotizadas en 2025), mucho más elevados que en Europa. Pero además de sueldos bajos, tenemos otro problema: los sueldos son muy desiguales. Ya no sólo entre hombres ( 2.593 euros brutos) y mujeres (2.163 euros), sino por edades (1.372 euros brutos de 16 a 24 años y 2.131 de 25 a 34 años, frente a 2.591 de 45 a 54 años), por formación (1.594 euros los trabajadores con poca formación y 2.982 los que tienen estudios superiores), los que trabajan a tiempo parcial (el 87% ganan menos de 1.582 euros brutos) y en sectores peor pagados (en el servicio doméstico, el campo, la hostelería, administrativos y auxiliares  ganan entre 1.138 y 1.674 euros brutos), los empleados en pymes (el 54% ganan menos de 1.582 euros) o los que trabajan en autonomías más pobres (en Canarias ganan 2.051 euros brutos, en Murcia 2.120 y en Extremadura 2.127, frente a 2.809 euros de media en País Vasco o 2.761 en Madrid).

Y otro dato de desigualdad salarial que clama el cielo, las diferencias entre el sueldo de los altos directivos y sus trabajadores: en las 40 mayores empresas españolas, sus directivos cobran 111 veces más que la nómina media de sus empleados, según un reciente informe de Oxfam Intermón, que refleja que la media de ingresos de estos directivos es de 4,4 millones anuales (una cantidad que sus trabajadores sólo ganarían en un siglo). Una desigualdad que también es mayor en España que en Europa: en la UE, el 10% de los trabajadores con más ingresos ganan 7,5 veces más que el 10% con menos ingresos, mientras en España esa proporción sube a 9,6 veces.

Con este panorama salarial (sueldos bajos y muy desiguales) se inicia la negociación salarial para 2026-2028, dentro del VI Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva (AENC), que se empezó a negociar en 2010. El anterior, el V AENC, pactó unas subidas salariales del +4% para 2023 y de +3% para 2024 y 2025, más una cláusula de revisión del 1%, subidas que han sido básicamente respetadas en los convenios (han subido +10,46% en estos 3 años). Ahora, con una perspectiva de menor inflación  en 2026 (se prevé una subida media del +2,4%, frente al 2,7% en 2025), la negociación se espera difícil, porque los empresarios no quieren subir los sueldos más del +3% y los sindicatos ya han pedido una subida anual del +4%, más una subida adicional del 1 al 3% para los sueldos más bajos: +1% para los que tienen un sueldo un 10% inferior a la media del país (son 10,4 millones de trabajadores), un +2% adicional para los que ganan un 20% menos que la media (8,5 millones de trabajadores) y un +3% adicional para los que tienen sueldos un 30% inferiores a la media (son 6 millones de trabajadores).

Además, los sindicatos piden el mantenimiento de la cláusula de revisión salarial, para que todos los salarios suban un 1,5% adicional si el IPC en diciembre es superior a la subida pactada. Y además piden que las empresas estudien el pago de complementos salariales en convenios de zonas afectadas por una fuerte subida de alquileres o que se negocien soluciones para los sectores más afectados por la falta de alquileres asequibles, lo que afecta sobre todo a los trabajadores de la hostelería, el turismo y la construcción.

Con estas peticiones sindicales, tan distanciadas de la patronal, se espera una negociación difícil y conflictiva. La tesis de los sindicatos es que “las empresas están ganando mucho dinero y es hora de repartirlo”, según señalan UGT y CCOO. Y recuerdan, además, que es hora de compensar a los trabajadores por la pérdida de poder adquisitivo en los últimos años. Además, creen que es el momento, con la economía creciendo mucho, de repartir el crecimiento y aprovechar para subir más los sueldos más bajos, que condenan a muchos trabajadores a la pobreza: son casi 3 millones, el 13,7% de los empleados los que están en situación de pobreza (ganan menos del 60% de la media), según Oxfam Intermón, especialmente inmigrantes, mujeres y jóvenes, sobre todo los que trabajan en el campo, el hogar y la hostelería o con contratos a tiempo parcial.

Hay que estar atentos a esta negociación salarial para 2026, 2027 y 2028, no sólo porque afecta a millones de trabajadores (11 millones de asalariados están cubiertos por convenios, aunque otros 8 millones quedan fuera) sino también porque afecta decisivamente a la economía. Si los salarios no suben algo más que la inflación, será difícil sostener el aumento del consumo, uno de los motores del crecimiento y el empleo. Así que mejorar los salarios, para que sean más “europeos”, no sólo es una cuestión de justicia (el 64% de los trabajadores están por debajo del salario medio, según los sindicatos) sino también de economía: necesitamos mejorar los salarios para mantener el consumo y seguir creciendo y creando empleo. Y las empresas deben entender que si quieren mejorar sus ventas y mantener sus beneficios, han de pagar más para que les compremos más.

España lleva décadas compitiendo en el mundo gracias a nuestros bajos sueldos. Es hora de dejar de ser “la China de Europa” y empezar a competir más en innovación, tecnología y bajando otros costes (la energía, por ejemplo, gracias a las renovables), aumentando el peso de la industria y los sectores de futuro, que conllevan más productividad y mejores sueldos. Las empresas llevan 5 años mejorando ventas y márgenes, aumentando sus beneficios, y es hora de que también los trabajadores se beneficien de la recuperación, con mejores sueldos, sobre todo los que menos ganan. Unos sueldos más decentes son además la base de un mayor consumo, mayor crecimiento y más empleo. Hay que conseguir que más españoles noten la mejoría de la economía, repartir mejor el crecimiento. Y para eso tienen que subir más los salarios en los próximos años, sobre todo los más bajos. Se puede y se debe.

España: sigue la brecha Norte-Sur (y otras)

España crecerá este año un +2,9%, pero no todas las regiones crecerán tanto, destacando Murcia, Canarias, Baleares, Castilla la Mancha, Madrid y Cataluña, casi las mismas que más crecieron en 2024. Pero el grueso del crecimiento español (el 72% del total) lo aportan sólo 6 autonomías: Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, País Vasco y Galicia, las mismas que en el año 2.000. Y si tenemos en cuenta la población, lo que se produce por habitante, hay 7 autonomías productivas y ricas, 5 pobres (Andalucía, Extremadura y Canarias, Murcia y Castilla la Mancha, más Ceuta y Melilla) y otras 5 intermedias. Se mantienen las 3 Españas, como en el año 2.000 y como en el siglo pasado. Y dentro de cada autonomía, hay grandes desigualdades de renta entre provincias y municipios. Vamos, que el crecimiento sigue mal repartido, según donde uno viva. Habría que resolverlo, con un Pacto autonómico y local que incluya medidas económicas, fiscales y de financiación. Reducir la histórica “brecha” entre las 3 Españas.

                             Enrique Ortega

España espera crecer un +2,9% este año 2025 (menos del 3,5% de 2024), según las previsiones del FMI, la Comisión Europea y el propio Gobierno. Pero no todas las regiones crecerán igual: este año habrán crecido más la Comunidad Valenciana (+3,6%), Canarias (+3,5%), Murcia y Madrid (+3,3%), Baleares (+3,2%), Cataluña y Castilla la Mancha (+3,1%), según las previsiones de BBVA Research. Lo que tienen en común estas autonomías es el turismo y las exportaciones, así como el impulso de las inversiones públicas y los Fondos europeos, factores que también están detrás de los mayores crecimientos por autonomías en 2024: Canarias y Murcia (+3,7%), Castilla León y Castilla la Mancha (+3,4%), Galicia y la Rioja (+3,3%), Madrid y Andalucía (+3,1%).

Lo importante no es tanto lo que crece una u otra autonomía sino lo que aporta cada una al crecimiento español. Y aquí hay una gran desigualdad. El crecimiento se concentra en 6 autonomías, que aportan el 72,1% de todo el crecimiento (2024): Madrid (19,8% de todo el PIB español), Cataluña (18,9%), Andalucía (13,3%), Comunidad Valenciana (9,3%), País Vasco (5,7%) y Galicia (5,1%), según el INE. Así que las 11 autonomías restantes (más Ceuta y Melilla) sólo aportan el 27,9% de todo el PIB español. Una concentración del crecimiento que apenas ha variado en este siglo, porque en el año 2000, las 6 autonomías más productivas aportaban el 71% del PIB. Madrid es la que más ha aumentado su aportación (del 17,5% al 19,8%), mientras Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana la han mantenido y ha caído algo la aportación del País Vasco y Galicia.

Madrid se consolida como la región que más produce en España (316.241 millones de euros, el 19,8% del PIB total), reforzando su liderazgo frente a Cataluña (301.894 millones de euros, el 18,9% del total), a la que sobrepasó económicamente en 2012. Madrid está ganando la carrera apoyada por un fuerte crecimiento de la población (+405.000 habitantes entre 2019 y 2024, frente a +399.227 en Cataluña y +202.145 en Andalucía), los menores ajustes durante la crisis, el efecto negativo del procés sobre la economía catalana, el tirón de inversiones y  turismo y el “factor capitalidad” (concentra empleo público, multinacionales y grandes empresas), así como la oferta de servicios de alto valor añadido. Ahora, el president Illa ha aprobado un Plan a medio plazo, que prevé invertir 18.500 millones en infraestructuras, formación, servicios públicos y modernización de su economía para que Cataluña consiga recuperar el liderazgo económico en España en 10 años (“o en 5, si podemos”).

Pero lo importante no es lo que produzca cada región o cada país, sino lo que se produce por habitante (PIB por habitante), el indicador que permite conseguir un mayor o menor nivel de renta. Así, España es el 4º país que más produce en la UE (1.504.330 millones de euros en 2024), tras Alemania (4.328.970 millones producidos), Francia (2.921.412 millones) e Italia (2.199.619 millones de PIB). Pero luego, al tener en cuenta la población de cada país, España baja hasta el puesto nº 14 en PIB por habitante, según Eurostat: produjimos 32,633 euros por habitante (2024), frente a 39.870 euros de media en la UE-27, con lo que “nos adelantan” 13 paises en PIB por habitante, no sólo los tres grandes (Alemania, Francia e Italia, que también tienen más PIB total) sino otros paises más pequeños, como Luxemburgo, Irlanda, Paises Bajos, Dinamarca, Bélgica, Austria, Suecia, Malta, Finlandia y Chipre. Producimos menos que ellos por habitante (y por eso somos “menos ricos”).

Dentro de España pasa lo mismo: hay regiones que producen mucho (como Andalucía o la Comunidad Valenciana) pero que, como tienen mucha población, en realidad son “menos productivas” que otras que producen menos y tienen poca población. La clave es comparar la producción por habitante (el PIB por habitante). Ese es el verdadero ranking de las autonomías: las más productivas (y por ello las más ricas) y las menos productivas (y más pobres), según los datos de 2024 publicados por el INE en septiembre. Y así podemos perfilar el mapa de las 3 Españas: la rica (7 autonomías), la pobre (5 regiones más Ceuta y Melilla) y la intermedia (5 autonomías restantes).

La España rica, la que produce por habitante más que la media (32.633 euros en 2024) la integran Madrid (44.755 euros por habitante, un 37,1% superior a la media), País Vasco (41.016 euros, el 25,7% más), Navarra (39.076 euros, el 19.7% más), Cataluña (37.426 euros, el 14,6% más), Aragón (36.446 euros, el 11,6% más), Baleares (36.011 euros, el 10,3% más) y la Rioja (34.475 euros, el 5,6% más que la media). La España intermedia la componen 5 autonomías que producen por habitante menos que la media española, pero no demasiado: Castilla y León (31.140 euros, el 95,4% de la media), Galicia (30.105 euros, el 92,2%), Cantabria (29.791 euros, el 91,3%), Asturias (29.658 euros, el 90,9%) y la Comunidad Valenciana (27.611 euros, el 84,6%). Y el resto componen la España pobre: Castilla la Mancha (26.588 euros, el 81,5% de la media), Murcia (26.592 euros, el 81,5%) y, sobre todo, Canarias (25.925 euros, el 79,4%%), Extremadura (25.227 euros, el 77,3%), Andalucía (24.566 euros, el 75,3% de la media), Ceuta (23.228 euros, el 71,2%) y Melilla (produce 21.128 euros por habitante, el 64,7% de la media), los dos “farolillos rojos”.

Estos datos revelan que Melilla produce por habitante menos de la mitad que Madrid (el 47,2%) y Andalucía el 56%. Lo peor no es sólo esta tremenda “brecha” entre dos regiones  (una produce el doble que la otra) sino que esa diferencia apenas ha mejorado desde 2019 (Melilla producía el 49,36% y Andalucía el 53,92%) e incluso desde el año 2.000 (Extremadura, entonces la más pobre, producía el 49,53% que Madrid), según los datos del INE. Y además, las 7 regiones más ricas en 2024 (Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón, Baleares y Rioja) son las mismas que en 2008 y casi las mismas que en el año 2.000 (Madrid, Navarra, Baleares, País Vasco, Cataluña, la Rioja y Aragón). Y las más pobres de hoy (Melilla, Ceuta, Andalucía, Extremadura y Canarias) son las mismas que en 2019, casi las mismas que en 2008 (entraba Castilla la Mancha) y casi las mismas que en el año 2.000 (Melilla, Ceuta, Extremadura, Andalucía y Castilla la Mancha).

Pero hay algo más llamativo: esta brecha entre regiones más o menos productivas se arrastra desde hace siglo y medio, según el libro “La desigualdad regional en España 1860-2015”, escrito por tres catedráticos universitarios (Díez Minguela, Martínez-Galarraga y Tirado). Ahí documentan que la desigualdad regional aumentó entre 1860 y 1910, se redujo después entre 1910 y 1950, volvió a bajar entre 1960 y 1985 y lleva siendo elevada desde 1986, a raíz de la entrada de España en Europa, debido a que una economía más abierta ha agravado las diferencias regionales, al competir mejor unas autonomías que otras.

¿Por qué hay tanta desigualdad en la producción y riqueza de las autonomías? La existencia de 2 o 3 Españas tiene mucho que ver con la estructura económica de cada región (más o menos industria, más o menos servicios y el tipo de agricultura), su población (poca o mucha y nivel de envejecimiento), la educación y formación de sus trabajadores, el nivel tecnológico, la mayor o menor inversión pública o privada, las infraestructuras disponibles o el peso de la exportación. Y en el caso de Madrid, el factor “capitalidad”, que aporta un “crecimiento extra” porque las instituciones públicas y ser la capital del país atrae empresas, inversiones, población y talento, según este estudio del IVIE. Por todo ello hay regiones más o menos productivas, aunque el factor que más ha jugado en este siglo para explicar la brecha regional es la desigual creación de empleo.

Tras la mayor o menor producción por habitante, luego entran en juego “los contrapesos”, mecanismos que intervienen para que esas regiones tengan más o menos renta. En principio, las regiones más productivas son también las más ricas, pero hay factores de corrección de esa “brecha económica”: las transferencias públicas (pensiones, desempleo, ayudas a la Dependencia), subvenciones y prestaciones sociales, el gasto público en sanidad y educación, las inversiones públicas, impuestos y la financiación autonómica. Y dentro de estas “medidas correctoras” destacan las ayudas europeas, que buscan corregir los desequilibrios regionales y que han sido ingentes (España ha recibido 176.000 millones de Fondos estructurales europeos entre 1989 y 2020, muchos para las regiones más desfavorecidas).

Pero estas transferencias y políticas públicas no han conseguido corregir las diferencias de renta entre las autonomías. En consecuencia, nos tropezamos otra vez con 3 Españas, según la renta neta por persona publicado por el INE. En 2023, la media española fue de 14.807 euros, siendo muy diferente según la región donde vivimos. Otra vez nos encontramos con una España rica, con más renta que la media, integrada por 7 autonomías: País Vasco (19.078 euros), Madrid (17.275 euros), Navarra (17.253 euros), Cataluña (16.546 euros), Asturias (16.201 euros), Baleares (15.926 euros) y Aragón (15.747 euros). Son las mismas regiones que tienen un mayor PIB por habitante, salvo Asturias (donde el envejecimiento y las pensiones suben la renta por persona). El mapa de la España pobre, con menos renta por persona, lo integran otras 8 regiones: Murcia (11.967), Andalucía (12.191), Melilla (12.745), Castilla la Mancha (12.357), Extremadura (12.421 euros), Comunidad Valenciana (13.374), Canarias (13.372) y Ceuta (13.403 euros). Coinciden con las autonomías menos productivas, aunque en otro orden (por las compensaciones de transferencias e impuestos). Y quedan las 4 autonomías de la España intermedia: Castilla y León (14.940 euros de renta por persona), Cantabria (14.708), Galicia (14.558) y La Rioja (14.529).

Estos datos significan que la renta media por persona en Murcia es un tercio menor (el 62,6%) que en el País Vasco y en Andalucía un 30% menos que en Madrid. Un problema que llevamos arrastrando décadas: hace casi 50 años, en 1977, un balear (los más ricos entonces) tenía 1,81 veces la renta de un extremeño (los más pobres), según un informe de la Fundación Alternativas. Luego, a lo largo de este siglo XXI, la brecha ha mejorado algo, pero poco: en el año 2000, un aragonés ingresaba 1,53 veces la renta de un extremeño, en 2008 (antes de todas las crisis), un vasco tenía 1,65 veces la renta de un extremeño y en 2023 (último dato publicado) , un vasco tiene una renta 1,6 veces superior a la de un murciano… Y España es el 2º país occidental (tras EEUU) donde más creció la brecha entre regiones entre 2019 y 2022, según la OCDE, por la pandemia y la inflación.

Esta desigualdad regional se arrastra también a las provincias (Guipúzcoa, Vizcaya y Madrid son las que tienen más renta por habitante y Almería, Jaén y Huelva las que menos) y a las ciudades: entre los 12 municipios de más de 2.000 habitantes con más renta hay 5 de Madrid, 6 de Barcelona y 1 de Vizcaya) y entre los 12 con menos renta hay 9 de Andalucía, 1 de Toledo y 2 de Extremadura (ver listado). Y el País Vasco tiene un 90,9% de municipios con renta alta, el 68% en Navarra, el 49,3% en Baleares y el 40,4% en Cataluña, mientras Murcia tiene un 91% de municipios con renta baja, Andalucía un 82,7% y Extremadura el 81,2 % de sus municipios, según los últimos datos del INE (renta 2023).

¿Qué se puede hacer? Lo primero, gastar e invertir pensando en corregir estos desequilibrios regionales, tanto los Presupuestos como los Fondos europeos, esos 103.000 millones de euros que van a llegar hasta 2026. El objetivo es regionalizar la mitad de estos Fondos UE, pero la otra mitad, la que gestione el Estado, debería  invertirse con el objetivo de reconducir el crecimiento y el empleo de las regiones más pobres. Una segunda medida es planificar las inversiones públicas e infraestructuras para fomentar la inversión e instalación de empresas en la España más atrasada, que no debe vivir sólo del turismo, la agricultura o las pensiones. Un tercer frente de actuación es la fiscalidad, homogeneizando impuestos y evitando “paraísos fiscales” (Madrid). Y en cuarto lugar, urge aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica (pendiente desde 2014), porque el actual beneficia claramente al País Vasco y Navarra (reciben un 80% más por habitante que el resto, según la Fundación Alternativas), así como a Cantabria, la Rioja, Extremadura, Asturias, Aragón y Castilla y León, curiosamente a 7 de las 11 regiones españolas con más renta.

En resumen, vivimos en un país muy desigual desde hace décadas, donde el crecimiento y la riqueza se genera y se queda en las regiones más ricas. Una desigualdad que se traslada también a las provincias y a las ciudades. Urge aprobar un nuevo sistema de financiación, que tenga más en cuenta la población, su edad y los servicios públicos prestados, contemplando un Fondo de Compensación para que las autonomías más ricas ayuden a las más pobres a reducir la brecha de renta. Y pactar una hoja de ruta, con medidas económicas y sociales, inversiones y fiscalidad que promuevan un mayor crecimiento de las autonomías más pobres, para reducir la brecha de productividad y riqueza en una o dos décadas. Hay que repartir mejor el crecimiento.