Este curso, 862.000
jóvenes estudian Formación
Profesional (FP), casi el doble de alumnos que hace
doce años. Son ya 5 años con más jóvenes estudiando FP que Bachillerato,
mientras un 15% de universitarios se han pasado a FP. La razón es simple: un 70% de los que estudian Formación
Profesional encuentran trabajo y las
empresas les ofrecen ya más empleos que a
los universitarios. Pero, a pesar del salto, España está a la cola de la
FP en Europa. Y además, sólo un 3%
de alumnos siguen la FP dual (estudios y prácticas en empresas), que en Alemania siguen el 75% de los jóvenes que estudian FP, lo que explica que su paro juvenil sea del 5,7% y el nuestro del 32%. Urge incluir la FP en un imprescindible Pacto educativo y dotar a esta
enseñanza de más recursos, más Centros
(faltan 250.000 plazas), más profesores
y más empresas para hacer prácticas. Y, sobre todo, “prestigiar” socialmente a la FP, la enseñanza que consigue trabajo.
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En España, la Formación Profesional (FP) se ha considerado siempre como “una enseñanza de segunda clase”,
la que estudiaban “los más torpes” y los que necesitaban llevar pronto un
sueldo a casa. Y el sueño de todos los
padres era “tener un hijo universitario”. El resultado es que tenemos más universitarios que Europa (un 37,3% de los adultos, frente al 35,6%
en la UE-23), aunque eso no evita que tengamos más del doble de paro juvenil (32,2% frente al 14,2% en la UE-28) y que uno
de cada tres universitarios (el 37,6%) estén subempleados, trabajan en empleos
para los que están sobrecualificados. Y
mientras, estamos a la cola de Europa en Formación Profesional, la enseñanza con la que los
jóvenes encuentran más empleo: sólo la estudiaban (2017) el 12% de los jóvenes españoles (15-19 años), frente al 29% en Europa y el 25% en la OCDE, un 43% en Austria, un 42% en
Italia, un 30% en Finlandia, un 23% en Francia, un 22% en Reino Unido o un 17%
en Alemania, según la OCDE.
Con la crisis de
2008, la situación empezó a cambiar
y muchos jóvenes eligieron estudiar FP en vez de seguir con Bachillerato y
luego con una carrera universitaria. Era más
corto, más barato y, sobre todo,
parecía que en la FP había más empleo.
El cambio se ha ido consolidando en la última década y los alumnos de FP casi se han duplicado, pasando de 462.492 matriculados en
2007-2008 a los 861.906 alumnos que estudian FP este curso 2019-2020 (23.142
más que el curso pasado), según los datos de Educación. El despegue
se dio sobre todo en el curso 2012-2013
(666.047 alumnos de FP) y con este son ya cinco cursos en los que hay
más jóvenes estudiando FP que Bachillerato (672.524 alumnos en el curso 2019-20).
La Formación
Profesional tiene tres grados: la FP Básica (74.947
alumnos este curso), que se estudia a partir de los 15 años (2 cursos) y que se inventó la LOMCE de Rajoy en 2013
para reducir el abandono escolar y “embolsar” ahí a los alumnos con problemas
en la ESO, la FP de Grado Medio
(358.657 alumnos este curso), que se estudia al terminar la ESO (a los 16 años,
2 cursos) y la FP de Grado Superior (428.302
alumnos este curso), que se estudia al final de la FP de Grado medio o del
Bachillerato (a los 18 años, otros 2 cursos) y que es la que más está creciendo, porque cada vez hay más jóvenes que escogen
esta vía en vez de la Universidad y porque también
la escogen licenciados: entre un 10
y un 15% de los alumnos matriculados en FP de Grado Superior son universitarios
que han abandonado una carrera o la han terminado y quieren estudiar FP para
conseguir mejor prácticas en una empresa y un posterior empleo, según la Asociación FP Empresa.
En la Formación
Profesional, tiene un mayor peso la enseñanza pública (71,7%
alumnos estudian en centros públicos, frente al 67,1% en todas las enseñanzas)
y menos la concertada (16% alumnos
FP frente al 25,5% de alumnos en toda la enseñanza no universitaria), aunque destaca la FP privada (12,3% de
alumnos, frente a sólo el 7,4% en toda la enseñanza), que gana a la FP
concertada en alumnos de FP Grado Superior. Donde tiene más peso relativo la FP es en el País Vasco (un modelo), Galicia,
Canarias, Castilla León y Castilla la Mancha, aunque en número de alumnos
lideran Andalucía (18,2%), Cataluña (15,8%), Comunidad Valenciana (12,5%) y
Madrid (10,9%). Hay más chicos (56%) que chicas (44%) estudiando FP y ellos se matriculan más
en Informática, Transporte y Mantenimiento de Vehículos, Electricidad y
Electrónica, Comercio y Marketing y Actividades Deportivas, mientras ellas
eligen estudiar Sanidad, Servicios socioculturales y a la Comunidad,
Administración y Gestión y Turismo y Hostelería, según los datos de Educación.
El salto en la Formación Profesional va
a seguir porque los jóvenes españoles ven en su entorno que hay
más trabajo estudiando FP que con Bachillerato o una carrera. Y los
datos lo corroboran. Por un lado, la tasa de paro entre los jóvenes con FP de
Grado Superior es sólo del 7,5%, frente al 12% entre los universitarios y el
32% entre los jóvenes en general, según los datos de Educación. Y el grado
de empleabilidad de los recién graduados en FP es del 70% en España (79,5% en la UE) frente al 63% de los que tienen una
titulación general, según señala el último Monitor de la Educación publicado por la Comisión Europea en octubre.
Y algo más concreto: en 2018, por primera vez, las empresas españolas hicieron más ofertas de empleo a los titulados de FP
(el 42,6%) que a los titulados
universitarios (38,5%), según un reciente informe de Infoempleo y Adecco. La áreas con más ofertas de empleo fueron
Administración y Gestión, Electrónica e Informática, Fabricación mecánica,
Informática y Comunicaciones e Instalación y Mantenimiento, cinco
especialidades que se reparten el 36% de las ofertas de trabajo, de industrias,
hostelería y turismo, informática y construcción.
Otra ventaja de
la Formación Profesional, además de
que asegura más trabajo, es que resulta una enseñanza más
corta (2 años de FP Grado Superior frente a 4 años de un Grado, más los
Másteres) y más barata que la universitaria, para las familias y también
para el país. Así, se estima que el coste de un alumno de FP Superior es de
13.000 euros (6.500 por 2 años), la tercera parte del coste de formar a un
universitario (6.500 euros por 6 años de media entre repeticiones y másteres),
con lo que un alumno universitario
cuesta al Estado 26.000 euros más que uno de FP Superior, según un estudio realizado por el IEF y Bankia. Y además de este ahorro, el joven
con FP empieza a trabajar (y a cotizar) antes.
Cara al futuro, el crecimiento
de alumnos en Formación Profesional va
a seguir, porque en el futuro las empresas requerirán aún más esta
formación. De hecho, para 2030, del total de nuevos empleos que se demandarán,
un 65% serán titulaciones medias de FP y el otro 35% titulaciones altas, de FP
Grado Superior y Universidad, según el estudio Skills Forecast,
elaborado por la agencia Cedefop, de la Unión Europea. Así que, dentro de una década, España necesitará tener más jóvenes con
estudios de FP que universitarios, justo lo contrario de lo que pasa ahora:
este curso 2019-2020 se han matriculado 1,6 millones de jóvenes en la Universidad y la
cuarta parte, 428.302 alumnos, en FP
Superior.
A pesar del gran
salto en la FP, que casi ha
duplicado sus alumnos en los últimos 12 años, queda mucho por hacer, ya que estamos muy retrasados frente a Europa.
No es sólo que haya pocos jóvenes (15 a 19 años) que estudian FP: un 12% en España
frente al 29% en Europa. Es que después, cuando los jóvenes se gradúan en
Secundaria (a los 18 años), 2 de cada 3 lo hacen en Bachillerato y sólo 1 de cada 3 se gradúan en FP de Grado
Medio, la formación con más futuro
laboral en 2030, según la OCDE. Este 33,3% de titulados en FP de Grado Medio está a la cola de
Europa (UE-23), donde se gradúan en FP de Grado Medio el 46,3% de los que
acaban Secundaria, un porcentaje que llega al 76,8% en Austria, al 62,6% en
Reino Unido, al 58,1% en Italia y al 44,3% en Alemania, según
la OCDE. Y luego, como hemos visto, entre los estudiantes mayores de 18
años, hay en España 1 estudiante de FP
de Grado Superior por cada 4 Universitarios, muchos menos que en Europa.
Otro problema que tenemos es el escaso peso en España de la Formación Profesional Dual, una nueva
modalidad de FP, implantada por primera vez en el curso 2013-14. Combina el estudio en los Centros con prácticas
remuneradas en empresas (un mínimo del 33% del tiempo), a diferencia del
resto de la enseñanza de FP, que sólo incluye 3 meses de prácticas en empresas
al final del ciclo educativo. En España,
la FP dual sólo la cursan el 3% de los alumnos de FP, cuando en Centro Europa cursan
esta modalidad entre el 40 y el 70% de los alumnos de FP y en
Alemania llega al 75%: jóvenes que estudian 3 años de FP Dual en
Centros y empresas, con un sueldo de 875 euros. Una formación muy efectiva,
porque el 68% se quedan a trabajar en la empresa donde se forman.
En España, la FP dual
no sólo tiene un escaso peso sino
que, además, ha caído en el último curso
del que el Ministerio de Educación publica datos: pasó de tener 23.973 alumnos, 854 Centros y 10.081 empresas
en el curso 2016-2017 a 20.719 alumnos,
803 Centros y 10.156 empresas en el curso 2017-2018. ¿Qué está fallado? Varias cosas. Por un lado, los Centros de FP públicos no tienen medios
(profesores, instalaciones y presupuesto) para impartir este tipo de enseñanza
(sólo la ofrecen 803 Centros de los 2.600 Centros que imparten FP). Y por otro,
sólo algunas empresas (las grandes,
no la mayoría de las pymes) aceptan
participar en esta enseñanza, que les exige poner un tutor al alumno y en
algunos casos (depende de las autonomías) pagarle un sueldo ligado al salario
mínimo (según las horas que trabaje). Además, los sindicatos se quejan de que muchas empresas utilizan la FP dual para
“seleccionar” a los mejores alumnos de FP (pocos) y conseguir mano de obra
barata.
Cara al futuro, el
reto de la FP en España es llegar a más alumnos y multiplicar el peso de la
FP dual, que es la que asegura más empleo. Para ello, hay que aumentar la oferta de plazas de FP, que
faltan en muchas regiones (en Madrid, más de 30.000 alumnos se han quedado sin
plaza en FP, según CCOO). De hecho, en España hay 33 plazas por cada 100 alumnos, frente a 60
en Alemania. El objetivo debería ser, según el Ministerio de Educación, crear 300.000 nuevas plazas de FP en los próximos 5 años. Eso implica, según
proponen los sindicatos, gastar más en Centros, instalaciones y profesores.
Pero no es sólo cuestión de dinero. También hay que renovar la oferta de titulaciones (172 este curso: ver listado), para
incluir la formación digital y en nuevas tecnologías que piden las empresas. Y,
sobre todo, implicar en la FP dual a más
empresas, sobre todo más pymes.
El Gobierno Sánchez presentó en septiembre de 2018 a
sindicatos y patronal un Plan Estratégico para la FP, en el que se ha avanzado poco este año al convocarse
elecciones. En dicho Plan se contemplan cambios para la FP: incluir 80 nuevos grados (reduciendo de 4 años a 1 el
plazo para ponerlos en marcha), integrar más a las empresas en la formación e
incluir 12 nuevos Cursos de especialización relacionados con la fabricación
inteligente, la digitalización, la ciberseguridad, redes 5G, robótica, drones,
vehículos eléctricos, inteligencia artificial, big data y análisis de datos.
Además, prometió crear 250.000 plazas de FP, 30.000 ya este curso, triplicando en
diciembre pasado el presupuesto para la formación de profesores. Y además de
apostar por la FP Dual, el Plan Estratégico pretende incluir el reconocimiento de competencias: el 50% de los españoles tiene una serie de
habilidades aprendidas con la experiencia pero sin titulación y la FP les puede
permitir convalidarlas.
Los expertos reiteran que potenciar la FP exige dotarla
de más flexibilidad en la oferta y facilitar las pasarelas con Bachillerato y la Universidad, para que sean más
fáciles los cambios. Además, ex rectores catalanes han propuesto “la modalidad 2+2”: permitir a los
que hayan cursado FP de Grado Superior (2 años) que puedan obtener después un
título universitario de Grado cursando sólo 2 años en la Universidad. Serían “licenciados
FP”, con formación y
prácticas, un universitario mucho más atractivo para las empresas que el
licenciado a secas.
Los Centros educativos y los sindicatos piden además que exista
una normativa única de FP en toda España y no 17 modelos distintos como ahora. Que el Gobierno central regule
cuestiones claves de la FP dual, como la obligación de las empresas de nombrar
un tutor que supervise las prácticas del estudiante y su remuneración, que
depende de las autonomías: en Cataluña es obligatorio pagarles según las horas
trabajadas y en Andalucía no. Un ejemplo
para toda España es el modelo de FP en Euskadi, que en su día implantó la actual ministra
de Educación en funciones, Isabel Celáa, gran defensora de la FP.
En definitiva, nos jugamos el empleo del futuro con la FP
y eso exige potenciarla al máximo, prestigiar la Formación Profesional entre los jóvenes, sus familias y los
docentes. Y contar con más recursos, más
Centros y más oferta de títulos, ligados a lo que necesiten las empresas.
Es clave incluir la Formación
Profesional en el gran Pacto educativo que necesita España con urgencia. Una prioridad para salvar el empleo de
los jóvenes.
Hoy se ha conocido la EPA
de septiembre, que refleja lo que todo el mundo dice: la recuperación se está frenando y también el empleo. Este verano se
han creado sólo 69.400 empleos, la tercera parte que en 2018 y el menor aumento
del empleo desde 2013. Y lo peor: el empleo sólo crece entre los hombres y
baja entre las mujeres. Además, sólo
un 6,2% de los nuevos contratos son “decentes”
(fijos y a jornada completa), con lo que seguimos siendo el país con más trabajo precario
de Europa. Y mientras, apenas
baja el paro, casi la mitad de los parados llevan más de un año sin trabajo y el 40% no cobran ningún subsidio. De hecho, hay
1,28 millones de parados sin ninguna ayuda, en la pobreza más absoluta. Un panorama
muy preocupante, tras 6 años de
recuperación y con la amenaza de otra
crisis. Por eso, urge tener un nuevo Gobierno que pacte un Plan
de choque contra el paro y por un empleo de más calidad, con un acuerdo
social entre patronal y sindicatos y con medidas que deberían ser la prioridad de todos los partidos en 2020.
El empleo no puede esperar.
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El verano suele ser una
buena época para el empleo, por el turismo. Pero este año, ha “pinchado” el turismo (-0,92% de turistas en julio y agosto) y también el empleo, sobre todo en
septiembre. Con ello, el empleo se desinfló en el tercer trimestre de 2019,
según
la EPA conocida hoy: sólo se
crearon 69.400 empleos entre julio y
septiembre, la menor cifra de creación de empleo desde 2013 (se crearon 183.900
empleos en el tercer trimestre 2018, más de 225.000 en 2016 y 2017, 182.200 en 2015,
151.000 en 2014 y 39.500 en 2013). Y lo más preocupante es que sólo se ha creado empleo entre los hombres (+74.300) y se ha perdido entre las mujeres (-4.900 en el trimestre). Se creó empleo este verano en los servicios (+87.700) y la industria (+51.200), pero se perdió en
el campo (-63.000) y la construcción (-6.500). Por autonomías, el empleo aumentó
en 11 (+41.000 en Baleares, +31.300 en Cataluña, +16.700 en la Comunidad
Valenciana y +15.400 en Castilla y León), pero bajó en otras 6 (-35.000 Andalucía, -15.100 en País Vasco), más
Ceuta y Melilla, según la EPA.
Con todo, lo más preocupante es que el empleo que se crea sigue siendo muy precario, más incluso que en 2018. Así, el 90,4% de los contratos firmados entre enero y septiembre de 2019 son temporales, según Trabajo, frente al 89,6% en el primer semestre de 2018, el 90,32% en el 2º
y el 89,75% de todo 2018, en línea con el 91% de contratos temporales firmados
en 2016 y 2017. Y además, hay una gran
rotación, con lo que se firman muchos contratos de corta duración
para cada empleo. Así, un 38% de los contratos se firman por menos de
un mes y un 25% por menos de 1 semana, sobre todo en el turismo, la hostelería,
el comercio y los servicios. Además, lo que sucede es que esta excesiva
temporalidad se ceba en un reducido número de trabajadores, unos 212.000, que
han firmado una media de 3,3 contratos al mes, unos 40 contratos al año para
poder trabajar, según un estudio de CCOO.
Esta alta
temporalidad de los nuevos contratos, que arrastramos desde la reforma
laboral aprobada por Rajoy en 2012, lleva a que España sea el país europeo
con más precariedad laboral: un 26,66%
de los asalariados tienen ya un contrato temporal, casi el doble que en Europa
(13,7% de contratos temporales en la UE-28), Francia (16.5%) o Alemania (12%), según Eurostat (2019).
Y España es también el país europeo donde se hacen más contratos temporales por
menos de 6 meses: el 60% del total, frente al 15% en Alemania, según la OIT.
También suben este año los contratos a tiempo parcial (por
horas o días), que suponen el 35,4%
de los contratos firmados de enero a septiembre (frente al 33,18% en el primer
trimestre y el 34,72% en el 2º), según Trabajo. El problema de estos contratos a tiempo parcial es que se concentran en las mujeres: 2,06
millones de los 2,78 millones de asalariados que trabajan a media jornada.
Y además, las mujeres y los hombres que trabajan menos horas no lo hacen porque
quieren (algunos sí, para cuidar a hijos y padres dependientes), sino porque no encuentran otra cosa.
Así, el 55,8% de los contratados a
tiempo parcial en España lo son de forma
“forzosa” (subempleo), frente al 24,8% de media en Europa, según Eurostat.
Así que España crea empleo, más que la mayoría de Europa,
pero sigue siendo un empleo muy precario. De hecho, sólo el 6,2%
de los contratos firmados en 2019 (16.783.000 entre enero y septiembre) son contratos “de calidad”: indefinidos
y a tiempo completo, menos incluso que en 2018 (6,5% fueron contratos fijos
y a tiempo completo), según Trabajo. Pero además, estos
contratos “indefinidos” no son
tampoco “seguros”: sólo un 63% de
los contratos indefinidos firmados a lo largo de 2018 sobrevivían a finales del
año pasado, según un
estudio de CCOO, que lo achaca a la reforma laboral de 2012, porque en 2011, el 87% de los contratos
indefinidos se mantenían. Y otro dato sorprendente sobre la precariedad de los
contratos “fijos”: sólo el 50% de los
contratos indefinidos firmados en 2017 sobrevivían a finales de 2018: la otra mitad se habían perdido.
Esta elevada precariedad laboral, más en
los contratos temporales y de media jornada, pero también en los indefinidos,
se traduce en bajos salarios, porque
los contratos precarios ganan entre un 39% y un 62% del sueldo de los contratos
indefinidos a jornada completa: 17.003 euros anuales los empleos temporales y
10.648 euros a tiempo parcial frente a 27.348 euros los que trabajan a tiempo
completo, según la estadística salarial del INE (2017). Eso explica el aumento en España de los trabajadores pobres (los que ganan
menos del 60% de la media del país): 2.200.000 personas con empleo, el 13% de los asalariados, según
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), muy por encima de la media europea (9,5%) y el tercer país con
más trabajadores pobres de Europa, tras Rumanía (24%) y Grecia (17%).
Si la situación del empleo
es preocupante, lo es mucho más la del paro,
que afecta a 3.214.400 españoles y sus familias, según la EPA. La
bajada del paro en el trimestre (-16.200) es mucho menor que en los últimos
años (bajó en -164.000 en el tercer trimestre de 2018 y en -298.200 parados en
2015). Y aunque la tasa de paro esté
ahora en el 13,92% (Rajoy la dejó en el
16,7%), es todavía mucho más alta que antes de la crisis, cuando
estaba
en el 7,9% (verano 2007). Y, sobre todo, es la segunda más alta de
Europa, tras Grecia (17% de paro), con más
del doble de paro que la media europea (6,2% en la UE-28) y más de cuatro veces el paro de Alemania (3,1%), según los últimos datos de Eurostat (agosto 2019). Además, el paro afecta especialmente a los jóvenes (31,6% en paro frente al 15%
en 2007), los inmigrantes (21% paro)
y las mujeres (15,92% en paro frente
al 12,7% os hombres). Y hay 5 autonomías
que superan o rondan la tasa de paro
del 20% (Melilla, Extremadura,
Ceuta, Andalucía y Canarias), mientras seis
no llegan al 10% (Navarra, País Vasco, Aragón, Cantabria, Baleares y la
Rioja), según la EPA.
No es sólo que tengamos todavía una tasa de paro “insoportable”.
Es que la situación de los parados es doblemente preocupante.
Por un lado, son casi la mitad (el
43,5%) los parados que llevan varios años en paro, sin encontrar trabajo, lo que les dificulta ser
recolocados: hay casi 1,4 millones de
parados EPA que llevan más de un año
sin trabajar, el triple que antes de la crisis (500.000 parados de larga
duración en 2007). Y de ellos, casi 700.000 llevan más de 4 años parados,
muchos de ellos sin perspectiva de encontrar trabajo porque tienen más de 45
años.
Por otro lado, casi
la mitad de los parados no cobra ninguna ayuda, porque se les ha acabado el
subsidio o porque su contrato era tan precario que no tiene derecho (o
autónomos que no han cotizado). En agosto, último dato de Trabajo, sólo 1.927.778 parados cobraban alguna ayuda, el 60% de los parados EPA, cuando antes
de la crisis, en 2007, cobraban subsidio el
76% de los parados. Y hay 4
autonomías donde hay más parados que no cobran ayudas (más del 50%) de los que sí las
cobran: Melilla (sólo 31,25% cobran algo), Canarias (49,16%), Ceuta (43,58%) y
Asturias (48,37%). Además, entre los que cobran algo, son mayoría (1.018.538
parados) los que cobran un subsidio
“asistencial” (de sólo 430 euros,
durante unos meses) que los que reciben un
subsidio “contributivo” (909.240 parados), que ha bajado a 804,70 euros al mes.
Con la EPA de hoy, el empleo ronda los 19,8 millones de ocupados, lo que indica que se han creado 2.833.700 nuevos empleos (precarios y mal pagados)
con la recuperación iniciada en la primavera de 2014. Pero todavía
queda recuperar 726.300 empleos para alcanzar la máxima ocupación alcanzada
antes de la crisis (20.510.600 españoles trabajaban en septiembre de 2007, según la EPA).
Así que no hay que hacer “triunfalismo”
con los datos de empleo de junio, sobre todo porque el ritmo de creación de empleo está bajando, como el crecimiento de
la economía. La previsión de la Comisión Europea es que el empleo en España crezca este año un 2%
(frente al 2,5% en 2018 y el 3% en 2016 y 2017). Eso se traducirá en 350.000 nuevos empleos este año 2019, tras los 566.200 creados en 2018 (y
una media de 465.000 cada año entre 2014 y 2017). Y eso si no hay “sustos” en el
horizonte económico de los próximos meses (guerras comerciales, subida
del petróleo y los tipos, estancamiento en Europa, nuevos ajustes, bloqueo político en España…).
Como he intentado explicar, los datos del empleo y el paro
mejoran pero están lejos del resto de Europa y de recuperar la situación que
teníamos antes de la crisis, a pesar de estos 6 años de recuperación. Y
la situación es angustiosa para muchas familias, o bien porque siguen en paro (mucho
tiempo ya y sin cobrar subsidio) o porque tienen empleos muy precarios y mal
pagados, que les hacen mirar el futuro con mucha incertidumbre. Por todo ello,
el paro sigue siendo “la primera
preocupación de los españoles” (para el 60%), según el Barómetro del CIS de septiembre. Y eso hace que las soluciones no pueden esperar, a
la vista del grave panorama del empleo y el paro que acabo de reflejar, con datos oficiales.
Lo primero y más urgente es resolver la grave
situación de los parados que no cobran y que están en la pobreza y la exclusión
social. Son 1.450.000 parados que no
reciben ayudas, según un estudio de CCOO. Los sindicatos ya presentaron en el Congreso, en febrero
de 2017, una iniciativa popular (apoyada por 700.000 firmas) para pagar una renta mínima
de 426 euros a las familias sin recursos, iniciativa que contó con el apoyo de
todos los grupos, salvo PP y Ciudadanos. Ahora, casi 3 años después, esta propuesta de renta mínima sigue sin
aprobarse y tendrá que debatirse en el Congreso que salga tras las elecciones del 10-N. Mientras, la Autoridad Fiscal independiente (AIREF) ha dado un espaldarazo técnico es esta renta mínima, al presentar un estudio donde defiende crear una renta mínima de 430 euros para
1,8 millones de familias excluidas, con un coste de 5.500 millones anuales.
El próximo Gobierno debería pactar también un Plan de choque contra el paro,
dirigido especialmente a los jóvenes, las mujeres y los parados de larga
duración, los colectivos que tienen más difícil colocarse. Primero, hay que volcarse en su formación (hay 1.504 millones de euros para formación sin gastar, de los ejercicios 2015, 2016 y 2017), con cursos más eficaces y
ligados a lo que piden las empresas. Segundo, hay que reformar los servicios públicos de empleo
(SEPE), para que no sean unas oficinas burocráticas sino que ayuden realmente a
los parados a encontrar empleo, como agencias de colocación. Un avance pueden
ser los 3.000 asesores que han contratado
las autonomías para orientar a los jóvenes parados, en cumplimiento del Plan de empleo joven aprobado por el Gobierno Sánchez en diciembre. Y tercero, hay que incentivar
(ayudas fiscales, cotizaciones) a
las empresas que contraten de forma estable parados de larga duración, casi
la mitad de los parados.
En tercer lugar, urge un
acuerdo
social, entre patronal y sindicatos (con el apoyo del Gobierno y los
partidos), para conseguir más empleo “decente”, con una estrategia de “palo y zanahoria”: palo a las empresas y sectores
(hostelería y servicios) que “abusan” de los contratos temporales y por horas
para empleos que son estables y con jornadas normales. Hay que reforzar la Inspección de Trabajo y lanzar campañas contra los que defraudan, como la iniciada en agosto de
2018 (se regularizaron 195.000 falsos empleos temporales en 2018). Y “enseñar
la zanahoria” al resto, para incentivarles
a que hagan contratos fijos y con jornadas normales, con menores
cotizaciones e impuestos. Con un seguimiento periódico y un objetivo: por ejemplo,
rebajar del 89,75% al 70% el porcentaje
de temporales en los contratos de 2020. Se puede conseguir si se convence a
los empresarios que ahora, tras varios años con beneficios, pueden y deben ofrecer contratos decentes.
Y eso pasa también por una reforma normativa, para dar marcha atrás a la reforma laboral de Rajoy de 2012, como piden los sindicatos y la izquierda.
Y hay una cuarta
medida de fondo para promover el
empleo en España: cambiar el modelo económico de crecimiento,
asentado en el turismo, la hostelería, las tiendas y la construcción, sectores
con un empleo estacional, precario y mal pagado. Hay que apostar
por la industria y la tecnología, porque el 92% de los empleos en España se
crean en actividades de bajo contenido tecnológico y sólo el 8% en ramas de
tecnología media y alta, las que tienen futuro, según un estudio
de CCOO. Eso significa evitar ser “la California de Europa” y apostar por un país más competitivo, que
cree más empleo (tenemos 1.800.000
empleos menos que la media de Europa: un 67% de adultos trabajando frente al 73,2% en la UE-28) y un
empleo más estable y más productivo, para vivir mejor.
Son retos muy importantes y que exigen tiempo. Pero urge empezar cuanto antes, porque el
empleo no puede esperar: es lo que más preocupa a los españoles, aunque
no a los políticos. Dejen de pelearse y tomen medidas eficaces para que
trabajen más españoles, con empleos decentes y mejor pagados. Esa
debería ser la gran prioridad del Gobierno y los demás partidos tras el 10-N. Muévanse.
A nadie parece preocuparle el futuro de las
pensiones. Sólo “el hoy”: lo que subirán en enero y los años próximos, mientras
vivamos. Después, qué pasará con las pensiones de nuestros hijos, no preocupa tanto. No se plantea el grave problema de las pensiones como lo que realmente es: una cuestión de “solidaridad
entre generaciones”, donde hay que combinar
las pensiones que se pueden pagar hoy con asegurar las que hay que pagar mañana.
Eso exige pensar muy bien los criterios de revalorización de las pensiones (una
subida del 2% hoy cuesta 327.000 millones en 20 años), la pensión que se puede
pagar durante 20 años y la que se podrá pagar en 2050, cuando haya 15
millones de pensiones y no 10 millones. Hay que hacer cuentas con rigor, forzar al máximo los ingresos y
atemperar el gasto, para asegurar unas pensiones dignas hoy y
a mediados de siglo. No pensar sólo
en nosotros, sino en las pensiones de nuestros hijos y nietos. Esa es la
reforma que necesitamos.
La factura de las pensiones bate récords mes a mes. En septiembre, pagar las pensiones ha costado 9.643
millones de euros, un 53% más que hace solo una década (6.332 millones en septiembre
de 2009: ver gráfico evolución del gasto). La factura ha subido un +6,56% este año (enero-agosto) porque sube el número de pensiones (son ya 9.760.220), porque las nuevas pensiones son más altas que las anteriores
(y sube la pensión media a 993 euros, a 1.140 euros la de jubilación y a 713 euros
la de viudedad) y, sobre todo, por la
revalorización de pensiones (+1,6% y +3% las mínimas), que supone más de la
mitad de la subida (+3,7%). Y aunque también han subido los ingresos por
cotizaciones, por el aumento de algunas bases de cotización (máximas y
autónomos), del empleo y los salarios (incluida la subida del salario mínimo a
900 euros, que cotiza más), no ha sido
suficiente para pagar todos los gastos de la Seguridad Social, que tuvo -5.703 millones de déficit hasta agosto.
La previsión de la Seguridad Social es que la factura de las pensiones será de 153.800 millones en 2019 (421 millones
diarios), un 57% más que en 2008 (98.000
millones) y casi el doble que en 2005 (79.200 millones). Eso supone que
gastaremos el 12,5% de lo que
produzcamos (PIB) en pagar pensiones, cuando en 2011 era el 10,43% y en 2008 el
8,8% del PIB. Un tremendo esfuerzo
que, otro año más, no se podrá pagar con
cotizaciones y provocará otro déficit
en la SS, estimado por el Gobierno en -17.430 millones
de euros en 2019, incluso superior al déficit de 2018 (-17.088 millones) y
similar al de 2017 (-16.775) y 2016 (-17.720 millones). Con ello, serán ya 10 años de déficit en las
cuentas de la Seguridad Social (desde 2010), un “agujero” de las pensiones
que suma -118.022 millones de déficit
entre 2010 y 2019, tras 11 años antes
de superávit, desde 1999 (ver gráfico).
Para “tapar este agujero” de la SS, el
Gobierno Rajoy tiró de “la hucha” de las pensiones,
creada por Aznar en el año 2000 y "engordada" por Zapatero (la recibió en abril de 2004 con 12.025 millones y la dejó a finales de 2011 con un máximo de
66.815 millones). En 2017 ya
sólo quedaban en la hucha 8.095 millones y los gobiernos de Rajoy y Sánchez han
tenido que hacer préstamos a la Seguridad Social (37.660 millones entre 2017 y 2019)
para poder pagar las pensiones, además de seguir tirando de la hucha (sólo
quedaba 5.043 millones en junio 2019), que se quedará con 1.500 millones a finales de 2019. Así que el agujero de las pensiones se
ha financiado con la hucha (se han
sacado 80.000 millones si contamos lo que había más los intereses ganados
al invertirla en deuda y lo que se ha cogido de las Mutuas) y con deuda (la SS tendrá 54.833 millones de deuda a finales de 2019), que tendremos que pagar a los inversores en
las próximas décadas.
Pero no podemos seguir
así, porque si no se toman medidas el agujero de las pensiones crecerá, y ya no hay “hucha” ni podemos endeudarnos más.
Esto es lo que hay que tener in mente
cuando ahora se debate la revalorización de pensiones para 2020. Nadie dice que no haya que
subir las pensiones, sólo que hay que hacerlo pensando en las cuentas que tenemos
y cómo se puede compatibilizar una subida razonable con que
el sistema no quiebre.
La propuesta de Pedro Sánchez, en víspera de las elecciones del 10-N, es que si gana,
subirá las pensiones un 0,9% en enero,
lo que se prevé que suba el IPC a finales de 2020, según el Plan presupuestario enviado la semana pasada a Bruselas. Eso costará 1.404 millones en 2020, según
sus cuentas. Pero ese es el coste en un año y no tiene en cuenta que la subida
se incorpora a la pensión y afecta al
coste de las futuras subidas. De hecho, una revalorización del 2% anual
cuesta 2.365 millones en el primer año, pero como se consolida, al cabo de 20
años (la vida media de un pensionista), cuesta
a la SS un total de 327.000 millones
de euros, según un estudio hecho por FEDEA a raíz de la revalorización de 2019 (+1,6% todas
las pensiones y un 3% las mínimas). Ojo a la revalorización que se hace, porque es una hipoteca a las pensiones de aquí a 20 años.
Por eso, algunos expertos y el Banco de España creen que “es insostenible económicamente” una revalorización de las pensiones con el
IPC: supondría aumentar el gasto en pensiones en 24.000 millones para 2035
y en 36.000
millones para 2050 (casi la cuarta parte de la factura de las pensiones
hoy). Son puras cuentas. También es cierto, como dice la ministra de Trabajo, que no
subirlas con el IPC es “insostenible social y políticamente”: a ver qué
Gobierno se atreve a hacerlo. Y más cuando dos tercios de las pensiones actuales (6.164.441 pensiones) son
inferiores al salario mínimo (900 euros), un tercio cobran menos de 650 euros y el 12% menos de 400 euros al mes.
El debate de la revalorización de pensiones hay que
inscribirlo en el debate sobre las
cuentas de las pensiones y su tremendo déficit. Porque no se trata solo de
una cuestión de justicia social (que también) sino de una cuestión de evitar la quiebra del sistema. Por eso,
primero hay que ver cómo se pueden encajar las cuentas, a
corto y medio plazo, y en este contexto decidir cuánto se pueden
revalorizar las pensiones.
A corto plazo, lo
más urgente es reequilibrar las cuentas de las pensiones, “tapar el agujero” para no tener que endeudarse más. Y puede hacerse. Por un lado, hay que quitar
gastos que cargan sobre las pensiones y no deben pagarse con cotizaciones,
sino con el Presupuesto: el coste de las medidas
de fomento de empleo (3.358 millones anuales en bonificaciones a la
cotización de empresas, poco útiles para crear empleo además), el coste de los permisos de paternidad y maternidad
(2.558 millones que salen también de las cotizaciones), los 1.585 millones de prestaciones familiares, el pago del desempleo no contributivo (5.967
millones en 2018) y hasta los 4.000
millones que cuesta mantener el
Ministerio de Trabajo (y que pagan las cotizaciones, no el Presupuesto). Si quitamos a la SS estos costes (17.500 millones anuales), que financian las
cotizaciones, no tendría déficit.
Pero aunque tapemos el déficit a corto de la SS, seguimos
con el
problema a medio y largo plazo: los
ingresos por cotizaciones no cubren unos gastos crecientes, que se van a
disparar a medida que España envejezca más. Sobre todo a partir de 2027, cuando se jubilen los
españoles del “baby boom”, los nacidos entre 1960 y 1975. Por eso, el
verdadero problema es que los
9,7 millones de pensiones actuales serán 15 millones en 2050. Y para poder pagarlas sin problemas necesitaríamos
contar entonces con 30 millones de españoles trabajando, 10,5 millones más de empleos que hoy, algo imposible: la Comisión
Europea estima que sólo habrá 20 millones
de españoles trabajando para 2050, lo que daría 1,3 ocupados por pensión.
Y así no salen las cuentas.
Como no nos podemos “inventar” empleos y los pensionistas
serán los que sean, sólo queda un doble camino
para intentar ajustar las cuentas: aumentar los ingresos y atemperar los gastos. Para aumentar los
ingresos de la SS, los expertos señalan tres
caminos. Uno, aumentar los ingresos
por cotizaciones: en España son más bajas que en la media de Europa (según Eurostat) y podrían subirse algo (las de las empresas y también las de los trabajadores: mejor
eso que tener que pagarse una pensión privada), todas y en especial las de los sueldos más altos (hoy hay topes).
El segundo camino sería trasvasar
ingresos del Presupuesto, una parte de la recaudación actual y otra de ingresos nuevos (tasa Tobin sobre operaciones financieras) o cambios en los ingresos actuales
(subir el IVA reducido a algunos productos y servicios, por ejemplo). No
olvidemos que España recauda 73.000 millones menos que Europa y tenemos margen para ingresar más por IRPF, IVA, sociedades, patrimonio e impuestos verdes: una parte podría ir a financiar las
pensiones.
Pero no bastaría con
recaudar algo más con cotizaciones o impuestos, entre 20.000 y 30.000
millones extras para 2050. Haría falta
además, “atemperar” el gasto en pensiones, otros
30.000 millones, porque si no, la inercia del aumento de pensionistas, la
subida de las nuevas pensiones y la revalorización se comerían los ingresos, incluso con una recaudación extra. Por
eso, nos guste o no, hay que ver las
pensiones que se pueden pagar a medio
plazo, no las que nos gustaría
cobrar. Y sobre todo porque ya hoy,
las pensiones en España son de las más generosas de Europa (la pensión media supone en 78,7% del
último salario, frente al 45,4% que suponen en la zona euro, el 45,4% en
Francia o el 37,8% en Alemania, según los datos de la UE) y no hemos cotizado
suficiente por ellas: si se ha cotizado 37 años, se pagan 13,2 años de la
pensión media, con lo que los 8 años restantes que se cobran no se ha cotizado
por ellos, según explica este detallado estudio de Fedea.
No se trata de recortar el gasto en pensiones sino de que crezca menos, para asegurar su
futuro. Para ello, habría que actuar en varios frentes. Uno, aumentando
la edad real de jubilación, que hoy está en 64,2 años aunque la oficial se subió a 65 años y 8 meses para este año 2019 (y 67 años para 2027).
Conseguir frenar las jubilaciones anticipadas y hacer que la edad real de
jubilación suba sólo 1 año (hasta 65,2), como plantean Trabajo y la Autoridad Fiscal (AIReF) permitiría reducir el gasto en
pensiones un 1% anual (acumulativo). Otra medida eficaz para atemperar el gasto
sería aumentar el periodo de cálculo de
la pensión, de los últimos 25 años cotizados ahora (previstos para 2027) a 35 años de cómputo, con la idea de ampliarlos después y tener en cuenta toda la vida laboral. Y en tercer lugar, habría que decidir un sistema de revalorización de las pensiones
que se pueda pagar a medio plazo.
En este tema de la
revalorización, hay que dejarse de demagogias y plantear una solución justa
y financiable. Revalorizar las pensiones con el IPC puede ser muy costoso en años de alta inflación y en otros, como 2019, poco “justo”:
las pensiones han subido un 1,6% y
la inflación media (la que habría que mirar) subirá un 0,77%, ganando más poder adquisitivo las pensiones altas
que las mínimas. Por eso, algunos ven más justo revalorizar con el IPC
sólo las pensiones más bajas y compensar
al resto periódicamente si pierden poder adquisitivo. Y dedicar recursos sobre todo a subir las pensiones más bajas, ya que un 0,9% de subida no les
compensa de la miseria y no supone casi nada para los que reciben 1.200 euros (10 euros
al mes). Pero sepamos que si se aprueba “IPC para
todos”, en 20 años el sistema se resiente.
Al final, se trata de echar
cuentas y ver qué pensiones se
pueden pagar hoy y dentro de 30 años, con los ingresos previsibles y otros
nuevos. Y parece indudable que eso pasa por unas pensiones más altas para los que cobran las mínimas y unas pensiones que crezcan menos para el resto,
durante más años de vida, para
asegurar que cobramos los pensionistas de hoy y que cobrarán también pensiones
dignas las generaciones futuras. Se trata de asegurar el pastel de las
pensiones hoy y mañana y repartirlo con solidaridad entre generaciones. Urge aprobar
una reforma de las pensiones que valga para 2050. No vale exigir que me
suban mi pensión ahora “como sea”, sin
pensar si esa revalorización pone en peligro las pensiones del futuro.
Porque son las de nuestros hijos y nietos.
El miedo a otra crisis ya ha provocado que los
españoles
gasten menos y ahorren más. Pero este “enfriamiento” del consumo no parece preocupar a los que invierten
en Centros Comerciales: España es el
tercer país europeo que abrirá más nuevas superficies en 2019 y 2020 y está
previsto inaugurar 23 Centros
Comerciales hasta 2024 (sobre todo en Andalucía y Madrid), que se sumarán a
los 563
existentes. Hay quien teme que se esté creando una “burbuja” de grandes espacios
comerciales y que estalle por la caída de ventas ya iniciada y por la
competencia del comercio online. De hecho, un 17% de las 35.000 tiendas que hay en los Centros
Comerciales están vacías. Pero los inversores, sobre todo fondos
extranjeros, apuestan por el futuro de estos Centros, aunque más orientados al
ocio y al pasatiempo de las familias que al comercio. Y por el camino, dan “pelotazos”
con la compraventa de Centros. Habría que vigilar la autorización de nuevas
aperturas, para evitar “sustos”.
Los Centros
Comerciales cumplirán en 2020 los primeros 40 años de vida en España, donde en 1980 se inauguró el primero grande, Baricentro, cerca de Barcelona. En los años 80 ya llegaron los Centros muy grandes, Nuevo Centro en
Valencia (1982), la Vaguada (1983) y Parque Sur (1989) en Madrid, con 76
Centros creados entre 1981 y 1990 (1,6 millones de m2), a los que se sumaron
197 Centros más entre 1991 y 2000
(5,18 millones de m2). La fiebre de los Centros se aceleró en la primera década
de este siglo, con 225 Centros Comerciales abiertos entre 2001 y 2015 (7
millones de m2). Luego bajaron con la crisis, con la apertura de 28 Centros entre 2011 y 2015 (1 millón de m2). En 2017 se abrieron sólo 5 Centros (206.036 m2) y en 2018 otros 8 Centros (233.700
m2), con lo que había 563 Centros,
con 35.000 tiendas y 16 millones de
metros cuadrados, según la Asociación de Centros AECC.
Con estos 563 grandes espacios comerciales, España es el 4º país de Europa con más Centros Comerciales, sólo por
detrás de Reino Unido (1.200 Centros), Alemania y Francia (unos 700 Centros
cada uno). Y el crecimiento, aunque se ha atenuando en la última década, no se
ha parado: España será el tercer país
que inaugure más Centros comerciales entre
2019 y 2020 (300.000 m2 más), tras Francia y Polonia, según el estudio de la consultora Cushman&Wakefield. Y el sector anuncia que, entre 2019 y 2024, España contará con 23 Centros Comerciales más, sumando 1 millón de metros cuadrados (+6%).
De momento, este año 2019
sólo se ha inaugurado en España un Centro Comercial, a finales de septiembre, el Lagoh de Palmas Altas, en Sevilla (123.000 m2), el 5º mayor de Europa. Pero antes
de finales de año se van a inaugurar tres
grandes Centros Comerciales más: el X
Madrid, el Mogan Mall en las
Palmas y el Rosa Center en Adeje
(Tenerife). Y para 2020 se anuncian 12 inauguraciones más, sobre todo
en Andalucía y Madrid : Torre Village (Zaragoza), Bahía Real (Santander, nuevo
Centro de Benidorm, Calchetar en Tudela (Navarra), Wit Retail en Dos Hermanas
(Sevilla), Jaén Plaza (Jaén), Los Patios de Azahara (Córdoba), Way Orense en
San Cribao das Viñas (Orense), Solia (Madrid), Viala Vigo (Vigo), Alcorcón
Plaza (Madrid) y el Canario en El Huércal (Almería). Y habría 7 Centros
nuevos más hasta 2024, año en que se
espera inaugurar el macroCentro Intu Costa del Sol, en Torremolinos, que será el mayor de España (235.000 m2
y 800 millones de inversión). Además, de
aquí a 2022 se van a reformar y ampliar 13 Centros comerciales en funcionamiento, según las
previsiones anunciadas por la Asociación AECC.
¿No son demasiados
Centros Comerciales? El sector está animado y cree que “hay sitio” para estos nuevos
Centros, porque España todavía no está saturado y tiene un volumen de grandes
superficies comerciales similar al europeo, unos 347 m2 por 1.000 habitantes. Eso sí, hay algunas autonomías más
saturadas que otras, según los datos de la AECC. La mayor
concentración de Centros por habitante se da, curiosamente, en Aragón (donde está Puerto Venecia, en Zaragoza, el mayor Centro Comercial de España, con 207.000 m2
comerciales), con 490,16 m2 por 1.000 habitantes, seguida de Murcia (487m2/1.000 hab.), Madrid
(479m2), Canarias (454), Asturias (431) y Comunidad Valenciana (409m2), ocupando Cataluña la última posición (con sólo 195 m2/1.000 habitantes),
debido a las restricciones impuestas por la Generalitat en la apertura de
nuevos Centros.
Ahora, las nuevas aperturas se van a concentrar
en Andalucía, una región con bajo
volumen de Centros (tiene 341 m2/1.000 habitantes, por debajo de la media) y
que, a pesar de las aperturas anunciadas, seguirá teniendo un volumen bajo en
2021 (363 m2). Más problemáticas son las 3 nuevas aperturas en Madrid (subirá a 530 m2/1.000
habitantes), la de Aragón (seguirá líder en oferta, con 543 m2/habitante en 2021) y, sobre todo Canarias, donde los dos nuevos Centros
subirán la oferta a 480 m2/1.000 habitantes, la tercera de España, en un
momento que se notará la crisis del
turismo extranjero. Y las dos aperturas en la Comunidad Valenciana la convertirán en la 5ª región con más oferta
(424 m2/1.000 habitantes), detrás de Murcia,
que será la 4ª autonomía con más oferta.
Algunos expertos temen que esta “burbuja” de Centros comerciales estalle,
como ha pasado en EEUU, el paraíso de las grandes áreas
comerciales, que llevan años cerrándolas y arrastrando con ellas a miles de
tiendas. Y este “apocalipsis retail”
no ha acabado: entre 2018 y 2023 se
espera que cierren 300 de los 1.200 “malls” que hay en USA, según un informe de la consultora CRBE. La causa,
según los expertos, es triple: hay un exceso de Centros comerciales (5.000
m2 por 1.000 habitante, 14 veces la
oferta en España), se han quedado obsoletos (un tercio se construyeron
antes de 1978) y no pueden competir con Internet, que ya
canaliza el 15% de todas las ventas en EEUU. Pero el sector dice que en España no hay tanta oferta, los
Centros son más modernos y, sobre todo, las ventas
online sólo suponen aquí un 4% de todas las ventas, con lo que las tiendas
lo tienen más fácil que en USA y que en Reino Unido (17% ventas son online),
Alemania (14%) o Francia (9%).
Eso sí, el alto número de Centros y la competencia de
Internet está cambiando la configuración
de los Centros Comerciales que
se abren: ya no tienen solo tiendas y restaurantes, como los primeros, sino que
han ido ampliando su oferta con deporte, ocio y entretenimiento, además de múltiples servicios
(incorporan clínicas, hoteles, recintos musicales y hasta bibliotecas). El Centro X de Alcorcón (Madrid), que
abrirá en noviembre, incorpora un centro
de buceo, rocódromo, una ola artificial para surfear o una pista de skate.
Y el Centro Open Sky, que abrirá en Torrejón (Madrid) en 2020, incorporará un lago central con tirolina, amplias zonas
verdes, espectáculos de luces y un escenario para conciertos y teatro. La
filosofía es crear “espacios de entretenimiento para
la familia”, no sólo una zona de compras, “una experiencia” más allá
de las compras, algo que no ofrezca Internet.
Los grandes inversores, sobre todo los
fondos internacionales, apuestan por los Centros Comerciales en España, donde han invertido más de 28.000 millones de
euros en los últimos 40 años, 2.200
millones sólo en 2018. Los mayores propietarios de estos Centros son las grandes inmobiliarias y
SOCIMIs (sociedades de inversión inmobiliaria), encabezando el ranking de propietarias de Centros Lar
España (familia Pereda y fondos internacionales), con 15 Centros y
480.000 metros cuadrados) y Merlin Properties (Santander y
fondos internacionales), con 16 Centros y 450.000 metros cuadrados, seguidas de
Carmila
(Grupo Carrefour: 78 Centros y 400.000 m2), la francesa Unibail Rodamco (el gigante europeo de los Centros, con 8 Centros y
400.000 m2 en España), la española GCE
(390.000 m2), la francesa Klépierre (12
Centros y 380.000 m2 en España), Castellana
Properties (fondos internacionales con 15 Centros y 350.000 m2) y la
británica Intu Properties, con 3
Centros y 250.000m2.
El negocio de los Centros Comerciales son los
alquileres a las 35.000 tiendas que se instalan en ellos, que suben más o
menos según las visitas que tengan los Centros (1.963 millones de visitantes
en 2018), lo que genera una rentabilidad de la inversión del 5 al 7%.
Pero, en realidad, el mayor negocio son las plusvalías que se obtienen
comprando y vendiendo los Centros, los
“pelotazos”. Así, en 2016, el fondo británico Northwood vendió el
Centro Comercial Diagonal Mar a Deutsche Bank por 495 millones, cuando lo había
comprado 3 años antes por
160 millones. Claro que también se pierde: el fondo Ivanhoe Cambridge
vendió en 2017 el Centro Madrid Xanadú a Intu por 530 millones cuando lo habían comprado en 2006 por 770. Un ejemplo de la especulación con los Centros comerciales
es Puerto
Venecia, en Zaragoza, el mayor de España: ha cambiado de dueño 4 veces desde su inauguración en 2012, además de
una quinta compra fallida. Y ahora se
está gestando otra posible compraventa más.
El negocio de los Centros comerciales es que tengan visitantes y sus tiendas
vendan (45.225 millones vendidos en 2018), algo que puede peligrar si cae el consumo
y las ventas, lo que ya está
pasando. Los inversores internacionales tratarían de colocar el Centro a
otro inversor antes de que pierda fuelle
y rentabilidad. Pero quien lo sufre son las
tiendas, que tienen que cerrar porque
les caen las ventas y no pueden hacer frente a los altos alquileres (entre
70 y 200 euros por metro cuadrado, según los Centros). De hecho, ya hay un 18% de tiendas vacías en los Centros
comerciales y más del 20% en un
tercio de ellos, según un estudio de la consultora Locatus. Y hay regiones con más tiendas vacías
en los Centros, como Murcia (34% vacías), Castilla la Mancha (26%),
Galicia (25%) o Castilla y León (23%), mientras Madrid está en la Media (17%
tiendas vacías) y Cataluña tiene menos (11%).
De momento, los Centros
Comerciales aguantan, aunque sus ventas crecen menos (+1,8% en el
primer semestre 2019, tras aumentar un 2,7% en 2018) y también sus visitantes (+1,5% este año frente a +3,2% en 2018). Lo normal es que antes o después se estanquen y caigan,
como el resto del consumo, a la vista de la desaceleración de la economía. Y sobre todo porque la moda es el motor de los Centros comerciales (supone el 54% de los
ingresos de los Centros, muy por delante del 12% de los restaurantes, el 10% de
los servicios y el 9% del entretenimiento) y
está cayendo, con una reducción de
ventas de ropa ya en 2018 (-2,38%), que continúa este año, más con el buen
tiempo (que frena ventas otoño-invierno). Con ello, podrían cerrar más tiendas y peligrar el futuro de los
Centros Comerciales, que dan empleo a 700.000 personas en España.
En definitiva, los Centros
Comerciales siguen “en la nube” de las inauguraciones,
con 23 más a la vista mientras la
realidad “avisa” con una caída de ventas y cierre de tiendas, derivadas
de la desaceleración económica y de una cierta
saturación de Centros, sobre todo en Aragón, Madrid, Murcia, Comunidad
Valenciana y Canarias. A los inversores (75% extranjeros) no
parece preocuparles la situación, salvo especular y “salirse a tiempo” sin
pérdidas si vienen “mal dadas”. Pero el Gobierno y, sobre todo, las autonomías, deberían “mirar con lupa” las futuras autorizaciones
para no seguir inflando una burbuja que nos puede estallar encima, dejando “cementerios comerciales” y desempleo. Ojo a la fiebre de los Centros Comerciales.
