Revalorización de pensiones: ¿cómo se paga?

Tras casi 2 años de debates, todos los partidos han acordado revalorizar las pensiones con el IPC. Pero han olvidado un pequeño detalle: cómo pagarlo. Y cuesta 37.550 millones sólo en 5 años. Por eso, la ministra de Economía se opone al acuerdo y propone acordar “la viabilidad futura de las pensiones”, no sólo su revalorización. Hay que conciliar la subida de las pensiones actuales (apoyada por protestas en la calle) con asegurar las pensiones futuras de los que hoy trabajan (y no se manifiestan). Y no hay dinero para todo: se mantiene el déficit de la SS y crecerá más desde 2027. Sólo queda actuar en tres frentes: frenar el gasto (ampliando periodo cotización y jubilando a los 70), aumentar cotizaciones (ahora sólo pagan 12 años de pensión) y pagar parte con impuestos, recaudando más de grandes empresas, bancos y fortunas (no 12.000 millones menos, como promete Casado). No pactar subidas “para la calle” sino una reforma global que asegure las pensiones de padres (hoy) e hijos (mañana). 

enrique ortega

Hasta 2010, los pensionistas estaban relativamente tranquilos: sus pensiones eran bajas pero se revalorizaban cada año con la inflación, por una Ley de la Seguridad Social de 31 de julio de 1985 (renovada por otra de 15 de julio de 1997). Pero el 12 de mayo de 2010, Zapatero aprueba un Plan de ajuste, para evitar el rescate europeo, y congela la subida de las pensiones para 2011, por primera vez en 25 años. En 2012 y 2013, Rajoy las sube el 1%, la tercera parte que la inflación, pero en 2013 aprueba una reforma de las pensiones que fija una subida mínima del 0,25% para los 5 años siguientes (2014 a 2018). En esto, los pensionistas se lanzan a las calles (la inflación les ha comido un 5,8% de las pensiones entre 2011 y 2017) y el PNV presiona a Rajoy para que incluya una subida de las pensiones del 1,6% (no el 0,25% anterior) en los Presupuestos de 2018 y 2019 (Por cierto, la subida del 1,6% se aprobó, pero Rajoy se fue sin consignar esta subida en los Presupuestos 2018 y ahora la Seguridad Social estudia cómo seguir pagándola sin partida presupuestaria...). 

Pero las manifestaciones de pensionistas siguen. Y los partidos, reunidos en el Pacto de Toledo desde noviembre de 2016 sin lograr avances, buscan “un acuerdo que ofrecerles”: acuerdan por unanimidad (salvo ERC) que las pensiones se revaloricen con el IPC, como antes de 2010. Eso sí, no dicen cómo se va a pagar. Y es que esta revalorización costará 37.550 millones sólo entre este año (2.500 millones a los que sumar 690 porque el IPC subirá el 1,9% y no el 1,6%), 2019 (2.800 millones), 2020 (7.600), 2021 (10.500) y 2022 (13.460 millones más), según los cálculos de la Seguridad Social.

A los 6 días de anunciarse este acuerdo político, la ministra de Economía, Nadia Calviño, se opone desde Luxemburgo a que las pensiones se revaloricen con el IPC y señala que hay que analizar la sostenibilidad de las pensiones teniendo en cuenta “una serie de variables”, no sólo el IPC, como la demografía, el empleo, los salarios, la cuantía de las pensiones y la marcha de la economía. Y su colega, la ministra de Trabajo, la contradijo un día después, defendiendo revalorizar las pensiones con el IPC. Entre tanto, el FMI ha advertido que "vincular la revalorización sólo al IPC puede hacer peligrar el sistema de pensiones". Vamos, que no se puede empezar la casa por el tejado: antes de pactar la revalorización de las pensiones hay que pactar los otros 21 puntos del Pacto de Toledo, desde cuantos años se toman de cotización, la edad de jubilación, la pensión mínima, cómo quedan las futuras pensiones y sobre todo, cómo se pagan. Y sobre estos temas de fondo, los partidos llevan casi 2 años debatiendo (desde noviembre 2016) sin acercar posturas ni pactar soluciones.

Y mientras, la Seguridad Social sigue con su déficit estructural (-18.500 millones en 2016, -18.900 en 2017 y hasta -19.500 millones esperados para 2018), porque las cuentas no salen: los gastos siguen creciendo (9.235 millones de euros en septiembre, otro récord), porque aumentan las pensiones (9,64 millones ya) y la pensión media (957,36 euros), aunque la reforma (recortes) de 2011 (Zapatero aumentó de15 a 22 años el computo para la pensión, de 35 a 37 años para conseguir el 100% de pensión y aumento de 65 a 67 años edad jubilación) lleva ya tres años recortando un 3% anual (-42 euros al mes) las nuevas pensiones. Pero los ingresos crecen menos (no llegan a 8.000 millones al mes), porque el empleo que se crea (menos ahora) es precario y con salarios bajos, por lo que cotiza poco.

El mayor problema es que este “agujero” estructural de las pensiones (iniciado en 2012) va a agravarse (ver este estudio Consejo General de Economistas), sobre todo a partir de 2027, cuando se jubilen los muchos españoles nacidos en el “baby boom” (1960-1975).Y a partir de ahí, la demografía (muchos viejos y pocos jóvenes) y la economía (pocos empleos, por tener menos  jóvenes activos y la robotización) van a agravar la situación de las pensiones. Basten dos datos. Uno, las pensiones pasarán de las 9,64 millones actuales a 15 millones en 2050. Y si hoy hay 2  ocupados (19,34 millones) por cada pensión, en 2050 necesitaríamos 30 millones de ocupados para mantener ese nivel de 2/1. Y la Comisión Europea estima que no habrá más de 20 millones de españoles trabajando para 2050 (1,3 ocupados por pensión). Así no pueden salir las cuentas de las pensiones.

Todo esto es lo que no afrontan los políticos ni les cuentan a los pensionistas que se manifiestan.  Una situación preocupante, más por el futuro que por el presente, que exige tomar medidas cuanto antes en tres direcciones: frenar el ritmo de gasto, aumentar los ingresos por cotizaciones y pagar una mayor parte de las pensiones con impuestos.

Primer frente: frenar el ritmo de gasto en pensiones, no recortarlas a secas. La reforma de Zapatero en 2011 ya avanzó por esta vía, con tres medidas: aumentar el periodo de cómputo para las pensiones de 15 a 25 años en 2022 (ahora son 21), aumentar el número de años exigidos para cobrar el 100% de pensión (de 35 a 37 años para 2027) y aumentar la edad de jubilación de 65 a 67 años para 2027 (ahora son 65,1). Ahora habría que debatir si nos quedamos ahí, damos marcha atrás o vamos más lejos. Los expertos dicen que la medida más eficaz sería aumentar la edad de jubilación a 70 años, porque ahorraría hasta un 25% (tres años más cotizando y sin pagarles pensión). También ahorraría mucho tomar de cómputo toda la vida laboral, como hacen ya muchos paises europeos. 

Ambas medidas rebajarían las nuevas pensiones futuras, algo que ya va a pasar con las reformas de 2011 (ZP) y Rajoy (2013), hasta un -35% para 2040, Los que lo defienden recuerdan que las pensiones españolas son “las más generosas de Europa”, no en importe (son más bajas) sino en porcentaje sobre el último sueldo: en 2016, las nuevas pensiones suponían el 78,7% del último salario, mientras la media europea era el 46,3%, en Italia el 64,6%, en Francia el 45,4%, y en Alemania el 37,8%, según el informe Ageing Report de la Comisión Europea. Algunos defienden pensiones menores sobre el último sueldo (al principio, el 70-65%), a cambio de asegurarlas. Y con la esperanza de que los sueldos españoles (precarios y muy bajos) suban a nivel europeo y el porcentaje de la pensión, aunque menor, se traduzca en una pensión más digna.

Pero si no se quieren más recortes y se quieren asegurar las pensiones futuras, hay que cotizar más y complementarlo con impuestos. Y también para revalorizar las pensiones actuales hacen falta más ingresos. Entre otras cosas, porque los pensionistas españoles cotizan menos de la pensión que reciben, aunque digan en las manifestaciones que “nos roban”. La estimación es que un pensionista se paga cotizando sólo 12 años de la pensión que cobra (hasta los 77 años) y el resto de años que cobra (3,5 o 10 más, hasta los 87 años) son a cargo del sistema y su déficit. Eso significa que habría que cotizar más, para cobrar una pensión mejor y durante más años que vamos a vivir. Porque no se pagan con el aire.

Y se puede hacer, porque en España se pagan menos cotizaciones sociales que en Europa: los ingresos netos suponen el 12,2% del PIB (2016) frente al 13,3% en la UE-28 y el 15,3% en la eurozona, mucho menos que el peso de las cotizaciones sociales en Alemania (16,7%), Francia (18,8%), Italia (13,2%) o Portugal (11,7%) y sólo por debajo de Reino Unido (7,7% del PIB), según Eurostat. Eso significa que si en España se cotizara como la eurozona, la Seguridad Social podría ingresar 35.000 millones más cada año. Pensemos en una subida paulatina, para no dañar mucho al empleo: ingresar 20.000 millones más por cotizaciones en un horizonte a 4 años. Y luego más. La otra opción es que como las pensiones futuras van a ser mucho más bajas, los trabajadores tendrán que pagarse una pensión privada. Parece mejor que paguen ese algo más a la SS, como sus empresas.

En paralelo, la Seguridad Social podría ingresar ya hoy más por cotizaciones con tres medidas. Una, suprimir  las bonificaciones de cuotas a empresas y autónomos, las “tarifas planas”, que son poco útiles para crear empleo según la mayoría de expertos y con las que se pierden 3.700 millones en cotizaciones al año. La segunda, pagar el subsidio a más parados (el 51% no cobran nada), con lo que la SS ingresaría cotizaciones por ellos que ahora pierde: otros 3.000 millones al año. Y la tercera, quitar el tope de cotización a los sueldos más altos (por encima de 3.751 euros de sueldo no se cotiza). “Destopar” los sueldos altos y hacer que se cotice por todo lo que se gana supondría a la SS ingresar 4.470 millones más al año, 3.728 millones que pagarían las empresas y 742 millones estos trabajadores privilegiados. Y no sería para tanto: alguien que gane 75.000 euros al año cotizaría 111 euros más al mes… En total, con estas tres medidas, la SS recaudaría 11.170 millones más al año. Y si dejara de pagar el coste del Ministerio de Trabajo (un anacronismo que pagan las pensiones y no los Presupuestos como otros Ministerios) serían 4.000 millones más. En total, 15.170 millones más, para tapar el 80% del déficit de la Seguridad Social.

Más ingresos  a corto y más cotizaciones no bastan seguramente para asegurar el futuro de las pensiones. Por eso, muchos expertos apuestan por actuar en un tercer frente: trasvasar impuestos a pagar pensiones. Ya se hace hoy, aunque mucha gente no lo sabe: un 25% de todas las pensiones (nada menos que 2,38 millones)  tienen “complementos de mínimos”, porque el pensionista no ha cotizado lo suficiente para asegurarle una pensión mínima contributiva (656 euros). Para ello, los Presupuestos 2018 han trasvasado 7.329 millones a la Seguridad Social. Y así cada año. Ahora, para evitar recortes futuros y cubrir unas pensiones futuras más altas de lo que serían si se financiaran sólo con cotizaciones, haría falta trasvasar a la SS entre 15.000 y 45.000 millones extras al año, en el horizonte 2040. Y a la vez nos harán falta impuestos para pagar  sanidad, educación, Dependencia, tecnología, inversiones públicas y modernizar la economía.

¿Se pueden recaudar más impuestos? Sí, porque España recauda menos que la mayoría de Europa. Concretamente, en 2017, se recaudó un 37,9% del PIB en España mientras la media UE-27 recaudó un 44,9% del PIB, según Eurostat. A lo claro, esto significa que si recaudáramos como el resto de Europa, Hacienda debería ingresar 81.456 millones más al año, lo que daría para no tener déficit, pagar parte de las pensiones (25.000 millones) y gastar en lo que hace falta, desde educación y sanidad a industria, tecnología y digitalización. Pero, por desgracia, esto no se lo oímos a casi nadie, ni al Gobierno ni a la “oposición”: es un mensaje “complejo” y poco populista. No da “titulares”.

Así que una parte de las pensiones se pueden pagar con impuestos pero para eso hay que hacer una reforma fiscal, para ingresar más. ¿Cómo? Haciendo que paguen más impuestos no la mayoría (el 82% de la recaudación la aportan las familias) sino los que pagan poco, en especial las grandes empresas (pagan un tipo efectivo del 6,14%, cuando el tipo nominal del impuesto de sociedades es del 25%), bancos (tienen 60.000 millones de deducciones fiscales) multinacionales (no pagan casi impuestos en España), los sueldos altos (en el IRPF, España recauda 23.436 millones menos al año que la media UE, según los técnicos de GESTHA), la energía (carburantes y medio ambiente), inversores (23% por intereses y dividendos) y grandes fortunas (utilizan sociedades pantalla, paraísos fiscales y SICAV para no pagar).

Así que buena parte del debate de pensiones (cómo pagarlas) se traslada al debate de los impuestos (cómo se ingresa más). Y aquí chocamos con que los dos grandes partidos conservadores, PP y Ciudadanos, proponen bajar los impuestos, no subirlos (como PSOE y Podemos), con lo que impiden buscar esta salida al debate de las pensiones. De hecho, Pablo Casado ha prometido en el Foro ABC (un lugar muy oportuno) que si el PP llega al Gobierno bajará los impuestos y suprimirá Patrimonio y Sucesiones, una “revolución fiscal” con la que el Estado ingresaría 12.000 millones menos. Así que ya lo saben, si gobierna el PP o Ciudadanos, los impuestos no podrán ayudar a mejorar su pensión.

Así las cosas, el debate sobre el futuro de las pensiones supone buscar un equilibrio entre mejorar las pensiones actuales (con subidas anuales decentes y mejoras extras para ese millón largo de pensionistas que cobran menos de 600 euros al mes) y asegurar las pensiones futuras, garantizando que tengan un nivel digno que se pueda financiar con cotizaciones sobre todo y un complemento de impuestos. No se debería oír sólo lo que quieren los 8.762.772 pensionistas actuales (por mucho que protesten y voten) sino que también hay que asegurar las pensiones futuras de sus hijos y nietos, 19,3 millones de españoles que trabajan, cotizan y temen por su pensión futura (sin manifestarse). Un difícil equilibrio donde hay que compensar sacrificios: no hay dinero para todo.

Mientras los políticos van “a lo fácil”, desatascando primero la revalorización de los pensionistas que protestan, no avanzan en las grandes decisiones para el futuro: qué sistema de pensiones queremos y cómo se financia. Y si hay elecciones pronto, como parece, la solución al grave problema de las pensiones se retrasará otro año más. Entre tanto, los españoles de a pie están muy preocupados por sus futuras pensiones y siguen optando por lo seguro: jubilarse lo antes que pueden. Así, de enero a agosto se ha batido el récord histórico  de nuevas jubilaciones (219.837, 20.196 más que en ese periodo de 2015), debido al envejecimiento de la población, a que muchos mayores no consiguen trabajar y, sobre todo, al miedo de que si retrasan el retiro mañana será peor. Y se jubilan en cuanto pueden, el 42% sin cumplir los 65 años (la media se está jubilando a los 64,2 años, aunque la edad legal sea ahora 65,1 años), perdiendo una parte de la pensión con tal de jubilarse.

Estamos ante un problema muy serio, donde sobra la demagogia y falta un análisis serio, con datos contrastados y proyecciones de futuro realistas. Y los jubilados de hoy tienen que pensar que cualquier reforma debe centrarse no sólo en ellos sino en sus hijos y nietos. Seamos serios y justos al buscar soluciones. Y urge no perder más tiempo.

Drogas: España, en cabeza del consumo europeo

Cada día son más los conductores pillados por conducir drogados. Y basta acudir a conciertos o fiestas populares para oler la marihuana o ver cómo se consume cocaína impunemente. España es una de las puertas de entrada de la droga en Europa: el país líder en incautaciones de cannabis, el 2º en alijos de cocaína y el 3º en heroína y pastillas.  Y los españoles son los segundos consumidores europeos de cocaína, los cuartos de marihuana y los quintos de éxtasis y anfetaminas. Los españoles ya gastan más en drogas que en alcohol, según el INE.Y las drogas  crecen entre los más jóvenes: el 12% de los menores españoles (14-18 años) ha consumido cannabis el último año y el 1,1% cocaína. Hay que tomarse en serio esta lacra, que causa graves problemas familiares, sanitarios y sociales, aumentando el gasto en prevención y tratamiento, de los más bajos de Europa. Un Pacto contra las drogas, entre familias, colegios, empresas  y toda la sociedad.

enrique ortega

Europa se ha convertido en la última década en un gran mercado para toda la droga que se mueve por el mundo. Y además, en los últimos años, una parte de la droga que se consume se produce en el continente, desde plantas de cannabis a nuevas drogas sintéticas que se fabrican en el centro y este de Europa. Y junto a los mercados físicos, la venta directa, está aumentando la venta online, a través de  ”la Internet oscura”, con nuevas redes que canalizan la venta por Internet de nuevas drogas y opiáceos sintéticos muy peligrosos. Se estima que el negocio de las drogas mueve en Europa unos 32.000 millones de euros, según Interpol (con datos de 2013): 9.300 millones de euros el cannabis (38%), 7.000 millones  las pastillas de MDMA (éxtasis y estimulantes sintéticos, el 22% del mercado), 6.800 millones la heroína (21%) y 5.700 millones la cocaína (18%), repartiéndose el 10% restante las nuevas drogas.

La mayor parte de esta droga entra en Europa por tres grandes rutas. La primera, la que llega de Asia a través de Turquía y los Balcanes, por el Este de Europa. La segunda, la vía que conecta Latinoamérica y los grandes puertos del centro y sur de Europa. Y la tercera, la vía del norte de África, a través de Marruecos, Libia y España.  Y una muestra de la pujanza de estas rutas es que crecen año tras año las incautaciones, más de 1 millón en 2016, según las últimas estadísticas publicadas en 2018 por el Observatorio Europeo de Drogas (EMCDDA). El 71% (763.000 incautaciones) son aprehensiones de cannabis (40% hierba, 29% resina de hachís y 2% plantas), el 9% cocaína y crack (98.000), 5% anfetaminas (34.000), 4% heroína (38.000), 3% MDMA (pastillas) y un 8% todas las demás drogas.

España es líder en incautaciones de cannabis (158.810 de hierba y 169.538 de resina, 548 toneladas en 2016), según el Informe de Drogas 2018 del EMCDDA, por delante de Francia (31.736 incautaciones de hierba y 77.466 de resina, 71 toneladas), Reino Unido (103.695 incautaciones de hierba y 12.093 de resina, 18,8 toneladas) y Turquía (35.848 incautaciones, pero con 156 toneladas).  En cocaína, España es también líder en incautaciones (41,531 en 2016) pero 2º en cantidad decomisada (15,6 Tm), tras Bélgica (30,3 Tm) y por delante de Reino Unido (5,7 Tm). En heroína decomisada, España ocupa el tercer lugar europeo en incautaciones (7.205) y cantidad decomisada  (253 kg), muy por detrás de Reino Unido (11.075 decomisos y 844 kg) y Francia (4.312 decomisos y 1.085 kg), aunque el líder es Turquía (8.179 decomisos y 5.585 kilos incautados). En MDMA (pastillas), España es el 2º país europeo en incautaciones (3.486 y 394.211 comprimidos), por detrás de Dinamarca (4.015 y 2,2 millones de pastillas), aunque el líder vuelve a ser Turquía (3,7 millones pastillas incautadas).Y en anfetaminas, España ocupa el tercer lugar en incautaciones (5.004), tras Alemania y Finlandia y el 5º en cantidad incautada (520 kg), tras Turquía (3.631 kg), Reino Unido (1.356), Alemania (1.533) y Polonia (961 kilos).

En conjunto, España batió en 2017 el récord de incautaciones de drogas, con 477 Tm. aprehendidas, un 28% más que en 2016, el 80% en Andalucía (49% en Algeciras y zona de Cádiz), según la Memoria de la Fiscalía General del Estado. Han aumentado sobre todo las incautaciones de marihuana (+63%), especialmente las plantas de cannabis (más de 1 millón incautadas) y de cocaína (+162%). Y a la vista de las incautaciones récord hechas ya este año (sobre todo de cocaína y marihuana), 2018 será otro año récord.

A pesar de la creciente eficacia en los controles de fronteras, la mayor parte de la droga consigue entrar en Europa y cada vez se fabrica más dentro. Con ello, año tras año aumenta el consumo de drogas: 92 millones de europeos han probado alguna vez drogas ilegales (56 millones hombres y 36 millones mujeres), algo más del 25% de la población europea adulta, según el “Informe europeo sobre drogas 2018”, elaborado por el  EMCDDA. Son 21 millones más de los estimados por esta Agencia europea antes de la crisis: 71 millones de europeos adultos (un 22%) habían probado las drogas alguna vez en 2008.

La droga ilegal más consumida en Europa es el cannabis, que reconocen haber probado 87,6 millones de adultos europeos (15-64 años), un 26,3% de esa población, según el informe europeo 2018 del EMCDDA. El consumo medio es de 5,5 días a la semana y un 55% de los fumadores lo consume a diario (más del 60% en España), el 1% de los adultos europeos. España es el 4º país que más cannabis consume (el 31,5% de los adultos lo ha probado alguna vez), por detrás de Francia (41,4% lo han fumado), Dinamarca (38,4%) e Italia (33,1%). Si atendemos a los adultos jóvenes (15-34 años) que han consumido cannabis en el último año, son el 14,1% de los europeos. Siendo España el 4º consumidor (17,1% adultos jóvenes lo han fumado último año), tras Francia (21,5%), Italia (20,7%) y República Checa (19,4%). Lo preocupante es que España es el 2º país con más consumo de cannabis en jóvenes de 15 y 16 años: lo han fumado alguna vez el 31%, sólo por detrás de la República Checa (37%), a la par que Francia y muy por delante de Bulgaria (27%), Eslovaquia (26%), Estonia (25%), Polonia (24%), Holanda (22%), Reino Unido, Irlanda, Alemania o Italia (19%).

La segunda droga más consumida en Europa es la cocaína: la han probado alguna vez 17 millones de adultos europeos (15-64 años), el 5,1% de esa población. Y es más consumida en el sur y oeste de Europa, con Reino Unido (9,7% adultos la han probado) y España en cabeza (9,1%), seguidos de Irlanda (7,8%), Italia (6,8%) y Dinamarca (6,4%). Y en el último año, 2,3 millones de europeos jóvenes (15-34 años), el 1,9% de esa edad, siendo Reino Unido el país con más consumo  (3% de la población joven probó cocaína en el último año), seguido de Dinamarca (3,9%), Holanda (3,7%) y España (3%), con una media de consumo de 4,1 días por semana y a diario el 24% de los consumidores. Es muy preocupante el consumo de cocaína entre adolescentes (15 y 16 años), porque España está en tercer lugar europeo (el 3% la han probado alguna vez), sólo por detrás de Bulgaria (el 5%) y Polonia (el 4%) . Otro dato impactante: el análisis de los residuos de cocaína en las aguas residuales de 60 ciudades europeas revela que la ciudad con más consumo en 2016 fue Barcelona, por delante de Ámsterdam, Bruselas, París o Londres.

La tercera droga más consumida en Europa, según el estudio del EMCDDA 2018 es la llamada MDMA (3,4-metilendioxi-metanfetamina o éxtasis, normalmente en comprimidos aunque también en polvo o cristal), que han probado alguna vez 13,5 millones de europeos adultos, el 4,1% de la población de 15 a 64 años, siendo los paises líderes Holanda e Irlanda (9,2% la han probado), Reino Unido (9%), República Checa (7.1%), Hungría (4%) y España (3,6%). En el último año, han consumido MDMA un 1,8% de los europeos jóvenes (15-34 años), encabezados por Irlanda, Reino Unido y República Checa, pero con España bastante lejos (consumieron el 1,3%). Pero el consumo de pastillas empeora entre los adolescentes de 15 y 16 años: el 2% de los chicos españoles lo han probado alguna vez, sólo por detrás de la República Checa (5%), Irlanda (4%) y Reino Unido (3%). Y al analizar las aguas residuales, Barcelona vuelve a ser líder en residuos de consumo de MDMA.

La cuarta droga más consumida en Europa son las anfetaminas, un estimulante prohibido que han probado alguna vez 11,9 millones de europeos adultos  (15-64 años), el 3,6% de esa población, según el EMCDDA, siendo los países líderes Reino Unido (9,2%), Dinamarca (7%), Holanda (5,3%), Irlanda (4,1%) y España (3,6%). En el último año, el 1% de los europeos adultos de 15 a 34 años (1,2 millones) consumieron anfetaminas, el 34% a diario, ocupando España el 9º lugar de este ranking de consumo (el 1%), encabezado por Holanda (consumieron  el 3,6%), Estonia (2,5%), Finlandia (2,4%) y Croacia (2,3%). Eso sí, al analizar los residuos de esta droga en aguas residuales, destacan Barcelona y Valencia entre las ciudades europeas.

La quinta droga más consumida en Europa son los opioides, destacando entre ellos la heroína, aunque crece el consumo de opioides sintéticos (metadona, buprenorfina y fentanilos). Los han consumido alguna vez 1,3 millones de europeos adultos (15-64 años), el 0,4% de esa población y su consumo se concentra en Reino Unido (7,9/8,4 casos por 1.000 habitantes), Irlanda (6,1/7 casos), Austria (5,3/5,6), Malta (5,1/6) e Italia (4,6/5,9), quedando España en el lugar nº 14 de Europa (con 1,6/3 casos por 1000 habitantes). El problema de esta droga es que su consumo es muy frecuente (el 63% adictos consumen a diario), muy peligroso  y hay 117.000 europeos en tratamiento que han reincidido.

Al Observatorio europeo de Drogas (EMCDDA) le preocupa el aumento de las nuevas drogas sintéticas, que además se fabrican en laboratorios clandestinos en Europa (sobre todo en Holanda, Bélgica y República Checa), que importan componentes base de China y los envasan con diseño y marketing atractivos, sobre todo para jóvenes, con una creciente distribución a través de “la Internet oscura”. Sólo en 2017 se detectaron 670 nuevas sustancias psicoactivas en Europa, desde cannabinoides sintéticos a estimulantes, opioides, benzodiacepinas (contra la ansiedad, de las que se incautaron medio millón de comprimidos en 2016) y derivados del fentanilo (“escondidos” en vaporizadores nasales o jarabes). El consumo es todavía bajo pero las autoridades europeas alertan porque son drogas muy peligrosas y que se esconden bajo forma de medicamentos falsos en Internet.

El creciente consumo de drogas preocupa especialmente por los jóvenes, que acceden cada vez antes: en España, a los 15 años el cannabis y a los 15,2 años de media la cocaína y a los 14 años los hipnosedantes y alucinógenos sin receta, según el informe Estudes 2016 hecho entre adolescentes de 14 a 18 años. El 12% de los encuestados reconoce que ha fumado marihuana en el último año, el 1,1% que ha consumido cocaína, el 0,7% spice (cannabinoide sintético) y el 0,5% salvia o ketamina. Y quizás lo más preocupante: el 30% de estos jóvenes (14-18 años) han consumido más de una sustancia en el último mes ("policonsumo": alcohol, drogas o tabaco), o sea mezclan drogas y alcohol, un coctel muy dañino para su salud. Y lo peor: muchos jóvenes creen que "fumar un porro no hace daño". Pero no es así: el cannabis daña más el cerebro de los adolescentes que el alcohol, según un estudio recién publicado en The American Journal of Psychiatry.

Pero el problema de las drogas no está sólo en los jóvenes, aunque preocupe más: lo grave es que su consumo se ha extendido mucho en España. Un dato: en 2017, los españoles se gastaron 5.936 millones de euros en narcóticos, más que en alcohol (5.563 millones), según los últimos datos del INE, que lleva dos años evaluando el alcance económico del gasto en drogas en España, un 0,90% del gasto total de los hogares. Otro indicador claro del alza y generalización del consumo de drogas son los controles de tráfico: en 2016, más de 100.000 conductores dieron positivo en los controles de droga y alcohol y ahora Tráfico está más preocupado por la conducción con drogas (marihuana y cocaína) que por el alcohol. Y el 43% de los 589 conductores fallecidos en accidentes de tráfico analizados por el Instituto Nacional de Toxicología tenían presencia de alcohol, drogas o psicofármacos. Y lo mismo el 32% de los peatones muertos por accidente.

El consumo de drogas no sólo causa muertes (8.000 en Europa en 2016, según el informe del Observatorio Europeo EMCDDA, 390 de ellas en España), sino que provoca enfermedades (VIH y hepatitis graves) y trastornos en la salud, afectando muy negativamente al desarrollo psicosomático de los adolescentes y provocando un elevado gasto sanitario, económico y sobre todo social, al destruir a los drogadictos y sus familias. Frente a este auge del consumo, sobre el que apenas se habla, España es uno de los paises europeos que menos gasta en luchar contra las drogas, menos del 0,05% del PIB (menos de 583 millones al año), muy lejos del 0,2% del PIB que gasta Reino Unido ( 4.650 millones de euros anuales) o del 0.06-0,19% de gasto público en drogas que dedican Francia, Alemania, Italia y Holanda, según el último informe  del EMCDDA europeo. Hacen falta más recursos para campañas de prevención dirigidas a toda la población y especialmente a los jóvenes (colegios, Institutos y Universidades), reiterando los daños reales de las drogas que parecen “menos peligrosas”, como la cocaína o la marihuana (cada vez más potente, con más concentración de THC: un porro de hoy es como 5 porros del año 2.000, según los expertos). Y más recursos y medios para que la sanidad pública ayuda a prevenir el consumo y consiga un tratamiento temprano.

Tenemos una sociedad que ha salido de esta crisis (muchos todavía no notan la recuperación) con mucho estrés, mucha tensión y muchos problemas sin resolver. Y sin ver claro el futuro, sobre todo los jóvenes. Un terreno abonado para que aumente el consumo de drogas, la promesa de evadirnos de la realidad unas horas. Pero la realidad no cambia por eso y a cambio destrozamos nuestro cuerpo (más los adolescentes), nuestra mente y nuestro bolsillo. Es hora de afrontar el problema de las drogas, en Europa y España, como una "epidemia social". Sin paños calientes y con medios. Tenemos que ganar esta batalla.

Cómo bajar el precio de la luz

La luz volvió a subir en septiembre, por 6º mes consecutivo, con precios desconocidos desde hace 20 años. El recibo medio sube un 8% este año y pagamos la 3ª luz más cara de Europa. El Gobierno Sánchez aprobará este viernes suspender el impuesto eléctrico del 7%, pero es “el chocolate del loro”: bajará 1,5 euros al mes el recibo. Un “parche” que va a rebajar más los ingresos públicos, un contrasentido: quieren subir los impuestos a la banca y les  bajan 1.000 millones a las eléctricas. Si quisieran abaratar la luz, deberían hacer una auditoría de costes y pagar a las eléctricas lo que les cuesta de verdad producir la luz, no pagarles 3 o 6 veces más el kilovatio hidráulico o nuclear, al precio del kilovatio de gas y carbón (“sardinas a precio de caviar”). Y quitar del recibo costes injustificados o que debería pagar el Presupuesto. Así bajaría el recibo de la luz hasta un 40%. Pero eso supone recortar los enormes beneficios de las todopoderosas eléctricas. Y nadie se atreve.

enrique ortega

En septiembre, el mercado eléctrico, donde se fijan los precios mayoristas de la electricidad, ha sido un tobogán, con tres días de precios récords (75,93 euros/kW el 19 de septiembre), que no se veían en España desde hace 20 años. Y al final, el precio mayorista de la luz en septiembre ha alcanzado los 71,3 euros/kW de media, un 11% más que en agosto (64,33 euros) y un 23% superior al de finales de 2017 (57,94 euros). Como este precio mayorista de la luz influye un 35% en la factura de la luz, la subida media del recibo de enero a septiembre será del +8%. De hecho, una familia con un gasto medio (4,4 kW de potencia y 3.500 kw anuales de consumo) pagará en septiembre un recibo de 70,5 euros, 3 euros más que a finales de 2017 (+ 4,4%) y 10 euros más que en marzo (+18%), según indica el simulador de facturas de la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC).

Los expertos aportan varias razones para explicar la fuerte subida de la luz en el mercado eléctrico 6 meses consecutivos, desde el mínimo de marzo (40,18 euros/kW), y especialmente entre mayo (54,92 euros/kW) y septiembre (71,17 euros/kW). La primera y fundamental, la subida del kilovatio producido en las centrales de carbón y gas, debido a la fuerte subida del petróleo y el carbón en los mercados internacionales. Y esta subida de costes de estos kilovatios se ha trasladado a la luz producida con aire y agua (hidroeléctrica), por la que se paga el precio de la luz más cara (carbón y gas). Eso ha provocado que, aunque ha habido menos agua en los pantanos y menos aire este verano, el agua que había se pagaba más caro porque había subido el carbón y el gas. Además, el calor de este verano y el turismo ha disparado la demanda de electricidad y los precios. Y por último, las eléctricas han pagado más por contaminar este año, porque se han triplicado en el mercado europeo el precio de los derechos de emisión de CO2 (lo que pagan por emitir, al producir electricidad con carbón y gas). Así que contaminan y pagan más. Y de paso, las centrales que producen sin contaminar (hidroeléctricas y nucleares) se benefician del encarecimiento del CO2, porque ahora reciben más dinero por kilovatio (por ser más "sucio") al venderlo al precio del kilovatio de carbón y gas. “Venden sardinas al precio de caviar”, ha dicho gráficamente el director del IDAE.

Una “locura”, pero así funciona desde 1998 el mercado eléctrico ibérico (MIBEL), donde se fija el precio de la luz cada hora según este sistema, autorizado por Aznar (Ley Eléctrica 1997): cada empresa va aportando su electricidad, empezando por las más baratas (hidroeléctricas, nucleares y renovables) y siguiendo con las más caras (carbón, fuel y gas). Y al final, el precio resultante es el del kilovatio más caro, al que se paga al resto de las energías. Lo habitual, y más cuando no llueve ni hace viento, es que la energía que falta para asegurar el suministro se cubra con centrales de carbón o gas (que producen a 60 euros kilovatio), el precio que se llevan las centrales hidroeléctricas (a las que les cuesta 10 euros el kilovatio) o las nucleares (22 euros), que además están amortizadas, después de 90 o 40 años de vida. Es como si compráramos carne picada hecha con pollo, cerdo, ternera y chuletón y la pagáramos toda a precio de chuletón. Así funciona de hecho el mercado eléctrico.

Aparte de fijar precios por encima de los costes reales, el mercado eléctrico español es poco transparente (lo controlan de hecho las eléctricas, que son “juez y parte”), estrecho (pequeño), muy volátil (tiene muchos altibajos de precios) y el sistema promueve el fraude, como ha detectado la Comisión de la Competencia (CNMC) en varias ocasiones. Ya en diciembre de 2013, la CNMC multó a Iberdrola con 25 millones de euros por parar la producción de sus centrales hidroeléctricas del Duero, Tajo y Sil, provocando una falta de oferta de “electricidad barata” que obligó a utilizar las centrales de gas (más caras) y disparó el precio de la luz en el mercado eléctrico (y sus beneficios). Hace unos meses, la UCO (Guardia Civil) descubrió en Iberdrola correos y archivos que demuestran el fraude. Y en junio de este año, la CNMC ha multado a otra eléctrica, Viesgo, con 6 millones de euros por otra infracción grave por manipular su oferta de la central de los Barros(Cádiz), excluyéndola del mercado diario para luego vender su electricidad en el mercado marginal a precios más elevados.

Ante las fuertes subidas de la luz en agosto y septiembre, el Gobierno Sánchez ha optado por un atajo, que es un “parche”: no toca el distorsionado mercado eléctrico y se conforma con suprimir “temporalmente” el impuesto del 7% a la producción de electricidad que el Gobierno Rajoy impuso a las eléctricas en 2013, para intentar corregir el déficit eléctrico (una “deuda” de 24.000 millones a las eléctricas, por haber subido la luz desde el año 2.000 menos de los costes que ellas decían). Este impuesto eléctrico, unos 8.000 millones recaudados en estos 6 años, no lo han pagado las eléctricas (que lo recurrieron al Supremo y al Constitucional, perdiendo los recursos) sino que lo hemos pagado los consumidores, porque las eléctricas lo han repercutido en el coste de la luz. Ahora, la intención del Gobierno Sánchez es que al quitar ese impuesto, la luz baje. Pero será “el chocolate del loro”: los expertos creen que la luz bajará una media de 1,5 euros por recibo, sólo un 2%.

Y a cambio, Hacienda dejará de ingresar 1.500 millones de euros al año por este impuesto (en 2017 recaudó 1.510 millones y este año se preveían 1.528 millones, de los que se perderán 382 millones, al suprimirse el impuesto ya desde octubre). Y esto es un contrasentido: el Gobierno Sánchez quiere recaudar 1.500 millones más con un impuesto a la banca y a las operaciones financieras y dejará de ingresar 1.500 millones de las eléctricas (que han “aplaudido la medida”, claro). Y así, será difícil aumentar el gasto público y el gasto social, que tanta falta hace en un país que recauda y gasta menos que la mayoría de Europa.

Con todo ello, el Gobierno Sánchez se conforma con aplicar un parche, ideológicamente criticable (“hay que recaudar más, no menos”), en lugar de afrontar el problema de fondo y “coger el toro eléctrico por los cuernos”: hay que reformar el mercado eléctrico y ajustar costes. Veamos como podría conseguirse bajar el precio de la luz de verdad.


Antes, debemos saber que el recibo de la luz tiene tres partes y el Gobierno debería actuar al menos sobre dos de ellas, tomando medidas de fondo. Una parte del recibo (35%) paga la luz que contratamos y consumimos (más el alquiler del contador), otra parte (44%) son costes regulados cada año por el Gobierno y el 21% restante son impuestos (eléctrico e IVA).

Lo primero que habría que hacer es una auditoría de costes en el mercado eléctrico, para saber lo que cuesta de verdad producir cada kilovatio (hidráulico, nuclear, eólico, solar, de centrales de carbón y gas) y pagarlo según ese coste más la remuneración de las inversiones hechas y un margen de beneficio razonable. Eso supondría bajar radicalmente el precio actual que reciben las centrales hidroeléctricas (Iberdrola tiene la mitad) y nucleares, teniendo en cuenta su menor coste de producción y que la mayoría ya están amortizadas. Y con ello, dejaríamos de pagar costes de más en una parte del recibo (35%), como hacemos cada día (“Sardinas a precio de caviar”). El experto Jorge Fabra estima que los consumidores hemos pagado 20.000 millones de más a las eléctricas, entre 2005 y 2015, por el injustificable sistema de precios que les regaló Aznar.

La segunda medida debería ser ayudar a los consumidores a contratar menos potencia, porque una parte importante de la factura (miren la suya) es pago por la potencia contratada, consuman o no luz. Esto es un “regalo” de Rajoy a las eléctricas: en 2013, con la “reforma eléctrica” se subió mucho el componente de potencia del recibo (+92% a los consumidores domésticos y +145% a los industriales), como una forma de garantizar más ingresos fijos a las eléctricas en un momento que la crisis iba a reducir el consumo de electricidad. El resultado es  que un 20% de los consumidores contratan más potencia de la que necesitan (por el viejo miedo español a que “salte el automático”) y pagan más de lo que deberían, una media de 52,82 euros más al año. El Gobierno Sánchez dice que este viernes tomará medidas para facilitar el reajuste de potencia en los contratos, que ahora es muy rígido: va de 1,1 kW a 2,2, 3,3 y así siguiendo. No se puede contratar 2,5 kW de potencia, por ejemplo. Y nadie nos asesora para saber exactamente la potencia que necesitamos y no pagar de más.

La tercera medida para abaratar la luz es actuar en “la parte regulada” del recibo (44%), los llamados “peajes”,  un “cajón de sastre” donde los Gobiernos han ido incluyendo una serie de costes que crecían año tras año. Unos son costes “justificados” aunque demasiado elevados, como los costes por el transporte de la electricidad (el 2,96% del recibo) y su posterior distribución (10,04%). Y otros son costes “discutibles”, que pagamos cada mes en el recibo: ayudas a las renovables (17,22% de la factura), por el parón nuclear (0,41%), para amortizar la deuda eléctrica acumulada (2,89%), para compensar a Endesa por producir electricidad en Baleares y Canarias (4,2% del recibo), para compensar a grandes industrias del riesgo de poder cortarles la luz para asegurar el suministro (no ha pasado nunca, pero se llevan un 3% de nuestro recibo), ayudas para que las centrales de gas estén siempre disponibles (el pago,150 millones anuales, se eliminó el 30 de junio), ayudas para abaratar la luz a las industrias vascas (50 millones a cambio del apoyo del PNV a los Presupuestos 2018) y algunas partidas más. Habría que estudiarlas “con lupa”, recortar o suprimir algunas y otras pagarlas a través de los Presupuestos, no de nuestro recibo.

Con estas tres medidas, actuando en dos de las tres partes del recibo, la luz podría bajar hasta un 40% en un año. Algunos piden también actuar en la tercera parte del recibo, los impuestos, donde pagamos un impuesto especial eléctrico  del 5,113% sobre la potencia contratada y el consumo y el 21% de IVA sobre la factura total (incluido el impuesto eléctrico, con lo que pagamos un impuesto sobre otro impuesto). España es el 5º país de la UE con el IVA de la electricidad más alto, sólo por detrás de Dinamarca y Suecia (25%), Finlandia (24%) y Portugal (23%), pero muy por encima de Reino Unido (5% IVA luz), Italia (10%), Grecia (13%), Irlanda (13,5%), Francia (16,7%) o Alemania (19%). Por eso, algunos partidos y la asociación de consumidores Facua piden bajar el IVA para abaratar la luz. Pero ojo: bajar el IVA de la luz al 10% significa que Hacienda perdería 4.400 millones al año, 4.400 millones menos para gastar en sanidad, educación, paro o investigación…

De momento, no haría falta tocar los impuestos de la luz para rebajar la factura hasta un 40%, sólo con cambios de fondo en el mercado eléctrico y en los pagos regulados. Con ello, España dejaría de ser el tercer país con la luz más cara de Europa sin impuestos, según Eurostat. En los hogares, pagamos 0,1712 euros/kWh (finales 2017), sólo por detrás de Irlanda (0,1865) y Bélgica (0,1790) y muy por encima de la media UE-28 (0,122 euros/kwh), zona euro (0,123), Alemania (0,1383), Reino Unido (0,1344), Italia (0,1326, Francia (0,1132) o Portugal (0,1080 euros/kWh). Y si nos fijamos en los precios de la luz industrial, las empresas españolas pagan la cuarta electricidad más cara de Europa,0,0982 euros/kwh a finales de 2017 (sin impuestos), sólo por detrás de tres islas, Malta (0,1377 euros/kwh), Chipre (0,1258) e Irlanda (0,1093) y un 28,8% más cara que la luz industrial en la UE-28 (0,0766 euros/kwh), un 20,7% más cara que Italia (0,0813 euros/kwh), un 24,9% más cara que Alemania (0,0786 euros/kwh) y un 47% más cara que Francia (0,0666), países con los que competimos. Salarios más bajos pero luz mucho más cara...

Tenemos la luz más cara que la mayoría de Europa porque pagamos costes de más. Y estos extracostes que pagamos en el recibo explican también un hecho reiterado año tras año: las eléctricas españolas ganan el doble que las eléctricas europeas, en relación a su negocio, según un estudio del Observatorio de Sostenibilidad. Nada menos que 5.627 millones en 2017 (+3%) sólo entre Iberdrola (2.804), Endesa (1.663) y Gas Natural-Fenosa (1.360). Y este año 2018, han ganado 2.652 millones hasta junio, aumentando sus beneficios un +27% (Iberdrola), un +22,3% (Naturgy) y un +15% Endesa, al amparo de las fuertes subidas de la luz desde abril.

No sólo tenemos la luz más cara que Europa sino que es una luz más sucia, porque producirla supone emitir cada año más CO2. En 2017, España ha sido el 4º país de Europa que más ha aumentado sus emisiones de CO2, un +7,4%, según publicó Eurostat en mayo (sólo más que Malta, Estonia y Bulgaria) o un +4,4%, según ha publicado el Ministerio de Transición Energética en julio. Es el mayor aumento de emisiones desde 2002 y de los 338,8 millones de toneladas emitidos, 74,9 millones (el 22%) son por la generación de electricidad, según Red Eléctrica. El año 2017, que fue extremadamente seco, obligó a consumir mucho carbón (+21%) y mucho gas (+31,8%), los dos combustibles que generan más emisiones de CO2 para producir electricidad (y los más caros).Baste decir que las 15 centrales de carbón existentes generaron, ellas solas, el 12,7% de todas las emisiones de CO2 que genera España.

Ante este panorama, una luz cara y sucia, no valen parches como los que el Gobierno Sánchez aprueba este viernes. Hace falta una reforma a fondo, del mercado eléctrico y del recibo, para que dejemos de pagar costes de más, que llevan décadas engrosando los beneficios y dividendos de las eléctricas. Urge una auditoría de costes y remunerar la luz por lo que de verdad cuesta producirla, transportarla y comercializarla. Luz y taquígrafos para pagar un precio justo por la luz, una asignatura que tenemos pendiente desde la transición. Hasta ahora, ningún Gobierno español se ha atrevido a afrontar esta reforma estructural de un sector con mucho poder económico, político y mediático. Y ahora, el Gobierno Sánchez, muy debilitado, sólo aplica un parche poco efectivo e incoherente con la política fiscal que predica. Así que ya lo saben: ha subido la luz y seguirá subiendo, llueva o no, porque tenemos un mercado de locos y pagamos por todo. Y así será hasta que algún día, otro Gobierno y otros políticos, más audaces, se atrevan a poner orden, en perjuicio de unos pocos y en beneficio de la mayoría. No parece cercano.