Más de 1 de cada 3
hogares españoles están “enganchados” a la TV de pago, la
mayoría a través de los contratos de teléfono e Internet que tienen con las telecos. Y con ello, las
empresas de TV de pago, españolas y extranjeras, facturan más que las empresas
de TV en abierto, estancadas en sus ingresos publicitarios y que buscan
también montar plataformas de pago para cobrar por parte de sus programas. La fiebre
por ver series y películas pagando está
cambiando el negocio de la TV y todo
apunta a que cada vez habrá más oferta de pago y que la TV en abierto gratis
quedará para concursos, “realities” e informativos. De momento, la estrategia
de la TV de pago es ponerla barata,
desde 7,99 euros al mes, para que nos
“enganchemos” a ella y luego ir subiendo
las cuotas, como han hecho con móviles e Internet. Nos están creando
una necesidad, la TV a la carta, que será cada vez más cara.
Hace unos días, el 28 de octubre, la televisión cumplía 63 años
de vida en España (TVE, 1956), 15
años más tarde que en EEUU. En estas décadas, la TV ha pasado por muchos cambios, reflejados en 3
hitos. El primero, la llegada de la
TV en color, en 1972 en España,
con la retransmisión de los Juegos Olímpicos de Múnich (aunque el color no se
impuso en toda la programación de TVE-1 hasta 1977). El segundo, la llegada de las TV privadas, con Antena 3 (enero 1990), Tele5 (marzo 1990) y Canal+
(junio 1.990). Y el tercer hito ha sido la irrupción de las TV de pago (2013), que en
2016 consiguieron, por primera vez, facturar
más que las TV en abierto en España, algo que ha seguido pasando hasta
hoy.
Las TV de pago
lideran el negocio de la TV tras pocos años de vida. Movistar inició una prueba piloto en Alicante en enero de 2001, que
extendió en 2005 a todas las provincias, pero el lanzamiento de Movistar TV
se hizo en 2013, año en que las empresas de telefonía (telecos) se lanzaron a
vender “paquetes múltiples”, donde ofrecían a sus clientes de teléfono un
paquete con telefonía fija, móvil, Internet fijo y móvil más TV de pago. El primer gran empujón lo dieron ofreciendo fútbol (la Liga y la Champions), pero en los últimos años el “gancho” de la
TV de pago son las series y en menor medida el cine. A ello han contribuido también las grandes plataformas internacionales de TV de pago, que se han instalado en España en los últimos años: Netflix (la primera en
llegar, en octubre de 2015), HBO (desde noviembre 2016), Amazon Prime (diciembre 2016), Sky TV
(septiembre 2017), Dazn (canal de
deportes, febrero 2019) y Apple TV+,
la última en llegar (noviembre 2019). Para la próxima primavera se espera el
desembarco de Disney+, con su múltiples contenidos.
Esta estrategia de las telecos, apostar por la TV de pago en
sus paquetes, ha tenido pronto éxito.
Así, en 2016, las TV de pago ya
superaron a las TV en abierto en facturación: 1.874 millones de euros
frente a 1.813 millones, según los datos de la Comisión de la Competencia (CNMC). Y la tendencia ha seguido
los años siguientes, con 2.161 millones facturados por las TV de pago frente a
1.795 millones las TV en abierto en 2018
(un 20% más). Y este año, la
distancia aumenta: 563 millones facturados por las TV de pago frente a 422
millones, en el primer trimestre (+33%),
según el último dato de la CNMC. Y
de este monto total, el 71% lo factura
la TV de pago por Internet (402,7
millones), seguida de la TV por satélite (104,9 millones), la TV por cable
(43,6) y la TV online (12,4 millones).
En España, los abonados
a la TV de pago eran ya 6.838.872 personas
en el primer trimestre de 2019 (últimos
datos oficiales de la CNMC), 2,8
millones más que en 2013 (+68%). Y de ellos, 4,58 millones están abonados a la TV por Internet, multiplicándose
por 6,3 veces los abonados que había en 2013 (724.953). Del resto, 1,3 millones
están abonados a la TV por cable, 638.334 a la TV por satélite y 302.902 a la
TV online. Este mercado de la TV de pago
se reparte, según la CNMC, entre
las tres grandes telecos (Movistar tiene 4,1 millones de
clientes), Vodafone 1,3 millones y Orange 679.000) y entre las grandes
plataformas internacionales de TV de pago, que en su mayoría han captado sus
clientes a través de las telecos, que ofrecen estas plataformas en sus paquetes
(o sea, están incluidos en estas estadísticas de abonados). Así, se estima que Netflix tiene más de 2 millones de clientes en España, Amazon 656.000 y HBO otros
475.000.
Al final, el resultado de la fiebre por la TV de pago es que
más de un tercio de los internautas
españoles (el 37,1%) ven contenidos audiovisuales online, a
través de las plataformas que ofrecen las telecos españolas y las multinacionales
del ocio online, según el último Panel de Hogares de la CNMC (junio 2019). Eso supone casi
cuatro veces los usuarios de la TV de pago hace 3 años, ya que en junio
de 2016 veían contenidos de pago online sólo
el 10,7% de los hogares. Los mayores usuarios de este ocio online de pago son los jóvenes
“millenials” (nacidos entre 1980 y 1955), que consumen sobre todo series,
deportes, películas y documentales, según
un estudio de Deloitte, mientras en la TV en abierto ganan los concursos,
programas del corazón, noticias y magazines.
Este tirón de la TV de
pago se traduce también en que han
copado una cuarta parte de la audiencia total de TV, que sigue dominada por la TV en abierto. Así, de
los 219 minutos (3 horas y 39 minutos) que se ve cada día la TV en España, según Kantar Media, las TV de pago se llevan el 25,6% de la audiencia (el 22% es para las TV de pago que emiten por
Internet) y las TV en abierto el
74,4% (octubre 2019), según el último balance de Barlovento Comunicación. Pero hay que recordar que
hace sólo 3 años, a finales de 2013, la TV de pago sólo se llevaba el 17% de la audiencia total de TV en
España.
Esta audiencia
que paga cuotas, a las telecos o a las plataformas extranjeras, es la que sostiene el negocio de la TV de pago,
mientras las TV en abierto viven de una
publicidad que se les ha estancado, mientras ha aumentado para las TV de
pago. Así, en 2018, las TV en abierto
se llevaron el 94,75% de la
publicidad en TV y las TV de pago el
5,25% restante (96,29 millones),
pero era el doble que en 2013 (44,3 millones). Y el problema es que mientras
las TV de pago duplican su publicidad (aún pequeña), las TV en abierto han estancado sus ingresos publicitarios en los
tres últimos años, según los datos de la CNMC. Así, Mediaset (Tele5) ingresó
922 millones por publicidad en 2018 y Atresmedia
(Antena 3, la Sexta) otros 862 millones, menos que en 2017, aunque ambas controlan
el mercado publicitario: son un
duopolio que se lleva entre el 83% y el 85% de toda la
publicidad de las TV en abierto, lo que ha provocado varias multas de la CNMC por “posibles
prácticas restrictivas de la competencia” (la última ayer: 77 millones).
Más audiencia, más publicidad y mucha más facturación son los motores de la TV de pago en España. Esto ha provocado que todas las telecos apuesten por ofrecer este servicio a sus clientes, con el gancho del fútbol y las series. Y en lugar de enfrentarse a la competencia de las todopoderosas plataformas multinacionales de ocio por Internet, se han aliado con ellas, incluyéndolas en sus "paquetes". Así, Movistar integra desde diciembre de 2018 todos los estrenos de Netflix en sus ofertas de Fusión, en la mitad de sus "paquetes convergentes". Orange también permite contratar Netflix, desde marzo de 2019, en sus paquetes Love intenso Max y Love experto. Vodafone ofrece HBO con su pack de series en los paquetes One y Jazztel también permite contratar Netflix en sus paquetes.
Además, Movistar
ve tan claro el negocio de la TV de pago que en junio ha lanzado su propia plataforma, Movistar+Lite, en la que ofrece contenidos de TV de pago (canales propios y de
terceros más series y películas) al margen de sus paquetes múltiples de
telefonía e Internet, para captar a no
clientes y competir en el mundo con Netflix, HBO o Amazon y Apple. Además,
la teleco española es la única operadora que apuesta por el negocio de contenidos, dedicando muchos recursos (más de 80
millones en 2018) a producir series y películas, para convertirse en el mayor proveedor
de ocio en español. Y ya “recoge”: sólo en el primer semestre de 2019, ha ingresado 1.501 millones de euros (el 6,22% de su negocio) por la TV de pago, su negocio que más crece (+5,2%).
El éxito de la TV de pago está influyendo
también en las TV en abierto, que ven que la publicidad se ha estancado
y los espectadores rechazan los anuncios. Su estrategia está siendo “copiar
al competidor”: crear
también ellos plataformas de contenidos
online y tratar de cobrar por lo que
ofrecen en ellas, como han hecho en otros paises la CBS (EEUU), la ITV
(Reino Unido) o la RTL (Alemania).
Así, en julio de 2019, Atresmedia creó la plataforma “Atresmedia Media Player”,
que emite contenidos específicos (preestrenos, series exclusivas) y programas
en abierto sin publicidad, por una cuota mensual de 2,99 euros (y el primer mes
gratuito). Y ya tiene 75.000 clientes. En julio de 2019 arrancó también la plataforma de Mediaset, Mitele Plus,
que ofrece una versión básica de contenidos a demanda sin publicidad y canal 24 horas de Gran Hermano por 2,50
euros al mes o una versión de 30 euros al mes en la que incluye fútbol (Liga
Santander y la Champions), vídeos y estrenos de cine. Y tienen
90.000 clientes.
Además, Mediaset,
Atresmedia y RTVE presentaron en marzo de 2018 LovesTV,
una plataforma online de contenidos (abierta a todos los operadores de TV en
abierto) en la que ofrecen contenidos a la carta de los tres operadores, permitiendo buscar emisiones
anteriores, parar y retroceder. Eso sí, exige que el TV del usuario incluya la
tecnología HbbTV, que muchos aparatos no incluyen, por lo que la plataforma
avanza muy despacio y sin ofertas exclusivas. Además, otra iniciativa, de Atresmedia, ha sido crear, en septiembre de 2019, una productora audiovisual al 50% con Movistar (aliarse
con la competencia otra vez más).
La clave del éxito de
la TV de pago es su bajo precio
y una oferta creciente de series y películas, además del fútbol, que fue su “gancho inicial”. En
el caso de las telecos, se oferta la
TV de pago “por un poco más”, lo que
ha hecho que los paquetes con TV se hayan impuesto en los últimos años, según las estadísticas de la CNMC: si
se contrataron 217.912 en marzo de 2013, al año siguiente eran casi cinco veces
más (1.044.692 en marzo de 2014), se duplicaron en 2015 (2,5 millones) y 2016
(4 millones), llegaron a 5,6 millones en marzo de 2018 y ahora, en marzo de
2019, había casi 6 millones de paquetes de telefonía con TV de pago, además
de teléfono e Internet, con un precio
medio de 95 euros al mes, según la CNMC. El 92% de los que ven TV de pago lo hacen
a través de estos contratos con las telecos.
Pero el empujón de los
2 últimos años a la TV de pago lo han dado las plataformas multinacionales, con una oferta a bajo precio y múltiples series (populares y de culto) más películas. Netflix, la líder, ofrece 2.300 películas y 1.000 series por una
cuota que va de 7,99 euros (paquete básico) a 11,99 (Estándar) y Premium. HBO ofrece 630 películas y casi 300 series,
con una cuota de 7,99 euros al mes. Amazon
Prime Vídeo cuesta 36,99 euros al año. Sky
TV ofrece 300 películas, menos de 100 series, canales privados extranjeros
y fútbol de 2ª división por 7 euros al mes. Movistar+ Lite ofrece de
momento 410 películas, 256 series y acceso a canales temáticos y contenidos propios
por 8 euros al mes. La plataforma británica Dazn ofrece motos, la Premier británica, la Euroliga de baloncesto,
boxeo y dos canales de Eurosport por 9,99 euros al mes. Y AppleTV+, la última en llegar empieza con pocas series y películas
por una oferta inicial de 4,99 euros al mes. La mayoría ofrecen
un primer mes gratis (Netflix sólo 7 días) y poder utilizar de 1 a 4 mecanismos diferentes donde verlo, según lo contratado.
Los expertos creen que la
TV de pago vía paquete quíntuple con una teleco es muy cara, más que en Europa: la media de un paquete básico (telefonía + Internet)
con TV es de 77,5 euros al mes en España, casi un 20% más caro que en la media
europea (64,6 euros). Sin embargo, las grandes plataformas multinacionales
tienen precios similares en toda Europa. Por ejemplo, Netflix cobra 7,99 euros
al mes en España, Francia, Alemania o Italia y 7,99 libras en Reino Unido,
aunque la cuota de Amazon Prime es más baja en España e Italia (36,99 euros
mensuales) que en Francia (49), Alemania (69) o Reino Unido (91). Con todo, el
consejo que dan algunos a los
forofos de la TV de pago es que se contrate con una plataforma y no con una
teleco dentro de un paquete quíntuple: si
se contrata un paquete básico de
telefonía e Internet, (Llamaya lo ofrece por 36,90 euros/mes), se
puede luego contratar Netflix, HBO y Amazon Prime a la vez y ahorrarnos 300 euros
al año frente a contratar sólo un paquete quíntuple con TV de una teleco, según un estudio de Kelisto.es.
El auge de la TV de
pago afecta a nuestro bolsillo (otro gasto más) pero tiene una ventaja
incontestable: ha reducido la piratería,
porque muchos internautas han dejado de piratear películas y series y ahora las
ven en su TV pagando una cuota al mes. El dato es claro: la piratería digital
se ha reducido un 12% desde 2015, según el Observatorio de la Piratería 2018, aunque todavía se piratean series (por
valor de 895 millones de euros) y películas (701 millones perdidos en 2018). Y según el sector del cine, no les quita espectadores, aunque se
hayan perdido 10 millones desde 2008 y 622 salas hayan cerrado. Y eso porque los que más ven TV de pago, los jóvenes
(un 80% utilizan las plataformas), son también
los que más van al cine (7,4 de cada 10, 1 vez al mes). Los que “fallan”
son los mayores.
Cara al futuro, todo apunta a que la fiebre por la TV de pago va a seguir, porque España está retrasada respecto al resto de
Europa: aquí, 1 de cada 4 espectadores consume TV de pago (25% de la
audiencia) cuando en otros paises del continente son 3 de cada 4 (76,5% de
audiencia la tiene la TV de pago), según Kantar media. Así que el negocio
tiene recorrido. Primero se trata de
“engancharnos”, de que nos
apuntemos a la TV de pago con ofertas y bajos precios. Y luego, cuando ya no podamos vivir sin series y películas, cuando
no concibamos ver “la TV que nos ponen” (con anuncios) sino que prefiramos “elegirla
cada noche” o en cualquier momento, nos
subirán la cuota, como han hecho con el móvil e Internet. Y lo
pagaremos, porque no podremos vivir sin TV a la carta. Ojo al mando.
Los precios suben
sólo un 0,1% el último año, la
inflación más baja desde hace 3 años. Eso permite que los trabajadores, pensionistas y funcionarios
ganen poder adquisitivo este año,
porque sus ingresos han subido bastante más que los precios. Y así, pueden
gastar más con lo que ganan, lo que permite que no caiga el consumo y España crezca el doble que Europa (que
tiene el triple de inflación). En resumen: la
baja inflación permite que España crezca, aunque menos. El problema es que esa mínima
inflación es también perjudicial, porque retrasa compras y reduce
ingresos y beneficios a las empresas,
que apenas invierten y crean empleo.
Y se recorta la recaudación fiscal.
Por eso, el BCE está preocupado por la baja inflación: es un síntoma
del estancamiento de la economía.
El próximo Gobierno, en España y en Europa, tiene que reanimar el gasto y la inversión pública, para que “despierte” la inflación.
Tan malo es que no exista como que se dispare.
El mundo teme que llegue otra crisis, por la
guerra comercial, el Brexit, la desaceleración en Europa, la guerra de divisas,
el vaivén del petróleo y la crisis de muchos paises en desarrollo (Latinoamérica,
Asia y África). De momento, España sigue
creciendo, aunque menos: un +0,4% aumentó el PIB (valor de la
producción de bienes y servicios) en el tercer trimestre de 2019, según el INE,
lo mismo que en el 2º trimestre y una décima menos que en el primero (+0,5%), lo que indica un crecimiento anual del 2% en 2019, inferior al de 2018 (+2,5%). Y la previsión para 2020 es que España crezca aún menos: 1,8% el FMI y el Gobierno en funciones y sólo el 1,5 % la Comisión Europea.
El hecho es que España crece el doble que Europa: +0,4%
frente a +0,2% que creció la zona
euro en el tercer trimestre y el +0,3%
que aumentó el PIB en la UE-28, según Eurostat. Los grandes paises crecen menos, desde Francia (+0,3%) a Italia
(+0,1%), mientras Alemania bordea la
recesión (cayó un 0,1% en el segundo trimestre), igual que Reino Unido (el PIB cayó un 0,2% en el 2º trimestre). ¿Por qué España crece más? Básicamente,
porque aquí aguanta mejor el consumo público y privado, dos de los motores claves del crecimiento. El consumo de las familias despegó en el
tercer trimestre (creció un 1,2%, tras un año de moderación) y también el consumo público (creció un 0,9%, el mayor crecimiento desde 2009),
gracias a un mayor gasto del Gobierno Sánchez en distintas partidas sociales. Y
también ha ayudado la inversión, con
un aumento del 1,2%. Frente a estos motores del crecimiento, se
han “gripado” dos motores que son claves para crecer: las exportaciones (cayeron un
0,8% entre julio y septiembre) y el
turismo (han venido 205.000 turistas menos este verano, un 0,7% menos entre julio y septiembre).
Se mantiene el
crecimiento, aunque menor, gracias a que los españoles siguen consumiendo más. Y lo hacen, por
dos razones. Una, porque la mayoría han ingresado algo más este año. Por
un lado, los trabajadores. Los 8,6 millones que habían firmado un convenio hasta septiembre (en 1 millón de empresas), han tenido una subida media del +2,29%, superior a las de los últimos
años (+1,75% en 2018, +1,46% en 2017 y +0,99% en 2016). Y para el conjunto de
trabajadores (con o sin convenio) el INE estima una subida salarial del 2,1% en junio de 2019
(coste salarial: 1.992 euros por empleado). Por otro, los 8,7 millones de pensionistas han visto subir sus pensiones un +1,6%
(y un 3% las mínimas). Y los 2,5 millones de funcionarios públicos han tenido una subida del +2,25% en 2019 (más otro
0,5% en algunos casos. Además, hay otros 2,5 millones de trabajadores que
cobran el salario mínimo y han
tenido este año una subida del +22%
(a 900 euros). En total, más de 22
millones de españoles que han aumentado sus ingresos en 2019, más que en
2018.
Pero además, la otra
razón para que puedan consumir más no es sólo que ganan más sino que pueden comprar más con ese dinero,
porque han bajado drásticamente los
precios: la inflación anual estaba hace un año en el 2,3% (octubre 2018) y ahora se ha desplomado al 0,1%
(octubre 2019), según el INE, la más baja de los últimos 3 años (estaba en el 0,2% en
septiembre de 2016). Eso quiere decir que hace
un año los precios se comían con creces las subidas de los trabajadores, pensionistas
y funcionarios (menores) y ahora, apenas les afectan y pueden dedicar lo que ingresan a gastar más. Además, los tipos de
interés están bajos y los bancos necesitan prestar, con lo que las familias piden más créditos (para renovar
muebles o electrodomésticos o irse de vacaciones) y gastan más con tarjeta (los
pagos con tarjeta crecieron un 10% en el 2º trimestre, el mayor aumento desde
2016). Y encima, hay más españoles
trabajando (hay 346.300 empleados más
que hace un año), que ahora pueden pensar en gastar y antes estaban en paro y
sin casi ingresos.
Con todo, la clave
decisiva para impulsar el consumo es la
bajísima inflación en España, que es ahora mismo de las más bajas de Europa: un 0,1% el IPC y un 0,2% anual el IPC
armonizado con Europa, frente al 0,7% en la zona euro y el 0,9% de inflación anual en Alemania y
Francia (octubre), según Eurostat. Una baja inflación que se debe a una causa coyuntural:
la bajada de la energía (carburantes
y calefacción) y la luz (-11,5% recibo
octubre 2019/octubre 2018) en el último año. Pero hay otras dos causas más de fondo. Una, que hay demasiado paro y precariedad, con lo que los salarios siguen bajos y las empresas controlan sus costes laborales. Y otra causa, el
auge de la economía low cost, de los productos y servicios que “tiran
precios” para vender y competir. Ojo, a costa de una mayor precariedad laboral
y de pagar unos bajos salarios a mucha gente. Así que bien como consumidores:
todo el mundo trata de bajar precios y hacernos ofertas, lo que hunde la
inflación. Pero mal como trabajadores: nosotros y sobre todo nuestros hijos
trabajamos en peores condiciones (contratos, horarios, exigencias) y con peores
salarios para que las empresas tiren precios.
Pero la baja
inflación tiene otros problemas, además
de causar una mayor precarización del
trabajo. El primer problema serio de la no
inflación es que desincentiva la
inversión y el empleo, algo especialmente grave en un país como España con
más del doble de paro que Europa (14% frente al 6,3% en la UE-28). El mecanismo
es sencillo de entender: si un consumidor ve que los precios están bajos,
retrasa sus compras a la espera que bajen más o por no temer que suban. Y las empresas, ven recortarse sus ventas y
sus márgenes, al verse forzadas a reducir más sus precios para competir. Y con
ello, ganan menos, invierten menos y no
crean empleo (o lo reducen).
Otro problema serio de la baja inflación es que reduce los ingresos públicos, sobre
todo el IVA, tanto porque la
desaceleración (crecer menos) reduce el consumo como por la congelación o
bajada de los precios (se aplica el 21% sobre un precio menor. De hecho, en los
9 primeros meses de 2019, la recaudación
por IVA ha sido de 54.900 millones, sólo un 2,5% más que el año pasado y el
menor crecimiento en la recaudación de este impuesto desde 2012, según la Agencia Tributaria.
Y el tercer problema
que provoca la bajísima inflación es que perjudica
a los que tienen deudas, porque no
rebaja lo que hay que devolver (si
la inflación es alta, en realidad hay que devolver menos dinero comparado con lo
que valía cuando lo pedimos). Y ese es un problema muy serio para España,
porque somos uno de los países más
endeudados, tanto las Administraciones
públicas (debemos 1,2 billones de euros, entre el Estado,
las autonomías y la Seguridad Social) como las empresas
(debían 868.317 millones de euros en julio) y las familias
(706.012 millones de deuda, entre hipotecas, préstamos y tarjetas). Para todos
ellos, tener una inflación del 0,1% es una mala noticia.
En definitiva, que no tener casi inflación es una
buena noticia como consumidores, que permite mantener un crecimiento
mayor que Europa, pero es una mala noticia como trabajadores
(la economía low cost y la fuerte competencia de la globalización “precarizan”
el empleo y congelan los sueldos), para
la inversión y el empleo, para la recaudación fiscal y para los que tienen
deudas. Y al final, los expertos creen que son más los perjuicios que las ventajas de no tener inflación. De
hecho, el Banco Central Europeo (BCE) lleva varios años tratando de “reanimar
la inflación” en la zona euro, porque saben que todo lo que sea tenerla
por debajo del 2% (su objetivo: ahora está en el 0,7%) es un claro síntoma
de desaceleración, de que la economía no tira, de que la recuperación es débil.
Ahora, la previsión
del BCE es que la inflación se mantenga
baja en Europa este año y el que viene (+1,4% en la zona euro) y más todavía en España (1,1% este año
y 1,4% en 2020), según la última previsión de la Comisión Europea. Y el Gobierno Sánchez espera todavía una
inflación menor, un 0,9% para 2020, lo que promete
subir las pensiones. Eso permitiría ganar poder adquisitivo a trabajadores,
pensionistas y funcionarios en 2020, pero habrá
que ver si se mantiene la subida del consumo (parece dudoso) o más bien las
familias reducen su gasto y ahorran más, por temor a otra crisis. Y en cuanto
al gasto público, poco podrá hacer
el próximo Gobierno, dado que Bruselas ya le ha dicho que tiene
que gastar 6.600 millones menos en 2020 para seguir recortando el
déficit. O se consigue recaudar más (subiendo algunos impuestos a multinacionales, grandes
empresas, bancos y los más ricos) o el
gasto público no ayudará a crecer en 2020 como está haciendo en 2019.
En resumen, la bajísima inflación actual es un mal síntoma y peor para España, porque tenemos menos inflación que el resto
de Europa y necesitamos seguir creciendo más para reducir la brecha de paro (tenemos más del doble) y de riqueza (tenemos el 90% de la renta europea). Hace falta
que suba la inflación, hasta el objetivo del 2%, para que ayude a las empresas a recomponer sus cuentas, invertir y
crear más empleo. Es la “gasolina” que necesitamos para
mantener la recuperación. Y para ello, el futuro Gobierno español y europeo
(la nueva Comisión Europea tomará posesión en diciembre) tienen que tomar medidas para “reanimar” la economía y con ella la inflación. Aumentar el gasto y la inversión
pública (lo que exige recaudar más de una minoría, para no disparar el déficit)
y a la vez mejorar el empleo y los salarios (aumentando la productividad), para
relanzar el consumo privado. Si no se hace, la inflación seguirá por los suelos
y se frenará la recuperación.
Este domingo se celebran elecciones generales y hay que votar
para salir de un estancamiento
político que dura ya 4 años. Y tenemos más problemas que Cataluña. La economía debería ser una preocupación central este 10-N, porque
la recuperación no llega a todos: un tercio de españoles trabajan en precario
y una cuarta parte, 12 millones, son
oficialmente “pobres”, según la estadística europea. Y además, hay riesgo de que estalle otra crisis y no estamos preparados para afrontarla. Por eso, tendríamos que conseguir
un Gobierno estable, que consiga pactar
como sea las grandes reformas que necesita
España: empleo, reforma laboral, pensiones, lucha contra la pobreza y
desigualdad, educación y mejora de los servicios públicos, vivienda y una modernización de la economía. Pero todo esto cuesta dinero y España
recauda 73.000 millones menos que Europa. Sin una reforma fiscal, para que paguen más el 5% que pagan poco
(multinacionales, grandes empresas, bancos y los más ricos), no hay salida. Piénselo al votar.
España lleva 4 años largos sin afrontar los grandes
problemas del país, desde que el
2 de octubre Rajoy anunció las elecciones del 20 de diciembre de 2015, a
las que han seguido otras dos fallidas, la del 26 de junio de 2016 y la del 28
de abril de 2019. Ahora, en las elecciones del 10 de noviembre (las cuartas en
4 años, un
récord mundial) nos jugamos acabar
con el bloqueo político que ha impedido aprobar ninguna reforma seria
estos años. Y para conseguirlo, necesitamos que salga un Gobierno estable (en
solitario o en coalición), que sea capaz de plantear y pactar las
reformas más urgentes que necesita el país. Y que tome medidas para impedir que se
genere otra crisis que hunda el crecimiento y el empleo y nos lleve otra
vez a los recortes y al desempleo.
¿Cuáles son los retos
que deberían preocupar a los electores el 10-N? El primero y fundamental, el
empleo, el primer problema para 2 de cada 3 españoles, según
el CIS. El empleo se ha “enfriado” este verano (69.400
empleos frente a 182.200 en 2018 y 225.000 en los veranos de 2016 y 2017) y
además sigue siendo muy precario (sólo 6,2 de cada 100 empleos nuevos son “decentes”:
fijos y a jornada completa) y con sueldos bajos. Y el paro sigue siendo el doble que en Europa (13,9% frente a 6,2% en
la UE y 3,1% en Alemania) y llega al 31,6%
entre los jóvenes menores de 25 años. Además, casi la mitad de los parados
(43,5%) llevan más de 1 año sin trabajar y el 40% de los parados no cobran
subsidio.
Urge pactar un Plan
de choque contra el paro, aumentando las ayudas a los parados,
promoviendo su formación (la mayoría no hacen cursos) e incentivando la
contratación de jóvenes, mujeres y mayores de 45 años. Y en paralelo, alcanzar un
pacto social con sindicatos y patronal para luchar contra la
precariedad laboral, fomentando contratos fijos y a jornada completa con
sueldos decentes y anulando los aspectos más lesivos de la reforma laboral.
El segundo gran reto es mejorar
los servicios públicos, el Estado del
Bienestar: En Sanidad,
aumentar las plantillas de médicos y enfermeras (reduciendo los temporales, hoy
un tercio del personal), mejorar los hospitales y centros de salud, renovar su
tecnología y reducir las listas de espera, racionalizando el gasto
farmacéutico. En Educación,
mejorar las plantillas y aumentar los centros (suprimiendo barracones), luchar
contra el fracaso escolar con apoyos, corregir las desigualdades educativas
entre autonomías y reformar
la enseñanza universitaria, para ajustar sus programas a la demanda de
empleo, reforzando la Formación Profesional, sobre todo la dual (30% programa
son prácticas en empresas). Y en Dependencia,
aportar más recursos públicos a las autonomías para reducir la lista de
espera: hay 257.487 dependientes con derecho reconocido que esperan una
prestación. Y como muchos son ya octogenarios, 80 dependientes se mueren cada día
sin que les llegue.
El tercer gran reto es reducir
la
pobreza y la desigualdad en España, un cáncer no sólo social sino
también político y económico, porque hay 12
millones de españoles en situación de pobreza (tasa
AROPE, un indicador europeo) que malviven ganando el 60% o menos de la
media (menos de 1.552 euros al mes una familia con 2 hijos) y que apenas
consumen, cotizan o pagan impuestos,“pasan” de la política y se sienten
abandonados por la democracia. Y enfrente, se han quintuplicado los millonarios
(hay casi 1 millón de españoles con más de 1 millón de dólares de patrimonio)
y crece
la desigualdad, con un 20% más rico que tiene 6 veces los ingresos del
20% más pobre, siendo España el 4º país con más desigualdad de
Europa, tras Bulgaria, Lituania y Letonia, según Eurostat.
Cuarto reto básico y de fondo: apuntalar el sistema de pensiones.
A corto plazo, tenemos el problema de que el
gasto crece más que los ingresos por cotizaciones (porque crecen los
pensionistas y los nuevos vienen con pensiones más altas, mientras los empleos
cotizan por salarios muy bajos y discontinuos). Con ello, la Seguridad Social
cerrará este año con un déficit
de -17.430 millones, similar a los de 2016, 2017 y 2018, cerrando así 10
años seguidos de déficit (-118.022 millones desde 2010). Un déficit que se ha
tapado con deuda y gastando la hucha de las pensiones (tenía 66.815 millones en
2011 y cerrará 2019 con 2.000 millones). Pero el problema no es sólo “tapar”
este agujero anual, sino hacer frente al problema que se nos viene encima a
medio plazo, a partir de 2027, cuando se jubilen los españoles del “baby
boom” (nacidos entre 1960 y 1975), lo que disparará
el número de pensiones (de los 9,7 millones actuales a 15 millones en
2050), sin que aumente apenas el empleo (sólo habrá 500.000 empleos más que
hoy) que ha de financiarlas con sus cotizaciones.
Urge un Pacto de
pensiones con un horizonte hasta 2050,
que asegure más ingresos (con una
subida de cotizaciones y trasvase de impuestos), quite gastos que debe pagar el Presupuesto y no las pensiones
(fomento del empleo, ayudas por maternidad o paternidad, pago desempleo no
contributivo, coste Ministerio de Trabajo) y
atempere el gasto futuro en pensiones,
quizás subiendo la edad efectiva de jubilación y aumentando el periodo de
cómputo de cotizaciones (de los 25 previsto para 2027 a 35 años). Y sobre todo,
estudiar un sistema de revalorización
anual de las pensiones actuales que “no se coma” las pensiones futuras
(subirlas todas con el IPC cuesta 327.000 millones en 20 años), quizás
concentrando la revalorización en las pensiones mínimas y más bajas.
El quinto gran reto es la
vivienda, sobre todo los
alquileres, que se han “disparado” en los últimos años, con una subida
que oscila entre el 50% desde 2014 (según los portales de alquiler) y el 24,6%,
según Fomento (a partir de las fianzas). Aquí, el atajo de Podemos y algunos Ayuntamientos es imponer controles, limitar la subida de los alquileres como se va a
hacer en Berlín. Pero puede provocar el efecto contrario: que los propietarios
no alquilen. Sería mejor incentivar el
alquiler de las 3,44 millones de viviendas vacías (con deducciones
fiscales, en el IBI y el IRPF) y, sobre todo, ampliar
el parque de viviendas en alquiler (con promoción pública de
Ayuntamientos y autonomías), hoy inexistente, y facilitar suelo público a los
promotores que construyan alquileres baratos. Más oferta para bajar precios.
El sexto gran reto, de España y del mundo, es luchar
contra el Cambio Climático, racionalizar la oferta y el consumo de
energía para no cargarnos el Planeta. El Gobierno en funciones aprobó en
febrero de 2019 un Plan
Integrado de Energía y Clima que puede ser un punto de partida para
lograr un gran Pacto climático,
donde se integren los partidos, las empresas eléctricas y energéticas, los
transportes y los consumidores, con inversiones, impuestos, tarifas y ayudas que
permitan esta urgente “reconversión
energética”. Y en paralelo, urge una auditoría del sector
eléctrico, para ajustar el recibo
a lo que de verdad cuesta producir la luz, porque hoy pagamos un sinfín de “extracostes”
que explican por qué la luz en España es la 4ª más cara de Europa para las
familias y la 9ª más cara para las
empresas.
El 7º gran reto de España, el más de fondo, es conseguir modernizar la economía para ser más
competitivos y más ricos. Hoy por hoy, España es la 5ª potencia económica de Europa pero la
renta de los españoles ocupa el lugar nº 14 entre los europeos, no sólo
por detrás de Alemania, Francia, Reino Unido
e Italia (lógico), sino que tenemos menos renta por habitante que Luxemburgo,
Irlanda, Holanda, Austria, Dinamarca, Suecia, Bélgica, Finlandia y Malta. Somos más pobres que 13 paises por
dos razones: trabajamos
menos gente (deberían trabajar 1.800.000 españoles más para llegar a la
tasa de empleo UE) y trabajamos peor.
Trabajamos menos gente porque el modelo económico está basado en los servicios
(el turismo y la hostelería), pesa menos la industria y las grandes empresas,
producimos con menos tecnología y valor añadido y tenemos una mano de obra poco
formada (el 40,9% de adultos no tiene acabada la ESO), factores que en buena
medida explican también que trabajemos peor, con
menos productividad (ha caído un -10,5% entre 1995 y 2017 mientras
crecía un +4,5% en Europa) y eficacia. Un reto que exige tomar medidas a 20 años vista, para ser más
productivos y vivir mejor.
Al final, todos estos
grandes retos exigen una cosa: dinero.
Recursos para pagar a los parados,
para incentivar a las empresas a que los contraten, para formación, recursos
para contratar más médicos y reducir las listas de espera, para mejorar la
educación, más recursos para ayudar a nuestros mayores dependientes, para
ayudar a los millones de familias pobres (y sobre todo a sus niños), más
ingresos para las pensiones, más dinero para promover viviendas públicas, más recursos
para financiar la lucha contra el Cambio climático, más inversiones para
modernizar y digitalizar la economía, para competir mejor en el mundo. Y el
problema es que España no tiene recursos,
es más, gasta más de lo que ingresa, con lo que este año tendremos otra
vez déficit (el 2% del PIB), el
4º mayor déficit de Europa (tras Rumania, Italia y Francia). Y la Comisión
Europea ya nos ha advertido que podría ser mayor y que el futuro Gobierno tiene que
recortar al menos 6.500 millones en 2020, no gastar más.
¿Cuál es el problema? ¿Gastamos mucho? No. Realmente, España es uno de los paises europeos con menos gasto público: un 41,3% del PIB frente al 45,6% de media en la UE-28 para 2018, según
Eurostat. Eso significa que para “homologarnos”
con Europa, deberíamos gastar 51.954
millones más al año. Porque gastamos mucho menos que los europeos en sanidad (5,8% del PIB frente al 7,2%
de su PIB que gastan la UE-28, Alemania e Italia o el 8,2% que gasta Francia),
en educación (4% del PIB frente al 5% medio de la UE-28 y hasta el 7% de algunos
paises), en Dependencia (0,7% del PIB frente al 1,4% en los paises OCDE), en Ciencia (1,2% del PIB frente al 2,1% en la UE-28), en pensiones (10,8% del PIB en España
frente al 13,9% en Francia, el 16,2% en Italia, el 10,1% en Alemania o el 6,2%
en Reino Unido, según
la OCDE), en ayudas a la familia
(0,7% del PIB en España frente al 1,7% en la UE)) y en protección social (el 16,6% del PIB frente al 18,8% en Europa). Gastamos menos en todo, según
Eurostat, salvo en paro (el 1,6%
del PIB frente al 1,2% en la UE, pero tenemos más del doble de paro).
Si el gasto público
es menor que Europa y tenemos más
déficit, ¿qué pasa? Pues que ingresamos mucho menos. El gran problema de España es que recauda
mucho menos, exactamente 73.703
millones menos en 2018: ingresamos el 38,9%
del PIB frente al 45% que ingresaron
los 28 paises UE (y los del euro aún más: el 46,3%), según
estos datos de Eurostat. Y recaudamos
menos en todos los impuestos: en
Renta (somos el 3º país europeo que menos recauda: un 7,5% del PIB
frente al 10% de media en la UE-28, el 9% de Francia o Alemania, el 12% de
Italia o el 27% de Dinamarca), en
IVA (recaudamos 23.400 millones menos que la media europea, según la
Comisión), en Sociedades
(recaudamos el 2,3% del PIB frente al 2,5% que recauda la zona euro, con 3.453
millones de beneficios fiscales a las empresas en 2018), en impuestos sobre alcohol, tabaco y carburantes
(ingresamos el 2,5% del PIB frente al 2,3% de media en la UE y el 3% en
Dinamarca, Finlandia, Reino Unido o Grecia), en impuestos verdes (recaudamos
3.000 millones menos que la media europea) y hasta con las herencias
(-3.250 millones menos que Europa). Y el impuesto sobre el patrimonio (con tipos bajos) no se paga en Madrid (deja de recaudar 955 millones cada año) y ofrece "rebajas" en 7 autonomías.
Así que si queremos gastar más en lo que hace falta (sólo
acercarnos al gasto de los europeos) y no subir el déficit, sólo
nos queda recaudar más. Y eso supone un gran Pacto fiscal,
para reformar los distintos impuestos, rebajar deducciones y exenciones
injustificables, reducir el fraude y hacer que paguen más no el 95% de los españoles (que ya pagamos bastante) sino ese
5% que pagan menos: las multinacionales,
grandes
empresas, bancos, rentas más altas y los más ricos. Si no se hace, es imposible disponer del dinero que hace falta para
afrontar las grandes reformas que necesita el país.
El problema es que los
tres partidos de la derecha sólo tienen una obsesión, además de la “mano
dura” con Cataluña: bajar impuestos.
Casado (PP) cuantifica
su promesa si gana: bajar 12.000
millones los impuestos a las empresas. Y Ciudadanos promete "rebajar el IRPF a las rentas altas y suprimir el impuesto sobre el patrimonio y las herencias", los dos más "redistributivos". Así resultaría muy difícil mejorar
los servicios públicos, el empleo y las pensiones, sobre todo si crecemos
menos. Mientras, el
PSOE “esconde" en su programa electoral las subidas de impuestos que defendió,
con Podemos, en su Presupuesto 2019. Quizás teme que hablar de subir impuestos le quite votos...
Eso sería porque no
se explica bien. Hay que contar a los españoles que tenemos una
serie de reformas urgentes y que no pueden hacerse sin gastar más. Y que es factible hacerlo, porque gastamos menos que
Europa e ingresamos mucho menos. Que esto no significa subir impuestos al 95% de los españoles, sino que paguen más ese 5% que hoy paga poco
y puede colaborar más en mejorar España.
Es fácil de entender y asumir, sin temor, por la mayoría, que no se vería afectada.
Pero esa minoría, que sabe que si gana la izquierda tendrían que pagar
más, alimenta los temores ciudadanos y los programas de las tres derechas. Piénselo
al votar el 10-N.
España tiene más de
12 millones de pobres (1 de cada 4 españoles) y somos el 7º país europeo
con más pobreza, tras
Grecia, Italia y cuatro paises del Este, según la estadística UE. Muchos no se creen esta cifra, porque piensan
que “pobres” son los que venden pañuelos en los semáforos. Pero no: son los
que ganan menos del 60% de la media, menos de 739 euros al mes
(solteros) o menos de 1.552 (familias con 2 hijos). Y entonces “hay muchos pobres” y su perfil
puede ser el de nuestro vecino: españoles (80,5%), con
estudios medios y altos (13,4% universitarios) y que trabajan
(el 32,6% de los pobres). Lo peor es que, tras 6 años de recuperación, tenemos 1,2 millones de pobres más que en
2008. Y 2,45 millones de pobres son
menores. La pobreza se ha
enquistado y no es sólo una injusticia social sino un grave problema
económico y político, una
vergüenza para el país. Urge un Plan de choque contra la pobreza.
¿Qué es ser pobre?
La Comisión Europea utiliza un indicador que publica desde 2008, el AROPE (At-Risk-Of Poverty and Exclusion), que mide
las personas en riesgo de pobreza o exclusión social, a partir de 3 indicadores: sus ingresos (son pobres los que
ganan menos del 60% del ingreso medio de cada país), la privación material
severa (carecen de 4 de 9 bienes, desde comer carne dos veces por
semana a llegar a fin de mes) y personas que viven en hogares con adultos que trabajan pocas horas (menos de 20 último año). Si alguien cumple
1 de esos 3 indicadores, es oficialmente “pobre”. En Europa había 109,2 millones de “pobres” en 2018, un 21,7% de la población UE-28, según Eurostat.
En España, con
esta estadística europea, hay 12.188.288
pobres, un 26,1% de la población
española, con lo que somos el 7º país
europeo con más pobres, tras Bulgaria (32,8%), Rumanía (32,5%), Grecia
(31,8%), Letonia (28,4%), Lituania (28,3%) e Italia (27,3%), según el último
dato de 2018, publicado por Eurostat a mediados de octubre. Lo peor es que, a pesar de que España
lleva 6 años de recuperación, con un
alto crecimiento, hoy hay más pobreza que
antes de la crisis (23,8% en 2008) y más pobres: 1.200.000 más
que en 2008. Mientras, Europa ha
reducido sus pobres (-8,2 millones
desde 2008) y sólo 9 paises han aumentado su pobreza estos años, siendo
España el 4º donde más ha crecido desde
2008 (+2,8%), tras Bulgaria (+6,7%), Luxemburgo (+6%) e Italia (+3,4%).
De los 12.188.288
pobres AROPE, hay 10.065.967 de
personas (el 21,5% de los españoles) que sufren pobreza monetaria (el primer indicador), porque ingresan menos del 60% de
la renta media de los españoles, un tope fijado para 2018 en 8.871 euros
anuales (739 euros mensuales) para
solteros y en 18.629 euros anuales (1.552 euros al mes)
para familias con 2 hijos. O sea, que esos 10 millones de “pobres monetarios”
ganan menos de 739 euros (solteros) y de 1.552 euros (familias). La
estadística hace otro apartado, el de la “pobreza severa”: los que ganan menos del 30% de la renta
media del país, en el caso de España, menos
de 370 euros (solteros) y menos de 776 euros mensuales (familias). Son 2.661.809 españoles en
situación de “pobreza severa”, el 5,7% de la población y 740.000
pobres severos más que en 2008, según Eurostat.
El segundo indicador de pobreza, la privación
material severa, afecta a 2.528.196 españoles, el 5,4% de la población, que sufren 4 de estas 9 carencias: no poder comer carne o pescado 2 veces a la semana, no poder atender
gastos imprevistos, no poder pagar recibos, no poder irse de vacaciones 1
semana al año, no poder calentar su casa o no poder tener coche, teléfono, televisor
o lavadora. Y el tercer indicador de pobreza, vivir en
hogares con baja intensidad de empleo (trabajar menos del 20% de la jornada
normal): hay 3.700.000 españoles menores
de 60 años que viven en hogares así, un 10,7% de esa población, 1,4 millones de personas más que en 2008,
según Eurostat.
Al final salen los 12.188.288
españoles considerados “en situación de pobreza o exclusión social” porque
cumplen una de estas tres condiciones del indicador AROPE
(ojo: hay 669.337 españoles que cumplen las 3 condiciones y 2.625.504 que
cumplen 2). Pero hay que saber que también
la pobreza está mal repartida y se
ceba más en unos españoles que en otros, según detalla el informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN). Así, si la tasa de pobreza española es del 26,1% de la población (AROPE 2018), la sufren mucho más los parados (58,9% son pobres), los inmigrantes de fuera de la UE (56% son
pobres) e incluso de la UE, por la Europa del Este (47,7% pobres), las mujeres solas con niños (50% son
pobres) , los inactivos (37,6%), los que tienen sólo primaria, la ESO o menos
(33,8% pobres), los jóvenes de 16 a 29
años (33,8% son pobres), los hogares con niños (33,6%), los discapacitados
(31,1% pobres) y más las mujeres (27% pobres) que los hombres (25,1%).
Y por regiones, la España del sur tiene una tasa doble de pobreza (35,5% de la población) que la del norte (18,8% de pobres),
destacando el porcentaje de “pobres” en Extremadura
(44,6%), Andalucía (38,2%), Canarias (36,5%), Castilla la Mancha
(33,5%) y Murcia (32,7%), frente a los bajos niveles de pobres en el País Vasco (12,1%), Navarra (12,6%), Aragón (17,7%),
Baleares (18,1%), Cataluña (18,9%) y Madrid (19%).
Y hay que llamar la atención sobre la pobreza infantil: hay 2.458.000
niños y jóvenes en situación de pobreza (AROPE 2018), un 29,5% de los
menores de 18 años, según el informe de la EAPN. Y de ellos, 650.000
niños y jóvenes viven en hogares con pobreza extrema, donde les falta de
todo. El informe resalta que la pobreza infantil ha aumentado entre adolescentes (14 a 17 años), donde 1 de cada 4
está en situación de pobreza en España, agravándose el problema en las zonas rurales y entre familias
numerosas y monoparentales (las más pobres, las mujeres solas con hijos
adolescentes).
El reciente informe
sobre la pobreza de la EAPN hace una interesante reflexión: no creamos que los pobres son “los que piden por la calle o venden pañuelos en los
semáforos”. Son gente que vive a nuestro lado, que son pobres y no lo sabemos. Y para demostrarlo, trazan un perfil de los pobres actuales, a
partir de una muestra realizada: son españoles
(el 82,8% hoy, frente al 76,6% en 2008), adultos
(77,6% tienen más de 18 años), con un nivel
educativo medio o alto (22,9% con Bachillerato y 13,4% universitarios) y que trabajan (el 32,6% de los pobres españoles trabajan). Y además, viven más en las zonas rurales (allí residen el 31,4% de los pobres españoles y el
24,4% de los no pobres), porque buscan
zonas donde sea más barato sobrevivir (aunque a cambio tienen muchos menos
servicios). Y además, los pobres españoles son
hoy más pobres que en 2008: han perdido un -10,7% de capacidad adquisitiva (los precios se han comido su
pequeño aumento de ingresos) mientras el resto de españoles no pobres han
perdido sólo el -3,7%, según el informe de la EAPN.
¿Cómo malviven estos
pobres españoles? La mayoría no puede hacer frente a gastos imprevistos (el
66,4%) y no consiguen llegar a fin de mes (52%). Y cada vez tienen más
problemas para pagar el alquiler (28%), aunque ojo, el 56,6% de los pobres
viven en una casa de su propiedad (¿nuestros vecinos?). Al final, muchos tienen que pedir ayuda (comida, ropa, dinero) a familiares o amigos (el 27% en 2018) o a Cáritas y ONGs (el 16,2%, un 2,2% más que en 2017). Cáritas alerta de que hay 1.800.000 españoles que
malviven en la pobreza más extrema y se sienten “abandonados” por la
sociedad. Y otros 6 millones están “en
el filo de la navaja”: son familias muy vulnerables porque tienen empleos
precarios y mal pagados y tienen que pagar casa. Y reiteran: quienes
más les preocupan son las mujeres solas con niños, el 60% de los que les piden ayuda.
Frente a este panorama, una
pobreza que crece y se enquista, la
otra cara de la moneda es el aumento
de la desigualdad, que también refleja el informe de la EAPN: el 20% de españoles más ricos tienen 6 veces el patrimonio del 20% más
pobre, cuando en 2008 la diferencia era 5,6
veces. Y el 10% más rico tiene 10,9
veces el patrimonio del 10% más pobre (9,8 veces en 2008), mientras hay
casi 1 millón de millonarios (tienen
más de 1 millón de dólares), 5 veces los
millonarios que había en 2010, según un informe de Credit Suisse. Con ello, España
es el 4º país con más desigualdad de
Europa (33,2 de índice de Gini), sólo por detrás de Bulgaria (40,2), Lituania
(37,6) y Letonia (34,5%), y el tercer país europeo donde más ha crecido la
desigualdad desde 2008, tras Bulgaria y Lituania. Al final, la crisis duró 3 años (2011-2014) para el 50% de la población con mayores
ingresos y el 25% más pobre aún no se ha recuperado en 9 años
(2011-2019), según el informe de la EAPN.
La pobreza es una
asignatura pendiente en España y también en Europa, dado que en 2010, el Consejo Europeo aprobó la Estrategia2020 donde se planteaba, entre otros objetivos, rebajar el número de pobres
europeos en 20 millones sobre
2008. En 2018, sólo han conseguido rebajarlos en 8,2 millones. Y Zapatero prometió rebajarlos en España en 1,5 millones, cuando en realidad han aumentado 1,2
millones. Así que, a pesar del crecimiento y la recuperación, hay demasiados pobres en Europa y más en
España. Y esto no sólo es un problema social sino también un problema económico y político. Porque tener 12 millones de españoles “malviviendo” reduce el consumo y frena el crecimiento, rebaja la recaudación
fiscal, deteriora las cotizaciones y las pensiones y aumenta el gasto público y
el déficit. Pero además, la pobreza y la
desigualdad son también un problema político, porque muchos de estos pobres se
sienten “excluidos” de la sociedad, no participan en la democracia y son caldo
de cultivo de populismos y fascismos, como se ha visto claramente en Europa.
Por todo ello, la
lucha contra la pobreza y la desigualdad debería ser una prioridad social,
política y económica en España, al margen de quién Gobierne. Y eso
debería traducirse en aprobar con
urgencia un Plan de choque contra la pobreza, centrado
en los colectivos más vulnerables: parados, mujeres solas con niños, jóvenes,
mujeres, inmigrantes y trabajadores precarios, sobre todo de zonas rurales en
la mitad sur de España. Se trata de que reciban una ayuda económica suficiente, así como apoyos directos a la vivienda, la enseñanza de sus hijos, la
sanidad y la alimentación, junto a mejoras en su formación y empleabilidad. Un
Plan creíble contra la pobreza exige gastar
al menos 10.000 millones anuales en varios años. Y eso tendrá que salir de más impuestos a los más ricos, vía Patrimonio, IRPF y Sociedades. Además, hay
que atajar
las causas de la pobreza: el paro, la precariedad laboral, el subempleo
y los bajos salarios, junto a la subida de alquileres, enseñanza y sanidad.
El gran debate en
la lucha contra la pobreza es la implantación de una renta básica. Actualmente, en España sólo recibían una renta mínima 679.180
beneficiarios en 2018 (100.000
menos que en 2017), según la estadística del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales. O sea que la ayuda llega sólo al 5,5% de los pobres
españoles (estadística AROPE) y al 6,74% de los pobres por ingresos (los
que ganan menos del 60% de la media), siendo mayor la cobertura en País Vasco o Navarra y mucho menor en
Castilla la Mancha, Andalucía, Canarias, Valencia y Murcia. Y además de llegar a pocos, es muy escasa: se cobra de media 463,05
euros al mes. Y con grandes diferencias entre autonomías: 300 euros en Ceuta, 400 euros en Madrid o Galicia,
entre 419 y 430 euros en Andalucía, Castilla y León, Murcia y la Rioja y 604 en
Cataluña, 610 en Navarra o 644 euros en el País Vasco. Así que hasta para ser pobre hay diferencias según dónde
se viva.
Los sindicatos UGT y CCOO presentaron en el Congreso, en
febrero de 2017, una propuesta para asegurar una renta
mínima estatal a 1.800.000
españoles más vulnerables, con un coste estimado de 7.200 millones. En junio
pasado, la Agencia de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha propuesto al Gobierno crear una
renta mínima estatal para 1.800.000 hogares, con un gasto estimado de 5.500 millones de euros anuales. La
idea sería agrupar todas las ayudas
actuales (desempleo no contributivo, rentas mínimas y otras) en una sola, que sería de 430 euros al
mes más 100 euros por hijo, centrada en los que tienen pobreza más severa (los que
ingresan entre el 20% y el 60 por 100% de la renta media) y compatible con tener un trabajo.
Serviría para asegurar una misma renta mínima en toda España, que sería con
todo más baja que la renta mínima que se paga en Francia (1.046 euros), Reino
Unido (1.167) o Alemania (1.238). Y reduciría la tasa de pobreza severa en un 60%, según la AIReF.
Algo tendrán que hacer el próximo Gobierno y todos los
partidos, con urgencia, porque la alta
tasa de pobreza que tenemos es un vergonzoso
indicador de nuestro fracaso como país, de que la
cacareada recuperación deja a una cuarta parte de españoles atrás
mientras se quintuplican los millonarios. No podemos mirar hacia otro lado: los pobres son nuestros vecinos y
mañana podemos ser nosotros. Hay que extirpar esta pobreza, enquistada en nuestra sociedad, porque es un
cáncer social, político y económico.
