Europa: libertad "vigilada" para España

El pasado viernes 14 de junio, los ministros de Economía de la UE sacaron a España de la lista negra por “déficit excesivo”, tras 10 años dentro. Pero ojo, ahora estamos en libertad “vigilada”: la Comisión Europea seguirá controlando nuestras cuentas públicas. Y ha dicho que el próximo Gobierno tiene que "ajustar" (recortar gastos o subir ingresos) 15.000 millones de euros entre 2019 y 2020. Así que los “fundamentalistas” del déficit de Bruselas siguen determinando las cuentas españolas, mientras Pedro Sánchez les ha prometido déficit 0 para 2022, algo incomprensible para un país con el doble de paro que Europa y que necesita de todo. Y nadie dice la verdad: que España gasta menos que Europa y que si tenemos más déficit es porque ingresamos menos, 80.000 millones menos cada año. Y que eso pasa porque hay demasiadas desgravaciones, mucho fraude y porque algunos (grandes empresas, bancos, multinacionales y los más ricos) pagan menos de lo que deberían. Hagan una reforma fiscal con más ingresos, no más recortes. No cedamos otra vez a la austeridad.

A partir del inspector Clouseau de Friz Freleng. enrique ortega

La Gran Recesión iniciada en 2008 dañó las cuentas públicas de todos los paises, al reducir los ingresos (por la menor actividad y empleo) y aumentar los gastos (desempleo, ayudas sociales, rescate bancario…), lo que disparó el déficit público y la deuda. Y los políticos de la Comisión Europea, “fundamentalistas” del déficit,  impusieron su receta a la Europa del sur: la austeridad. Recortar los gastos (desde la sanidad y la educación a la inversión pública o las pensiones) para que los Estados pudieran pagar a los bancos e inversores los crecientes intereses de la abultada deuda pública acumulada. Incluso, en España, ZP y Rajoy pactaron en 2011 una reforma exprés de la Constitución, para recortar el déficit por Ley y que el pago de intereses de la deuda tuviera prioridad sobre los demás gastos públicos. Era un guiño para “contentar a los mercados”, que no se convencieron, y en junio de 2012 llegó el rescate bancario a España.

La receta de la austeridad, impuesta a partir de 2010 por Merkel, la Europa del norte y los conservadores de Bruselas, para asegurar a la banca y los tenedores de deuda que les íbamos a pagar, agravó la crisis en Europa, mientras EEUU y China salían de la recesión en 2010 reanimando la economía, no recortándola como Europa. Por un lado, los recortes redujeron el crecimiento y la inversión, alargando la crisis. Y por otro, como se crecía poco y se creaba poco empleo, los países europeos no conseguían recomponer sus cuentas públicas, agobiados por una caída de la recaudación y una presión de los gastos públicos (paro, ayudas, rescates...), por la crisis.

Y así, España, como la mayoría de la Europa del sur, ha tardado una década en rebajar su déficit por debajo del 3% que exige el acuerdo del euro. Si tuvimos superávit en las cuentas públicas en 2005 (+1,51% del PIB), 2006 (+2,2%) y 2007 (+2%), en 2008 pasamos a tener un déficit del -4,4%. Y en febrero de 2009, la Comisión Europea metió a España en la “lista negra” de países con déficit excesivo, en la que estaban (en 2011) 24 de los 28 paises europeos. Zapatero inició los recortes en 2010 (pensiones congeladas y menos gasto en sanidad, educación, tecnología e inversiones públicas) y prometió a Bruselas que bajaría el déficit del 3% en 2012. Pero no consiguió enderezar las cuentas y se marchó dejando el déficit público en el 9,6% en 2011. Rajoy entró “cargando gastos” (“la herencia”) y subió el déficit al 10,5% en 2012, para prometer a Bruselas que cumpliría en un par de años. Pero en 2014, el déficit estaba en el 6% del PIB, el doble de lo permitido. Y tras varias prórrogas solicitadas a Bruselas, se fue en mayo de 2017, año que terminó con un déficit del 3,1%. Y Sánchez ha conseguido, gracias a una mejora de la recaudación, bajarlo al 2,48% en 2018.

Así que, tras 10 años en la lista negra, España es el último país de los 24 paises europeos que salió, el 14 de junio,  de esa lista de paises con déficit excesivo, tras Francia, Reino Unido, Croacia, Grecia y Portugal. Pero no ha sido gratis. Rebajar el déficit por debajo del 3% ha supuesto unos recortes de 21.847 millones de euros entre 2009 y 2016 (-34.753 hechos por Rajoy sólo entre 2012 y 2015), según los datos oficiales de Hacienda. Unos recortes que han sufrido casi todos los españoles, sobre todo los más pobres, en educación, sanidad, pensiones, gastos sociales, tecnología, carreteras e inversiones públicas, etc. Y además, un aumento extra de impuestos: Rajoy, en 2012, subió el IVA y todos los impuestos, hasta 2015 en que bajó algunos, pero menos. Y por ello, los españoles pagamos 23.000 millones más de impuestos entre 2011 y 2015, según la Agencia Tributaria. En resumen, 21.847 menos de gasto y 23.000 millones más de ingresos, 45.000 millones de ajustes para bajar el déficit y “cumplir con Bruselas”, a costa de un bajo crecimiento, poco empleo, pérdida de rentas, más pobreza y desigualdad y un deterioro tremendo del Estado del Bienestar que tanto nos había costado conseguir.

Tremendo viaje para llegar al 2,6% de déficit actual. Y eso sin olvidar el otro coste, la tremenda deuda pública acumulada para financiar el déficit público, año tras año. Si la deuda de España era baja en 2007 (384.662 millones de euros, el 35,6% del PIB), se duplica para 2011 (ZP la deja en 744.323 millones de euros, el 69,5% del PIB). Y Rajoy, aunque reduce el déficit, se endeuda más año tras año para financiarlo, superando el 100% del PIB en marzo de 2016 (1,095 billones), por primera vez en un siglo (desde 1909). Y Rajoy se va dejando una deuda pública récord: 1.163.885 millones de euros, el 98,3% del PIB, un tercio más de la que recibió a finales de 2011. A finales de 2018, la deuda pública se mantiene en el 97,1% del PIB, 1.173.107 millones de euros. Eso supone que debemos 25.228 euros por español.

Ahora, la Comisión Europea ha felicitado a España por haber salido de la “lista negra” del déficit, pero “quiere más”: ya ha dicho que hay que seguir con el ajuste y que España ha de reducir el déficit otros 15.000 millones de euros entre 2019 y 2020. Así que, antes de pactarse un nuevo Gobierno en España, ya tiene “tarea”: recortar gastos y subir ingresos para “ajustar” esos 15.000 millones estos dos años. Y dado que no habrá Gobierno hasta julio y que será difícil tener un Presupuesto este año, el ajuste tendrá que concentrarse en 2020. Así que ya lo saben: esto de la austeridad no ha terminado. Seguimos bajo vigilancia de Bruselas, a pesar de que en las pasadas elecciones europeas hayan caído los votos de los conservadores y socialdemócratas y hayan subido los verdes y liberales. La “ortodoxia económica”, que ha estancado a Europa, sigue imponiendo su Ley, la de los mercados.

Pedro Sánchez y su ministra de Economía (en funciones) mandaron a Bruselas, el 30 de abril (2 días después de ganar las elecciones) un mensaje claro, en forma de Programa de Estabilidad 2019-2022 : “España es un país serio y va a seguir rebajando el déficit”. Y el PSOE, a diferencia de los populistas italianos (Italia tiene el -2,1% de déficit) o el liberal Macron (Francia tiene el -2,5% de déficit), se compromete con Bruselas a rebajar el déficit al 2% en 2019, al 1,1% en 2020, al 0,4% en 2021 y a dejarlo en el 0% en 2022. Como “los mejores alumnos de la clase”, camino del superávit en sus cuentas que hoy tiene la Europa rica, Alemania (+1,7% del PIB en 2018), Holanda (+1,5%) o Suecia (+0,5%).

Lo malo de esta promesa de “rigor” de Sánchez a Bruselas es que la hace a costa de casi congelar el gasto público (pasaría del 41,3% del PIB en 2018 al 41% en 2020 y 40,7% en 2020) y subir más los ingresos (del 35,1% en 2018 al 36,5% en 2020 y el 37,3% en 2022), aumentando algunos impuestos (sociedades, tasa Google, la renta de los que ganan más de 130.000 euros) y suprimiendo deducciones y desgravaciones, más luchando contra el fraude fiscal. Pero la Comisión y muchos expertos creen que esta promesa del 0% es imposible, porque los ingresos no se van a conseguir. El problema es que la congelación de gastos, en un país que necesita de casi todo, va a ser problemática y afectar a mucha gente. Porque no se podrá gastar lo que hace falta, en pensiones, sanidad, educación, Dependencia, gastos sociales, tecnología, inversiones públicas o modernización de la economía si España no aumenta más su gasto público. Y la Comisión Europea no nos deja.

El problema de fondo es ese, “el corsé del 3% de déficit”, aprobado en 1999 para imponer una disciplina fiscal en el euro y en unos paises muy diferentes. Porque ¿qué sentido tiene no poder tener un 2% de déficit, por ejemplo (o un 3%) un país como España, que tiene más de cuatro veces de paro que Alemania (un 13,8% frente al 3,2%, según Eurostat)  y unos peores servicios públicos y sociales además de una cuarta parte menos de renta (el 92% de la media mientras Alemania tiene el 124% del PIB comunitario, según Eurostat)? Solamente unos “fundamentalistas” del déficit pueden exigir más recortes a un país que necesita gastar más en casi todo para igualarse a la Europa del norte. Y solamente un PSOE que ha olvidado las bases de la socialdemocracia puede prometer un déficit cero para 2022.

Unos y otros esconden a los españoles un dato objetivo y constatable: España tiene todavía el 4º mayor déficit de Europa (el -2,48%, tras el -4,8% del Chipre, el -3% del PIB de Rumanía y el -2.5% de Francia), no porque España tenga un mayor gasto público sino porque ingresa mucho menos. España ha gastado siempre y gasta menos que la mayoría de Europa: un 41,3% de lo que producimos (PIB), frente al 45,6% que gasta la UE-28 y el 46.8% que gasta la zona euro, según Eurostat. Eso significa que, en 2018, el gasto público de España fue un 5,5% inferior al de los paises euro. A lo claro, que gastamos 66.453 millones menos que los paises euro en sanidad, educación, pensiones, ayudas a la familia y vejez, según demuestran también los últimos datos de gasto público de Eurostat (2017). Y gastamos un 14,7% del PIB menos que Francia (177.612 millones menos al año) y  un 2,6% del PIB menos que Alemania (31.414 millones menos de gasto que ellos cada año).

Así que tenemos más déficit que la mayoría de Europa no porque gastemos más (gastamos bastante menos) sino porque ingresamos mucho menos. Las estadísticas de Eurostat son muy reveladoras, aunque apenas se hable de ellas: España recaudó en 2018 el 38,9% de su PIB, mientras los paises europeos (UE-28) recaudaron el 45% de su PIB y la zona euro el 46,3%. Eso significa que España ingresó un 6,1% menos que la media y un 7,4% menos que los paises euro. A lo claro: recaudamos 73.703 millones menos el año pasado que Europa y 89.410 millones menos que la zona euro. Pongamos 80.000 millones menos de recaudación anual, que darían para reducir el déficit y la deuda y también para gastar más en todo lo que nos hace falta para equipararnos a Europa.

Así que el camino para rebajar más el déficit (algo dudoso e injustificable para un país como España), debería estar claro: ingresar más (+80.000 millones), para poder gastar más (+60.000 millones) y aún reducir el déficit, no hacer más recortes. Y ¿cómo ingresar más? La propia Comisión Europea se lo viene diciendo a España desde hace años: hay que aumentar los ingresos por IVA (suprimiendo tantos tipos reducidos, como el 10% de hoteles y restaurantes), aumentar los ingresos por IRPF (quitando deducciones y desgravaciones, 8.000 millones de euros, que favorecen a las rentas medias y altas), aumentar los ingresos por impuestos verdes (subiendo el gasóleo y la gasolina, que tienen impuestos más bajos que en Europa) y mejorar la recaudación en sociedades, donde las grandes empresas, bancos y multinacionales pagan sólo el 5,99% sobre beneficios. Y luchando más contra el fraude fiscal, con más medios (tenemos "el menor número de inspectores fiscales por habitante de la UE", según alertaba el informe 2019 de la Comisión Europea).

Así que más que pedir más recortes (Comisión Europea) o prometer contener el gasto (Sánchez), lo que habría que hacer es aprobar una reforma fiscal en toda regla y conseguir recaudar entre 40.000 y 60.000 millones más al año, como hacen los demás europeos. Eso supone no que la mayoría de españoles paguen más, sino que paguen más los que ahora pagan poco: grandes empresas, multinacionales, bancos y los más ricos, además de los defraudadores. Algo que no les gusta a las tres derechas, que defienden reiteradamente bajar impuestos, una medida que va en contra de los datos y  lo razonable para la mayoría (y que sólo favorece a los que hoy pagan poco, sus votantes). Y una vez que se consigan más impuestos, hay que hacer una lista de prioridades para gastar más y acercarnos al nivel de gasto de Europa en sanidad, educación, pensiones, gastos sociales, tecnología, inversiones públicas, digitalización y modernización de la economía, para crecer con más equidad y recomponer nuestro Estado del Bienestar tras una década de ajustes.

Este debería ser el gran debate de esta Legislatura y de los próximos Presupuestos: no caer en más recortes, los pida quien los pida, y apostar por ser europeos de verdad, ingresando como ellos y gastando como ellos, una estrategia justificada por los datos pero que se enturbia con la ideología conservadora de unos y el miedo a que les tachen de radicales de otros. Ingresar más y gastar más no es de izquierdas, sino la única salida posible para huir de más recortes y reducir la pobreza y la desigualdad que nos ha dejado la austeridad. No se equivoquen de nuevo.

Las cuentas (sin control) de la Iglesia española

La Iglesia católica española acaba de publicar, por primera vez, unas cuentas algo más detalladas (poco), para simular “transparencia” y animar a los católicos a que marquen la X en esta declaración de la renta. Pero no dicen que más de la mitad de sus ingresos no pasan el control de Hacienda, gracias al Concordato de 1979. Tampoco reconocen que la aportación de los contribuyentes a financiar la Iglesia católica no son sólo los 250 millones que ingresan por el IRPF sino 11.600 millones anuales que les pagamos todos para financiar sus colegios, hospitales, capellanes en hospitales, cárceles y cuarteles, su obra asistencial y el mantenimiento y conservación de decenas de catedrales, iglesias y monasterios, muchos apropiados y registrados unilateralmente en los últimos años, en pugna con los Ayuntamientos. Y tampoco hablan de los 2.000 millones de impuestos que no pagan, en IBI, sociedades, obras y plusvalías. Es hora de que el Tribunal de Cuentas audite las cuentas de la Iglesia. Y de revisar el Concordato. 

enrique ortega

La Iglesia católica española es una poderosa organización, que cuenta con 70 diócesis, 23.021 parroquias, 17.754 sacerdotes, 116 obispos y cardenales, 40.096 religiosos (de 407 órdenes), 11.018 misioneros (trabajando en 130 paises), varias ONGs y asociaciones de ayuda (Cáritas y Manos Unidas), 77 hospitales, 62 dispensarios, 802 casas de ancianos, 2.587 centros de enseñanza católicos (con 1,5 millones de alumnos), 15 Universidades católicas (con 89.547 alumnos)  y 189 centros culturales, más 12.988 asociaciones de fieles, según la última Memoria 2017 publicada por la Conferencia Episcopal Española. Y por si fuera poco, la Iglesia católica tiene el 2º mayor patrimonio de España, tras el Estado: más de 100.000 inmuebles, miles de tierras, 95 catedrales, 860 monasterios y 540 santuarios. Y la Iglesia católica mantiene 64.925 empleos directos e inducidos.

Todo ello se mueve y se mantiene con sólo 1.386 millones de euros al año, según las cuentas recién publicadas de la Conferencia Episcopal, una cifra difícil de creer. De este Presupuesto (el de 2017, publicado en mayo 2019), la mayoría es lo que mueven las 70 Diócesis (924 millones) y el resto es el presupuesto de Cáritas y Manos Unidas y otras asociaciones religiosas. Centrándonos en el grueso del gasto, las Diócesis, los ingresos proceden de 5 fuentes: la asignación tributaria, el 0,7% del IRPF (223,48 millones, el 24% del total), los ingresos voluntarios de los fieles (320,28 millones, el 35%), los ingresos del patrimonio, como entradas a edificios religiosos y museos (122,48 millones, el 13%), “otros ingresos corrientes” (por servicios religiosos como bautizos, bodas, comuniones, funerales o misas: 212,84 millones, el 23% del total) y diversos “ingresos extraordinarios”, como herencias o donaciones (44,99 millones, el 5% restante de ingresos de las Diócesis).

Lo primero que hay que decir es que más de la mitad de estos ingresos (el 58% que corresponde a “aportaciones de fieles” y “otros ingresos corrientes”) no pagan impuestos ni están sometidos a ningún control de Hacienda, en virtud del Concordato firmado entre España y la Santa Sede el 4 de diciembre de 1979. En cuanto al 0,7% del IRPF de asignación tributaria, pactado también en el Concordato, recordar que el Gobierno Zapatero subió el porcentaje del 0,5239% al 0,7%, quitando el pago mínimo que había hasta entonces, a cambio de que la Iglesia empezara a pagar el IVA (hasta entonces, se ahorraba 30 millones al año), una imposición de la Comisión Europea a España. Actualmente, la Iglesia católica ingresa con la X del IRPF unos 250 millones al año y lleva acumulados ya unos ingresos por este impuesto de unos 6.600 millones de euros, entre 1980 y 2018.

En 2017, el 12% de las declaraciones de renta (2,4 millones de contribuyentes) señalaron la X de la Iglesia católica, según Hacienda, aunque la Conferencia Episcopal eleva esta cifra a 7.364.502 contribuyentes, el 33,30% del total, porque suma también los contribuyentes que señalaron la casilla de asignación “a la Iglesia católica y a fines sociales”, concepto que incluye las ayudas que luego se dan a Cáritas y Manos Unidas. Pero hay un hecho cierto: hoy, son muchos menos los contribuyentes que señalan sólo la casilla de la Iglesia católica en el IRPF: ese 12% citado es casi la mitad del 21,7% que la señalaban en 2007, según Hacienda. Y lo mismo en el dinero destinado a este fin: si en 2007, la asignación de los contribuyentes a la Iglesia suponía el 28,5% de la cuota líquida, en 2017 fue el 17,2%, según Hacienda. Eso sí, la Iglesia no nota tanto la caída en la asignación tributaria (del 47,4% del total en 2007 al 42,2% en 2017) porque se lleva parte del aumento que ha sufrido la asignación “a la Iglesia y a fines sociales” (del 15,6 al 27%) y “a fines sociales” (del 33,3 al 33,5%), gracias a lo que recibe a través de Cáritas y Manos Unidas.

Vistos los ingresos (1.386 millones, de los que 924 millones corresponden a las Diócesis), vayamos a los gastos de la Iglesia, 908, 04 millones, según su Memoria 2017: un 23% lo gastan en “acciones pastorales y asistenciales” (210,95 millones), un 19% a pagar al clero (174 millones para sus sueldos, lo que daría 700 euros al mes en 14 pagas, más el coste de su Seguridad Social, otros 17,6 millones), un 13% a pagar al personal seglar de la Iglesia (118,94 millones), un 8% a centros de formación (70,31 millones), un 9% a “gastos extraordinarios” y el 28% restante, la mayor partida de gasto, para conservación de edificios y gastos de funcionamiento de todo el aparato de la Iglesia (252,4 millones). Con ello, las cuentas de la Iglesia tienen superávit, 16,04 millones. Y dicen que el 80% de las 70 Diócesis españolas tuvieron superávit en 2017 y sólo el 20% tuvieron déficit.

Ahondando en estas cuentas aparecen algunos gastos curiosos, como los 4,9 millones gastados en 2017 a “campañas de comunicación y Plan de transparencia”, con los que la Conferencia Episcopal financia el canal de televisión 13TV, una TV muy conservadora (escaparate del PP y Vox, con sólo un 2,6% de audiencia)  y un negocio ruinoso (acumula 83,5 millones de pérdidas desde que nació en 2010), que se mantiene gracias a las aportaciones de capital y créditos de la Iglesia católica (50,6 millones aportados hasta ahora por la Conferencia Episcopal), superiores a lo que la Iglesia aporta a Cáritas (6,2 millones en 2017). Y también es reseñable la aportación de 4,23 millones a la Universidad Pontificia de Salamanca, junto a los 2,26 millones para pagar a los obispos y los 2,62 millones para el funcionamiento de la Conferencia Episcopal.

Hasta aquí, las cuentas que publica la Iglesia católica española, pero las cuentas reales son otras, porque la Iglesia recibe mucho más de los 250 millones de la asignación tributaria (el 0,7% del IRFP) y los 100 millones de asignación social que reciben Cáritas y Manos Unidas. En total, la Iglesia católica recibe 11.600 millones de financiación pública al año, según la estimación de Europa Laica, cifra que incluye lo que se ahorra de impuestos. La principal partida son 5.400 millones de ingresos públicos para la enseñanza concertada religiosa (4.750 millones al año para 2.452 centros concertados de enseñanza) y para pagar a los 16.000 profesores de Religión (otros 650 millones anuales). Otros 2.000 millones son ayudas públicas a la obra social y asistencial de la Iglesia. Y 900 millones más para subvencionarles su actividad hospitalaria. Les llegan también 300 millones para subvencionar distintos eventos religiosos (Fiestas, cofradías de Semana Santa…) y 10 millones más son para entidades específicas (como la Obra Pía de los Santos Lugares). Otros 40 millones son para pagar a los capellanes que la Iglesia católica tiene en el Ejército, los hospitales, las cárceles y las Universidades. Y hay una última partida importante: 600 millones más que reciben para el mantenimiento del patrimonio artístico e inmobiliario de la Iglesia.

Un  doble inciso sobre este tema del patrimonio religioso. Por un lado, reseñar que el Estado, las autonomías y Ayuntamientos aportan cada año mucho dinero (nadie publica la cifra exacta) para el mantenimiento, conservación y rehabilitación de las iglesias, abadías, monasterios, conventos y catedrales propiedad de la Iglesia (algo normal, ya que es un patrimonio cultural de todo el país) pero es la Iglesia la que lo gestiona, sin ningún control público, fijando horarios, condiciones de acceso y quedándose con el importe de las entradas (sólo en la Mezquita de Córdoba recaudan 8 millones anuales). Y por otro, no sólo la Iglesia es titular de este rico patrimonio (en Francia, todos los templos, incluida Nôtre Dame, son propiedad del Estado desde 1905) sino que, desde 1998, la Iglesia católica española se ha dedicado a registrar miles de iglesias y ermitas, al amparo de una normativa aprobada por Aznar, enfrentándose a decenas de Ayuntamientos.

Y queda el tema de los impuestos que no paga la Iglesia, no sólo el IBI, sino también otros como la licencia de obras municipales (ICIO), plusvalías, sociedades, patrimonio, IAE,  transmisiones patrimoniales y sucesiones. La exención de muchos  de estos impuestos no viene del Concordato sino de la Ley de Mecenazgo de 2002, que dejó exentos del IBI y otros impuestos a la Iglesia católica y a numerosas instituciones sin ánimo de lucro, como Fundaciones, partidos políticos, sindicatos, embajadas, otras comunidades religiosas o federaciones deportivas. O sea, que no es un privilegio sólo de la Iglesia, aunque en su caso, debido a su inmenso patrimonio, les ahorra muchos impuestos: unos 700 millones al año en el pago del IBI y otras tasas municipales (que muchos Ayuntamiento llevan años exigiendo) y 1.300 millones más en el resto de impuestos, según Europa Laica, que incluye estos dos conceptos en sus 11.600 millones de aportación pública a la Iglesia.

Ante este panorama, el PSOE y Podemos propusieron en 2017 que el Tribunal de Cuentas auditara las cuentas de la Iglesia. Pero la propuesta no salió adelante, por la mayoría del PP en ese Tribunal (7 frente a 5). Por ello, el PSOE y Podemos registraron después, con el apoyo de Ciudadanos, en enero de 2017, una solicitud para que el Tribunal de Cuentas fiscalizara el dinero público que recibe la Iglesia. Pero dos años largos después, no se ha hecho nada.

La novedad es que el Gobierno Sánchez propuso en octubre de 2018, en una reunión en Roma de la vicepresidenta Calvo con el Secretario de Estado del Vaticano, dos cambios importantes. Uno, acabar con la exención del IBI para los bienes y edificios de la Iglesia que no están dedicados al culto (como hoteles, restaurantes, centros de formación…), a través de un cambio en la Ley de Mecenazgo. El otro, más de fondo, una revisión del Concordato de 1979, replantearse la relación Iglesia-Estado actual, cuyo origen está en el Concordato firmado por Franco en 1953 y revisado por Suárez en 1979. Por un lado, hay estudiosos como Vázquez Vaamonde,  que argumentan que es “anticonstitucional” y “nulo de pleno derecho”. Y por otro, el texto del propio Concordato plantea el compromiso de la Iglesia de “lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades”. Han pasado 40 años y, por mucho que ellos digan con sus “cuentas oficiales”, la mayor parte de sus ingresos son dinero público. Y encima, no les auditan las cuentas.

La Iglesia católica española es una institución muy poderosa, con gran penetración en la sociedad (aunque cada vez tenga menos fieles: sólo 8 millones de españoles van a misa regularmente y 46.556, uno de cada cuatro matrimonios, se casa por la Iglesia), pero no puede vivir del conjunto de los contribuyentes ni monopolizar las ayudas públicas frente a otras religiones que han ganado importancia en España. Lo normal sería reducir su peso público (somos un Estado laico, según la Constitución) y en los Presupuestos, subvencionando los servicios importantes que presta (educación, sanidad, asistencia y servicios sociales) pero dejando que el resto de su aparato institucional lo financien sus fieles, no todos los españoles. A Dios lo que es de Dios.

El alto coste del envejecimiento

Todos los días damos vueltas a los problemas más inmediatos: paro, empleo, sueldos, vivienda, pensiones, sanidad, educación…Pero hay otros problemas de fondo de los que hablamos menos. Dos son los mayores retos del siglo XXI, junto al cambio climático, según el Banco de España: la revolución tecnológica y el envejecimiento, especialmente preocupante para España, porque somos el país europeo donde nacen menos niños y donde más años se vive, con lo que un tercio de españoles tendrán más de 65 años en 2050 y habrá pocos jóvenes para trabajar. Un grave problema que va a recortar el empleo y el crecimiento, agravando el agujero de las pensiones y el déficit público. Pero nadie plantea medidas para favorecer la natalidad y la familia, reformar las pensiones y los impuestos y mejorar la formación y el empleo, para evitar este “suicidio demográfico”. La baja natalidad y el envejecimiento son un problema de Estado, gobierne quien gobierne. Y resolverlo exige tomar medidas ya, porque tardan décadas en surtir efecto en la demografía. 

A partir de una escena de El séptimo sello. enrique ortega

El bajo número de nacimientos y el envejecimiento de la población son los dos graves problemas demográficos de todos los paises desarrollados, de Japón a EEUU y Europa. Pero España los sufre más, porque tenemos una tasa de natalidad de las más bajas del mundo y un país con una de las mayores esperanzas de vida, con lo que hay cada vez más viejos y menos jóvenes, un auténtico “suicidio demográfico” que lastra la economía y el futuro, como han reiterado la OCDE y el FMI y ahora el Banco de España, que considera los cambios demográficos y los avances tecnológicos como “las dos tendencias estructurales que van a condicionar la economía de las próximas décadas”.

El primer problema es que cada vez nacen menos niños, en Occidente y sobre todo en España. Si en 1975 nacieron en España 669.378 niños, en 2017 nacieron casi la mitad, 390.024 niños (1.068 diarios), menos incluso que en 1939 (419.848) y muy lejos del récord histórico de 1964 (697.697 nacimientos, casi 2.000 diarios). Y en 2018 han vuelto a bajar, con 179.800 nacimientos hasta junio (último dato del INE). Los nacimientos se han desplomado por dos causas. Una, porque hay menos mujeres en edad fértil (entre 15 y 49 años), por la caída de la natalidad en los años 80 y 90: hay un millón menos que en 2009. La otra, porque las españolas esperan cada vez más para ser madres, ocupadas en estudiar o hacerse una carrera profesional: si en 1976, las españolas eran madres a los 28,5 años de media, en 2018 lo son a los 32 años. El resultado es que la tasa de natalidad ha caído bruscamente, de los 2,76 niños por mujer en 1975 (3,15 en 1900 y 3,01 en 1964) a 1,31 niños en 2018.

Y con ello, España tiene la 2ª tasa de natalidad más baja de Europa, 1,30 niños por mujer en 2017, por detrás de Malta (1,26 niños por mujer), lejos de la media europea (1,59 niños por mujer UE-28) y por debajo incluso de los paises del sur de Europa: Italia y Chipre (1,32 niños/mujer), Grecia (1,35) y Portugal (1,38). Y estamos muy alejados de la mayor natalidad de la Europa del norte, encabezada por Francia (1,90 niños por mujer), Suecia (1,78), Irlanda (1,77), Dinamarca (1,75), Reino Unido (1,74) e incluso Alemania (1,58 niños/mujer), según los datos de Eurostat (de 2017). Y somos también el país donde las mujeres son madres más tarde (a los 30,9 años en 2017), tras los 31,1 años de Italia y los 29,1 años de media en la UE-28. Y el país donde nacen menos terceros hijos (sólo el 8,5% de los hogares con hijos frente al 15% en Europa) y menos cuartos (2,8% de hogares frente al 6% en Europa).

Si estos datos de natalidad son preocupantes, lo es más que va a seguir cayendo en el futuro, según las proyecciones de población hechas por el INE hasta 2065. La principal causa es que se agrava la caída del número de mujeres en edad fértil (15-49 años): habrá 1,8 millones menos en 2031 y 3,5 millones menos (-32,7%) en 2065). Y también subirá la edad a la que las mujeres españolas tienen hijos: de los 32 años actuales bajará a 31,40 años en 3031 y subirá a 33 años en 2065. El resultado será que la tasa de natalidad se mantendrá casi igual: de 1,31 niños por mujer en 2018 a 1,36 en 2031 y 1,38 niños en 2065, según el INE. Pero como habrá menos mujeres fértiles, los nacimientos caerán bruscamente: de unos 370.000 nacimientos en 2018 se bajará a 366.402 nacimientos en 2020, 353.595 nacimientos en 2030, 322.799 en 2050 y 294.003 en 2065, menos de la mitad que un siglo antes.

Esta caída de la natalidad ya sería preocupante por sí sola (menos niños y jóvenes para trabajar, cotizar y pagar impuestos), pero se agrava porque España tiene otro récord demográfico: es también uno de los paises con más viejos, además de tener menos niños. El problema deriva de algo muy positivo: tenemos más esperanza de vida que la mayoría del mundo (por nuestra excelente sanidad y el estilo de alimentación y vida): 83,4 años de media (2017), 3 años más que la media de la OCDE. De hecho, somos el 5º país con más esperanza de vida a los 65 años (21,4 años), por detrás de Japón (22,1 años), Hong-Kong (21,9), Francia (21,7 años) y Macao (21,5 años), según las estadísticas de la ONU. Y esta longevidad provoca que tengamos más viejos, que seamos uno de los paises con mayor porcentaje de mayores de 65 años: el 19,2% de los españoles en 2018, lo que nos coloca entre los 15 paises más envejecidos del mundo, por detrás de Japón (27,9% superan los 65 años), Italia (23,6%), Portugal (22,3%), Alemania (21,9%), Bulgaria (21,3%), Grecia (20,8%), Croacia (20,5%), Francia (20,4%), Malta (20,3%),Eslovenia y Letonia (20,2%), Finlandia (22%), Suecia (20,2%) y Dinamarca (20% de mayores 65 años), según la ONU.

El problema del envejecimiento de la población española se va a agravar, porque la esperanza de vida en España va a seguir creciendo, más que en el resto del mundo: los 83,4 años que vivimos de media serán 85,8 años en 2040, superando al país ahora más longevo, Japón (donde se vivirá hasta 85,7 años). En 2050, los españoles hombres vivirán 85 años (casi 5 más que los 80,42 de 2018) y las mujeres 89,43 años (frente a 85,80 hoy). Y para 2067, la esperanza de vida de las mujeres superará los 90 años (90,78) y la de los hombres será de 86,35 años: vivirán 5 y 6 años más que ahora, según el INE. Y eso, que es bueno, provocará que se multipliquen los mayores: si hoy, un 19,2% de españoles tienen más de 65 años, en 2033 serán el 25,2%. Y España será uno de los paises más envejecidos del mundo para mediados de siglo: un 36,3% de españoles tendrán más de 65 años en 2050, frente al 28% de media en la OCDE (34 paises desarrollados de Occidente), el 30,7% en Alemania, el 26,7% en Francia o el 25,4% en Reino Unido, según la OCDE. Sólo nos ganará a viejos Japón, con el 36,5% de población mayor de 65 años.

No hace falta ser economista para intuir que con este problema demográfico (pocos niños y muchos viejos) tenemos un grave problema económico: si hoy ya nos faltan jóvenes para trabajar, pagar impuestos y cotizaciones para pagar las pensiones y servicios públicos, en 2050 será aún peor. Porque si en 2018 hay 2 activos (16-64 años) por cada dependiente (menores de 16 años y mayores de 65), en 2050 habrá 1,3 activos por cada inactivo: sólo algo más de la mitad de la población trabajará, pagará impuestos y cotizará para sostener a casi la otra mitad, niños y jubilados. Eso sí que será un grave problema, para todo Occidente pero más para España, como vienen alertando el FMI y la OCDE. Y ahora, el Banco de España, que considera el envejecimiento y la tecnología como los dos grandes problemas que van a condicionar la economía en este siglo XXI.

El reciente informe del Banco de España analiza las consecuencias del envejecimiento para la economía española sobre el consumo, el ahorro, la inversión, el crecimiento y el gasto, sobre todo en pensiones, sanidad y dependencia. Su conclusión es que el aumento de personas mayores aumentará el consumo de alimentos y bienes no duraderos, pero no de bienes duraderos y vivienda (que ya tienen), lo que reducirá el crecimiento y el empleo. Otra tendencia será el aumento del ahorro, pero si los mayores tienen que ayudar a sus hijos (como ahora), podría incluso bajar. Y bajará la inversión, al caer la población ocupada y las necesidades de bienes duraderos y vivienda, lo que desplazará los capitales de los paises más envejecidos a los más jóvenes (en desarrollo).

Todos estos efectos, más una caída de los jóvenes y los activos provocarán una bajada de la inflación (y de los salarios: los jóvenes entran cobrando menos que sus padres), el empleo y el crecimiento (PIB), que será menor en las próximas décadas por la demografía (y por los cambios tecnológicos). También estima el Banco de España que el envejecimiento reducirá la productividad, al haber menos empleados jóvenes y más mayores (peor formados y con menos habilidades tecnológicas). Además, el envejecimiento, al reducir el empleo y los salarios, reducirá los ingresos por impuestos y cotizaciones, agravando los problemas del gasto público y las pensiones, al haber más personas jubiladas que necesitan también mayores atenciones sanitarias y más ayudas a la dependencia.

Aquí va a estar el mayor problema, la peor consecuencia del envejecimiento de la población: exigirá más gasto público mientras se reducen ingresos y cotizaciones. El primer problema es el futuro de las pensiones, cuyo déficit actual (-18.000 millones en los últimos tres años) se va a agravar en el futuro si no se toman medidas. Sobre todo a partir de 2026, cuando se jubilen los españoles nacidos en los años del “baby boom” (1960-1975). Se van a disparar las pensiones, de las 9,7 millones actuales a 15 millones de pensiones en 2050. Y para poder pagarlas, habría que contar entonces con 30 millones de españoles trabajando, 10,5 millones más que hoy, algo casi imposible: la Comisión Europea estima que no habrá más de 20 millones de españoles trabajando para 2050, lo que daría 1,3 ocupados por cada pensión. Y así no salen las cuentas.

El informe del Banco de España señala que si las pensiones contributivas se llevan hoy el 10,6% de la riqueza (PIB), este gasto podría dispararse al 17% del PIB en 2050 si no se hacen reformas de fondo. El factor clave, el que tira más del gasto, es la demografía, el envejecimiento de la población: la tasa de dependencia (proporción de jubilados/activos) se va a duplicar, pasando del 29,8% hoy al 51-68% en 2050, según distintas previsiones. Así que sólo queda actuar en otros dos frentes: retrasar la edad de jubilación (para que hay menos jubilados que pagar) y que cobren menos en el futuro, teniendo en cuenta que van a vivir más años. Actualmente, la pensión media en España es el 57,7% del último salario, un porcentaje de los más elevados de Europa, según las estadísticas que aporta el Banco de España: la pensión es el 42% del último sueldo en Alemania, el 50,5% en Francia, el 58,9% en Italia, el 38,6% en Suecia o el 27,8% en Reino Unido. En su escenario alternativo, el Banco de España propone bajar la pensión futura un 10-12%, por solidaridad intergeneracional, para asegurar no sólo las pensiones actuales sino las de sus hijos y nietos.

Otro problema económico derivado del envejecimiento es el aumento del gasto sanitario, debido a que un tercio de los españoles tendrán más de 65 años en 2050 (y un 12,7%, 6,15 millones, tendrán más de 80 años). Los expertos estiman que si el gasto en salud para una persona de menos de 65 años es inferior a 1.800 euros, entre 65 y 70 años supera ya los 2.000 euros, oscila entre 2.200 y 2.500 a partir de los 70 y supera los 3.000 euros por persona para los mayores de 80 años. Eso implica que si el gasto sanitario y los cuidados de larga duración se llevan hoy el 7% del PIB, en 2050 rondarán el 10%, no sólo por el envejecimiento sino porque la tecnología y los tratamientos farmacológicos encarecerán también la sanidad.

Y queda un tercer frente de gasto muy sensible al envejecimiento: el gasto en Dependencia, para atender a los mayores que no se pueden valer por sí mismos. Hoy hay 3 millones de dependientes (1.300.000 con ayudas reconocidas), pero se estima que los dependientes se duplicarán para 2050, según el CSIC, por el aumento de la esperanza de vida. Si ahora harían falta unos 2.700 millones más al año (hasta gastar 9.800 millones anuales en Dependencia), para reducir las listas de espera (250.000) y mejorar los servicios, para 2050, habría que gastar unos 20.000 millones al año para atender la Dependencia, otro 1,8% del PIB.

En definitiva, que el envejecimiento se puede llevar, entre pensiones, sanidad y Dependencia, del 27 al 30% de la riqueza del país (PIB) en 2050. Y eso puede provocar una grave crisis de las cuentas públicas, máxime si hay menos gente que trabaja, cotiza y paga impuestos. Por eso es preocupante la demografía y el problema de tener menos niños y más viejos. Y por eso urge actuar ya contra el “suicido demográfico” de España, porque las medidas tardan años en dar frutos. Y actuar en varios frentes, no sólo con recortes.

En primer lugar, hay que actuar en el frente demográfico: intentar aumentar los nacimientos, con ayudas e incentivos a las mujeres y a las familias, para que tengan más hijos. Actualmente, las ayudas por hijo son más bajas que en Europa: 24,25 euros por cada uno de los 4 primeros, frente a 133/357/542 en Francia, 184/184/190/215 en Alemania, 107/71/71/71 en Reino Unido o 22/34/50/65 euros en Italia. Tanto el Instituto de Política Familiar como Save the Children proponen pagar 100 euros mensuales por hijo y 150 euros para familias monoparentales y pobres. Otra medida sería mejorar la oferta de guarderías subvencionadas (escasas y caras) y rebajar el IVA de los pañales y productos infantiles que tienen el 21% (se baja el IVA al cine y no a los pañales, que deberían pagar un IVA del 4%). Además, hay que aumentar los permisos de maternidad y paternidad, mejorar las ayudas al alquiler para las familias con hijos, mejorar las becas para estudios, libros y transporte escolar  y fomentar unos horarios laborales que faciliten la natalidad.

Un elemento clave para fomentar la natalidad es facilitar el trabajo de las mujeres que son madres, para que tengan hijos antes y tengan más. Este objetivo exige profundos cambios en las empresas y convenios, así como en la mentalidad de los hombres, que deben aumentar su ayuda (escasa) en el cuidado de los niños. En Francia, se rebajan las cotizaciones a las madres trabajadoras y el fomento de la natalidad está presente en todas las políticas públicas, desde los descuentos en servicios públicos a las ayudas al alquiler para parejas jóvenes con hijos. Y claro, nacen más niños.

Otro frente de actuación es el frente fiscal. No se puede hacer frente a los costes futuros del envejecimiento con la baja recaudación fiscal que tenemos: en 2018, España recaudó un 38,9% del PIB en impuestos frente al 45% de media en la UE-28 y el 46,3% en la zona euro, según Eurostat. Eso significa, a lo claro, que España recauda cada año 73.703 millones menos que la UE-28 y 89.410 millones menos que los paises del euro. Pongamos 80.000 millones menos de media. Si nos equiparáramos fiscalmente con Europa, podríamos destinar esos 80.000 millones a reducir el déficit y gastar más en afrontar el envejecimiento. Y eso pasa por subirlos impuestos, no a la mayoría que ya pagamos sino a los que pagan menos: grandes empresas, bancos, multinacionales y los más ricos. Y además, habría que subir algunas cotizaciones sociales, en línea con Europa, para financiar mejor las pensiones.

El tercer frente de actuación es el frente económico. Hay que modernizar la economía, potenciar la industria, la tecnología y la digitalización, conseguir empresas más competitivas y unos trabajadores mejor formados,  para producir más y con más eficacia, para que haya más empleo para más gente, la única manera de pagar de verdad la factura del envejecimiento, con más gente trabajando: hoy trabajan el 67% de los españoles mayores de 20 años, frente al 73,2% de los europeos, el 71,3% de los franceses y el 79,9% de los alemanes, según Eurostat. No basta con ser más españoles: tiene que haber más trabajo. Y hay que fomentar la inmigración regulada, para compensar con mano de obra extranjera (que cotiza y paga impuestos) la caída de la población nacida en España.   

Como hemos visto, el envejecimiento es uno de los grandes retos del siglo y más para España. Habría que conseguir otro Pacto de Estado por la demografía, al margen del partidismo, empezando quizás por crear un Ministerio de la Familia (como existe en Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Luxemburgo o Rumanía) y un Plan 2020-2050, para revertir tendencias y marcar objetivos, medidas y recursos. Hay que actuar cuanto antes, porque, en demografía,  los cambios exigen tiempo. Si no hacemos nada, el envejecimiento nos comerá.