Otro curso más, 1,6
millones de jóvenes estudian en la Universidad
española, muchos temiendo que
tener una carrera no les sirva para trabajar. Porque más de un tercio de los universitarios (37,6%) están "subempleados" , trabajan en empleos de menor
cualificación, mientras las empresas se quejan de que no encuentran
trabajadores cualificados. El hecho es que la Universidad se ha convertido en una “fábrica de parados”,
114.000 licenciados que salen cada año sin muchas expectativas: menos trabajo que en Europa y el doble de
paro universitario. La Comisión
Europea acaba de pedir a España dos cosas: más gasto educativo (gastamos una quinta parte menos por universitario) y una mayor colaboración entre la
Universidad y las empresas, para que formen en los empleos que hacen
falta. Y los Rectores urgen a los políticos a aprobar una nueva Ley Universitaria (de 2001 y reformada en
2007), que les aporte más autonomía y
medios. Hay que reformar a fondo la Universidad.
Este Curso
universitario 2019-2020 será el 2º consecutivo
en que aumentan (poco: menos del
1%)
los alumnos, tras 6 años antes de reducción en los alumnos de Grado (-169.000
alumnos entre 2011-12 y 2017-18), por la caída
de la natalidad y el aumento de las
tasas universitarias, aunque aumentaron
los alumnos de Máster y Doctorado. Este año estudian en la Universidad
española 1,6 millones de jóvenes, cursando un Grado
universitario (casi 1,3 millones), un Máster
(220.000 alumnos) o un Doctorado (otros
90.000 universitarios), en su mayoría mujeres (55%) y españoles (sólo el 0,9 %
de los estudiantes de Grado son extranjeros, frente a un 6,5% en las
Universidades europeas). Y cada vez estudian más alumnos en las Universidades privadas: ya son un 15,3% del total de estudiantes de Grado (y un 36,2% de Máster). De hecho, hay un “boom” de Universidades privadas:
desde la creación de la última Universidad pública (Politécnica de Cartagena en
1998) se han autorizado 23
Universidades privadas, según la Fundación CYD.
¿Qué estudian los
universitarios españoles? De los 340.000
nuevos universitarios matriculados
este Curso 2019-2020, la mayoría Ciencias Sociales y Jurídicas (40%),
seguida de Ingeniería y Arquitectura
(20%) y Humanidades (18%), optando
por Ciencias sólo el 6,4% de los nuevos universitarios, según los datos de Educación. Precisamente, esta elección de estudios (muy ligada
a la nota que se ha sacado en Selectividad) determina que sean pocos jóvenes los que elijan carreras STEM (Science,
Technology, Engineering and Mathematics), que son las que tienen más
salidas profesionales y más futuro. De hecho, las matriculaciones en Ingeniería y Arquitectura han caído un 28% entre los cursos 2010-2011 y 2016-2017, según un informe de la Fundación CYD. Y seguirán cayendo estas matriculaciones
en el próximo lustro, según la Asociación Española de Inteligencia Artificial.
Algo que contrasta con este dato, aportado por Digital.es: las empresas españolas tienen 10.000 puestos
tecnológicos vacantes, sin
cubrir, porque no encuentran los profesionales competentes.
¿Por qué los
universitarios españoles estudian menos carreras tecnológicas? La mayoría (el
40%) las rehúye por su dificultad académica y otro 35% por desconocimiento de los
caminos que abren, según una encuesta de Ernest&Young hecha a jóvenes de 12
a 18 años. Este rechazo a elegir carreras técnicas se gesta en la ESO y Bachillerato,
según la Fundación CYD, donde los alumnos
“cogen miedo” a las matemáticas y a la tecnología, impartidas además por
profesores poco formados en estas ramas (sólo el 12% de los créditos de
Magisterio corresponden a Matemáticas y Tecnología). Y además, la asignatura de
Tecnología es opcional en la ESO y Bachillerato en muchas autonomías. El
resultado es que se opta poco por carreras STEM, sobre todo las chicas (sólo 25% en
Ingenierías).
Además de estudiar
poco las carreras con más futuro profesional (carreras STEAM), los
universitarios españoles tienen un alto
grado de fracaso escolar: el 21,5% abandonan la Universidad tras
el primer curso (y un 12,1% en los Máster), según datos de la Comisión Europea. Y 2 de
cada 3 universitarios (el 65,1%) necesitan más de 4 años para graduarse, subiendo hasta el 89,9% en Informática. Y tampoco acaban a tiempo el 29,6%%
de los que hacen un Máster de un año
y el 27% de los que estudian uno de 2 años), según
revela la Fundación CYD. Además, los universitarios españoles tienen poca movilidad, salen poco a formarse en otros paises: sólo el 1,9% se gradúan
fuera de España, muchos menos que los universitarios europeos
(3,6%), según la Comisión Europea.
Así que los
universitarios españoles estudian carreras
con pocas salidas, con poco
aprovechamiento académico y sin
beneficiarse de la formación en otros paises. Mala base formativa para trabajar después, sobre todo en un país con
un modelo económico que ofrece menos empleo que Europa (recuerden: tenemos 1.800.000 empleos menos que la media de Europa: un 67% de
adultos trabajando frente al 73,2% en
la UE-28).
La Comisión Europea
(también en funciones) acaba de alertar a España sobre el problema de la
Universidad: tenemos más
universitarios que Europa (44,3%
de los jóvenes de 25 a 34 años, frente al 42,9%
en la UE-23) pero nuestros graduados
tienen menos oportunidades de empleo que los europeos: sólo trabajan el 77,9% de los graduados (20-34
años) que terminaron entre 1 y 3 años antes, frente al 85,5% que trabajan en Europa (UE-28). Y por eso, porque tenemos menos universitarios trabajando
(20,5% de los jóvenes de 18 a 24 años frente al 30,2% en la UE-23), tenemos más
jóvenes que siguen estudiando (59,3% de 18 a 24 años frente a 56,7%) y más jóvenes (18 a 24 años) que “ni estudian ni trabajan” (20,2% de
“ni-nis” frente al 13,1%), la mayoría porque están parados.
Ser universitario supone, eso sí, tener más empleo y menos paro que el resto de españoles con menos estudios.
Pero comparados con los universitarios
europeos, salen perdiendo en empleo y paro, aunque menos
en sueldos, según el reciente informe “Education and Glance 2019” de la OCDE. Veámoslo.
En empleo, los universitarios españoles de 25 a 34 años
tienen una tasa de ocupación del 78%,
inferior al 84% de universitarios ocupados en la OCDE (36 paises desarrollados)
y en la UE-23. Y con la crisis (2008-2018), su
tasa de empleo ha caído un 6% en España y sólo el 2% en la UE-23 y el 1% en la OCDE. Y si miramos a todos los adultos universitarios (25 a 64
años), en España trabajan el 82% y en Europa el 86% (y hasta el 89% en
Alemania, el 88% en Portugal, el 86% en Reino Unido y el 85% en Francia), según la OCDE. Y la estadística demuestra que tienen más empleo, en España y
en Europa, los licenciados en TIC (86%
ocupados en España y 91% en la UE-23) e
ingenierías (85 y 89%) que los graduados en Educación (76 y 85% ocupados) y
Humanidades y Ciencias Sociales (79% ocupados en España y 84% en la UE-23),
aunque lidera el empleo la Salud (85
y 88% de ocupación).
En paro, los universitarios españoles de 25 a 34 años tienen
una tasa de desempleo (12%) que duplica la de la OCDE, la UE-23 y Francia (el 6% de paro entre universitarios)
y cuadruplica la de Alemania (3% de paro entre universitarios) y Reino Unido (2% de paro entre licenciados). Y si tomamos a todos los adultos universitarios, la tasa de paro en España es del 8,2%,
la segunda más alta de Europa (tras el 11,5% de Grecia), casi el triple que la
media europea (3,7% de paro en UE-28) y muy por encima del paro
entre adultos universitarios en Alemania (1,7%), Reino Unido (2,6%), Francia
(4,6%) o Italia (5,5%), según
Eurostat. Y también es mayor en
España la proporción de universitarios
que llevan más de un año sin trabajar (28,2% del total frente al 24.8% en
la UE-23).
Donde apenas hay diferencia con Europa es en los sueldos de los adultos
universitarios (25 a 64 años): en España ganan
un 57% más que los que sólo estudiaron Secundaria
(y éstos, un 24% más de los que sólo tienen la ESO o menos), igual que en la
OCDE y algo más que en Europa : en la UE-23, los universitarios ganan un 52%
más que los bachilleres, aunque ganan un 69% más en Alemania o Portugal y sólo
un 39% más en Portugal, según la OCDE. Eso sí, en España hay menos
brecha de género entre universitarios: las mujeres licenciadas ganan el 82% del sueldo de los hombres
licenciados, una diferencia menor a la de toda Europa, donde la brecha varía de
ganar el 70% en Italia, el 71% en Francia o el 74% en Alemania al 76% de media en la UE-23, según el informe de la OCDE.
Un preocupante panorama, de menos empleo y más paro, que espera cada año a los 114.000 nuevos licenciados que salen de la Universidad. Su primer
gran problema es conseguir un empleo. Y los datos son preocupantes: los
licenciados en 2013-2014, a los cuatro años de salir de la Universidad (2018)
sólo estaban afiliados a la Seguridad
social un 27,7%, según la Fundación CYD .O sea, a los 4 años de licenciarse, solo 1 de cada
4 universitarios trabajaban legalmente. El resto estaban parados o
empleados ilegalmente, muchos como “falsos
becarios”. Y mientras, muchas empresas se quejan reiteradamente de
que no
encuentran personal de algunas cualificaciones, sobre
todo con perfiles tecnológicos y
digitales.
Pero además, un
tercio de los universitarios que sí trabajan están “subempleados”: trabajan
en empleos que exigen una formación inferior a la que tienen (vendedores,
cajeras de supermercado, tele operadores, hostelería…). En 2018, trabajaban sobrecualificados el 37,6% de
los universitarios españoles, frente al 23,4% en la UE, según refleja el último informe de la Fundación CYD, que sitúa a España como el país con más
jóvenes que trabajan sobrecualificados en Europa, por delante incluso de
Chipre (35,6%) o Grecia (33,9%) y de Reino Unido (27%), Francia (23%), Italia
(22%), Alemania (19%), Portugal (14%) o Luxemburgo (8%). Y donde más se da esta “sobre cualificación” es en la hostelería y el
comercio, los empleados, contables y profesionales.
Y mientras, las empresas se quejan de que les faltan
profesionales cualificados en muchas áreas, sobre todo TIC, ciencia de datos,
inteligencia artificial y carreras ligadas a ingenierías y matemáticas, donde no hay paro ni lo habrá en el
futuro, según los expertos. Por eso, la Comisión Europea acaba de recordar a España la recomendación que nos hizo el último
Consejo Europeo de 2019: “incrementar
la colaboración entre los sectores educativo y empresarial, con vistas a
mejorar la capacitación y cualificación demandadas en el mercado laboral,
especialmente en el ámbito de las TIC”. Coordinar la Universidad y las
empresas. Algo que reitera la Fundación CYD: “no hay
flexibilidad en la Universidad española para adaptar las titulaciones a lo que
demandan las empresas”.
El último informe de la Comisión Europea sobre la educación en España, presentado el 26 de
septiembre, alerta sobre dos problemas: el
bajo empleo de los universitarios españoles (por lo que urge colaborar
más con las empresas) y el bajo gasto
en educación, sobre todo tras los 10.000 millones recortados a la Universidad
durante la crisis. Recuerda que España gasta en toda la educación un 4% del PIB frente al 4,6% la UE y el
5% la OCDE. Y en concreto, en la Universidad, el gasto por alumno en España es
de 12.614 dólares frente a 15.556 en
la OCDE y 15.803 dólares en la UE-23,
que sube a 16.173 dólares por alumno
universitario en Francia, 17.429 en Alemania o 23.771 dólares en Reino Unido, según la OCDE. Y como el Estado aporta
menos (un 66% de la financiación universitaria en España frente al 73% en
la UE-23) y también las empresas (4%
frente al 7%), las familias tienen que
aportar más para financiar la Universidad
(29% frente al 17% en la UE),
pagando mucho más tras las subidas de
tasas universitarias implantadas en 2012 y 2013.
Los Rectores han dado la alerta: urge una reforma de
la Universidad, para conseguir más recursos
y un nuevo modelo educativo que
consiga mejorar el empleo de los universitarios. Para ello, los expertos piden promover la tecnología y las matemáticas
en la ESO y Bachillerato, para conseguir que más jóvenes (sobre todo mujeres) elijan estudiar carreras técnicas (STEM),
que aseguran más empleo. Y una mayor
vinculación entre formación y prácticas, ligando FP superior y Grados.
También reducir la oferta de titulaciones, hoy excesiva (8.526 títulos y 3.527
Másteres). La Fundación CYD también promueve una reforma del
profesorado universitario, para rejuvenecerlo (el 16% tiene 60 años o más y
se tiene que jubilar pronto) y abrirlo al mundo profesional y de la empresa,
porque ahora hay un exceso de endogamia:
el 68,8% de los profesores enseñan en la misma Universidad donde se doctoraron.
Y también urge internacionalizar más la Universidad española, atrayendo más
profesores y alumnos extranjeros, con más trabajos e investigaciones
internacionales.
La Universidad
española no funciona bien y es un
despilfarro de dinero y de ilusiones para acabar en el paro o el subempleo. Hay que pactar una reforma universitaria y aprobar una nueva Ley de Universidades, que sustituya a la aprobada por Aznar en 2001
(reformada parcialmente por ZP en 2007, con los votos en contra del PP), con más recursos (harían falta unos 4.000 millones de euros más al año),
más autonomía y un cambio drástico en los planes de estudio, en colaboración
con las empresas. Y una política de becas que prime a
los jóvenes que se esfuerzan, para que nadie deje la Universidad por su coste.
Al final, se trata de tener una
Universidad más eficiente, que forme mejor y ayude al empleo. A
ello.
El recibo de la luz
ha bajado en septiembre y son ya 11
meses bajando, con una rebaja
anual del 18%. Eso es porque un 20% de la luz se ha generado con gas natural,
cuyo precio ha bajado a la mitad. Pero hay menos luz producida con agua y viento,
por el clima, y la luz es más sucia: el 35% es renovable este año (sólo el 28,7% en agosto),
frente al 38,5% en 2018. Además, los consumidores
de 11 autonomías recibirán una carta este mes donde les suben el recibo de septiembre, entre 17 céntimos y 2 euros, por
impuestos autonómicos de 2013 no cobrados. Al final, la luz es la 4ª más cara de Europa para las familias y la 9ª más
cara para empresas. Y eso, porque pagamos costes de más, por la
generación, recargos e impuestos. Es prioritario que el futuro Gobierno haga una auditoría
de costes y paguemos por la luz lo que cuesta, no extracostes que alimentan
el dividendo de las eléctricas. Nadie se ha atrevido a hacerlo.
El recibo de la luz
sufre muchas subidas y bajadas porque
el mercado eléctrico (que supone un
35% del recibo: el resto son “peajes” e impuestos) es un tobogán de precios, con mucha volatilidad
por el clima (que afecta a los
embalses hidroeléctricos y al aire de los molinos) y los costes del fuel, el carbón y el gas que usan las centrales
eléctricas. Así, en septiembre de 2018, el precio de producir
electricidad batió récords históricos (alcanzó los 71,27 euros por kwh) y en septiembre de 2019 ha cerrado a 42,11 euros por kwh, un 41% menos que hace un año. Y como el precio del mercado eléctrico ha sido
bajo, hemos asistido a 11 meses de
bajadas del recibo (todos salvo julio) en
el último año. Y así, en septiembre
de 2019, el recibo medio de una familia (4,4 kWh de potencia y 3.000 kWh de
consumo) ha sido de 52,43 euros, un
17,9% menos que en septiembre de 2018 (63,86 euros), según datos de la Comisión
de Competencia (CNMC).
El precio de producir
la electricidad ha caído mucho este año porque se ha disparado la utilización de gas natural en las centrales de ciclo combinado: su producción ha crecido
un +105,3% de enero a septiembre, según Red Eléctrica (REE). Y ha aportado un 21,36% de la luz producida, sólo por
detrás de la nuclear (22,11% de la generación), siendo la energía más utilizada en septiembre (27,3% de la electricidad). Y
eso porque el precio del gas natural se ha desplomado en los mercados internacionales
(hace un año costaba de 22 a 25 euros por MWh y en septiembre ha costado 9,86 euros,
un precio que no se veía hace una década), por la mayor producción de gas en
EEUU (por el fracking, “gracias” a
Trump). Con ello, las eléctricas han reducido la producción con carbón
(muy caro, por la subida del impuesto al Co2 que generan) y han puesto a trabajar a tope sus centrales de gas, hasta ahora sólo utilizadas para
cubrir repuntes de demanda. Con ello, producir
electricidad ha sido más barato. Además, el clima (sequía y falta de viento) ha provocado una caída de la producción hidroeléctrica
(-42,2% de enero a agosto) y eólica
(-1,7%), más baratas.
Pero si el desplome
del precio del gas ha abaratado la
electricidad, ahora es más “sucia”,
porque han reducido su peso las energías renovables, al reducirse el peso de la
energía hidráulica (los embalses están en mínimos) y eólica, mientras baja el
peso del carbón (que produce la luz más “sucia”) y se dispara el gas (que emite menos pero también emite CO2). El resultado es
que la generación renovable
(hidráulica, eólica, solar y otras renovables) ha reducido su peso, del 38,5%
de la producción eléctrica en 2018 al 35,18%
que aportan en 2019 (enero a septiembre), según REE. Y sólo un 28,7% de la electricidad producida en agosto de 2019 fue renovable y un 34,1% en septiembre. Y si
analizamos el peso de la generación
eléctrica sin emisiones, ha caído del 71% del total que alcanzó en marzo de
2019 a sólo el 53% de la electricidad producida en agosto de 2019, según el último balance mensual de REE.
Así que pagamos la luz
un 18% más barata que hace un año pero una
luz más “sucia” y menos renovable, generada con menos carbón (muy contaminante) pero también con menos
agua y viento y muchísimo más gas natural (que emite CO2, aunque menos que
el carbón). Además, este mes de octubre, los consumidores de 11
autonomías vamos a recibir una carta de nuestra
compañía eléctrica donde nos anuncian un pequeño recargo en el recibo de la luz de septiembre, para
compensar la subida de impuestos autonómicos que no se cobró en 2013. Ese año, 14 autonomías (todas salvo Baleares,
Canarias y País Vasco) pusieron un impuesto a la
producción, transporte y distribución de electricidad, pero ese recargo no
se incluyó en las tarifas en 2013. Las eléctricas recurrieron y el Tribunal
Supremo obligó al Gobierno a incluirlo. Pero se retrasó y en 2016 hubo otra
denuncia de Iberdrola, que llevó al Supremo a dar un ultimátum al Gobierno. En 2017, se aplicó sólo a 4
autonomías (Cataluña, la Rioja, Castilla la Mancha y Comunidad Valenciana) y
ahora, en septiembre de 2019 se aplica a las 10 restantes y a Cataluña
(porque el recargo de 2017 fue insuficiente).
La subida es pequeña
y se estima que será de 10,36 euros
en Galicia, 8,22 euros en Castilla y León, 5,16 en Cantabria, 2,25 en Aragón,
1,79 euros en Navarra, 1,19 en Asturias, 1,17 en Extremadura, 1,05 en Murcia, 0,30 euros en Andalucía, 0,36 en Madrid y 0,17 euros en Cataluña, segúnla estimación de Gesternova, aunque la de la OCU es mayor en todas (19,79 euros en Galicia, 15,69 euros en Castilla
la Mancha o 0,57 en Madrid o Andalucía). En este recibo de septiembre, lo máximo que se puede cargar es una subida de 2 euros y donde la subida
sea mayor, se prorrateará el resto en los próximos 12 meses.
Es el “chocolate del
loro” en un recibo, pero muchos millones
para el conjunto de consumidores, que irán a
las angustiadas arcas de las autonomías. Al final, a pesar de la bajada de la luz en el
último año, el coste de la electricidad
en España es muy alto: los consumidores domésticos pagamos la 4ª luz
más cara de Europa (tras Dinamarca, Alemania y Bélgica) y las industrias pagan la 9ª luz más cara,
según Eurostat (primer semestre 2019). Así, la electricidad de uso doméstico cuesta 0,2369 euros por
kWh, un 12% más cara que la media europea (cuesta 0,2113 €/kWh en la UE-28) y
bastante menos que en Francia (0,1765), Reino Unido (0,2122) o Italia (0,2161).
Y la electricidad de uso industrial
cuesta en España 0,1389 euros/kWh, un 2,3% menos
que en Europa (0,1422) pero más que en Francia (0,1230) y otros 18 paises
europeos. Y si descontamos los impuestos
(pagamos menos que la media europea:
21% de IVA frente al 37% en la UE-28), la luz de uso doméstico es en España la 2ª más cara de Europa (tras Bélgica)
y la 4ª más cara para la industria,
tras Chipre, Malta e Irlanda (3 islas), según Eurostat.
Y además de tener la luz
más cara que en la mayoría de Europa, el servicio de las eléctricas es el
peor valorado por los españoles, peor aún que el servicio de telefonía
e Internet: el 19,1% de los usuarios de
la electricidad están “poco o nada
satisfechos”, según el Panel de hogares elaborado por la CNMC. Además, casi la mitad se queja
de la falta de claridad de las facturas y el 90,5% de los encuestados consideran que la luz “es cara”.
Así que la luz es
cara, objetiva y subjetivamente,
al margen de que suba o baje coyunturalmente con los precios del gas (que podría volver a duplicar su precio en unos meses, según los mercados de futuros) o del carbón y los
efectos del clima. ¿Por qué es cara la luz? La razón es
que los usuarios pagamos costes de más en las tres
partes del recibo: en el coste de generación
de la electricidad (el 35% del recibo), en los peajes que aprueba el Gobierno (40% del recibo) y en los impuestos (25%). Veámoslo.
El primer componente, el
precio de producir la luz, se fija en el mercado eléctrico ibérico (MIBEL),
un mercado donde se negocia el precio de
la luz cada hora según la aportación de las distintas energías y su coste.
Pero el sistema de fijación de precios,
aprobado por Aznar en la Ley Eléctrica de 1997, es “de locos”: cada empresa aporta su
electricidad, empezando por las más baratas (hidroeléctricas, nucleares y
renovables) y siguiendo con las más caras (carbón, fuel y gas). Y al final, el precio resultante para todas es el del kilowatio más caro. Lo
normal es que la energía que falta (y más cuando no llueve o falta viento) se
cubra con centrales de carbón, fuel o
gas, las más caras, que producen a 60 euros por kilowatio. Y ese es el
precio que se paga también a las centrales hidroeléctricas (a las que producir
un kilowatio les cuesta 10 euros) o a las nucleares (a las que les cuesta 22
euros/kWh), centrales que además ya están amortizadas (tras 90 o 40 años de
vida). Es como si compráramos carne
picada hecha con pollo, cerdo, ternera y chuletón y nos la cobraran toda a
precio de chuletón. Y así, pagamos
unos 4.500 millones de más al año, según un cálculo de Natalia Fabra.
Además de fijar unos precios de la luz muy por encima de los costes reales, el mercado eléctrico español es poco transparente (lo controlan de
hecho las eléctricas, que son “juez y parte”), muy volátil (con muchos altibajos de precios, más
que en Europa) y promueve el fraude, como ha detectado en varias
ocasiones la Comisión de Competencia (CNMC). Así, en diciembre de 2013, la CNMC multó a Iberdrola con 25 millones de euros por parar la producción de
sus centrales hidroeléctricas del Duero, Tajo y Sil para provocar una falta de
oferta de “electricidad barata” que obligó a utilizar sus centrales de gas (más
caras) y disparó el precio de la luz en el mercado eléctrico (y sus
beneficios). En junio de 2008, la CNMC también multó a Viesgo con 6 millones por “manipular su oferta” en la central
de los Barros (Cádiz) para subir artificialmente los precios. Y en mayo de
2019, la CNMC impuso una multa de 13 millones a Naturgy (Gas Natural Fenosa) y
5,8 millones a Endesa por utilizar 10 centrales de gas para manipular el mercado eléctrico y subir el precio
de la electricidad “de forma consciente y deliberada”. Un largo historial de malas prácticas que pagamos en el
recibo.
El segundo componente
del recibo de la luz (un 40%) son los llamados “peajes”, una especie
de “cajón de sastre” donde los
distintos Gobiernos han ido incluyendo múltiples costes que nos cargan cada mes. Unos
son costes “justificados” pero demasiado
elevados, como los del transporte de
la electricidad (el 2,96% del recibo) y la distribución
(el 10,04%). Otros son costes “más discutibles”: ayudas a las renovables, cogeneración y
residuos (20,6%), ayudas por el parón
nuclear (0,41%), para amortizar la deuda eléctrica acumulada (2,89%), para compensar a Endesa por producir
electricidad en Baleares y Canarias
(4,2%) y otras ayudas varias para mantener las centrales de gas (por los saltos de demanda) o para compensar a las grandes industrias
consumidoras de electricidad. Costes y ayudas que son discutibles, pero que
deberían pagarse con el Presupuesto y no con nuestro recibo.
La tercera parte del recibo de la luz (el 25%) son los impuestos: pagamos un impuesto especial eléctrico (del 5,113% sobre la potencia instalada y el
consumo) y el 21% de IVA sobre la factura total (incluido el impuesto
eléctrico, con lo que pagamos un impuesto sobre otro). Y aquí, también pagamos impuestos de más, porque España es el 5º país de la UE con el IVA de la electricidad más alto, sólo por detrás de Dinamarca y Suecia (25% IVA), Finlandia
(24) y Portugal (23%), pero muy por encima del IVA que paga la luz en Reino
Unido (5%), Italia (10%), Grecia (13%), Irlanda (13,5%), Francia (16,7%) o
Alemania (19%).
Como acabamos de ver, los
consumidores pagamos costes de más en las tres partes del recibo de la luz, en la
producción de electricidad (35% del recibo), en los peajes que incluye el
Gobierno (40% del recibo) y en los impuestos (25% del recibo). Por eso es más
cara que en la mayoría de Europa, al margen que unos meses suba o baje por el
clima o los precios del fuel, el carbón o el gas. Y estos “extracostes” que pagamos cada mes en el recibo benefician sobre todo a las eléctricas españolas (un oligopolio: las 3 grandes controlan el 80% del mercado), que ganan el doble que las eléctricas europeas
(en relación a su negocio), según un estudio del Observatorio de Sostenibilidad.
Ahora se ha producido un importante cambio institucional:
este año, gracias a un Decreto aprobado en enero (por presión de la
Comisión Europea), es la Comisión de
la Competencia (CNMC, un organismo independiente) y no el
Gobierno el organismo responsable de fijar
los “peajes” por transporte y distribución de la electricidad (un 13% del
recibo). Y ya han propuesto una rebaja de estos peajes de 735 millones para 2020, que rebajaría un 3% la luz a los consumidores domésticos y un 6%
a las industrias, propuesta que ha puesto en pié de guerra a las eléctricas.
Ahora, el Ministerio de Industria y la CNMC estudian fijar antes del 31 de
diciembre el resto de los peajes
(27% del recibo), una propuesta que tendrá mucho que ver con el resultado
electoral y la renovación de la CNMC: su
presidente, Marín Quemada, a quien “odian” las eléctricas, está en funciones desde el 9 de septiembre y su sucesor no puede
nombrarse hasta que tome posesión un nuevo Gobierno, quizás no antes de fin de
año.
Mientras se aclaran los peajes de 2020, lo que urge es que el futuro Gobierno imponga una auditoría de costes, para
que paguemos la luz por lo que cuesta producirla, sin tantos extracostes no
justificados o que deberían pagarse con los Presupuestos y no con el recibo.
Eso permitiría bajar hasta un 40% el
precio de la luz en unos años, según algunos expertos. Es hora de atreverse a hacerlo (no lo ha hecho ningún Gobierno), aunque suponga enfrentarse a las todopoderosas eléctricas.
Va depender mucho del resultado electoral.
Todo el mundo se queja de los alquileres, tras las fuertes subidas de los últimos años. Pero, ¿Cuánto
han subido? Un 50% desde
2014, según el portal Idealista. Pero el Ministerio de Fomento acaba de desinflar esta subida y dejarla en la
mitad, un 24,6%. Hay quien piensa
que los portales de alquiler “han inflado” las subidas, para
atraer más anuncios y negocio. También podría ser que el Gobierno Sánchez quiera “suavizar”
la subida con sus estadísticas, hechas a partir de las fianzas. Da igual.
El hecho es que son muy caros, sobre
todo en las grandes capitales (entre 900 y 1.400 euros) y se llevan un tercio de los
ingresos y más, lo que impide emanciparse al 81% de los jóvenes. Podemos y algunos
Ayuntamientos defienden poner topes a los alquileres, pero eso reduciría
la oferta y los subiría más. La solución es aumentar los pisos en alquiler,
con las viviendas vacías y viviendas públicas (VPO), que no se hacen. Lo demás
son “atajos demagógicos” inútiles.
Con la crisis, los
españoles se han pasado al alquiler, año tras año: son ya el 23,9% los hogares que viven en alquiler, frente al 19,9% en 2007 y el 21,1% en 2001, según el Observatorio de Vivienda 2019 de Fomento. Y hay regiones donde el alquiler supera el 30%
de los hogares, como Canarias (34,5%),
Baleares (34,1%) o Cataluña (30,4%), mientras son el 26,6% en Madrid, el 20,4%
en Andalucía, el 19,9% en Murcia y rondando el 17% en Castilla y León (17,9%),
La Rioja (17,4%), Extremadura (17,2%) y País
Vasco (16,9%). A pesar de este mayor peso de los alquileres, España sigue lejos de la media europea (30,7% de
hogares en alquiler), de Alemania (48,6%), Francia (35,6%), Reino Unido (35%) e
Italia (28,6%).
En España hay 2.578.057
inmuebles residenciales en alquiler (3,3 millones de inmuebles si contamos
naves, industrias y oficinas en alquiler). Y están en alquiler, sobre todo, los
pisos más antiguos (el 25%, construidos antes de 1960), de calidad media y las viviendas de menor tamaño
(están alquiladas el 25% de las que tienen menos de 75 metros cuadrados), según los datos del Ministerio de Fomento. Pero, en general, los pisos en alquiler en España son más grandes que en Europa: 81
metros cuadrados de media frente a 74,6 m2 en la UE-28, los 74 m2 de Italia,
los 69,2 m2 de Alemania y los 66,7 m2 de Francia. Y de ahí, que los inquilinos
en España tienen más habitaciones de media que en Europa: 1,7 habitaciones por
persona frente a 1,5 en la UE-28 y 1,6 en Francia o Alemania.
Y sobre los
inquilinos, hay más mujeres (25,7% hogares en alquiler) que hombres (22,8%),
son la mayoría jóvenes (el 70,4% de
los jóvenes de 16 a 29 años viven en alquiler frente a sólo 1l 19,6% de los que
tienen entre 45 y 64 años), mujeres
solas con niños (29,7% en alquiler), familias
numerosas (33,2% en alquiler) e inmigrantes
(el 82,4% no UE viven en alquiler). Y también viven más en alquiler las rentas más bajas, los que ingresan
menos del 60% del sueldo medio: un 43,3%, un porcentaje inferior al del
alquiler de los más pobres en Europa (50,4%) o en Alemania (viven en alquiler
el 75% con bajos ingresos). Y otra diferencia es que, debido a las subidas de
los últimos años, en España hay más
inquilinos “financieramente
sobreexpuestos” por el pago del alquiler: un 38,1% frente al 26,3% en la
UE-28, el 38,6% en Reino Unido, el 28,2% en Italia, el 20,5% en Alemania o
el 14,4% de inquilinos en Francia, según los datos del Observatorio de la Vivienda 2019.
O sea, que un tercio de los inquilinos están agobiados
por pagar el alquiler. Y eso es
fruto de las fuertes subidas de alquileres estos últimos años.
¿Cuánto? No hay datos oficiales, porque
no se hace una estadística de subida de alquileres mientras Estadística (INE) sí publica trimestralmente la subida de las viviendas vendidas. En su
ausencia, son los portales inmobiliarios (Idealista y Fotocasa) quienes publican mensualmente lo que
suben los alquileres, en base a una muestra de los anuncios que publican. Según
estos datos, los alquileres han subido
en España un 50% entre 2014 y mayo 2019,
según el portal Idealista (a partir de 70.000 anuncios), un dato utilizado recientemente por el Banco de España. Pero ahora, el 26 de septiembre, el
Ministerio de Fomento ha publicado otra estadística de alquileres, basada en las 487.470 fianzas depositadas por los inquilinos en 31 provincias (todas salvo las de Asturias, Navarra, la Rioja y Cantabria,
donde no se obliga al inquilino a depositar la fianza, ni las de Canarias, Castilla la Mancha, Extremadura y Murcia, cuyos
datos no son suficientes para Fomento). Y esta estadística revela que los alquileres en España han subido la
mitad de lo que se decía: un 24,6%
entre 2014 y 2018.
La divergencia no
se da sólo en las subidas sino en el
precio de los alquileres. Así, el precio medio del alquiler en España era en 2018 de 8,1 euros por metro cuadrado, según Fomento, menor que el que daba el portal Fotocasa (8,3 euros) y sobre todo Idealista
(10,4
euros, un 28,4% más caro). Con ello, la diferencia en los alquileres medios provinciales llegan
incluso a un 57% menos (Fomento
respecto a Idealista) en Baleares
(687 euros de alquiler medio frente a 1.245 euros) y un 52% menos en Barcelona (769 frente a 1.413), pasando por un 50%
de diferencia en la provincia de Madrid (819 frente a 1.228 euros). Y si
tomamos los alquileres en las capitales más caras, las diferencias entre Fomento e Idealista
son muy importantes: Ibiza (957
frente a 1.399 euros), Barcelona (930
frente a 1.467), San Sebastián (926
frente a 1.011), Madrid (865 frente
a 1.226 euros), Bilbao (721 frente a
877), Málaga (633 frente a 967), Valencia (631 frente a 863), Ceuta (629 frente a 803) y Sevilla (590 frente a 858 euros).
¿Quién tiene razón?
Ambas partes justifican las diferencias en
que utilizan distintos criterios estadísticos. Por un lado, los portales inmobiliarios miran los precios que piden los propietarios
en sus anuncios, no el precio final que consiguen (aunque los expertos dicen
que, tal como está el mercado, los inquilinos “no pueden regatear” y si no los
aceptan los pierden, porque se alquilan en horas). Y Fomento refleja el alquiler de las fianzas, que parecería más real si no fuera
porque hay muchos alquileres que no se declaran por el valor real o que
declaran fianzas más bajas porque tienen ayudas. Otra diferencia importante es
que Fomento toma la superficie del
catastro, que incluye zonas comunes y garaje, con lo que el alquiler se
corresponde a una superficie mayor que la que ve el inquilino (la casa), lo que reduce el coste por metro cuadrado en esa estadística oficial.
Además, Fomento da el dato del alquiler medio
(el promedio de todas las fianzas), mientras los portales utilizan la
mediana, el valor central de todos los alquileres, considerado
internacionalmente como más fiable.
Al final, es posible
que los portales inmobiliarios hayan “inflado” los alquileres estos años,
animando a los propietarios a subir sus precios, porque con burbuja se atraen
más anuncios (y de eso viven). Y también es posible que la estadística de Fomento tire a la baja y el Gobierno busque “enfriar” la
burbuja y rebajar el problema. Probablemente, el precio real no sea ni uno ni otro, aunque en las grandes
capitales quizás se acerque más al de los portales que a Fomento. Vean Barcelona (1.467 euros frente a 930) o Madrid (1.226 euros frente a 865).
En cualquier caso, hay un
hecho incuestionable: los alquileres
son muy caros (en 25 capitales alcanzan su máximo histórico) y se llevan cada vez más parte de los ingresos de las familias. El
gasto en vivienda (alquiler o hipoteca más agua, luz y gas es el mayor gasto
familiar y se lleva el 30,7% de los
ingresos, según la Encuesta de Presupuestos Familiares 2018 (INE). Y un estudio de Alquiler seguro revela que el
alquiler se come, de media, el 37% de los ingresos del inquilino. Otro
estudio reciente, de CaixaBank Research señala que la clase media
destina el 23,5% de sus ingresos al
alquiler, un porcentaje que es mayor
en la clase media baja (el 26,8%). Este
desembolso penaliza sobre todo a los que más asfixia el alquiler, a las
familias
jóvenes con hijos y a los jóvenes, con bajos ingresos y mucha
precariedad. Por eso, el 81% de los
jóvenes españoles menores de 30 años no
se han emancipado y tienen que vivir
con sus padres, según el Consejo de la Juventud, frente a una media del 68% en Europa, según Eurostat. Y los que alquilan, en muchos casos tienen que compartir piso de alquiler para poder
pagarlo.
La mitad de los españoles creen que los alquileres
son caros
(32,7%) o muy caros (16,5%), según el Barómetro del CIS de alquileres publicado por Fomento. Y el 80,8% de los encuestados piden
medidas para bajarlos y ayudar a las familias, básicamente ayudas
fiscales al propietario y al inquilino y construir más viviendas para alquiler.
Entre tanto, en marzo entró en vigor el segundo Decretode alquileres pactado por el PSOE y Podemos, que aumentó el periodo
de alquiler de 3 a 5 años (7 si alquilan empresas), fija un límite de 3 meses a
las fianzas (1 obligatorio más dos complementarios), limita los desahucios (el
Juzgado debe informarse antes si el inquilino es vulnerable y aplazarlo de 1 a
3 meses) y se compromete a crear un índice estatal de alquileres en 8 meses (para noviembre), para que los
Ayuntamientos tengan un referente oficial con el que promover ayudas fiscales
(rebaja del IBI) a los propietarios que alquilen más barato. Ahora, sin
Gobierno, ese índice se retrasará.
Podemos y algunos
Ayuntamientos querían ir más allá y defienden que los Ayuntamientos
fijen
topes a los alquileres, lo que exigiría una Ley (no un decreto). Controlar así los alquileres es un “atajo
populista” que no frenaría los precios sino que los subiría más. El
razonamiento es simple: si se limitan los
alquileres, muchos particulares y empresas dejarán de alquilar y habrá menos
pisos en alquiler, lo que subirá los precios. Es de cajón. Y más en España,
donde el problema es de falta de oferta
y que la demanda ha crecido mucho estos años, por las familias y jóvenes
que no pueden comprar y sólo les queda alquilar.
Ampliar la oferta de
viviendas en alquiler se puede hacer
por dos vías. Una, animando a que
alquilen a los propietarios de los 3,44
millones de viviendas vacías (según el último censo del INE, de 2011). Y eso puede lograrse si se les incentiva el alquiler,
a precios razonables (la media que marque la estadística oficial, cuando se
consiga), con una deducción en el IRPF a los propietarios, con rebajas en el
IBI municipal (sólo la mitad de las autonomías lo han regulado, como les
permite el decreto y entre ellas no está Madrid), y hasta con deducciones en sociedades (para
inmobiliarias que alquilen más), tres medidas que va a poner en marcha el Gobiernovasco para fin de año. Y también con ayudas a la rehabilitación de viviendas (hay 500.000 vacías en mal
estado) si se alquilan.
La otra vía es aumentando
el parque de viviendas, sobre todo de viviendas
públicas (VPO) para alquiler. En España, tras la mala experiencia de la crisis
inmobiliaria, se construyen hoy pocas viviendas: sólo se entregaron 55.000 viviendas nuevas
en 2018, 7 veces menos que en
Francia (400.000, para un tercio más de habitantes) y 4 veces menos que en
Reino Unido (250.000 nuevas viviendas en 2018). Y la mayoría son para venta, no
para alquiler. Harían falta 140.000 nuevas cada año. Pero el mayor déficit se
da en las viviendas públicas: en 2018
se terminaron 5.191 VPO (sólo 344 de ellas para alquiler), de las que
2.418 se hicieron en Madrid, 633 en Barcelona, 55 en Valencia, 86 en Sevilla y cero (sí, ninguna) en Baleares o Canarias, según las estadísticas de Fomento. Algo que contrasta con las más de 100.000 VPO que se terminaban cada año en España entre 1957 y 1989. E
incluso con las 68.857 de 2008.
La vivienda pública,
la VPO promovida por el Estado, autonomías o Ayuntamientos ha casi desaparecido en España con la crisis. Eso se debe a que las instituciones
públicas no promueven vivienda y ponen pegas a los promotores privados, que se quejan de que no les
compensa promover VPO: los Ayuntamientos no les ceden suelo (aunque tienen de
sobra) y las autonomías les fijan unos precios de venta demasiado bajos, imposibles: los módulos están un 31,2% por debajo de los de la vivienda libre. Y en 10 provincias
(donde hay menos demanda) se da incluso el contrasentido de que la VPO es más
cara que la vivienda libre. Lo que habría que hacer es facilitar la promoción de VPO,
aportando suelo, financiación y unos precios más realistas, para multiplicar
por 10 la VPO (50.000), sobre todo para alquiler.
Al final, se debería crear un gran parque de vivienda en alquiler, entre viviendas vacías de particulares (incluso
con compras: Berlín
ha comprado 6.000 viviendas), las 15.000 VPO que hay vacías, las 76.000 viviendas de la SAREB (el banco malo) y
20.000 nuevas VPO que se podrían promover al año. Podría plantearse un objetivo
realista de 200.000 nuevas viviendas en alquiler cada año. Eso sí bajaría los precios (no
los controles “populistas”) y facilitaría
el alquiler a 1.500.000 españoles que hoy tienen serios problemas de vivienda,
sobre todo jóvenes, ancianos (800.000 viven de alquiler) y mujeres solas con
niños (hay 1,5 millones). Y además, habría que seguir apostando durante décadas
por la VPO y los incentivos fiscales al alquiler, porque para 2030 habrá 2.650.000 españoles que no podrán comprar ni alquilar
en el mercado libre, según un estudio de la Fundación Alternativas.
Los alquileres
deben ser una de las prioridades del futuro Gobierno. Urge tener una estadística oficial, para saber lo
precios reales y poder incentivar fiscalmente a los propietarios que alquilen
más barato. Pero sobre todo, urge configurar
un parque público de alquiler, para que haya más oferta y bajen los
precios. Y eso exige un Pacto entre instituciones y más recursos. Pero es la vía eficaz, no los
topes a los alquileres, un atajo populista inútil.
La crisis iniciada en 2008 y sus
secuelas han afectado poco a
la salud física de los españoles pero ha dañado nuestra salud mental,
según un estudio de 2018 realizado por
encargo del Ministerio de Sanidad. Y han sido los parados,
sobre todo los que llevan varios años sin trabajar, los que sufren más
trastornos mentales. Ellos y sus familias,
incluidos niños y jóvenes con trastornos
de conducta y fracaso escolar. Al
final, 9 de cada 100 adultos tienen
algún trastorno mental y más de 1 millón de españoles tiene
un trastorno mental grave. Y hay 10 muertes por suicidios al día en España, el
triple que muertes por tráfico, muchos por depresión y trastornos mentales.
La OMS considera que, para 2030, la salud mental será la
primera causa de discapacidad en el mundo y el mayor reto sanitario de Europa.
Urge tomar medidas para mejorar la salud mental de los
españoles y reducir la angustia de parados, trabajadores precarios y
familias pobres. Conseguir que la crisis no les supere.
La Gran Recesión de 2018 ha cambiado a fondo nuestras vidas, desde el trabajo y los sueldos a cómo
gastamos, dónde vivimos y hasta los hijos que tenemos. Pero, ¿ha afectado también a nuestra salud? Para
saberlo, el Ministerio de Sanidad encargó un estudio a 6 expertos universitarios.
Y sus conclusiones, publicadas a finales de 2018, son reveladoras: la crisis ha afectado poco a nuestra salud física (de momento: dicen que podría pasarnos factura más
adelante) y bastante a nuestra salud mental, empeorándola.
El estudio
revela que la salud física
de los españoles no parece haber empeorado con la crisis: seguimos con una baja tasa de mortalidad y con una de las mayores esperanzas de vida del
mundo, con muchos años de vida saludable y baja mortalidad infantil, aunque
advierten que debemos ser cautelosos, porque a veces los efectos negativos de
las crisis tardan en manifestarse. Eso sí, hay
algunos indicadores sanitarios que han empeorado: han aumentado los tumores y ganan peso entre las causas
de muerte, han ido a más la diabetes,
hipertensión y obesidad (quizás en parte por el estrés y los malos hábitos
por la crisis), hay más enfermedades de corazón
y asma (sobre todo entre inmigrantes) y los jóvenes consumen ahora más alcohol, tabaco, drogas y pastillas que
antes de la crisis. Y además, los recortes
de presupuestos y plantillas (médicos y enfermeras) han deteriorado la asistencia sanitaria, colapsando
consultas y urgencias y multiplicando las listas de espera.
Pero lo más llamativo
de la crisis ha sido que ha empeorado bastante la salud mental de los españoles, según el estudio,
sobre todo “en los varones en edad
laboral, especialmente en personas en situación de desempleo o con empleos
precarios”. Aquí, en estos dos
colectivos, “la prevalencia (riesgo) de padecer una enfermedad
mental es del 29,2%, frente al 14,9%
en el conjunto de la población ocupada”, concluyen. Y además, los problemas
mentales han afectado más a los
españoles sin estudios: el 27% han estado en riesgo de padecer un problema
mental o depresión, frente al 14,7% entre españoles universitarios. Y no han
sido sólo los trabajadores precarios o parados poco formados los que han
sufrido o sufren problemas mentales: la enfermedad ha caído sobre sus familias, en especial sobre mujeres (separaciones y malos tratos), niños y jóvenes, que tras sufrir problemas económicos en casa, padecen
más problemas de trastornos de conducta, adicciones
y fracaso escolar, según un estudio sobre adolescentes de 2016, coordinado por Josep Matalí.
Otro estudio,
recientemente publicado por el Observatorio Social de la Caixa, ha analizado los efectos del desempleo en la
salud mental de los parados españoles, entre 2006 y 2011. Y
también concluye que el paro, sobre
todo el de larga duración (más de 1 año sin trabajo) ha afectado muy negativamente a la salud
mental de estos parados. Concretamente, han comprobado que un aumento del
10% en el paro en la construcción (aumentó del 6 al 24% durante la crisis)
aumentó un 3% las enfermedades mentales en estos parados. Y eso, porque el desempleo provoca aislamiento, estrés económico, “auto condena” y
sensación de “inutilidad personal”, priva a las personas de rutinas y
experiencias compartidas y les quita la posibilidad de “contribuir al bienestar
de la familia y la sociedad”, factores que llevan en muchos casos a la
depresión y a los trastornos mentales.
El riesgo de
sufrir un problema mental se agrava si el parado lleva mucho tiempo
sin trabajo, según todos los estudios médicos. Y esto ha pasado más
factura en España porque somos el
2º país de Europa (tras Grecia) con más paro de larga duración, según Eurostat: lo sufren el 6,4% de la población activa en España, frente al
2,9% en la UE-28. En junio, último dato de la EPA, había 1.006.900 parados que
llevaban más de un año sin trabajar, el 44,71% de todos los parados (y de
ellos, 668.342 llevan más de 4 años parados, según el SEPE). El problema afecta sobre
todo a los parados mayores de 50 años: son
el 70% de los desempleados que llevan más de 4 años sin trabajar. Y además, tienen un futuro oscuro,
porque las empresas reconocen que “descartan”
de entrada la mayoría de currículos de las personas con más de 55 años, según una encuesta de la Fundación Adecco.
Al final, el paro, el trabajo precario y los bajos
salarios que nos ha dejado la crisis
han agravado
los problemas de salud mental, en España y en el resto del mundo. La
propia Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca el paro (sobre todo el de larga
duración) como “un factor de riesgo”
de los problemas mentales, aunque añade otros: horarios excesivos, condiciones de trabajo, inseguridad
laboral, falta de trabajo en equipo y, sobre
todo, el “acoso laboral” (“mobbing”). Y todo ello provoca que haya 264 millones de personas en el mundo con depresión, según la OMS,
lo que cuesta muchas vidas (se producen 800.000 suicidios al año) y muchas pérdidas económicas (1
billón de dólares al año). Y vamos a más, por lo que la OMS estima que para 2030,
la salud
mental será “la primera causa de discapacidad en el mundo” y “el principal reto sanitario en Europa”.
En España, la crisis ha agravado la salud mental y
ahora los datos son muy preocupantes. El primero, que un 9% de españoles adultos tiene “algún trastorno mental”, lo que
supone 3,5 millones de españoles. Y, de ellos, entre el 2,5 y el 3% de la población adulta tiene “un trastorno mental grave”: son más de 1 millón de españoles,
según la última estadística aportada por la Confederación Salud Mental España. El segundo dato llamativo es que los problemas
mentales tienen un coste anual que ronda los 80.000 millones de euros (entre el
6 y el 8% del PIB), sumando costes económicos y sanitarios.
Pero el peor coste
de los problemas mentales es en vidas humanas: en España se
produjeron 3.679 suicidios en 2017, según el INE, más
de 10 muertes por suicidio al día (3 de cada 4 son hombres), entre
el 65% y el 95% provocadas por depresiones y trastornos mentales, según Salud Mental España. Son la primera causa de muerte no natural en España
desde hace 11 años y la tercera causa de muerte entre jóvenes (se suicidan unos 300 al año). En
conjunto, duplican las muertes por
accidentes de tráfico, superan en 11 veces a los homicidios y 80 veces las
muertes por violencia de género. Y además, otras 200 personas intentan suicidarse cada
día en España sin conseguirlo, según Salud Mental España.
Los problemas de salud mental se han
agravado con la crisis y la perspectiva es que sigan creciendo: el
15% de los adultos españoles tendrán algún problema de trastorno mental
a lo largo de su vida, según estima Salud Mental España: son 5,8
millones de personas, casi 1 de cada 6 españoles. Como para que el problema,
agravado con la crisis, sea una prioridad
para la salud pública. Sin embargo, los expertos denuncian que faltan
medios y recursos: hay pocos servicios de atención a los enfermos
mentales y las consultas y unidades hospitalarias están colapsadas. La Confederación
Salud Mental España se queja de que no
se incluya la atención mental en los programas de salud pública y que no exista
un Plan de prevención del suicidio, que mata el doble que el tráfico. Y
denuncian que hay un “estigma social” sobre las enfermedades
mentales y el suicidio, que la sociedad y los Gobiernos “miran para otro lado”,
cuando debería ser una prioridad en la agenda política, sanitaria y social.
En junio, la ministra de Sanidad en funciones se comprometió en el Senado a elaborar una
Estrategia Nacional de Salud Mental antes
de fin de año, promesa que va a depender del resultado electoral. Salud Mental
España, que colabora en preparar esa estrategia, ha propuesto una serie de medidas,
que se centran en cuatro frentes:
aprobar un teléfono de 3 cifras (similar al
016 o el 112) para atender a los posibles suicidas, prevenir los problemas emocionales desde la escuela, apoyar a las familias, mujeres e inmigrantes
más vulnerables y visibilizar el
suicido y los problemas mentales en los medios (Campaña #Habladelsuicidio),
para quitarles el negativo "estigma social" que ahora tienen (en Canadá se ha
hecho, con buenos resultados).
Quizás venga otra
crisis. Pero llegue o no, todavía hay
10 millones de españoles vulnerables,
según el informe FOESSA, por problemas de paro, trabajo precario, pobreza, falta de
vivienda, aislamiento social y muchos otros. Y si vuelven los problemas, lo
sufrirán en su salud, física y mental. Por eso, una de las prioridades del próximo Gobierno debería ser aprobar un Plan de choque por la salud mental concentrado
en las “bolsas de desolación”: los
colectivos (mayores de 50 años, mujeres y jóvenes), sectores (industria, campo,
servicios) y provincias (Melilla, Ceuta, Cádiz, Granada, Jaén, Las Palmas,
Sevilla y Badajoz tienen más del 20% de paro) que más sufren la crisis. Y un Plan específico contra el paro de
larga duración, el mayor detonante de problemas mentales, con medidas
concretas para fomentar la contratación de los mayores de 50 años, mujeres y
jóvenes. Y por supuesto, aprobar ese prometido Plan de Salud mental, integrado en una política sanitaria con más medios.
La crisis de 2008 y
sus secuelas hasta hoy nos ha cambiado la vida, pero a muchos también
la salud, provocando depresiones, trastornos mentales y suicidios, que han hundido a miles de familias. Es
hora de mirar de frente ese problema y tratar de paliarlo, con decisión política, medios y apoyo
social. Porque la economía debe servir
para mejorar la vida de las personas, no para hundir su salud física y
sobre todo mental. Crezcamos sanos.
