Este domingo son
también las elecciones europeas,
aunque más de la mitad de los españoles no voten (ni el 58% de los europeos). Y nos jugamos mucho en ellas, porque cada día se toman más
decisiones en Bruselas, desde la política económica a las emisiones de los
coches, las ayudas a los bancos o las normas alimentarias. Y estas elecciones europeas son especialmente
decisivas,
porque esta vez se corre el riesgo de
que los partidos euroescépticos y de
extrema derecha consigan un 30% de
los votos y paralicen los avances hacia una Europa más unida, la
única garantía para sobrevivir en un mundo
globalizado donde las naciones solas tienen poco futuro. Europa es el
continente socialmente más avanzado del mundo y eso hay que defenderlo votando a los europeístas, los que
defienden un continente más unido, no un nacionalismo
rancio. Una Europa más competitiva, que cree más empleo y sea menos
desigual, tras la pésima apuesta por la austeridad. España sale ganando con más Europa. Vota.
Las elecciones europeas, para escoger el Europarlamento y (indirectamente) el Gobierno de la Unión
Europea, se estrenaron en 1979, con
un cierto apoyo (votaron el 62% de los europeos), pero pronto dejaron de
interesar a la mayoría y desde 1999 son mayoría
los europeos que no votan. En las últimas, en mayo de 2014, sólo votaron el 42,6% de los europeos y en la mayoría de los 28 paises UE ganan los abstencionistas, salvo en
Bélgica (89,6% votaron), Luxemburgo (85,6%) y Grecia (60%), tres países donde
es obligatorio votar. En Italia votaron el 56,3%, en Alemania el 48,1%, en España el 43,8%, en Francia el 42,4%
y en Reino Unido el 35,6%. ¿Por qué los europeos no votan? Básicamente, por desconocimiento y desinterés
hacia la política europea, que ven muy lejana, aunque lo que aprueban el
Parlamento europeo y la Comisión Europea (el Gobierno UE) afecta cada vez más a
sus vidas. Y también hay una abstención de castigo contra “los
burócratas europeos”, alejados de los problemas de la gente o responsables de la austeridad impuesta entre 2010 y 2015.
La mayoría de europeos no votan, pero los que votan lo hacen cada vez de
forma más radical, con un auge de
las posiciones euroescépticas y antieuropeas, propiciadas por la extrema derecha y los populismos. El “primer aviso” se lo dieron a los políticos europeos tradicionales las elecciones europeas de 2014: los
partidos euroescépticos ganaron esas
elecciones en Reino Unido (UKIP
obtuvo casi 30% votos), en Francia
(el Frente Nacional sacó el 25% de los votos, por delante del 20% de los
conservadores y el 18% de los socialistas, en el Gobierno), en Hungría (51,5% del ultraconservador
Orban, apoyado en la ultraderecha del Jobbik, el segundo partido, con el 14,6%
de votos) y en Dinamarca (victoria
del Partido Popular danés, con el 25% de los votos), mientras otros partidos
euroescépticos, populistas o de extrema derecha se convertían en el 2º partido más votado en Polonia
(31,8% para Ley y Justicia) y en el 3º
partido más votado en Alemania (7% Alternativa para Alemania), Austria (19,5%
FPÖ) y Finlandia (12,9% para los Verdaderos Finlandeses).
Pero los demócratas-cristianos
(217 escaños) y los socialdemócratas
(186 escaños), que gobiernan Europa en distintas coaliciones desde el inicio de
la UE (hace ya 62 años), "no tomaron nota" de este primer aviso de 2014
y continuaron con su política distante y su receta de austeridad, que ha
agravado la desigualdad en Europa tras la crisis. Y no adoptaron ninguna medida efectiva para frenar el “euroescepticismo”. El resultado
ha sido claro: los partidos euroescépticos,
populistas y de extrema derecha han seguido creciendo en toda Europa.
Y hoy están presentes ya en los Parlamentos de 24 de los 28 países europeos (en todos,
salvo Portugal, Irlanda, Luxemburgo y Malta), siendo en algunos países la
primera fuerza política (Hungría, Polonia o Italia), la 2ª (Francia o Austria),
la tercera (Suecia, Finlandia y Holanda) o la cuarta (Alemania, Dinamarca,
Noruega), con más del 10% de los votos en 12 paises (incluido España, con el 10,3% de Vox).
Y partidos euroescépticos están ahora en el Gobierno en 7 paises europeos: Polonia,
Hungría, Italia, Austria, Letonia, Eslovaquia y Bulgaria. Y dan apoyos
puntuales al Gobierno de Dinamarca.
Ahora, los políticos
europeos tradicionales, que desatendieron “el primer aviso” de 2014,
nos dan a todos “el 2º aviso”: ojo a los partidos euroescépticos, populistas y de extrema derecha, que pueden conseguir el 30% de los votos en
estas elecciones europeas y “vetar” los avances hacia una Europa más
unida. Las encuestas estiman que estos partidos podrían
conseguir 150 diputados en el futuro
Parlamento Europeo (705 escaños), donde perderían escaños los populares
europeos (de 217 a 181) y los socialdemócratas (pasarían de 186 a 135), con lo
que la coalición conservadora-socialdemócrata (316 escaños de 705) no podría
gobernar Europa como en las últimas décadas y necesitaría pactar con los
liberales (Macron y sus correligionarios podrían sacar 75 escaños) y con los
verdes (49 escaños).
Con todo, aunque los europeístas
acaben ganando y formando un Gobierno europeo, el problema es que será muy difícil avanzar si tienen un tercio del Parlamento europeo
boicoteando sus propuestas. La clave no sólo va a estar en cuántos diputados europeos consigan sino en el porcentaje de votos que consigan en algunos paises, porque si los
euroescépticos, populistas y la extrema derecha triunfan en Francia, Italia,
Polonia, Hungría y quizás en Reino Unido, Austria, Finlandia, Dinamarca y
Suecia, estas elecciones europeas van a desestabilizar los Gobiernos de muchos
de estos paises. Y, además, la estrategia de estos ultraderechistas es desestabilizar
a los conservadores europeos, presionar a una parte del PPE (181 posibles
diputados) para que se unan con ellos al votar algunas propuestas para frenar
el avance de Europa. Su primer objetivo es conseguir el apoyo de Víktor Orbán,
el ultraconservador primer ministro de Hungría, ahora en las filas del PPE (aunque amenazado
con sanciones por la Comisión Europea, debido a su política antieuropea). Y unir a
este bloque euroescéptico, encabezado por el ultraderechista italiano Salvini, a los polacos de Ley y Justicia, los franceses de Le
Pen, los holandeses de Geert Wilders, los alemanes de Alternativa para Alemania, los austríacos del FPÖ, los Verdaderos Finlandeses, el Partido del Pueblo Danés y otros grupos ultraderechistas
europeos (incluido Vox).
¿Qué defienden estos euroescépticos, populistas y ultraderechistas?
Básicamente, un ataque al federalismo
europeo (rechazan avanzar hacia los “Estados
Unidos de Europa”) y una defensa de
las políticas nacionales, para devolver competencias a los paises. Otro
elemento común es la política contra la
inmigración, una mayor dureza contra
el terrorismo y una cierta “islamofobia”, junto a su simpatía por Putin (salvo los polacos). Y en muchos casos, plantean
salir de la Unión Europea, como el
Reino Unido con el Brexit.
El avance de estos
grupos euroescépticos es peligroso para Europa no sólo por razones
ideológicas sino prácticas: la Unión Europea se encuentra en una
encrucijada y necesita avanzar para
sobrevivir a medio plazo. Primero, porque todavía no ha terminado la arquitectura económica e institucional que evite
otra grave crisis del euro cuando haya otra recesión (y la habrá, antes
o después). Y segundo, porque en un mundo cada vez más globalizado y
multilateral, con la amenaza de China e India junto a EEUU, Japón y Rusia, Europa es "un gigante comercial" pero “un enano empresarial”: entre las 40 mayores empresas del mundo,
sólo 5 son europeas (Shell, BP, Volkswagen, Daimler y Total).
Y entre las 10 mayores multinacionales, 7 son tecnológicas: 5 son de EEUU y 2 de China, ninguna de Europa. Aquí está el fondo del problema: Europa no puede
defender su futuro sin grandes empresas que puedan competir con las chinas y
norteamericanas (luego con las indias). Y para ello, hay que lanzar ya una estrategia para crear “campeones europeos”,
grandes empresas europeas fruto de la fusión de menores empresas alemanas,
francesas, británicas, italianas o españolas. Eso exige tiempo, ayudas y financiación, además de leyes, cuestiones
todavía pendientes y que figuran como un reto clave del futuro Gobierno europeo que salga del 28-M.
El primer reto
del futuro Gobierno europeo es avanzar en la arquitectura del euro para evitar otra grave crisis como la
sufrida en Europa entre 2010 y 2015. Hay que avanzar en la unión económica y financiera,
con medidas que aún no se han aprobado o son contestadas por Alemania y la
Europa del norte: un Fondo para bancos en apuros (el Fondo de rescate creado,
el MEDE, es insuficiente), un Fondo de garantía de depósitos, un Presupuesto europeo potente (hoy es el 1% del PIB UE, frente al 25% del
PIB del Presupuesto federal USA) que actúe ante futuras crisis, emitir de una
vez eurobonos o un seguro de paro
europeo. Y avanzar en una política
fiscal común, armonizando los tipos de sociedades e IVA (muy dispares) y
liquidando los paraísos fiscales dentro de Europa (como Luxemburgo, Holanda o Irlanda). Y conseguir
más recursos fiscales para afrontar dos grandes retos, el cambio climático y la competitividad, apoyando la reindustrialización, la tecnología
y la digitalización, para que existan grandes multinacionales europeas y un
empleo con futuro. Y avanzar unidos para afrontar temas tan cruciales como la inmigración (Europa va a perder 26 millones de habitantes para 2050 y unas entradas reguladas
de inmigrantes serán necesarias) y la
seguridad, con la necesaria creación de un ejército europeo a medio plazo que nos permita no depender siempre de
EEUU.
Y sobre todo, hay que avanzar en una Europa de los ciudadanos, para conseguir un crecimiento más inclusivo, que
reduzca las desigualdades. Porque la
crisis y la recuperación han agravado las diferencias entre el norte y el sur,
beneficiando a Alemania, Holanda o Austria, en perjuicio de Grecia, Italia, Portugal
o España, hoy más lejos de la renta media
europea que antes de la crisis. Así, Grecia tenía el 95% del PIB por
habitante que la UE-28 en 2008 y en 2017 tenía el 77%. Italia ha pasado del
108% al 96%, Portugal del 82 al 77% y España del 103% del PIB/habitante europeo
en 2008 al 92% en 2017. Y en paralelo, Alemania tenía el 119% del PIB/habitante
europeo en 2008 y ahora tiene el 123%, según Eurostat. Esto puede corregirse con una política fiscal europea y un
Gobierno que gaste e invierta más en la Europa pobre del sur para corregir las
desigualdades con la Europa rica del norte.
Para eso están estas elecciones europeas, para hacer frente a estos desafíos, que son europeos pero también españoles, porque de la política europea futura dependerá en
buena medida lo que pueda hacer Pedro Sánchez en España. Y por eso, es
importante que se recupere el voto socialdemócrata y conservador “civilizado”,
para que no volvamos más a sufrir políticas de austeridad, que hundieron la economía europea entre 2010 y 2015 y
que sufrimos especialmente en España. Ya hoy, muchos economistas reconocen que la política de recortes defendida por
Merkel, Juncker y Rajoy llevó a Europa a
una mayor recesión y a una recuperación más tardía y débil que la de EEUU, que optó por reanimar
la economía, no por la austeridad. Y por eso, el crecimiento USA desde 2008 ha
superado en un 10% al de Europa, según concluye el Instituto de Finanzas Internacionales (IFI).
Al final, la primera preocupación de los españoles, el empleo, tiene mucho que ver con lo que se decida en la Unión
Europea en los próximos 5 años, con que haya una política europea para reanimar la economía del continente (hoy estancada) y promover un crecimiento asentado en industrias más
competitivas y más tecnológicas, apoyadas con ayudas e inversiones europeas.
Una Europa más fuerte, que compita con China y EEUU, que ayude a la mejor formación de los jóvenes en
los empleos futuros y que consiga recursos públicos para asegurar un Estado del Bienestar europeo que es pionero en el mundo. Y una
Europa que sea líder en la lucha contra el
cambio climático, la seguridad, el trato a los inmigrantes y la defensa de las
libertades. Objetivos que están en peligro si los euroescépticos y la
extrema derecha ganan posiciones en el Europarlamento y en muchos paises. El
dilema es avanzar o retroceder en Europa. Por eso hay
que votar en estas elecciones europeas. Nos jugamos mucho.
Quedan diez días para las elecciones autonómicas y nadie habla de un problema grave que arrastramos desde hace décadas: las tremendas desigualdades entre regiones,
que configuran 2 Españas, o mejor 3
Españas: la rica (País
Vasco, Navarra, Madrid, Cataluña, Baleares, Asturias, la Rioja y Aragón), la pobre (Extremadura, Murcia, Canarias,
Castilla la Mancha, Andalucía, la Comunidad Valencia y Ceuta) y la intermedia (Galicia, Castilla y León,
Cantabria y Melilla). Y lo más preocupante es que son las mismas regiones que en el
año 2000 y casi idénticas a las
de 1977, con más desigualdad
incluso ahora que antes de la crisis. Y al ritmo actual, se tardarán 80 años en reducir a la mitad la brecha de riqueza entre regiones. Urge
aprovechar estas elecciones para empezar a corregir
las históricas desigualdades entre regiones, con empleo, formación, medidas
fiscales, inversiones públicas, reindustrialización, tecnología, infraestructuras y una financiación más justa y equitativa. No puede haber 3 clases de
españoles, según donde vivan. Es otra de las grandes asignaturas
pendientes de nuestra democracia. Piense en ello al votar el 28-M.
La región española que más produce es Cataluña (231.277 millones de euros en 2018, un 19,1%
del PIB español) y la que menos La Rioja
(8.391 millones, el 0,7% del PIB), junto a Ceuta
(1.700 millones) y Melilla
(1.564 millones), que aportan el 0,1% del PIB. Pero hay que tener en cuenta la población y lo importante es lo que se produce por habitante (PIB/habitante): quien más produce por persona es más rico. Y en España, la región
más eficiente, la que más produce por habitante es Madrid (34.916 euros en 2018,
un 135,1% de la media española) y la que menos Extremadura (18.134 euros por
habitante en 2018, un 70,3% de la media española: 25.854 euros/habitante), según los datos recién publicados por el INE. Y por eso, Madrid y Extremadura son la región más rica y más pobre de España.
Las 7 regiones más
productivas en 2018 (y por tanto, las más ricas), que superaron la
producción media española (25.854 euros PIB/por
habitante) fueron Madrid (34.916
euros, un 135,1% de la media), País Vasco (34.079 euros, el 131,8% de
la media), Navarra (31.809 euros, el
123%), Cataluña (30.769 euros, el
119%), Aragón (28.640 euros, el
110,8%), La Rioja (26.833 euros, el
103,8%) y Baleares (26.764 euros, el
103,5% de la media española), según la Contabilidad regional publicada por el INE a finales de abril. Lo llamativo es que estas 7 regiones más ricas son las mismas
que antes de la crisis, que en 2007 y en 2000, según las series del INE,
aunque el País Vasco ha subido del 4º al 2º lugar.
En el otro extremo, tenemos las 7 regiones menos productivas y por tanto las más pobres, que
están por debajo del PIB/por habitante medio español (esos 25.854 euros en
2018): Extremadura (18.134 euros, un 70,3% de la media española), Melilla (18.482 euros, el 71,5%), Andalucía (19.132 euros, el 74%), Ceuta (20.032 euros, el 77,5%), Castilla la Mancha (20.645 euros, el
79,9%), Canarias (21.031 euros, el
81,3%) y Murcia (21.134 euros, el
81,7% del PIB por habitante medio español), según la Contabilidad regional del INE. Y la mayoría son las mismas regiones que
eran pobres antes de la crisis, en 2007 y 2000, aunque han salido de este grupo de
menos productivas y más pobres Galicia y
Asturias (pobres en el año 2000), incorporándose Canarias, Ceuta y Melilla (intermedias en el 2000).
Y queda la 3ª España, la intermedia, que produce menos que la media pero algo más que
esas 7 regiones pobres. En 2018 formaban este grupo la Comunidad Valenciana (22.659 euros de PIB/habitante, el 87,6% de la media española), Asturias (23.087 euros, el 89,3%), Galicia (23.294 euros, el 90,1%), Cantabria (23.817 euros, el 92,1%) y Castilla y León (24.397 euros, el 94,4%
de la media española), según la Contabilidad Regional del INE. Un grupo muy similar a la España
intermedia de antes de la crisis, aunque en el año 2.000 estaban Canarias, Ceuta y Melilla, que han caído al pelotón de la España más pobre,
mientras han mejorado Galicia y Asturias,
que antes de la crisis eran pobres y ahora “intermedias”.
En este siglo, los grupos de regiones pobres, ricas e intermedias apenas han variado,
aunque hay regiones que han ganado peso (aportan
más a la producción total del país) y otras
lo han perdido, según los datos del INE. Hay 8 regiones
que han mejorado su posición económica,
que han mejorado su porcentaje sobre el PIB español:
Galicia (+12,5%: de producir el
77,6% del PIB en 2000 al 90,1% en 2018), País
Vasco (+9,2%), Extremadura
(+6,6%), Aragón (+6%), Asturias
(+5,3%), Castilla y León (+3,7%), Castilla la Mancha (+1,8%) y Madrid (+1,2%:
de producir el 133,9% del PIB español al 135,1% en 2018). Y otras 11 regiones empeoran su posición, aportan hoy menos al crecimiento español que en 2000: Baleares (-22,2%: producían el 125,7%
de la media y han bajado al 103,5%), Melilla
(-17,2%), Canarias (-16,4%), Ceuta
(-12,6%), La Rioja ( -8%), Comunidad Valenciana (-7,7%), Navarra (-4,3%),
Cataluña (-2,6%: producía el 121,6% del PIB/habitante español en 2000 y ahora
producen el 119%), Murcia (-1,9%), Cantabria (-1,3%) y Andalucía (-0,2%).
Un dato importante es que la brecha entre las regiones más productivas (más ricas) y las menos eficientes (más pobres) se mantiene, a pesar de que llevamos ya 5 años largos de recuperación
económica. Así, si en el año 2000, Madrid producía más del doble que
Extremadura por habitante (21.333
euros frente a 10.145, 2,10 veces más), en 2008 produjo 1,93 veces más (32.155 euros frente a 16.653), en 2013 (el peor año
de la crisis), la brecha subió a 1,97
veces (30.188 euros frente a 15.280) y en 2018, a pesar de la recuperación sólo bajo a 1,92 veces (34.916 euros frente a 18.174 euros). La brecha se mantiene.
Y, lo más llamativo: esta
brecha entre regiones más o menos productivas se arrastra desde hace siglo y medio, según el libro “La desigualdad regional en España 1860-2015”, escrito por tres catedráticos universitarios
(Díez-Minguela, Martínez-Galarraga y Tirado). La desigualdad regional aumentó entre 1860 y 1910, se redujo después entre 1910 y 1950,
volvió a bajar entre 1960 y 1985 y lleva
aumentado desde 1986, a raíz de la entrada de España en Europa, debido a
que una economía más abierta ha agravado las diferencias regionales, al
competir mejor unas autonomías que otras en estos 33 años siendo europeos. Y lo peor: al ritmo actual, se tardarán 80 años para reducir a la mitad la actual diferencia de riqueza entre las regiones españolas, según un documentado informe realizado por Fedea.
¿A qué se debe que unas regiones hayan ido mejor que otras? Básicamente, a
su estructura productiva y la mayor o menor creación de empleo, al peso de la
industria (más resistente a la crisis), al mayor o menor peso
del turismo y la
construcción (ayudan en la recuperación, pero caen más en la crisis), al
peso de las exportaciones, al aumento o caída de la
población (las regiones que más han crecido, como Madrid o País Vasco, han
ganado población, española e inmigrante),
al nivel educativo, a la tecnología, a la inversión pública y empresarial y, en los dos últimos
años, a las pensiones: hay provincias muy envejecidas (norte y centro), donde las
pensiones ha supuesto una inyección de ingresos que mejora el consumo y el
crecimiento, como ha pasado en Asturias,
Castilla y León, Galicia, País Vasco, Aragón Cantabria, la Rioja y
Extremadura (autonomías con más de un 20% de población que supera los 65 años),
frente a Murcia, Canarias o Baleares
(15,3% de mayores), que no han tenido
esta ayuda.
Un caso especial es Madrid,
la región española más productiva,
entre 2000 y 2018, y la que más creció en 2018 (+3,7% frente al 2,6% toda
España), mientras se espera que este año
2019 supere a Cataluña (en 2018, el PIB madrileño fue 230.018 millones frente
a 231.277 millones de Cataluña). El PP atribuye “el milagro de Madrid” a que gobiernan esta comunidad desde 1995,
pero la causa es otra: “el factor capitalidad”. Ser capital de un país aporta un crecimiento “extra”, porque las
instituciones públicas y la capitalidad atraen empresas, inversiones y talento.
Es lo que ha pasado en toda Europa, donde las regiones de la capital son
las más ricas en 25 de los 28 paises de la UE (todas las capitales, salvo
Dublín, Lisboa y Zagreb). Y han ganado peso más
que Madrid: una media del 3,5% en la UE-28 frente al 1,3% de Madrid, según
Eurostat. Y en paises muy centralizados, el factor capital ha ayudado aún
más: París ha crecido su enorme peso
en el PIB francés (30,8%) un 2,5% más que el resto de Francia y Londres (23,4% del PIB británico) un 3%
más, mientras Madrid (un 19% del PIB español) aumentaba su peso el 1,3% entre 2000 y 2018.
Hasta aquí, el análisis de la riqueza creada por cada región (PIB por habitante) y las grandes diferencias entre las 3 Españas. Pero,
al final, hay contrapesos,
factores que juegan para que los españoles de las distintas autonomías tengan más o menos renta: las transferencias
públicas (pensiones, desempleo, dependencia), las subvenciones y prestaciones
sociales, las inversiones públicas, los
impuestos y deducciones fiscales, que acaban determinando lo que cada español
recibe finalmente, la renta por
habitante. Esto es lo que determina el mapa de la riqueza o pobreza final.
Y aquí se repite, con pocos cambios, el mapa de las 3 Españas, según los
últimos datos publicados por el INE (de 2017).
Hay una España rica, con
una renta
por persona que supera los 12.000 euros anuales en 8 autonomías: País
Vasco (14.397 euros), Navarra (13.583), Madrid
(13.099), Cataluña (12.712), Baleares (12.665), Asturias
(12.244), La Rioja (12.131) y Aragón (12.110 euros). En total, ahí
viven 20.806.290 españoles, el 44,5% de la población total. Curiosamente,
estas 8 autonomías son las mismas
que tenían más renta en el año 2.000
y en 2014, tras lo peor de la crisis. Pero lo más llamativo es que son casi las mismas autonomías que eran las más ricas en 1977, al
inicio de la democracia, aunque entonces cambiaba el orden: Baleares, Madrid,
Cataluña, La Rioja, País Vasco y Navarra, según puede comprobarse en las estadísticas históricas 1850-2000 que recopiló en su día el Banco de Bilbao (una joya). A comienzos de siglo se incorporó al grupo Aragón y en 2008, tras la Ley del
Cupo (2002), el País Vasco y Navarra encabezan el grupo de las más ricas.
La España pobre
son 6 autonomías más Ceuta, que tienen
una renta por habitante inferior a los
10.000 euros, según las últimas estadísticas del INE (referidas a 2017): Extremadura (8.250 euros), Murcia
(8.702), Canarias (8.863), Castilla la Mancha (9.045), Andalucía (9.116), Ceuta (9.676) y la Comunidad
Valenciana (9.801 euros). En total, ahí viven 20.144.190 españoles, el 43,1% de la población. Son las
mismas autonomías pobres que en el año 2000, 2008 y 2014, salvo Galicia, que ha salido
de este grupo y la Comunidad Valenciana, que no estaba al inicio del siglo y ha
entrado entre las pobres. Pero, otra vez, lo preocupante es que estas autonomías pobres son casi las mismas
que en 1977, al inicio de la democracia: entonces eran las más pobres
Extremadura, Andalucía, Castilla la Mancha, Murcia, Galicia y Canarias, por
este orden, según las series históricas del BB.
En medio quedan las 3
autonomías y Melilla que conforman “la España intermedia”, que rondan la
renta media española (11.074 euros
en 2016), según los últimos datos del INE: Cantabria (11.293
euros), Castilla y León (11.239), Galicia (10.753 euros) y Melilla (10.161 euros). En conjunto,
5.772.500 habitantes, el 12,4% de la población
española. Un grupo intermedio que ha cambiado algo más en los últimos 40 años,
ya que antes incluía a Galicia, Asturias y Aragón, que han mejorado su estatus,
y a la Comunidad Valenciana, que lo ha empeorado y pasa al grupo de las
“pobres”.
Y lo peor no es sólo que siga habiendo 3 Españas, sino que han aumentado las diferencias de renta.
Si en 1977, un balear tenía 1,81 veces la renta de un extremeño,
mejoró algo en el año 2000, cuando un aragonés ingresaba 1,53 veces lo que un andaluz, pero ha empeorado después: si un
vasco tenía una renta en 2008 que era 1,65 veces la de un extremeño, en 2017 es ya 1,74
veces mayor que antes de la crisis. Se agrava la desigualdad.
Un fracaso de España y los distintos gobiernos democráticos. Y
más cuando, tras 33 años en Europa, 6 regiones españolas siguen todavía con una renta por debajo del 75% de la renta
media europea: Extremadura (63% renta media UE-28), Melilla (67%), Andalucía
(68%), Castilla la Mancha (72), Ceuta (73%) y Canarias (75%), según los últimos datos de Eurostat (para 2016). Y sólo 4 regiones españolas superan la renta media europea: Madrid (125%
de la renta media UE-28), País Vasco (121%), Navarra (114%) y Cataluña (110%).
¿Qué se puede hacer?
Lo primero, abrir el debate sobre la
desigualdad interregional, sobre estas graves
diferencias entre españoles según
donde vivan, no sólo en renta, paro, sueldos sino en servicios públicos,
desde sanidad a educación, dependencia o ayudas a la pobreza, la familia o la
vivienda. No podemos dejar que la extrema derecha encabece este debate sobre la España de las autonomías. Denunciar las desigualdades no
es poner en cuestión el modelo autonómico sino afrontar una grave situación,
reforzada por cientos de datos. Y una
desigualdad que se puede mejorar, en unas décadas, si se toman medidas.
La primera y fundamental es reforzar el papel reequilibrador del Estado, a través de múltiples instrumentos que deben
ir a corregir las desigualdades entre regiones: políticas económicas, Planes de
empleo, inversiones públicas, planes de reindustrialización, infraestructuras,
ayudas públicas e impuestos. Porque los Gobiernos gastan mucho dinero en
inversiones y ayudas públicas, pero gastan mal, no ayudan a reducir las
desigualdades, según le acaba de decir a España un informe de la OCDE. Es clave reformar la política fiscal y que los
impuestos ayuden al reequilibrio territorial.
Otro objetivo clave del Gobierno central debería ser asegurar la homogeneidad de los servicios públicos,
porque no es de recibo que la atención sanitaria, la educación, la dependencia,
las ayudas al desempleo o a la pobreza sean distintas según donde uno viva, porque hay autonomías que gastan
más y otras menos, además de gestionar mejor o peor. Así, por ejemplo, si
uno enferma, no es lo mismo hacerlo en el País Vasco (cuya sanidad
recibe 90 puntos sobre 114 de la Fundación en Defensa de la Sanidad Pública), Navarra (90 puntos) o Aragón
(82 puntos) que en Canarias (49 puntos), Comunidad Valenciana (59), Cataluña o
Andalucía (59 puntos). Y lo mismo si uno es un anciano dependiente, parado o pobre. Urge garantizar unos servicios
mínimos iguales y crear un Fondo de compensación para mejorar el Estado
del Bienestar en las autonomías pobres.
Otra medida urgente es reformar el sistema de financiación autonómica, que se debería haber modificado en 2014. Hay que reequilibrar
ingresos y aportaciones, para que no haya autonomías ganadoras
(País Vasco, Navarra, Cantabria, la Rioja, Extremadura, Castilla y León,
Galicia, Aragón, Asturias y Canarias) y perdedoras (Comunidad Valenciana,
Murcia, Andalucía, Cataluña, Baleares y Castilla la Mancha). Y reforzar el Fondo de Compensación interterritorial,
dando más peso a criterios como paro, renta, envejecimiento y dispersión de la
población. Y además, hay que asegurar más recursos públicos a las autonomías,
porque tienen muchas competencias y les
faltan ingresos. Y hay que hacerlo a costa de reducir la parte del Estado,
ya que es un país muy descentralizado: si hoy gasta el 50% de los ingresos
totales (y el 35% las autonomías y 15% los Ayuntamientos), habría que pasar a un reparto 40/40/20
al menos. Esa debería ser la base fiscal
del Estado federal que se defiende.
Estas elecciones
autonómicas deberían ser una oportunidad para afrontar el grave problema de las 3 Españas,
que arrastramos desde hace siglo y medio. Una desigualdad regional que no sólo es injusta para media
España sino que torpedea la recuperación del conjunto del país, como advirtió en febrero la Comisión Europea, al no potenciar el crecimiento de la España
más atrasada. Urge plantear el problema, sin demagogia ni partidismo, y
promover un gran Pacto autonómico para conseguir una España más
vertebrada. Es una de las asignaturas pendientes de nuestra democracia. Piense en ello al votar el
28-M.
En abril, los particulares compraron menos coches, por 8º mes consecutivo de caída de ventas,
que ha provocado ya la pérdida de 17.000 empleos en España
y EREs en varias fábricas españolas y europeas, estancando la economía
alemana. Se han desplomado sobre
todo las ventas de coches diesel, lo que agrava
el Cambio Climático, porque emiten menos CO2 que los de gasolina. España, el 2º fabricante europeo de
coches, está a la espera de lo que
decidan las 7 multinacionales aquí instaladas, obligadas a fuertes
inversiones, fusiones y alianzas para enfrentarse a la reconversión drástica de
esta industria y a China, que
apuesta por el coche eléctrico. El Gobierno, las empresas y los sindicatos han
creado una Mesa de trabajo y hay un Plan
estratégico para salvar la 3ª industria española, de la que viven 2 millones de personas.
Eso pasa por medidas fiscales,
fuertes inversiones, más tecnología y un mayor apoyo al coche eléctrico. No es
fácil, pero urge afrontar esta “revolución” del automóvil.
Las ventas de coches
“pincharon”
en septiembre de 2018, tras 5 años consecutivos de recuperación, entre 2014
(855.308 coches matriculados) y el récord de 2018 (1.321.438 matriculaciones). Y a partir de ahí, van 7 meses seguidos de caída de ventas
(septiembre 2018-marzo 2019) y 8 meses
de caída en las ventas a particulares, que también bajaron en abril (aunque subieron en total,
por el aumento de ventas a empresas de alquiler de coches, cara a la Semana
Santa). Y con ello, las ventas de coches bajan
este año (enero-abril) un -4,5%
(436.328 matriculaciones), según Faconauto, tras subir un +7% en 2018.
El primer detonante de esta caída de
ventas fue la entrada en vigor, el 1 de septiembre de 2018, de la nueva normativa europea de emisiones (WLTP), más rigurosa, que obligaba a
una parte de los coches diesel a pagar más impuesto de matriculación (entre un
+10% y un +20%), lo que disparó las ventas previas (julio y agosto) y desplomó
las de septiembre (-17%) y después. Otra causa anterior es el escándalo “Dieselgate” (septiembre 2015), la manipulación por
Volkswagen del software de 11
millones de coches (vendidos entre 2009 y 2011) para esconder las emisiones
reales de NOx (unos gases muy nocivos para la salud). Y también han influido
mucho las decisiones de grandes ciudades (como Madrid) de restringir el tráfico a los coches más contaminantes, el anuncio de
una subida de impuestos al diesel (no aprobada) y la amenaza de España y varios paises europeos de prohibir
los coches diesel y gasolina a partir de 2040. “El diesel tiene los días contados”, dijo el 11 de julio la ministra de
Transición Energética. Fue la puntilla
a las ventas.
Ante este panorama, los españoles (y el resto de europeos) “se lo piensan dos veces” antes de
cambiar de coche. Y se frenan las
ventas, sobre todo, de coches diesel.
En 2019 (enero-abril), sólo el 27,3% de los coches vendidos han sido diesel,
frente a un 63,1% de coches de gasolina y un 10,1% de coches “alternativos”
(eléctricos, híbridos, gas, GLP e hidrógeno), cuando el año pasado eran el 31,3%, más de la mitad en 2016 (56,8%), dos tercios en 2014 (el 66,1%
eran diesel, el 32,3% gasolina y el 1,6% el resto) y casi las tres cuartas partes de las ventas en 2007 (71% coches vendidos eran diesel).
La primera
consecuencia de este desplome del diesel, en 2019 y
también en 2018 y 2017, ha sido el aumento
de las emisiones de CO2, porque un coche
diesel nuevo (con su tecnología de catalizadores y filtros) emite entre un 15 y un 20% menos CO2
que uno de gasolina, aunque a cambio emite algo más de NOx (óxidos nitrosos): 80 mgr/km frente a 60 mgr/km los de
gasolina, con una emisión de partículas similar en ambos carburantes. El
resultado de la menor venta de diesel y la mayor venta de coches de gasolina es
que los coches contaminan más ahora:
las emisiones medias por vehículo, que llevaban cayendo desde 2007 (158 grs/km)
hasta 2016 (115 grs/km), aumentaron en
2017 (a 116 grs/km) y de nuevo en 2018
(a 117 grs/km), según Faconauto. Y no sólo porque haya más
coches de gasolina, sino también porque se venden coches más grandes (y más caros), sobre todo “todoterrenos” de gasoil,
los populares SUV o “crossover”, que
consumen y contaminan más. De hecho, estos SUV
son los únicos coches que han aumentado sus ventas en 2019.
Esta caída de ventas
de coches diesel favorece el Cambio
Climático y va en contra del objetivo español, acordado con Europa, de reducir las emisiones de CO2 un 38% en 2030 (sobre las de 2005). Pero los culpables de las emisiones de CO2 no son los coches nuevos sino el parque de vehículos viejos, en su
mayoría de gasoil: un diesel con más de 15 años emite un 25% más de CO2 que un diesel
nuevo, un 84% más de NOx y un 90%
más de partículas nocivas, según los expertos. Y esto es más preocupante en España, porque tenemos uno de los parques de vehículos más viejos de Europa: la edad media
son 12,3 años y casi un tercio (31,7%) de
los vehículos tienen más de 15 años. De los 24 millones de turismos que
circulan en España, según la DGT, sólo 2,3 millones (el 9,6%)
cumplen la última normativa europea de emisiones (Euro 6). Y más de la mitad, 13,5 millones, son coches diesel, la mayoría con más de 10 años de vida. Y no
olvidemos los 4,4 millones de camiones
y los 60.000 autobuses, también
diesel, que emiten CO2 al por mayor…
Así que la primera
consecuencia del desplome de ventas de los coches diesel es
que empeora la contaminación y el
medio ambiente. Una segunda consecuencia,
ya visible, es la pérdida de empleo en
el sector: entre septiembre de 2018 y marzo de 2019 se han perdido 17.000 empleos en la fabricación de vehículos
de motor, según la última EPA, con 231.100 ocupados en marzo de 2019. Y a eso habría que
sumar los empleos perdidos en la industria
de componentes (225.000 empleos directos y 100.000 indirectos) y en
los concesionarios (162.500 empleos más), según este informe de CCOO. En total, unos 2
millones de españoles viven directa o indirectamente del automóvil y muchos
temen ahora por su futuro.
De hecho, las grandes
multinacionales europeas, norteamericanas y asiáticas ya han anunciado que estudian recortes de plantillas en las 700
fábricas de coches que hay por el mundo. En Europa, la patronal del automóvil (ACEA) lleva años presionando
a la Comisión Europea y a los Gobiernos para que retrasen la normativa de
menores emisiones, amenazando con que están
en juego los 13 millones de empleos europeos que dependen del automóvil
(3,4 millones son empleos directos en las fábricas). Y ya han anunciado 20.000 despidos en
las últimas semanas. En España,
los fabricantes dicen que se podrían
perder 40.000 empleos en los próximos 5 años y de momento ya hay amenazas de EREs: Nissan ha presentado un recorte de 600
empleos en Barcelona y PSA otros 800
en Vigo, mientras la planta de Almusafes teme ser parte de los despidos
anunciados por Ford en Europa.
España es hoy el 8º productor mundial de automóviles (con 2.819.565 vehículos fabricados
en 2018), tras China (29 millones), EEUU (11 millones), Japón (9,6 millones),
Alemania (5,6), India, Corea del sur y México. Pero las 17 fábricas dependen de
7 multinacionales, con lo que el futuro de esta industria (la tercera mayor de España, tras el turismo y
la alimentación) y de sus trabajadores se juega fuera de España, en Wolfsburgo
(sede del grupo Volkswagen, en Alemania), París (sede del grupo PSA), Tokio,
Seúl o Dearborn (sede de Ford , en EEUU). Y todavía no sabemos el papel que van a
dejar a España en el futuro, aunque jugamos con 2 desventajas. Una, el gran peso del coche diesel en las fábricas españolas: producen 1,4
millones de vehículos diesel y un millón de motores, que dan trabajo a 40.000
españoles. Y la otra, que España fabrica pocos coches eléctricos, que es donde está el futuro: sólo se
fabrican 4 modelos de furgonetas
eléctricas en Vigo (Citroën Berlingo y Peugeot Partner), Vitoria (Mercedes
Vito) y Barcelona (Nissan e-NV200) y un
mini vehículo en Valladolid (el Renault Wizy), además de un híbrido en Valencia (el Ford Mondeo
Hybrid).
Ahora, estas grandes
multinacionales del automóvil están replanteándose su estrategia de
futuro, tras una década en la que han
intentado “resistirse” a los cambios, incluso con fraude. Así, la Comisión Europea lleva año y medio investigando a las tres grandes
multinacionales europeas (Volkswagen,
Daimler-Mercedes y BMW) por haber hecho un pacto, entre 2006 y
2014, para “frenar el desarrollo de los coches menos contaminantes”,
lo que les puede costar importantes multas de la Comisaría de la Competencia. Ahora,
una vez que la Comisión y el Parlamento Europeo, han aprobado los recortes de
emisiones para el futuro, saben que no hay vuelta atrás y que tienen que
reconvertirse, máxime cuando China y toda Asia están a la cabeza del coche eléctrico. Así que las multinacionales
europeas están aprobado importantes planes
de inversión (30.000 millones de euros sólo Volkswagen) en nuevos coches,
nuevas plataformas de producción, un diseño más flexible de los ensamblajes y múltiples alianzas entre ellos para hacer frente a los nuevos competidores
(Tesla, Google, Microsoft) y al futuro de
la movilidad, con los coches autónomos y compartidos.
El gran reto es
cambiar la producción de coches de combustión (gasoil y gasolina) a coches eléctricos y de energías
alternativas, lo que exige una revolución interna en las fábricas y un tremendo
ajuste laboral, porque un coche eléctrico tiene sólo 200 piezas
frente a 1.400 de uno de combustión, lo que exige un 30% menos de mano de
obra, según los sindicatos. Y la cuestión es que se ha perdido mucho tiempo y los coches eléctricos sólo representan el 1,4%
de los vendidos en Europa, el 1,2% en EEUU y el 2,7% en China, que se ha
lanzado a un Plan ambicioso para alcanzar el 30% de coches eléctricos en 2030. Hoy día, la mayoría de los coches
eléctricos que se venden en el mundo vienen de Asia, la región donde se han
instalado las únicas fábricas de
baterías del mundo, inexistentes en Europa, donde la Comisión Europea ha
aprobado ayudas para instalar alguna fábrica europea.
España está por detrás de la mayoría de paises en coches
eléctricos, con sólo 3.797 coches eléctricos vendidos este año (enero-abril), un 0,87% del total, a los que se podrían
añadir otros 2.531 híbridos enchufables (0,58%
del total), más otros 37.851 “coches alternativos”, entre híbridos no
enchufables, de hidrógeno, gas, o GLP, hasta sumar un 10,1% de coches vendidos este año que no van con diesel o gasolina (eran el 5,4% en 2018 y
sólo el 1,6% en 2014). Lo importante es que, ante las restricciones al tráfico
en grandes ciudades y el temor a las prohibiciones futuras, el coche eléctrico empieza a ser contemplado
por los españoles al cambiar de coche. Sobre todo en Madrid, donde las ventas de
coches eléctricos, híbridos y a gas se han disparado, del 8% en 2018 al 32% de todas las ventas en el primer
trimestre de 2019. Y se han vendido más
híbridos que coches diesel.
Ahora, estas ventas
de coches no contaminantes se pueden reanimar, una vez que las autonomías han abierto este mes de mayo
las ayudas del Plan MOVES para comprar coches
eléctricos, híbridos enchufables y de hidrógeno (no se incluyen los
híbridos puros, de gas natural y GLP) : se
subvencionan entre 1.300 y 5.500
euros por coche, más otros 1.000 euros que pone el fabricante, para coches
de menos de 40.000 euros y siempre que el comprador dé a cambio un coche con
más de 10 años (y que haya tenido al menos un año). El problema es que el Plan
MOVES sólo cuenta con 45 millones de presupuesto y sólo una parte (entre el 20 y el
50%) es para cambiar de coche, porque el resto va a financiar instalaciones de
recarga, préstamo de bicis eléctricas y planes de transporte en empresas. Así
que pasará como con Planes anteriores: las ayudas se agotarán en unas
semanas.
Ahora, los fabricantes de coches esperan que las ventas sigan cayendo o se estanquen, para
caer un -5% este año (tras aumentar un 7% en 2018), lo que restará empleo y crecimiento a toda la economía. Para intentar
paliarlo, el Gobierno Sánchez, las empresas y los sindicatos constituyeron en marzo una Mesa de trabajo, donde van a hacer un seguimiento y
proponer medidas para frenar la crisis del automóvil, sobre la base de un Plan estratégico 2019-2025 de apoyo integral al sector, aprobado por el
Gobierno el 4 de marzo. Un Plan que tiene 5
ejes: creación de una mesa por la movilidad sostenible, revisión de la
fiscalidad del automóvil y los carburantes, impulso de las inversiones
tecnológicas en vehículos sostenibles, ayudas a la compra de vehículos de bajas
emisiones y refuerzo de la formación de los jóvenes (FP y Universidad) para
afrontar los retos futuros del automóvil. En paralelo, la patronal ANFAC ha
propuesto un Plan con 50 medidas, entre las que destaca destinar 600 millones en
tres años a ayudas para incentivar la
compra de coches nuevos.
El Gobierno, la industria y los sindicatos deberían avanzar en un Plan a 20 años para el
automóvil que sea compatible con el medio ambiente, el empleo y los usuarios.
Para ello, lo primero es una estrategia
de renovación del parque de vehículos, con
ayudas directas e incentivos fiscales
a los particulares, autónomos (repartidores
y taxis), empresas e instituciones
públicas (transporte público), para
que sustituyan los vehículos antiguos (de más de 10 años) por coches nuevos no
contaminantes. Hay que contar con diez
veces más recursos que el Plan MOVES y los anteriores y perseverar, porque en unos años se puede
avanzar mucho. Ahí está Noruega, que
lleva años apostando por el coche eléctrico y en marzo pasado ya se vendieron allí más coches eléctricos
(58,4%) que de combustión. Y por
supuesto, hay que apoyarlo con postes de
recarga, hoy casi inexistentes.
La otra clave para
reconvertir el parque de automóviles es la fiscalidad. Por un lado, hay que reformar el impuesto de matriculación,
que hoy sólo pagan el 25% de los coches nuevos (la mayoría emite poco y no
paga). La industria pide suprimir este impuesto (que no
existe en la mayoría de Europa) y dejar
sólo el impuesto de circulación, pero cambiándolo:
en lugar de pagarlo según la potencia del coche (los “caballos”), pagarlo según
las emisiones y la antigüedad del vehículo, para que paguen más los más contaminantes (y penalizar a los SUV, que gastan y contaminan más y suponen un tercio de las
ventas).
Por otro lado, hay que abordar la fiscalidad de los carburantes, para equipararnos con Europa y no destinar recursos públicos a subvencionar
(con menos impuestos) al gasoil y la gasolina. El gasoil en España paga 59,73 céntimos por litro, 14,34
céntimos menos de impuestos que
la media europea (74,07 céntimos por litro), 8 céntimos menos que en
Alemania (67,76), 25,80 céntimos menos que en Francia (85,54 céntimos/litro),
29,39 céntimos menos que en Italia (89,23 céntimos/litro) o 34,47 céntimos
menos que en Reino Unido (94,20), según el último Boletín petrolero europeo. Y la
gasolina súper, que paga 70.84 céntimos/litro de impuestos (11,11 céntimos más que el gasóleo),
también tiene menos impuestos que en la mayoría de Europa: 17,10 céntimos menos que en la UE-28 (87,94 céntimos/litro), 18,69
céntimos menos que Alemania (89,54 céntimos/litro), 21,81 céntimos menos que
Reino Unido (92,64 céntimos/litro), 24,93 céntimos menos que en Francia o 31,34
céntimos menos que en Italia (1,02 euros/litro de impuestos). Aquí hay
un gran colchón para subir impuestos, como lleva años pidiendo a España la Comisión Europea, y utilizar estos fondos
para financiar parte de la reconversión del automóvil.
Además de estos tres frentes de actuación, los Ayuntamientos
y las instituciones públicas han de favorecer
el transporte público (con aparcamientos disuasorios y un mejor servicio a
bajos precios) y el coche compartido, como opciones alternativas a la compra de coches (aunque
no contaminen), para reducir la imparable congestión
de las grandes ciudades.
En definitiva, se trata de afrontar una segunda revolución del automóvil
cuanto antes, sin demagogia pero sin
parches, con más recursos y un gran acuerdo económico y social que tenga en cuenta el medio ambiente,
el empleo y las necesidades de los ciudadanos. Diseñar cuanto antes la
movilidad de los próximos 20 años.
En marcha.
