Hablar de inversión
suena a “rollo”, incita a no seguir
leyendo. Pero es uno de los tres
factores claves, junto a la formación de los trabajadores y la tecnología,
que hacen que un país avance y cree
riqueza y empleo. A más inversión,
más desarrollo y más nivel de vida. El problema es que España, un país que atraía inversiones propias y extranjeras al
ladrillo, ha visto caer la inversión con
la crisis y no recuperarse: ahora
es un 25% menor que en 2007. Y la mayor caída se ha dado en la
inversión
pública (por los recortes), que está a niveles de hace 50 años. Urge reanimar la inversión pública en infraestructuras y servicios, para
que “tire” de la inversión privada. Y asegurar financiación a las empresas, sobre todo a las pymes, para que inviertan y se modernicen. Porque sólo
invirtiendo más, en equipos, tecnología y digitalización, España será un país más productivo. Y creará más empleo y riqueza. Como ven, nos
jugamos mucho con la inversión. Lean.
España ha sido “un paraíso” para la inversión
nacional y extranjera, sobre todo en el
ladrillo y las infraestructuras. El despegue se inició a partir de 1986, con la entrada de España en
Europa, y se aceleró a principios de este siglo, con el “boom” inmobiliario: la
inversión se duplicó entre 2000
(172.590 millones) y 2007 (327.418 millones, el máximo histórico), según el INE. Pero con la crisis, la inversión se
desplomó, sobre todo porque la mayoría se financiaba con créditos y los
bancos “cortaron el grifo”: año a año
se invirtió menos hasta el mínimo en 2013,
el peor año de la crisis, con 175.660 millones de inversión. Después, con la
recuperación, la inversión ha mejorado, pero sigue por debajo que antes de la crisis:
2018 cerró con 244.949 millones, un 25,18% menos que en 2007.
Y además, la
inversión ha perdido peso como motor del crecimiento español: si
en 2007 aportaba el 30,44% del PIB, en 2013 cayó su peso al 17,21% y en 2018 sólo aporta el 20,37% del PIB (el resto es el consumo, que aporta el 76,91% del
PIB, y el sector exterior, que resta
un 7,35% al crecimiento porque importamos más que exportamos), según los datos de Estadística (INE). Así que la inversión nos ayuda ahora un
10% menos a crecer.
La caída de la
inversión en España ha sido mayor que en Europa, según los datos de Eurostat: si en España el
peso de la inversión (aportación al PIB) ha caído un -10,07% entre 2007 y 2018, en Europa cayó entre un -3,3%
(UE-28) y un 2,8% (zona euro), mientras apenas caía en Alemania (-0,1% sobre el
PIB), Francia (-1,1%) y Reino Unido (-1,4%), aunque cayó más en Italia (-4,1%).
A pesar de esta mayor bajada con la crisis, el peso de la inversión en España ronda el que tiene en Europa (20,6% en la UE-28 y
20,8% en la zona euro) y Alemania (20%), aunque está lejos de los paises ricos
del norte, que tienen mucha más inversión (comparativamente al PIB) que España:
31,8% Irlanda, 24,9% Suecia, 22,2% Finlandia, 23,4% Bélgica, 23,1% Austria y
22% Francia. Y a la cola de la inversión, claro, los paises más pobres, Grecia
(11,7% de inversión sobre el PIB) y Portugal (16,2%).
La inversión ha caído
más en España por dos razones. Una, el excesivo endeudamiento de las empresas
(y del sector público), que les obligaba en 2007 a destinar un
72,2% de sus beneficios a pagar la deuda, dificultándoles invertir (hoy lo tienen más fácil, porque, tras
devolver muchos préstamos, sólo destinan a pagar deudas el 33,2% de sus
beneficios),según un estudio de la Fundación BBVA e Ivie. Y la otra, por la mayor caída del crédito en España a
partir de 2007, tras una mayor crisis bancaria: en 2011, un 25% de las empresas
españolas tenían problemas para financiarse e invertir. De hecho, la caída de
la inversión ha sido mucho mayor entre
las empresas españolas con restricciones de crédito, según ese estudio.
Con todo, la mayor caída de la inversión en España se ha
dado en la inversión pública, que se ha desplomado a partir de
2009, por los recortes: si en 2009
(con el tirón inversor del Plan E de Zapatero, inútil para frenar la crisis),
la inversión pública supuso un 5,1% del PIB (55.100 millones
invertidos), cayó al 3,7% en 2011 (25.900 millones) y siguió bajando hasta otro
mínimo del 1,9% del PIB en 2016 (23.000 millones de inversión pública), el
mismo 1,9% que supondrá la inversión pública este año 2019 (26.300
millones). Eso significa que el
Estado invierte hoy 30.000 millones menos al año que en 2009 y que el peso de la inversión pública en la economía (1,9% del PIB) ha caído
a niveles
de hace 50 años, según el Banco de España. Y otra vez más, la inversión pública tiene en España menos
peso que en Europa, donde representa
el 3% del PIB (un tercio más) y en paises como Suecia el 4,6%, según Eurostat.
Esto es el resultado de
los recortes hechos por ZP y sobre todo por Rajoy para bajar el déficit
público. De hecho, la inversión pública
ha sido “la gran sacrificada con el ajuste”: si la inversión supone el 10% del gasto público, los recortes
que ha sufrido suponen el 60% de todos
los recortes hechos, según estima el Banco de España. Así que el
ajuste se ha traducido en menores
inversiones en investigación, en obras públicas, en carreteras y autovías, en
infraestructuras hidráulicas (sequías e inundaciones) y de transporte (corredor ferroviario del Mediterráneo o trenes a Extremadura), en tecnología
sanitaria y nuevos hospitales, en colegios e institutos (barracones),
en viviendas públicas… Recortes que han reducido drásticamente la
inversión pública y la privada, de las empresas que dependen de ella.
Al final, tenemos menos inversión que antes de la crisis y
menos que Europa, sobre todo por el desplome de la inversión pública. Lo
positivo es que, tras la crisis,
la inversión es ahora “más sana”, más “productiva”, porque se
dirige más a la compra de tecnología, maquinaria y transporte que al ladrillo,
según un reciente estudio de la Fundación BBVA e Ivie. Antes, a principios del siglo, dos
tercios de la inversión se dirigía a la construcción y al sector inmobiliario
(más especulativos y menos “productivos”) y ahora, en 2018, sólo suponen el 50%
de toda la inversión, mientras ha subido hasta el otro 50% la inversión en maquinaria, bienes de equipo, transporte,
tecnologías de la información (TIC) y “activos inmateriales” (software y
tecnología). Con todo, todavía necesitamos
invertir más en estos “activos inmateriales”, que sólo suponen el 15% de la
inversión total, muy lejos de los paises competitivos.
El problema ahora es que la inversión española se dirige a
sectores más productivos pero donde la
inversión es “menos duradera” que
en el ladrillo. Son activos que se
deterioran antes, que hay que reponer antes por exigencias de la
competitividad. Y como consecuencia de este cambio, la inversión acumulada (el “stock”
de capital) está más envejecido que antes. Y eso obliga a invertir más, para renovar
equipos y maquinaria. Y si no se hace, “se frena el progreso técnico, al no
incorporar equipos más innovadores”, lo que reduce la productividad, según
refleja el estudio de la Fundación BBVA e Ivie.
Al final, el mayor problema de España no es tanto que nos
falte capital (aunque se invierta menos ahora) como que nos falta conseguir
una mayor productividad de ese capital. Porque aunque se ha mejorado,
al invertir ahora más en máquinas que en inmuebles, todavía tenemos inversiones con baja productividad, menor que las de los paises punteros
de Europa. Además, con grandes
diferencias regionales: el capital privado se ha invertido con más
rentabilidad en el País Vasco, Madrid, Cataluña y Navarra (por eso son los
territorios más ricos) y con menos eficacia en Castilla y León y Castilla la
Mancha, según el estudio de BBVA e Ivie. Por eso, el reto no es sólo invertir más, sino invertir en activos (maquinaria,
equipos de transporte, tecnología, software) que sean más productivos. Se habla mucho de mejorar la productividad del trabajo, pero muy
poco de mejorar la productividad del capital.
Y además, resulta clave para consolidar el crecimiento invertir más en toda España, no sólo “donde
siempre”, porque la inversión está muy concentrada: el
60% de la inversión total se concentra en 4 autonomías (Cataluña, Madrid,
Andalucía y Comunidad Valenciana), ahora igual que antes de la crisis, lo que
ha mantenido “las 2 Españas”, según el informe de la Fundación BBVA e Ivie. Sólo destacan pequeños cambios, como
que Madrid ha ganado peso como destino de la inversión (el 17% del total) y lo
ha perdido Cataluña y el País Vasco, mientras atraen ahora más inversiones
Castilla la Mancha, Murcia y Baleares
y menos Castilla y León, Asturias, Extremadura y la Comunidad Valenciana.
Ahora, uno de los grandes retos de España es aumentar la inversión y su eficacia, su
“productividad”, claves para competir mejor, crecer más y crear más
empleo. Para ello, sería clave un
Pacto de Estado en materia de infraestructuras, para recuperar la inversión
pública, como ha pedido la patronal de infraestructuras Seopan. Y eso, porque si el Estado invierte “tira” de la inversión de las empresas que hacen las obras,
tiene un efecto multiplicador sobre la
inversión privada. La propuesta de Seopan es que España invierta 100.000
millones en la próxima década (10.000 al año, con inversión mixta, pública y privada) en 814 proyectos de infraestructuras prioritarios, relacionados con el
transporte, las obras hidráulicas, el medio ambiente, el agua, los residuos, la
logística, el acceso a las ciudades y la movilidad. Además, urgen inversiones
públicas en centros de salud y tecnología sanitaria, colegios e institutos y vivienda pública para alquiler y venta (se hicieron 5.191 VPO en 2018, frente a más
de 100.000 anuales entre 1957 y 1989). Y por supuesto, más inversiones públicas
en tecnología, innovación y digitalización
de la economía.
En paralelo, hay que fomentar
la inversión privada productiva, facilitando el acceso de las empresas a la
financiación (privada y pública, a través del ICO). Muchas empresas, sobre todo
las grandes, no invierten suficiente porque destinan una parte creciente de
beneficios a dividendos,
“recompra” de acciones propias y compras de empresas, pero otras, las pequeñas
y medianas, necesitan disponer de crédito barato para invertir más. Y el
problema es que el 74,9% de las empresas
que tienen “inversión negativa” (la inversión no cubre ni las
amortizaciones necesarias) tienen problemas para financiarse,
según otro estudio de la Fundación BBVA e Ivie. Y esa dificultad para financiarse (y
para invertir) es mayor en las “microempresas” (menos de 9
trabajadores): la mitad tienen problemas para financiarse, un 17,9% tienen el
grifo cerrado y otro 31,9% tienen restricciones, según el estudio.
Así que el futuro
Gobierno debería conseguir que fluya más el crédito para nuevas
inversiones (sobre todo a las pymes) y recaudar
más ingresos para aumentar la
inversión pública en tantas cosas que hacen falta, lo que “tiraría” de la inversión privada. Y
todo ello, buscando invertir con eficacia, para mejorar la productividad de la
economía y de las empresas, no en obras megalómanas ni en nuevas “burbujas”. Es la hora de la inversión, para
apuntalar los cimientos de una recuperación
en entredicho, el crecimiento y el empleo. No vale con crecer a costa
del consumo, como hacemos. Lo duradero sería gastar menos, ahorrar algo más como país y dedicarlo a mejorar la inversión. Apostar por
el futuro.
Este viernes 13 se clausura en Madrid la Cumbre del Clima, que intenta
comprometer al mundo a un mayor recorte de las emisiones de gases contaminantes que el de
la Cumbre de París (2015). Pero será muy difícil, porque China, USA, India, Rusia y Brasil
(53,5% emisiones totales) no están por la
labor, mientras Europa promete
emisiones cero en 2050. Lo grave, según los científicos, es que si los recortes no empiezan en 2020 y
reducen un 50% de emisiones para 2030 y todas en 2050, el deterioro del clima será irreversible,
con graves efectos sobre los mares, los ecosistemas, la salud y la economía del
mundo. Urge imponer más impuestos a los que emitan CO2, subir impuestos carburantes,
promover energías alternativas, cambiar el modo de producir y consumir.
En España, alcanzar un
Pacto verde de todos los partidos, con medidas y dinero. Pero, sobre todo, tenemos que cambiar
nuestro modo de vida: menos
coche, menos carne, menos consumismo. No hay Planeta B.
Hace ya 40 años, en 1979, científicos de 40 países se reunían en la 1ª Conferencia Mundial del Clima (en Ginebra) y alertaban de las “tendencias alarmantes” sobre el Cambio
Climático y la necesidad de actuar. Hoy,
en la Cumbre de Madrid (COP25), tras decenas de reuniones, el mundo emite el doble de gases de efecto invernadero: 37,1 millones de toneladas equivalentes
de CO2, frente a 19,59 millones en
1979. Y emitiendo más cada año, hemos llegado a una concentración histórica de CO2,
un 20% mayor que en 1979: 407,8 partes
por millón en 2018, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), una concentración que no se daba en la Tierra desde hace 3 millones de
años (se sabe por las burbujas de gas atrapadas en el hielo ártico), cuando
la temperatura era 3ºC mayor y el mar estaba 15 metros más arriba. Y el 2 de diciembre, al inaugurarse la
Cumbre de Madrid, la concentración de CO2 en la atmósfera ya había subido a 410,90, según se ve en esta web
diariamente.
Y estas emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) son “culpa” del hombre: en 2011, los
científicos Mark Huber y Reto Knutti, de la Escuela Politécnica de Zúrich, ya estimaron que “al menos tres cuartas
partes del cambio climático en los últimos 60 años se debe a la actividad
humana”. La mayor emisión es de CO2
(81% del total), que emiten sobre todo los transportes, las industrias, la generación de
electricidad y los hogares, seguida del metano
CH4 (11% de los GEI), emitido en sus dos terceras partes por la agricultura
y ganadería, el óxido nitroso N2O (5%
emisiones, desprendido por el transporte y la agricultura) y los hidrofluocarburos
y partículas (2% GEI), emitidos por el aire acondicionado, los aerosoles y
vehículos (PM10). Estos gases hacen como de “paraguas atmosférico” y provocan el calentamiento de la Tierra:
la temperatura ya ha subido +1,1 ºC
desde 1850 hasta hoy.
Este aumento de la
temperatura de la Tierra se ha
agravado en la última década, de un “calor excepcional”, según el último informe de la OMM presentado en la Cumbre de Madrid: las temperaturas del periodo 2010-2019 son las más altas registradas
en la historia y 2019 será el
segundo o tercer año más cálido desde 1850. Las consecuencias son
evidentes. Primera, una subida del nivel del mar por el deshielo de los polos. El riesgo es que, a
partir de 2050, se inunden cada año zonas costeras de Asia, América, Africa
y Europa (Doñana, delta del Ebro, la Manga y municipios de Cádiz y Huelva), donde viven 300 millones de personas. Y se teme que, si no se toman medidas,
el nivel del mar pueda subir 1 metro y
más para 2100. Además, el
aumento de la temperatura calienta el
agua del mar y la concentración de CO2 lo acidifica, dos factores que deterioran los ecosistemas marinos (fitoplancton, corales, algas) y reducen la pesca, provocando su
desplazamiento hacia el norte.
El segundo efecto del Cambio Climático, según el último informe de la OMM, es el aumento
de los fenómenos meteorológicos extremos:
olas
de calor (en Europa en junio y julio de 2019, con 46º en Francia y
42,6º en Alemania), graves inundaciones
(centro EEUU, norte de Canadá y Rusia, sureste de Asia y sur de Europa y
Levante español en 2019), aumento de huracanes,
tormentas tropicales y ciclones, mega
incendios (California y Europa), y sequías
(Africa, sudeste asiático y suroeste del Pacífico en 2019) que han provocado hambre en muchas zonas de Africa y Asia.
Desastres meteorológicos que, según los científicos, serán cada vez más
frecuentes y más graves. Y que provocarán “migraciones climáticas”: 140 millones de personas pueden verse
obligadas a migrar en 2050, según el Banco Mundial.
El tercer efecto del Cambio Climático es la pérdida de vida en la Tierra: 1 millón de especies (animales,
insectos y plantas), de los 8 millones que existen, están en peligro de extinción
y podrían desaparecer en las próximas décadas si no se toman medidas para
frenar la drástica pérdida de biodiversidad, según un informe publicado en mayo por la Plataforma intergubernamental sobre la
Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos (IPBES), organismo impulsado por la
ONU. El estudio, elaborado durante 3 años por 145 expertos de 50 paises, revela
que están amenazadas más del 40% de
las especies anfibias, casi un
tercio de los arrecifes de coral, un
tercio de los mamíferos marinos y un
10% de los insectos, que son claves
para la polinización, de la que depende gran parte de nuestra agricultura. Y
además, están amenazadas más de 1.000 especies de mamíferos domesticados. Estamos en puertas de “la 6ª gran extinción” de especies en la historia del Planeta.
Por si fuera poco, el Cambio
Climático ya afecta seriamente a nuestra salud: la polución atmosférica y las emisiones causan ahora 7 millones de muertes “prematuras” (evitables) en el mundo (400.000 de
ellas en Europa y 10.000 en España), según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que advierte que el Cambio
Climático no sólo provoca enfermedades
respiratorias (cáncer de pulmón, asma, neumonía), sino que la contaminación
pasa a la sangre y provoca también enfermedades
cardiovasculares, infartos e ictus. Y el Cambio Climático, además de
destruir la vida y el Planeta, va a destruir la economía, porque provoca
pérdidas crecientes. Y si se sigue
emitiendo como hasta ahora, el crecimiento del mundo (PIB) caerá entre un 15 y un
25% para 2100, según un estudio publicado en Nature.
A pesar de este apocalipsis en el horizonte, la mayoría
de los paises siguen emitiendo más gases contaminantes: +1,7%
en 2018 y +1,4% en 2017, tras tres
años estables (de 2014 a 2016), según la Agencia Internacional de la Energía. Y los expertos creen que las emisiones volverán a subir un +0,6% este año 2019. Mientras, los paises esperan a 2020 para confirmar las reducciones de gases prometidas
por 195 paises en la Cumbre de París (2015). Pero los científicos alertan que “el Cambio
Climático va más rápido de lo esperado”
y que hay que hacer más ajustes de los
previstos, porque si no, la
temperatura de la Tierra subirá 3,2ºC a finales de siglo y las
consecuencias serán catastróficas. Así que la consigna de esta Cumbre de Madrid
es “más ambición”: hay que hacer
recortes más drásticos (multiplicar por 5 los recortes previstos en 2015) y empezar a hacerlos ya, en 2020.
La propuesta de la
ONU al mundo, reiterada en Madrid, es que los paises
recorten un 50% sus emisiones entre 2020 y 2030 (sobre las de 1.990) y que
tengan cero emisiones netas para 2050 (sólo se emiten los gases que
se absorban). Es un reto tremendo,
pero los científicos aseguran que es la
única vía para que la temperatura no
suba más de 1,5ºC (sobre la del periodo preindustrial) para 2100 (ya ha subido 1,1º). Y para lograrlo, la ONU propone una auténtica “reconversión energética: eliminar las ayudas al petróleo y el carbón (302.000
millones de euros vía subsidios en 76 paises, según la OCDE), no construir ninguna central de carbón a partir de 2020, fomentar
las energías limpias y ayudar a los paises pobres y en desarrollo a
reestructurar su esquema energético (con un Fondo del Clima de 100.000 millones
de dólares). Además proponen poner un
impuesto a los emisores de CO2, subir los impuestos a los carburantes y promover bonos e inversiones “verdes”.
Los paises que emiten
más gases contaminantes no han aceptado el reto de la ONU, en particular China (26,8% emisiones), EEUU
(13,1%), India (7%), Rusia (4,6%) o Brasil (2% emisiones), que no
se plantean aumentar los recortes previstos en París o que incluso no tienen planes de rebaja de emisiones (EEUU, Rusia o Brasil). Frente a ellos,
la Unión Europea lidera la lucha contra
el Cambio Climático, tras ser el primer continente en declarar la “emergencia climática”, el
pasado 28 de noviembre, en el Parlamento Europeo. La nueva Comisión Europea ya se ha comprometido
a reducir sus emisiones un 50% para 2030 y alcanzar cero emisiones en 2050,
como pide la ONU, aunque hay tres paises “discordantes” (Polonia, Hungría y
República Checa) y no hay todavía un
acuerdo unánime.
Además, la nueva Comisión Europea se ha comprometido a aprobar en marzo de 2020 una Ley Climática europea (“European Green Deal”) para conseguir
estos drásticos recortes de emisiones, movilizando 1 billón de euros de inversiones
(públicas y privadas) en la próxima década. Empezarán creando un Fondo de
35.000 millones para financiar el cierre de las minas y centrales de carbón
en Europa para 2030 (que suprimirá 160.000 empleos) y se contemplan 70 medidas, como la subida del impuesto
al CO2 (hoy se pagan 25 euros por Tm y podría duplicarse y triplicarse),
incluyendo en este mercado (donde hay 11.000 industrias europeas que pagan por
el CO2 que emiten) a las compañías
aéreas, con lo que subirían los billetes de avión. Además, reforzarán las ayudas a los coches y
camiones eléctricos y destinarán el Banco Europeo de Inversiones (BEI) a financiar la “reconversión verde”. Y ya
hay 100 académicos y 60 asociaciones que han pedido al Banco Central Europeo (BCE)
que no compre activos (bonos y deuda) de
empresas europeas que contaminen.
Está muy bien que Europa
lidere esta lucha más decidida contra el Cambio Climático, pero será poco
efectiva mientras no se sumen China
(gran consumidor de energías fósiles y a la vez líder en energías renovables y coches eléctricos) y EEUU (dependerá de que Trump pierda las elecciones en noviembre
2020, aunque hay Estados, empresas e instituciones que ya están tomando medidas: “Estamos dentro”, ha dicho la demócrata Nancy Pelosi en Madrid). Pero hace falta
que en el G-20, en la Organización Mundial del Comercio (OMC) o en la OCDE se
aprueben medidas que afecten a todos los paises, como la creación de un mercado mundial de CO2 (donde los paises e industrias que emiten más paguen y los
que emiten menos cobren), junto a un posible arancel o impuesto a las
importaciones de paises que no reduzcan emisiones (medida propuesta por
Macron). Y sobre todo, que las grandes empresas vean la ventaja
(económica y de imagen) de reducir emisiones, como ya han hecho Volkswagen
o Repsol,
que prometen cero emisiones para 2050.
En España, lo
urgente es que el próximo Gobierno (si lo hay: tampoco es fácil) promueva un gran Pacto verde, con todos los partidos, empresas y entidades,
para reducir las emisiones de gases contaminantes: en 2018 eran un 15,4%
superiores a las de 1990, con lo que habría que reducirlas un 65,4% para 2030, un objetivo casi imposible. El punto
de partida puede ser el Plan Nacional integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), enviado en
febrero a Bruselas por el Gobierno Sánchez, aunque ahora tendría que ser más
ambicioso, dado que en ese Plan se contempla reducir las emisiones un 21% para 2030
(sobre las de 1990). El Plan contempla el cierre
de las minas y centrales de carbón para 2030, que el 100% de la electricidad sea renovable en 2040 (hoy
es el 35,75%, según REE), aumentar los vehículos
eléctricos y reducir el consumo de petróleo, carbón y gas en la industria y los hogares, así como
reducir las emisiones en la agricultura
y la ganadería.
Para saber cómo reducir
las emisiones de gases contaminantes, hay que saber quién contamina. En 2018,
según las estadísticas oficiales, el transporte
fue “el primer culpable”, al emitir el 27% de los GEI en España. Le siguieron la industria (19% emisiones), la generación
de electricidad (17%), la
agricultura y ganadería (12%) y los usos
residenciales (9% los hogares,
comercios e instituciones), junto a la gestión de residuos (4,1%), la
maquinaria agrícola, forestal y pesquera (4%), las refinerías (3,5%), los gases
fluorados de refrigeración y aire acondicionado (1,8%). Así que nos la jugamos en reducir emisiones en el transporte
(carretera y aviación), la industria, la electricidad y el campo.
Es evidente que para que la industria, las eléctricas o los
coches consuman menos combustibles fósiles y contaminen menos habrá que penalizar las emisiones subiendo impuestos. Por eso, resulta clave subir
el coste del CO2 emitido (hoy 25 euros/TM), tanto a las cementeras,
empresas de aluminio o centrales eléctricas. Y en paralelo, penalizar el gasóleo y la gasolina, subiéndoles impuestos para que se consuman
menos carburantes y los conductores se pasen a los coches eléctricos (con más ayudas y “enchufes”). Hoy, los impuestos que paga el gasóleo (58,97
céntimos por litro) y la gasolina (69,81 céntimos/litro) son distintos y más bajos que en Europa (73,30 céntimos paga de impuestos el gasóleo
y 86,73 céntimos la gasolina). Con estos ingresos
por “impuestos verdes” se podrían pagar parte de las ayudas e inversiones que hacen falta para la “reconversión verde”. Pero
además, harán falta enormes inversiones públicas (algunas vendrán de la UE) y
privadas, así como financiación de
la banca para proyectos verdes (hoy casi inexistente).
En total, el Gobierno Sánchez estima que hará falta invertir 235.000 millones
de euros en la reconversión verde entre
2021 y 2030, un 20% con fondos públicos y el 80% restante privados. Eso va
a suponer, además, cierres y despidos
(minería, centrales, empresas obsoletas), pero se abren también oportunidades para “nuevas empresas verdes” (donde España tiene multinacionales muy
competitivas) y nuevos empleos: se
podrían crear entre 250.000 y 364.000 en la próxima década, según el Plan del Clima. Y además, esta costosa reconversión verde, sería un “empujón”
para el crecimiento: un 1,8% más de PIB para 2030.
Tener una energía más limpia supondrá al
principio pagarla más cara, desde el
gasoil a la luz, aunque a medio plazo bajarán los costes, porque las energías
alternativas acabarán siendo más
eficaces y más baratas. Pero, sobre todo,
la reconversión verde obliga a un cambio drástico en el sistema económico
y en nuestro modo de vida. No
vale con que reciclemos un poco o no usemos bolsas de plástico. Tenemos que modificar nuestras costumbres: no vale apoyar la lucha contra el Cambio Climático
y usar el coche hasta para comprar el pan, consumir a destajo (en el Black
Friday o Navidad), tener la calefacción o el aire a tope y todo encendido, coger
el avión lo más posible o comer alimentos importados y carne casi todos los
días (producir un filete de 200 gramos emite tanto como viajar en coche 100
km). Hay que vivir de otra manera y eso cuesta. Pero no tenemos otro camino:
no hay un Planeta B.
Los españoles seguimos suspendiendo en idiomas: el 45,8% no conocen otra lengua, casi los
mismos que hace 10 años. Y hablando inglés,
estamos a la cola de Europa: ocupamos el puesto 25 entre los 33 paises del continente, según un ranking de
noviembre. Lo chocante es que hablamos
inglés poco y mal, a pesar de que
el 100% de los niños y jóvenes españoles
lo estudian al menos 12 años (de primaria a Bachillerato y FP). Eso indica
que España falla en la enseñanza
del inglés, como aseguran muchos expertos: demasiada gramática y
vocabulario y poca conversación. Una
“educación
bilingüe” que no lo es y muchos profesores
poco formados. Urge un Plan estatal para mejorar la enseñanza del
inglés y otras lenguas, que son claves para afrontar el trabajo y el
futuro en un mundo muy interconectado. Hacen falta objetivos concretos a 20 años vista, profesores y medios, en colaboración con Europa. Tenemos que aprobar de una vez esta asignatura pendiente. Let´s go.
Hablar bien otra
lengua es una asignatura pendiente
de los españoles desde siempre: la hablan pocos y mal. En concreto, un 45,8% de los españoles adultos (25-64 años) no conocía ninguna lengua extranjera, frente al 35,4% de los europeos, según la última estadística de Eurostat (2016). Es casi el mismo porcentaje que hace
10 años (46% en 2007). Un 34,8% de españoles indican que conocen una lengua (35,2% en Europa) y sólo un
14,3% reconoce hablar dos lenguas,
frente al 21% de los europeos, el 26,6% de los alemanes y el 41,2% de los
daneses. Y al preguntarles a los españoles qué tal hablan otra lengua, sólo el 29,8% contesta que “muy
bien”, según la estadística de Eurostat.
La lengua que más hablan los españoles, como el resto de
europeos, es el inglés. Y el último estudio mundial (2019), realizado por la multinacional sueca Education
First (EF) entre 2.300.000 hablantes no nativos de 100 paises, revela que estamos a la cola de Europa en hablar
inglés: España ocupa el lugar 35 en
el ranking mundial y el puesto 25 entre
los 33 paises europeos analizados,
con una nota de 55,46 puntos sobre 100, muy alejada
de los líderes de cada continente (70,27 puntos Holanda, 66,82 puntos
Singapur, 65,38 puntos Sudáfrica y 58,36 puntos Argentina). Y lo peor es que hemos empeorado: en el ranking anterior
(2018) teníamos 55,86 puntos y ocupábamos el puesto 32.
De hecho, España subió de nivel de inglés en este ranking EF EPI (English Profidency Index) en 2012 (de nivel “bajo” en 2011 a “medio”) y ahí seguimos desde entonces,
en ese nivel “medio”, por debajo de 12 países europeos que tienen un nivel de inglés “muy alto”, por este orden en el ranking: Holanda (país líder mundial en hablar
inglés, con 70,27 puntos), Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Austria,
Luxemburgo, Alemania (63,77 puntos), Polonia, Portugal(63,14 puntos), Bélgica,
Grecia y Croacia. Y les siguen, con un nivel
“alto” (superior al de España), Hungría, Rumanía, Serbia, Suiza, Grecia
(59,87 puntos), República Checa, Bulgaria, Eslovaquia y Estonia. Sólo Francia (57,25 puntos) e Italia (55,31),
entre los grandes, acompañan a España
(55,46 puntos) en tener nivel “medio”
de inglés. Además, España empeora su nota y su puesto, mientras otros, como
Portugal, lo mejoran.
El estudio revela que, en inglés, los hombres
españoles sacan algo mejor nota (56,32 puntos) que las mujeres (54,83
puntos) y que la mejor nota la sacan los
jóvenes entre 26 y 30 años (54,36 puntos), por delante de los más jóvenes
(53,08 puntos los que tienen entre 21 y 25 años) y los más mayores (50,79
puntos los mayores de 40 años). Por autonomías, sólo el País Vasco
alcanza un nivel “alto” de inglés (58,06 puntos) y hay otras 8 autonomías que están por
encima de la media española, todas en la mitad norte de España
(Madrid, Navarra, Galicia, Cantabria, Asturias, la Rioja, Aragón y Cataluña),
mientras las regiones del sur están por
debajo y a la cola en hablar inglés Extremadura (52,59
puntos), Baleares (52,90), Murcia (53,61) y Canarias(53,92), las dos islas
quizás porque estudian más alemán por su turismo. Y en cuanto a ciudades, Barcelona es la única con un nivel de inglés “alto” (57,97 puntos) y Madrid lo
tiene “medio” (57,35), muy lejos de
la ciudad europea líder en hablar
inglés, que es Ámsterdam (71,35
puntos), según este estudio EF EPI 2019.
Una vez visto donde estamos, el estudio se
pregunta por qué España está a la cola
en Europa en el conocimiento del inglés.
Y señala varios factores. Por un lado, porque tenemos un idioma muy poderoso,
el tercero más hablado del mundo (580 millones de personas), lo que nos alienta
menos a estudiarlo que paises con lenguas
poco utilizadas. Por otro lado, hay muchos
trabajos que no piden saber bien inglés (en concreto, 2 de cada tres ofertas de empleo, según el último estudio de Infoempleo y Adecco), sobre todo los más precarios.
Luego hay una tradición de ver películas
y series en televisión dobladas, lo que es un hándicap frente a paises
(como Portugal o los nórdicos) donde toda la población “acostumbra el oído” al
inglés desde pequeño viendo películas en TV. Pero sobre todo, hay un factor
decisivo: el inglés que estudiamos
está volcado a la gramática y al vocabulario, es demasiado “memorístico” y se
practica poco la conversación, algo difícil en clases con 25 a 30 alumnos. “El inglés se enseña como una lengua muerta”,
resume gráficamente el fundador del método Vaughan. Y por último, los jóvenes
tienen pocas facilidades para estudiar
en el extranjero.
Realmente, lo que más choca es que España tenga
un nivel “medio” de inglés y de los más bajos de Europa cuando nuestros niños y jóvenes estudian 12 años
de inglés o más (desde primaria a Bachillerato o FP e incluso algunos en
infantil). Eso significa que la
enseñanza del inglés se hace mal, no
es eficaz. Actualmente, los españoles estudian inglés de forma “reglada” por 3 caminos, además de las
múltiples academias de inglés privadas: las Escuelas
oficiales de idiomas, el inglés que se estudia en escuelas e institutos y la “enseñanza
bilingüe”, los escolares que estudian Ciencias o Geografía e Historia en
inglés.
Los estudios de lenguas en las Escuelas oficiales de idiomas han “pinchado” en los últimos años:
si en el curso 2011-2012 estudiaban idiomas en estas escuelas 457.737 alumnos,
la cifra subió a 516.413 en el curso 2013-2014 (había más
parados y muchos buscaban así un trabajo), el máximo de matriculados, para
luego caer un 23,20% hasta el curso 2017-2018, en el que estudiaron
idiomas sólo 396.604 estudiantes, el 67% inglés (otro 13,5% francés, 8,7% alemán y
el o,6% chino). O sea, que las Escuelas
de idiomas han perdido 1 de cada 4 alumnos en los últimos 5 años, por culpa de haberse disparado el coste de las matrículas (el “tasazo”) y
por haberse reducido las clases de niveles avanzados (muchos alumnos buscan el
nivel C1 y C2 para ser profesores de inglés).
El estudio de inglés
en colegios e institutos se ha generalizado: en el curso 2017-2018,
estudiaban inglés como asignatura obligatoria el 100% de los alumnos de Primaria (frente a sólo el 57,8% en el
curso 2007-2008), el 100% de los alumnos
de la ESO (frente al 74,8% diez años antes) y el 96,6% de los alumnos de Bachillerato (88,2% en el curso
2007-2008), según las últimas estadísticas de Educación. Y además, ya hay un 84,1% de niños que estudian inglés en el
2º ciclo de educación infantil (3-6 años), uno de los porcentajes más altos
de Europa, cuando hace diez años sólo lo estudiaban a esas edades el 57,8%. Y
además, hay un alto porcentaje de
alumnos que estudian una segunda lengua (generalmente francés): el 20,1% de los que estudian Primaria (en Andalucía, el 67%, en
Canarias, el 36,3% y en Cantabria, el 32,5%), el 42,8% de los que estudian la
ESO (un 78,9% en Canarias, un 69,9% en Andalucía y un 59,3% en Andalucía) y
un 25,1% de los alumnos de Bachillerato (y el 67,1 de los
bachilleres andaluces), según las estadísticas oficiales.
Además de estudiar
obligatoriamente inglés entre los 6 y los 18 años, muchos alumnos de
colegios e institutos tienen “educación bilingüe”: les enseñan una o varias asignaturas
(Ciencias y Humanidades) en inglés. La última estadística del Ministerio de Educación, referida al curso 2017-18, cifra
en 1.227.276 alumnos los que reciben
en España “educación bilingüe”, 6 veces los que la recibían en 2009-2010
(263.431). Eso supone casi un 20% de todos los alumnos de Primaria, ESO,
Bachillerato y FP. El mayor porcentaje de “educación bilingüe” se imparte en Primaria (la reciben el 33,2% de alumnos), algo menos
en la ESO (23,8%) y menos en Bachillerato
(la reciben el 6,9% de alumnos).
Esta enseñanza bilingüe se imparte básicamente en inglés (96%).
La “enseñanza bilingüe” se imparte en
España en 6.345 Centros de enseñanza, mayoritariamente en centros públicos (67,5% del
total en Primaria, 79,2% en ESO y 92,8% en Bachillerato). Y hay grandes diferencias en la penetración de la “educación bilingüe” por
autonomías, Así, en Primaria, destacan Castilla
y León (53,4% de alumnos) y Asturias (51,8%). En la ESO, hay 11 autonomías
que superan el 20% de alumnos en “educación bilingüe” (35% en Asturias, 34,7%
en Murcia, 33% en Andalucía, 32% en Madrid y 30% en Castilla y León), mientras en 4 regiones no llega al 10%(Baleares,
Comunidad Valenciana, Ceuta y Navarra). Y luego hay varias autonomías que son “trilingües”:
además de implantar la “educación bilingüe” en inglés, enseñan a sus
alumnos catalán, valenciano, mallorquín, euskera o gallego.
La “enseñanza bilingüe”, iniciada en el curso 2004-2005 por Madrid (un empeño político de Esperanza Aguirre, para contrarrestar
la “guerra de lenguas” desatada en Cataluña), Canarias y Extremadura, se
extendió después al resto de autonomías (Ceuta y Melilla en 2016-17). Y hoy, el balance que se hace es bastante negativo. Unos, como refleja con ironía este artículo de Javier Marías, porque opinan que no es ni “enseñanza” ni “bilingüe”. Precisamente, hay dos estudios, uno de la Universidad Carlos III y otro de Fedea,
que coinciden en señalar que los alumnos que han estudiado una asignatura de
Ciencias o Humanidades en inglés obtienen peores
resultados que los que las estudian en castellano. Vamos, que no aprenden
Historia y tampoco inglés. Y ambos coinciden en que el perjuicio es mayor para
los alumnos con bajo nivel educativo (que no les pueden ayudar a estudiar
Biología en inglés…). Sin embargo, otro estudio del Ministerio de Educación, en colaboración con el British
Council, señala que los alumnos de centros bilingües obtienen mejores resultados que el resto en lectura, escritura, comprensión auditiva y
oral y comprenden mejor el inglés.
En cualquier caso, la mayoría de los expertos educativos
critican que la educación bilingüe se haya implantado “a toda prisa”, sin planificación,
presionada por el interés político de las distintas autonomías. Y sin
los profesores adecuados, la crítica más generalizada: hay centros donde los profesores dan estas clases
con un nivel B1, cuando sólo las
deberían dar profesores con nivel C1 y
C2. Y faltan auxiliares de
conversación, muchos de ellos nativos sin formación pedagógica. Y existe
una enorme descoordinación en la normativa y en la aplicación del bilingüismo
en las 17 autonomías. Por último, los programas no se evalúan correctamente y algunos centros y autonomías hacen
“trampas” en las evaluaciones del bilingüismo.
¿Qué se puede hacer
para mejorar nuestro nivel de inglés? La cuestión preocupa también a las
autoridades europeas, porque casi
la mitad de los europeos son incapaces de mantener una conversación en un
idioma distinto a su lengua, según el Eurobarómetro. Y eso dificulta la libre circulación de personas en Europa y
el poder competir mejor en una economía globalizada. Por ello, el Consejo Europeo del 22 de mayo de 2019
hizo una serie de recomendaciones a los paises europeos: potenciar los hábitos multilingües en la
educación infantil, primaria y secundaria, ayudar a los jóvenes a conocer otra
lengua europea promoviendo estudios en el extranjero (Erasmus +), invertir en
la formación de profesores, promover herramientas digitales europeas de
cooperación virtual para la enseñanza de idiomas (eTwinning) y fomentar la
formación en idiomas de las empresas europeas.
En España, urge
que el Gobierno y la comunidad educativa acuerden un Plan estatal por la mejora en
el conocimiento de idiomas, en especial el inglés, una lengua que ya hablan más de 1.000 millones de personas y que es la “lengua franca” del
mundo a nivel económico, comercial, investigador, cultural y de contenidos
audiovisuales. Esto exige revisar a
fondo el inglés que se imparte en la educación, incluyendo la pretendida “educación bilingüe”, concentrando los esfuerzos en una enseñanza más dirigida a la
conversación, con programas específicos para formar profesores y captar profesionales nativos. Y dedicando más recursos a la
recuperación y apoyo de los alumnos con problemas. Además, debería incorporarse
mucho más el inglés en la Universidad, fomentando los estudios en otros paises. Y reforzar el
nivel de inglés de parados y trabajadores, con
cursos más prácticos y eficaces, incentivando en las empresas a los
empleados que mejoren su inglés. Y por supuesto, evaluar de forma objetiva e independiente el resultado de los programas lingüísticos. Además, sería útil un acuerdo con las TV para que
emitieran películas y series en inglés con subtítulos.
En definitiva, tenemos que aprobar esta asignatura pendiente, la de hablar mejor inglés y otras
lenguas, algo imposible ya para las generaciones mayores pero que tienen que
conseguir las futuras. Es un gran reto a
20 años vista, para los niños y jóvenes actuales, que se juegan en ello su
trabajo y el poder compartir mejor el mundo. Hay que tomárselo en serio y poner los
medios humanos y el dinero para conseguirlo. Let´s go.
La respuesta es sencilla: porque saben que van a pagar más impuestos. Algunas empresas
estudian adelantar este año el pago de dividendos previsto para 2020.
Y hay fortunas que analizan si cambiar
su SICAV a Luxemburgo. No es un tema ideológico, sino de datos: grandes empresas, multinacionales y los más ricos pagan pocos impuestos en España. Las
grandes empresas pagan un 6,25% sobre beneficios, los grandes bancos un 2,68% y las grandes constructoras un 1,9%, según indica la Agencia Tributaria. Las 10 grandes multinacionales (de Google a Amazon) pagan sólo 29,5 millones de impuestos en España. Y
dos tercios de los 611 multimillonarios españoles no
pagan ni 1 euro de patrimonio. Mientras, el 95% de españoles pagamos
religiosamente. Al final, España recauda
73.703 millones menos cada año que Europa. Y por eso, tenemos más déficit y menos gasto social. Así
que el Gobierno está obligado a recaudar más si quiere gastar más y rebajar el déficit como exige Bruselas. Subir
impuestos al 5% del país o hacer más recortes a la mayoría. Elijan.
España lleva creciendo
año tras año desde 2014, pero la recaudación de impuestos apenas ha mejorado: hasta 2018 (208.685 millones ingresados) no
se ha superado ligeramente la recaudación fiscal de 2007 (200.676 millones). Y eso ha sido posible gracias a que las familias y contribuyentes hemos pagado
más por el IVA (+14.326 millones en 2018 que en 2007), en la Renta (+10.245
millones) y en los impuestos especiales sobre carburantes, tabaco y alcohol
(+742 millones), porque las empresas
pagan ahora casi la mitad que antes de la crisis en el impuesto de sociedades: 24.838 millones pagados en 2018 frente a 44.823 millones pagados en 2007.
Podría pensarse que las empresas pagan casi la mitad de impuestos
porque no acaban de despegar, porque sus beneficios no se han recuperado. Pero
no es así: los beneficios empresariales
han aumentando un 13,7%, pasando de
450.170 millones ganados en 2007 a 511.842 millones en 2018, según los datos del INE. De hecho, la propia Agencia Tributaria acaba de publicar que los beneficios empresariales pasaron de
100 a 112,9 mientras el impuesto pagado por las empresas pasaba de 100 a 69,2.
Así que, ganan más y pagan menos. Eso es posible porque se ha bajado el
tipo del impuesto de sociedades (Zapatero lo bajó del 35% al 30% en 2007 y Rajoy al 25% en 2016) y porque se han multiplicado las exenciones y deducciones
fiscales, con lo que pagan menos que ese 25%.
¿Cuánto? La Agencia Tributaria acaba de publicarlo: un
21,59% de tipo efectivo, un 19,57% los grandes grupos empresariales y un
19,76% los bancos. Pero es el porcentaje
que pagan sobre la base imponible
(la cantidad sobre la que se aplica el impuesto). Si se calcula lo que pagan las empresas sobre sus beneficios, el dato oficial es muy llamativo: las grandes empresas pagan un 6,25% de lo que ganan, los grandes
bancos el 2,68% y las grandes constructoras
un 1,9%. Bastante menos que las
pymes (pagan el 18,37% de sus beneficios) y que la mayoría de contribuyentes (15% de tipo efectivo). Eso se debe a las múltiples exenciones y desgravaciones
que disfrutan: 3.453 millones de beneficios fiscales en 2018, según la Memoria de los Presupuestos. Son ahorros “legales”, a los que sumar los ahorros
derivados de la “ingeniería fiscal” ideada para eludir impuestos. Incluyendo la
creación de sociedades en paraísos fiscales: las 35 empresas del IBEX tienen ahí 805
filiales, a través de las que desvían 13.000 millones de ingresos, lo que
supone para Hacienda una pérdida de
3.250 millones anuales, el 13% del impuesto de sociedades, según Intermón Oxfam.
Las multinacionales pagan todavía menos
impuestos, tanto en Europa como en España. Cada año desvían 13.500 millones
de ingresos de España a otros paises, con lo que Hacienda pierde 2.600 millones de ingresos, un 13% de la recaudación de sociedades, más que el conjunto de Europa
(pierden el 9% de la recaudación), según un estudio del economista Gabriel Zucman. Las grandes multinacionales “eluden”
impuestos facturando ingresos a otros
paises (Google factura en España a través de su filial en Irlanda), pagando “royalties” a filiales en paraísos fiscales
(caso de Inditex a través de Luxemburgo o Facebook España a través de Irlanda),
comprando productos más caros a filiales
(caso de Apple) o pagando intereses de
supuestos préstamos a filiales de terceros paises.
El resultado es que las 10
grandes multinacionales tecnológicas que
operan en España (Amazon, Apple,
Facebook, Google, Twitter, Microsoft, Airbnb, HBO, Netflix y Tripadvisor)
pagaron en 2018 sólo 29,52 millones en
impuestos, un 9,6% menos que el año anterior, a pesar de que facturaron un
37,3% más, según sus propias cuentas. Eso significa que estas multinacionales pagan, en
conjunto, un 2,13% de impuestos sobre su “teórica” facturación en España
(que en realidad es mucho mayor, porque desvían ingresos).Como curiosidad, Apple pagó 10,1 millones de impuestos en España (2018), Google 6,89 millones, Amazon 3,76, Facebook 860.000 euros, Twitter 110.000 euros, Airbnb 90.000 euros y Netflix... 3.246 euros (menos que muchos de sus clientes españoles).
Y a la hora de pagar el impuesto
sobre el patrimonio, muchas grandes fortunas no pagan nada. El
dato es contundente: de los 611
españoles superricos, que tienen
más de 30 millones de patrimonio, dos tercios
(406) no pagan nada, porque residen en Madrid,
que bonifica el 100% del impuesto sobre el patrimonio (y con ello, deja de
ingresar 995,6 millones al año, lo que conlleva que es una de las autonomías con menos gasto social). Además, si tomamos a
los ricos en general, lo que pagan en impuestos depende mucho de dónde viven: en Canarias, Castilla y León, Castilla la
Mancha y Galicia, los que tienen un patrimonio de 15 millones pagan 273.770
euros, mientras que esos mismos ricos pagarían 375.790 euros o 418.155 si
vivieran en Baleares o Extremadura, según el Consejo de Economistas.
Estos tres grupos de contribuyentes (grandes empresas,
multinacionales y los más ricos e inversores), que pagan bastante menos que la
mayoría de españoles, explican en buena medida un hecho: que España sea
el 7º país europeo que menos recauda
por impuestos, el 38,9% del PIB,
sólo por detrás de Irlanda (25,8% del PIB), Rumanía (32%), Lituania (34,7%),
Bulgaria (36,8%), Letonia (37,5%) y Malta (38,8%), muy por debajo de la media
europea (la UE-28 recauda el 45% del PIB en 2018), según Eurostat. Eso significa, a lo claro,
que España recauda 73.703 millones menos
cada año que la media europea. No tenemos que recaudar más porque haya un
Gobierno de izquierdas, sino para equipararnos a Europa.
El problema es que España
recauda menos en todos los impuestos: en Renta (somos el 3º país europeo que menos recauda: un 7,5% del PIB
frente al 10% de media en la UE-28, el 9% de Francia o Alemania, el 12% de
Italia o el 27% de Dinamarca), en IVA (recaudamos 23.400 millones menos que la media europea, según la
Comisión), en Sociedades (recaudamos el 2,3% del
PIB frente al 2,5% que recauda la zona euro, con 3.453 millones de beneficios
fiscales a las empresas en 2018), en impuestos
sobre alcohol, tabaco y carburantes (ingresamos el 2,5% del
PIB frente al 2,3% de media en la UE y el 3% en Dinamarca, Finlandia, Reino
Unido o Grecia), en impuestos verdes (recaudamos 3.000 millones menos que la media europea) y hasta con las herencias (-3.250 millones menos que
Europa).
La consecuencia de
que España ingrese menos es doble:
también gastamos menos y aún así tenemos más déficit público (2,5% del PIB frente al 0,6% en la UE-28).
El gasto público en España fue en
2018 del 41,3% sobre el PIB, frente al 45,6% de media en la UE-28, según Eurostat. Eso significa, a lo claro, que gastamos 51.954 millones menos al año que la media de los europeos,
lo que se traduce en una caída de las
inversiones públicas y del gasto social. De hecho, España es el país europeo (entre los grandes) que más ha reducido su gasto social en los últimos 5 años y uno de los que
lo tiene más bajo: el 23,4% del PIB
en 2017, frente al 27,9% de media
que gasta Europa (UE-28), el 34,1% que gasta Francia (13.100 millones más al año en términos comparables), el 29,7% de
Alemania, el 29,1% de Italia o el 26,3% del PIB que gasta Reino Unido en temas
sociales (desde pensiones a educación, sanidad o ayudas a vivienda y familias),
según
Eurostat.
Ahora, la Comisión
Europea acaba de dar “un toque de atención” a España:
tiene que reajustar las cuentas, porque en 2019 han subido los gastos
pero no los ingresos (al no conseguir el Gobierno Sánchez sacar adelante su Presupuesto,
que contemplaba subidas de impuestos). Así que en 2019 no se reducirá el
déficit lo previsto (Bruselas dice que será del 2,3% del PIB en vez del 2%
que preveía el Gobierno) y en 2020
seguirá en el 2,2% (no en el 1,7% que prometió el Gobierno). Eso significa que Europa pide a España un ajuste en las cuentas públicas, de 6.500 a 10.000 millones en 2020.
Se puede discutir este
“aviso” de Bruselas (no es tan “grave” que un país con el doble de paro
tenga unas décimas más de déficit) o
mejor “acatarlo”, para que los mercados no se pongan nerviosos, porque tenemos que financiar 1,2 billones de euros de deuda pública.
En este caso, el próximo Gobierno sólo tiene 2 caminos: hacer más recortes o recaudar más.
Dado que hacen falta más recursos para todo (sanidad, educación, pensiones, gasto
social, vivienda, tecnología, modernización
de la economía y tantos retos más), lo más lógico parece intentar recaudar más, en línea con Europa. Y eso pasa, de
entrada, porque paguen más impuestos los
que pagan menos, como ya hemos visto: grandes empresas, multinacionales, los más ricos y los
inversores que viven de dividendos, fondos y acciones. No tocar los impuestos
al 95% de españoles que ya pagamos bastante.
El preacuerdo de Gobierno firmado por el PSOE y Podemos señala textualmente que “el Gobierno impulsará políticas sociales y
nuevos derechos con arreglo a los acuerdos de responsabilidad fiscal con
Europa, gracias a una reforma fiscal
justa y progresiva, que nos acerque a Europa y se eliminen privilegios
fiscales”. No concretan más, pero todo el mundo lee entre líneas que subirán los impuestos. ¿Cuáles? En la
campaña electoral no lo han dicho (¿para no asustar?), pero todo apunta a que
seguirán el camino abierto en el fallido Presupuesto para 2019, donde contemplaban recaudar 5.654 millones más a través de varios cambios:
subir el tipo efectivo y quitar exenciones en sociedades a grandes empresas (+1.778 millones) mientras lo bajaban
a las pymes (-260 millones), equiparar el impuesto
del gasoil al de la gasolina (+670 millones), subir un 1% el tipo impuesto patrimonio (+339 millones),
subir el tipo del IRPF a los que
ganen más de 140.000 euros (+328 millones), implantar una tasa Google del 3% a las multinacionales (+1.200 millones) y otra tasa Tobin del 0,2% a las operaciones
financieras (+850 millones), más un Plan anti
fraude fiscal (+828 millones).
Pero ahora, si
quiere cumplir con Bruselas y hacer más gasto social, el futuro Gobierno tendrá que ingresar más que esos 5.654 millones
extras. Por eso, están pensando en subir del 23 al 27% el tipo máximo que paguen los que cobren
más de 50.000 euros en dividendos o venta de fondos y acciones, lo que ya ha
hecho que algunas empresas se planteen adelantar el pago de dividendos de enero de 2020 a este año. También estudian
homogeneizar el pago del impuesto de
patrimonio y sucesiones, que quieren liquidar las autonomías gobernadas por
el PP y Ciudadanos (con Vox), para que no se “escapen” las grandes fortunas
como en Madrid. Y controlar más las
SICAV, que ya estudian si trasladarse a Luxemburgo.
Y, a medio plazo, reformar el IRPF
(para eliminar deducciones) y el IVA
(donde España pierde 23.400 millones de recaudación al año, según la Comisión
Europea), además de ingresar más por los impuestos verdes (recaudamos el 1,83% del PIB frente a 2,4% la UE-28).
Oír hablar de subir
impuestos pone los pelos de punta a muchos, pero más debería preocuparnos los
que prometen bajarlos, porque es el camino seguro a más recortes y a
un mayor deterioro del Estado del Bienestar y las pensiones. Hay que recaudar más, al margen de las ideologías: es
necesario para equipararnos con Europa y
poder gastar como ellos. Y hay que recaudar más con justicia, haciendo
que paguen más los que más tienen, que son los que hoy pagan menos, porque
tienen bufetes y bancos de inversión que les ayudan a “eludir” impuestos, “dentro de la
legalidad". Hay que afrontar este reto, reformar los impuestos, que es “la madre
de todos los retos”. Hablemos de
impuestos sin miedo. Y que suban los que haga falta. A la gran mayoría no
nos debería afectar.
