Segunda subida (peligrosa) de tipos de interés

Hoy jueves, el BCE subirá el precio oficial del dinero (+0,50%, quizás +0,75%), tras subirlo a finales de julio (+0,50%), por primera vez desde 2011. Una medida que pretende frenar la inflación en Europa, pero que va a ser poco eficaz, porque esta vez la inflación no es porque la economía esté recalentada y el dinero más caro no va a frenar el precio del gas, la luz o los alimentos. Pero la subida de tipos, que va a seguir en los próximos meses, sí va a tener un alto coste para la economía, para las familias y empresas: encarece las hipotecas (120 euros al mes), los créditos y la deuda pública, recortando aún más los ingresos de las familias y negocios, lo que reducirá su consumo e inversión y recortará el crecimiento, agravando los efectos de la inflación. Por todo ello, la subida de tipos es una receta peligrosa (e inútil), que puede provocar la recesión en Europa y daña más a los más vulnerables. Atajen la inflación por otros caminos, que los hay.

Enrique Ortega

Los tipos de interés son una herramienta básica de la política económica. El precio oficial del dinero lo fijan los bancos centrales (Banco Central Europeo, Reserva Federal USA, Banco de Inglaterra, Banco de Japón…), instituciones independientes de los Gobiernos, para que puedan decidir libremente cuando encarecen o abaratan el dinero, como principal “arma” contra la inflación. Cuando las economías crecen mucho, hay un exceso de consumo e inversión, los precios se disparan y hay riesgo de que la inflación se “coma” los ingresos de familias y empresas, provocando una crisis. Receta: los bancos centrales suben los tipos de interés, el dinero es más caro, se gasta y se invierte menos y la economía “se enfría”. Es lo que pasó en la “burbuja” de principios de siglo, cuando los tipos estaban en el 5,25% (USA, 2006 y 2007) y el 4% (Europa 2007). Pero llegó la crisis financiera, en 2008, y los bancos centrales hicieron lo contrario (ver gráfico): bajaron el precio oficial del dinero para “reanimar la economía”, bajando los tipos al 0% (en 2009 en USA y en 2016 en Europa), donde han estado hasta que estalla la actual inflación, desatada por la invasión de Ucrania.

La inflación “objetivo” para todos los bancos centrales es el 2% anual. Y como rondaba esa cifra, más con el parón económico de la pandemia, han estado “tranquilos” hasta 2021. El año pasado, la recuperación de la actividad tras lo peor del COVID, la mayor demanda, la falta de productos en China y otros productores, más los “atascos” en el comercio marítimo mundial, ya dispararon los precios en primavera y verano (4,2% inflación en USA en mayo y 3% en la zona euro en agosto). A finales de 2021, la inflación creció más (6,8% anual en USA y 5% en la zona euro), debido a la energía y a las maniobras de Putin para recortar la oferta de gas. Pero tanto el BCE como la Reserva Federal esperaron a tocar los tipos: pensaron que era una inflación “temporal”, que se iría corrigiendo. Pero con la invasión de Ucrania (24-F 2022), la inflación mundial se disparó (7,9% en marzo en USA y 7,4% en la zona euro).

La Reserva Federal USA no esperó más y el 17 de marzo de 2022 subió los tipos de interés un +0,25% (por primera vez desde 2018), cuando llevaban en el 0% desde marzo de 2020, por la pandemia. Y como la inflación no cae, sino que sigue subiendo (hasta un máximo del +9,1% en julio, el récord en 40 años), la Reserva Federal hace tres subidas más (+0,50% en mayo y +0,75% en junio y julio), hasta dejar los tipos en el 2,25%, aunque volverá a subirlos este mes de septiembre (+0,50%) y los siguientes, en un escenario que prevé dejarlos en torno al 3% a finales de 2022.

Mientras, el BCE “se ha estado pensando” subir tipos, porque temía llevar a Europa a la recesión si encarecía el dinero en plena crisis por la invasión de Ucrania. Y finalmente, presionado por los bancos centrales más “ortodoxos” (Alemania, Holanda, Austria y países bálticos), decidió subir tipos moderadamente (+0,50%) el 21 de julio, la primera subida del dinero en Europa desde noviembre de 2011. Y hoy, 8 de septiembre (con una inflación histórica del +9,1% en la zona euro en agosto), el BCE aprobará la 2ª subida de tipos (frente a las 5 subidas que hará EEUU), que podría ser incluso del +0,75%, dejando el precio oficial del dinero en el 1,25% (o el 1%), la mitad que en USA.Y hay fuertes presiones de países y expertos para que la subida del dinero siga y ronde el 2% a finales de año.

Hasta aquí, el distinto camino en la subida de tipos de EEUU y Europa, mientras también han subido tipos los demás países, desde Reino Unido (1,75%) o Canadá (2,50%) a China (3,65%), salvo Japón (-0,10%). La duda es si la receta de subir tipos servirá contra la inflación actual, porque esta vez (a diferencia de los años de la burbuja previa a 2008) no estamos ante una inflación de demanda (no suben los precios porque haya mucha actividad y la economía esté “recalentada”) sino ante una inflación de oferta (de costes), por el aumento desmesurado de la energía, los alimentos y las materias primas. Y por eso, ya hay expertos que alertan de que la receta “ortodoxa” de combatir la inflación encareciendo el dinero no va a funcionar, porque la subida de tipos no evitará que sigan subiendo el gas natural, la electricidad, el petróleo, los carburantes o los alimentos. Mercados que se rigen por otros mecanismos y donde Putin juega con los precios como “arma de guerra” contra Occidente.

El problema es que la subida de tipos puede no funcionar contra la inflación, pero es seguro que va a empeorar la situación de las familias y empresas europeas. De hecho, ya lleva meses haciéndolo, al haber subido el Euribor (el tipo al que se prestan los bancos europeos entre ellos) desde diciembre de 2021: estaba en negativo (-0,502) y se puso en positivo ya en abril (+0,013%), tras la primera subida de tipos en USA (marzo), y ha cerrado agosto en el +1,249%, el Euribor más alto desde mayo de 2012 (+1,266%). Y los expertos prevén que el Euribor cierre el año en el entorno del +1,8 al +1,9%, tras estar en negativo (por los tipos al 0%) entre febrero de 2016 y marzo de 2021.

¿Qué consecuencias tiene esta fuerte subida del Euribor? La primera y más llamativa, que las familias pagarán más por su hipoteca: se estima que hay 5,5 millones de hipotecas “vivas”, de las que 4,1 millones (el 75%) son a tipo de interés variable y el 90% de ellas referenciadas al Euribor (pagan de interés el Euribor más un diferencial del 1 al 2%). Así que las 3,6 millones de familias con una hipoteca variable referenciada al Euribor les ha subido o les va a subir su cuota mensual cuando la revisen (anualmente). La estimación es que, con el Euribor actual, la cuota de una hipoteca media (150.000 euros a 25 años) les suba 120 euros al mes (1.400 euros al año). Y será más cuanto más suban los tipos y el Euribor.

Además de pagar más por su hipoteca, los jóvenes y las familias tendrán más difícil conseguir una hipoteca nueva, porque ahora, al subir las cuotas y el dinero, los bancos “mirarán con lupa” (más) a los solicitantes, porque temen que les suban los impagos, dado que el endeudamiento de las familias ha aumentado con la pandemia, hasta los 704.000 millones de euros, según el Banco de España. Y lo mismo pasará con la solicitud de los créditos personales, que también se han encarecido. Además, la banca está tratando de que los clientes (nuevos y antiguos) contraten hipotecas a tipo fijo (más caras), que ahora parecen más convenientes, pero que pueden ser una mala opción a 25 años, cuando lo normal es que la inflación y los tipos vuelvan a niveles normales (en torno al 2%).

La subida de tipos perjudica también a las empresas, que ya están sufriendo la subida del Euribor a 3 meses, el que se utiliza con sus créditos: ha pasado del -0,572% en diciembre de 2021 a un tipo récord del +0,654% a finales de agosto. De hecho, en el primer semestre de 2022 (antes de la 1ª subida del BCE), el interés medio de los créditos a las empresas había subido entre un +11 (los préstamos de hasta 250.000 euros) y un +22% (los préstamos de más de 1 millón de euros), según el Banco de España. Así que las empresas tendrán que pagar más por los nuevos créditos y por los que ya tienen. El saldo “vivo” del crédito de la banca a las empresas es de 561.373 millones de euros y dos tercios de esa deuda está referenciada a tipo variable, los que más van a notar la subida de los tipos y el Euribor. Y estos mayores costes financieros les llegan a las empresas cuando aún están pendientes de pagar los créditos ICO solicitados para afrontar la pandemia (lo peor lo tienen las pymes, que están pendientes de devolver 130.000 millones de estos créditos).

Junto a las familias y las empresas, el Estado (el Presupuesto, todos) también sufrirá la subida de tipos hecha y por hacer. Primero, porque se han encarecido (y se encarecerán más) los intereses que hay que pagar por la deuda pública: si en enero de 2022, España colocaba sus bonos a 10 años pagando un 0,60% de interés, en junio ya pagábamos el 2,779% y ayer 7 de septiembre había que pagar a los inversores el 2,709% (una “prima” de riesgo o plus de 1,14% frente al bono alemán, que se colocaba pagando el 1,5640%). Este encarecimiento de la deuda, por la subida de tipos, irá a más y aumentará la factura de intereses del Presupuesto 2022 y 2023, después de pagar 31.675 millones en 2021 (la segunda mayor partida de gasto público, tras las pensiones). El problema es que esta mayor factura en pagar los intereses de la deuda pública podría ser de 12.000 millones extras entre 2022 y 2025, según la AIReF, lo que significa que la subida de tipos puede comerse en tres años el presupuesto anual de sanidad, educación y cultura juntos.

Así que la subida de tipos y de los intereses de la deuda complica aún más las cuentas públicas, restando recursos para otros gastos y ayudas (después de que las medidas contra la inflación hayan supuesto ya un gasto público extra de 30.000 millones de euros). Y todo será medianamente asumible mientras no estalle otra crisis de la deuda en Europa, como en 2010-2012. El BCE ha asegurado que no va a permitir que los mercados “especulen” contra la deuda de Italia, Grecia, España y Portugal, encareciéndola aún más, para lo que aprobó en julio un “mecanismo anti fragmentación”, que permite la compra extraordinaria de deuda de los países que sean injustificadamente “atacados” por los mercados. Hasta ahora ha funcionado, pero veremos si es efectivo tras las elecciones en Italia, el 25 de septiembre, cuando existe el riesgo de que “vuelva el baile” contra la deuda de los países del sur.

En definitiva, que la receta de subir tipos contra la inflación tendrá un alto coste para familias, empresas y las cuentas públicas de los países. Y hay un coste más: la depreciación del euro. Al tener EEUU un tipo de interés más alto que Europa y reforzarse el dólar como “moneda refugio” de esta crisis (como en todas), el euro lleva meses perdiendo valor frente al dólar y ayer cotizaba a 0,9904 euros por dólar, el precio más bajo desde que existe la moneda europea (llegó a cotizar a 1,2324 euros en junio de 2021) y una caída del -12,7%   desde la invasión de Ucrania (cotizaba el 23-F a 1,1344 euros por dólar). Eso significa que la caída del euro encarece un +12,7% todos los productos importados que Europa y España pagamos en dólares (la mitad de lo que importamos). Así que otra consecuencia de la subida de tipos es que cae el euro y eso “alimenta más la inflación”, al tener que pagar más euros por el gas, el petróleo, los carburantes, alimentos y materias primas que compramos en dólares...

Como vemos, la medicina de subir tipos tiene muchas contraindicaciones, un alto coste, sin que tengamos garantías de que baja la inflación (muy poco en USA y nada en Europa). A pesar de eso, los responsables de los bancos centrales, reunidos en agosto en USA, abogaron por más subidas, por “más ricino”, aun reconociendo que “la guerra contra la inflación puede ser algo doloroso para las familias y empresas” (Jerome Powell, presidente Reserva Federal USA). En el BCE, hay hoy un debate entre “halcones” (Alemania, Holanda, Austria, bálticos) y “palomas “ (Francia, España) para ver si suben más (0,75%) o menos (0,50%) los tipos y cuanto más hay que subirlos los próximos meses, dado el riesgo de que la medida recorte el crecimiento y provoque una recesión en Europa.

Además, lo que está claro es que el coste de la subida de tipos, aunque “doloroso” para todos, es mayor para las familias y empresas más vulnerables: afecta más a las familias con menos ingresos que están hipotecadas y a las pymes en peor situación tras la pandemia, así como a los países más endeudados (Grecia, 189% deuda/PIB, Italia (152,6% deuda, Portugal, 127% deuda y España, 117,7% deuda). Así que “el ricino de los tipos” no afecta por igual a todos. De hecho, el propio Banco de España considera que “afectará más a las familias más vulnerables”, porque pagar ahora la hipoteca les supondrá más del 36% de sus ingresos (ya recortados por la subida de la energía y los alimentos, que se llevan una mayor porción de sus gastos que en las familias más ricas).

En resumen, que la receta de subir los tipos en plena crisis de inflación puede ser ineficaz y es muy costosa para muchas familias, empresas y países vulnerables, entre ellos España. Así que habría que aplicar la medicina con mucho cuidado, para no agravar más la salud de los más afectados por la disparada inflación. Y convendría buscar otras recetas. Empezando por una estrategia energética internacional, que busque ahorrar en el consumo de energías fósiles contaminantes (petróleo y gas) y racionalizar la oferta, con acuerdos con los países productores y medidas de defensa contra los precios disparados (como la decisión del G-7 y la Comisión Europea de poner un tope al precio del petróleo y gas). También hay que reestructurar los mercados de alimentos y materias primas, con acuerdos internacionales y stocks de seguridad, que eviten altibajos de precios y hambrunas). Hay que recomponer las cadenas de suministros, racionalizando el tráfico marítimo, y diversificando la producción de componentes, para que Occidente no dependa tanto de Asia. Y hay que conseguir una política racional de producción de bienes y servicios, para evitar la falta de productos, inversiones y plantillas (mal pagadas) en medio mundo. Hay que “redefinir” el capitalismo, tras la pandemia y la inflación. Medidas a medio plazo, pero más eficaces que el atajo de subir tipos.

2 meses de guerra "pinchan" la recuperación

Hoy es el día 61 en la guerra en Ucrania, que ya ha provocado un frenazo en todas las economías, especialmente en Europa, que crecerá casi un tercio menos (España, una quinta parte menos). El conflicto sigue subiendo los precios de casi todo y la inflación ronda el 10%, mientras suben mucho menos las pensiones (+2,5%) y los sueldos (+2%). Con esta pérdida de poder adquisitivo, mayor entre los que menos ganan, será imposible mantener la recuperación iniciada, a pesar del tirón del turismo. Si el conflicto se mantiene, creceremos poco y no superaremos la crisis de la pandemia hasta finales de 2023. No hay recetas mágicas: sólo moderar las subidas de precios (reduciendo los márgenes y beneficios empresariales) y subir con cuidado los salarios. Y mantener las ayudas selectivas a las familias y sectores más perjudicados. Bajar impuestos suena bien, pero sería contraproducente, injusto y peligroso, como dice incluso el FMI. Hay que ajustar gastos, costes y precios, vivir algo peor porque la guerra nos empobrece.

Enrique Ortega

La peor parte de esta guerra se la llevan los ucranianos: miles de muertos, 5 millones de refugiados en el extranjero, millones de desplazados internos, ciudades en ruinas y una economía que perderá el 35% del PIB este año, según el FMI. El resto de europeos también sufrimos la invasión de Putin, pero sólo en nuestros bolsillos: la guerra ha provocado una subida generalizada de precios, que se ha “comido” parte de nuestros sueldos, pensiones y ahorros, lo que reduce el poder adquisitivo de la mayoría y aumenta los costes de las empresas, recortando el consumo y la inversión. Y con ello, el crecimiento y el empleo.

El 2º mes de guerra en Ucrania ha disparado la inflación en todo el mundo, con récords históricos de subidas de precios: +7,9% en EEUU (la mayor inflación desde 1981), +7,8% en la UE-27 (récord desde 2002) y +9,8% en España (la mayor inflación en 36 años). La inflación mundial ya era alta desde septiembre de 2021, por el aumento de actividad tras lo peor de la pandemia, pero se ha agravado con la invasión de Ucrania, por tres vías: el aumento de los precios de la energía (petróleo y gas, lo que encarece los carburantes y la electricidad), la subida de las materias primas (alimentos y metales) y los atascos en el comercio mundial (por falta de chips y componentes, problemas de transporte y rebrote del COVID en China). Un aumento generalizado de costes que las empresas han trasladado en cadena a los consumidores.

En España, el primer causante de la actual inflación (que superará el 10% en abril) es la subida de la energía, en especial el petróleo (a 106,56 dólares el barril el viernes, un +9% más caro que el día antes de la invasión), que ha encarecido el gasóleo (a 1,613 euros litro, un +9% más caro que el 23-F) y la gasolina (a 1,590 euros litro, prácticamente el mismo precio que antes de la invasión), más que el gas natural ( 84,68 euros MWh el viernes, un 4,7% más barato que los 88,89 euros del 23-F), aunque el precio de la electricidad en el mercado mayorista varía mucho cada día (entre 85 y 240 euros la semana pasada) y cuesta hoy lunes 226,57 euros MWh, un 15,6% más que antes de la invasión (195,86 euros MWh). Estas subidas de los precios energéticos se han trasladado a algunas materias primas, como metales y cereales o aceites, donde las exportaciones de Rusia y Ucrania eran importantes.

Al final, las subidas de precios de la energía y materias primas por la guerra se han trasladado en España al transporte (sus costes han aumentado del 14%, el sector aéreo, al 20% el ferrocarril), la industria auxiliar de la construcción (+14% costes), las refinerías de petróleo (+12%), la pesca (+10%), la metalurgia (+8%) y la industria química (+7% subida costes), según un estudio de CaixaBank Research, que también destaca subidas importantes en los componentes de automóvil, maquinaria, aceites, piensos y fertilizantes. Al final de la cadena, es el consumidor el que carga con las subidas, sobre todo en carnes y lácteos, bebidas, hostelería, productos agrícolas y ganaderos, coches, ropa, hoteles y restaurantes.

Ahora, si sigue el conflicto en Ucrania, la previsión es que los precios sigan altos en mayo y junio, aunque la energía podría bajar este verano, pero no los carburantes (por la alta demanda en vacaciones). Con todo, las empresas españolas no parecen dispuestas a asumir una parte del aumento de costes (reduciendo sus márgenes), según anticipa la Encuesta que les ha hecho el Banco de España: el 40% de las empresas ha subido sus precios en el primer trimestre, otro 37,5% los subirán en el 2º y nada menos que un 60% de las empresas consultadas “esperan subir sus precios a un año vista”. En definitiva, que mientras el consumidor no retraiga sus compras, las empresas seguirán subiendo precios.

La primera previsión tras la guerra, hecha la semana pasada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), augura una subida generalizada de la inflación en todo del mundo este año, especialmente  en Europa (+5,3% de inflación media en 2022, frente a 2,6% en 2021), principalmente en Reino Unido (+7,4%), Alemania (+5,5%), Italia o España (+5,3% frente al 3,1% en 2021), más que Francia (+4,1%) o Portugal (+4% de inflación).

De cumplirse estas previsiones de inflación, que pueden ir a peor (si el conflicto se alarga  o se dispara más la energía), la mayoría de europeos perderán poder adquisitivo este año, “seremos más pobres” por los efectos de la guerra de Ucrania. Y más en España, donde los ingresos son más bajos y la inflación está subiendo algo más. Los más afectados (“la inflación sí entiende de clases”) serán las familias más vulnerables (porque gastan comparativamente más en energía y alimentos) y, sobre todo los trabajadores (cuyos sueldos están subiendo en torno al 2%, el 75% de los convenios sin clausula de revisión salarial frente a la inflación) y los pensionistas (que tienen una subida este año del 2,5% en sus pensiones), a quien no se compensará de la subida extra del IPC hasta enero de 2023.

En conjunto, se ha calculado que la inflación se va a “comer” este año 85.000 millones de euros de los ingresos de trabajadores (perderán unos 21.000 millones de poder adquisitivo), pensionistas (15.000 millones que puede costar la revalorización de 2023) y ahorradores (50.000 millones perdidos en sus depósitos por la inflación extra). Este es “el coste de la guerra” para los españoles de a pie, más el coste de las ayudas públicas y la pérdida de ingresos y beneficios de empresas y autónomos.

La consecuencia directa de esta pérdida de poder adquisitivo por la inflación es la caída del consumo y la inversión, los dos principales “motores” del crecimiento. Por eso, el FMI ha revisado a la baja el crecimiento de todas las economías: la economía mundial crecerá un 0,8% menos de lo previsto en enero (3,6% frente a 4,4%). Caerán menos la economía USA (-0,3%, creciendo un 3,7%) y China (-0,4%, creciendo un 4,4%) pero el “pinchazo” será mayor en Europa, que reducirá su crecimiento -1,1% (del 3,9 al 2,8%), en especial Alemania (-1,7%, crecerá sólo el 2,1%) , Italia (-1,5%, crecerá el 2,3%) y Reino Unido (-1%, crecerá el 3,7%, cayendo menos Francia (-0,6%, hasta crecer el 2,9%).

Para España, el FMI prevé una caída del -1% sobre el crecimiento previsto antes de la guerra, que bajará del 5,8 al 4,8%, con todo, el mayor crecimiento de los grandes paises occidentales. Esta semana, el Gobierno Sánchez tendrá que revisar a la baja su cuadro macroeconómico de septiembre pasado, que apuntaba un crecimiento este año del 7%. El Banco de España ha rebajado esta previsión al 4,5% (frente al 5,1% que crecimos en 2021) y otros expertos privados (Funcas, CaixaBank Research) lo rebajan al 4,2% (4,1% BBVA Research). Perder un 1% o más de crecimiento por la guerra de Ucrania frenará la recuperación y permitirá crear menos empleos (entre 200.000 y 300.000, frente a 840.000 empleos nuevos en 2021). Y sobre todo, retrasará la salida de la crisis del coronavirus: si pensábamos en recuperar el PIB de 2019 a finales de 2022, ahora se retrasará conseguirlo hasta septiembre de 2023.

La guerra de Ucrania nos hace más pobres, porque las subidas de precios se comen los ingresos de la mayoría. Y poco se puede hacer, salvo paliar con ayudas a las familias y sectores que más sufren esta nueva crisis, y tratar de no frenar de golpe el consumo, para lo que haría falta un “pacto de rentas”: a lo claro, que las empresas moderen sus márgenes (y beneficios) y que los salarios no suban demasiado, para no alimentar entre unos y otros la espiral de la inflación. Pero la realidad es que no hay un pacto de rentas porque la patronal ofrece una subida de salarios ridícula (+8% de subida en los próximos 3 años) y no renuncia en paralelo a subir precios (ya hemos visto que el 60% de las empresas piensan subir sus precios) ni a recortar beneficios ni dividendos. Un pacto de rentas sería “repartirse el sacrificio” de los costes de la guerra, unos en sus márgenes y otros en sus sueldos. Pero no hay intención por parte de la patronal, lo que podría provocar conflictos laborales.

Ante este panorama, alta inflación y menor crecimiento, el “nuevo” PP vuelve a viejas recetas: bajar impuestos. La propuesta enviada al Gobierno por Feijoo propone actuar por cuatro vías. Por un lado, ayudas directas de 200 y 300 euros a las familias que ganan entre 14.000 y 17.000 euros y que no declaran IRPF. Y a los que sí declaran y ganan hasta 40.000 euros, el PP propone descontarles la inflación de sus ingresos (“deflactarlos”), con lo que pagarán menos (unos 3.800 millones menos). La tercera medida sería rebajar el IVA eléctrico y del gas al 5% (el Gobierno lo ha bajado al 10%), lo que tendría que autorizar Bruselas. Y la cuarta, una rebaja en el impuesto de sociedades que pagan las empresas. En total, unas rebajas fiscales que costarían entre 7.500 y 10.000 millones y que se financiarían con el aumento de recaudación que está teniendo Hacienda por la subida de precios.

Suena bien, pero el “Plan” fiscal del PP es “contraproducente, injusto y peligroso”. Incluso el FMI criticó esta receta el mismo día que Feijoo presentó públicamente su propuesta: “no deben hacerse rebajas indiscriminadas de impuestos ni subsidios generalizados”, mientras llamaba a los Gobiernos a la “prudencia generalizada” ante el “limitado espacio fiscal” (elevados déficits públicos y mucha deuda en la mayoría de paises, entre ellos España) y “los mayores riesgos para las finanzas públicas por la guerra y la inflación”. A lo claro: no están las finanzas de los paises para gastar mucho más. Hay que concentrar las ayudas en los más vulnerables, lo mismo que dijo la OCDE el mes pasado. O sea, ayudas limitadas. Y "nada de bajadas de impuestos a la energía", señala en una carta a los paises el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni.

Pero hay más. Los expertos, desde el FMI a la OCDE, creen que bajar impuestos ahora es “contraproducente” porque alimentaría más la inflación: si la gente tiene más dinero disponible, gastará más y eso hará que las empresas suban sus precios sin resistencia. Además, subvencionar los carburantes y bajar el IVA de la energía va en contra del Cambio climático: lo que hay que hacer es subir los impuestos a los carburantes que emiten CO2, no bajarlos. En segundo lugar, la bajada de impuestos es “injusta” porque beneficia siempre más a los más ricos y aumenta la desigualdad. Y más en el caso de bajar el IVA. La tercera crítica, la más de fondo, es que la rebaja de impuestos es “peligrosa”: el Estado ha tenido que gastar millones en ayudas durante los dos años de pandemia y ahora tiene que seguir haciéndolo con la guerra, con lo que corremos el riesgo de disparar el déficit y la deuda demasiado. Y si eso pasa, las bajadas de hoy serán mañana recortes.

El debate de los impuestos debería ser “económico” y no ideológico: la derecha siempre lo utiliza para captar votantes, pero es poco realista. Por una cuestión de datos, no de política: España recauda menos que la mayoría de Europa. Entre 2011 y 2020, los ingresos públicos en España han sido del 38,7% del PIB, frente al 46,1% de media en la UE-27, el 52,8% en Francia, el 47,1% en Italia o el 45,5% en Alemania. Eso quiere decir (“a lo claro”) que España recaudó en 2019 (sin pandemia) 92.000 millones menos que la media de Europa. Y 175.000 millones menos que Francia, 104.500 millones menos que Italia y 97.000 millones menos que Alemania. Y así cada año, desde hace décadas. Por eso también gastamos menos (44,9% del PIB frente al 48,6% en la UE-27) y tenemos más déficit público.

España recauda menos que Europa en todos los impuestos (hay demasiadas deducciones, mucho fraude y se ingresa mucho menos en sociedades, por las grandes empresas: 23 multinacionales españolas sólo pagan el 2,6% de sus beneficios, según Hacienda). Y eso nos lastra para poder gastar lo que necesitamos (sanidad, educación, gastos sociales, empleo,  inversiones públicas, tecnología…) y atender a situaciones excepcionales como la pandemia o la guerra (donde las ayudas de España son inferiores a las de Francia o Alemania, que recaudan proporcionalmente más que nosotros). Así que los datos deberían forzar a España a recaudar más (como propone el Comité de Sabios encargado por Hacienda), no menos. Y a ser muy prudentes con las ayudas y bajadas de impuestos, porque tenemos poco fuelle. Y si no tenemos cuidado y la crisis se alarga, habría que volver a los recortes (que ya hizo el PP de Rajoy en 2012). En definitiva, no se puede soplar y sorber a la vez.

Ahora, entramos en el tercer mes de guerra y si el conflicto se enquista, para el verano habrá un nuevo recorte de previsiones, se retrasará la recuperación y harán falta más ayudas (españolas y europeas). Por eso hay que ser prudentes y tratar de repartir al máximo los costes de la guerra (tener conciencia de que “somos más pobres”), entre empresas, trabajadores y consumidores. Por ahora, los que más pagan la invasión son los ucranianos y los europeos más pobres. Es hora de un pacto de rentas entre empresas y trabajadores, para moderar no sólo los salarios sino también los márgenes (precios), beneficios y dividendos. Y compensar no sólo a  las familias y sectores más vulnerables, como ahora, sino también a las pensiones más bajas, que no pueden esperar a 2023. Se trata de ajustar el shock de la guerra, con solidaridad y prudencia, sin caer en soluciones “milagrosas” como la bajada de impuestos. La realidad es más compleja. 

Un mes de guerra conmociona a España

Hoy es el día 33 de la invasión de Ucrania y las consecuencias son devastadoras. Sobre todo para Ucrania: miles de muertos, 4 millones de refugiados, ciudades destruidas y asediadas. También para Europa, donde las subidas de la luz, carburantes, alimentos y materias primas destrozan las economías de familias y empresas. En España, la protesta de los camioneros ha provocado desabastecimientos y agravado la crisis del campo, la pesca y múltiples empresas, causando una  tremenda conmoción social. Ante esta nueva crisis, la Cumbre Europea no ha reaccionado como ante el COVID: en vez de limitar la subida de la luz, bajar impuestos a los carburantes y aprobar un Fondo con nuevas ayudas, se opta porque cada país “se busque la vida”. No quieren intervenir en los “sacrosantos mercados”. Ahora, nuestro Gobierno tendrá que decidir mañana cuánto “musculo fiscal” tiene para ayudar (menos que Alemania o Francia) a familias, sectores y empresas, todos pendientes de “papá Estado”. Pero los recursos son limitados, mientras muchos quieren bajar impuestos.

Enrique Ortega

La peor secuela de la invasión de Putin se la ha llevado claramente Ucrania, que tiene medio país devastado, miles de muertos, 4 millones de exiliados forzosos, 16 millones de desplazados internos y muchas ciudades asediadas y medio destruidas. Frente a este drama humano, el resto de Europa sufrimos la guerra de otra manera, en nuestros bolsillos. Tras un mes de conflicto, la principal consecuencia para los europeos es que se ha disparado aún más el coste de la energía, que ya era muy cara antes. Veamos algunos datos. El petróleo ha subido un +22,7% adicional desde el día antes de la invasión (de 97,89 dólares por barril el 23-F a 120.11 dólares el viernes 25 de marzo). Y con este alza, mayor en la primera semana del conflicto, los carburantes (que ya estaban en máximos antes) han seguido subiendo: un +14% la gasolina (1,81 euros de media) y un +21,5% el gasóleo (que roza los 1,80 euros de media), que ya cuesta más que las gasolinas en media Europa. Lo que más ha subido con la guerra de Ucrania es el gas, un +31,6% adicional (de 88,89 euros/KWh el 23F a 117 el 25 de marzo), lo que sigue encareciendo la luz: ha subido un +34,7% adicional en este mes de guerra, de 195,86 euros/KWh a 263,85 euros el viernes 25.

Los consumidores hemos visto con preocupación esta fuerte subida de la luz y los carburantes, a las que se han sumado las subidas de los alimentos y muchos artículos y productos industriales, porque junto a la energía han subido en el último mes muchas materias primas: cereales (+90% trigo, +42 % maíz), aceites, fertilizantes (+78%) y metales (+65% el níquel, +38% el paladio y +19% el aluminio), sin olvidar la subida de los fletes y transportes, que encarecen todo el comercio. Y las empresas que han podido, han repercutido estos mayores costes en subidas de precios a los consumidores, lo que subirá el IPC de marzo a cerca del 10% (la inflación ya estaba en un histórico 7,4% antes de la guerra).

El Gobierno español, como el resto de gobiernos europeos, se planteaba qué hacer para paliar los efectos de estas subidas en familias y empresas. Tenía, básicamente, dos opciones: bajar impuestos a la energía y dar ayudas generalizadas o concentrar las ayudas a las familias y sectores más vulnerables, para rebajar su factura y buscar una mayor equidad social. Porque bajar por igual los precios de la energía es socialmente injusto, ya que el precio de los carburantes y la luz no afectan por igual a alguien que gane 6.000 euros que a quien gane 600 euros. Por eso, muchos expertos y el último informe de la OCDE defienden que es mejor concentrar las ayudas en las familias y empresas más necesitadas.

Y además, hay otro debate por medio: el Gobierno español ya ha bajado los impuestos a la luz (en septiembre primero y una prorroga ahora hasta junio) y la factura sigue subiendo, porque está ligada al precio del gas, que sólo produce un 15% de la electricidad pero que marca el precio final de la electricidad en el mercado mayorista, aunque las demás fuentes de energía (hidráulica, nuclear, renovables), cuesten la quinta parte. Recuerden: es como si pagáramos la carne picada hecha con pollo, cerdo, vaca, ternera y chuletón al precio de chuletón… Por eso, la única opción de “abaratar la luz” no es bajar más los impuestos sino cambiar el sistema de fijación de precios, que es un sistema europeo. Y en cuanto a los carburantes, casi la mitad el precio son impuestos (43,4% en las gasolinas y 38,38% en los gasóleos), pero España es uno de los paises donde estos impuestos son más bajos (en la UE-27, las gasolinas pagan el 47,4% de impuestos), así que España tiene menos margen para bajarlos. Y no puede hacerlo tampoco sin autorización de la Comisión Europea.

 Así que el esquema del gobierno Sánchez era “esperar” a tomar medidas contra las subidas de la luz y los carburantes hasta ver qué conseguía en la Cumbre Europea de este 24 y 25 de marzo. Porque si conseguía que la UE modificara el sistema del mercado eléctrico, las ayudas serían menos costosas. Y en el caso de los carburantes, podría tener “luz verde” para subvencionar el precio, a todos o a algunos colectivos. Pero sobre todo, el Gobierno confiaba en que la Cumbre aprobara otro Fondo Europeo, como el Fondo de Recuperación frente al COVID, para ayudar a los paises a financiar las ayudas necesarias. O al menos, que se permitiera a los paises con más déficit, como España, que estas ayudas forzadas por la guerra de Ucrania, no contabilicen como gasto a la hora de computar el déficit.

En esas estábamos, retrasando las ayudas hasta después de la Cumbre Europea, cuando una Plataforma de camioneros ha puesto el país patas arriba, exigiendo ayudas ya. El parón de estos camioneros, iniciado el 14 de marzo, ha agravado la situación y ha provocado una conmoción nacional: se han interrumpido las líneas de suministro, los productos no han llegado al campo ni a las industrias y obras, que no han podido producir y fabricar, provocando un cierto desabastecimiento y un colapso de muchas empresas, obras y explotaciones agrícolas y ganaderas, agravando la subida de precios. Y el grave error del Gobierno, al minusvalorar la protesta, ha agravado la situación, forzándole a conceder con retraso unas mayores ayudas al transporte de las pensadas (1.050 millones: 20 céntimos por litro y 450 millones de ayudas directas por camión, furgoneta o taxi). El que protesta gana. Y encima, la Plataforma seguirá con los paros, porque ve las ayudas “insuficientes”.

Mientras, el resto de españoles que no hemos salido a la calle para protestar por la inflación, estamos a la espera de las medidas que apruebe el Gobierno este martes, tras el Consejo Europeo. Pero sepamos una cosa: España está bastante sola frente a la inflación, la de antes y las subidas desatadas por la guerra. Porque esta vez, Europa no ha respondido unida, como hizo frente al COVID. Y cada país aprobará sus ayudas, según su poder económico. De hecho, antes de cerrarse la Cumbre, Alemania ya anunció el viernes que concedería ayudas por 15.000 millones de euros. Y Francia menos, pero bastante. En el caso de España, cuyo déficit público ya se ha resentido mucho con el COVID, las ayudas serán las que se puedan dar (menores). Porque “papá Estado” no es como el chicle…

¿Qué ha pasado en la Cumbre Europea? Que Holanda, Alemania y los paises ricos del norte se han negado a la propuesta de España y el sur de Europa (más Francia) de poner un tope europeo al precio de la luz en el mercado mayorista (volver a los 180 euros/MWh, frente a los 263 del viernes), desligando su precio del gas, a cambio de compensar a las eléctricas. Una posición que defienden por dos razones: su ideología y su bolsillo (¿cuál pesa más?). Por ideología, porque son “liberales” (incluso los socialdemócratas alemanes) y defienden “no intervenir en el mercado” (acusan al presidente Sánchez de “intervencionista” y “Quijote”), no penalizar a los inversores y temen problemas de suministro si se hace. La otra razón, el bolsillo, es porque saben que si se pone un tope al precio del gas (para abaratar la luz), habrá que compensar a las compañías y temen que si la decisión es europea, haya que crear otro Fondo para pagar esa compensación. Y ellos, los ricos de la UE, pagarán más.

Así que han buscado otra salida: (ver las Conclusiones de la Cumbre UE): conceder una “excepción” a España y Portugal, para que pongan ellos un tope al precio del gas (y paguen ellos la compensación), justificando la decisión en que la Península Ibérica es “una isla eléctrica” (las interconexiones sólo suponen el 2,8% de la luz que se consume, mientras en centro Europa, la luz se exporta e importa con la agilidad que cruzan las mercancías). Y en paralelo, en lugar de crear otro Fondo Europeo contra esta nueva crisis (como el Fondo de Recuperación por la COVID), financiado en parte por eurobonos, se permite un mayor gasto (y endeudamiento) de los paises que lo necesiten para ayudar a sus consumidores y empresas. Y así, los paises más ricos del centro y norte de Europa se ahorran también pagar más de un nuevo Fondo. Eso sí, los que tengan más músculo y superávit fiscal (Alemania), podrán dar más ayudas contra la inflación.

Otra vez dos Europas frente a la nueva crisis desatada por la guerra de Ucrania. Eso sí, todos los paises van a sufrir un parón en sus economías, frenando la recuperación. Lo acaba de dejar bien claro este informe de la OCDE sobre las consecuencias del conflicto de Ucrania: la economía mundial crecerá un 1% menos (el 3,5% en vez del 4,5%) y la inflación aumentará un +2,47% (hasta el 6,7%), aumentando los déficits públicos y creciendo menos el empleo. Estados Unidos sufrirá menos esta crisis  (-0,8% de crecimiento y +1,36% de inflación) y las peores previsiones son para Europa: -1,4% crecerá la eurozona (el 2,9% en vez del 4,3% previsto antes) y +2,03% de subida extra de la inflación (hasta el 5,3%). La OCDE no hace previsiones para España, pero FUNCAS y otros expertos estiman que creceremos un 1% menos este año (+4,6%) y tendremos una inflación media del 5,8% (frente al 3,5% que auguraban antes de la guerra), lo que provocará una gran tensión en los salarios. Y lo que más les preocupa es que estos efectos negativos se agravarán si la guerra sigue, porque el conflicto y los altos precios ya están reduciendo el consumo de las familias y la actividad de las empresas, lo que se acabará traduciendo en menos crecimiento y menos empleo.

De momento, la guerra en Ucrania ha frenado la recuperación en Europa, con menos crecimiento y más gastos: la factura para la UE-27 superará los 175.000 millones de euros, según el asesor de Macron, sumando el coste de las ayudas a empresas y familias para aliviar el sobrecoste de la energía (50.000 millones), las medidas para aliviar la independencia energética (75.000 millones), el coste de la acogida a los refugiados ucranianos (30.000 millones) y los costes del mayor gasto en Defensa (los 20.000 millones restantes). Y la factura de la guerra y del “pinchazo” a la recuperación no se queda ahí: costará a Europa entre 1,5 y 2 billones de euros en los próximos 5 años, según Mario Draghi. El doble que el Plan Next Generation contra el COVID. Ahora, el gobierno europeo “esconde el ala”, pero tendrá que afrontar esta factura. Sobre todo si el conflicto ucraniano y la crisis se alargan.

Entre tanto, España vuelve a estar casi solo, como en la crisis de 2008, enfrentado a sus necesidades y con la limitación de sus cuentas públicas, con el hecho de que somos el país europeo que menos recauda (88.000 euros menos que la media UE-27). Así que ahora, tras el Consejo Europeo, el Gobierno tendrá que decidir cuánto gasta y como reparte las ayudas. En definitiva, quién paga esta crisis. Eso es lo que quiere reflejar en el Plan contra la guerra que va a aprobar este martes 29 de marzo. Repartir ayudas escasas no entre quien monte más bronca sino entre las familias y empresas que más lo necesiten. Un dilema difícil. Y más porque luego tendrá que pactarlo con los demás partidos, para sacar adelante las ayudas en el Congreso. Eso exige acuerdos y mucho realismo. Nos jugamos la supervivencia de muchas familias y empresas vulnerables, también la recuperación y el empleo. Acierten.

Los ciberataques, una guerra silenciosa

La guerra en Ucrania ha intensificado los ciberataques en Europa, incluso desde enero, antes de la invasión rusa. El Gobierno español ha elevado a nivel 3 la alerta cibernética, reuniéndose con grandes empresas y pidiendo a los funcionarios que cambien sus claves. Pero los ciberataques no sólo crecen por la guerra: llevan años disparados. De hecho, se han triplicado las denuncias de los particulares y hasta la policía dice que tenemos más riesgo de sufrir un fraude en internet que un atraco en la calle. Y un 94% de las empresas españolas sufrieron al menos un incidente grave de seguridad en 2021, con altos costes. El Gobierno ha puesto en marcha, desde 2019, una Estrategia contra los ciberdelitos, que se refuerza ahora con los Fondos europeos. Pero faltan recursos y personal cualificado, también en las empresas, sobre todo en las pymes. Y los internautas tampoco ponemos los medios suficientes para protegernos. Es hora de tomarse en serio esta otra guerra que nos amenaza cada día.

Enrique Ortega

La ciberdelincuencia es un grave problema mundial, un negocio que mueve ya más dinero que el tráfico de drogas, unos 5,5 billones de euros en 2020, según datos de la Comisión Europea. Y si ya era un riesgo global, se ha acelerado con la pandemia, al haberse multiplicado la conexión a Internet, la conectividad, el teletrabajo y las compras online, multiplicándose por cuatro el fraude cibernético, según el FBI. En España, los ciberdelitos aparecen en primer lugar en el ranking de los delitos más preocupantes para los próximos años, según la Estrategia nacional contra el crimen organizado aprobada en 2019.

Ahora, con la guerra de Ucrania, incluso antes de la invasión, se han disparado los ciberataques contra infraestructuras básicas, instituciones  y grandes empresas, en Europa y en España. Es la llamada “guerra híbrida”, que mezcla ciberataques y propaganda. De hecho, la Unión Europea ya anunció el 22 de febrero, dos días antes de la invasión de Ucrania, el despliegue de un equipo de respuesta cibernética en toda Europa, mientras muchos paises y también EEUU, elevaban su nivel de alerta cibernética. En España, un informe del Centro Criptológico Nacional (dependiente del CNI) ya alertaba en enero sobre “el riesgo de ciberataques de alta persistencia y sofisticación tecnológica”. Y señalaba que España sufre diariamente ciberataques de peligrosidad muy alta o crítica contra el sector público y grandes empresas privadas, parte de ellos procedentes de “otros Estados” que tienen entre sus motivaciones debilitar nuestra capacidad política, económica y tecnológica”, sin citar nombres de paises, aunque Rusia siempre es el primer sospechoso.

Ahora, una vez invadida Ucrania, el Gobierno español decidió, el 9 de marzo, elevar la alerta cibernética al nivel 3 (hay 5 niveles), ante el temor de que arrecien los ciberataques rusos. Y en paralelo, ha creado un Comité de Ciberseguridad, dirigido por el CNI y bajo el paraguas del Comité de Crisis creado en la Moncloa, que está coordinando la defensa ante los ciberataques. Por un lado, se ha reunido con las grandes empresas del IBEX y las empresas estratégicas (energía, telecomunicaciones, servicios esenciales) para coordinar medidas e intercambiar información. En paralelo, se ha instruido a diplomáticos, funcionarios e instituciones públicas (incluidas Universidades) para que cambien contraseñas y refuercen la ciberseguridad. Incluso han pedido al Congreso que los diputados extremen la precaución en el uso de sus móviles y dispositivos informáticos.

Pero el problema de la ciberseguridad es muy anterior a la guerra de Ucrania. La generalización del uso de Internet, sobre todo en estos 2 años de pandemia, ha multiplicado los ataques, tanto a particulares (que compran y operan más por Internet) como a las empresas, a quienes el teletrabajo ha aumentado su brecha de seguridad. Los datos son muy relevantes. El INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (con sede en León) gestionó  en 2020 (últimos datos oficiales) 133.155 incidentes de seguridad en particulares y 861 incidentes en operadores privados, sobre todo en Cataluña, Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y País Vasco. Y en 2021, con datos del primer semestre, el INCIBE atendió 69.211 consultas (al teléfono 017 o bien online), un 68% más que en 2020: envío de SMS fraudulentos, robo de datos, suplantación de identidad, falsos soportes técnicos, fraude en compraventas, tiendas online falsas, hackeo de cuentas o dispositivos, sextorsión, problemas con menores…

La ciberseguridad no es sólo un problema de los Estados, instituciones públicas o grandes empresas, sino que nos afecta a todos los que utilizamos Internet. De hecho, más de la mitad de internautas (un 55,3%) sufrieron alguna incidencia de seguridad online en la primera mitad de 2021, según el INCIBE. Y de ellos, la mitad (el 28% del total) sufrieron un incidente grave. La mayoría de los incidentes fueron correos indeseados (85%), virus informáticos y códigos maliciosos (61%). Y son 4  las amenazas más comunes denunciadas: estafas informáticas (phising o robo de contraseñas y datos bancarios y carding, el copiado de tarjetas), daños a cambio de dinero, fraude en las telecomunicaciones (robo de wifi) y delitos contra la intimidad (sextorsión o bullying informático).

En el caso de las empresas, los ciberataques son aún más preocupantes: el 94% de las empresas españolas sufrieron un incidente grave de seguridad en 2021, según un reciente informe de la consultora Deloitte. De ellas, el 69% sufrieron entre 1 y 2 ataques y un 25% sufrieron más de 2 ataques en 2021. Las más afectadas fueron las aseguradoras (4 ataques graves de media), empresas de telecomunicaciones, medios de comunicación y tecnológicas (3 ataques), empresas de fabricación (2,80 ataques), bancos (2,25) y la Administración Pública (2 ataques graves: recordemos la paralización de las oficinas del SEPE). Los ataques se dan más a las grandes empresas (hay más “botín”), pero son más frecuentes en las pymes, que están menos preparadas: 1 de cada 5 pymes ha sufrido un ataque informático en el último año, con un coste medio de 35.000 a 75.000 euros por empresa, según Acens.

Cuatro son las ciberamenazas habituales a las empresas. La más utilizada (19% empresas la han sufrido) es el phising (el robo de datos), seguida de cerca por el ransomware (se restringe el acceso a los datos de la empresa y se pide un rescate para desbloquearlo), sufrido por el 18% de las empresas, el malware (introducir un programa malicioso que realiza acciones dañinas), que afectó a otro 14% de empresas, y el data breach (escape o filtrado de datos), que afecta a otro 10% de compañías. En conjunto, las estadísticas revelan que la media anual de ciberataques a empresas subió un 21% en 2021.

Al final, no todos los ciberataques se denuncian, en unos casos por desconocimiento o pereza (particulares) y en otros por preservar la imagen de marca (empresas). Con todo, los delitos informáticos denunciados se han triplicado: han pasado de 92.716 denuncias en 2016 a 287.963 denuncias en 2020 (+31%), último año que figura en el informe del Ministerio del Interior. El problema es que resulta muy difícil investigar muchos de estos ciberdelitos, porque su origen está en paises extranjeros muy opacos (Rusia, paises del Este, Asia) y no es fácil demostrar la autoría ni detener a los culpables. Por eso, de los 287.963 delitos denunciados, sólo se esclarecieron 38.046 (el 13,2%) y fueron investigados y detenidos sólo 11.280 delitos (el 3,91%). Un dato curioso, que contrasta con lo que muchos piensan, es que el 79,2% de los ciberdelincuentes detenidos fueron españoles.

Lo preocupante es que los ciberdelitos, a particulares (lea cómo es un fraude online) y empresas, se han aupado al 7º lugar del ranking de delitos más comunes, por delante del tráfico de drogas y de los robos con violencia (la propia policía cree que “es más fácil que nos roben por Internet que nos atraquen en la calle”). Los investigadores indican que el auge de los ciberdelitos se explica por varias razones: la facilidad para delinquir (los equipos tienen bajo coste), el poco riesgo (sólo se esclarecen y detienen el 3,91% de los delitos denunciados) y porque se ha producido una “migración” de delincuentes de otros delitos (droga, robos) a los ciberdelitos, donde trabajan para grandes mafias que les compran datos. Y hay otra explicación más: la falta de medios especializados, en las comisarías y en las fuerzas de seguridad, para detectar y perseguir estos delitos, que promueven mafias muy poderosas.

Las autoridades que vigilan los ciberdelitos, en especial el INCIBE, multiplican sus esfuerzos para que particulares y empresas refuercen su ciberseguridad. Pero hacemos poco. La prueba es que sólo el 61% de los internautas han cambiado sus hábitos (cambio contraseñas, antivirus, herramientas de privacidad) tras sufrir un problema de ciberseguridad. Y sólo un 30% de los internautas han cambiado sus hábitos de compra tras un fraude online, según los datos de INCIBE, que alerta además de una reducción de las medidas de seguridad (programas antispam, cortafuegos, antivirus) tanto en los ordenadores de casa como en los teléfonos móviles. Y llaman la atención sobre la costumbre generalizada de usar fuentes desconocidas para la descarga de aplicaciones (una de las vías principales de entrada de virus). Además, reiteran en su web las recomendaciones de seguridad para los usuarios: actualizar dispositivos y aplicaciones, antivirus, seguridad de contraseñas, descargas aplicaciones en sitios seguros y realizar periódicamente copias de seguridad.

Para las empresas, el mejor consejo de ciberseguridad es gastarse dinero, darle importancia institucional (crear un responsable de seguridad con categoría y medios) y la formación de los empleados (que son la principal entrada involuntaria de virus, vía correo electrónico, navegación por Internet o aplicaciones descargadas). Muchas empresas subcontratan la ciberseguridad y eso les resta eficacia. Y en el caso de las pymes, apenas se invierte en seguridad ni se cuenta con planes y personal preparado. De hecho, los especialistas en ciberseguridad van  a ser los profesionales más demandados en los próximos años: harán falta 83.000 nuevos especialistas para 2024, según el INCIBE.

El Gobierno Sánchez lleva desde 2019 empeñado en la lucha contra el cibercrimen y este trabajo ya ha dado algunos frutos: España es el 4º país del mundo con más ciberseguridad global, según el Global Cybersecurity Index 2020, elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), sólo por detrás de EEUU (1º), Reino Unido y Arabia Saudí (2º) y Estonia (3º), empatado a puntos (98,52 sobre 100) en el 4º puesto con Corea y Singapur y por delante de Francia (9º lugar), Alemania (13º) o Italia (20ª). El índice mide 5 indicadores y España ha obtenido el máximo (20 puntos) en cuestiones legales, capacidad de desarrollo y cooperación, obteniendo una alta nota en la aplicación de capacidades técnicas (19,54 puntos) y estrategias nacionales de ciberseguridad (18,98).

En enero de 2019, el Gobierno aprobó la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado que incluía un Plan Estratégico de Ciberseguridad. Y en abril de 2019, el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) aprobó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. En julio de 2020 se creó el Foro Nacional de Ciberseguridad, un especio de colaboración entre la administración pública y las grandes empresas privadas para reforzar la ciberseguridad. En diciembre de 2020, se aprobó la Agenda Digital 2025, un Plan para reforzar la digitalización de la economía y de la Administración, con medidas de ciberseguridad. Y el 9 de marzo de 2021, el Ministerio del Interior aprobó el Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad, que se refuerza con los Fondos europeos destinados a la ciberseguridad en el Plan de recuperación (260 millones, entre 2021 y 2024, para que las pymes refuercen su ciberseguridad. Y todo ello dentro del paraguas de la Unión Europea, que ha centralizado toda su gestión de la ciberseguridad europea en un nuevo Centro, abierto en Budapest en febrero de 2022. En España, el Centro de  gestión de la ciberseguridad pública se acaba de adjudicar a Telefónica e Indra.

Parece que los poderes públicos, europeos y españoles, se han tomado en serio la guerra contra la ciberdelincuencia, uno de los grandes retos del siglo XXI, junto al cambio climático y la revolución tecnológica. Pero queda mucho por hacer. A nivel público, dedicar más dinero y medios a la lucha contra la ciberdelincuencia: baste decir que el Plan contra la Cibercriminalidad contó en 2021 con 1 millón de euros de presupuesto… Y las empresas apenas gastan en ciberseguridad, solo las muy grandes, no las pymes. Y nosotros, los particulares, ni gastamos en seguridad ni tomamos apenas medidas de defensa, al navegar por Internet, abril correos, compartir información o bajarnos aplicaciones. Hay que tomarse más en serio esta guerra, como ahora la defensa europea o la autonomía energética. Porque la ciberdelincuencia es cada día más fuerte y peligrosa. Nos jugamos mucho.