Con la crisis y el paro, no se hace mucho caso a la inflación. Pero los precios llevan un año muy altos, cerca del 3%, a pesar de que el consumo está por los suelos. La inflación es el peor impuesto, ya que perjudica a todos, sobre todo a los que menos ganan, empezando por los pensionistas, que no tendrán este año revisión por la subida extra de precios, como tampoco los funcionarios y muchos trabajadores. Ahora, la receta vuelve a ser moderar aún más los salarios para 2012, aunque apenas suben y 8 millones de españoles son mileuristas. También hay que moderar márgenes y vigilar precios, sobre todo en energía y alimentos.
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En noviembre, los precios han bajado una décima, hasta el 2,9%, una inflación menor a la europea (3%), pero que lleva ya un año muy alta, en el entorno del 3 por 100 (con un máximo del 3,8% en abril), cuando en 2010 estuvo casi todo el año por debajo del 2% (incluso en el 0,9% en febrero). Y eso choca con una economía estancada, que apenas crece y donde no hay ventas: el comercio encadena ya 16 meses seguidos de caídas en su facturación.
Los culpables de la subida de precios son tres renglones: el transporte (un tercio, por la subida de los carburantes, el transporte público y algo los coches), los gastos de la vivienda (casi otro tercio, por la subida de luz y calefacción, conservación y alquileres) y el resto por los alimentos elaborados (+27,8 % azúcar, +12% café…), la ropa y el tabaco. Bajan, sobre todo, los medicamentos y las comunicaciones (por la guerra de tarifas de móviles y ADSL).
Al final, ¿por qué suben los precios? Básicamente, porque las empresas no consiguen producir y vender más barato. Por un lado, porque les suben los costes: salarios (ahora, más moderados que nunca), financiación, impuestos (subió el IVA en julio de 2010) y otros costes, como el transporte y la energía. Precisamente, España es uno de los países europeos más dependientes de la energía importada y además gastamos más : un 26% más por unidad de producto que la UE-27. Por otro lado, porque hay muchas empresas que con la crisis venden menos y están tratando de recuperar márgenes vía precios, sobre todo en los sectores con menos competencia. Y luego, porque hay empresas que son ineficaces, en los procesos (tecnología) o en la organización del trabajo (productividad) y no pueden producir barato.
Todo apunta a que 2011 cerrará con una inflación cercana al 3%, por las nuevas subidas de la energía en diciembre, sobre todo del gasóleo, al haberse retrasado el invierno. Con ello, todos los españoles perdemos poder adquisitivo, ya que los sueldos están subiendo un 1,1% de media, los funcionarios tienen los sueldos congelados y también los pensionistas. De hecho, con el IPC hasta noviembre (2,9%), sólo se van a compensar a los 3,2 millones de jubilados con pensión mínima, unos 136 euros de media. Y otros 5,4 millones de pensionistas perderán unos 400 euros por haber subido la inflación el triple de lo previsto.
El efecto de esta alta inflación, con ingresos estancados o a la baja, es que se frena más aún el consumo, lo que alimenta más el estancamiento de una economía que no crece y que podría incluso estar cayendo este cuarto trimestre. Más paro y menos consumo. Un círculo vicioso que debería llevar a bajar los precios, aunque hasta ahora no lo haya hecho apenas. Las previsiones internacionales (Comisión Europea y OCDE) apuestan porque la inflación en España bajará del 3 al 1,4 % en 2012, mientras los expertos españoles prevén bajar del 2% en el verano y cerrar el próximo año con una inflación del 1,5%, la mitad que ahora.
El debate va a estar, otro año más, en si hay que moderar más los salarios para conseguirlo, como propone el Banco de España. Una institución cuyo Gobernador gana 165.026 euros al año y que ha sido incapaz de controlar los sueldos de bancos y Cajas (y las pensiones millonarias de los gestores que les han llevado a la ruina). El hecho cierto es que los salarios llevan dos años moderados (+0,8% subieron los gastos de personal en 2010 y +1,1% en 2011, según el mismo Banco de España), creciendo la tercera parte que los precios. Y los salarios de convenio han subido este año un 2,5% (+1,6% los convenios nuevos), mientras 800.000 trabajadores no han renovado su sueldo desde 2008 (y 5 millones están con convenios atascados).
Recordemos que hay 8 millones de trabajadores son mileuristas o que el sueldo medio de los jóvenes entre 18 y 25 años está en 634 euros al mes, según datos de la Agencia Tributaria. Con estas cifras, parece un sarcasmo pedir más moderación salarial que la pactada ya por sindicatos y patronal, con subidas entre 1,5 y 2,5% para 2012. Acuerdo que ahora rechaza cumplir la CEOE: quiere congelar los salarios hasta 2014.
El problema es que los precios no suben sólo por los costes salariales, sino también por los márgenes y beneficios de las empresas, por la energía (ojo a los efectos en 2012 del conflicto con Irán) y por la ineficacia de los procesos productivos, así como por la falta de competencia en algunos sectores. Y sobre todo esto hay que actuar, no sólo sobre los salarios, porque si se recortan más se hunde el consumo, las ventas y el empleo. Y más recesión y más crisis.
Al final, lo malo de la situación es que tenemos precios altos con una economía estancada, lo que los economistas llaman estanflación.Y eso ataca sobre todo al nivel de vida de los que menos tienen, pero además nos dificulta crecer. Por eso, hay que lanzar una batalla contra la inflación, pero no culpando sólo a los salarios. Con precios más bajos y reanimando la inversión privada (crédito y ayudas) y la pública (suavizando los recortes, de acuerdo con Bruselas), podríamos empezar a crecer. Y salir del peor de los mundos: precios altos en una economía muerta.
Tercera Cumbre
decisiva para salvar el euro en menos
de 5 meses y tercer fracaso, aunque lo
vendan como “un éxito”. La receta, más
de lo mismo: más recortes y más control de Alemania y Francia sobre
la política económica de los países. Y a cambio, no se toman medidas frente a los mercados, que han vuelto por sus fueros. Merkel piensa que esta presión es buena para que los países hagan sus deberes: recortes duros desde Grecia a Italia,
pasando por Irlanda y Portugal, más los que se avecinan en España. Un camino equivocado
que casi todos aplauden, aunque haya agravado
la crisis de la deuda y del euro. Es el
síndrome de Berlín. De recorte en recorte
hasta la recesión en Europa, con 23 millones de parados.
Hace ya 26 meses y 17
Cumbres europeas que estalló la crisis
de la deuda, cuando en octubre de 2009 se descubrió que Grecia había mentido a la UE y estaba
quebrada. En lugar de tratarlo como un caso aislado, Merkel quiso aprovechar para dar
un escarmiento a la Europa del sur, no impidiendo el contagio a Irlanda
y Portugal. Y luego, permitió que la crisis alcanzara a España
e Italia. Con los ajustes como única receta y sembrando dudas sobre la deuda europea (quitas), la crisis se
contagió a toda Europa y a sus bancos. Y puso en cuestión la recuperación de Estados Unidos y los países
emergentes.
Ante la grave crisis
del euro, Merkel y Sarkozy han
impuesto a los 27 la misma receta: más
ajustes. Ahora, se
obliga a los países a que incluyan el déficit
cero en la Constitución (como hizo España en julio) y se autoriza que el Tribunal Europeo de Justicia pueda
vigilarlo, estableciendo sanciones automáticas (multas) a los que no rebajen para 2013 su déficit
público al 3% (hoy sólo cumplen 6 países: Estonia, Suecia, Dinamarca,
Alemania, Luxemburgo y Finlandia, con España en el 6,5%) y su deuda al 60% del PIB (sólo lo cumplen 13 de los 27, entre ellos ni
Francia ni Alemania ni España, que tiene el 69%). Y fuera del palo, poco más. Frente a los mercados, se exhibe un Fondo
de rescate sin más recursos y se opta por aportar 200.000 millones al FMI para que busque otros tantos fondos
en China, Brasil y terceros países, para apoyar la deuda europea. Y para 2012,
se habla de un nuevo Fondo de
rescate con 500.000 euros, un
bombero con poca munición si hay problemas con los mercados: la deuda
de Italia es de 2 billones y la de España es de 650.000 millones.
Los acuerdos
de esta Cumbre Merkozy están descompensados, no son realistas y sí
insuficientes. Descompensados,
porque se insiste en los recortes
como vía para reducir los déficits, sin
entrar en la otra pata, los ingresos,
donde hay grandes desigualdades
fiscales entre los 27, tanto en IVA
(del 15% de Luxemburgo al 25% de Dinamarca, con el 20,6% de media) como en Renta (del 10% de Bulgaria al 60% de
Suecia con la media en el 37%) y en Sociedades
(del 12,5% de Irlanda al 34% de Francia con el 22% de media UE). No realistas, porque no se adoptan mecanismos
para defender el euro y la deuda ante los mercados: un Fondo de rescate
potente y un BCE que compre más deuda, como antesala a los eurobonos y al
Tesoro europeo a medio plazo. Y son
insuficientes, porque no abordan los
dos graves problemas de Europa: la falta
de liquidez (los bancos no encuentran financiación y no prestan) y el estancamiento de las economías, con el
sur de Europa en recesión.
Los mercados
dieron un día de tregua y han vuelto a la
carga, con serias advertencias de las agenciasde rating (Moodys y S&P) y elevadas
primas de riesgo de España e Italia,
a pesar de los recortes anunciados. No valoran los ajustes impuestos por Merkozy
pero sí temen sus efectos: la
recesión en Europa, que vaticina el propio BCE
(con un crecimiento del -0,4 al 1% en 2012) y confirma la OCDE, que apuesta
por un crecimiento negativo este cuarto trimestre (-1%) y el primero de 2012
(-0,4%). Y si hay recesión, todos temen
que sea más difícil pagar la deuda. Por eso, los inversores huyen de Europa y del euro.
El BCE
aparece como el único bombero en esta
crisis. De momento, ha abierto el grifo
para prestar dinero a 3 años (al 1%) a los bancos europeos, para que fluya
el crédito a empresas y familias. Y ha
bajado los tipos al 1%, todavía demasiado frente al 0,25% de EEUU. Pero no va a comprar deuda, para ayudar a España
o Italia, por imposición de Alemania. Merkel
busca que los mercados sigan presionando, para que le ayuden a meter en vereda a la Europa del sur: es
como mentar al “hombre del saco”. O "la letra con sangre entra". Cree
que la crisis y el déficit se debe a que somos
manirrotos e indisciplinados y se
equivoca: tenemos déficit porque el sistema financiero USA falló y contagió
a Europa, sobreendeudada en beneficio de
los bancos alemanes y franceses, sobre todo. Pero ha impuesto su tesis
conservadora al resto de Europa, que la aplaude como ZP o Rajoy, aunque
nos lleve a la recesión. Es lo que Antón Costas llama el síndrome de Berlín (lean
este magnífico artículo).
Ahora, el síndrome de
Berlín se traducirá en más ajustes
en Italia y en España, que sufrirán
los más desfavorecidos, como en Grecia, Irlanda y Portugal, y, en menor
medida, en Francia o Gran Bretaña, con un serio
recorte
del Estado del bienestar (sanidad,
educación,
pensiones,
desempleo,
Dependencia…).
Y este sacrificio no servirá para salir
de la crisis, sino para hundirnos más en ella, para entrar en recesión y no
crear empleo. Y así, será más difícil reducir el déficit y pagar la deuda. Y
nos pedirán más recortes. Un
círculo vicioso que nadie quiere ver, por miopía ideológica de los conservadores europeos, como les achaca
Obama.
De Cumbre en Cumbre,
hasta la crisis final, en medio de las huelgas
y la desconfianza de los europeos:
sólo el 41% confía en la UE frente a un 47% que desconfía, según el último Eurobarómetro.
Y con dos Europas: Alemania, Francia y los paises del Norte, cuya renta ha crecido, y los paises del sur, con menos riqueza por habitante: España está ocho puntos por debajo de la eurozona y ha retrocedido a los niveles de 2002. Mientras, nadie habla de reanimar la economía,
de hacer frente a los mercados, de dar liquidez y crédito al sistema, de un Plan Marshall europeo para crear empleo,
de los 23 millones de parados de Europa. Ni
de subir impuestos.
Sólo de recortes. Y así nos va.
Los recortes de
las autonomías se están llevando por
delante las ayudas a viejos y jóvenes
discapacitados que reconoce la Ley
de Dependencia. Ocho autonomías
deben varios meses de ayudas y no pagan a residencias y proveedores. Se han
frenado los beneficiarios y siguen esperando
una ayuda 312.000 personas con
derecho reconocido. Mientras, Rajoy
dice que la Ley de Dependencia “no es
viable” y no se puede pagar.
Pero no dice que España gasta menos en
sus ancianos que el resto de Europa y que para 2050, uno de cada tres
españoles tendrá más de 65 años. Hay que afrontar con prioridad y urgencia el cuidado de nuestros mayores y buscar cómo se paga.
La Ley
de Dependencia cumple a finales de diciembre 5 años, con un balance
agridulce: ha beneficiado a 1.227.871 personas (ancianos
y jóvenes discapacitados), pero todavía quedan sin atender la mayoría de los 3 millones de españoles que no pueden
valerse por sí mismos. El esfuerzo inversor en Dependencia se ha duplicado (del 0,32% del PIB al
0,64% en 2010), pero aún es la
mitad de los países de la OCDE.
Y aunque el Estado ha mantenido su aportación, las autonomías han recortado
presupuestos, sobre todo en 2011, con lo que se han frenado los beneficiarios: 741.713 a 1
de diciembre (y han caído incluso, entre junio y noviembre, en once autonomías, porque mueren más dependientes de los que acceden a las ayudas. Y sigue estancada el último año la lista de espera: 312.214 dependientes con derecho
reconocido pero que no reciben servicios ni ayuda. Como la mitad tiene más
de 80 años, un 10% se
muere antes de que les llegue.
Y algo más grave: hay
8 autonomías, con Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Aragón y
Cataluña en cabeza, que pagan
con retraso (de dos a ocho meses) a las familias que cuidan a dependientes,
a las residencias
donde están (hay 78.828 camas en residencias concertadas) y a las empresas que los suministran (desde
comida a pañales o sillas de ruedas).
En noviembre, más de la mitad de las ayudas
(52%) a los dependientes era dinero para
sus familias, por cuidarles (entre 300 y 520 € al mes) o para sus cuidadores (entre 625 y 850 €), algo
que tenía que ser excepcional, ya que la Ley contempla que las ayudas deberían
ser para teleasistencia (13,53%), ayuda a domicilio (13%), Centros de día (6,32%) y sobre todo para
residencias
(sólo 13,30 % de los beneficiarios). Pero a las autonomías les sale más barato dar
una ayuda a las familias que pagar una residencia (1.800 €), que además, no
hay (sólo se han creado 66.000 en la última década). De hecho, en 2005,
de cada 100 abuelos que salían del hospital, 20 entraban en residencias y ahora no
llegan a 5.
Al final, España gastó
en Dependencia
6.767 millones de euros en 2010, pero sólo
el 60% es por la nueva Ley (el 40% restante es para cubrir la asistencia
que ya se hacía a ancianos y discapacitados). Pues bien, esos 3.623 millones
que cuesta la Ley los paga en su mayoría
el Estado (50,44%), luego las autonomías (42,46%) y un 7,10% los usuarios.
Pero hay grandes diferencias y hay 4
autonomías que no aportan ni la cuarta parte del gasto: Canarias (10%), Comunidad Valenciana (15%), Madrid
(26%) y Galicia (27%). Y por eso, tienen más lista de espera y menos
dependientes atendidos. Si en España, 1,58
de cada 100 habitantes reciben
ayudas a la dependencia, en Canarias son 0,49, en Valencia 0,84, en
Baleares 0,97 y en Madrid 1,19. Eso sí, en la Rioja 2,44, en Andalucía 2,30, en
Castilla y León 2,24 y en el País Vasco 2. O sea, que hay que mirar dónde envejecemos.
El problema es que llueve
sobre mojado y hay 5 autonomías que
siempre suspenden en los exámenes
periódicos que les hacen los gestores de residencias: Canarias (0,5 de nota), Comunidad
Valenciana (1,5), Asturias (3), Madrid (3,5) y Baleares (4,5). Y denuncian su “empecinamiento
en no aplicar las prestaciones y servicios que la Ley contempla”. Sin embargo,
hay otras 5 con sobresaliente: Castilla
la Mancha (9,5), País Vasco (9,5),
Castilla y León (9,5), La Rioja (9)
y Aragón(9), aunque temen
que esto cambie con los nuevos
Gobiernos autonómicos del PP en Toledo, Zaragoza y Logroño, que de hecho,
ya han empezado con recortes e impagos a la Dependencia.
Al final, la
Ley y la financiación estatal es la misma y hay autonomías con problemas y otras sin ellos. Pero el problema vendrá en 2012, ya que Rajoy
ha advertido que la Ley de Dependencia “no es viable”, lo que augura más recortes, cuando todavía dos tercios de los dependientes
están sin atender. Y cuando la OCDE
ha dicho que España tiene que multiplicar
por seis su gasto en dependencia en las próximas décadas. De hecho, España será el país más envejecido de Occidente
en 2021 y la población
de más de 65 años se va a duplicar: de los 7,6 millones actuales a 15,3
millones en 2050, uno de cada tres
españoles.
Con este panorama, no
cabe aplicar recortes a la dependencia. El gasto actual, 6.767 millones al año (poco frente a los 88.828
millones de la Sanidad y los 112.000 de las pensiones) tendría por fuerza que crecer, hasta los 20.000 millones en 2015,
según la Ley de Dependencia. Y aunque su aplicación se modere por la crisis,
queda mucho por hacer. Además, es una
inversión con mucho retorno:
165.000 empleos creados estos años y 20
céntimos recuperados por cada euro gastado (entre más cotizaciones e
impuestos).
Hay que buscar nuevos
recursos, como los planteados por la Comisión
de Expertos: una cotización
adicional para la Dependencia, un recargo
del IVA, el copago en las recetas
y promover seguros privados. Y coordinar sanidad, pensiones y dependencia,
buscando soluciones conjuntas para nuestros mayores. Es su derecho y
nuestra obligación. Se lo debemos a nuestros padres. Y a nosotros y a
nuestros hijos, en unos años.
Media España está
de
puente, la que pueden porque no están en paro o con el sueldo y la
pensión congelados. A pesar de la crisis, los
españoles no perdonan las escapadas,
aunque menos días y gastando menos.
El resto del ocio se reparte entre
ver la televisión y engancharse a Internet, para bajarse música, películas o juegos y estar en
las redes sociales. Baja la lectura, ir al cine y al teatro, aunque
suben los museos. En general, domina
el ocio low cost y a ser posible gratis. España gasta menos en ocio
que el resto de Europa, por la crisis y porque trabajamos más horas. Pero
es una de las industrias con más futuro.
A pesar de la crisis,
los españoles no renuncian a las escapadas
de puentes y fines de semana: un
55% realizan dos o tres viajes de ocio al año y el 17% más de cuatro veces,
según Muchoviaje.
Son los que tienen trabajo y
consiguen ahorrar, ya que un 26% de
las familias no llegan a fin de mes, según el INE. Y un 38,8% no pueden permitirse vacaciones ni
una semana al año. En general, la crisis
ha cambiado las escapadas: son más
cortas (cogemos la mitad del acueducto) y con menos gasto, como las vacaciones.
Pero aun así, los hosteleros estiman en 100
millones extras los ingresos de un puente, que la patronal CEOE quiere suprimir.
Los españoles
prefieren reducir gastos en casa
(luz, gas, teléfono, ropa, coche) antes que quedarse sin salir. Y cambian sus hábitos de ocio, gastando
menos fuera de casa. Con ello, ha aumentado el consumo de televisión y de
Internet, se han reducido las comidas y cenas fuera de casa y las salidas al
cine y al teatro. Y con la Red, se busca
ocio a bajo precio o gratis, desde museos a conciertos, teatros o
restaurantes. Y crece la piratería,
que mueve ya 11.000 millones de euros al año, sobre todo en la música, los
videojuegos y el libro digital.
La televisión
se lleva la mayor parte del ocio: 262
minutos diarios en noviembre (más de 4 horas) y creciendo, con lo que España
es el tercer país europeo que ve más TV, tras Italia 309 minutos) y Portugal (265).
Los domingos sube el consumo (256 minutos) y baja los viernes (224), siendo
aragoneses y andaluces los que más la ven. Y como somos más caseros, también ha
crecido la TV de pago (+4,2%), por
el fútbol y las películas.
Internet es la
otra estrella del ocio, con el 59% de los hogares conectados a la Red y 22
millones de internautas. Nos gastamos 617 millones al mes en la conexión a
Internet, 24 € por hogar. Entre los
jóvenes, Internet
ya ha superado a la TV, siendo España el 5º país europeo en consumo de
Internet (13,6 horas semanales) y el
país líder en Europa, junto a Luxemburgo en Internet
móvil : la mitad de los internautas se conectan a través del pincho del
portátil o de su móvil. El 80% de los internautas se conecta para entrar en redes sociales (28 millones de cuentas
españolas en Twitter, 16 millones de
usuarios en Facebook y 12 millones de
jóvenes que acceden a Tuenti). Y
después, se usa la Red para ver TV, vídeos
o películas (46%), leer noticias o hacer búsquedas( 40%) , escuchar la radio (34%),
y juegos (24%): un tercio de los españoles consume videojuegos,
una industria que mueve ya más que el cine y la música juntos (aunque dos
tercios son piratas).
Tras ver la tele, entrar en Internet y los videojuegos, el ocio cultural de los españoles se
concentra en escuchar música (84%), leer (58%) o ir al cine (49%), según la
última encuesta
de Cultura. En música,
el formato digital ganará en ventas al físico (CD, cassetes) en 2012, aunque
los usuarios apuestan por la piratería (98% del mercado). En los libros, hay muchísima oferta (80.000
libros editados en 2010), pero caen
las ventas (-7% en 2010 y más este año), porque sólo la mitad de los españoles leen un libro al año (los demás, ni
eso). Eso sí, crecen las ventas de libros
electrónicos (+40% en 2010), pero sólo representan el 2,4% de las
ventas (y es que sólo un 3% de españoles tiene un e-reader), con un 50% del mercado pirata.
Los cines
están cada vez más vacíos: el 55% de los
españoles no va nunca y de los que van, la mayoría (15,7%) lo hace menos de
5 veces al año y un 10% sólo una vez al mes. Y eso que una de cada 7 entradas
son rebajadas. La mayoría prefiere ver el
cine en casa, la mitad en el ordenador, descargándose películas gratis tres de cada cuatro internautas, con
la piratería devorando el 76% del mercado. Lo que aumenta es la asistencia a espectáculos (3 de cada 10 con entradas
gratuitas), aunque bajaron un 10% los espectadores del teatro en 2010. Y crecen también las visitas a museos
(30% españoles), aunque un tercio han ido gratis.
Al final, el gasto en ocio es 1.976 euros
por familia al año, la quinta partida del
presupuesto familiar (6,6%), tras lo imprescindible: vivienda (30% del
gasto), alimentación (14,4%), transportes (12,4%), hoteles y restaurantes
(9,1%). Un gasto que ha caído poco con
la crisis (era el 6,9% en 2006), aunque España
gasta menos en ocio que la media
europea, porque ganamos menos y porque trabajamos
más horas. Pero el futuro apunta a que crecerá
el ocio (más jubilados que viven más años) y la industria
cultural, que mueve ya 30.000 millones, el 3% del PIB (tiene más peso que
la agricultura o la energía). Sobre todo por la industria
de contenidos para Internet. Pero tenemos que cambiar el chip del gratis total y la piratería. Pensar que el ocio
y la cultura hay que pagarlos, para que sobrevivan con calidad. Es una cuarta parte de nuestra vida.
Es diciembre y vuelven las campañas de bancos, cajas y aseguradoras para vendernos Planes de pensiones. Pero este año, con
la crisis, han bajado las aportaciones
a los Planes, las más bajas desde 2003.
Y eso, a pesar de que está en marcha una reforma
que va a recortar un 20% las pensiones a
partir de 2027. España sigue siendo el
país que menos ahorra en Planes de pensiones privados y donde hay menos Planes de empresas, algo que
tendrá que cambiar si no queremos jubilarnos con 920 euros al mes, la pensión media hoy. Hay que separar algo cada mes para el Plan de
pensiones y pagar así menos impuestos.
Hasta finales de septiembre, los 8.359.935 españoles con un Plan
de pensiones individual sólo habían aportado 1.655 millones, la cifra
más baja desde 2003. Ello se debe a la crisis,
que impide ahorrar (una de cada cuatro
familias tiene problemas para llegar a fin de mes) y a la baja rentabilidad
de los Planes (pierden un 3,41% en el último año), con lo que el ahorro se ha desviado a depósitos y
cuentas, más seguros y rentables, aunque no desgravan.
Con este panorama, bancos,
Cajas y aseguradoras echan el resto en
diciembre, para captar 3.000 millones
en Planes, el 70% del año. Y como la crisis frena las aportaciones, van a robarse clientes de Planes, con regalos. Este año, los ahorradores buscan Planes conservadores, con poco
riesgo, y piden sobre todo Planes
garantizados (con un interés garantizado a 5 o 10 años), de renta
fija (que invierten en deuda y fondos monetarios) y Planes de previsión asegurados (PPA),
un mixto de seguro y Plan de pensiones que ofrece un interés fijo (sobre 3%)
revisable trimestral o semestralmente. Y pocos Planes que inviertan en Bolsa.
Con los Planes al
ralentí, España sigue rezagada del resto de Europa, donde las familias
destinan un 10% de su renta a pagarse un complemento de jubilación privada (en
España no llega al 3%). Aquí, hemos dedicado el ahorro a comprar la casa
y no a pensar en nuestra jubilación: sólo el 23% de los españoles paga un Plan de pensiones privado, con una
aportación media muy baja, 1.145 euros al año. Y esto sucede cuando se acaba de
aprobar una reforma
de pensiones que recortará un 20%
la pensión de la Seguridad Social a partir de 2027, afectando sobre todo a
los que tienen hoy menos de 49 años.
El año que viene, la Seguridad
Social nos mandará un papel a casa con la
pensión que nos corresponderá cuando nos jubilemos, según lo que cotizamos.
Y entonces, más de uno se dará un buen
susto, ya que la jubilación
media está en 920,38 € al mes (y 2.497 € la máxima). Será la mejor “propaganda” para los Planes de
pensiones y cada uno tendrá que echar cuentas de cuánto ha de ahorrar para
poder jubilarse
dignamente, con al menos el 70% del último sueldo. Ya hay herramientas en
Internet con las que podemos calcularlo.
Lo fundamental es empezar
pronto a ahorrar en un Plan de pensiones, con el que además nos ahorramos
muchos impuestos (hasta el 45% de lo aportado, con un
tope anual de inversión de 10.000 €, y 12.500€ para los mayores de 50 años). Lo
ideal es empezar
a los 40 años (o antes), aportando entre 300 y 500 euros al mes
(con menos se consigue muy poco). Con ello conseguiríamos
entre 1.000 y 1.600 euros de jubilación privada al mes durante 13 años,
entre los 67 y los 80 años (esperanza de vida). Y las mujeres tendrían que
aportar algo más, porque viven más años. Pero si retrasamos el Plan hasta los 50 años, habría que pagar al mes entre 475 y 800 euros para conseguir esa
misma pensión complementaria.
Decidido que tenemos que hacernos un Plan, tres consejos sencillos. Uno, escoja
una entidad que tenga Planes de distintas
gestoras y no quiera sólo colocarle “los suyos”. Segundo, compare la comisión (media: 1%) y no
sólo los regalos. Y tercero, vaya
cambiando de Planes a lo largo de su vida: empiece con Planes más
arriesgados, que invierten en Bolsa
(los datos demuestran que a 20 años vista, en valores siempre se gana) y luego,
a partir de los 50 años, pase a Planes de renta fija, garantizados y PPA
(a 5 o 10 años), con vencimientos ligados a la fecha de jubilación. Y piense no sólo en la
rentabilidad, sino en lo que se ha
ahorrado en impuestos. Otra vía es invertir
por libre, en Fondos y Bolsa, o en depósitos,
pero no desgrava. Eso sí, estas inversiones se pueden recuperar en cualquier
momento y en los Planes hay que esperar a la jubilación, salvo en tres
supuestos: incapacidad permanente, enfermedad grave o desempleo de larga
duración (más de 1 año).
El Gobierno de Rajoy
ha prometido
dar un mejor trato fiscal a los Planes de
pensiones, para que paguen menos
impuestos al cobrarse de una vez la jubilación (el 40% estaría exento de
impuestos, cuando ahora se paga como si todo fueran rentas del trabajo). Un
tema clave va a ser impulsar los Planes
de empresa, que en España sólo tienen un 10% de los trabajadores (2,2
millones de personas) cuando hay países donde llegan al 25% y al 50% (Gran
Bretaña). Sería una manera de complementar la pensión pública: más convenios con Planes de pensiones a
cambio de moderación salarial.
En cualquier caso, tenemos
que cambiar el chip y sobre todo
los más jóvenes: si no queremos vivir mucho peor a partir de la jubilación, habrá que invertir en nuestra pensión y no
en nuestra casa. Cambiar propiedad
por alquiler
y jubilación. Suena duro, pero hay que cambiar las prioridades porque las
pensiones se van a recortar y vamos a vivir más años. No es algo que se pueda
dejar para dentro de veinte años. Hay que prepararlo desde ahora. Empiece ya a ahorrar para su vejez.
Casi 2 millones de personas
con pocos recursos reciben cada año la asistencia gratuita de un abogado. Es el 112 de la Justicia, un
servicio financiado con los impuestos y que cuesta
menos que en Europa. Las autonomías,
sobre todo Madrid y Valencia, lo han recortado y deben casi un año a los abogados. Y quieren recortar aún más la Justicia gratuita, un derecho constitucional,
dentro de otros recortes que ya está
sufriendo la Justicia en muchas autonomías, sobre todo en personal, medios y nuevos juzgados. Varias
autonomías del PP, con Madrid a la cabeza, quieren devolver las competencias de Justicia. Y Cataluña ha abierto la puerta del copago, subiendo las tasas judiciales para 2012.
Defender gratis a los
que no tienen posibles se hace desde el siglo XIII, pero en España es un
derecho reconocido en tres artículos de la Constitución (17.3, 24.2 y 119) y desarrollado en una Ley de enero de 1996. Con la crisis,
han aumentado los beneficiarios (han de ganar menos de 14.910 euros anuales), 1,7 millones de personas en 2010. La
mayoría son del turno de oficio (66%),
seguido de la asistencia letrada al detenido (22%) y asistencia por violencia
de género (4%), destacando los temas penales (64%) y civiles (20%).
En España, la Justicia
gratuita, en la que colaboran 36.000
abogados de 83 Colegios, es muy
valorada por los usuarios (nota de 6,9, según encuesta de Metroscopia) y
resulta más
barata que en Europa: costó 256,6 millones en 2010, 5,40 euros por habitante frente a 7 € de
media europea (y 50 € en Reino Unido, donde tienen derecho a ella todos los
ciudadanos). Y su coste bajó por primera vez en 2010, un 4%, a
pesar del aumento de expedientes,
sobre todo por impagos, ejecuciones hipotecarias, litigios en pagos por divorcios
y juicios por delitos de tráfico.
En las 5 autonomías
donde la Justicia no está transferida
(Castilla y León, Murcia, Castilla la Mancha, Baleares y Extremadura), el Ministerio paga a los abogados sin
problemas. Pero en el resto, las autonomías
aplican recortes e impagos
al turno de oficio. Madrid
debe los 10 meses de este año (8,14
millones), lo que ha provocado la primera huelga de abogados de la historia. Y Valencia
debe otros 10 millones. En ambos casos, y en otros (Cataluña debe cuatro meses), los Colegios tienen créditos para pagar a sus colegiados (como los farmacéuticos).
Junto a estos impagos, casi todas las autonomías han aplicado recortes
a la Justicia gratuita en 2011, reduciendo derechos: exigencia de más
requisitos a los emigrantes
(Valencia, Castilla y León, Madrid, Sevilla, Granada, Melilla), recortes a la
asistencia a presos y desvío de la
asistencia a mujeres maltratadas a
asociaciones al margen de los Colegios de abogados. Y hay varias autonomías,
con Madrid a la cabeza, que se han reunido para estudiar “reformas”, por tres vías: asumir ellos el servicio (“funcionarizarlo”),
privatizarlo (Madrid ya ha
adjudicado a Legalitas el Servicio de asistencia jurídica a mayores) y
restringir el servicio (“a los pobres de solemnidad”, como dijo el ex-
consejero madrileño, Granados).
Los recortes e
impagos en la Justicia gratuita (el
chocolate del loro: supone el 6,3% del gasto en Justicia), son sólo una muestra de los recortes en la Justicia, tras los
de sanidad,
educación
y gastos
sociales, aplicados por el Gobierno
(el Presupuesto 2011 cayó un 7%) y todas las autonomías, que financian el
60% del gasto judicial. Y eso, a pesar de que España gasta menos en Justicia (0,38% PIB, frente al 0,50 % de
media en Europa). Y, lo más llamativo: hay varias
autonomías del PP, empezando por Madrid
y Aragón, que ya han dicho que quieren devolver esta competencia al Estado. Y
tanto Murcia como Castilla la Mancha no han querido este
verano asumir las competencias de Justicia, como les tocaba.
En paralelo, Dolores
de Cospedal advirtió que el PP “estudiará cómo gestionar mejor los recursos en Justicia”, lo que
augura nuevos recortes. Y Cabré,
el consejero de Justicia valenciano defendió que” los que usan la Justicia paguen una tasa extra”. Precisamente, varias
asociaciones judiciales (Asociación
Profesional de la Magistratura, Asociación Francisco de Vitoria) han lanzado el
debate del copago
judicial: aumentar las tasas
judiciales que liquidó Felipe González en 1986 y que recuperó Aznar en
2002. Actualmente las pagan sólo las empresas, en temas civiles y
contenciosos, aportando 173 millones al año. Algunos expertos plantean extenderlas también a los temas penales y de lo social y que paguen
también los particulares (que ya pagamos la Justicia con los impuestos). Otros
sin embargo defienden aumentar el Presupuesto
de Justicia, para modernizarla
y hacerla más ágil, lo que pasa por aumentar jueces, plantillas,
tecnología y juzgados.
De momento, Cataluña introducirá en 2012 el copago en la Justicia, con siete nuevas tasas. En paralelo a este debate sobre la financiación de la Justicia, está en
el aire el futuro del turno de oficio y la Justicia
gratuita, más aún con el futuro
Gobierno. Y eso cuando la Unión
Europea se está planteando crear un turno
de oficio europeo. El Consejo de Colegios de Abogados
denuncia que “con la excusa de la crisis,
algunas autonomías aprovechan para reducir derechos de los que por no tener
posibles no tendrían ni derecho a una defensa justa”.
Estamos hablando del 112
de la Justicia, un servicio
público esencial (como la salud) que nos cubre por si nos pasa algo y no
podemos pagar un abogado. Un servicio modelo
en Europa y que cuesta 45 millones al año en Madrid (lo que 4 meses Tele
Madrid) o 24 millones en la Comunidad Valenciana (poco más que las tres
torres fantasmas de Calatrava). Es un
derecho fundamental, para los más débiles, y hay que salvarlo.
Otro curso más, miles de niños menores de 3 años se han quedado sin plaza en las guarderías públicas, que han sufrido recortes, de profesores y medios, como
el resto de la enseñanza. El Gobierno y las autonomías han incumplido el Plan Educa-3,
para construir 300.000 nuevas plazas infantiles
públicas en 5 años: sólo se harán la tercera parte. Y con ello, las guarderías privadas, más caras, ya son mayoría en España. Con la crisis,
muchas familias no pueden pagarlas y lo sufre la mujer, que deja su empleo para cuidar a sus hijos. Los niños y
sus familias necesitan un Plan de choque
de guarderías públicas, a salvo de los recortes.
La educación infantil
ha dado un gran salto en la última década,
multiplicándose por cuatro: de 101.441 niños menores de 3 años escolarizados en
2000-2001 se ha pasado a 462.390 este
curso, con un aumento del 7,6 %,
el mayor en toda la enseñanza (+2,1% de media). El problema es que está mal repartida: la tasa de
escolarización es mínima hasta 1 año
(7,6%), baja en 1 año (27,6%), media en 2
años (44,8%) y muy elevada en 3 años
(99,1%), donde superamos la media
europea (77,2%), muy por encima de Alemania (88%) o Reino Unido (79,8%) y
por debajo de Francia (100%).
Sin embargo, las plazas
de educación infantil son insuficientes. Un estudio de la Universidad de
Vic (2006) cifraba en 351.593 las plazas públicas necesarias para contar con
una por cada tres niños. En 2007, el Gobierno Zapatero aprobó el Plan
Educa-3, para crear 300.000
nuevas plazas de educación infantil entre 2008 y 2012, con una inversión de
1.087 millones, financiados a medias entre el Estado y las autonomías.
Pero con la crisis, las autonomías no han puesto su parte y aunque Educación
si ha aportado 100 millones cada año, sólo
se han construido 71.000
plazas entre 2008 y 2010 (un 20%).
La Comunidad Valenciana y Canarias son las que menos han construido ( 6%),
seguidas de Murcia (12,8%), Galicia (16,8%), Asturias (17,8%) y Castilla y León
(19,8%), construyendo más de la mitad sólo Castilla la Mancha (66,8%), Ceuta y
Melilla (51,9%).
Pero ese no es el
único problema. Además de construir nuevas escuelas infantiles, hay que
mantenerlas, pagando profesores, gastos
y material. Y los Ayuntamientos,
que gestionan normalmente las guarderías públicas han sufrido los recortes
de las autonomías, sobre todo este curso, donde se han reducido profesores, horarios y material, sobre todo en Madrid, Valencia,
Canarias, Castilla y León, Murcia, Baleares y Navarra. Y se han reducido las subvenciones (cheques bebé) a las familias.
El resultado es que unos 100.000 menores de 3 años se han quedado sin plaza en las escuelas infantiles públicas (25.000 en Madrid, 14.000 en la Comunidad Valenciana y
16.000 en Castilla la Mancha), según los sindicatos.
Y los que han podido, han mandado a sus
niños a guarderías privadas, que son ya mayoría (4.122 de los 8.062
escuelas infantiles, un 51,12% cuando en el conjunto de la enseñanza, la
privada supone el 32%).En varias autonomías gobernadas por el PP (en especial
Madrid), se recortan presupuestos a las
escuelas públicas y aumentan a las guarderías privadas y concertadas. Y se privatiza
la gestión de las públicas, dando entrada a empresas de servicios y
restauración, que ganan concursos por precio frente a cooperativas de
profesores, en perjuicio de la calidad.
La mayoría de los padres
que llevan a sus hijos a una guardería
privada lo intentaron primero en una pública, según una encuesta de la OCU,
que revela enormes diferencias de precios por autonomías y un coste de 200 euros más al mes en las privadas (sobre 400 euros
mes). Las públicas, además de ser escasas
y con horarios muy estrechos, no son accesibles a la clase media y media-baja,
porque resulta difícil conseguir
plaza ganando más de 15.000 euros anuales. Al final, un 35% de los
encuestados deja a los niños en casa o con los abuelos (el 70% cuida a sus nietos). Y más con la crisis.
La falta de escuelas
infantiles, sobre todo entre 0 y 2 años, es grave por dos razones. Una educativa:
los alumnos de 15 años que han ido a preescolar obtienen notas de lectura 40%
superiores a los niños que no, según un informe de la OCDE.
Y tienen menos fracaso escolar. La
otra razón es económica: las escuelas infantiles fomentan el trabajo
de la mujer, que en España tiene más paro que el hombre y una de
las tasas de actividad más bajas de Europa (un 48% son inactivas frente al 27%
en Suecia, por ejemplo). Además, en España, un 23% de las mujeres con niños
menores de 5 años han dejado su empleo para atenderlos, por la escasez de
guarderías asequibles pero también por la escasa
ayuda de sus maridos (somos el sexto país de los 32 países de la OCDE donde menos ayudan los hombres en
casa).
Un reciente estudio
de la OCDE denuncia que en España
resulta difícil combinar trabajo y vida familiar: Y resalta que no hay suficientes guarderías fuera del
horario escolar, pidiendo más ayudas
públicas a la familia, para aumentar la tasa de natalidad (1,4 hijos por
mujer frente a 1,74 de media en la OCDE) y el trabajo de la mujer. De hecho, España gasta poco en protección a la familia (el 0,7%
del PIB frente al 2,3% en la UE).
El nuevo Gobierno
ha prometido, en campaña electoral, “impulsar
la educación infantil”. Habrá que verlo y si lo que se fomentan son guarderías privadas estilo “aparcamiento de
niños”, caras y subvencionadas con dinero público, en vez de escuelas
infantiles de calidad. Hacer un Plan de
choque para construir las 150.000 guarderías
públicas que faltan costaría 500
millones de euros. Es poco: la cuarta parte de lo que nos cuestan las TV
autonómicas. Hay que volcarse en ello: es la semilla de nuestra educación y del empleo de la mujer. Dos puntos clave para salir de la crisis.
