“Hay que conseguir que
el crecimiento beneficie a todos. Hemos dejado a muchos fuera”. No lo ha
dicho un economista de izquierdas ni alguien del PSOE o de Podemos. Lo ha dicho en
Madrid el secretario general de la OCDE,
que integra a los 36 paises más industrializados del mundo. Su último informe
sobre España reitera que crecemos
pero “con mucha pobreza y desigualdad”, como ya dijo la Comisión Europea en
marzo. Y revela que España gasta poco y mal en políticas sociales, porque los impuestos y transferencias
ayudan más a los que más tienen, con lo que nuestra política social es la 4ª
peor de Europa, tras Grecia, Italia y Portugal. Lo dijo también la Comisión Europea, en su informe de
primavera: las políticas sociales
reducen menos la pobreza y la desigualdad en España que en Europa. Pero ni
Gobierno ni oposición se dan por enterados:
están a “otras cosas”. Y por eso, la
mayoría de españoles no notan la recuperación. Y crecen los populismos y extremismos o la abstención.
La economía española
sigue creciendo, pero menos (2,6% este año frente a 3,1%
en 2017) y aún crecerá menos en 2019 (2,2%), según el
último informe sobre España 2018 de la OCDE, presentado el 22 de noviembre.
Pero su mayor preocupación no es que España crezca más sino “conseguir que el crecimiento beneficie a
todos”, algo que no ha pasado con la recuperación iniciada en 2014. “Hemos dejado a muchos fuera”, reconoció en Madrid el secretario general
de la OCDE, la
organización que integra a los 36 paises del mundo más industrializados (salvo
China). Por eso, el informe señala que el gran reto de España es “conseguir que los retos de la recuperación
económica se compartan de forma más generalizada y que nadie quede excluido”.
Para ello, proponen “mejorar el bienestar
y reducir las desigualdades sociales y regionales” en España. Lo mismo dijo
en marzo la Comisión Europea, en su informe sobre España 2018: el
crecimiento no ha reducido la pobreza y la desigualdad, que son de las más
altas de Europa, y hacen falta políticas sociales eficaces para que la
recuperación económica llegue a todos.
En su Informe económico 2018 sobre España, la OCDE dedica muchas páginas a hablar de dos
problemas sobre los que casi nadie habla: la
pobreza y la desigualdad, porque considera que pueden “perjudicar el
crecimiento, la productividad y las oportunidades de inversión”. Empezando por la pobreza, la OCDE destaca que “no ha
dejado de crecer en España”, donde un
26,6% de la población (12.236.000 españoles) son “oficialmente pobres,
según la estadística europea AROPE: o ingresan menos del 60% de la media (familias con 2 hijos
que ingresan menos de 17.896 euros al año o solteros con menos de 8.522 euros)
o tienen poco empleo o privaciones materiales severas. Y la OCDE destaca la pobreza infantil en España, señalando que “se ha disparado durante la
crisis”: afecta al 22% de los niños
de menos de 18 años, casi el doble que en la OCDE (13% niños son pobres),
siendo España el tercer país con más niños pobres, tras Israel y Turquía (25%).Y
además, destaca el informe, 8 de cada 10 niños españoles en edad escolar sufren
“carencias materiales”, sobre todo en vivienda y educación, básicamente por el
paro o la precariedad laboral de sus padres.
En marzo, el informe de la Comisión Europea sobre España ya alertaba de la pobreza y destacaba que se cebaba en los niños (el 28,8% de los menores de 16 años son “pobres”), los parados (el 59,1% son pobres), las madres solas con niños
(47,9% están en riesgo de pobreza), los inmigrantes (40,8% de los que vienen de
Europa son pobres y el 58,7% entre los que vienen de otros paises), jóvenes
(34,8% entre 16 y 29 años) y mujeres (27,1% de tasa de pobreza frente al 26%
los hombres). Y también revelaba que muchos
trabajadores españoles son “pobres”: un 14,8% de los trabajadores son pobres, frente al 8% en la OCDE, lo que sitúa a España como el país con más trabajadores
pobres de la zona euro y el 7º de la OCDE (tras China, India, Costa Rica,
Turquía, Brasil y México).
La OCDE destaca que el otro gran problema de España es la desigualdad, mayor que la media de los 36 paises OCDE: la desigualdad
de ingresos en España (0,34 en el índice de Gini) nos coloca en el puesto 9º del ranking de desigualdad OCDE (índice
0,31), sólo con menos desigualdad que México, Chile, Turquía, EEUU, Israel, Reino
Unido, Nueva Zelanda y Letonia. Y eso es consecuencia de que los ricos son
ahora más ricos y los pobres más pobres, por el triple efecto del paro, el
subempleo y los bajos salarios. El dato que aporta la OCDE es muy explícito: el 20% de españoles más ricos gana
6,6 veces más que el 20% más pobre, cuando en la OCDE esa desproporción
es de 5 veces. Y además, ha empeorado con la crisis, porque la desproporción en
España era de 5,6 veces en 2008.Y el 10%
de los hogares acomodados posee ya la mitad de la riqueza total de España, mientras
que sólo un 20% de esa riqueza está en manos del 60% más pobre, según el informe de la OCDE.
Para la OCDE, lo preocupante no es solo que se hayan
agravado las diferencias de ingresos sino que la desigualdad se ha instalado en España en múltiples ámbitos: hay desigualdad por edades (los jóvenes tienen menos trabajo y más paro que los
adultos), por sexos (la mujer
trabaja y cobra menos), por nivel de
formación (las personas sólo con la ESO tienen un 15% menos de
posibilidades de encontrar trabajo, una brecha superior a la que existe en dos
tercios de paises OCDE) y por regiones
(el paro en Andalucía es el 22,85% y en Baleares el 7,16%), con un gran
desequilibrio de rentas entre autonomías (la riqueza por habitante en
Extremadura es de 18.283 euros, la mitad de la renta de Madrid, que fue de
36.276 euros por habitante en 2017, según el INE). Y todo
ello, sin olvidar la desigualdad de España con Europa: tenemos el 92%
de la renta media europea (26.700 euros/habitante) y ocupamos el
lugar 14º en el ranking de riqueza europeo, según Eurostat (2017), a
pesar de ser la cuarta mayor economía y
la tercera mayor de la zona euro.
Lo peor ya no es sólo que la pobreza y la desigualdad hayan
crecido en España a pesar de la recuperación. Lo más preocupante es que
España lo ha hecho mal al tratar de
corregirlo con los impuestos y transferencias, con la política social, según destaca el informe de la OCDE. Por un lado, revela que el gasto social en España es bajo respecto a la OCDE, salvo en
pensiones (porque somos el 2º país más envejecido del mundo) y desempleo
(porque somos líderes en paro, tras Grecia). De hecho, el gasto en protección
social en España supuso el 16,8% del PIB en 2016, unos 25.700 millones de euros menos de gasto social que la media europea (19,1%
del PIB en gasto social), según Eurostat. España gasta menos cada año en la vejez (9,2% del PIB frente a
10,2%), enfermedad e invalidez (2,4% del PIB frente al 2,7% la UE-28) y familia
(0,7% del PIB frente al 1,7% en la UE-28), gastando sólo más en desempleo (1,8%
del PIB frente al 1,3%), porque tenemos más del doble de parados.
Pero lo más llamativo del informe OCDE es que revela que España gasta mal lo poco que gasta en políticas
sociales. Por un lado, las transferencias en efectivo que
hace el Estado benefician más a las familias con más ingresos, con lo que agravan y no corrigen la desigualdad: el
20% más pobre de españoles reciben el 55% del pago medio por transferencias (en
la OCDE reciben el 119%) y el 20% de españoles más ricos reciben el 160% de la
media (el 95% en la OCDE). Eso supone que España es el cuarto país de la OCDE que
corrige peor las desigualdades, tras Grecia, Italia y Portugal, cuyas
políticas sociales son también “regresivas”, ayudan más a los que más tienen.
La clave de que esto pase son los impuestos, que están mal
orientados en España y no ayudan a corregir las desigualdades, según
detalla el informe de la OCDE. Sobre todo en el IVA, las exenciones y tipos reducidos restan ingresos pero no
ayudas a los más pobres sino a las clases más acomodadas y a sectores que no lo
necesitan (como el turismo, que se beneficia del 10% de IVA). También hay
deducciones y exenciones en el IRPF
que ayudan más a los que más tienen (Planes de pensiones, ahorro…). Y por
supuesto, lo poco que pagan las grandes empresas en Sociedades. La OCDE alerta
también de las rebajas en el impuesto de Sucesiones (herencias) hechas por varias
autonomías, que dicen “benefician a los más acomodados”. Y en general, señalan
que los impuestos están orientados en España a las rentas del trabajo (aportan
el 83% de los ingresos”) lo que agrava la desigualdad y “penaliza el
crecimiento y el empleo”, según la OCDE.
Esta crítica de la OCDE a la política social en España se suma a la que hizo la Comisión
Europea en marzo, en su informe sobre España 2018, donde señalaba que “la capacidad redistributiva de los impuestos y las prestaciones sociales
es baja en comparación con otros paises europeos”. Y daba este dato: las políticas sociales en España sólo
reducen las desigualdades un 34,5%, mientras en Europa las reducen un 40% de
media. Y señalaba varias causas, además de unos impuestos poco progresivos:
baja cobertura del desempleo y por poco tiempo (el 45% de los parados EPA no cobra ningún subsidio), pocas ayudas familiares y unas ayudas públicas a los más pobres (rentas mínimas) que llegan a poca
gente (314.562 beneficiarios) y
que pagan poco (434 euros de media, con
grandes diferencias entre los 300 euros mensuales de Murcia o los 385 euros de
la Comunidad Valenciana y los 672 euros que paga el País vasco o los 600 euros
de Navarra). Y la Comisión llamaba la atención sobre el bajo
gasto público español en prestaciones familiares (el 1,3% del PIB frente al
2,4% en la UE-28), que explica en gran medida el aumento de la pobreza infantil.
Con este panorama de mucha desigualdad y pobreza y bajas
ayudas sociales poco eficaces, no es extraño que la mayoría de los españoles (el
70%, según el Informe FOESSA 2017) digan que “no notan la recuperación”. Y que un
93,2% de españoles consideren la actual situación económica como muy mala (15,2%), mala (33,9%) o regular (44.1%), según el Barómetro del CIS, aunque
llevemos 5 años creciendo más que los grandes paises de Europa. El problema es,
como reiteran la OCDE y la Comisión Europea, que este crecimiento no es “inclusivo”.
A lo claro: que beneficia a algunos pero no a la mayoría. Y eso perjudica a la recuperación, como advierte ahora la OCDE y antes la ministra de Economía, Nadia Calviño, quien cree que la pobreza y la
desigualdad son uno de los tres grandes desequilibrios económicos de España,
junto al paro y la deuda, porque tener a
tantos españoles malviviendo (12,2
millones) reduce el consumo y frena el
crecimiento y el empleo, rebaja la
recaudación fiscal y deteriora las cotizaciones y el déficit de las pensiones.
Así que crecer de
forma desigual no es sólo injusto
socialmente sino que pone en peligro la recuperación económica, además de fomentar el desinterés
por la política y engrosar los populismos y radicalismos. Por ello, la OCDE propone a España “un crecimiento más inclusivo” , utilizando para ello
diversas palancas. La primera, la
política de empleo, fomentando (con una reducción de cotizaciones) la
contratación estable de los trabajadores con salarios más bajos, jóvenes,
mujeres y parados de larga duración, favoreciendo los trasvases de personas entre las regiones con más paro y menos. La
segunda, la política
educativa, para reducir el abandono escolar (18,3%) y los repetidores
(tenemos la segunda mayor tasa de la OCDE), mejorando la formación de jóvenes y
adultos. La tercera, la política de apoyo a la familia, con más ayudas a las familias con hijos y a las
guarderías- La cuarta, una política de vivienda que facilite el alquiler, una losa para las familias: se
llevan el 40% de los ingresos del 38,4% de familias más pobres en España y del
36% en Europa. Y la quinta y clave, otra
política fiscal y social, que consigan recaudar más (España ingresa 81.456 millones menos cada año que la media
europea) y gastar mejor, haciendo
pagar más impuestos a los que más tienen y concentrando las ayudas sociales
en las rentas más bajas.
Este reciente informe
de la OCDE sobre España está ahí,
como el informe de la Comisión Europea de marzo. Pero el
Gobierno y los políticos no los hacen ningún caso: están a lo suyo, a sus peleas diarias y a preparar las próximas elecciones. Y mientras, el crecimiento se debilita y se
reparte de manera muy desigual, año tras año. Y, como dijo el secretario general de la OCDE, muchos
“se quedan fuera” de la
recuperación. Y no sólo es socialmente injusto, sino que pone en peligro la
recuperación y el empleo, además de fomentar el desencanto político y los populismos extremos. A ver cuántos informes más
necesitamos (y cuantos "avisos" como el de las elecciones en Andalucía) para tomar medidas y crecer de forma más sana y justa.
El Gobierno Sánchez aprobó el viernes pasado un Plan de choque por el empleo joven, que Rajoy debió aprobar en 2012 o en 2014. Como no se ha hecho nada, la situación de los jóvenes españoles
es penosa: un tercio está en paro (el doble que en Europa) y los
que trabajan lo hacen con más precariedad que los adultos: un
57% tienen contratos temporales y un 28% trabajan a tiempo parcial. Y su sueldo, ni siquiera mileurista, ha caído entre el 9 y el 28%
sobre 2008. Por eso, el 81% de jóvenes siguen
viviendo con sus padres. Un negro panorama que les provoca “precariedad
vital” y desconfianza ante el futuro. Urge centrarse en su formación (peor que la de los jóvenes
europeos, aunque no se diga), incentivar su contratación, que tengan salarios
dignos y ayudarles con la vivienda
y a crear una familia. El Plan de choque es un punto de partida, pero Gobierno y
oposición deberían volcarse en medidas más ambiciosas para mejorar la penosa situación de nuestros jóvenes.
La crisis se cebó especialmente en los jóvenes españoles.
Lo dicen claramente las estadísticas oficiales :
de los 3.802.800 empleos perdidos en
España entre 2007 (3º trimestre) y 2014 (1º trimestre), el 72,15% (2.744.000 empleos) fueron empleos perdidos por los jóvenes
(de 16 a 29 años), según la EPA. Y lo peor es que la recuperación ha beneficiado también menos a los jóvenes: de los 2.577.400 empleos creados entre 2014 y
2018 (3º trimestre), sólo 484.900 son de
jóvenes (16 a 29 años), el 18,8% del
total. O sea que 3 de cada 4 empleos perdidos con la
crisis fueron de jóvenes y ahora
solo consiguen 1 de cada 5 nuevos empleos creados con la recuperación. Y todavía hay 2.259.100 jóvenes menos trabajando hoy que en 2007, así que los
jóvenes tienen pendiente todavía recuperar un 45% de sus empleos perdidos.
Y este penoso balance, de la crisis y la
recuperación, podría ser peor para los
jóvenes si no hubieran contado con “una gran ayuda”: la pérdida de
población, hay menos jóvenes. Si en 2007 había 8.377.400 jóvenes españoles (16 a 29 años), se produjo una fuerte
caída en 2014 (había ya 6.764.600 jóvenes), que continúa hoy (6.584.300
jóvenes), según el INE. Así que hay 1.793.100 jóvenes
menos hoy que en 2007 (se han perdido
1 de cada 5 jóvenes: si no hubiera caído esa población joven, la situación
de los que quedan sería peor: serían más a repartirse el poco empleo
existente. Además, España ha tenido “otra ayuda”: con la crisis, muchos jóvenes en paro o sin perspectivas de empleo han
vuelto a estudiar, con lo que además de haber menos jóvenes (por la
caída de la población), ha habido menos jóvenes “activos”, buscando trabajo: si
en 2007 había 5.637.700 jóvenes activos
(trabajando o parados buscando trabajo), en 2018 hay 3.702.900 jóvenes (16 a 29
años), según el INE, casi 2 millones de “activos”
menos, lo que también ha “aliviado”
el mercado de trabajo. Y la explicación es que muchos jóvenes, en vez de
buscar un trabajo casi imposible, han vuelto a estudiar.
A pesar de estas dos “ayudas” (menos jóvenes y menos
buscando trabajo), ha habido poco empleo
para los jóvenes (sólo se han llevado
1 de cada 5 nuevos empleos) y por eso ha
crecido el paro juvenil, que, a pesar de la recuperación, duplica todavía hoy el de 2007: es del 45,43%
entre 16 y 19 años (era del 29,19% en 2007, aunque llegó al 70,16% en
2014), del 30,10% entre 20 y 24 años
(14,78% en 2007 y 52,86% en 2014) y del 19,31%
entre 25 y 29 años (frente al 8,09% en 2007 y 32,76% en 2014), según la EPA, el
doble y el triple que el paro total en España, que es del 14,55% (7,93% en 2007 y
25,93% en 2014).
Y lo peor es que el
paro juvenil en España se ha alejado del
europeo, tanto con la crisis como con la recuperación. Si en 2007, el paro de los jóvenes españoles (15 a 29 años) era del 12,9%, muy parecido al de Europa (12% la UE-28
y 12,1% la zona euro), en 2014, tras
la crisis, se había distanciado
enormemente y lo duplicaba con creces: 39,7% de paro juvenil (15 a 29 años)
en España frente a 17,7% en Europa (UE-28) y el 19,6% en la zona euro. Y aunque
ha bajado con la recuperación, en 2017
la distancia con Europa es el doble que
en 2007: tenemos un 29,4% de paro juvenil (15-29 años), frente al 13,2% en
la UE-28, el 15,4% en la zona euro, el 5,8% de Alemania, el 8,4% de Reino
Unido, el 17% de Francia o el 26,7% de Italia, siendo superados sólo por Grecia
(35,6%), según Eurostat. Y si tomamos sólo el paro
de los menores de 25 años, tenemos más del doble que Europa: 34,9% de paro juvenil en octubre 2018, frente a 15,3% en la UE-28, 17,3% en la zona
euro, 6,2% en Alemania, 10,9% en Reino Unido, 21,4% en Portugal, 21,5% en
Francia y 32,5% en Italia, superándonos solo el paro juvenil de Grecia (32,5%),
según la última estadística de Eurostat.
El problema de los
jóvenes no es sólo que haya muchos
en paro (934.500 parados en septiembre 2018, el 31,6% de los jóvenes activos) sino que los pocos que trabajan (2.768.500
en septiembre 2018, el 44% de los jóvenes
en edad de trabajar) lo hacen con
mucha precariedad: dos tercios de
los jóvenes empleados (66%) tienen
un contrato temporal y/o a jornada parcial, frente a un
tercio (30%) los mayores de 30 años, según un estudio de Comisiones Obreras. Y lo peor es que la
crisis ha aumentado la precariedad de los jóvenes, hoy mayor que en 2006.
Así, el porcentaje de jóvenes con contrato
temporal era en 2017 del 57,50%,
frente al 55% en 2006 (y el 44% en 2009), mientras en el conjunto de
trabajadores españoles se ha reducido (del 34% de temporales en 2006 al 27% en
2017). Y lo mismo pasa con los contratos
a tiempo parcial: los tenían un 28,17%
de jóvenes (16-29 años) en 2017, frente al 15,4% de contratos a tiempo parcial
en 2006, según CCOO.
Y esto es el balance
de precariedad de todos los
jóvenes empleados, porque los contratos
que se hacen ahora son aún más
precarios: el 90% de los nuevos contratos hechos en 2018 son temporales y un 35% a tiempo parcial. Y sólo el 4% de los contratos nuevos de los
jóvenes son “de calidad”: indefinidos
y a tiempo completo. Además, cada vez hay más rotación: si en 2007, cada asalariado joven firmaba una
media de 3,4 contratos al año, en 2017 se firmaron 5,7 contratos de media por
joven (16-29 años). Y los contratos temporales de los jóvenes son por
menos tiempo: en 2017, un tercio fueron por menos de un mes. Y eso les
llevó a estos jóvenes a firmar hasta 46
contratos temporales en 2017, según el informe de COOO.
Con tanto paro y tanta precariedad, el salario de los jóvenes es
muy bajo: el salario medio anual de los jóvenes menores de 20 años fue de 7.182
euros brutos (508 euros/mes netos en 12 pagas), el de los jóvenes de 20 a 24 años fue de 11.316 euros brutos (801 euros/mes
netos en 12 pagas) y el de los jóvenes de
25 a 29 años de 19.339 euros brutos
(1.369 euros/mes netos en 12 pagas), según la última estadística del INE (sueldos 2016). Eso supone que el
sueldo de los jóvenes es el 31% (16-19 años), el 49% (20-24 años) o el 68%
del sueldo medio de todos los trabajadores (23.156 euros brutos en 2016). Y
son tan bajos porque los sueldos de los
jóvenes se han reducido con la
crisis, se han devaluado entre
2008 y 2016: cayeron un -20% los
sueldos de los menores de 20 años, un
-15% los de 20 a 24 años y un -9% los sueldos de los jóvenes de 25 a
29 años, mientras aumentaban un +6% en el total de trabajadores, según la Encuesta anual de estructura salarial del INE.
Con estos sueldos, muchos
jóvenes no llegan ni a “mileuristas”
y tienen serios problemas para sobrevivir. De hecho, con la crisis han crecido los jóvenes “pobres”, considerados así por la estadística europea AROPE cuando ingresan menos del 60% de la media española (menos de
8.522 euros anuales los solteros y menos de 17.896 euros anuales las familias
con 2 hijos): son ya pobres un tercio de
los jóvenes de 16 a 29 años (el 34,8% en 2017), un 12% más que en 2008
(22,8% de los jóvenes eran pobres). Y esta tasa
de pobreza juvenil es mucho mayor que la media española (26,6% son pobres) y que en el resto de las
edades (25% de pobres entre 30 y 44 años o 16,4% de pobres entre los mayores de
65 años).
Con tanto paro, tanta precariedad y unos sueldos tan bajos,
los jóvenes españoles viven en lo que CCOO llama “la precariedad vital”: su objetivo es vivir al día, sobrevivir, sin
demasiadas esperanzas de mejorar. Saben que tienen
muy difícil cosas “normales” para sus padres, como alquilar o comprar un
piso y formar una familia. Y tampoco irse de casa: el 80,6% de los jóvenes españoles
menores de 30 años vivían con sus padres
en 2017, nada menos que 5.236.860 jóvenes, 4
de cada 5 en esas edades, según el Observatorio del Instituto de las Juventud. Y hay 8 autonomías donde
suben del 82% los jóvenes no emancipados: Andalucía, Extremadura, Murcia,
Asturias, Cantabria y el País Vasco. Un dato que contrasta con el 70% de jóvenes no emancipados que
hay en Europa.
Si el presente de los jóvenes es difícil, a pesar de la
recuperación, el futuro se presenta aún más problemático, por dos
razones. Una, porque para 2030, un tercio de los empleos actuales (34%) están en riesgo, por la robotización de la economía, según un
reciente estudio de la consultora PWC hecho en 27 países, que señala a España como el 4º
país más afectado por la automatización del trabajo, tras Eslovaquia (perdería
el 44% de los empleos actuales), Italia (-39%) y Alemania (-37%). Y la otra,
porque el empleo del futuro será más especializado y el 70% de los
nuevos empleos que se creen en 2025 requerirán una “alta formación”, según la Comisión Europea.
Y nuestros jóvenes
(25-34 años) tienen todavía baja formación, aunque un tercio largo sean
universitarios, según el último informe educativo de la OCDE: el 35% tienen
baja
formación (sólo tienen la ESO o ni siquiera) frente a menos de la mitad
en la OCDE (16%) y en Europa (15% en
UE-22 y 13% en Alemania, Francia y Reino Unido), con lo que somos
el país europeo con más porcentaje de jóvenes poco formados y el
tercero de la OCDE, tras Turquía (45% jóvenes poco formados) y México (53%). En
un nivel medio (con Bachillerato y
FP) están el 24% de los jóvenes
españoles, frente al 42% en la OCDE
y el 40% en la UE-22. Y eso sí, tenemos casi tantos jóvenes universitarios (41%
como la OCDE (43%) y más que Europa (40% en UE-22).
Así que es verdad
que tenemos “los jóvenes mejor
preparados de la historia”, pero también es verdad que están “peor formados que los jóvenes europeos”. Y no es porque los jóvenes sean vagos y no estudien, sino porque muchos abandonaron el colegio o el
Instituto para trabajar en los años del ladrillo (sin acabar su formación)
y otros han dejado las aulas “por imposible”, con una tasa de “fracaso escolar” que es la 2ª mayor de Europa, tras Malta (tenemos un 18,3% de jóvenes entre 18 y 34 años
que han abandonado sus estudios, frente al 10,6% de media de la UE-28). Pero no es
verdad que los jóvenes españoles “ni estudian ni trabajan”: sólo son
“ni-nis”
realmente el 8% y el 92% restante están trabajando, estudiando, buscando
empleo, de cuidadores o trabajando en el hogar, según el informe de CCOO, que rechaza “culpabilizar
a los jóvenes” de su situación. Y también que estén en paro por estar “sobrecualificados”:
no trabajan porque el modelo productivo español no es capaz de darles empleo,
no porque estén demasiado formados,
señala CCOO.
Visto el panorama y el futuro de los jóvenes, habría que haber tomado medidas hace años,
pero el Gobierno Rajoy no hizo casi
nada, salvo apuntarse (con una mala gestión) a un Plan europeo de
Garantía Juvenil, aprobado en 2013, que ha resuelto poco: sólo 419.606
jóvenes habían encontrado un trabajo (precario) entre 2014 y principios de
2018, según el Ministerio de Trabajo. En septiembre, el presidente Sánchez prometió un Plan de choque por el Empleo joven, cuyo borrador (ha
habido 18) se envío a las autonomías (que lo tienen que
gestionar), los sindicatos y la patronal CEOE (que puso inicialmente "pegas" y ahora lo apoya), que le han dado el visto bueno el 5 de diciembre, con lo que se aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 7 de diciembre. Ahora, son las autonomías las que han de aplicarlo, cada una a su ritmo, y se espera que lo pongan en marcha para marzo de 2019.
El Plan de choque por el empleo joven es un
“parche”, porque sólo contará con 2.000 millones de gasto en tres años (665
en 2019,666 en 2020 y 668 en 2021), casi lo que ya se ha pagado (1.800 millones) a las 9 concesionarias de autopistas por rescatarlas de la quiebra.
Pero “bienvenido
sea” a la vista de la penosa
situación de los jóvenes. El grueso del Plan (1.138 millones) se gastará en formación de los jóvenes, para recuperar a 100.000 sin título de la
ESO, formar a 80.000 en idiomas y otros 226.000 jóvenes en temas digitales.
Otra partida importante (616,5 millones) irá a bonificar la contratación de los jóvenes, pagando cotizaciones a
empresas y autónomos. Y la “medida estrella” es contratar a 3.000 orientadores laborales, para que ayuden a los
jóvenes a colocarse desde las oficinas de empleo (en 2012, Rajoy despidió a 3.000 orientadores
del SEPE). Además, El Plan de choque incluye aprobar un Estatuto del becario y becas para jóvenes
que no terminaron la ESO. El objetivo es bajar el paro juvenil (16-24 años) del 33% actual al 23,5% en 2021.
Además de este Plan, hay que tomar otras medidas en tres frentes para ayudar a los jóvenes, como propone CCOO. Uno, el educativo, ampliando
la educación infantil de 0 a 3 años (los “cimientos” de la formación),
extendiendo la educación obligatoria a los 18 años, apostando por la Formación Profesional y mejorando las becas. El segundo, el laboral, con un Estatuto del becario,
una mejora de los contratos de formación, reducir la precariedad (con más inspecciones de Trabajo), unos salarios dignos y
una “carrera profesional” para los jóvenes. Y un tercer frente de mejora de su calidad de vida, con ayudas
al alquiler, parque público de viviendas para jóvenes y ayudas a la
emancipación, junto al fomento de la familia y la natalidad, claves en un país
que va a un “suicidio demográfico” (menos jóvenes y más viejos). Todo esto y más debería ser
objeto de un gran Pacto por la juventud, que deberían apoyar todas las fuerzas
políticas y sociales, al margen de ideologías. Porque se trata de “dar una salida” a los jóvenes, la clave del presente y futuro de España.
Nada menos.
Cada 14 horas muere
un trabajador en España, 12 muertos a
la semana en el trabajo o al ir y volver. Tras haberse estabilizado los
muertos por accidente laboral en 2015, 2016 y 2017, este año vuelven a subir y son ya 469
muertos hasta septiembre, 8 más que el año pasado. Y siguen creciendo los
accidentes, como sucede desde 2014. Con ello, España es el tercer país europeo
con más accidentes laborales y el cuarto con más muertes en el trabajo.
Y además, hemos batido otro récord de
enfermedades profesionales, ocupando el
2º lugar europeo detrás de Francia. Los sindicatos culpan del aumento de
accidentes y muertes a la precariedad
laboral, porque el 41% los sufren
trabajadores temporales y con poca antigüedad. Y piden que las empresas (sobre todo las pymes) cumplan
la normativa, porque si lo hicieran se evitarían 1 de cada 3 accidentes
y muertes. No es de recibo que, en el siglo XXI, "el trabajo mate".
Un trabajador de 47 años murió anteayer en Gandía (Valencia), al caer por el hueco del ascensor desde el quinto piso cuando intentaba repararlo. Es el penúltimo muerto por accidente
laboral en España, donde este año van ya 469
muertos hasta septiembre, entre los fallecidos en el trabajo (368) y en
el camino de ida o vuelta a trabajar (101 muertos “in Itinere”), 8
muertos más que en los nueve primeros meses de 2017, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo. Con ello se rompe una racha de tres años (2015, 2016 y 2017) en que
los muertos por accidente laboral se habían estabilizado, en 629 muertos
anuales, tras aumentar desde el mínimo de 2013 (558 muertos), muy alejado de
los máximos históricos: 1.580 muertos
por accidente laboral en 2000, entre 1.500
y 1.306 después y 1.065 muertos en 2008,
cayendo a 831 en 2009.
España superó a
comienzos de este siglo el millón de
accidentes laborales (1.005.289 en 2000, 989.353 en los trabajos y 72.357 “in
Itinere”), pero luego bajaron ligeramente para batir un récord en plena “burbuja económica”: 1.022.067 accidentes laborales en 2007. Con la crisis, la menor
actividad y 3,8 millones de trabajadores menos, los accidentes laborales cayeron en picado, hasta un mínimo en 2013 (468.030 accidentes,
404.284 en el trabajo y 63.746 “in Itinere”). Pero después han crecido a partir de 2014, por la recuperación económica y la
precariedad del empleo creado, hasta los 596.606
accidentes laborales en 2017
(515.082 en el trabajo y 81.524 “in Itinere”), según las estadísticas de
Trabajo. Y este año, hasta septiembre, ya se han producido 451.677 accidentes,
un 3,7% más que en 2017.
España es el tercer
país europeo con más accidentes de trabajo, sólo por detrás de Alemania
(844.541 accidentes, con más del doble de trabajadores) y Francia (844.541
accidentes) y muy por delante de Italia (295.162 accidentes), Reino Unido
(237.008 accidentes) y Portugal (134.378 accidentes), según los últimos datos de Eurostat para 2015. Y somos el
4º país europeo con más muertes laborales, tras Francia (595 muertos).
Italia (543) y Alemania (450 muertos), por delante de Polonia (304 muertos),
Reino Unido (260) y Portugal (161 muertos). Pero si relacionamos el número de
muertes laborales con los trabajadores, España mejora y su siniestralidad (2,3 muertes laborales por cada 100.000
empleados en 2015, que hoy son ya 3,1) y se coloca como el país nº 16 de los 28, por
encima de la media europea (1,83 muertes laborales por cada 100.000
trabajadores en la UE-28) pero por detrás de Portugal (3,54 muertes/100.000),
Francia (2,57) e Italia (2,42), aunque peor que Alemania (0,97 muertes/100.000)
y Reino Unido (0,83), según la última estadística de Eurostat para 2015.
Analizando los accidentes
laborales en España, la mayoría de los 451.677 acaecidos este año son accidentes en el trabajo (391.293) y el
resto (60.384) son accidentes al ir o
volver de trabajar, que crecen año tras año. Dentro de los accidentes en el trabajo, la casi totalidad (el 99,14%) son leves y menos de un
1% son graves (2.963) o mortales (368). El 70,8% los sufren los hombres, sobre todo por un sobreesfuerzo físico (36% de los
accidentes) y golpes contra algo
inmóvil (24,7%) o en movimiento. El mayor número de accidentes se da en la
industria (19,1%), los comerciales y repartidores (13,95%) y en la construcción
(12,8%), aunque la mayor siniestralidad se da (teniendo en cuenta el número de
trabajadores) en las industrias
extractivas, la construcción, los trabajos de agua, saneamiento y residuos y la
industria. Y en los accidentes “in itinere”,
dos tercios son accidentes de tráfico y más de la mitad los sufren las mujeres (54,5%), quizás porque tienen más estrés al tener que compatibilizar
el trabajo con el cuidado de los niños y las tareas domésticas.
Respecto a las muertes en el trabajo (368 este año), la gran mayoría son hombres (349), sobre todo de 40 a 59 años (72,8% de los muertos),
siendo mayor la siniestralidad entre los operadores
de maquinaria, la construcción, el campo, la industria y los servicios. Y
hay más muertes en el trabajo, en relación con los ocupados, en Aragón (5,6 muertes/100.000 trabajadores
frente a 3,1 de media en España), Castilla
y León, Ceuta (5,4), Cantabria
(5) y Murcia (4,7), siendo las
regiones con menos muertes (en relación a los que trabajan) Cataluña (1,5 muertes/100.000 ocupados),
Baleares (1,7), Madrid (1,8) y Canarias
(2,3), según las estadísticas de Trabajo. Y las primeras causas de muerte en el trabajo son los infartos y derrames cerebrales (43,4%), los accidentes de tráfico
trabajando (23,3%), los aplastamientos y atrapamientos (12,5%) y los golpes y
caídas (10,6% de las muertes). En las muertes
al ir o volver de trabajar (101 muertes “in Itinere), la mayoría son
también hombres (84), la mitad entre menores de 44 años, en carreteras y medios
de transporte.
¿Por qué aumentan los
accidentes laborales y las muertes? La patronal y los empresarios
argumentan que hay más actividad y más gente trabajando (+2,57 millones desde
2014) y que por eso hay más siniestralidad. Pero los sindicatos no están de
acuerdo y lo achacan a la precariedad laboral, agravada con la
reforma laboral aprobada por el Gobierno Rajoy en 2012. Y señalan dos
datos que son oficiales, del Ministerio de Trabajo. Uno, que en 2017, el 41,16% de todos los accidentes
laborales los sufrieron los trabajadores temporales, cuando son
solo el 26,7% de los asalariados. Y estos trabajadores temporales, generalmente
con menos formación y experiencia, sufrieron también el 41,12% de las muertes
en el trabajo (204). El otro dato relevante es que los trabajadores con menos de 1 año de antigüedad sufrieron
el 44% de todos los accidentes y el 41% de las muertes en el trabajo en 2017.
Los sindicatos añaden que la precariedad laboral y los
cambios en la organización del trabajo fomentados por la reforma laboral (mayor
libertad al empresario para organizar jornadas y turnos) han provocado más
tensión y más estrés en el trabajo, lo que favorece los accidentes. Y además se
quejan de que las estadísticas oficiales no incluyen todos los accidentes que se producen
realmente, porque sólo incluyen los accidentes con baja y las Mutuas están
endureciendo los criterios para darlas (sólo dan las graves, de más de 4 días),
lo que está produciendo un “trasvase” de
accidentes leves a accidentes sin baja. De hecho, los accidentes laborales sin baja son este año superiores (546.082) a los accidentes con
baja (451.677). Y en muchos casos, es el
propio trabajador accidentado el que no pide la baja, por miedo a que la
empresa le despida si falta.
Otra causa de que crezcan los accidentes laborales y las
muertes es que muchas pymes no tienen
políticas adecuadas de prevención de riesgos laborales, bien porque no
quieren gastar dinero y tiempo en ellas o bien porque las subcontratan fuera (lo hacen el 88,75% de las pymes, según Asepeyo) y se despreocupan del seguimiento. De hecho, el 54% de las pymes desconoce cómo funciona la
prevención de riesgos, según un estudio del Colegio de Politólogos y Sociólogos. Y para completar el cuadro, 1 de cada 3 autónomos (hay 3 millones) no sabe cómo actuar si sufre un accidente
laboral.
El trabajo no
sólo provoca accidentes y muertes sino también enfermedades profesionales, que en muchos casos acaban incapacitando o matando al
trabajador a medio plazo (4 murieron en 2017 por enfermedad profesional). En 2017, las enfermedades profesionales
batieron el récord del siglo: 27.770
casos (21.049 como tales y otras 4.704 como patologías no traumáticas
causadas o agravadas por el trabajo), un 5,68% más que en 2016, según las estadísticas de Trabajo. Y en 2018, hasta
octubre, ya van 20.463 expedientes
de enfermedades profesionales, un 14,40%
más que el año pasado. Estos datos nos colocan como el 2º país europeo con más
enfermedades profesionales tras Francia, según el propio Ministerio de Trabajo. La mayoría de estas enfermedades (el 83%) son
causadas por esfuerzos y malas posturas
(trastornos musculo-esqueléticos), seguidas de las producidas por agentes biológicos, inhalación de sustancias
y enfermedades de la piel, con una baja media de 100 días. La mayor
incidencia de estas enfermedades profesionales se da entre los 45 y 49 años, en la industria manufacturera y la minería,
sobre todo en Navarra, el País Vasco y la
Rioja, siendo poco frecuentes en Andalucía, Ceuta y Melilla.
Los sindicatos se quejan de que un 20% de las enfermedades profesionales no se contabilizan como tales, porque no
quieren reconocerlas las empresas o las Mutuas, para ahorrarse dinero
pasando la factura de estas enfermedades a la Sanidad pública (el coste
se valora en 2.000 millones de euros anuales). Así, estudios de UGT estiman que unas 9.500
muertes por cáncer podrían estar relacionadas cada año con enfermedades
laborales. Y sin embargo, sólo se han contabilizado este año 12
casos de cáncer laboral (la mayoría, por amianto). Y denuncian que tampoco
afloran como enfermedades profesionales muchas depresiones y enfermedades
psíquicas, motivadas por el estrés laboral. Asimismo, creen que existe una “desigualdad de género”,
porque las enfermedades profesionales se
están cebando más con las mujeres: desde 2013, señala UGT,
se comunican más partes de baja por enfermedad profesional de mujeres que de
hombres, a pesar de que hay menos mujeres trabajando. Y además, porque en el Real
Decreto de enfermedades profesionales no están recogidas algunas de las
enfermedades que sufren más las mujeres.
Al final, el trabajo
ha matado 469 personas este año, más de la mitad que los accidentes de Tráfico (895 muertos hasta
septiembre), aunque se habla de ello mucho menos. Y van ya 6.400 muertos por accidentes laborales en los últimos 10 años.
UGT ha pedido un Plan de choque para reducir estas muertes, aumentando las inspecciones de Trabajo (faltan medios) y forzando a
las empresas a que cumplan la legislación
vigente sobre riesgos laborales (de 1995). Para
vigilar que se cumplen las normas, los sindicatos piden que se creen Delegados territoriales de prevención y
Juzgados especializados en siniestralidad laboral, porque ahora son muy pocos
los accidentes que acaban en los Juzgados (sólo se incoaron 190 causas por
homicidio en accidente laboral) y las sentencias se retrasan muchísimo (la
media tarda 6 años y 6 meses) y son escasas (579 dictadas en 2017), porque la mayoría de los expedientes acaban en
sobreseimiento por su complejidad y la falta de medios.
Curiosamente, la patronal CEOE ha pedido al Gobierno poder hacer
controles de alcohol y drogas cuando un trabajador sufre un accidente laboral.
Pero mientras, no se vuelcan en invertir más en prevención, aunque
sea lo más barato, porque los
accidentes laborales no sólo cuestan vidas sino también pérdidas de horas de
trabajo y otros costes. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que los accidentes laborales cuestan
un 4% del PIB anual de los paises. Y otros estudios valoran en 476.000 millones
al año el coste mundial de los
accidentes laborales. Por eso, y por los altos costes que suponen los
accidentes laborales y enfermedades profesionales para la sanidad pública, harían falta campañas de concienciación
para mejorar la seguridad laboral: no
tiene sentido gastar 13 millones en campañas de Tráfico y ni un euro en campañas contra los accidentes de Trabajo.
Con todo, la clave
es que las empresas tengan planes de
prevención de riesgos laborales y los cumplan. Porque un 31% de los accidentes laborales se producen en trabajos donde no
se había realizado la evaluación de riesgos laborales obligatoria, según un estudio de UGT. Eso significa que 1
de cada 3 accidentes en los centros de trabajo (no “in itinere”) se podrían evitar si las empresas cumplieran la Ley. Sólo en 2017, se habrían evitado 160.000 accidentes
laborales y habrían salvado su
vida 153 trabajadores… Un objetivo para volcarse todos, Gobierno,
empresas y empleados, con más firmeza y medios. Porque no es de recibo que, en pleno siglo XXI, “el trabajo mate”.
Esta semana y la próxima se celebra en Polonia la 24 Cumbre del Clima, para concretar las medidas que aprobó la Cumbre de París en 2015. Mientras, los expertos dan la “alarma”: las emisiones crecieron en 2017 y el CO2 bate otro récord histórico. Y el clima sigue “loco", con altas
temperaturas, inundaciones, incendios y sequías, más en el sur de Europa y España, que se calienta 2 veces más rápido que el Planeta. Pero las medidas
para recortar emisiones no avanzan y sólo
57 países cumplen, según la ONU,
que exige triplicar los esfuerzos
para que la temperatura no suba más de 1,5º para 2100. Europa ha tomado el testigo
y promete reducir a cero sus emisiones
en 2050, prohibiendo los coches de
gasoil y gasolina desde 2040. Y España,
que aumentó sus emisiones de CO2 en
2017, ultima la Ley de Cambio Climático.
Pero las elecciones, en Europa y España, pueden hacer que 2019 sea otro año perdido contra el Cambio
climático. No den tregua al CO2.
Los humanos seguimos destruyendo
el Planeta. En 2017 volvieron a aumentar las emisiones de CO2, después
de tres años estabilizadas: se
emitieron 53,5 gigatoneladas de CO2 equivalente, un 1,2% más que en 2016, según acaba de informar la Agencia de Medio Ambiente de la ONU (PNUMA), que lo achaca al
mayor crecimiento de la economía mundial (+3,7%) y a que ha seguido alto el
consumo de carbón, sobre todo en China,
donde subieron las emisiones (+0,9%), aunque
más en la India (+3%), aumentando también en Europa (+0,7%) y cayendo en EEUU
(-0,3%), por el trasvase de carbón a gas natural. La mitad de las emisiones mundiales de CO2 proceden de
Asia y los paises en desarrollo (26,8% de las emisiones mundiales son de China,
7% de India, 2,3% de Brasil, 1,7% de Indonesia, 1,6% de Corea y 1,5% de Arabia
Saudí y México), seguidas de EEUU (13,1% de las emisiones totales), Unión
Europea (9%) y Rusia (4,6%), según los datos de PNUMA.
España fue el país europeo donde más aumentaron las
emisiones de CO2 en 2017: crecieron
un 2,6% (tras caer un 3,7% en 2016), hasta los 344 millones de toneladas
equivalentes de CO2, entre las emisiones de CO2 (82,9%), metano
(9,2%), óxidos de nitrógeno (5,1%) y
otros gases de efecto invernadero, según la última estadística del INE.
Las emisiones venían cayendo, por la crisis, desde el
máximo histórico de 2007 (443,5 millones de Tm de CO2 equivalente), pero esa
tendencia se rompió en 2014, cuando
las emisiones volvieron a subir,
como en 2015. Ahora aumentaron por las emisiones de las eléctricas (que aumentaron en 2017 su consumo de carbón, por la
sequía) y por la industria. En 2017, los culpables de
todas las emisiones de gases de efecto invernadero en España fueron la industria (24,7%), las eléctricas (23,1%), los hogares (20,9%), el transporte (14,2%) y la agricultura (11,75%).
Con el aumento de emisiones mundiales en 2017, la Tierra ha vuelto a batir otro récord de gases de efecto invernadero
(CO2, metano y óxido nitroso): se alcanzó la cifra récord de 405,5 partes
por millón, la mayor obtenida con los registros modernos (desde hace 38
años) y la más elevada de los últimos
800.000 años (estadística de CO2 obtenida con muestras de hielo ártico), según informó el 20 de noviembre la Organización Meteorológica Mundial (OMM). La
última vez que la Tierra registró una concentración de CO2 comparable fue hace entre 3 y 5 millones de años,
cuando la temperatura era de 2 a 3º más cálida y el nivel del mar era entre 10
y 20 metros superior al actual, según señala la OMM.
Estos gases de efecto invernadero,
emitidos en su mayoría por el hombre, provocan una especie de “paraguas”
que favorece el calentamiento del Planeta
(el 82% por el CO2 y el resto por el metano y NO2). Así, 2017 fue uno de los tres años más cálidos
desde 1880 y la temperatura promedio del Planeta fue 0,48ºC superior a la de 1981-2010 y 1º más elevada que en 1880, al inicio de la industrialización. Este
aumento de la temperatura, además de provocar sequías e incendios
(California) y trastocar el clima (inundaciones y tornados), deshiela los
glaciares y sube el nivel del mar: 7,7 centímetros en 2017 sobre 1993,
cuando empezaron las mediciones, según la OMM.Y con ello, el mar ya ha subido 19
centímetros desde 1901, según Greenpeace, que alerta de que el nivel del mar podría subir entre 19 y 58
centímetros más hasta finales de este siglo.
Los efectos del
Cambio climático son bastante evidentes para casi todo el
mundo (salvo para Trump), pero más para los
habitantes del sur de Europa, una de
las zonas más afectadas, junto a Asia y el Pacífico, según los expertos. De
hecho, los europeos son los más
preocupados por el Cambio climático, según una encuesta mundial encargada por el Banco Europeo de Inversiones (BEI):
un 24% están alarmados y un 54%
preocupados, el 78% en total, frente al 63% en EEUU y el 65% en China. Y
según un informe del Centro Común de Investigación (JRC), Europa podría perder 240.000 millones anuales para 2100 si la temperatura aumenta
3ºC, por los efectos de las olas de calor, las inundaciones en costas y ríos,
las pérdidas en la agricultura y la pérdida de productividad. Y los paises del sur de Europa (España,
Portugal, Italia, Grecia, Malta y Chipre) sufrirán 8 veces más daños que la Europa del norte, señala este informe
encargado por Bruselas.
España es uno de los paises más vulnerables al cambio climático, según los expertos. De
entrada, España se está calentando dos veces más rápido que el resto del
globo, 0,42 ºC de promedio anual
cada década en los últimos 40 años, según Manola Brunet, que preside la Comisión de Climatología de la Organización
Meteoróloga Mundial (OMM). Y un informe de Greenpeace alerta que la
temperatura ha subido en España 1,5ºC las tres últimas décadas (+2º en Murcia), frente a 0,4ºC que ha
subido la temperatura global en el último siglo. Y si no se toman medidas,
podría subir entre 1,1 y 6,4ºC más para 2095. Un aumento de temperatura que ha
provocado el deshielo de gran parte
de Pirineos y numerosas sequías, olas de
calor, inundaciones y temporales en los últimos años. Y la pérdida de playas y zonas costeras en el Cantábrico, deltas del Ebro y Llobregat,
Mar Menor y costa de Doñana, con una subida de 10 centímetros en el nivel del mar desde 1901 (y podría
subir entre 10 y 68 centímetros más para 2100). Además, Greenpeace destaca que
el 20% de la Península es ya un desierto y que de las 10 cuencas hidrográficas
con mayor sequía de Europa, 7 están en España. Y que el Cambio climático está
afectando a muchas especies, a la agricultura (uva y huerta), al turismo (daños
en playas y paseos) y a la salud: el aire se degrada con las emisiones y junto a
las olas de calor, causa numerosas enfermedades y muertes (30.000) cada año.
Frente a un Cambio
climático que avanza imparable, y
más en el sur de Europa, los paises
hacen poco por combatirlo y aumentan
sus emisiones. Tres años después de la Cumbre de París (diciembre de 2015), cuando 195 paises firmaron recortar sus emisiones de CO2 a partir de 2020 (entre un 20
y un 30%), el balance es muy pobre: sólo 57 paises han tomado medidas efectivas (de ellos, sólo China, Brasil
y Japón entre los grandes) y “ninguno de
los grandes paises del G-20 lleva un ritmo de reducción de emisiones que le
permita cumplir sus compromisos, ni siquiera la UE”, según alerta el estudio de la ONU (PNUMA) publicado el 27 de noviembre y dirigido a la 24 Cumbre del Clima, que
reúne en Katowice (Polonia) a 20.000 expertos de 195 paises, del 2 al 14 de
diciembre. Otra Cumbre más para afrontar los dos retos pendientes: fijar un calendario
creíble de recorte de emisiones por paises y aportar los 100.000 millones
de dólares del Fondo verde del Clima,
que debe ayudar a los paises pobres.
La ONU ha lanzado una alerta al mundo, a la Cumbre del G-20 en Argentina y a
esta Cumbre del Clima de Katowice: hay
que triplicar los esfuerzos contra el Cambio Climático, porque se
acaba el tiempo y porque el
recorte ha de ser más drástico del previsto en la Cumbre de París, que
fijaba como objetivo una subida de
temperatura entre 1,5ºC y 2ºC para 2100 (sobre la de 1.880). Un estudio de los científicos mundiales que asesoran a la ONU (el IPPC), publicado en
octubre, alertaba de que es importante no subir la temperatura más de 1,5ºC,
porque llegar a 2ºC de aumento supone un
alto riesgo de olas de calor, incendios, sequías, inundaciones, cosechas,
pérdida de especies y una subida del nivel del mar (10 cm) que afectaría a 10
millones de personas en el Planeta. Para
evitarlo y que la temperatura no suba más de 1,5ºC, proponen recortar
las emisiones de CO2 más de lo previsto en la Cumbre de París (entre un
20 y un 30% sobre 1990): recortarlas un 45% en 2030 (sobre 2010), un reto tremendo que exige renunciar al
carbón, huir del petróleo en el transporte y que entre el 70 y el 85% de la
electricidad del mundo se genere con energías renovables en 2050.
La advertencia de los expertos está ahí y ahora son los Gobiernos los que tienen que tomar
medidas. De momento, la Unión Europea
ha recogido el guante y acaba de aprobar, el 28 de noviembre, un objetivo
más ambicioso: cero emisiones (nada de CO2) en 2050, frente a los 4.451,8 millones de toneladas
de CO2 emitidas en 2017, cuando el objetivo anterior era reducirlas en un 80%.
Eso va a suponer, de entrada, una reducción de emisiones del -20% para 2020 y del -45% para 2030, un objetivo muy difícil, teniendo en cuenta que
entre 1990 y 2016, la Unión Europea sólo redujo sus emisiones un -22%. Para
conseguirlo, la UE va a reducir
drásticamente el uso del carbón, va
a seguir penalizando las emisiones de eléctricas e industrias (el coste de la Tm. de CO2 ha pasado de 6
euros en agosto 2017 a más de 20 ahora y podría cerrar el año en 25 euros),
va a potenciar las energías renovables
y, sobre todo, va a prohibir la venta de coches diesel y gasolina a partir de 2040.
España tiene
previsto aprobar antes de final de año una estrategia propia, en una prometida Ley de Cambio Climático (ver borrador), que tardaría
meses en aprobarse en el Congreso (dependerá
de si hay elecciones), aunque el Gobierno Sánchez estudia aprobar antes las medidas más urgentes, por decreto-Ley. El objetivo de la ministra de Transición Ecológica es recortar las emisiones un -30% en 2030 sobre las de 1990 (menos que
el 45% de recorte que estudia Bruselas para los 27), un objetivo que los ecologistas consideran "insuficiente" (piden un -50% de recorte). Pero lograr ese
-30% ya es muy difícil, si tenemos en cuenta que España es uno de los cinco únicos países europeos (junto a Chipre,
Irlanda, Austria y Portugal) que aumentó
sus emisiones un +16,6% entre 1990 y 2015 (y +15,5% entre 1990 y 2017). O
sea que plantearse ahora recortarlas en total un 20% supone realmente reducir las
emisiones un -35,5% entre 2017 y 2030, todo un reto.
Para lograrlo y evitar los grandes daños del Cambio
Climático en España, habrá que hacer muchas cosas. La primera, acabar con el uso del carbón,
cerrando todas las centrales, algo que debería estar hecho para 2025. En
paralelo, reducir el consumo de petróleo
y gas en la generación de electricidad,
sustituyéndolo por renovables: el
objetivo de la Ley de Cambio Climático del Gobierno Sánchez es que el 100% de
la electricidad sea renovable en 2040 (hoy es el 45,8%). Y reducir el peso
del carbón y el petróleo en la industria (aumentando el coste por Tm
de CO2 emitido), así como en los hogares
y en el transporte. Aquí, la medida estrella es prohibir la venta de vehículos diesel y gasolina en 2040, mejorando desde principios de 2019 las ayudas y la fiscalidad a la compra de coches híbridos y eléctricos.
El combate contra el
CO2 no va a ser fácil y supone una tremenda
reconversión de toda la economía y de nuestras vidas. Y va a exigir enormes inversiones: la Comisión Europea
estima que se necesitarán entre 175.000 y 290.000 millones anuales en la UE, aunque también habrá
importantes ahorros (de 2 a 3 billones en petróleo entre 2030 y 2050 y
200.000 millones menos en costes sanitarios). En España, el coste de la reconversión energética puede suponer unos 10.000 millones anuales de aquí a
2050, el 65% en el sector eléctrico, según un estudio de Deloitte. Un coste que habrá que financiar vía tarifas (la luz
más limpia será más cara), impuestos
(subiendo impuestos al diesel y la gasolina y creando impuestos
medioambientales más potentes), ayudas
públicas (españolas y de la UE) y con inversiones
públicas y privadas, que apuesten por infraestructuras, empresas,
transportes, cultivos y hogares menos contaminantes como algo rentable. Y con
esta certeza científica: no hay otro
camino que crecer de forma sostenible
si queremos salvar la economía y el
Planeta.
La lucha contra el Cambio Climático es compleja y difícil, sin duda uno de
los grandes retos del siglo XXI. Y exige la
colaboración de todos, sobre todo de los que más emiten (China, India y los
paises en desarrollo) pero también de los paises ricos que llevan más de un
siglo emitiendo y que tienen que ayudarles financieramente. Europa quiere liderar esta batalla y puede hacerlo, aunque el riesgo
es doble: la presión de las
industrias europeas (sobre todo el automóvil alemán y francés, que amenazan
con el empleo) y las elecciones europeas
de mayo 2019, que podrían paralizar las medidas y el recorte de emisiones. Lo mismo que en
España, donde las seguras elecciones en
2019 retrasarán el ajuste energético.
Y con ello, 2019 podría ser otro año
perdido contra el Cambio Climático. No
den tregua al CO2.
